Bloque 4 · Derecho administrativo general
Explicación del Tema 33 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Tipos de contratos del sector público y sus características
33.1
Cómo se califica un contrato
La calificación jurídica comienza identificando qué necesita la entidad y qué obligación principal asume el contratista. El nombre del pliego no vincula si contradice el contenido. Tampoco decide por sí solo el sistema de pago: un servicio puede abonarse por unidades y un suministro incluir instalación.
La distinción tiene consecuencias. Cambian la documentación preparatoria, la solvencia, la duración, las reglas de ejecución, las modificaciones posibles, la recepción y las causas de resolución. En las concesiones, además, resulta esencial la transferencia del riesgo operacional y el cálculo del periodo necesario para recuperar inversión.
Antes de clasificar conviene formular tres preguntas: ¿se crea o transforma un inmueble?, ¿se entrega un bien mueble?, ¿se presta una actividad? Si además se atribuye explotación y riesgo, debe examinarse concesión. Si concurren varias respuestas, puede existir un contrato mixto.
33.2
El contrato de obras
Objeto
El contrato de obras tiene por objeto la ejecución de una obra, sola o junto con proyecto, o la realización de trabajos enumerados legalmente. Obra es el resultado de trabajos de construcción o ingeniería civil que cumple por sí mismo una función económica o técnica y recae sobre un inmueble. También puede consistir en trabajos que modifiquen forma o sustancia del terreno, vuelo o subsuelo o mejoren el medio físico.
Como regla, el contrato debe referirse a una obra completa, susceptible de entregarse al uso general o al servicio correspondiente y dotada de todos los elementos necesarios para funcionar. Pueden aprobarse proyectos independientes para partes utilizables por separado o sustancialmente definidas, siempre que se justifique y autorice. La división técnica de una obra no puede emplearse para fraccionar artificialmente el contrato.
No toda reparación menor constituye necesariamente una obra a efectos intuitivos, pero si transforma o mantiene un inmueble mediante trabajos propios de construcción se analiza dentro del tipo. La adquisición de un edificio ya construido suele ser negocio patrimonial excluido, no contrato de obras; encargar su construcción conforme a especificaciones sí puede serlo.
Proyecto, supervisión y replanteo
La adjudicación exige normalmente un proyecto que defina técnicamente la obra. Comprende, entre otros documentos, memoria, planos, pliego de prescripciones, presupuesto, programa de trabajos, referencias para el replanteo, estudio de seguridad y salud y los estudios geotécnicos o ambientales necesarios. La contratación conjunta de proyecto y ejecución es excepcional y necesita una causa legal, pues quien proyecta y quien construye desempeñan funciones distintas.
Antes de aprobar el proyecto es preceptivo el informe de la oficina o unidad de supervisión cuando el presupuesto base de licitación sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido. Por debajo de esa cantidad es facultativo, salvo que la obra afecte a su estabilidad, seguridad o estanqueidad, en cuyo caso también resulta obligatorio.
Una vez aprobado el proyecto y antes de aprobar el expediente se practica el replanteo, que comprueba la realidad geométrica, la disponibilidad de los terrenos y los presupuestos básicos del proyecto. Después de formalizar el contrato, la comprobación del replanteo, realizada con el contratista y documentada en acta, marca ordinariamente el comienzo de la ejecución. Son actuaciones relacionadas, pero no idénticas.
Adjudicado y formalizado el contrato, la comprobación del replanteo marca ordinariamente el inicio. La dirección facultativa interpreta técnicamente el proyecto y controla ejecución; el responsable contractual conserva funciones administrativas. Las órdenes deben documentarse.
Ejecución, pago y recepción
La obra se ejecuta conforme a proyecto, pliego e instrucciones de la dirección facultativa. Las instrucciones verbales deben ratificarse por escrito. El contratista asume el riesgo y ventura, aunque tiene derecho a indemnización por daños derivados de los supuestos tasados de fuerza mayor —como determinados fenómenos naturales catastróficos o daños violentos en guerra o alteraciones graves del orden— si no actuó con imprudencia.
El pago se articula mediante certificaciones por obra ejecutada, que son abonos a cuenta y no implican recepción ni aprobación definitiva. Pueden existir anticipos por operaciones preparatorias si están previstos y garantizados. Las variaciones de medición que no superen el 10 % del precio inicial pueden incorporarse a la certificación final sin tramitar una modificación cuando se cumplen las condiciones legales; introducir unidades nuevas o alterar el proyecto exige la cobertura correspondiente.
