Bloque 2 · Unión Europea
Explicación del Tema 17 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Políticas de la Unión Europea: mercado, economía, seguridad, competencia, agricultura y pesca
17.1
Un mapa de competencias antes de estudiar las políticas
La atribución determina quién puede actuar
La Unión no posee una competencia general para regular cualquier cuestión de interés europeo. Conforme al principio de atribución, actúa dentro de los límites que los Estados le han conferido en los Tratados. Las competencias no atribuidas permanecen en los Estados.
Este punto de partida explica por qué las políticas del tema utilizan instituciones y procedimientos distintos. El mercado interior es una competencia compartida; la política monetaria para los Estados del euro es exclusiva; las políticas económicas nacionales se coordinan; y la PESC se somete a disposiciones especiales del TUE.
| Política o elemento | Tipo de competencia o régimen | Consecuencia principal |
|---|---|---|
| Unión aduanera | Exclusiva | Solo la Unión legisla, salvo habilitación o ejecución estatal. |
| Mercado interior | Compartida | Los Estados actúan en la medida en que la Unión no haya ejercido su competencia. |
| Reglas de competencia necesarias para el mercado | Exclusiva | La Unión define el marco común de defensa de la competencia. |
| Coordinación de políticas económicas | Competencia de coordinación | Los Estados conservan sus políticas dentro de reglas y orientaciones comunes. |
| Política monetaria de la zona euro | Exclusiva | El Eurosistema define y ejecuta la política monetaria. |
| PESC | Régimen específico | Decisiones principalmente intergubernamentales y funciones limitadas de ciertas instituciones. |
| Espacio de libertad, seguridad y justicia | Compartida | Legislación europea y ejecución/cooperación nacional. |
| Agricultura y pesca | Compartida | La Unión ha desarrollado una regulación común extensa. |
| Conservación de recursos biológicos marinos | Exclusiva | Las medidas estatales requieren encaje en el marco europeo. |
En una competencia compartida, los Estados ejercen la suya en la medida en que la Unión no haya ejercido la propia o haya decidido dejar de ejercerla. Esto no significa que toda la materia quede ocupada para siempre por el solo hecho de existir una norma europea: el alcance depende de lo regulado.
Subsidiariedad y proporcionalidad rigen el ejercicio de las competencias no exclusivas. La primera pregunta si el objetivo se alcanza mejor a escala de la Unión; la segunda limita el contenido y la forma de la acción a lo necesario. En las competencias exclusivas no se aplica subsidiariedad en el mismo sentido, aunque sí proporcionalidad.
17.2
El mercado interior
Un espacio sin fronteras interiores
El artículo 26 TFUE define el mercado interior como un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada conforme a los Tratados. No es únicamente una zona de libre comercio: combina eliminación de barreras, unión aduanera, aproximación de legislaciones, reglas de competencia y políticas de acompañamiento.
La desaparición de obstáculos jurídicos no exige uniformidad absoluta. En algunas materias la Unión armoniza las normas nacionales; en otras opera el reconocimiento mutuo, conforme al cual un producto o actividad legalmente admitido en un Estado debe, como punto de partida, poder acceder a los demás, salvo restricción justificada.
Libre circulación de mercancías
La unión aduanera prohíbe entre Estados miembros derechos de aduana de importación y exportación y exacciones de efecto equivalente, y establece un arancel aduanero común frente a terceros países. Junto a ella, los artículos 34 y 35 prohíben restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente.
Una medida nacional puede obstaculizar el comercio aunque no discrimine expresamente por origen. El Tribunal de Justicia ha desarrollado el principio de reconocimiento mutuo y admite determinadas exigencias imperativas, siempre que la medida sea adecuada, necesaria y no discriminatoria. El artículo 36 permite prohibiciones o restricciones por motivos como moralidad pública, orden y seguridad públicos, protección de salud y vida, patrimonio nacional o propiedad industrial y comercial, pero no discriminaciones arbitrarias ni restricciones encubiertas.
Los tributos internos discriminatorios se examinan con reglas distintas de los derechos aduaneros. La clave es identificar si el Estado cobra por cruzar frontera o aplica un sistema fiscal interno a productos nacionales e importados.
Libre circulación de trabajadores y establecimiento
La libre circulación de trabajadores prohíbe la discriminación por nacionalidad en empleo, retribución y demás condiciones. Comprende responder a ofertas efectivas, desplazarse, residir para trabajar y permanecer después del empleo en las condiciones reglamentarias.
El artículo 45 excluye los empleos en la Administración pública en el sentido restrictivo del Derecho de la Unión: puestos que implican participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y protección de intereses generales. No autoriza a excluir globalmente todo empleo público.
La libertad de establecimiento permite a nacionales y sociedades ejercer de manera estable una actividad económica en otro Estado. Abarca acceso a actividades por cuenta propia y creación y gestión de empresas. Se diferencia de los servicios por la estabilidad de la implantación.
