Bloque 5 · Administración de recursos humanos

Explicación del Tema 44 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Provisión de puestos, movilidad y carrera profesional en la Administración del Estado

10 apartados26 min de lectura

44.1

Ingreso, provisión y carrera: tres decisiones diferentes

El cuerpo o escala agrupa personal seleccionado para desempeñar funciones de una determinada naturaleza. El puesto es la unidad concreta de la organización: está ubicado en un órgano, tiene funciones, nivel, complementos, requisitos y forma de provisión. Una misma persona conserva su pertenencia al cuerpo aunque cambie de puesto varias veces.

Por ello, el proceso selectivo de ingreso y el procedimiento de provisión no son intercambiables. El primero permite adquirir la condición de funcionario y acceder a un cuerpo; el segundo distribuye entre funcionarios los puestos disponibles. La promoción interna vuelve a actuar sobre la pertenencia a un cuerpo o escala, mientras que la carrera vertical se materializa normalmente mediante el acceso a puestos de mayor responsabilidad.

La provisión debe respetar igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La relación de puestos de trabajo determina qué cuerpos pueden ocupar cada puesto, los requisitos exigibles y si se cubre por concurso o libre designación. Ni la convocatoria puede ignorar esos datos ni la Administración puede utilizar una cobertura temporal para eludir indefinidamente la provisión ordinaria.

El primer destino de los funcionarios de nuevo ingreso constituye la conexión entre ambos planos. En la Administración General del Estado se adjudica de acuerdo con las peticiones formuladas entre los puestos ofertados y con el orden obtenido en el proceso selectivo, siempre que se reúnan los requisitos objetivos de la RPT. Como regla reglamentaria tiene carácter definitivo y equivale, a efectos de participación posterior en concursos, a un destino obtenido por concurso.

44.2

El concurso, sistema normal de provisión

El concurso adjudica puestos mediante la valoración comparada de los méritos y capacidades que guarden relación con ellos. Es el sistema normal porque permite una decisión objetivable: la convocatoria fija puestos, requisitos, baremo, puntuaciones mínimas, comisión de valoración y reglas de adjudicación.

Pueden valorarse el grado personal consolidado, el trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento y la antigüedad. La convocatoria puede añadir méritos relacionados con el destino previo del cónyuge funcionario y con el cuidado de hijos o familiares, dentro de los requisitos reglamentarios. Cada mérito debe guardar relación con la finalidad del procedimiento y valorarse según las reglas publicadas.

La puntuación de cada uno de los conceptos reglamentarios no puede exceder del 40 % de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 %. Si existe empate, se atiende sucesivamente a la puntuación obtenida en los méritos generales por el orden reglamentario; si persiste, a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el cuerpo o escala y, finalmente, al número obtenido en el proceso selectivo. La convocatoria debe fijar además una puntuación mínima para adjudicar destino.

En los concursos específicos existe una primera fase de méritos generales y una segunda destinada a comprobar los méritos directamente relacionados con el puesto. Esta segunda fase puede incluir una memoria o una entrevista cuando la convocatoria lo prevea. La entrevista no autoriza una apreciación libre de la personalidad: debe versar sobre los méritos específicos y, en su caso, sobre la memoria, quedar documentada y traducirse en una puntuación controlable.

Solo se valoran méritos acreditados en la forma y plazo establecidos. La comisión de valoración aplica el baremo y formula propuesta; sus miembros actúan con profesionalidad e imparcialidad y deben abstenerse cuando concurra causa legal. La resolución ha de ajustarse a la puntuación y motivar suficientemente la adjudicación, sobre todo ante empates o valoraciones técnicas discutidas.

La convocatoria se publica en el BOE y vincula a la Administración y a las personas participantes. El plazo reglamentario para presentar solicitudes es de quince días hábiles. Con carácter general, el concurso debe resolverse en dos meses desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación, salvo que la convocatoria establezca otro.

