Bloque 5 · Administración de recursos humanos
Explicación del Tema 49 de Gestión de la Administración Civil del Estado
MUFACE, Clases Pasivas y protección social de los funcionarios civiles
49.1
Un régimen especial con dos mecanismos de cobertura
El régimen especial de los funcionarios civiles del Estado se construyó sobre dos mecanismos. El mutualismo administrativo atiende principalmente la asistencia sanitaria y las contingencias que aparecen durante la vida activa. El Régimen de Clases Pasivas protege mediante pensiones frente a la jubilación, la incapacidad permanente para el servicio y el fallecimiento.
MUFACE es el organismo que gestiona el mutualismo administrativo. No reconoce con carácter general la pensión de jubilación. Clases Pasivas, por su parte, no sustituye la asistencia sanitaria ni el subsidio por incapacidad temporal. Una misma persona podía estar simultáneamente comprendida en ambos mecanismos porque cada uno protegía riesgos distintos.
Desde 2011 debe añadirse un tercer elemento: el Régimen General de la Seguridad Social. Los funcionarios civiles de nuevo ingreso continúan, con carácter general, incorporándose a MUFACE, pero quedan incluidos en el Régimen General exclusivamente a efectos de pensiones. La pregunta correcta no es solo si una persona «pertenece a MUFACE», sino quién cubre su asistencia sanitaria y en qué régimen genera sus pensiones.
Este esquema explica que dos funcionarios del mismo cuerpo puedan recibir asistencia sanitaria a través de MUFACE y, sin embargo, cotizar para la jubilación en regímenes diferentes por razón de la fecha y las circunstancias de su ingreso.
49.2
El corte de 2011 y sus excepciones
La regla general se aplica a los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que ingresaron desde el 1 de enero de 2011: mutualismo administrativo de MUFACE y pensiones del Régimen General. Una funcionaria que accedió por la oferta de empleo público de 2021, por ejemplo, no genera su jubilación en Clases Pasivas por el solo hecho de ser mutualista.
La fecha no debe aplicarse mecánicamente. El personal que ya se encontraba incluido en Clases Pasivas el 31 de diciembre de 2010 y que, después y sin solución de continuidad, ingresa o reingresa en otro cuerpo que también habría determinado su inclusión en ese régimen puede continuar perteneciendo a Clases Pasivas. No se trata de un nuevo ingreso ajeno al sistema, sino de la continuidad de una carrera ya encuadrada.
También debe diferenciarse el régimen de pensiones del órgano gestor. La atribución al Instituto Nacional de la Seguridad Social del reconocimiento de los derechos y de las funciones de gestión que le corresponden no transforma estas pensiones en prestaciones del Régimen General. La Tesorería General de la Seguridad Social ordena y realiza materialmente los pagos. Cambia la organización administrativa, pero se conservan las reglas propias de Clases Pasivas.
Cuando una carrera profesional contiene periodos en diferentes regímenes, el cómputo recíproco permite totalizar determinadas cotizaciones o servicios. Esta coordinación evita perder periodos, pero no convierte todos los años en idénticos ni permite contarlos dos veces si fueron simultáneos.
49.3
Campo de aplicación del mutualismo administrativo
Quedan obligatoriamente incluidos los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a sus cuerpos, en la forma reglamentaria. La incorporación del funcionario de carrera se produce al tomar posesión, adquirir de nuevo la condición funcionarial, ser rehabilitado o reingresar al servicio activo.
La ley excluye colectivos que disponen de un régimen propio o de otro encuadramiento: funcionarios de Administración local, organismos autónomos, Administración militar, Administración de Justicia y Administración de la Seguridad Social; funcionarios de nuevo ingreso de las comunidades autónomas; personal propio de administración y servicios de las universidades; y determinados funcionarios transferidos que ingresan voluntariamente en cuerpos autonómicos.
La situación de los funcionarios transferidos requiere atención. El funcionario civil del Estado transferido puede conservar el mutualismo administrativo mientras permanezca en su cuerpo estatal. Si accede voluntariamente a un cuerpo propio de la comunidad autónoma, queda incluido en el régimen correspondiente a este nuevo cuerpo, sin perjuicio de los supuestos en que la ley permite optar por mantener la condición de mutualista.