Terminada la obra se practica la recepción. Si está en buen estado y conforme, se recibe y comienza el plazo de garantía; si presenta defectos, se hacen constar y se concede plazo para subsanarlos. Después se aprueba la certificación final y, concluida la garantía, se formula la liquidación y se devuelve la garantía definitiva cuando no existan responsabilidades.
La extinción del plazo ordinario de garantía no elimina toda responsabilidad. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función por vicios ocultos imputables al contratista, este responde durante quince años desde la recepción. La acción para reclamar los daños materiales prescribe a los dos años desde que se producen o manifiestan. Esta responsabilidad extraordinaria no debe confundirse con la corrección ordinaria de defectos durante la garantía.
33.3
La concesión de obras
La concesión de obras comprende la realización de prestaciones de obra y atribuye al concesionario el derecho a explotarla, solo o acompañado de un precio. Su característica decisiva es la transferencia de un riesgo operacional.
El concesionario puede proyectar, ejecutar, conservar, mantener y explotar la infraestructura. Antes de licitar se realiza un estudio de viabilidad, sometido a información pública, y después, cuando corresponda, anteproyecto y proyecto. La oferta incorpora un plan económico-financiero que permite comprobar inversiones, costes, ingresos, financiación y distribución del riesgo.
La duración no se fija por conveniencia administrativa. Si supera cinco años, no puede exceder del tiempo razonable para recuperar las inversiones y obtener un rendimiento sobre el capital. Incluidas las prórrogas, los máximos generales son:
| Concesión | Duración máxima |
|---|---|
| Concesión de obras | 40 años |
| Concesión de servicios que incluye ejecución de obras y explotación | 40 años |
| Concesión de servicios no sanitarios | 25 años |
| Concesión de servicios sanitarios sin ejecución de obras | 10 años |
El riesgo puede proceder de la demanda real de la obra o servicio, o del suministro, referido a la forma efectiva de prestar y, en particular, a que la prestación no se ajuste a la demanda. Debe existir exposición real a las incertidumbres del mercado y posibilidad de no recuperar inversiones ni costes en condiciones normales. Riesgos puramente nominales, improbables o enteramente cubiertos por pagos públicos no bastan.
La Administración conserva potestades para asegurar continuidad, buen orden y tarifas cuando proceda. Las tarifas abonadas por los usuarios tienen naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Puede existir financiación pública, retribución por utilización o disponibilidad y explotación de zonas complementarias, pero las ayudas deben estar previstas y no pueden vaciar la transferencia del riesgo.
El equilibrio económico solo se restablece en supuestos tasados: modificaciones de la Administración, actuaciones obligatorias de la concedente que rompan directamente la economía del contrato y fuerza mayor en los términos legales. No existe derecho al reequilibrio por incumplirse las previsiones de demanda de la Administración o del concesionario. El riesgo transferido no puede devolverse al sector público cada vez que la explotación resulta menos rentable.
El secuestro o intervención permite a la Administración asumir temporalmente la explotación cuando el concesionario no puede hacer frente, por causas ajenas, a una perturbación grave o incurre en un incumplimiento que pone en peligro la prestación. No equivale todavía a resolver el contrato: pretende restablecer su funcionamiento y tiene duración limitada. Al extinguirse la concesión, las obras, instalaciones y bienes afectados se entregan a la Administración en las condiciones del contrato; el pliego puede prever su demolición y la reposición de los bienes al estado anterior.
33.4
La concesión de servicios
En la concesión de servicios, uno o varios poderes adjudicadores encomiendan la gestión de un servicio de su titularidad o competencia y la contraprestación consiste en el derecho a explotar el servicio, solo o con un precio. El concesionario asume riesgo operacional.
Esta transferencia separa concesión y contrato de servicios. Si la Administración abona un precio que garantiza cubrir costes y margen con independencia del uso o rendimiento, normalmente existe servicio. Si la remuneración depende significativamente de demanda, utilización o eficiencia y hay exposición real a pérdida, puede existir concesión.
El servicio debe ser susceptible de explotación económica por particulares. Antes de licitar se aprueba un estudio de viabilidad o económico-financiero, vinculante cuando concluye que el proyecto es inviable. Si se trata de un servicio público, previamente debe establecerse su régimen jurídico: titularidad, alcance de las prestaciones, derechos de los usuarios y aspectos jurídicos, económicos y administrativos. Los pliegos fijan distribución de riesgos, tarifas, canon, condiciones de prestación, solvencia, control y reversión.
