Bloque 2 · Unión Europea
Explicación del Tema 14 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Parlamento Europeo, TJUE, Tribunal de Cuentas y BCE: representación, control y garantía institucional
14.1
Cuatro instituciones y cuatro garantías
El artículo 13 TUE incluye al Parlamento Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas entre las instituciones de la Unión. Su presencia en una misma relación no significa que desarrollen funciones semejantes. Cada una protege un aspecto diferente del sistema europeo.
El Parlamento introduce la legitimidad democrática directa. Sus miembros no representan a los Gobiernos, sino a la ciudadanía de la Unión. Participa en la producción normativa y presupuestaria y controla políticamente a la Comisión.
El Tribunal de Justicia aporta la garantía jurisdiccional. Interpreta el Derecho de la Unión, controla la legalidad de los actos europeos y declara los incumplimientos estatales. Su función se ejerce en cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales, que son los jueces ordinarios del Derecho europeo en cada Estado.
El Tribunal de Cuentas protege la correcta utilización de los recursos públicos. Examina las cuentas, comprueba la legalidad y regularidad de ingresos y gastos y valora la buena gestión financiera. Su denominación puede inducir a error: no dicta sentencias ni exige responsabilidad contable como una jurisdicción.
El Banco Central Europeo garantiza la dirección independiente de la política monetaria del euro. Su objetivo prioritario es la estabilidad de precios. Para alcanzarlo puede adoptar decisiones que afectan a los tipos de interés, la liquidez y las condiciones monetarias sin recibir instrucciones de los Gobiernos.
| Institución | Legitimidad o garantía principal | Función característica |
|---|---|---|
| Parlamento Europeo | Representación directa de la ciudadanía | Legislación, presupuesto y control político. |
| TJUE | Garantía jurisdiccional del Derecho de la Unión | Interpretación uniforme y control de legalidad. |
| Tribunal de Cuentas | Fiscalización externa e independiente | Control de cuentas, operaciones y buena gestión. |
| BCE | Independencia monetaria | Política monetaria y estabilidad de precios. |
Las cuatro instituciones actúan dentro del principio de atribución. El Parlamento no puede ejercer una competencia que los Tratados hayan reservado al Consejo; el TJUE no sustituye al legislador; el Tribunal de Cuentas no impone condenas; y el BCE no dirige la política económica general de los Estados. La independencia de una institución tampoco significa ausencia de límites: todas están sujetas a los Tratados, al control jurisdiccional que corresponda y a deberes de motivación y transparencia.
Los titulares de los cargos deben estudiarse como datos sujetos a actualización. A 15 de noviembre de 2026, Roberta Metsola preside el Parlamento Europeo; Koen Lenaerts, el Tribunal de Justicia; Savvas Papasavvas, el Tribunal General; Tony Murphy, el Tribunal de Cuentas Europeo; y Christine Lagarde, el BCE, cuya vicepresidencia corresponde a Boris Vujčić. Estos nombres no forman parte de la configuración permanente de las instituciones y deben comprobarse de nuevo cuando cambie la fecha de referencia.
14.2
El Parlamento Europeo
De asamblea consultiva a colegislador
La institución nació como Asamblea Común de la CECA y después pasó a ser la Asamblea de las Comunidades Europeas. Adoptó la denominación de Parlamento Europeo antes de que esta se consolidara en los Tratados. Su evolución refleja el progresivo refuerzo de la legitimidad democrática de la integración.
En sus primeras etapas, los miembros eran designados por los Parlamentos nacionales. Las primeras elecciones por sufragio universal directo se celebraron en 1979. Desde entonces, la ciudadanía elige a los diputados para un mandato de cinco años.
El aumento de las competencias parlamentarias fue paralelo a la evolución de los Tratados. De una función principalmente consultiva se pasó a la participación en el presupuesto, la cooperación legislativa y, finalmente, la codecisión con el Consejo en un número creciente de materias. El Tratado de Lisboa generalizó el actual procedimiento legislativo ordinario y situó a Parlamento y Consejo como colegisladores en igualdad.
El Parlamento no posee una iniciativa legislativa general equivalente a la de la Comisión. Puede solicitar a esta, por mayoría de sus miembros, que presente propuestas sobre materias en las que considere necesario un acto de la Unión. Si la Comisión no actúa, debe comunicar sus razones. También puede presentar proyectos de revisión de los Tratados y dispone de iniciativas específicas en ámbitos institucionales, como la regulación de su elección.
Composición y proporcionalidad decreciente
El artículo 14 TUE dispone que el Parlamento estará compuesto por representantes de la ciudadanía de la Unión. Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el presidente. La representación debe ser proporcionalmente decreciente, con un mínimo de seis miembros por Estado y un máximo de noventa y seis.
La proporcionalidad decreciente combina población e igualdad estatal. Los Estados más poblados eligen más diputados, pero cada diputado de un Estado pequeño representa, por regla general, a menos habitantes que uno de un Estado grande. Así se evita que los Estados de menor población queden reducidos a una presencia puramente simbólica.
El Tratado fija los límites, pero no distribuye por sí mismo todos los escaños. El Consejo Europeo adopta por unanimidad, a iniciativa y con aprobación del Parlamento, la decisión que establece la composición concreta. Para la legislatura 2024-2029, la Decisión (UE) 2023/2061 fijó 720 diputados. España elige 61.
Estos datos deben separarse de la regla permanente. El máximo de 750 más el presidente procede del Tratado; los 720 escaños y los 61 españoles corresponden a una legislatura determinada y pueden cambiar mediante una nueva decisión para elecciones posteriores.
Los diputados son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto para cinco años. El Acta electoral europea contiene principios comunes, pero cada Estado regula el procedimiento en los aspectos no armonizados. Todos los sistemas deben respetar la representación proporcional. En España existe una circunscripción única para las elecciones europeas.
El mandato es representativo. Los diputados votan individualmente y no están sujetos a instrucciones imperativas. Una vez elegidos, no se ordenan por delegaciones nacionales, sino por afinidad política. Quienes no se incorporan a un grupo figuran como no inscritos.
Grupos políticos y organización interna
Los grupos políticos articulan la actividad parlamentaria. Conforme al Reglamento de la décima legislatura, para constituir un grupo se necesitan al menos veintitrés diputados elegidos en, como mínimo, una cuarta parte de los Estados miembros, actualmente siete. Un diputado no puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo. El número de diputados exigido es una regla interna susceptible de modificación; la presencia de varios Estados asegura el carácter transnacional del grupo.
La existencia de grupos transnacionales distingue al Parlamento de una conferencia diplomática. Un diputado español puede compartir grupo con diputados de otros Estados y discrepar de otros representantes elegidos en España. Los grupos distribuyen responsabilidades, coordinan posiciones y participan en la organización de los debates, pero cada diputado conserva su mandato.