No todo cambio profesional elimina automáticamente la protección de MUFACE. La norma contiene reglas específicas para promoción interna a escalas de organismos autónomos o cuerpos autonómicos y permite, en determinados casos, mantener el mutualismo mediante una opción que debe ejercerse dentro del plazo legal.
49.4
Afiliación, alta, baja y mantenimiento facultativo
La afiliación identifica de forma estable al funcionario dentro del mutualismo administrativo y es única. El alta expresa que la persona se encuentra en una situación actualmente protegida. Un cambio de destino o de situación administrativa puede modificar el alta sin crear una afiliación nueva.
Se conserva la condición de mutualista, con las particularidades legales, en servicio activo, servicios especiales, servicios en comunidades autónomas, expectativa de destino, excedencia forzosa, excedencia por cuidado de familiares y suspensión de funciones. También la mantienen los jubilados forzosos, voluntarios o por incapacidad permanente para el servicio en los términos reglamentarios.
La excedencia voluntaria ordinaria o la pérdida de la condición de funcionario pueden provocar la baja. En determinados casos cabe solicitar el mantenimiento facultativo del alta. Quien elige esta continuidad debe asumir las cuotas que correspondan, incluida la aportación que normalmente soporta el Estado, y respetar plazos y requisitos. No debe confundirse esta opción con la conservación obligatoria propia de determinadas situaciones administrativas.
La existencia de alta o de condición mutualista no significa que todas las prestaciones nazcan automáticamente. Cada prestación exige además que se produzca la contingencia y que se cumplan sus requisitos específicos.
49.5
Mutualistas y beneficiarios
El mutualista es el titular de la relación jurídica con MUFACE. El beneficiario obtiene protección por su vínculo con aquel y por cumplir las condiciones reglamentarias. Pueden ser beneficiarios el cónyuge o persona asimilada y determinados descendientes, ascendientes, hermanos u otros familiares en los supuestos previstos.
El parentesco no basta por sí solo. Deben concurrir, según el caso, convivencia, dependencia económica, límites de ingresos y ausencia de un título incompatible de asistencia sanitaria. Desde el momento en que una persona obtiene protección sanitaria propia incompatible deja de poder figurar simultáneamente como beneficiaria de MUFACE.
La condición debe solicitarse y acreditarse. El mutualista tiene el deber de comunicar cambios de convivencia, ingresos, estado civil o cobertura sanitaria. MUFACE puede revisar el reconocimiento y exigir el reintegro de prestaciones indebidas si se mantuvo una condición que ya no correspondía.
Tras el fallecimiento, separación, divorcio o nulidad existen reglas específicas para conservar la asistencia sanitaria. No se trata de una prolongación automática para cualquier familiar, sino de un derecho sujeto a los requisitos establecidos para cada situación.
49.6
Financiación y cotización a MUFACE
El mutualismo administrativo se financia mediante aportaciones del Estado, cuotas de los mutualistas y los restantes recursos previstos legalmente. Su sistema financiero es de reparto: los recursos del periodo atienden las prestaciones correspondientes, sin que cada mutualista constituya una cuenta individual propia.
La base de cotización es el haber regulador que se establece anualmente para el grupo o subgrupo correspondiente. La ley presupuestaria fija el tipo porcentual. La cuota mensual se obtiene aplicando ese tipo a la base anual y dividiendo el resultado entre catorce; en junio y diciembre se abona doble cuota, con los ajustes procedentes cuando la paga extraordinaria se reduce proporcionalmente.
Las licencias sin sueldo no reducen por sí mismas la cuota. Están exceptuados de cotizar los mutualistas jubilados y quienes se encuentran en excedencia voluntaria para el cuidado de hijos o familiares. El mantenimiento facultativo del alta posee un régimen especial porque el interesado asume las aportaciones exigidas para conservar la protección.
La cuota de MUFACE financia las prestaciones mutualistas. No genera por sí misma la pensión de jubilación. Esta se sostiene mediante la cuota de derechos pasivos para quienes permanecen en Clases Pasivas o mediante la cotización al Régimen General para quienes están encuadrados en él.