El concesionario debe prestar el servicio con la continuidad convenida, garantizar el derecho de los usuarios a utilizarlo en las condiciones establecidas, cuidar su buen orden e indemnizar los daños imputables a la explotación. Las tarifas pueden ser abonadas por los usuarios o por la propia Administración y tienen naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. En servicios públicos, la Administración conserva poderes de policía y el concesionario debe continuar la prestación hasta que se formalice el nuevo contrato cuando la concesión termina por cumplimiento.
La modificación, el restablecimiento del equilibrio, el secuestro, la resolución y la reversión siguen reglas paralelas a las de la concesión de obras, adaptadas al servicio. También aquí el descenso de demanda pertenece, como regla, al riesgo operacional asumido y no genera automáticamente una compensación.
La concesión no puede tener por objeto funciones que impliquen el ejercicio de una autoridad reservada a los poderes públicos. Puede incluir tareas materiales de apoyo, pero las decisiones coercitivas y el ejercicio de potestades públicas exigen cobertura legal y la actuación del órgano competente.
33.5
El contrato de suministro
El suministro tiene por objeto adquirir, arrendar financieramente o arrendar, con o sin opción de compra, productos o bienes muebles. Comprende entregas sucesivas por precio unitario cuando la cantidad total no se define al contratar, adquisición y arrendamiento de equipos de telecomunicación o tratamiento de información y determinados contratos de fabricación.
Quedan fuera los negocios sobre propiedades incorporales o valores negociables en los términos legales. El suministro de energía también se incluye. La instalación accesoria no convierte necesariamente el contrato en obra o servicio si la prestación principal es entregar el bien.
Software y fabricación
La adquisición o arrendamiento de equipos, sistemas, dispositivos y programas, así como la cesión del derecho de uso de software estándar, es suministro. El programa desarrollado a medida es servicio porque el objeto principal es una actividad intelectual adaptada a necesidades específicas.
Los contratos de fabricación, en los que el bien debe elaborarse conforme a características fijadas por la entidad, se someten a reglas generales y especiales de obras en lo relativo a ejecución, salvo publicidad y adjudicación, que siguen el suministro. Esta combinación responde a que fabricar se parece técnicamente a ejecutar una obra, pero el resultado entregado es un bien mueble.
Durante la fabricación, la Administración puede inspeccionar el proceso, solicitar información, ordenar análisis y ensayos y establecer controles de calidad. Esta intervención no traslada a la Administración la responsabilidad del fabricante por la conformidad del producto.
Entrega y recepción
El contratista entrega los bienes en el tiempo, lugar y condiciones pactados y soporta, como regla, los gastos de entrega y transporte. Antes de la entrega asume las pérdidas y averías, salvo que la Administración incurra en mora al recibir. Tras la entrega, la Administración comprueba la conformidad y formaliza la recepción; si esta se demora después de la entrega, responde de la custodia durante ese intervalo.
Cuando el precio se fija por unidades, el número de unidades puede aumentar hasta un 10 % del precio si el pliego lo previó y existe financiación, sin tramitar modificación. También puede pactarse que una parte del precio se pague mediante bienes de la misma clase, pero su valor no puede superar el 50 % del precio total.
Si durante la garantía aparecen defectos, la Administración puede exigir reposición o reparación. Si los bienes no sirven para el fin pretendido y la corrección no será suficiente, puede rechazarlos, quedar liberada del pago o recuperar lo abonado. Terminado el plazo sin reparos cesa la responsabilidad ordinaria por esos bienes.
En arrendamientos, el arrendador mantiene obligaciones de conservación o sustitución según contrato. La prórroga y duración respetan límites generales y la obsolescencia tecnológica debe considerarse al preparar.
33.6
El contrato de servicios
El contrato de servicios comprende prestaciones de hacer dirigidas a desarrollar una actividad o a obtener un resultado distinto de obra o suministro. Puede consistir en mantenimiento, limpieza, consultoría, asistencia técnica, desarrollo informático, seguridad o actividades sociales, entre muchas otras.
No pueden ser objeto de servicio prestaciones que impliquen ejercicio de autoridad inherente a poderes públicos. Tampoco debe utilizarse para cubrir necesidades permanentes de personal bajo dirección administrativa como si fueran relaciones laborales: el contratista organiza medios y asume responsabilidad empresarial, sin consolidación de su plantilla como personal público al terminar.
La Administración debe justificar insuficiencia de medios cuando proceda y definir resultados, niveles de servicio, calidad e indicadores. El precio puede fijarse por componentes de la prestación, unidades de ejecución, unidades de tiempo, tanto alzado, tarifas o una combinación. Si el pliego lo prevé, la variación de unidades efectivamente ejecutadas puede incorporarse a la liquidación sin modificación hasta el 10 % del precio.