Ciudadanía y libre circulación general de personas
La circulación de personas no se limita a quienes trabajan. El artículo 21 TFUE reconoce a todo ciudadano de la Unión el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en sus normas de desarrollo. La Directiva 2004/38 ordena este régimen y contempla también derechos derivados para determinados miembros de la familia.
La duración y la situación de la residencia influyen en sus requisitos. Una estancia breve no se somete a las mismas condiciones que una residencia superior a tres meses, y la residencia permanente se adquiere cuando se cumplen los presupuestos legales. Las restricciones por orden público, seguridad o salud pública deben interpretarse de forma estricta y respetar la proporcionalidad y las garantías procedimentales.
La ciudadanía y la libre circulación de trabajadores se solapan, pero no son equivalentes. Quien se desplaza para aceptar un empleo disfruta de la protección específica del artículo 45; quien se traslada por estudios, recursos propios o vínculo familiar puede ampararse en la ciudadanía y su normativa de desarrollo. Identificar el estatuto aplicable permite determinar las condiciones y derechos concretos.
Servicios y capitales
La libre prestación de servicios protege actividades normalmente remuneradas realizadas de forma temporal y transfronteriza cuando no se aplican las reglas de mercancías, capitales o personas. Puede desplazarse el prestador, el destinatario o el propio servicio.
La diferencia con el establecimiento depende de la estabilidad, la continuidad y la integración en la economía del Estado de destino, no solo de la duración material de una actuación. Una empresa que abre de forma estable una oficina profesional en otro Estado ejerce la libertad de establecimiento; un profesional que se desplaza temporalmente para realizar allí un encargo, sin instalarse de manera permanente, presta un servicio transfronterizo.
La libre circulación de capitales prohíbe restricciones entre Estados miembros y, con particularidades, entre estos y terceros países. Se proyecta sobre inversiones, valores, créditos y movimientos financieros. Los Estados conservan ciertas facultades fiscales, prudenciales y de control, pero no pueden utilizarlas para discriminaciones arbitrarias.
Por ejemplo, la adquisición de una participación empresarial o de un inmueble en otro Estado puede constituir un movimiento de capital. Una medida nacional que dificulte esa inversión por razón del origen del inversor debe someterse al régimen de justificación aplicable y al juicio de proporcionalidad.
Armonización y límites
El artículo 114 permite aproximar disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. La armonización puede fijar requisitos comunes de seguridad, consumo, medio ambiente o datos. No convierte el mercado en un objetivo que desplace cualquier protección pública: el propio Tratado exige un nivel elevado de protección en ámbitos relevantes.
Una restricción debe examinarse en tres pasos: si afecta a una libertad; si existe una justificación admitida; y si respeta proporcionalidad. El hecho de perseguir salud, seguridad o consumidores no basta si la medida excede lo necesario o discrimina.
El mercado interior no elimina la capacidad reguladora de los Estados, pero obliga a ejercerla sin fragmentar injustificadamente el espacio común. Mercancías, trabajadores, ciudadanía, establecimiento, servicios y capitales siguen regímenes propios; la pregunta común es si la medida nacional dificulta la circulación y, en tal caso, si puede justificarse de manera proporcionada.
17.3
Política económica y monetaria
Una unión con dos planos
La unión económica y monetaria combina dos lógicas. Las políticas económicas siguen siendo principalmente nacionales, pero se coordinan dentro de la Unión. La política monetaria de los Estados cuya moneda es el euro es única y corresponde al Sistema Europeo de Bancos Centrales y, operativamente, al Eurosistema.
Esta asimetría explica por qué no existe un “ministerio europeo de economía” equivalente al BCE. Los Estados deciden presupuestos, impuestos y muchas reformas, pero deben respetar coordinación, vigilancia presupuestaria y reglas comunes.
Coordinación de políticas económicas
Los Estados consideran sus políticas económicas una cuestión de interés común y las coordinan en el Consejo. Este adopta orientaciones generales a partir de una recomendación de la Comisión y el Consejo Europeo debate conclusiones. Existe supervisión multilateral de la evolución económica y del cumplimiento de orientaciones.
El marco incluye el Semestre Europeo, que ordena la coordinación anual de políticas presupuestarias, económicas, laborales y sociales. La Comisión analiza planes y desequilibrios, formula propuestas y el Consejo adopta recomendaciones. Estas no sustituyen por sí mismas el presupuesto nacional, pero integran un sistema de prevención, corrección y responsabilidad institucional.
La gobernanza económica fue reformada en 2024. Su pieza preventiva central es el plan fiscal-estructural nacional a medio plazo, que integra la senda presupuestaria, las reformas y las inversiones durante cuatro o cinco años, según la duración de la legislatura nacional. El Consejo aprueba una senda de gasto neto a partir de la evaluación de la Comisión y se realiza seguimiento mediante informes anuales de situación.
Cuando la deuda supera el 60 % del PIB o el déficit el 3 %, la Comisión transmite una trayectoria de referencia del gasto neto basada en riesgos y específica para el Estado. El periodo de ajuste es normalmente de cuatro años y puede ampliarse hasta siete si existe un conjunto relevante de reformas e inversiones que cumpla las condiciones normativas. Las desviaciones se registran en una cuenta de control y existen cláusulas de salvaguardia para circunstancias excepcionales.
