Bloque 6 · Gestión financiera y Seguridad Social

Explicación del Tema 55 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Ejecución del presupuesto de gastos, documentos contables y Tesoro

13 apartados21 min de lectura

55.1

Del crédito presupuestario a la satisfacción del acreedor

El presupuesto atribuye a cada órgano créditos destinados a finalidades concretas. Estos créditos constituyen autorizaciones limitativas: permiten asumir obligaciones hasta la cuantía aprobada y dentro de su vinculación jurídica, pero no representan dinero reservado físicamente ni reconocen por sí mismos un derecho a favor de un tercero.

La ejecución del gasto transforma progresivamente esa habilitación abstracta en una obligación exigible y, después, en un pago. La Ley General Presupuestaria distingue aprobación del gasto, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Antes de ellas suele existir una actuación preliminar de comprobación y retención del crédito.

La separación de fases permite responder a preguntas distintas. La aprobación determina si la actuación puede financiarse; el compromiso identifica la relación jurídica y su tercero; el reconocimiento verifica que el acreedor ya puede exigir el importe; y la ordenación y el pago hacen efectiva la obligación. Confundir estas decisiones puede llevar a reservar crédito sin verdadera autorización, reconocer una deuda antes de recibir la prestación o pagar a quien no corresponde.

En cada expediente conviven tres planos. El procedimiento sustantivo proporciona la causa jurídica —un contrato, una subvención, una nómina, una indemnización o una sentencia—. La ejecución presupuestaria determina cuándo se consume el crédito y nace la obligación. La contabilidad registra esos efectos y permite controlarlos. El documento contable no sustituye a la resolución administrativa, a la fiscalización ni a la acreditación de la prestación.

Las fases pueden acordarse por separado o acumularse cuando la naturaleza de la operación lo permite. La acumulación simplifica la tramitación documental, pero produce los mismos efectos que las fases separadas y exige que concurran todos sus presupuestos. No cabe utilizar un documento mixto para anticipar el reconocimiento de una obligación que todavía no es exigible.

55.2

Comprobación y retención del crédito

Antes de aprobar el gasto debe comprobarse que existe crédito adecuado y suficiente. Que sea suficiente significa que dispone de saldo bastante; que sea adecuado exige que su clasificación y finalidad permitan financiar la actuación. También debe atenderse al nivel de vinculación jurídica, porque no todo saldo de una sección o programa puede emplearse indistintamente.

El certificado de existencia de crédito acredita esa disponibilidad. El documento RC produce además una retención: separa una cuantía para que no sea utilizada por otro expediente mientras se tramita el gasto. La retención es una operación previa, no una aprobación. No autoriza a contratar, no concede una subvención y no crea derechos frente a la Administración.

Si el expediente no continúa o necesita una cuantía inferior, la retención debe anularse total o parcialmente para liberar el saldo. Las anulaciones se formalizan mediante documentos de signo negativo y siguen una tramitación equivalente a la operación que corrigen.

Cuando el expediente alcanza ejercicios posteriores, la oficina presupuestaria certifica el cumplimiento de los límites aplicables y se documentan las retenciones de ejercicios futuros. Esto no convierte la previsión futura en crédito del ejercicio corriente: acredita que el compromiso proyectado puede encajar en los límites plurianuales y que deberá ser atendido con los presupuestos correspondientes.

55.3

Aprobación del gasto: fase A

La aprobación es el acto mediante el cual el órgano competente autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada y reserva, para ese fin, la totalidad o una parte del crédito. Se registra mediante documento A cuando la fase se tramita de manera independiente.

Esta decisión inicia formalmente el procedimiento de ejecución, pero todavía no implica relaciones con terceros. Puede aprobarse el gasto de un contrato antes de conocer qué licitador será adjudicatario o el de una subvención antes de identificar a sus beneficiarios. Por eso aprobar un gasto no equivale a comprometerlo, reconocer una obligación ni autorizar su pago.

La aprobación debe apoyarse en un expediente que justifique necesidad, objeto, cuantía, competencia y procedimiento. También debe superar los controles previos que correspondan. En contratación suele acompañar a la aprobación del expediente antes de la licitación. En subvenciones de concurrencia competitiva debe efectuarse con carácter previo a la convocatoria.