49.7
Asistencia sanitaria
La asistencia sanitaria tiene como finalidad conservar o restablecer la salud y la aptitud para el trabajo. Comprende atención primaria, especializada y hospitalaria, urgencias, prestación farmacéutica y prestaciones complementarias con un contenido análogo al del Sistema Nacional de Salud.
Protege la enfermedad común y profesional, el accidente común y el producido en acto de servicio o como consecuencia de él, así como el embarazo, el parto y el puerperio. El embarazo es una contingencia sanitaria protegida aunque no sea una enfermedad. La normativa también incluye la asistencia relacionada con la donación de órganos o tejidos para trasplante.
MUFACE facilita la asistencia mediante los servicios públicos de salud o mediante entidades privadas concertadas, de acuerdo con la elección del mutualista y las condiciones del concierto vigente. La elección determina el proveedor ordinario, no la existencia del derecho. Los cambios de entidad, la atención urgente, el desplazamiento temporal y el uso de medios ajenos se someten a reglas específicas.
La utilización voluntaria de servicios distintos de los asignados no genera, como regla general, derecho al reembolso. Las excepciones deben derivar de los supuestos previstos, como una urgencia vital u otras circunstancias admitidas por el concierto. La prestación farmacéutica incorpora la aportación del usuario y sus exenciones, mientras que prótesis, transporte sanitario y asistencia en el extranjero tienen catálogos y límites propios.
49.8
Incapacidad temporal: situación, duración y control
Existe incapacidad temporal cuando una enfermedad, un accidente o un periodo de observación por enfermedad profesional impiden transitoriamente el desempeño normal de las funciones, el funcionario recibe asistencia sanitaria y el órgano de personal concede la licencia correspondiente.
MUFACE controla y sigue el proceso, pero no sustituye al órgano de personal en la concesión de la licencia. Puede realizar reconocimientos médicos cuyos resultados vinculan para conceder, denegar o prorrogar la situación, respetando intimidad, dignidad y confidencialidad.
Las licencias duran el tiempo previsiblemente necesario para la curación y deben justificarse mediante partes o informes. Existe un nuevo proceso si la patología es distinta o no guarda relación directa con la anterior y, en todo caso, cuando las licencias han estado interrumpidas durante al menos seis meses.
Si se prevé que la limitación impedirá definitivamente ejercer las funciones, debe iniciarse el procedimiento de jubilación por incapacidad permanente. Al agotarse el plazo máximo se examina si procede esa declaración o si todavía existe una expectativa razonable de recuperación que permita demorarla dentro del límite temporal aplicable.
La reforma publicada en octubre de 2026 amplía las situaciones especiales de incapacidad temporal mediante remisión a la Ley General de la Seguridad Social. Su nueva redacción entra en vigor el 1 de diciembre de 2026, por lo que su aplicación debe comprobarse atendiendo a la fecha del hecho causante.
49.9
Subsidio por incapacidad temporal
Durante los primeros noventa días de licencia, el órgano de personal abona la totalidad de las retribuciones que correspondan conforme a la normativa funcionarial. Desde el día 91, el funcionario percibe las retribuciones básicas y, en su caso, la prestación familiar correspondiente, mientras MUFACE reconoce el subsidio de incapacidad temporal.
La cuantía del subsidio es fija durante el proceso y equivale a la mayor de estas dos cantidades: el 80 % de las retribuciones básicas del tercer mes, incrementadas con una sexta parte de una paga extraordinaria, o el 75 % de las retribuciones complementarias devengadas en ese tercer mes. La suma de lo abonado por el órgano de personal y por MUFACE no puede superar las percepciones del tercer mes.
Como regla general, el subsidio exige seis meses de cotización, aunque existen excepciones para contingencias profesionales y situaciones legalmente equiparadas. El derecho termina por alta médica, agotamiento del plazo, jubilación, fallecimiento u otra causa legal.
La situación especial por donación de órganos o tejidos recibe una protección económica reforzada. El riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural también se equipara a una contingencia profesional: no exige carencia y requiere acreditar que el riesgo deriva del puesto y que no puede evitarse adaptando las funciones o mediante un traslado provisional.