La lógica del sistema puede reconstruirse sin reducirla a esos porcentajes. El Estado presenta una estrategia fiscal, de reformas e inversiones a medio plazo; la Comisión evalúa su coherencia con la sostenibilidad de la deuda; el Consejo fija la senda de gasto neto; y los informes anuales permiten comprobar si se está cumpliendo. La trayectoria de referencia orienta la elaboración del plan y la cuenta de control registra las desviaciones acumuladas, pero ninguna de las dos sustituye a las decisiones formales que deben adoptar las instituciones.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento desarrolla la disciplina presupuestaria y el procedimiento por déficit excesivo. El artículo 126 exige evitar déficits excesivos y mantiene los valores de referencia de déficit y deuda del protocolo. La aplicación no consiste en un automatismo puramente numérico: examina sostenibilidad, senda de gasto, factores pertinentes y decisiones institucionales dentro del marco reformado.
El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de 2012 es un tratado intergubernamental celebrado fuera del Derecho originario de la Unión por sus Estados firmantes. Refuerza compromisos fiscales y no debe confundirse con el TUE o el TFUE.
SEBC, Eurosistema y BCE
El SEBC está compuesto por el BCE y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros. El Eurosistema reúne al BCE y los bancos centrales de los Estados cuya moneda es el euro. Mientras no todos adopten la moneda, ambos conceptos no coinciden.
El objetivo principal es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de él, el SEBC apoya las políticas económicas generales de la Unión. Sus funciones básicas incluyen definir y ejecutar la política monetaria, realizar operaciones de cambio, poseer y gestionar reservas oficiales y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
El BCE y los bancos centrales nacionales deben ser independientes: no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de instituciones europeas, gobiernos u otros organismos. La independencia protege decisiones monetarias frente a presiones coyunturales, pero se acompaña de transparencia y rendición de cuentas ante el Parlamento.
El Consejo de Gobierno del BCE formula la política monetaria de la zona euro. El Comité Ejecutivo aplica las decisiones y gestiona el funcionamiento ordinario. El Consejo General cumple funciones transitorias mientras existan Estados con excepción.
Instrumentos de política monetaria
El Eurosistema ejecuta sus decisiones mediante operaciones de mercado abierto, operaciones de crédito con garantías adecuadas, facilidades permanentes y reservas mínimas, entre otros instrumentos previstos en su marco jurídico. Con ellos influye sobre la liquidez, las condiciones de financiación y la transmisión de la política monetaria a la economía.
Los tipos oficiales y el diseño concreto de las operaciones pueden cambiar según la situación económica. Lo estructural es la distribución de funciones: el Consejo de Gobierno decide la orientación monetaria, el Comité Ejecutivo aplica sus decisiones y los bancos centrales nacionales participan en la ejecución descentralizada dentro del Eurosistema. Una explicación jurídica debe dominar esa arquitectura sin convertir un dato coyuntural —como el tipo vigente en una fecha— en contenido permanente.
Billetes, monedas y estabilidad
El BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros. Pueden emitirlos el BCE y los bancos centrales nacionales de la zona euro, y el artículo 128 TFUE atribuye a esos billetes la condición de billetes de curso legal. Esta regla se refiere al sistema del euro: no significa que los Estados miembros que todavía no han adoptado la moneda única carezcan de su propia moneda de curso legal. Las monedas en euros pueden emitirlas los Estados de la zona euro, sujeto su volumen a la aprobación del BCE y a las medidas de armonización adoptadas por el Consejo.
La formulación distingue autorización y emisión. Es incorrecto afirmar que solo el BCE imprime o pone materialmente en circulación todos los billetes, y también lo es atribuir a cada banco central libertad para decidir su volumen.
La unión económica y monetaria combina así coordinación y centralización en grados diferentes. Los Estados conservan sus políticas económicas y presupuestarias dentro de un marco común de supervisión; la política monetaria de la zona euro, en cambio, se define y ejecuta de forma unitaria por el Eurosistema. Confundir ambos planos conduce a atribuir al BCE decisiones presupuestarias nacionales o al Consejo funciones monetarias que no le corresponden.
17.4
Política exterior y de seguridad común
Parte de la acción exterior con reglas propias
La acción exterior de la Unión incluye política comercial, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, acuerdos internacionales y PESC. Todas deben respetar los principios del artículo 21 TUE: democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, dignidad, igualdad, solidaridad y Derecho internacional, entre otros.
La PESC cubre todos los ámbitos de política exterior y todas las cuestiones relativas a la seguridad, incluida la definición progresiva de una política común de defensa. Sin embargo, no sigue el método legislativo ordinario. El TUE excluye la adopción de actos legislativos en PESC y atribuye funciones dominantes al Consejo Europeo y al Consejo.