El Parlamento elige entre sus miembros al presidente, catorce vicepresidentes y cinco cuestores. Sus mandatos duran dos años y medio, de modo que normalmente se celebran elecciones al comienzo y a mitad de la legislatura.
El presidente dirige los trabajos, preside las sesiones plenarias, garantiza la observancia del Reglamento y representa a la institución. Firma con el presidente del Consejo los actos adoptados mediante procedimiento legislativo ordinario y, una vez aprobado, firma el presupuesto de la Unión.
Para elegirlo se utiliza votación secreta. En las tres primeras votaciones se exige mayoría absoluta de los votos emitidos. Si nadie la alcanza, la cuarta se limita a los dos candidatos que obtuvieron más votos en la tercera; resulta elegido quien consigue más votos y, si hay empate, el candidato de mayor edad.
La Mesa está compuesta por el presidente y los catorce vicepresidentes. Resuelve cuestiones administrativas, organizativas y financieras. Los cinco cuestores participan con voz, pero sin voto, y atienden asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados.
La Conferencia de Presidentes reúne al presidente del Parlamento y a los presidentes de los grupos políticos. Organiza la planificación legislativa, fija el proyecto de orden del día de los periodos parciales de sesiones y coordina las relaciones con otras instituciones y con terceros países.
Comisiones parlamentarias, ponentes y Pleno
El trabajo parlamentario no comienza en el hemiciclo. Las comisiones permanentes se especializan por materias y preparan la actividad del Pleno. También pueden existir subcomisiones, comisiones especiales y comisiones de investigación.
Cuando llega una propuesta legislativa, se atribuye a la comisión competente. Esta designa normalmente un ponente, encargado de estudiar el expediente y presentar un proyecto de informe. Los grupos pueden nombrar ponentes alternativos para seguir el asunto y negociar compromisos. La comisión debate las enmiendas y aprueba un informe que posteriormente se somete al Pleno.
El Pleno reúne a todos los diputados. Debate y vota posiciones legislativas, resoluciones presupuestarias, nombramientos y actos de control. La votación plenaria no repite automáticamente el trabajo de la comisión: puede modificar o rechazar el informe conforme al Reglamento y a las mayorías aplicables.
La actividad se distribuye entre varias sedes. Los doce periodos parciales de sesiones plenarias mensuales se celebran en Estrasburgo. Las sesiones plenarias adicionales y las reuniones de las comisiones se desarrollan en Bruselas. La Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo. No debe confundirse la sede oficial con el lugar donde se realiza toda la actividad cotidiana.
El estatuto de los diputados protege el ejercicio independiente del mandato. Disfrutan de los privilegios e inmunidades previstos en el Protocolo número 7 y están sometidos a incompatibilidades destinadas a evitar la acumulación con cargos que comprometerían su independencia. Entre otros, el mandato europeo es incompatible con la pertenencia a un Gobierno nacional, a la Comisión, al TJUE, al Tribunal de Cuentas o a los órganos del BCE, así como con la condición de miembro de un Parlamento nacional.
La inmunidad no constituye una exención general frente a la ley. En el territorio de su propio Estado, el diputado disfruta de las inmunidades reconocidas a los parlamentarios nacionales; en los demás Estados, queda protegido frente a detención y actuaciones judiciales, salvo flagrante delito. El Parlamento puede suspender la inmunidad conforme a su Reglamento, sin pronunciarse sobre la culpabilidad de la persona afectada.
Quórum y mayorías
El Parlamento puede deliberar cualquiera que sea el número de diputados presentes, pero existe cuórum para votar cuando se encuentra reunida en el salón de sesiones una tercera parte de sus miembros. La falta de cuórum debe comprobarse conforme al procedimiento del Reglamento; no invalida automáticamente toda votación por la mera existencia de escaños vacíos.
La regla general del artículo 231 TFUE es la mayoría de los votos emitidos, sin contar las abstenciones. Los Tratados establecen mayorías distintas para decisiones determinadas. La elección del presidente de la Comisión exige mayoría de los miembros que componen el Parlamento; la censura de la Comisión requiere dos tercios de los votos emitidos que representen además a la mayoría de los miembros; y algunas decisiones sobre la segunda lectura legislativa exigen también mayoría de los miembros. Por eso, antes de calcular una votación debe identificarse la base jurídica aplicable.
Funciones legislativa y presupuestaria
Parlamento y Consejo ejercen conjuntamente las funciones legislativa y presupuestaria. En el procedimiento ordinario deben aprobar un texto idéntico. El Parlamento actúa mediante su comisión competente y el Pleno; el Consejo, mediante grupos de trabajo, COREPER y la formación ministerial correspondiente.
La igualdad como colegisladores no significa que ambas instituciones tengan idéntica composición o método de trabajo. El Parlamento expresa mayorías políticas entre representantes de la ciudadanía; el Consejo construye una posición entre Gobiernos. La norma europea nace cuando ambas legitimidades coinciden en el procedimiento previsto.
En los procedimientos legislativos especiales, la intervención parlamentaria puede consistir en consulta o aprobación. Una consulta no permite al Consejo ignorar la intervención de la Cámara, aunque no lo obligue a aceptar su contenido. En la aprobación, el Parlamento acepta o rechaza el texto sin introducir enmiendas dentro de ese procedimiento.
En materia presupuestaria, Parlamento y Consejo establecen el presupuesto anual mediante un procedimiento legislativo especial. El Parlamento participa también en el control de la ejecución. A recomendación del Consejo, concede, aplaza o deniega a la Comisión la aprobación de la gestión, conocida como descargo. Los informes del Tribunal de Cuentas proporcionan una base esencial para esta decisión.
Elección y control de la Comisión
El Parlamento elige al presidente de la Comisión a partir del candidato propuesto por el Consejo Europeo. Después examina a los candidatos a comisarios mediante audiencias parlamentarias y vota la aprobación del Colegio en su conjunto. La Comisión solo es nombrada formalmente después de obtener esa aprobación.
Una vez constituida, la Comisión responde colectivamente ante el Parlamento. Los diputados pueden formular preguntas, debatir sus informes y examinar su actuación. El Parlamento puede crear comisiones temporales de investigación para estudiar alegaciones de infracción o mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión, dentro de los límites establecidos por los Tratados.
La forma más intensa de responsabilidad política es la moción de censura. No puede votarse hasta transcurridos al menos tres días desde su presentación. Para aprobarse necesita dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los miembros que componen el Parlamento. Si prospera, los miembros de la Comisión deben dimitir colectivamente y el Alto Representante cesa en las funciones que ejerce dentro de ella.