55.4

Compromiso o disposición: fase D

El compromiso es el acto mediante el cual el órgano competente, tras cumplir los trámites legalmente establecidos, acuerda realizar un gasto previamente aprobado por un importe determinado o determinable. Tiene relevancia jurídica frente a terceros y vincula a la Hacienda Pública en la cuantía y las condiciones acordadas.

Este efecto permite distinguirlo de la aprobación. En A existe una decisión interna de gastar y una reserva de crédito; en D aparece una relación jurídica concreta. En un contrato, el compromiso se conecta con la adjudicación y la formalización conforme a la operatoria aplicable. En una subvención, la resolución de concesión identifica al beneficiario y el importe concedido.

El compromiso se refleja mediante documento D para el ejercicio corriente y, cuando proceda, mediante documentos correspondientes a anualidades futuras. Si la adjudicación o concesión es inferior al gasto aprobado, debe ajustarse la diferencia para no mantener crédito innecesariamente inmovilizado.

La fase D todavía no acredita que el tercero pueda cobrar. El contratista debe ejecutar la prestación y el beneficiario de una subvención debe cumplir las condiciones exigibles, salvo que la normativa permita un pago anticipado o a cuenta.

55.5

Reconocimiento de la obligación: fase O

El reconocimiento es el acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal, derivado de un gasto previamente aprobado y comprometido. En este momento la Administración acepta formalmente que debe una cantidad a un acreedor.

Como regla general, antes de reconocer la obligación debe acreditarse documentalmente la realización de la prestación o el derecho del acreedor. Es la denominada regla del servicio hecho. Una factura por sí sola no basta si no consta que los bienes fueron entregados, el servicio prestado o la obra ejecutada de conformidad. La prueba puede adoptar formas diferentes: factura conformada, certificación de obra, acta de recepción, nómina, resolución judicial o cuenta justificativa de una subvención.

En las obligaciones recíprocas, el reconocimiento responde normalmente al cumplimiento del tercero. En las no recíprocas, el derecho puede nacer de la ley o de un acto administrativo que lo atribuya. También existen anticipos legalmente admitidos, pero su carácter excepcional impide convertirlos en una dispensa general del deber de justificar.

Todo reconocimiento lleva normalmente implícita la correspondiente propuesta de pago. Por ello, en la Administración General del Estado el servicio gestor expide un documento OK, que incorpora reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. Solo en operaciones específicas, como determinados supuestos de deuda pública, pueden utilizarse separadamente un documento O y, con posterioridad, un documento K.

Si la prestación es defectuosa, la justificación resulta insuficiente o el importe no coincide con lo debido, la obligación no debe reconocerse en los términos propuestos. Procederá subsanar, reducir la cuantía o aplicar las consecuencias establecidas en la normativa sustantiva.

55.6

Propuesta, ordenación y pago material

La propuesta de pago es la solicitud del órgano que ha reconocido la obligación para que el ordenador general proceda a ordenar su pago. No constituye todavía una salida de fondos. Las propuestas contabilizadas se transmiten a la ordenación de pagos, donde pueden quedar afectadas por incidencias, embargos, compensaciones, cesiones del derecho de cobro o errores en la identificación del perceptor.

La ordenación del pago expide la orden contra el Tesoro y queda registrada en el sistema de información contable. No debe confundirse esta fase con un documento P incluido en el catálogo ordinario de documentos de gestión del gasto de la AGE: la propuesta ya figura normalmente en OK y la ordenación se practica después sobre las propuestas contabilizadas. Las órdenes se libran, como regla general, a favor del acreedor que figura en la propuesta. La normativa puede permitir que se expidan a favor de habilitaciones, cajas pagadoras, depositarías, entidades colaboradoras u otros agentes mediadores, que actúan como intermediarios para entregar los fondos al verdadero destinatario.

El pago material es la entrega efectiva de los fondos mediante transferencia u otro medio admitido. Solo entonces se produce la salida de tesorería. Ordenar un pago no significa que ya se haya abonado: entre ambas actuaciones puede transcurrir el tiempo necesario para practicar controles, resolver incidencias y programar la liquidez.