Instituciones y decisiones
El Consejo Europeo determina intereses estratégicos y objetivos y define orientaciones generales. El Consejo elabora la política y adopta las decisiones necesarias. Como regla, ambos se pronuncian por unanimidad, aunque el Tratado prevé casos de mayoría cualificada. Una abstención no impide por sí sola la unanimidad; la abstención constructiva permite a un Estado acompañarla de una declaración y no quedar obligado a aplicar la decisión, aunque acepte que vincula a la Unión.
El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad dirige la PESC, contribuye con propuestas y ejecuta las decisiones como mandatario del Consejo. Preside el Consejo de Asuntos Exteriores, es vicepresidente de la Comisión y se apoya en el Servicio Europeo de Acción Exterior.
El Parlamento Europeo es consultado e informado y debate la política, pero no actúa como colegislador en PESC. La Comisión no posee el monopolio general de iniciativa propio de otras políticas. El TJUE carece, como regla, de competencia, salvo para controlar la delimitación entre PESC y otras competencias y la legalidad de determinadas medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas.
Instrumentos y medidas restrictivas
La Unión adopta decisiones que definen acciones, posiciones y modalidades de ejecución. Puede nombrar representantes especiales y celebrar acuerdos. Las sanciones internacionales o medidas restrictivas suelen exigir una decisión PESC y, cuando afectan a relaciones económicas o a personas, un reglamento basado en el TFUE que garantice aplicación uniforme.
Esta doble base explica que una misma política pueda producir una decisión intergubernamental y un reglamento directamente aplicable. Deben respetarse garantías, motivación y tutela judicial, especialmente cuando se congelan fondos o se incluyen personas en listas.
Política común de seguridad y defensa
La PCSD forma parte de la PESC y proporciona capacidad operativa basada en medios civiles y militares aportados por los Estados. Permite misiones de mantenimiento de la paz, prevención de conflictos, gestión de crisis, asesoramiento, desarme y estabilización.
La defensa común solo se establecerá si el Consejo Europeo lo decide por unanimidad y los Estados adoptan la decisión conforme a sus normas constitucionales. La cláusula de asistencia mutua obliga a prestar ayuda a un Estado víctima de agresión armada, sin perjudicar la política de seguridad de determinados Estados ni los compromisos de la OTAN.
La PESC se distingue, por tanto, de las políticas exteriores sometidas al funcionamiento ordinario de la Unión. Su dirección corresponde principalmente a los Estados reunidos en el Consejo Europeo y el Consejo, carece de actos legislativos y utiliza medios civiles y militares que dependen en gran medida de las aportaciones nacionales. Sin embargo, sus decisiones pueden necesitar instrumentos de otras políticas —como un reglamento económico para aplicar sanciones—, lo que obliga a coordinar bases jurídicas y garantías.
17.5
Espacio de libertad, seguridad y justicia
Libertad de circulación acompañada de medidas comunes
La Unión ofrece un espacio sin fronteras interiores en el que se garantiza la libre circulación de personas junto con medidas sobre fronteras exteriores, asilo, inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia. No son objetivos contradictorios: la supresión de controles interiores exige cooperación y confianza en la gestión exterior y en las decisiones judiciales.
El espacio es competencia compartida. Parlamento y Consejo adoptan gran parte de su legislación mediante procedimiento ordinario, aunque subsisten bases especiales, unanimidad o iniciativa particular en determinados ámbitos. Los Parlamentos nacionales participan en el control de subsidiariedad y en la evaluación política de Europol y Eurojust en los términos previstos.
Schengen y fronteras
El acervo de Schengen suprime controles de personas en las fronteras interiores entre Estados participantes y establece reglas comunes para fronteras exteriores, visados y cooperación. No todos los miembros de la Unión participan de idéntica manera y existen Estados asociados no miembros de la UE.
La ausencia de control interior no borra la frontera jurídica ni impide restablecer temporalmente controles en las condiciones previstas. Tampoco atribuye a la Unión la delimitación geográfica de las fronteras estatales: esta corresponde a los Estados conforme al Derecho internacional.
La política común de fronteras exteriores busca controles eficaces, vigilancia y gestión integrada, respetando derechos fundamentales y protección internacional. Frontex apoya y coordina, pero no sustituye toda responsabilidad nacional.
Asilo e inmigración
La política común de asilo debe respetar la Convención de Ginebra y el principio de no devolución. Regula criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable, condiciones de acogida, procedimientos, protección y solidaridad entre Estados.
El Pacto sobre Migración y Asilo, adoptado en 2024, comenzó a aplicarse en conjunto el 12 de junio de 2026. Sus actos establecen procedimientos más comunes en frontera y asilo, gestión de situaciones de crisis, control previo de nacionales de terceros países y un mecanismo de solidaridad. La responsabilidad de examinar solicitudes y la solidaridad entre Estados se conciben como partes del mismo sistema, sin eliminar el examen individual ni las garantías de derechos fundamentales.
La política común de inmigración persigue gestionar flujos, garantizar trato equitativo a nacionales de terceros países en situación regular y prevenir inmigración irregular y trata. La Unión regula condiciones de entrada y residencia en ámbitos atribuidos, mientras los Estados conservan, entre otras facultades, la de determinar volúmenes de admisión de nacionales de terceros países que llegan para buscar trabajo por cuenta ajena o propia.