El plazo para tomar posesión es de tres días hábiles si el destino no implica cambio de residencia y de un mes si comporta cambio de residencia o reingreso al servicio activo. El plazo posesorio se considera servicio activo, con las excepciones previstas para determinados reingresos, y no debe confundirse con una excedencia ni con un permiso ordinario.

El destino obtenido por concurso es definitivo e irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se haya obtenido otro destino mediante convocatoria pública. Como regla estatal, debe permanecerse dos años en un destino definitivo antes de participar en otro concurso, aunque existen excepciones, por ejemplo dentro de determinados ámbitos departamentales o cuando se suprime el puesto.

La remoción no es una revocación discrecional. Solo procede por causas sobrevenidas derivadas de una alteración del contenido del puesto que modifica las circunstancias de la convocatoria o por falta de capacidad manifestada en un rendimiento insuficiente que impide ejercer eficazmente las funciones. Exige propuesta motivada, audiencia, intervención de la Junta de Personal y resolución también motivada. Después se atribuye provisionalmente otro puesto con las garantías reglamentarias.

44.3

Libre designación con convocatoria pública

La libre designación permite apreciar la idoneidad de las personas candidatas para puestos de especial responsabilidad. No equivale a nombramiento sin procedimiento. Debe publicarse la convocatoria, comprobarse los requisitos y valorarse la adecuación del perfil al puesto.

La diferencia con el concurso reside en el modo de decidir. En el concurso, un baremo determina la adjudicación. En la libre designación, el órgano competente dispone de un margen más amplio para escoger entre quienes reúnen los requisitos, pero debe justificar la competencia y la idoneidad consideradas. La confianza es profesional y funcional, no una habilitación para actuar arbitrariamente.

Solo pueden cubrirse por este procedimiento los puestos que la normativa y la RPT identifican por sus funciones directivas o su especial responsabilidad. El Real Decreto 364/1995 menciona, entre otros, subdirecciones generales, determinados órganos territoriales, secretarías de altos cargos y otros puestos que la RPT califique de ese modo. Que un puesto tenga un nivel elevado no basta por sí solo: su forma de provisión debe constar en la relación de puestos.

La convocatoria describe el puesto y sus requisitos. Las solicitudes se presentan en quince días hábiles y el nombramiento debe efectuarse en un mes desde que termina ese plazo, prorrogable por otro mes. Antes de resolver pueden ser necesarios informes del centro de destino, del departamento de procedencia o de otros órganos según el puesto. La resolución debe acreditar el procedimiento seguido, la competencia del órgano y el cumplimiento por la persona elegida de los requisitos y especificaciones de la convocatoria.

El cese es discrecional en sentido técnico, pero no arbitrario. Debe acordarlo el órgano competente, respetar el procedimiento y expresar una razón vinculada a la apreciación de idoneidad y confianza profesional. No puede encubrir discriminación, represalia ni desviación de poder. El funcionario conserva su cuerpo, grado y demás derechos profesionales: cesa en el puesto, no en su condición funcionarial.

En la AGE, quien cesa en libre designación es adscrito provisionalmente a un puesto de su cuerpo o escala, en el mismo municipio —salvo destinos en el exterior— y no inferior en más de dos niveles a su grado personal, mientras obtiene destino definitivo. Los efectos se producen desde el día siguiente al cese para evitar una discontinuidad administrativa y retributiva.

44.4

Comisión de servicios y adscripción provisional

La comisión de servicios permite desempeñar temporalmente un puesto vacante cuando existe urgente e inaplazable necesidad y el funcionario reúne sus requisitos. Puede ser voluntaria y, en los supuestos reglamentarios, forzosa. El puesto de origen y las condiciones de retorno dependen de la modalidad aplicable.