49.10
Incapacidad permanente y lesiones no invalidantes
La incapacidad permanente aparece cuando, después del tratamiento y del alta médica, permanecen reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan la capacidad para el servicio. La ley distingue cuatro grados según su efecto.
La parcial limita el ejercicio de la función habitual sin impedir las tareas fundamentales. No produce por sí misma la jubilación y el funcionario conserva las retribuciones del puesto que efectivamente desempeña, aunque puede quedar sujeto a medidas de rehabilitación.
La total impide todas o las funciones fundamentales del cuerpo, escala o plaza. La absoluta inhabilita para toda profesión u oficio. Ambas conducen a la jubilación conforme al régimen de pensiones aplicable. Si existe una posibilidad razonable de recuperación, MUFACE puede reconocer prestaciones recuperadoras.
La gran invalidez presupone incapacidad absoluta y necesidad de ayuda de otra persona para los actos esenciales de la vida. Además de la jubilación, origina la prestación económica destinada a remunerar esa asistencia en los términos legales.
Las lesiones, mutilaciones o deformidades definitivas causadas por enfermedad profesional o acto de servicio que no alcancen la incapacidad total, absoluta o gran invalidez pueden generar una indemnización por una sola vez según baremo. No deben confundirse con una pensión de jubilación por incapacidad.
49.11
Protección familiar, servicios sociales y asistencia social
La protección familiar comprende prestaciones periódicas por hijo o menor con discapacidad a cargo y ayudas de pago único relacionadas con el parto o la adopción múltiples, conforme a sus reglas de coordinación con el sistema general. Las prestaciones análogas de distintos regímenes son incompatibles para evitar una doble cobertura del mismo hecho.
Los servicios sociales atienden contingencias no cubiertas suficientemente por otras prestaciones y pueden comprender programas para personas mayores, discapacidad, dependencia u otras necesidades. Su contenido concreto depende de los programas vigentes y no debe confundirse con un derecho universal a cualquier ayuda ofrecida en ejercicios anteriores.
La asistencia social permite conceder servicios o auxilios económicos ante estados de necesidad. Requiere solicitud, acreditación de la situación y disponibilidad presupuestaria. Su límite son los créditos consignados, por lo que posee una naturaleza diferente de las prestaciones regladas que nacen al cumplirse todos los requisitos.
El Fondo Especial conserva prestaciones residuales procedentes de antiguas mutualidades, montepíos y asociaciones integrados en MUFACE. Solo protege a quienes conservaron derechos conforme a las normas de integración; no constituye una prestación general para todos los mutualistas actuales.
49.12
Ámbito y prestaciones de Clases Pasivas
Clases Pasivas protege al personal incluido en su ámbito que mantiene este encuadramiento, principalmente por haber ingresado antes de 2011. Comprende, entre otros colectivos y conforme a sus normas propias, funcionarios civiles del Estado, personal de Justicia, Cortes Generales, determinados órganos constitucionales y personal militar.
Las prestaciones son económicas y periódicas. Pueden reconocerse en favor del propio funcionario, mediante pensión de jubilación o retiro, o de sus familiares, mediante pensiones de viudedad, orfandad y en favor de los padres.
Son ordinarias cuando el hecho causante se produce en circunstancias comunes. Son extraordinarias cuando la incapacidad o el fallecimiento derivan de un accidente o enfermedad producidos en acto de servicio o como consecuencia directa de este. Existe una presunción de acto de servicio si el hecho ocurre en lugar y tiempo de trabajo, salvo prueba en contrario.
Las pensiones excepcionales reconocidas por leyes especiales responden a una decisión normativa singular y no deben confundirse con las extraordinarias por acto de servicio.
49.13
Jubilación forzosa, voluntaria y por incapacidad
El hecho causante de la pensión propia es la jubilación o retiro. La jubilación forzosa se declara al alcanzar la edad legal del cuerpo. Para los funcionarios civiles del Estado la edad general es de sesenta y cinco años, sin perjuicio de colectivos con reglas especiales y de la posibilidad de solicitar la prolongación en servicio activo hasta el límite legal.