Cooperación judicial y policial
En materia civil, la Unión facilita reconocimiento mutuo de resoluciones, notificación, obtención de pruebas, acceso a justicia y compatibilidad de normas de conflicto. Las medidas sobre Derecho de familia con repercusión transfronteriza siguen un procedimiento especial, con posibilidades de pasarela y control nacional.
La cooperación penal se basa en reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones y puede establecer normas mínimas sobre procedimientos, derechos y delitos especialmente graves de dimensión transfronteriza. Eurojust coordina investigaciones y actuaciones; la Fiscalía Europea investiga y ejerce la acción penal respecto de delitos que afectan a intereses financieros de la Unión dentro de su ámbito.
El reconocimiento mutuo permite que una resolución adoptada en un Estado produzca efectos o sea ejecutada en otro sin repetir íntegramente el procedimiento de origen, siempre dentro de las condiciones y causas de denegación previstas. En materia civil facilita, por ejemplo, la circulación de resoluciones judiciales; en materia penal sustenta instrumentos como la orden europea de detención y entrega. Este principio se apoya en la confianza mutua, pero no elimina el control de los derechos fundamentales ni las garantías establecidas por cada instrumento.
Europol apoya la cooperación policial, análisis e intercambio de información. Sus actuaciones operativas deben realizarse en conexión y de acuerdo con las autoridades del Estado afectado; no posee una potestad policial general autónoma sobre el territorio europeo.
El espacio de libertad, seguridad y justicia acompaña la movilidad interior con responsabilidad compartida. Schengen facilita la circulación; la política de fronteras, asilo e inmigración ordena la dimensión exterior; y el reconocimiento mutuo permite que las decisiones judiciales circulen. Frontex, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea prestan apoyo o ejercen las competencias que sus normas les atribuyen, pero no sustituyen de forma general a las autoridades nacionales.
17.6
Defensa de la competencia
Competencia como condición del mercado
Un mercado sin aduanas puede seguir fragmentado si empresas privadas reparten territorios, una dominante excluye rivales o los Estados favorecen selectivamente a operadores. Por eso las reglas de competencia necesarias para el mercado interior son competencia exclusiva de la Unión.
La Comisión investiga y decide en el ámbito europeo, bajo control de los tribunales de la Unión. Las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales aplican también los artículos 101 y 102 cuando la conducta puede afectar al comercio entre Estados. La Red Europea de Competencia coordina esa aplicación descentralizada.
Acuerdos restrictivos: artículo 101
Se prohíben acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia. Carteles de precios, reparto de mercados o limitación de producción son ejemplos característicos.
Los acuerdos prohibidos son nulos de pleno derecho. No obstante, el apartado 3 permite declarar aplicable una exención cuando contribuyen a mejorar producción o distribución o a fomentar progreso técnico o económico, reservan a consumidores una participación equitativa, imponen solo restricciones indispensables y no eliminan la competencia respecto de una parte sustancial.
No toda cooperación es ilícita. Debe existir empresa en sentido funcional —una entidad que realiza actividad económica—, acuerdo o coordinación, restricción y dimensión europea. La calificación no depende de la forma societaria ni del carácter público o privado de la entidad.
Abuso de posición dominante: artículo 102
La posición dominante no está prohibida por sí sola. Se prohíbe su explotación abusiva cuando puede afectar al comercio entre Estados. El dominio supone poder económico para actuar en medida apreciable con independencia de competidores, clientes y consumidores dentro de un mercado relevante.
Puede haber abuso mediante precios injustos, limitación de producción, discriminación, ventas vinculadas, precios predatorios o exclusión. La conducta debe analizarse en contexto; una práctica normal para una empresa sin poder de mercado puede ser abusiva si una dominante utiliza su posición para cerrar el acceso.
Concentraciones
El control de concentraciones es preventivo. Fusiones, adquisiciones de control y determinadas empresas en participación con dimensión europea deben notificarse antes de ejecutarse. La Comisión examina si obstaculizan significativamente la competencia efectiva, en particular por crear o reforzar una posición dominante.
Este control se diferencia de los artículos 101 y 102: no sanciona necesariamente una conducta pasada, sino que valora el cambio estructural futuro. Una concentración puede autorizarse, condicionarse a compromisos o declararse incompatible.
Empresas públicas y servicios de interés económico general
Los Estados no pueden adoptar respecto de empresas públicas o con derechos especiales medidas contrarias a los Tratados. Las empresas encargadas de servicios de interés económico general se someten a las reglas de competencia en la medida en que su aplicación no impida de hecho o de Derecho la misión particular confiada, siempre que el comercio no resulte afectado contra el interés de la Unión.
La excepción no convierte cualquier servicio público en inmune. Debe existir una misión claramente encomendada y la restricción ha de ser necesaria y proporcionada.
Ayudas de Estado
El artículo 107 declara incompatibles, en principio, las ayudas otorgadas por un Estado o mediante fondos estatales que favorezcan selectivamente a empresas o producciones, falseen o amenacen falsear la competencia y afecten al comercio entre Estados.