El Parlamento elige también al Defensor del Pueblo Europeo, recibe peticiones de ciudadanos y residentes y participa en nombramientos o consultas institucionales previstos en los Tratados. Estas competencias no lo convierten en superior jerárquico de las demás instituciones: son mecanismos concretos de legitimación y control.
Ejemplo: cómo interviene el Parlamento en una propuesta
Supóngase que la Comisión presenta una propuesta para reducir los residuos de envases. El presidente del Parlamento la remite a la comisión competente. Esta nombra un ponente, recibe enmiendas y negocia un informe con los grupos políticos. Una vez aprobado en comisión, el texto llega al Pleno, que fija la posición parlamentaria.
Si la posición del Consejo es diferente, los representantes de ambas instituciones pueden negociar un compromiso, con participación de la Comisión. El ponente no puede aprobar por sí solo la norma ni el trílogo reemplaza la votación parlamentaria. El acuerdo debe regresar a los órganos competentes y ser adoptado formalmente. El ejemplo muestra que comisión, ponente, grupos y Pleno cumplen funciones sucesivas, no intercambiables.
Síntesis: representación y control político
El Parlamento es una cámara representativa supranacional elegida directamente. Su influencia no se limita a votar leyes: interviene en el presupuesto, el nombramiento y control de la Comisión, las peticiones, las investigaciones y determinadas decisiones institucionales. La mayor parte del trabajo se prepara en comisiones y grupos políticos, pero la voluntad de la institución se forma mediante los procedimientos y votaciones previstos en los Tratados y en su Reglamento.
14.3
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Una institución formada por dos tribunales
El artículo 19 TUE encomienda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. La expresión TJUE designa a la institución jurisdiccional. En su interior existen actualmente dos órganos:
- el Tribunal de Justicia;
- el Tribunal General.
Los Tratados permiten crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, pero actualmente no existe ninguno. El antiguo Tribunal de la Función Pública dejó de funcionar en 2016 y sus competencias regresaron al Tribunal General.
Ambos tribunales tienen su sede en Luxemburgo. La división distribuye la carga de trabajo y permite que determinadas resoluciones del Tribunal General sean recurridas ante el Tribunal de Justicia. No existe, sin embargo, una relación idéntica a la de los grados jurisdiccionales nacionales: cada órgano posee competencias atribuidas por los Tratados y el Estatuto.
El TJUE no sustituye a los órganos jurisdiccionales nacionales. Los jueces nacionales aplican cotidianamente reglamentos, directivas y demás normas europeas. Cuando necesitan una interpretación vinculante o dudan de la validez de un acto de la Unión, utilizan la cuestión prejudicial. Se forma así un sistema de cooperación jurisdiccional y no una jerarquía ordinaria de recursos.
El Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia está compuesto por un juez por Estado miembro y asistido por once abogados generales. Los jueces no representan a sus Estados. Deben ofrecer absolutas garantías de independencia y reunir las condiciones requeridas para ejercer las más altas funciones jurisdiccionales en sus países o ser jurisconsultos de reconocida competencia.
Los Gobiernos de los Estados nombran a jueces y abogados generales de común acuerdo, después de consultar al comité del artículo 255 TFUE. Este comité examina la idoneidad de los candidatos antes del nombramiento. El mandato dura seis años, es renovable y se realiza una renovación parcial cada tres años.
Los jueces eligen entre ellos al presidente y al vicepresidente por tres años, con posibilidad de renovación. El presidente dirige los trabajos jurisdiccionales y administrativos, preside vistas y deliberaciones de las formaciones principales y distribuye los asuntos conforme a las reglas aplicables.
Los abogados generales presentan públicamente conclusiones motivadas, con imparcialidad e independencia, en los asuntos que requieren su intervención. Sus conclusiones analizan el litigio y proponen una respuesta jurídica, pero no vinculan a los jueces. No son fiscales, no representan a una parte y no participan en la deliberación de la sentencia.
El secretario dirige la Secretaría, recibe y conserva los documentos procesales y asiste al Tribunal. Es elegido por los miembros del órgano jurisdiccional conforme a su Reglamento.
El Tribunal puede actuar en salas de tres o cinco jueces, Gran Sala de quince o Pleno. La formación depende de la importancia, complejidad y naturaleza del asunto. La Gran Sala conoce, entre otros supuestos, cuando lo solicita un Estado o una institución que sea parte y en los casos previstos por el Estatuto. El Pleno queda reservado a situaciones excepcionales.
El Tribunal General
El Tribunal General está compuesto por dos jueces por Estado miembro, actualmente cincuenta y cuatro. Sus miembros deben ofrecer las garantías de independencia y poseer la capacidad necesaria para ejercer altas funciones jurisdiccionales. Son nombrados por los Gobiernos de común acuerdo, previa consulta al comité del artículo 255, para seis años renovables.
Los jueces eligen presidente y vicepresidente por tres años y nombran a su secretario. El Tribunal General no cuenta con abogados generales permanentes. Sin embargo, un juez puede ejercer esa función en un asunto y, desde la transferencia parcial de cuestiones prejudiciales, se designan jueces para actuar como abogados generales en esos procedimientos sin formar parte de la sala que resuelve.
El Tribunal General conoce en primera instancia de gran parte de los recursos directos interpuestos por personas físicas o jurídicas y de numerosos recursos de los Estados contra instituciones. Son frecuentes los litigios en competencia, ayudas de Estado, propiedad intelectual, medidas restrictivas, contratación, acceso a documentos y responsabilidad de la Unión.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal General en recursos directos pueden recurrirse ante el Tribunal de Justicia, normalmente dentro de dos meses, pero el recurso se limita a cuestiones de Derecho. No permite repetir libremente la valoración de los hechos. En determinados ámbitos que ya han sido examinados por una sala de recurso independiente, la admisión exige que el recurso plantee una cuestión importante para la unidad, coherencia o desarrollo del Derecho de la Unión.
Este régimen no se aplica de la misma forma a las sentencias prejudiciales del Tribunal General. Contra ellas no existe una casación ordinaria a disposición de las partes. El primer abogado general puede proponer su reexamen y el Tribunal de Justicia decidirlo de manera excepcional cuando exista un riesgo grave para la unidad o coherencia del Derecho de la Unión.
Independencia y estatuto de sus miembros
Jueces y abogados generales prestan juramento de ejercer sus funciones con imparcialidad y en conciencia y de guardar el secreto de las deliberaciones. No pueden ejercer funciones políticas o administrativas ni desarrollar actividades profesionales, salvo autorización excepcional.
La independencia se protege mediante el mandato, las incompatibilidades, la inmunidad de jurisdicción por los actos realizados oficialmente y un procedimiento específico para el cese. Un miembro no puede ser apartado por decisión de un Gobierno. Solo los demás miembros del órgano pueden declarar unánimemente que ha dejado de reunir las condiciones o incumplido sus obligaciones.