El pago extingue la obligación en la cuantía satisfecha, pero no es la única forma de extinción. La LGP también contempla compensación, prescripción y otros medios previstos legalmente. Si se paga por error a quien carecía de derecho o por una cuantía superior a la reconocida, existe un pago indebido y el perceptor debe restituirlo. Cuando un órgano judicial o administrativo embarga un derecho de cobro, la comunicación debe reunir los datos necesarios para que el Tesoro practique correctamente la retención.

55.7

Documentos contables simples, mixtos e inversos

Los documentos contables permiten conocer qué decisión se ha adoptado, a qué crédito afecta, por qué importe y, cuando corresponde, frente a qué tercero. En la operatoria ordinaria destacan:

DocumentoOperación que reflejaEfecto principal
RCRetención de créditoReserva saldo para un expediente.
AAprobación del gastoAutoriza el gasto sin vincular aún a un tercero.
DCompromiso del gastoVincula a la Hacienda Pública con un tercero.
OKObligación y propuesta de pagoDeclara el crédito exigible y solicita su pago.

La regla general en la AGE es que O y K aparezcan reunidas en OK. Los documentos separados O y K se reservan a las operaciones específicas en las que la propuesta no acompaña inmediatamente al reconocimiento.

Cuando varias fases se acumulan en un solo acto se utilizan documentos mixtos. AD reúne aprobación y compromiso. ADOK incorpora aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. La Instrucción atribuye a la acumulación los mismos efectos que a las fases acordadas por separado; por tanto, deben existir crédito, competencia, relación jurídica y obligación exigible.

Los documentos inversos, de signo negativo, anulan total o parcialmente operaciones anteriores. También existen variantes para ejercicio corriente, ejercicios posteriores y otras clases de operación. Para interpretar cualquier código conviene identificar primero qué fases contiene y después comprobar el acto administrativo que lo justifica.

55.8

Anticipos de caja fija y pagos a justificar

El procedimiento ordinario exige justificar el derecho antes de reconocer la obligación. Sin embargo, determinados gastos requieren mecanismos adaptados a su frecuencia o a la imposibilidad temporal de aportar justificantes. La LGP regula los anticipos de caja fija y los pagos a justificar, que responden a necesidades diferentes.

Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se entregan a pagadurías, cajas y habilitaciones para atender de manera inmediata gastos periódicos o repetitivos. Se utilizan, con carácter general, para gastos corrientes en bienes y servicios y quedan sometidos a los límites fijados por la ley. Los cajeros pagan los gastos, rinden las cuentas justificativas y solicitan la reposición; es en esta reposición cuando las cantidades justificadas se aplican al presupuesto. El fondo vuelve así a su importe disponible para atender nuevos pagos.

El pago a justificar tiene carácter excepcional. Se utiliza cuando no puede aportarse la documentación justificativa de la obligación en el momento normal del reconocimiento, así como en determinados gastos o prestaciones realizados en el extranjero y en otros supuestos legalmente previstos. La falta inicial de justificantes no elimina la obligación de rendir cuentas.

La orden debe identificar la finalidad y el perceptor de los fondos. Este responde de su custodia, de su correcta aplicación y de presentar la cuenta justificativa. Como regla general, la cuenta se rinde en tres meses; el plazo es de seis meses para pagos por expropiaciones y pagos en el extranjero, sin perjuicio de las ampliaciones excepcionales permitidas. La autoridad competente debe aprobar o reparar la cuenta dentro del plazo legal tras recibir la documentación.

La diferencia esencial puede resumirse así: la caja fija es un sistema permanente para gastos repetitivos; el pago a justificar es un libramiento excepcional para una necesidad concreta cuya justificación no puede aportarse inicialmente.

55.9

Ejecución presupuestaria de los contratos

La contratación permite observar cómo el procedimiento sustantivo y el presupuestario avanzan de forma coordinada. Antes de licitar se comprueba y retiene el crédito. La aprobación del expediente y del gasto produce la fase A. La adjudicación identifica al contratista y la formalización consolida la relación contractual; conforme a la Instrucción de operatoria, entonces se expide el documento D.