Los elementos son acumulativos: recursos estatales e imputabilidad, ventaja económica, selectividad, efecto sobre competencia y comercio. Una medida general aplicable a todas las empresas en condiciones comparables puede no ser selectiva; una compensación correctamente diseñada por un servicio público puede no constituir ventaja en las condiciones jurisprudenciales.
Algunas ayudas son compatibles por mandato del Tratado y otras pueden ser declaradas compatibles por la Comisión. Como regla, los Estados deben notificarlas y no ejecutarlas antes de autorización. Los reglamentos de exención permiten aplicar categorías que cumplen condiciones sin decisión individual previa, pero mantienen obligaciones de transparencia y control.
| Regla | Objeto | Momento característico |
|---|---|---|
| Artículo 101 | Coordinación restrictiva entre empresas | Conducta o acuerdo. |
| Artículo 102 | Abuso unilateral de empresa dominante | Conducta de una dominante. |
| Control de concentraciones | Cambio de control o estructura | Antes de ejecutar la operación. |
| Ayudas de Estado | Ventaja selectiva mediante recursos públicos | Antes de ejecutar, salvo exención aplicable. |
Las cuatro reglas protegen el mercado desde perspectivas distintas. Los artículos 101 y 102 reaccionan frente a conductas empresariales; el control de concentraciones examina preventivamente cambios estructurales; y las ayudas de Estado controlan ventajas selectivas imputables a los poderes públicos. Una misma operación puede exigir varios análisis, pero cada régimen conserva sus propios requisitos y procedimiento.
17.7
Política agrícola común
Objetivos del Tratado
La PAC pretende incrementar productividad, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar mercados, garantizar seguridad de abastecimientos y asegurar precios razonables a consumidores. Estos objetivos deben conciliarse entre sí y con exigencias actuales de medio ambiente, clima, bienestar animal, relevo generacional y territorio.
Agricultura incluye los productos de la tierra, ganadería y pesca y los productos de primera transformación directamente relacionados. No obstante, la pesca dispone de una política común diferenciada.
Mercado común y organización de mercados
El TFUE prevé una organización común de mercados agrícolas que puede adoptar distintas formas, desde reglas comunes de competencia hasta una organización europea. En la actualidad, la OCM única regula mercados, intervenciones, comercialización, organizaciones de productores y medidas excepcionales.
Las reglas generales de competencia se aplican a agricultura en la medida determinada por Parlamento y Consejo, teniendo en cuenta los objetivos de la PAC. No existe una exclusión total de agricultores y organizaciones; las excepciones deben interpretarse conforme a su normativa específica.
PAC 2023-2027 y planes estratégicos
Desde 2023, cada Estado aplica un plan estratégico de la PAC aprobado por la Comisión. El plan parte de necesidades, fija una estrategia, objetivos, intervenciones, metas e indicadores. La Unión establece objetivos y requisitos comunes, mientras los Estados concretan instrumentos dentro de ese marco.
La PAC se financia mediante:
- FEAGA, que sostiene pagos directos, medidas de mercado y determinadas intervenciones;
- FEADER, que financia intervenciones de desarrollo rural.
Los pagos directos apoyan renta y pueden vincularse a condiciones, prácticas ambientales, sectores o perfiles de beneficiario. Los ecorregímenes remuneran prácticas beneficiosas para clima, medio ambiente y bienestar animal en los términos del plan. El desarrollo rural financia inversiones, compromisos ambientales, jóvenes, cooperación, conocimiento y territorio.
Condicionalidad y rendimiento
Los beneficiarios sujetos a condicionalidad deben cumplir requisitos legales de gestión y buenas condiciones agrarias y medioambientales. El incumplimiento puede reducir ayudas, sin perjuicio de otras consecuencias. La condicionalidad social conecta determinados pagos con obligaciones laborales aplicables.
El modelo presta atención a resultados mediante indicadores, informes y revisión del rendimiento. Esto no elimina controles sobre legalidad y gasto: añade una pregunta sobre lo conseguido con la ayuda.
La normativa ha sido modificada durante el periodo 2023-2027. Para estudiar detalles variables —condiciones, porcentajes o excepciones— debe emplearse el texto consolidado vigente, no un manual anterior al comienzo del plan.
La PAC combina, por tanto, regulación de mercados, apoyo a la renta, desarrollo rural y exigencias ambientales y sociales. El plan estratégico nacional adapta los instrumentos comunes a las necesidades detectadas, pero no convierte la política en puramente estatal: objetivos, financiación, controles y condiciones siguen procediendo del marco europeo.
17.8
Política pesquera común
Un recurso móvil que exige reglas comunes
Los peces no respetan fronteras marítimas y muchas poblaciones se desplazan entre aguas. Una explotación sostenible requiere decisiones coordinadas sobre acceso, esfuerzo y capturas. Por eso la conservación de recursos biológicos marinos bajo la PPC es competencia exclusiva de la Unión.
