Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 17 de Policía Nacional
Delitos contra la vida, la integridad, la libertad, la integridad moral y la libertad sexual
17.1
Homicidio y sus formas
1.1. Homicidio doloso
El artículo 138.1 CP castiga a quien mata a otra persona. El tipo protege la vida humana independiente y exige una conducta capaz de causar la muerte, una relación entre esa conducta y el resultado y dolo de matar.
El dolo puede ser directo, cuando la muerte constituye el objetivo, o eventual, cuando el autor representa seriamente su producción y actúa aceptando ese riesgo. No es necesario que confiese su intención: se deduce de datos como el arma empleada, la zona corporal, la fuerza y reiteración de los golpes, la distancia, las expresiones utilizadas y la conducta posterior.
La diferencia con las lesiones no depende solo del resultado. Un golpe dirigido a una zona vital con un medio idóneo puede revelar ánimo de matar aunque la víctima sobreviva, dando lugar a tentativa de homicidio. Una agresión que causa inesperadamente la muerte puede responder, según el dolo y la previsibilidad, a lesiones dolosas en concurso con homicidio imprudente.
Para separar el ánimo de matar del ánimo de lesionar se valoran conjuntamente datos anteriores, simultáneos y posteriores al ataque. Importan la relación entre autor y víctima, las amenazas previas, el arma elegida, el número de golpes, la zona corporal alcanzada, la distancia desde la que se actúa y la conducta después de la agresión. Ningún indicio decide por sí solo: una lesión finalmente leve puede proceder de una tentativa de homicidio si la acción estaba dirigida a matar, mientras que una muerte no transforma automáticamente toda agresión previa en homicidio doloso.
El artículo 138.2 impone la pena superior en grado cuando concurre alguna circunstancia del artículo 140.1 o cuando los hechos son además constitutivos de atentado del artículo 550. Esta agravación del homicidio no debe confundirse con el asesinato, que exige una circunstancia del artículo 139.
1.2. Asesinato
El asesinato es una figura autónoma. El artículo 139 exige matar concurriendo al menos una de estas circunstancias:
- Alevosía: utilización de medios que aseguran la ejecución sin riesgo procedente de la defensa de la víctima.
- Precio, recompensa o promesa: la muerte se ejecuta a cambio de una ventaja ofrecida.
- Ensañamiento: aumento deliberado e inhumano del dolor mediante padecimientos innecesarios para causar la muerte.
- Finalidad de facilitar otro delito o evitar que se descubra.
Cuando concurren varias, el hecho sigue siendo un asesinato, pero la pena se impone en su mitad superior. La misma circunstancia no puede utilizarse dos veces para calificar el delito y volver a agravar la pena.
La alevosía se refiere al modo de asegurar la ejecución y neutralizar la defensa, no simplemente a que el ataque sea repentino. Puede manifestarse mediante emboscada, sorpresa o aprovechamiento de una situación de desvalimiento. El ensañamiento, por su parte, exige aumentar deliberadamente el sufrimiento con padecimientos innecesarios para matar. No existe por el solo hecho de que se produzcan muchas heridas: debe acreditarse que el autor quiso incrementar de forma inhumana el dolor.
La escala principal ayuda a situar las figuras: el homicidio doloso se castiga con diez a quince años de prisión y el asesinato con quince a veinticinco años. Los supuestos del artículo 140 reciben prisión permanente revisable. Estas referencias permiten comprender la progresión entre tipo básico, asesinato y asesinato especialmente agravado.
1.3. Prisión permanente revisable y consecuencias complementarias
El artículo 140.1 castiga el asesinato con prisión permanente revisable cuando la víctima es menor de dieciséis años o especialmente vulnerable; cuando el hecho sigue a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima, o cuando el autor pertenece a un grupo u organización criminal.
También se impone a quien ha sido condenado por la muerte de más de dos personas. La expresión exige al menos tres muertes y no se satisface con dos.
El artículo 140 bis permite imponer libertad vigilada. Además, cuando víctima y autor tienen un hijo o hija en común, se impone respecto de este la privación de la patria potestad. Si la víctima es hija o hijo del autor, la privación alcanza a los demás hijos en los términos del precepto.