Los sueldos, dietas y pensiones de los miembros son fijados por el Consejo. Este dato no altera su independencia: la institución competente para regular las condiciones económicas no puede dar instrucciones sobre cómo resolver un litigio.
Cómo se tramita un asunto
El procedimiento comprende normalmente una fase escrita y, cuando corresponde, una fase oral. En la fase escrita se presentan y notifican los escritos de las partes o, en las cuestiones prejudiciales, las observaciones de quienes están facultados para intervenir. El presidente designa al juez ponente y el primer abogado general atribuye el asunto a un abogado general cuando procede.
El juez ponente estudia el expediente y presenta un informe preliminar. A partir de él, el tribunal determina la formación que conocerá del asunto y si resultan necesarias una vista y conclusiones del abogado general. La vista permite a las partes responder a las preguntas de los jueces y desarrollar los puntos que el órgano considera relevantes; no reproduce simplemente los escritos.
Cuando interviene, el abogado general presenta después sus conclusiones con plena independencia. Los jueces deliberan en secreto y adoptan una resolución colegiada. No se publican votos particulares: la sentencia expresa la posición del órgano jurisdiccional como una decisión única. Las sentencias son motivadas y se pronuncian en audiencia pública.
El régimen lingüístico refleja el carácter multilingüe de la Unión. Cada asunto tiene una lengua de procedimiento, determinada conforme a los Reglamentos, mientras que la lengua interna de trabajo no altera el derecho de las partes a utilizar la lengua procesal correspondiente. En las cuestiones prejudiciales, la lengua es la del órgano jurisdiccional remitente.
14.4
Competencias y procedimientos jurisdiccionales
La cuestión prejudicial
El artículo 267 TFUE permite a los órganos jurisdiccionales nacionales preguntar sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. La cuestión surge dentro de un litigio nacional: no es un recurso presentado directamente por las partes ante Luxemburgo.
El juez nacional determina los hechos, formula las preguntas y suspende el procedimiento mientras recibe respuesta. El órgano europeo interpreta el Derecho de la Unión o examina la validez del acto, pero normalmente no decide el litigio nacional. Corresponde al juez remitente aplicar la respuesta a los hechos y dictar sentencia.
Un órgano jurisdiccional cuyas decisiones admiten recurso interno puede plantear la cuestión si considera necesaria la respuesta. Si sus decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial, debe plantearla cuando resulte necesaria, con las excepciones reconocidas por la jurisprudencia para cuestiones ya resueltas o cuya respuesta no deje una duda razonable.
Todo órgano nacional puede rechazar por sí mismo un motivo de invalidez y considerar válido el acto europeo. Lo que no puede hacer es declarar definitivamente inválido un acto de la Unión: ese control corresponde a la jurisdicción europea, de modo que debe plantear la cuestión cuando aprecie razones fundadas de invalidez.
#### Transferencia parcial al Tribunal General
Desde el 1 de octubre de 2024, el Tribunal General puede resolver cuestiones prejudiciales que pertenezcan exclusivamente a seis materias:
- sistema común del impuesto sobre el valor añadido;
- impuestos especiales;
- código aduanero;
- clasificación arancelaria de mercancías;
- compensación y asistencia a pasajeros ante denegación de embarque, retraso o cancelación;
- comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El juez nacional no elige entre ambos tribunales. Todas las peticiones se presentan ante el Tribunal de Justicia, que comprueba si el asunto pertenece exclusivamente a esas materias y, en tal caso, lo transfiere al Tribunal General.
El Tribunal de Justicia conserva el conocimiento cuando la petición plantea además cuestiones independientes sobre Derecho primario, Derecho internacional público, principios generales o la Carta de los Derechos Fundamentales. El Tribunal General puede remitir un asunto que requiera una decisión de principio susceptible de afectar a la unidad o coherencia del Derecho. Sus resoluciones prejudiciales también pueden ser objeto de un reexamen excepcional cuando exista un riesgo grave para esa unidad o coherencia.
Ejemplo de cooperación con un tribunal español
Un tribunal español conoce de una reclamación de un pasajero por una cancelación aérea. Para resolver necesita interpretar un reglamento europeo y la duda pertenece exclusivamente a la materia de compensación y asistencia a pasajeros. El tribunal formula la cuestión y la envía al Tribunal de Justicia.
Tras examinarla, el Tribunal de Justicia puede transferirla al Tribunal General. Este interpreta el reglamento y comunica su sentencia. El tribunal español reanuda entonces el proceso y resuelve la reclamación conforme a esa interpretación. Ni el pasajero ha recurrido la sentencia española ante el TJUE ni el Tribunal General ha fijado directamente la indemnización: se ha producido un diálogo entre órganos jurisdiccionales.
Recurso por incumplimiento
El recurso por incumplimiento permite declarar que un Estado ha vulnerado una obligación derivada de los Tratados. El supuesto más habitual comienza con la actuación de la Comisión conforme al artículo 258 TFUE.
La Comisión abre una fase administrativa en la que ofrece al Estado la posibilidad de presentar observaciones. Si mantiene su criterio, emite un dictamen motivado que identifica el incumplimiento y concede un plazo para corregirlo. Si el Estado no lo hace, la Comisión puede acudir al Tribunal de Justicia.
Un Estado también puede demandar a otro, pero antes debe someter el asunto a la Comisión. Esta vía del artículo 259 es menos frecuente. El objeto no es obtener una indemnización para un particular, sino determinar objetivamente si el Estado ha cumplido el Derecho de la Unión.
La sentencia es declarativa y obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias. Si no la ejecuta, la Comisión puede iniciar el procedimiento del artículo 260 y solicitar una suma a tanto alzado o una multa coercitiva. En determinados incumplimientos de la obligación de comunicar medidas de transposición, puede pedir sanciones desde el primer recurso.
Recurso de anulación
El recurso de anulación controla la legalidad de los actos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Puede fundarse en incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma relativa a su aplicación y desviación de poder.
Los Estados, el Parlamento, el Consejo y la Comisión son demandantes privilegiados: pueden recurrir sin acreditar un interés particular. El Tribunal de Cuentas, el BCE y el Comité de las Regiones pueden hacerlo para salvaguardar sus prerrogativas. El Comité Económico y Social no aparece entre estos demandantes semiprivilegiados.
Las personas físicas y jurídicas pueden recurrir los actos de los que sean destinatarias, los que les afecten directa e individualmente y determinados actos reglamentarios que las afecten directamente y no incluyan medidas de ejecución. Esta legitimación es más limitada porque el Tratado combina el recurso directo con la tutela que ofrecen los tribunales nacionales.