La política persigue que pesca y acuicultura sean ambientalmente sostenibles y generen beneficios económicos y sociales. Debe aplicar un enfoque precautorio y restablecer y mantener poblaciones por encima de niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible.
Conservación y explotación
La Unión adopta planes plurianuales, totales admisibles de capturas, cuotas, limitaciones de esfuerzo, medidas técnicas, tallas, vedas y obligaciones de desembarque. El Consejo fija anualmente posibilidades de pesca a propuesta de la Comisión en los términos de los Tratados.
La estabilidad relativa distribuye posibilidades entre Estados según claves históricas, pero no otorga propiedad privada sobre el recurso. Cada Estado gestiona sus cuotas y controla su flota dentro del marco europeo.
El acceso a aguas y recursos se somete a igualdad y excepciones reguladas, como las zonas costeras reservadas en determinados términos. La dimensión exterior se articula mediante acuerdos con terceros países y participación en organizaciones regionales de pesca.
Mercados, acuicultura, control y financiación
La organización común de mercados pesqueros regula organizaciones de productores, normas comerciales e información al consumidor. La acuicultura se coordina mediante orientaciones y planes, respetando competencias ambientales, territoriales y sanitarias.
El control corresponde en gran medida a los Estados, coordinados y supervisados por la Comisión y con apoyo de la Agencia Europea de Control de la Pesca. Incluye licencias, declaraciones, trazabilidad, inspecciones y sanciones efectivas.
El FEMPA financia pesca y acuicultura sostenibles, biodiversidad y ecosistemas acuáticos, economía azul y gobernanza internacional de océanos. No compra el derecho a incumplir reglas de conservación: las operaciones deben respetar condiciones y exclusiones.
La PPC integra conservación, explotación, mercado, dimensión exterior, control y financiación. La conservación marina ocupa el núcleo exclusivo porque las poblaciones y los ecosistemas no pueden gestionarse eficazmente mediante decisiones nacionales aisladas; la ejecución, la vigilancia de las flotas y buena parte de las sanciones siguen requiriendo la actuación de los Estados dentro del marco común.
17.9
Relación entre las políticas
Las políticas no funcionan como compartimentos aislados. Una norma alimentaria puede facilitar mercado interior, proteger consumidores y afectar a la PAC. Una ayuda nacional a una explotación debe respetar reglas agrícolas y ayudas de Estado. Un acuerdo pesquero es acción exterior y PPC. Una sanción económica combina PESC y regulación del mercado.
La coherencia se garantiza mediante bases jurídicas, procedimientos y principios horizontales: protección ambiental, igualdad, consumidores, derechos fundamentales y desarrollo sostenible. Cuando una medida persigue varios fines, debe determinarse cuál es principal y si las bases jurídicas y procedimientos son compatibles.
Cómo interactúan en situaciones concretas
Una norma nacional que prohíbe vender un producto procedente de otro Estado por razones sanitarias afecta al mercado interior. Para valorarla debe comprobarse primero si la materia está armonizada por la Unión. Si no lo está completamente, se examina si la restricción responde a una razón admitida, se aplica sin discriminación y no va más allá de lo necesario. La protección de la salud no desaparece, pero debe ejercerse de forma compatible con la libre circulación.
Una ayuda pública a una explotación agraria puede estar prevista por un instrumento de la PAC y, al mismo tiempo, quedar sometida a las reglas específicas sobre ayudas estatales del sector. Que la medida persiga un objetivo agrícola no excluye el análisis de su base jurídica, financiación, selectividad y compatibilidad. Debe comprobarse qué régimen especial resulta aplicable y si exige notificación, encaja en una exención o forma parte del plan aprobado.
Una medida restrictiva frente a personas o entidades de un tercer Estado muestra la conexión entre PESC y mercado interior. El Consejo puede adoptar la decisión política en el marco de la PESC y, cuando sea necesario congelar fondos o imponer prohibiciones económicas uniformes, se aprueba además un reglamento basado en el TFUE. Las garantías de motivación y tutela judicial se proyectan sobre ambos niveles.
Una limitación de capturas combina conservación, ejecución nacional y mercado. La Unión fija las posibilidades y las reglas de conservación; el Estado distribuye y controla sus cuotas dentro de ese marco; los operadores cumplen obligaciones de desembarque, trazabilidad y comercialización; y el FEMPA solo puede financiar operaciones compatibles con esas exigencias. La política común no elimina la ejecución estatal, sino que la ordena.
La siguiente secuencia ayuda a analizar cualquier supuesto:
- identificar la política material;
- localizar la competencia atribuida;
- determinar institución y procedimiento;
- comprobar el instrumento jurídico;
- aplicar libertades, derechos y principios horizontales;
- verificar ejecución y control.
17.10
Criterios para identificar la competencia, la institución y el instrumento
Determinar el tipo de competencia
Son exclusivas la unión aduanera, reglas de competencia necesarias para el mercado, política monetaria de la zona euro y conservación marina en la PPC. Son compartidos mercado interior, espacio de libertad, seguridad y justicia y agricultura y pesca salvo esa conservación.