El responsable comprueba la calidad técnica y evita instrucciones que conviertan al personal de la empresa en subordinado directo. El contratista responde de errores, omisiones, métodos inadecuados y conclusiones incorrectas. Cuando el servicio crea productos protegidos por propiedad intelectual o industrial, la cesión a la Administración se produce en los términos legales y contractuales; incluso si se excluye, puede autorizarse su uso por otras entidades del sector público.
La duración se limita para preservar competencia, con especialidades por inversiones, continuidad y servicios a personas. La prórroga debe estar prevista y acordada. Cuando acontecimientos imprevisibles retrasan la nueva adjudicación y existe interés público en no interrumpir la prestación, el contrato anterior puede prolongarse hasta el comienzo del nuevo, con un máximo de nueve meses, sin cambiar sus demás condiciones. Como regla, el anuncio de la nueva licitación debe haberse publicado al menos tres meses antes del vencimiento.
Determinadas actividades docentes impartidas por personas físicas —cursos, conferencias, seminarios o colaboraciones semejantes— tienen un régimen simplificado: las reglas ordinarias de preparación y adjudicación no se aplican y basta la designación o nombramiento de la autoridad competente para acreditar el contrato. Esta especialidad no convierte cualquier servicio de formación en una contratación directa.
Además de las causas generales, el desistimiento o la suspensión acordados por la Administración durante los periodos establecidos pueden resolver el contrato de servicios. La resolución obliga a recibir y pagar los trabajos útiles realizados y puede generar las indemnizaciones legalmente previstas según el momento en que se produzca.
Servicios sociales, sanitarios y educativos
Los servicios del anexo IV permiten y exigen considerar calidad, accesibilidad, continuidad, necesidades de usuarios vulnerables, innovación y experiencia del personal cuando afecte a ejecución. El precio no debe dominar automáticamente una prestación cuyo resultado depende de calidad humana y estabilidad.
La ley permite determinadas reservas a organizaciones que cumplan requisitos y reconoce fórmulas no contractuales de prestación de servicios a personas cuando el ordenamiento las configure sin selección contractual y con publicidad, objetividad y no discriminación.
33.7
Contratos mixtos
Un contrato mixto reúne prestaciones de tipos diferentes vinculadas directamente y complementarias, de forma que constituyan una unidad funcional. No basta agrupar compras independientes por conveniencia administrativa. La combinación debe estar justificada y no perseguir eludir reglas.
Si las prestaciones son separables, el órgano puede celebrar contratos distintos. Si decide uno solo, el régimen de preparación y adjudicación se determina por reglas legales: en combinaciones de obras, suministros y servicios suele atenderse a la prestación principal; para servicios y suministros, al mayor valor estimado. Cuando se mezclan concesiones con otros contratos o prestaciones sujetas y no sujetas, operan reglas específicas y, en ciertos casos, el régimen más exigente.
En efectos y extinción, el pliego debe detallar normas aplicables a cada prestación. Calificar por el componente económicamente mayor sin examinar funcionalidad puede ser incorrecto. La prestación principal es la que caracteriza la necesidad y el resultado perseguido, conforme a los criterios legales.
La combinación no hace desaparecer las exigencias técnicas propias de sus componentes. Si una prestación de obra supera 50.000 euros, debe elaborarse proyecto y tramitarse conforme a las reglas del contrato de obras. Si el contrato contiene una concesión de obras o de servicios, debe acompañarse del estudio de viabilidad y, cuando proceda, del anteproyecto de construcción y explotación.
33.8
Contratos administrativos especiales y contratos privados
Además de los tipos ordinarios, son contratos administrativos los declarados expresamente así por una ley. También tienen carácter administrativo especial, cuando los celebra una Administración pública, aquellos de objeto distinto que están vinculados al giro o tráfico específico de la Administración o satisfacen directa e inmediatamente una finalidad pública de su competencia. Esta segunda categoría no necesita que una ley individual declare administrativo cada contrato. Se rige primero por sus normas específicas y después por la LCSP y el resto del Derecho administrativo.
Los demás contratos de las Administraciones pueden ser privados. La LCSP atribuye expresamente esa naturaleza, entre otros, a determinados contratos de servicios financieros identificados por sus códigos CPV, a ciertos servicios de creación e interpretación artística y espectáculos y a la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. Estos contratos no deben confundirse con los negocios financieros que quedan completamente excluidos de la LCSP: unos están dentro de la ley con naturaleza privada y los otros quedan fuera de su ámbito.