Si el recurso prospera, el acto se declara nulo. La institución autora debe adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. El Tribunal puede mantener determinados efectos del acto cuando lo exija la seguridad jurídica.
Recurso por omisión y excepción de ilegalidad
El recurso por omisión se utiliza cuando una institución, órgano u organismo, tras haber sido requerido para actuar, se abstiene infringiendo los Tratados. No se dirige contra cualquier inactividad política, sino contra la falta de adopción de una medida jurídicamente debida.
La excepción de ilegalidad permite cuestionar incidentalmente un acto de alcance general en un litigio relativo a otra medida. Si prospera, el acto general no se anula para todos, pero resulta inaplicable en el asunto concreto.
Responsabilidad, recursos y medidas provisionales
La Unión debe reparar los daños causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones conforme a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados. El TJUE conoce de estos litigios de responsabilidad extracontractual.
El Tribunal de Justicia resuelve los recursos contra decisiones del Tribunal General en cuestiones de Derecho. Puede desestimar el recurso, anular la resolución y decidir definitivamente si el asunto está en condiciones de ser resuelto, o devolverlo al Tribunal General, que queda vinculado por las cuestiones jurídicas decididas.
La interposición de un recurso no suspende automáticamente el acto impugnado. No obstante, puede solicitarse la suspensión o la adopción de medidas provisionales cuando concurran los requisitos de apariencia de buen derecho, urgencia y ponderación de intereses.
Síntesis: control directo y cooperación judicial
Las vías no son intercambiables. La cuestión prejudicial nace ante un juez nacional y busca una interpretación o un juicio de validez. El incumplimiento se dirige contra un Estado. La anulación controla un acto europeo. La omisión combate una abstención contraria al Tratado. El recurso contra una resolución del Tribunal General examina cuestiones jurídicas. Identificar quién actúa, contra quién y con qué finalidad permite determinar el procedimiento correcto.
| Procedimiento | Quién lo inicia | Objeto o destinatario | Finalidad principal |
|---|---|---|---|
| Cuestión prejudicial, art. 267 TFUE | Órgano jurisdiccional nacional | Duda surgida en un litigio interno | Interpretar el Derecho de la Unión o examinar la validez de un acto. |
| Incumplimiento, arts. 258 a 260 TFUE | Comisión o Estado miembro | Estado miembro | Declarar y hacer cesar el incumplimiento. |
| Anulación, art. 263 TFUE | Instituciones, Estados o particulares legitimados | Acto de la Unión con efectos jurídicos | Obtener la declaración de nulidad. |
| Omisión, art. 265 TFUE | Instituciones, Estados o particulares legitimados | Inactividad jurídicamente debida de una institución u organismo | Declarar contraria al Tratado la falta de actuación. |
| Responsabilidad extracontractual, arts. 268 y 340 TFUE | Persona perjudicada | Daño imputable a instituciones o agentes | Obtener reparación. |
| Casación, art. 256 TFUE y Estatuto | Parte legitimada | Resolución del Tribunal General en un recurso directo | Revisar cuestiones de Derecho. |
14.5
El Tribunal de Cuentas Europeo
Naturaleza y composición
El Tribunal de Cuentas realiza la fiscalización de la Unión conforme al artículo 285 TFUE. Comenzó su actividad en 1977 y adquirió la condición de institución con el Tratado de Maastricht. Tiene su sede en Luxemburgo.
Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Sus integrantes se eligen entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a instituciones de control externo o que estén especialmente cualificadas para la función. Deben ofrecer garantías absolutas de independencia.
El artículo 286 TFUE regula el estatuto de sus miembros. El Consejo adopta la lista por mayoría cualificada, a partir de las propuestas de los Estados y previa consulta al Parlamento. El mandato dura seis años y puede renovarse. La consulta parlamentaria es obligatoria, pero el nombramiento corresponde al Consejo.
Los miembros eligen entre ellos al presidente por tres años, renovables. El presidente coordina la estrategia y el funcionamiento de la institución y la representa externamente, pero las decisiones de auditoría responden a una organización colegiada.
Durante el mandato, los miembros no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno u organismo. Deben abstenerse de cualquier acto incompatible con sus funciones y no pueden ejercer otra actividad profesional. El Tribunal de Justicia puede separarlos del cargo o privarlos de determinados derechos si dejan de reunir las condiciones o incumplen sus obligaciones.
Qué fiscaliza
El artículo 287 TFUE determina el alcance de la fiscalización. El Tribunal examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. También controla las cuentas de órganos y organismos creados por esta, salvo que el acto constitutivo excluya expresamente el examen en los términos permitidos por el Tratado.
La fiscalización comprende tres dimensiones relacionadas:
- la fiabilidad de las cuentas, para comprobar si reflejan correctamente la situación financiera;
- la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, para verificar que ingresos y gastos respetan las normas;
- la buena gestión financiera, que valora economía, eficiencia y eficacia.
Un gasto puede estar correctamente contabilizado y, sin embargo, incumplir las condiciones jurídicas de una ayuda. También puede ser legal y regular, pero revelar una gestión poco eficiente. Por eso las tres perspectivas no deben confundirse.
El control se realiza sobre documentos y, cuando es necesario, sobre el terreno. Puede desarrollarse en las instituciones, en los organismos que administran ingresos o gastos y en los Estados miembros, en cooperación con las instituciones nacionales de control. La gestión compartida de fondos no elimina la competencia fiscalizadora europea.
Informes, declaración de fiabilidad y dictámenes
Tras el cierre de cada ejercicio, el Tribunal elabora un informe anual. Las respuestas de las instituciones a sus observaciones se publican junto a él. El informe proporciona al Parlamento y al Consejo información esencial para examinar la ejecución presupuestaria.
El Tribunal presenta además una declaración de fiabilidad sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Esta declaración puede completarse con apreciaciones específicas por ámbitos de actividad. Junto con el informe anual, sirve al Parlamento para decidir, por recomendación del Consejo y conforme al artículo 319 TFUE, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión.
Los informes especiales estudian políticas, programas o problemas concretos. Permiten examinar con mayor profundidad si una intervención europea ha producido resultados y si los recursos se han utilizado adecuadamente.
El Tribunal emite dictámenes cuando otras instituciones solicitan su posición y en los casos en que los Tratados exigen consulta. También puede presentar observaciones por iniciativa propia sobre cuestiones relacionadas con sus funciones.
Su trabajo se organiza en salas especializadas, que preparan o adoptan informes y dictámenes conforme a las reglas internas. La institución puede crear comités para asegurar la calidad y coordinación de las auditorías.