Durante la ejecución, el contratista presenta facturas o certificaciones, pero el reconocimiento de la obligación requiere comprobar que la prestación se ajusta al contrato. La unidad responsable debe verificar cantidad, calidad, precio y periodo facturado. Cuando la naturaleza del contrato lo exige, intervienen certificaciones, recepción formal, comprobación material y liquidación. Tras la conformidad se reconoce la obligación mediante OK y continúa el procedimiento de pago.

En contratos plurianuales se registran los compromisos de ejercicios futuros respetando sus límites. Las modificaciones, prórrogas, revisiones de precios y liquidaciones pueden alterar el gasto previsto y exigen ajustar los documentos contables. Una prórroga contractual, por ejemplo, no puede ejecutarse presupuestariamente sin el crédito y las actuaciones que correspondan.

La factura no crea por sí sola el derecho al cobro ni permite demorar artificialmente la comprobación. El plazo de pago se rige por la legislación contractual y exige tramitar con diligencia la aprobación de las certificaciones o documentos de conformidad. Así se protege al acreedor sin renunciar al control sobre la prestación.

55.10

Ejecución presupuestaria de las subvenciones

La concesión de subvenciones también requiere distinguir decisiones que a menudo se confunden. En concurrencia competitiva, antes de publicar la convocatoria debe aprobarse el gasto. La convocatoria abre el procedimiento y concreta crédito, requisitos y criterios, pero todavía no reconoce una obligación a favor de cada solicitante.

La resolución de concesión identifica beneficiarios y cuantías y da lugar al compromiso del gasto. En las subvenciones nominativas, una vez dictado el acuerdo de concesión el servicio gestor formula AD o ADOK según que en ese momento solo proceda autorizar y comprometer o concurran también los requisitos para reconocer la obligación y proponer el pago.

Como regla general, el pago exige que el beneficiario justifique la actividad, el proyecto o el comportamiento financiado y acredite el cumplimiento de las condiciones. Solo entonces puede reconocerse la obligación. Las bases reguladoras pueden prever pagos a cuenta o anticipados, así como garantías, pero esa posibilidad debe tener cobertura normativa y no elimina el control posterior.

Si la justificación es parcial, la cuantía reconocida puede reducirse conforme a los criterios aplicables. Si después del pago se descubre incumplimiento, procede iniciar el reintegro, con los intereses correspondientes cuando sean exigibles. Concesión, reconocimiento, pago y eventual reintegro son, por tanto, momentos jurídicamente distintos.

55.11

Órganos competentes y separación de funciones

Los ministros y los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas aprueban y comprometen los gastos propios de sus presupuestos, reconocen las obligaciones e interesan del ordenador general la realización de los pagos, salvo las competencias reservadas por ley al Consejo de Ministros. Los ministros pueden fijar límites por debajo de los cuales estas facultades correspondan a secretarios de Estado y subsecretarios.

En los organismos autónomos y demás entidades estatales con presupuesto limitativo, sus presidentes o directores aprueban y comprometen el gasto y reconocen y pagan las obligaciones. En las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sus directores aprueban y comprometen, reconocen la obligación e interesan del ordenador general de pagos de la Seguridad Social su realización.

Estas facultades pueden desconcentrarse mediante real decreto o delegarse en los términos establecidos. Además, determinados convenios, contratos-programa y otros negocios requieren autorización del Consejo de Ministros por su objeto o cuantía. La autorización especial no debe confundirse con la actuación posterior de quien gestiona el crédito.

El gestor inicia y resuelve el expediente; la Intervención ejerce el control que corresponda; la oficina contable registra las operaciones y transmite las propuestas; el ordenador de pagos expide las órdenes; y el Tesoro realiza el pago. La separación evita que una sola unidad decida, controle, contabilice y pague la misma operación.

Los actos que comprometen gastos por encima del crédito autorizado o sin crédito adecuado pueden incurrir en nulidad y generar responsabilidad. La existencia de una prestación efectivamente recibida no convierte en correcto un procedimiento omitido: obliga a resolver la situación por las vías legalmente procedentes y a depurar, en su caso, las responsabilidades.