Su duración máxima es de un año, prorrogable por otro si el puesto no ha sido cubierto definitivamente. El puesto temporalmente ocupado debe incluirse en la siguiente convocatoria de provisión cuando proceda. Durante la comisión se reserva el puesto de origen y se perciben las retribuciones correspondientes al puesto efectivamente desempeñado.

La comisión forzosa tiene un presupuesto más estricto. Puede acordarse cuando un concurso para cubrir la vacante queda desierto y resulta urgente proveerla. La elección debe seguir los criterios reglamentarios de proximidad, facilidades de desplazamiento, cargas familiares y antigüedad. No es, por tanto, una potestad indiferenciada para desplazar a cualquier funcionario.

La comisión de servicios como forma de cobertura tampoco debe confundirse con la comisión que genera indemnizaciones por razón del servicio: una permite ocupar temporalmente otro puesto; la otra se refiere al desplazamiento para realizar una misión o cometido y regula los gastos correspondientes.

El tiempo desempeñado en comisión puede computar para consolidar el grado del puesto si después se obtiene con carácter definitivo ese mismo puesto u otro de igual o superior nivel. La regla impide que una ocupación puramente temporal produzca por sí sola todos los efectos de una adjudicación definitiva.

La adscripción provisional coloca temporalmente al funcionario en un puesto en casos determinados: remoción de un puesto obtenido por concurso, cese en libre designación, supresión del puesto o reingreso al servicio activo sin reserva de puesto. No es una sanción ni una forma ordinaria de libre elección. Es una solución transitoria que preserva la continuidad del servicio y la situación profesional hasta obtener un destino definitivo.

Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional deben convocarse para su provisión definitiva y quienes los ocupan están obligados a participar en la convocatoria. Cuando la adscripción sirve para reingresar al servicio activo, el puesto debe convocarse en el plazo máximo de un año y el funcionario debe solicitar el puesto que ocupa. La adscripción no transforma por el mero paso del tiempo un destino provisional en definitivo.

44.5

Movilidad por necesidades organizativas

La movilidad comprende técnicas distintas y no todas exigen la voluntad del funcionario. La redistribución de efectivos permite adscribir definitivamente a quienes ocupan puestos no singularizados a otros de la misma naturaleza, nivel de complemento de destino, complemento específico y sistema de provisión. Debe responder a necesidades del servicio y no puede implicar cambio de municipio. El cómputo de la permanencia mínima para volver a concursar se remonta al acceso definitivo al puesto anterior, no comienza de nuevo con la redistribución.

La reasignación de efectivos se vincula a la supresión de puestos como consecuencia de un plan de empleo o instrumento equivalente. Utiliza criterios objetivos de aptitud, formación, experiencia y antigüedad, y el puesto adjudicado tiene carácter definitivo.

Se desarrolla en tres fases. En la primera, de hasta seis meses, se busca un puesto similar dentro del mismo departamento y sus organismos. Si no se obtiene, una segunda fase de hasta tres meses permite la reasignación a otro departamento. En estas dos fases es obligatoria para puestos del mismo municipio y voluntaria cuando se encuentran en otro. Mientras no se produce la reasignación se mantienen las retribuciones del puesto suprimido y pueden encomendarse tareas adecuadas al cuerpo o escala.

Quien no obtiene puesto en esas fases pasa a la situación de expectativa de destino y puede ser reasignado en una tercera fase. En ella, la reasignación es obligatoria cuando el puesto se encuentra en la misma provincia y voluntaria si está en otra. El cambio de residencia da derecho a las indemnizaciones y ayudas que procedan. Este régimen explica por qué la reasignación exige una planificación formal y no puede acordarse por mera conveniencia.

El cambio de adscripción de un puesto modifica su encuadramiento orgánico sin que necesariamente cambie su titular. La atribución temporal de funciones encomienda tareas adicionales o distintas cuando no puedan ser atendidas ordinariamente, pero no altera por sí misma el puesto del funcionario. Para determinar el régimen aplicable debe distinguirse si se desplaza a la persona, se reasigna el puesto o solo cambian temporalmente las funciones.