Si al alcanzar la edad forzosa el funcionario cuenta con doce años de servicios, pero no con los quince necesarios para la pensión ordinaria, puede solicitar una prórroga limitada al tiempo indispensable para completar la carencia, siempre que conserve aptitud para el servicio.
La jubilación voluntaria puede solicitarse, con carácter general, desde los sesenta años si se tienen reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado. Cuando para completar esos treinta años se utilizan cotizaciones de otros regímenes, normalmente se exige que los últimos cinco años computables estén cubiertos por Clases Pasivas, con las excepciones previstas para determinados cambios de régimen derivados de procesos de acceso o promoción.
La jubilación por incapacidad permanente para el servicio exige una lesión o proceso patológico estabilizado, irreversible o de reversibilidad remota o incierta que imposibilite totalmente el ejercicio de las funciones propias del cuerpo. Puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado y requiere dictamen médico preceptivo y vinculante.
El órgano de personal competente declara la jubilación; el INSS reconoce, en su caso, el derecho a la pensión y su cuantía. Son actuaciones conectadas, pero jurídicamente distintas.
49.14
Derechos pasivos: carencia, servicios y haber regulador
Los derechos pasivos son los derechos económicos derivados del encuadramiento y de los servicios reconocidos en Clases Pasivas. Para causar una pensión ordinaria de jubilación se exige un mínimo de quince años de servicios efectivos al Estado.
Los servicios efectivos incluyen los prestados en los cuerpos y situaciones computables conforme a la ley. El cómputo recíproco puede sumar cotizaciones acreditadas en otros regímenes cuando resulte necesario, pero los periodos superpuestos no se cuentan dos veces. El órgano de personal reconoce los servicios; el órgano de pensiones aplica ese reconocimiento al cálculo.
El haber regulador es una cuantía anual fijada presupuestariamente para cada grupo o subgrupo de clasificación. No equivale al sueldo real ni a la última nómina. Sirve como base abstracta sobre la que se aplica el porcentaje correspondiente a los años completos de servicios.
Si toda la carrera se desarrolló en un mismo grupo, la pensión anual se obtiene aplicando al haber regulador el porcentaje de la escala legal. Como referencias estables, quince años representan el 26,92 %; treinta, el 81,73 %; y treinta y cinco o más, el 100 %. Alcanzar el 100 % del regulador no garantiza percibir íntegramente esa cifra si opera el límite máximo de pensiones públicas.
Cuando se ha servido en varios cuerpos o grupos, no se aplica simplemente el regulador del último destino a toda la carrera. La ley utiliza una fórmula escalonada que distribuye el cálculo entre los distintos reguladores y los periodos acumulados. Así se refleja el tiempo servido en cada nivel sin tratar retroactivamente toda la carrera como si perteneciera al grupo superior.
49.15
Pensiones ordinarias y extraordinarias
La pensión ordinaria de jubilación se calcula con el haber regulador, los años completos de servicios y, cuando corresponda, la fórmula para varios cuerpos. Está sometida a revalorización, límites máximos y mínimos, complementos e incompatibilidades establecidos legalmente.
En la jubilación por incapacidad, el cálculo puede incorporar como servicios efectivos los años completos que faltan hasta la edad de jubilación forzosa, conforme a las reglas aplicables y con las reducciones que procedan cuando la incapacidad no inhabilita para toda profesión y existen menos años de servicios.
La pensión extraordinaria por incapacidad en acto de servicio no exige periodo mínimo de servicios. Para calcularla se consideran los años que faltaban hasta la jubilación forzosa y los haberes reguladores se toman con la especialidad del 200 %. Esta regla no significa que el pago final pueda superar sin límite el régimen legal de pensiones.
La relación causal con el servicio debe acreditarse. Que una enfermedad se manifieste mientras se trabaja no basta si no existe conexión directa, aunque la aparición del hecho en lugar y tiempo de trabajo activa la presunción legal susceptible de prueba en contrario.
49.16
Pensiones en favor de familiares
El fallecimiento puede causar pensiones de viudedad, orfandad y en favor de los padres. La base reguladora parte de la pensión de jubilación que percibía el fallecido o de la que habría podido corresponderle.