Fiscalización sin jurisdicción
El Tribunal de Cuentas Europeo no declara la nulidad de actos, no condena penalmente y no impone directamente el reintegro de fondos. Si detecta irregularidades, las comunica a las autoridades e instituciones competentes y formula observaciones o recomendaciones.
Una irregularidad tampoco equivale necesariamente a fraude. El fraude requiere elementos intencionales y debe investigarse y perseguirse por los órganos competentes, como OLAF, la Fiscalía Europea o las autoridades nacionales, según el caso. El Tribunal coopera y transmite información cuando aprecia indicios, pero no sustituye a esos órganos.
Tampoco debe confundirse con el Tribunal de Cuentas español. El órgano español fiscaliza la actividad económico-financiera del sector público nacional y ejerce jurisdicción contable conforme a la Constitución y a sus leyes orgánicas. El europeo controla las finanzas de la Unión y carece de esa función jurisdiccional.
Ejemplo: auditoría de un programa europeo
Supóngase que la Unión financia un programa para mejorar infraestructuras ferroviarias. El Tribunal puede comprobar si las cuentas registran correctamente los pagos, si los proyectos cumplían las condiciones para recibir financiación y si las inversiones alcanzaron sus objetivos con un coste razonable.
Si observa retrasos, criterios de selección deficientes o pagos irregulares, los expone en su informe y formula recomendaciones. Parlamento y Consejo utilizan esa información para controlar a la Comisión y valorar la aprobación de la gestión. La Comisión y las autoridades nacionales deben corregir o recuperar las cantidades cuando proceda, pero el informe no es por sí mismo una sentencia condenatoria.
Síntesis: auditoría al servicio de la rendición de cuentas
El Tribunal de Cuentas convierte datos financieros y actuaciones administrativas en información de control. Su independencia permite examinar tanto a las instituciones como a quienes gestionan fondos europeos. Sus informes no sustituyen las decisiones políticas, administrativas o judiciales, pero proporcionan la base técnica para exigir responsabilidades y mejorar la gestión.
14.6
El Banco Central Europeo
BCE, SEBC y Eurosistema
El Banco Central Europeo es una institución de la Unión con personalidad jurídica y sede en Fráncfort del Meno. Ocupa el centro de la política monetaria común, pero no debe confundirse con las redes de bancos centrales en las que participa.
El Sistema Europeo de Bancos Centrales —SEBC— está formado por el BCE y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros, hayan adoptado o no el euro. Como no todos participan en la moneda única, el SEBC completo no desarrolla en todos los Estados las mismas funciones monetarias.
El Eurosistema está compuesto por el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados cuya moneda es el euro. Es la estructura que define y ejecuta la política monetaria de la zona euro. Mientras existan Estados miembros que no hayan adoptado la moneda única, Eurosistema y SEBC no coincidirán.
El BCE es la institución central y sus órganos adoptan decisiones. Los bancos centrales nacionales forman parte del sistema y ejecutan operaciones conforme a las orientaciones e instrucciones europeas. No son simples sucursales del BCE, pues conservan personalidad y funciones nacionales, pero en el ámbito monetario común deben actuar de acuerdo con el marco del Eurosistema.
| Concepto | Integrantes | Función característica |
|---|---|---|
| BCE | Institución europea con órganos propios | Adopta y coordina decisiones monetarias. |
| SEBC | BCE y todos los bancos centrales nacionales de la UE | Marco institucional de todos los bancos centrales de la Unión. |
| Eurosistema | BCE y bancos centrales de los Estados del euro | Política monetaria de la zona euro. |
Objetivo de estabilidad de precios
El artículo 127 TFUE establece que el objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, apoya las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a sus fines.
La expresión «sin perjuicio» establece una prioridad. El BCE no puede sacrificar la estabilidad de precios para perseguir otro objetivo económico. Cuando esa estabilidad está salvaguardada, debe apoyar las políticas generales de acuerdo con los Tratados.
El Tratado no fija una cifra concreta de inflación. Corresponde al Consejo de Gobierno definir su estrategia. La estrategia vigente persigue una inflación del 2 % a medio plazo. Esa cifra es una concreción de política monetaria y puede revisarse; la regla jurídica permanente es la prioridad de la estabilidad de precios.
Las funciones básicas del SEBC son:
- definir y ejecutar la política monetaria de la Unión;
- realizar operaciones de divisas;
- poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados;
- promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
El SEBC contribuye además a la buena gestión de las políticas de supervisión prudencial y estabilidad financiera. El BCE desarrolla funciones específicas de supervisión bancaria dentro del Mecanismo Único de Supervisión.
La política monetaria no equivale a toda la política económica. El Eurosistema decide sobre tipos de interés y utiliza instrumentos monetarios comunes, pero no aprueba los presupuestos, los impuestos, el gasto público o la política laboral de los Estados. Estas decisiones siguen correspondiendo a las autoridades políticas dentro del marco de coordinación, disciplina presupuestaria y competencias establecido por la Unión. El artículo 119 TFUE expresa esta combinación: políticas económicas coordinadas y una política monetaria única para los Estados del euro.
Independencia
En el ejercicio de las facultades y funciones atribuidas por los Tratados y los Estatutos, ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales, ni los miembros de sus órganos decisorios pueden solicitar o aceptar instrucciones de instituciones, Gobiernos u otros organismos. A su vez, el artículo 130 TFUE obliga a las instituciones y a los Estados a respetar esa independencia y a no tratar de influir en ellos.
La independencia posee varias dimensiones. La independencia institucional impide instrucciones externas; la personal se apoya en mandatos prolongados y causas tasadas de cese; la funcional permite utilizar las competencias necesarias para alcanzar el objetivo; y la financiera exige disponer de recursos propios suficientes.
La independencia no coloca al BCE fuera del Derecho. Sus actos pueden ser controlados por el TJUE, debe motivar sus decisiones, publica información y comparece ante el Parlamento. Independencia y rendición de cuentas se complementan: la primera protege la decisión monetaria frente a presiones coyunturales y la segunda permite conocer y examinar cómo se ejerce el mandato.
Los bancos centrales nacionales pueden desarrollar otras funciones nacionales bajo su propia responsabilidad cuando no interfieran con los objetivos y tareas del SEBC. La independencia del artículo 130 se refiere al ejercicio de las funciones europeas atribuidas por los Tratados y los Estatutos; no convierte cualquier actividad nacional de un banco central en política monetaria europea.
Emisión de billetes y monedas
El artículo 128 TFUE atribuye al BCE el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros. Los billetes pueden ser emitidos por el propio BCE y por los bancos centrales nacionales. Ambos tipos de billetes son los únicos de curso legal en la Unión.
La distinción entre autorización y emisión es frecuente en los exámenes. El BCE monopoliza la decisión de autorizar, pero no necesariamente la puesta material en circulación.