La provocación, conspiración y proposición para los delitos de los artículos 138 a 140 se castigan conforme al artículo 141 con la pena inferior en uno o dos grados.
1.4. Homicidio imprudente
El artículo 142 diferencia imprudencia grave y menos grave. La calificación depende de la entidad del riesgo creado y de la infracción del deber de cuidado, no únicamente de la gravedad del resultado, que siempre es la muerte.
La imprudencia se diferencia del dolo eventual por la posición del autor ante el resultado. En ambos casos puede representarse el riesgo de muerte; existe dolo eventual cuando continúa actuando aceptando seriamente su posible producción, mientras que en la imprudencia confía, aunque de manera injustificada, en que el resultado no se producirá. Esta distinción se deduce de las circunstancias y no de la explicación que el autor ofrezca después del hecho.
La conducción en la que alguna circunstancia del artículo 379 determina el resultado se considera en todo caso imprudencia grave. En la imprudencia menos grave cometida con vehículo, la comisión determinante de una infracción grave de tráfico constituye el criterio legal, que debe apreciarse motivadamente.
Si se utiliza un vehículo o un arma se añaden privaciones de los respectivos derechos. La imprudencia profesional conlleva inhabilitación. El artículo 142 bis permite elevar la pena cuando una imprudencia grave de notoria gravedad causa varias muertes o combina muerte y lesiones graves.
El homicidio por imprudencia grave se castiga con prisión de uno a cuatro años. El cometido por imprudencia menos grave lleva multa de tres a dieciocho meses. Cuando intervienen vehículos, armas o una actividad profesional se añaden las correspondientes privaciones del derecho a conducir, a portar armas o a ejercer la profesión.
En la redacción vigente, el homicidio menos grave cometido con vehículo o ciclomotor se persigue de oficio; en los demás casos del artículo 142.2 se exige denuncia de la persona agraviada o su representante.
1.5. Suicidio y eutanasia
El suicidio de otra persona no convierte en autor de homicidio a todo aquel que se relaciona con su decisión. El artículo 143 castiga modalidades concretas:
- Inducir directamente a otra persona a suicidarse.
- Cooperar mediante actos necesarios.
- Ejecutar materialmente la muerte a petición del suicida.
La cooperación no necesaria queda fuera del tipo. La diferencia responde a que el suicida conserva el dominio de su propia decisión y la ley selecciona expresamente las intervenciones punibles.
Inducir significa hacer nacer en otra persona una decisión suicida que antes no existía y debe tratarse de una influencia directa y eficaz. Cooperar con actos necesarios supone proporcionar una ayuda sin la cual el suicidio no se habría realizado del modo previsto. Si quien ayuda ejecuta personalmente la muerte, la respuesta es más grave: ya no se limita a facilitar el acto del suicida, sino que causa materialmente el fallecimiento.
La graduación refleja esas diferencias: la inducción se castiga con cuatro a ocho años, la cooperación necesaria con dos a cinco años y la cooperación ejecutiva con seis a diez años de prisión.
El apartado 4 atenúa la respuesta cuando una persona causa o coopera activamente con actos necesarios y directos a la muerte, a petición expresa, seria e inequívoca, ante un padecimiento grave en los términos legales. El apartado 5 excluye responsabilidad cuando la actuación cumple la ley orgánica reguladora de la eutanasia.
El artículo 143 bis castiga la difusión tecnológica de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección y permite ordenar su retirada o bloqueo.
Síntesis del bloque. El homicidio protege la vida frente a la muerte dolosa o imprudente; el asesinato añade una forma especialmente grave de ejecución o finalidad. La participación en el suicidio posee un régimen cerrado y la actuación eutanásica solo queda fuera del Derecho penal cuando cumple íntegramente su regulación específica.