La pensión de viudedad protege al cónyuge superviviente y, con los requisitos legales, a exparejas y parejas de hecho. La regla general aplica el 50 % a la base reguladora, sin perjuicio de incrementos, distribuciones o límites en supuestos especiales. El matrimonio reciente por enfermedad común, la separación, la pensión compensatoria y la acreditación de la pareja de hecho poseen reglas propias.
La pensión de orfandad corresponde con carácter general a los hijos menores de veintiún años y a quienes estaban incapacitados para todo trabajo en los términos legales. Puede mantenerse hasta los veinticinco años cuando no se realiza trabajo lucrativo o los ingresos no alcanzan el límite aplicable, con las especialidades previstas si se cursan estudios.
La pensión en favor de los padres exige dependencia económica y tiene carácter subsidiario: solo nace cuando no existen cónyuge o hijos con derecho, o cuando estos pierden posteriormente su aptitud. Cada progenitor con derecho recibe el porcentaje legal sobre la base reguladora.
Las pensiones familiares pueden extinguirse por fallecimiento, matrimonio, constitución de pareja de hecho, mayoría de edad, superación de límites de ingresos u otras causas según la prestación. La aparición de nuevos beneficiarios puede obligar a redistribuir las cuantías.
49.17
Gestión, pago e incompatibilidades
El órgano competente del departamento o Administración declara la jubilación y reconoce los servicios prestados. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce los derechos pasivos, concede las prestaciones, reconoce las obligaciones y propone los pagos. La Tesorería General de la Seguridad Social ordena el pago y lo realiza materialmente. Esta distribución explica que el expediente de pensión necesite previamente la resolución de jubilación.
Las pensiones se devengan conforme a las reglas sobre efectos económicos y se abonan normalmente en catorce pagas. Están sujetas a los límites de percepción de pensiones públicas y a sus propias incompatibilidades con otras pensiones o con el desempeño de actividades en el sector público o privado.
No toda incompatibilidad produce la pérdida definitiva del derecho; en determinados casos suspende el cobro mientras se mantiene la actividad incompatible. La solución depende de la clase de pensión, de la fecha del hecho causante y del trabajo desarrollado, por lo que no debe trasladarse una regla de una pensión a otra.
49.18
Síntesis del tema
La protección de los funcionarios civiles exige separar el mutualismo administrativo del régimen de pensiones. MUFACE cubre asistencia sanitaria, incapacidad temporal y otras prestaciones mutualistas. Clases Pasivas reconoce pensiones al personal que permanece en su ámbito, mientras que los funcionarios de nuevo ingreso desde 2011 generan normalmente sus pensiones en el Régimen General.
Para resolver cualquier supuesto deben identificarse la fecha y forma de ingreso, la situación administrativa y la contingencia. En Clases Pasivas, la jubilación, los servicios efectivos, el haber regulador y el porcentaje por años determinan el derecho y la cuantía. En MUFACE, cada prestación exige distinguir la relación mutualista, la contingencia protegida, el órgano de personal y la intervención propia de la Mutualidad.
Preguntado en convocatorias oficiales
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0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 79.artículo 2.2 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010.
1. ¿En qué régimen cotiza y genera su derecho a la pensión de jubilación una funcionaria de nuevo ingreso de la OEP 2021?
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 78.artículo 66 del Real Decreto 375/2003 y artículo 14 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
2. Según el artículo 66 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, ¿es el embarazo una contingencia protegida por la prestación sanitaria de MUFACE?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 85.artículo 3 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
3. Quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del mutualismo administrativo:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 82.artículo 10.1 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado y artículos 22 y siguientes del Real Decreto 375/2003.
4. De acuerdo con el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, ¿qué mutualistas quedan exceptuados de la obligación de cotizar?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 84.artículo 1 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
5. De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, se garantiza al personal que le es de aplicación la protección de los siguientes riesgos:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 87.artículo 11 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
6. De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, ¿a cuál de los siguientes sujetos corresponde el reconocimiento de derechos pasivos y la concesión de las prestaciones de Clases Pasivas?
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