Los Estados pueden emitir monedas en euros, aunque el BCE debe aprobar el volumen de emisión. El Consejo adopta medidas para armonizar las denominaciones y especificaciones técnicas necesarias para la circulación.
Potestad normativa y función consultiva
Para ejercer sus competencias, el BCE puede adoptar, conforme al artículo 132 TFUE, reglamentos y decisiones. También formula recomendaciones y dictámenes. Dentro del Eurosistema utiliza orientaciones e instrucciones dirigidas a los bancos centrales nacionales.
Debe ser consultado sobre las propuestas de actos de la Unión que entren en sus competencias y, dentro de los límites y condiciones establecidos, sobre proyectos normativos nacionales. El dictamen permite valorar sus efectos monetarios, financieros o institucionales, pero no convierte al BCE en legislador general.
El BCE puede imponer multas o pagos periódicos coercitivos a empresas que incumplan obligaciones derivadas de sus reglamentos y decisiones dentro de los límites fijados por el Derecho de la Unión.
14.7
Los órganos del BCE y la supervisión bancaria
El Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno es el principal órgano decisorio. Está integrado por los seis miembros del Comité Ejecutivo y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados cuya moneda es el euro.
Adopta las orientaciones y decisiones necesarias para cumplir las funciones del Eurosistema. Formula la política monetaria, incluidos los objetivos monetarios intermedios, los tipos de interés oficiales y el suministro de reservas, y establece las orientaciones para su ejecución.
Como regla, cada miembro dispone de un voto y las decisiones se adoptan por mayoría simple, con voto de calidad del presidente en caso de empate. Para determinadas cuestiones financieras se aplica una votación ponderada conforme a la participación de los bancos centrales en el capital.
El aumento del número de Estados del euro hizo necesario el sistema de rotación regulado en el artículo 10.2 de los Estatutos. Los seis miembros del Comité Ejecutivo conservan permanentemente su voto y los gobernadores comparten quince derechos de voto. Todos pueden asistir y participar en las deliberaciones aunque temporalmente no les corresponda votar.
Mientras el número de gobernadores se sitúe entre dieciséis y veintiuno, se distribuyen en dos grupos según el tamaño de las economías y de sus sectores financieros. Los cinco gobernadores del primer grupo comparten cuatro votos y los restantes comparten once. Si el número supera veintiuno, se forman tres grupos, con cuatro, ocho y tres derechos de voto respectivamente. La rotación limita el número de votos simultáneos sin transformar a los gobernadores temporalmente sin voto en meros observadores.
El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo está formado por el presidente y el vicepresidente del BCE y otros cuatro miembros. Todos deben ser nacionales de Estados miembros y personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios.
Son nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, sobre recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento y al Consejo de Gobierno. El mandato dura ocho años y no es renovable. Esta duración y la imposibilidad de renovación refuerzan la independencia frente a quienes intervienen en el nombramiento.
El Comité Ejecutivo prepara las reuniones del Consejo de Gobierno, ejecuta la política monetaria conforme a sus orientaciones, imparte instrucciones a los bancos centrales nacionales y gestiona la actividad ordinaria del BCE. No puede modificar por sí solo la orientación monetaria decidida por el Consejo de Gobierno.
El Consejo General
El Consejo General reúne al presidente y al vicepresidente del BCE y a los gobernadores de los bancos centrales nacionales de todos los Estados de la Unión. Los demás miembros del Comité Ejecutivo pueden participar sin voto.
Es un órgano transitorio que subsistirá mientras existan Estados con excepción respecto del euro. Desarrolla funciones heredadas de la cooperación monetaria anterior, contribuye a la recopilación de información estadística, la normalización contable, la preparación de ampliaciones de la zona euro y otras tareas previstas en los Estatutos.
El Consejo General no decide la política monetaria de la zona euro. La presencia de gobernadores de Estados que no utilizan el euro explica precisamente que sus tareas sean diferentes de las del Consejo de Gobierno.
El Consejo de Supervisión
El Reglamento del Mecanismo Único de Supervisión atribuyó al BCE funciones específicas sobre entidades de crédito. Para prepararlas existe un Consejo de Supervisión compuesto por un presidente, un vicepresidente, representantes del BCE y representantes de las autoridades nacionales competentes.
El Consejo de Supervisión planifica y ejecuta los trabajos supervisores y presenta proyectos completos de decisión al Consejo de Gobierno. La decisión se considera adoptada si este no formula objeciones dentro del plazo aplicable. Es el llamado procedimiento de no objeción.
El Consejo de Supervisión no debe añadirse sin matices a la lista de órganos decisorios de los Tratados. Estos son Consejo de Gobierno, Comité Ejecutivo y Consejo General. El órgano supervisor prepara decisiones dentro de un mecanismo específico y con separación respecto de la política monetaria.
Transparencia y rendición de cuentas
El BCE publica un informe anual sobre las actividades del SEBC y la política monetaria. Su presidente lo presenta al Parlamento y al Consejo. El presidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo pueden comparecer ante las comisiones parlamentarias competentes.
También se publican boletines, estados financieros, decisiones y explicaciones de política monetaria. El Parlamento puede debatir la actuación y formular preguntas, pero no anular una decisión monetaria por desacuerdo político. El control de legalidad corresponde al TJUE.
Ejemplo: de la decisión monetaria a su ejecución
Si el Consejo de Gobierno considera que la evolución de los precios exige modificar los tipos de interés oficiales, analiza los datos y adopta la decisión. El Comité Ejecutivo prepara los aspectos operativos y da las instrucciones necesarias. Los bancos centrales nacionales ejecutan las operaciones con las entidades de crédito conforme al marco común.
El Gobierno de un Estado no puede ordenar a su gobernador que vote de una determinada manera ni exigir al BCE que mantenga un tipo de interés concreto. El BCE debe, sin embargo, explicar su decisión, actuar dentro de su mandato y someter la legalidad de sus actos al control jurisdiccional.
Síntesis: decisión común y ejecución descentralizada
La política monetaria combina dirección europea y ejecución a través de los bancos centrales nacionales. El Consejo de Gobierno define la orientación; el Comité Ejecutivo prepara y aplica; los bancos centrales ejecutan; y el Consejo General mantiene la cooperación con los Estados que aún no han adoptado el euro. La independencia protege el objetivo, pero no elimina la transparencia ni el control jurídico.
14.8
Método para resolver preguntas
Parlamento: composición, organización y decisión
El máximo de 750 diputados más el presidente, el mínimo de seis y el máximo de noventa y seis son reglas del Tratado. Los 720 miembros y los 61 españoles son datos de la legislatura 2024-2029.