17.2
Delitos de aborto
Los artículos 144 a 146 CP no pueden interpretarse de forma aislada. El Código Penal describe las conductas prohibidas, pero remite a la Ley Orgánica 2/2010 para determinar cuándo la interrupción voluntaria del embarazo está permitida. Por eso, antes de calificar penalmente una intervención debe comprobarse si existe consentimiento, en qué momento de la gestación se realiza, qué causa la ampara y si se cumplen los requisitos médicos y asistenciales.
2.1. Aborto sin consentimiento
El artículo 144 CP castiga a quien produce el aborto sin consentimiento de la mujer. Se aplica la misma pena cuando la anuencia se obtiene mediante violencia, amenaza o engaño, porque en esos casos no existe una decisión libre. La pena es de cuatro a ocho años de prisión, acompañada de inhabilitación especial para ejercer profesiones sanitarias o prestar servicios en establecimientos ginecológicos.
Esta modalidad protege la vida prenatal y, de manera especialmente intensa, la libertad, integridad y dignidad de la mujer. El sujeto activo puede ser cualquier persona. La mujer no responde como partícipe de una interrupción que le ha sido impuesta o para la que su consentimiento se obtuvo de forma viciada.
2.2. Supuestos permitidos por la Ley Orgánica 2/2010
La ley permite interrumpir el embarazo a petición de la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación. La decisión corresponde a la mujer embarazada una vez recibida la información sanitaria exigible. La reforma de 2023 eliminó el antiguo periodo obligatorio de reflexión de tres días.
También puede practicarse por causas médicas, con regímenes diferentes:
- Hasta la semana veintidós, cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y conste un dictamen anterior de un médico especialista distinto de quien vaya a practicar o dirigir la intervención. En caso de urgencia por riesgo vital puede prescindirse del dictamen.
- Hasta la semana veintidós, cuando exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en el dictamen previo de dos médicos especialistas distintos de quien practique o dirija la intervención.
- Sin ese límite temporal, cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. En el segundo caso se requiere la confirmación de un comité clínico.
Son requisitos comunes que la intervención sea practicada por un médico especialista —preferiblemente en obstetricia y ginecología— o bajo su dirección y que se realice en un centro sanitario público o privado acreditado. El consentimiento debe prestarse conforme a la legislación sobre autonomía del paciente. Las mujeres de dieciséis y diecisiete años pueden decidir sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales; para las menores de dieciséis operan las reglas del consentimiento por representación, con las garantías previstas legalmente.
Estas condiciones delimitan el alcance del Código Penal. No basta con saber que hubo consentimiento: debe comprobarse que la intervención encajaba en uno de los supuestos legales y que se practicó con las garantías esenciales.
2.3. Aborto consentido fuera de los casos permitidos
El artículo 145.1 castiga con prisión de uno a tres años e inhabilitación a quien causa el aborto con consentimiento de la mujer fuera de los casos permitidos por la ley. El juez puede imponer la pena en su mitad superior si la intervención se practica fuera de un centro acreditado.
El apartado 2 sanciona con multa de seis a veinticuatro meses a la mujer que produce su propio aborto o consiente que otra persona se lo cause fuera de esos supuestos. La respuesta es distinta porque el Código diferencia la posición de quien practica el aborto y la de la propia embarazada.
Cuando la conducta se realiza a partir de la semana vigésimo segunda, el apartado 3 impone las respectivas penas en su mitad superior. Esta agravación penal no elimina los supuestos médicos que la Ley Orgánica 2/2010 permite después de esa semana: solo opera cuando la intervención se encuentra fuera del marco legal.
2.4. Incumplimiento de requisitos e imprudencia
El artículo 145 bis se ocupa de un supuesto diferente. La interrupción encaja materialmente en los casos permitidos, pero se practica sin los dictámenes previos preceptivos o fuera de un centro acreditado. Se castiga al profesional o tercero responsable con multa e inhabilitación; la embarazada no es penada por este precepto. Si se realiza después de la semana veintidós, las penas se imponen en su mitad superior.
La diferencia con el artículo 145 es esencial: en este último falta la causa legal que permite interrumpir el embarazo; en el artículo 145 bis existe esa causa, pero se incumple una garantía exigida para practicar la intervención.