La preparación y adjudicación de los contratos privados conservan reglas públicas; sus efectos y extinción se someten al Derecho privado, con las especialidades que la LCSP aplica a determinadas condiciones de ejecución, modificaciones, cesión, subcontratación y resolución. Que un contrato sea privado no significa que pueda adjudicarse libremente.
Los contratos de entidades del sector público que no sean Administraciones tienen naturaleza privada, aunque los poderes adjudicadores aplican reglas públicas de adjudicación y determinadas normas de ejecución. La jurisdicción se distribuye principalmente así:
| Cuestión | Orden jurisdiccional |
|---|---|
| Preparación y adjudicación de contratos administrativos | Contencioso-administrativo. |
| Efectos, modificación y extinción de contratos administrativos | Contencioso-administrativo. |
| Preparación y adjudicación de contratos privados del sector público | Contencioso-administrativo. |
| Efectos y extinción de contratos privados de poderes adjudicadores | Civil, salvo modificaciones que debieron ser objeto de nueva adjudicación y otras excepciones legales. |
Comparación de las prestaciones principales
| Tipo | Resultado principal | Forma característica de remuneración | Riesgo determinante |
|---|---|---|---|
| Obras | Construcción o transformación de un inmueble | Precio pagado por la entidad, normalmente mediante certificaciones | Riesgo y ventura de ejecución, sin explotación necesaria |
| Concesión de obras | Obra más derecho a explotarla | Explotación, sola o acompañada de un precio | Riesgo operacional de demanda o suministro |
| Suministro | Entrega, adquisición o arrendamiento de bienes muebles | Precio por bienes, entregas o disponibilidad | Riesgo ordinario de entrega y conformidad |
| Servicios | Actividad o resultado distinto de obra o suministro | Precio por actividad, unidades, resultado o disponibilidad | Riesgo ordinario de ejecución, sin transferencia operacional necesaria |
| Concesión de servicios | Gestión y explotación de un servicio | Derecho de explotación, solo o con precio | Riesgo operacional real |
La tabla no sustituye la calificación jurídica. Una instalación compleja puede ser accesoria de un suministro, y una infraestructura puede incluir servicios sin convertirse en contrato mixto si todos sirven a un único resultado principal. El expediente debe razonar la solución atendiendo a la unidad funcional.
33.9
Método de identificación
- Precisar el resultado principal: inmueble, bien mueble, actividad o explotación.
- Comprobar si existe derecho de explotación y riesgo operacional real.
- Separar prestaciones accesorias de la principal.
- Si hay varias principales, analizar vínculo funcional y reglas de contrato mixto.
- Identificar al sujeto contratante para decidir naturaleza administrativa o privada.
- Aplicar las especialidades de preparación, ejecución y extinción del tipo.
Esta secuencia evita decidir por palabras como «gestión», «adquisición» o «mantenimiento». La clasificación debe poder explicarse a partir de lo que realmente se entrega, hace o explota.
33.10
Síntesis del tema
La obra crea o transforma un inmueble; el suministro entrega o arrienda bienes muebles; el servicio aporta una actividad o resultado. Las concesiones añaden explotación y transferencia efectiva de riesgo operacional. Esa lógica permite calificar antes de memorizar especialidades.
Cada tipo organiza de modo distinto preparación y ejecución. La obra gira en torno a proyecto, replanteo, certificación y recepción; el suministro, a entrega y conformidad; el servicio, a niveles de actividad y calidad; y la concesión, a viabilidad, continuidad, riesgo y reversión.
Cuando concurren prestaciones, el contrato mixto exige vínculo funcional y aplicación de las reglas correspondientes, no una etiqueta conveniente. La naturaleza administrativa o privada depende además del sujeto y del objeto, y condiciona efectos y jurisdicción sin eliminar las exigencias públicas de adjudicación.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 5 preguntas oficiales de este tema
0 de 5 respondidas
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 53.
1. Según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué tipo de contrato sería la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 50.
2. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tendrán la consideración de:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 48.
3. ¿Qué regulación resulta aplicable a los contratos de fabricación?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 54.
4. Según el artículo 235 de la LCSP, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. Este informe se solicitará:
- Convocatoria de 2018, primer ejercicio ordinario, pregunta 58.
5. De acuerdo con el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, señale en cuál de los siguientes contratos la tramitación del expediente ha de ir precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los servicios o de un estudio de viabilidad económico-financiera:
Has terminado la explicación
¿Y ahora?
La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente
Estamos trabajando para incorporar preguntas organizadas por los temas del programa. Mientras tanto, puedes seguir preparando la oposición con las explicaciones y las bases legislativas del temario.