La movilidad por salud o rehabilitación puede solicitarse por razones que afecten al funcionario, a su cónyuge o a los hijos a cargo. Requiere informe médico, existencia de un puesto vacante y dotado, cumplimiento de sus requisitos y que sus complementos no sean superiores a los del puesto de origen. Si el puesto de origen era definitivo, el nuevo destino también puede adquirir ese carácter en las condiciones reglamentarias.

Las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual que deban abandonar su localidad tienen derecho al traslado a otro puesto análogo de su cuerpo, escala o categoría, sin necesidad de que se trate de una vacante de necesaria cobertura. El traslado se considera forzoso y debe protegerse la intimidad de la víctima y de las personas a su cargo. La movilidad por violencia terrorista posee sus propios requisitos subjetivos y territoriales; no debe estudiarse como si fuera idéntica a la anterior.

La movilidad entre Administraciones requiere instrumentos de colaboración y criterios de homologación. El funcionario que obtiene destino en otra Administración queda en la de origen en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas y se somete a la organización de destino, sin perder su pertenencia al cuerpo o escala de procedencia. Para el personal laboral rige prioritariamente lo establecido en los convenios colectivos y, en su defecto, el régimen de provisión y movilidad funcionarial.

44.6

Carrera profesional

La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y progreso conforme a igualdad, mérito y capacidad. El TREBEP distingue cuatro modalidades:

  • Carrera horizontal: progresión por grados, categorías u otros escalones sin necesidad de cambiar de puesto.
  • Carrera vertical: ascenso en la estructura de puestos mediante los procedimientos de provisión.
  • Promoción interna vertical: acceso desde un cuerpo o escala de un subgrupo a otro superior.
  • Promoción interna horizontal: acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional.

La carrera horizontal y la vertical progresan sobre planos diferentes. La primera reconoce el desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto; la segunda exige obtener otro puesto de nivel o responsabilidad superior mediante el procedimiento de provisión correspondiente. Es posible que una Administración aplique ambas modalidades, pero avanzar en una no equivale automáticamente a avanzar en la otra.

Carrera horizontal en la Administración del Estado

El artículo 122 del Real Decreto-ley 6/2023 configura para el personal funcionario de carrera estatal un sistema de cuatro tramos en cada grupo o subgrupo. La participación es voluntaria, los ascensos se producen de manera consecutiva y no es posible saltar libremente de un tramo a otro.

Para acceder al primer tramo se exigen cinco años de servicios efectivos; para cada uno de los siguientes, seis años. El mero transcurso del tiempo no basta. Deben valorarse la trayectoria profesional, el resultado favorable de la evaluación del desempeño, el cumplimiento del itinerario de formación especializada y, cuando proceda, la participación en actividades de gestión del conocimiento, docencia o investigación.

El acceso se articula mediante una convocatoria anual en la que el funcionario solicita la evaluación de su actividad profesional. Los efectos económicos del tramo reconocido se producen a partir del 1 de enero del año siguiente y se materializan mediante un complemento de carrera igual para quienes pertenezcan al mismo grupo o subgrupo y tengan reconocido el mismo tramo.

La ley ya define, por tanto, los elementos esenciales del modelo estatal, aunque su aplicación completa necesita el desarrollo de los procedimientos y del sistema de evaluación. Conviene distinguir la existencia jurídica de la carrera horizontal de su implantación material en cada organización.

Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño mide anualmente la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. En la Administración del Estado es obligatoria para el personal en servicio activo o situación asimilada y debe integrarse en la planificación del departamento u organismo.

Los modelos deben ser transparentes, participados, objetivos, imparciales y no discriminatorios. Sus resultados pueden producir efectos en la carrera, la provisión y continuidad en puestos, las retribuciones variables y la detección de necesidades formativas. Precisamente por la importancia de esos efectos, una valoración desfavorable no puede basarse en impresiones genéricas: exige objetivos conocidos, procedimiento, audiencia, motivación y posibilidad de revisión.