El artículo 146 castiga el aborto causado por imprudencia grave con prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses. Si la imprudencia es profesional se añade inhabilitación especial. Tampoco se castiga a la embarazada por su propia imprudencia.
Síntesis del bloque. La calificación depende de cuatro preguntas sucesivas: si la mujer consintió libremente, si existía un supuesto legal, si se respetaron los requisitos esenciales y si el resultado fue doloso o imprudente. El artículo 144 responde a la ausencia de consentimiento; el 145, al aborto consentido pero ilegal; el 145 bis, al incumplimiento de garantías dentro de un supuesto permitido, y el 146, a la imprudencia grave.
17.3
Delitos de lesiones
3.1. Lesión básica, leve y maltrato sin lesión
El artículo 147.1 CP castiga a quien causa una lesión que menoscaba la integridad corporal o la salud física o mental y requiere objetivamente, además de una primera asistencia, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento del curso de la lesión no se considera tratamiento.
El tratamiento supone una planificación curativa posterior indicada por personal facultativo. No depende de cuántas veces acuda la víctima ni de que acepte el tratamiento, sino de lo que objetivamente necesita la lesión.
Son ejemplos habituales de tratamiento la sutura que requiere cuidados posteriores, la inmovilización destinada a consolidar una fractura, una intervención quirúrgica o una pauta terapéutica dirigida a curar. En cambio, la exploración inicial, una cura simple o la mera comprobación de cómo evoluciona la lesión forman parte de la primera asistencia o de su seguimiento. Lo decisivo no es el nombre de la actuación, sino su finalidad curativa y su necesidad objetiva.
Si solo requiere primera asistencia se aplica el delito leve del artículo 147.2. Golpear o maltratar de obra sin causar lesión se castiga en el apartado 3. Estas dos modalidades exigen denuncia de la persona agraviada o su representante, salvo las reglas especiales aplicables en ámbitos protegidos.
La gradación puede ordenarse así:
| Resultado | Calificación básica | Pena principal |
|---|---|---|
| Lesión que exige tratamiento posterior | Artículo 147.1 | Prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses |
| Lesión que no exige ese tratamiento | Artículo 147.2 | Multa de uno a tres meses |
| Golpe o maltrato sin lesión | Artículo 147.3 | Multa de uno a dos meses |
Los dos últimos son delitos leves y, fuera de los ámbitos familiares especialmente protegidos, requieren denuncia. La diferencia entre lesión y maltrato de obra está en que exista o no un menoscabo corporal o psíquico acreditable.
3.2. Lesiones agravadas y resultados especialmente graves
El artículo 148 permite agravar las lesiones del artículo 147.1 atendiendo al resultado o riesgo cuando se emplean medios peligrosos, media alevosía o ensañamiento, la víctima es menor de catorce años o especialmente protegida, es o fue pareja del autor o es especialmente vulnerable y convive con él.
El artículo 149 protege frente a resultados de máxima gravedad: pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, pérdida de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad o grave enfermedad somática o psíquica. Incluye la mutilación genital.
El artículo 150 se refiere a órgano o miembro no principal y a la deformidad que no alcanza la gravedad del artículo anterior. La valoración atiende a la función, permanencia y visibilidad del resultado, no solo a su denominación médica.
Un órgano o miembro es principal cuando cumple por sí mismo una función esencial o relevante para la salud, autonomía o desenvolvimiento de la persona. La pérdida de un ojo, una mano o un pie constituye el ejemplo habitual del artículo 149. Los dedos no reciben siempre la misma valoración: depende de la función afectada y de la intensidad de la pérdida. La deformidad exige una alteración física permanente y visible con entidad suficiente, valorada según su localización y repercusión en la persona concreta.
Las penas reflejan la distinta gravedad: el artículo 149 establece prisión de seis a doce años, mientras que el artículo 150 prevé prisión de tres a seis años. El artículo 148 no crea cualquier lesión nueva, sino que permite elevar la respuesta de la lesión básica cuando el medio, la forma de ejecución o la condición de la víctima incrementan el desvalor.