Relacionar cada institución con su función
El BCE autoriza la emisión de billetes y el Eurosistema ejecuta la política monetaria. El Consejo Europeo y el Consejo ocupan una posición central en la PESC. La Comisión aplica las reglas de competencia y controla las ayudas y concentraciones. El Parlamento y el Consejo legislan por el procedimiento ordinario en gran parte de las materias relativas al mercado interior y al espacio de libertad, seguridad y justicia.
Analizar una libertad y sus posibles límites
Ante una medida nacional, primero se identifica la libertad afectada; después, si existe discriminación u obstáculo; por último, la justificación y proporcionalidad. Una finalidad legítima no salva una medida innecesaria.
Distinciones esenciales
| No deben confundirse | Diferencia |
|---|---|
| Unión aduanera y mercado interior | Competencia exclusiva y espacio económico más amplio de competencia compartida. |
| Trabajador y establecimiento | Actividad por cuenta ajena y actividad estable por cuenta propia. |
| Servicios y establecimiento | Prestación temporal e implantación estable. |
| Política económica y monetaria | Coordinación nacional y competencia única para la zona euro. |
| SEBC y Eurosistema | Todos los bancos centrales de la UE y solo los de la zona euro. |
| Autorización y emisión de billetes | Derecho exclusivo del BCE y emisión por BCE y bancos centrales nacionales. |
| Acción exterior y PESC | Conjunto de políticas externas y ámbito de reglas especiales. |
| Frontera interior y territorio | Supresión de controles y persistencia de límites estatales. |
| Acuerdo restrictivo y abuso | Coordinación entre empresas y conducta unilateral de una dominante. |
| Ayuda estatal y gasto público | Ventaja selectiva que reúne requisitos y cualquier utilización de fondos. |
| FEAGA y FEADER | Pagos/mercados y desarrollo rural. |
| Pesca compartida y conservación marina | Política general compartida y núcleo conservacionista exclusivo. |
17.11
Síntesis del tema
Las políticas de la Unión reflejan diferentes grados de integración. El mercado interior garantiza las libertades de circulación y combina eliminación de obstáculos, reconocimiento mutuo, armonización y competencia. La ciudadanía amplía la movilidad más allá del trabajo, dentro de las condiciones establecidas por el Derecho de la Unión. Las economías nacionales se coordinan, mientras la política monetaria de la zona euro corresponde al Eurosistema, que utiliza sus propios instrumentos con el objetivo principal de mantener la estabilidad de precios.
La PESC conserva un método predominantemente intergubernamental: el Consejo Europeo y el Consejo fijan la política, la unanimidad sigue siendo la regla general y el Alto Representante contribuye a su dirección y ejecución. El espacio de libertad, seguridad y justicia acompaña la movilidad con fronteras exteriores, asilo, inmigración y cooperación judicial y policial; el reconocimiento mutuo permite que determinadas resoluciones circulen entre Estados sin repetir íntegramente el procedimiento de origen.
La defensa de la competencia protege el mercado frente a acuerdos restrictivos, abusos, concentraciones perjudiciales y ayudas selectivas incompatibles. Su aplicación combina Comisión, autoridades nacionales y control judicial.
La PAC se ejecuta en 2023-2027 mediante planes estratégicos financiados por FEAGA y FEADER, con ayudas, intervenciones de mercado, desarrollo rural, condicionalidad y orientación a resultados. La PPC regula conservación, capturas, mercados, control y financiación; dentro de ella, la conservación de recursos biológicos marinos es competencia exclusiva.
El análisis no debe detenerse en el nombre de cada política. Debe relacionarla con la competencia atribuida a la Unión, la institución que decide, el procedimiento aplicable, los instrumentos disponibles y sus controles. Las políticas tampoco actúan de forma aislada: una ayuda agraria, una sanción internacional o una limitación pesquera pueden exigir aplicar simultáneamente varios regímenes. Esa conexión permite comprender su funcionamiento y distinguir con fundamento instituciones o reglas que pueden parecer próximas.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema
Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan juntas, con todas sus opciones, respuesta correcta, referencia normativa y convocatoria.
0 de 7 respondidas
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 28.artículo 3.1 TFUE.
1. De acuerdo con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes es una competencia exclusiva de la Unión Europea:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 30.Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de 2 de marzo de 2012. La pregunta se refiere a su firma originaria.
2. Indique cuál de los siguientes países NO firmó el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 31.artículo 45.3 TFUE.
3. De acuerdo con el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la libre circulación de trabajadores NO se refiere al siguiente derecho:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 18.artículo 128.1 TFUE.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de la zona euro:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 23.artículo 77.4 TFUE.
5. De acuerdo con la regulación comunitaria relativa al espacio de seguridad, libertad y justicia, la delimitación geográfica de las fronteras es competencia:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 22.artículo 3.1 TFUE.
6. ¿En cuál de los siguientes ámbitos tiene competencia exclusiva la Unión Europea (en adelante UE)?
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta de reserva 2.artículo 25.1 del Reglamento (UE) 2021/1139.
7. Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 25.1 del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004:
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