La comisión prepara y negocia el informe; el Pleno adopta la posición de la Cámara. El ponente dirige el trabajo del expediente, pero no decide por sí solo.
Las mayorías tampoco son intercambiables. La regla general es la mayoría de los votos emitidos, mientras que la elección del presidente de la Comisión exige mayoría de los miembros y la moción de censura combina esa mayoría con dos tercios de los votos emitidos.
Jurisdicción y fiscalización
TJUE identifica la institución. El Tribunal de Justicia cuenta con un juez por Estado y once abogados generales. El Tribunal General tiene dos jueces por Estado y conoce principalmente recursos directos, además de las cuestiones prejudiciales transferidas en materias específicas.
Si un juez nacional pregunta cómo interpretar una norma europea, se trata de una cuestión prejudicial. Si la Comisión acusa a un Estado de incumplir, es un recurso por incumplimiento. Si se impugna un acto de una institución, puede tratarse de anulación.
El europeo está compuesto por un nacional de cada Estado y fiscaliza las finanzas de la Unión sin ejercer jurisdicción. El español es un órgano constitucional nacional que también posee función jurisdiccional contable.
La fiabilidad se refiere a si las cuentas reflejan correctamente la situación. La legalidad y regularidad examinan el respeto de las normas. La buena gestión valora economía, eficiencia y eficacia.
Sistema monetario y órganos del BCE
El BCE es la institución. El SEBC incluye a todos los bancos centrales de la Unión. El Eurosistema comprende al BCE y a los bancos centrales de los Estados que utilizan el euro.
Solo el BCE autoriza la emisión. El BCE y los bancos centrales nacionales pueden emitir los billetes autorizados.
El Consejo de Gobierno formula la política monetaria; el Comité Ejecutivo la ejecuta y administra el BCE; el Consejo General incluye a todos los bancos centrales de la Unión y desarrolla funciones transitorias.
Distinciones esenciales
| No deben confundirse | Diferencia |
|---|---|
| Parlamento y Consejo | Ciudadanía y Gobiernos de los Estados. |
| Grupo político y delegación nacional | Afinidad ideológica y origen estatal. |
| Comisión parlamentaria y Comisión Europea | Órgano interno del Parlamento e institución ejecutiva. |
| TJUE y Tribunal de Justicia | Institución completa y uno de sus tribunales. |
| Tribunal de Justicia y Tribunal General | Órgano que conoce, entre otros asuntos, de cuestiones prejudiciales e incumplimientos, y órgano principalmente competente en primera instancia para recursos directos. |
| Abogado general y fiscal | Asesor judicial independiente y órgano de acusación. |
| Cuestión prejudicial y recurso | Cooperación con el juez nacional y litigio directo. |
| Incumplimiento y anulación | Control de Estados y control de actos europeos. |
| Tribunal de Cuentas y TJUE | Fiscalización y jurisdicción. |
| BCE y Eurosistema | Institución y red de bancos centrales del euro. |
| Consejo de Gobierno y Consejo General | Decisión monetaria del euro y cooperación de toda la UE. |
| Autorización y emisión de billetes | Competencia exclusiva del BCE y puesta en circulación por BCE y bancos centrales. |
14.9
Síntesis del tema
El Parlamento Europeo representa directamente a la ciudadanía. Sus miembros son elegidos por cinco años, se agrupan por afinidad política y desarrollan su trabajo entre comisiones y Pleno. Comparte con el Consejo la legislación y el presupuesto, elige al presidente de la Comisión, aprueba al Colegio y puede exigir su dimisión colectiva.
El TJUE garantiza la interpretación y aplicación uniformes del Derecho. La institución comprende el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. La cuestión prejudicial articula su cooperación con los jueces nacionales; los recursos por incumplimiento, anulación y omisión controlan a Estados e instituciones. Desde 2024, el Tribunal General conoce cuestiones prejudiciales en seis materias delimitadas.
El Tribunal de Cuentas Europeo fiscaliza ingresos, gastos y buena gestión. Está compuesto por un nacional de cada Estado y actúa con independencia. Sus informes y su declaración de fiabilidad sirven al control presupuestario, pero no constituyen sentencias ni sanciones.
El BCE dirige la política monetaria del euro con prioridad para la estabilidad de precios. Debe distinguirse del SEBC, que incluye a todos los bancos centrales de la Unión, y del Eurosistema, integrado por el BCE y los bancos centrales de los Estados del euro. El Consejo de Gobierno decide, el Comité Ejecutivo aplica y el Consejo General mantiene la cooperación con toda la Unión.
La clave del tema consiste en identificar la naturaleza de cada intervención. El Parlamento forma voluntad política; el TJUE resuelve jurídicamente; el Tribunal de Cuentas audita; y el BCE adopta y ejecuta decisiones monetarias. Confundir estas funciones conduce a atribuir a una institución poderes que los Tratados han confiado a otra.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 11 preguntas oficiales de este tema
Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan juntas, con todas sus opciones, respuesta correcta, referencia normativa y convocatoria. Cuando una pregunta depende de la composición o del titular de un cargo, debe atenderse al momento al que se refiere el enunciado.
0 de 11 respondidas
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 22.artículo 14 TUE.
1. Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, señale la respuesta correcta:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 23.artículo 263 TFUE.
2. De acuerdo con el artículo 263 TFUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 33.Reglamento interno del Parlamento Europeo. En la fecha de la convocatoria, Ursula von der Leyen presidía la Comisión y Roberta Metsola, el Parlamento.
3. Indique la respuesta incorrecta sobre el nombramiento a la presidencia del Parlamento Europeo:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 21.artículo 13 TUE en la redacción resultante del Tratado de Lisboa.
4. ¿Cuál de las siguientes instituciones fue reconocida por primera vez como institución de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa?
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 25.artículo 3 de la Decisión (UE) 2023/2061.
5. De acuerdo con la Decisión (UE) 2023/2061, ¿cuántos representantes corresponden a España en el Parlamento Europeo durante la legislatura 2024-2029?
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 26.artículo 243 TFUE.
6. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿quién fija los sueldos de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta de reserva 4.artículo 234 TFUE.
7. El Parlamento Europeo puede aprobar una moción de censura contra la Comisión:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 18.artículo 285 TFUE.
8. De acuerdo con el artículo 285 TFUE, el Tribunal de Cuentas Europeo está compuesto por:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 17.Acta electoral europea de 1976 y primeras elecciones directas de 1979.
9. ¿Desde cuándo se elige a los diputados del Parlamento Europeo por sufragio universal directo?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 18.artículo 128.1 TFUE.
10. De conformidad con el artículo 128 TFUE, tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de la zona euro:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 31.Protocolo número 6 sobre la fijación de las sedes de las instituciones.
11. ¿Dónde tiene su sede el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
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Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente
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