44.7

Grado personal y garantía profesional

En el sistema estatal tradicional, cada funcionario posee un grado personal correspondiente a uno de los niveles de los puestos. Se consolida por el desempeño durante dos años continuados o tres con interrupción de uno o varios puestos del nivel correspondiente. Si se ocupa un puesto superior en más de dos niveles al grado, se consolida cada dos años el grado superior en dos niveles, sin superar el del puesto ni el intervalo del cuerpo o escala.

El grado inicial es el correspondiente al nivel del puesto adjudicado después del proceso selectivo, salvo que el funcionario pase voluntariamente a un puesto inferior antes de consolidarlo. Si durante la consolidación cambia el nivel del puesto, el tiempo se computa con el nivel más alto que haya tenido. El desempeño de un puesto superior se computa para la consolidación en curso; cuando el nuevo puesto es inferior, el tiempo anterior puede computarse, a petición del interesado, para consolidar el grado correspondiente al nuevo nivel.

Una vez consolidado el grado inicial, el tiempo en comisión de servicios puede computar para el grado del puesto desempeñado si después se obtiene definitivamente ese mismo puesto u otro de igual o superior nivel. Si el destino definitivo es inferior al puesto desempeñado en comisión, pero superior al grado ya consolidado, el tiempo sirve para el nivel del puesto finalmente obtenido. La misma lógica se aplica a determinados periodos de adscripción provisional.

El grado no atribuye el derecho a conservar un puesto concreto. Ofrece una posición profesional y garantiza, al menos, la percepción del complemento de destino del nivel consolidado en los términos legales. Así, puesto, nivel y grado se relacionan, pero no significan lo mismo: el puesto pertenece a la organización; el nivel caracteriza al puesto; el grado se integra en la situación profesional de la persona.

Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario previsto en el modelo estatal, los intervalos de niveles son los siguientes:

Grupo o subgrupoNivel mínimoNivel máximo
A12430
A22026
B1824
C11622
C21418

El intervalo limita los puestos que pueden obtenerse por razón del cuerpo o escala. No significa que todo funcionario tenga derecho a ocupar el nivel máximo de su subgrupo ni que lo consolide automáticamente con la antigüedad.

Cuando se accede por promoción interna, puede conservarse a petición el grado consolidado si está dentro del intervalo del nuevo cuerpo o escala. Esta continuidad evita que el cambio de cuerpo borre la progresión ya adquirida, aunque no sustituye la necesidad de obtener puestos conforme a sus requisitos.

44.8

Promoción interna

La promoción interna permite aprovechar la experiencia y facilitar la carrera sin rebajar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En la modalidad vertical, el aspirante debe reunir los requisitos de ingreso, acreditar al menos dos años de servicio activo en el subgrupo inferior —o grupo si no existe subgrupo— y superar las pruebas selectivas.

La promoción vertical conduce a un cuerpo o escala de un subgrupo superior. La horizontal permite acceder a otro cuerpo o escala del mismo subgrupo, en los términos que establezcan las leyes de función pública y la normativa aplicable. Esta segunda modalidad no debe estudiarse trasladando mecánicamente la referencia al «subgrupo inferior» prevista para la promoción vertical: necesita determinar qué cuerpos pueden relacionarse y qué requisitos específicos rigen el acceso.

Los procesos pueden celebrarse conjuntamente con los de ingreso libre o mediante convocatorias independientes. Las pruebas pueden adaptar los programas y eximir materias cuyo conocimiento ya se acreditó al ingresar en el cuerpo de origen, pero deben comprobar la capacidad necesaria para las nuevas funciones. La promoción no es un ascenso por antigüedad ni un concurso de méritos cerrado.