55.12

El Tesoro Público y la gestión de la tesorería del Estado

El Tesoro Público está integrado por los recursos financieros —dinero, valores y créditos— de la Administración General del Estado y de las entidades comprendidas en el ámbito definido por la LGP, tanto si proceden de operaciones presupuestarias como no presupuestarias. No debe confundirse con el presupuesto: este autoriza y ordena ingresos y gastos; el Tesoro administra los recursos financieros y la liquidez que permiten hacer efectivos cobros y pagos.

Entre sus funciones se encuentran recaudar los derechos y pagar las obligaciones del Estado; centralizar fondos y valores para servir al principio de unidad de caja; gestionar activamente los recursos financieros; distribuir las disponibilidades en el tiempo y el territorio; contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero; emitir y gestionar la deuda del Estado; y responder de los avales estatales.

La unidad de caja significa que los fondos se administran de forma centralizada, con independencia del origen presupuestario de cada ingreso, salvo las afectaciones establecidas legalmente. No significa que pueda alterarse la finalidad de los créditos ni que desaparezca la contabilidad separada de cada operación. Su finalidad es evitar tesorerías fragmentadas y permitir que las disponibilidades atiendan puntualmente las obligaciones.

Para ordenar pagos deben emplearse criterios objetivos, como fecha de recepción, importe, aplicación presupuestaria y forma de pago. La gestión de liquidez permite distribuir materialmente los flujos, pero no autoriza a desconocer obligaciones reconocidas ni a establecer preferencias arbitrarias.

Con carácter general, los ingresos y pagos se canalizan a través de las cuentas mantenidas en el Banco de España. La apertura de cuentas fuera de él requiere autorización previa en los términos de la LGP. La posición global del Tesoro sirve de referencia para gestionar liquidez, financiación y endeudamiento, sin perjuicio de la autonomía que corresponda a las entidades integradas.

La Dirección General competente en materia de Tesoro puede recabar previsiones de cobros y pagos y, en los casos previstos, retener propuestas a favor de determinadas entidades atendiendo a su tesorería disponible y a los pagos que tengan programados. También pueden realizarse operaciones financieras de corto plazo para administrar excedentes o necesidades transitorias, con los requisitos de autorización, solvencia, publicidad, concurrencia y transparencia aplicables.

55.13

Síntesis del tema

La ejecución del presupuesto de gastos no es una sucesión de siglas, sino un sistema de garantías. A autoriza, D vincula con un tercero, O declara exigible la deuda y K contiene la propuesta de pago, normalmente reunidas estas dos últimas fases en OK. Después, el ordenador expide la orden y el Tesoro paga. Los documentos permiten seguir esas decisiones, pero nunca sustituyen el expediente que las justifica. Los contratos y las subvenciones muestran el recorrido ordinario; la caja fija y los pagos a justificar atienden necesidades especiales; y el Tesoro asegura que las obligaciones puedan satisfacerse mediante una gestión centralizada y objetiva de la liquidez.

Preguntado en convocatorias oficiales

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  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 90.artículo 73.4 de la Ley 47/2003.

    1. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el reconocimiento de la obligación es:

  2. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 91.regla 23.3 de la Instrucción de operatoria contable del gasto del Estado.

    2. Según lo dispuesto en la regla 23 de la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el servicio gestor competente de la Administración General del Estado expedirá:

  3. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 93.Orden de 1 de febrero de 1996 sobre documentos contables de la AGE y regla 22 de la Instrucción de operatoria contable.

    3. ¿Para qué se utiliza el documento contable D de ejercicio corriente en la Administración General del Estado?

  4. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 94.reglas de tramitación de los expedientes de contratación de la Instrucción de operatoria contable del gasto del Estado.

    4. En la contratación administrativa, ¿cuándo se expide el documento contable D?

  5. Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 96.artículo 34.1 de la Ley 38/2003.

    5. De conformidad con el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter previo a la convocatoria de la subvención debe efectuarse:

  6. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 94.regla 83 de la Instrucción de operatoria contable del gasto del Estado.

    6. La regla 83 de la Orden de 1 de febrero de 1996 indica, en relación con la tramitación de subvenciones nominativas, que, una vez dictado el acuerdo de concesión por el órgano competente, el servicio gestor formulará un documento:

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