3.3. Lesiones imprudentes y pluralidad de víctimas
El artículo 152 castiga las lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150 causadas por imprudencia grave y, con un ámbito más limitado, por imprudencia menos grave. Las reglas sobre vehículos, armas e imprudencia profesional son paralelas a las del homicidio imprudente.
Se considera grave la imprudencia en la conducción cuando una circunstancia del artículo 379 determina el resultado. Por ello, superar en más de sesenta kilómetros por hora el límite urbano puede fundamentar esa calificación si causa las lesiones.
No toda lesión accidental es delito. Debe existir una infracción penalmente relevante del deber de cuidado y una conexión entre el riesgo creado y el resultado. La imprudencia grave supone apartarse de las cautelas más elementales; la menos grave ocupa un nivel inferior, pero sigue excediendo del mero descuido sin relevancia penal.
El artículo 152 bis permite elevar la pena ante una imprudencia grave de notoria gravedad que cause lesiones muy graves a varias personas.
3.4. Violencia ocasional en el ámbito familiar
El artículo 153 convierte determinadas lesiones leves o maltratos sin lesión en delitos menos graves cuando la víctima pertenece a un ámbito especialmente protegido.
El apartado 1 se refiere a la esposa o mujer ligada por relación análoga de afectividad, incluso sin convivencia, y a la persona especialmente vulnerable que convive con el autor. El apartado 2 comprende a las demás personas del círculo del artículo 173.2.
Se agrava cuando ocurre en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima, o quebrantando una pena o medida. El artículo 153 describe un episodio ocasional; la reiteración que crea un clima de violencia se estudia como violencia habitual en el artículo 173.2.
La expresión «violencia de género» no se aplica automáticamente a cualquier conflicto entre personas que mantienen o mantuvieron una relación. El artículo 153.1 exige la relación y la conducta descritas por el tipo. Cuando la víctima pertenece al resto del círculo familiar del artículo 173.2 se aplica el apartado 2. Si, además, los hechos forman parte de una dinámica reiterada, cada episodio puede castigarse junto con el delito de violencia habitual.
3.5. Riña, consentimiento y figuras complementarias
El artículo 154 castiga la participación en una riña tumultuaria usando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad, cuando se acometen entre sí grupos de personas. No exige identificar qué interviniente produjo cada lesión, pero sí la participación peligrosa en la riña.
El consentimiento válido, libre, espontáneo y expreso reduce en uno o dos grados la pena de las lesiones conforme al artículo 155. No es válido el consentimiento de menores ni el de personas con discapacidad necesitadas de especial protección a estos efectos.
El artículo 156 excluye responsabilidad en trasplantes, esterilizaciones y cirugía transexual realizados conforme a la ley y con consentimiento válido. El artículo 156 bis castiga el tráfico ilegal de órganos y el 156 ter la difusión tecnológica de contenidos destinados a fomentar la autolesión de menores o personas especialmente protegidas.
Consentir una lesión no equivale, por tanto, a autorizar libremente cualquier daño corporal. La regla general del artículo 155 solo atenúa la pena. La exención completa se limita a las intervenciones médicas expresamente señaladas en el artículo 156 y exige que se practiquen conforme a la ley por personal facultativo y con consentimiento consciente y no obtenido mediante precio, recompensa o vicio.
El tráfico de órganos comprende la obtención ilícita, su preparación, transporte o uso, la intermediación retribuida y la recepción consciente de un órgano de origen ilícito. La extracción sin consentimiento, sin autorización o a cambio de una retribución integra el núcleo de la prohibición. El resarcimiento de gastos y pérdida de ingresos derivados de una donación lícita no se considera pago por el órgano.
Los artículos 156 quater y 156 quinquies añaden consecuencias comunes. Cuando la víctima pertenece al círculo del artículo 173.2 puede imponerse libertad vigilada. Si determinados delitos de lesiones recaen sobre una persona menor de edad, puede añadirse una inhabilitación para profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores.
3.6. Lesiones al feto
El artículo 157 castiga causar al feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su desarrollo normal o provoque una grave tara física o psíquica. El artículo 158 contempla la imprudencia grave y la profesional; la embarazada no es castigada por su propia imprudencia.