En la Administración del Estado, la oferta debe incluir para promoción interna un número de plazas no inferior al 30 % de las plazas de acceso libre. Esta regla asegura oportunidades, pero no garantiza que todas se cubran: es necesario superar el proceso. La convocatoria concreta la reserva, el sistema, las posibles exenciones y la elección de destino.

Quien supera la promoción adquiere la condición correspondiente en el nuevo cuerpo o escala y después ocupa un puesto compatible con él. Puede solicitar que se le reconozca el grado consolidado si está dentro del intervalo del nuevo cuerpo o escala. También puede haber reglas que permitan conservar el puesto desempeñado cuando sea compatible con la nueva adscripción. De nuevo aparecen dos planos: la promoción cambia el cuerpo o escala; la provisión o adjudicación determina el destino.

El personal laboral tiene derecho a la promoción profesional, pero se rige por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, no por una aplicación automática de las reglas funcionariales.

44.9

Especialidades del modelo estatal actual

La Administración del Estado orienta la ordenación de puestos mediante áreas funcionales. Estas agrupan puestos con competencias y rasgos comunes y sirven para detectar necesidades, organizar formación, ordenar provisión y, en su caso, articular carrera. No eliminan la RPT ni permiten prescindir de requisitos.

Los concursos unitarios abiertos y permanentes pueden incorporar vacantes de distintos departamentos y organismos. Pretenden reducir puestos sin cubrir y ofrecer oportunidades de movilidad de forma coordinada, en lugar de depender únicamente de convocatorias aisladas. Continúan siendo concursos: la adjudicación ha de descansar en mérito, capacidad, publicidad y reglas previamente conocidas.

Los puestos de personal directivo público profesional se someten a libre designación con especialidades de competencia, experiencia, formación e idoneidad. La regulación estatal considera personal directivo, entre otros, a quienes ocupan subdirecciones generales y exige que su gestión se oriente a objetivos y evaluación de resultados.

Su rasgo decisivo para este tema es que no admiten cobertura provisional. Por tanto, no puede utilizarse una adscripción provisional ni una comisión de servicios para ocupar temporalmente un puesto directivo mientras se resuelve la convocatoria. Esta prohibición no se extiende automáticamente a cualquier puesto de libre designación: se refiere a los puestos que tienen la consideración legal de personal directivo público profesional.

44.10

Síntesis del tema

La pertenencia a un cuerpo, la ocupación de un puesto y la progresión profesional son realidades conectadas, pero distintas. El concurso adjudica normalmente los puestos; la libre designación atiende responsabilidades especiales; y las coberturas provisionales y la movilidad resuelven necesidades concretas con presupuestos, duración y garantías propios.

El grado personal reconoce una posición profesional, pero no convierte al funcionario en titular permanente de un puesto. La carrera horizontal permite progresar sin cambiar de destino, mientras que la carrera vertical exige obtener puestos de mayor responsabilidad. La promoción interna actúa en otro plano: permite acceder a un cuerpo o escala diferente después de superar el correspondiente proceso selectivo.

La antigüedad es un elemento relevante, pero no produce por sí sola la adjudicación de puestos, la consolidación de cualquier nivel ni el ascenso profesional. En todos estos ámbitos deben aplicarse las reglas de mérito, capacidad, publicidad, evaluación y procedimiento que correspondan.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

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  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 63.

    1. Según el artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las modalidades de carrera profesional son:

  2. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 66.

    2. ¿Cuál de los siguientes destinos NO tiene carácter definitivo?

  3. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 74.

    3. A efectos de consolidación de grado, el tiempo prestado en comisión de servicios:

  4. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 77.

    4. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y en relación con la provisión de puestos de trabajo:

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 75.

    5. Entre las características de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera, NO se encuentra:

  6. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 73.

    6. Según el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los requisitos para la promoción interna de los funcionarios de carrera son:

  7. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 71.

    7. La cobertura de carácter provisional en puestos de personal directivo público profesional en la Administración del Estado:

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