No debe confundirse este delito con el aborto: en las lesiones el embarazo continúa y el resultado consiste en un perjuicio grave para el desarrollo o salud del feto; en el aborto se produce la interrupción de la gestación.
La modalidad dolosa se castiga con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación sanitaria de dos a ocho años. La imprudencia grave lleva prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses, con inhabilitación añadida cuando sea profesional.
Síntesis del bloque. La necesidad de tratamiento separa la lesión básica de la leve; el resultado distingue los artículos 149 y 150; la relación con la víctima transforma determinados maltratos leves, y la habitualidad puede añadir un delito autónomo contra la integridad moral. El consentimiento solo produce los efectos expresamente previstos.
17.4
Delitos contra la libertad
4.1. Detención ilegal
El artículo 163.1 CP castiga al particular que encierra o detiene a otra persona privándola de su libertad. El bien protegido es la libertad deambulatoria: la capacidad de decidir dónde permanecer y desplazarse.
Encerrar supone mantener a la persona dentro de un espacio; detener, impedirle abandonar el lugar o continuar su desplazamiento. No se exige una duración mínima, aunque una limitación instantánea e inherente a otro delito puede quedar absorbida si no posee autonomía suficiente.
La privación debe carecer de cobertura legal y poseer una mínima entidad propia. Sujetar brevemente a la víctima durante un robo puede quedar integrado en la violencia necesaria para apoderarse de los bienes; trasladarla, encerrarla o prolongar la retención más allá de lo imprescindible puede constituir además detención ilegal. La autonomía temporal y funcional de la privación permite decidir si existe un solo delito o un concurso.
Si el responsable libera a la víctima dentro de los tres primeros días sin haber logrado su propósito, se aplica la pena inferior en grado. Si la privación supera quince días, la pena se agrava. El particular que aprehende a alguien fuera de los casos legales para entregarlo inmediatamente a la autoridad recibe la respuesta atenuada del artículo 163.4.
La detención ilegal básica se castiga con prisión de cuatro a seis años. La liberación voluntaria dentro de los tres primeros días, antes de alcanzar el propósito, atenúa la pena; una duración superior a quince días la eleva a cinco a ocho años. No deben confundirse estos plazos: tres días sirven para la atenuación y más de quince para la agravación.
4.2. Secuestro y supuestos agravados
El secuestro del artículo 164 es una detención ilegal en la que se exige una condición para poner en libertad a la víctima. La condición puede consistir en dinero, una actuación, una omisión o cualquier exigencia vinculada a la liberación.
La pena básica del secuestro es de seis a diez años de prisión. Si dura más de quince días se aplica la pena superior en grado; si el autor libera voluntariamente a la víctima dentro de los tres primeros días sin conseguir su propósito, se impone la inferior en grado.
El artículo 165 agrava la detención o secuestro cuando se simula autoridad o función pública, o cuando la víctima es menor, persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en ejercicio.
No dar razón del paradero determina las elevadas penas del artículo 166, agravadas cuando la víctima es menor o especialmente protegida o existe finalidad sexual. La norma responde a la especial gravedad de mantener oculta la suerte de la persona privada de libertad.
El artículo 167 contempla a la autoridad o funcionario que actúa fuera de los casos permitidos, así como las modalidades de desaparición forzada y la participación de particulares con autorización, apoyo o aquiescencia estatal. El artículo 168 castiga expresamente provocación, conspiración y proposición.
Conviene distinguir dos situaciones funcionariales. La autoridad que, fuera de los casos permitidos y sin mediar causa por delito, comete una detención o secuestro recibe las penas del capítulo en su mitad superior, que pueden elevarse hasta la superior en grado. La ocultación o negativa a reconocer una privación de libertad, dejando a la persona sin sus garantías, recibe el mismo tratamiento. También responde el particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia estatal. Cuando interviene una autoridad o funcionario se añade inhabilitación absoluta de ocho a doce años.
4.3. Amenazas
La amenaza comunica a otra persona la intención de causarle un mal futuro y depende de su aptitud para intimidar. El artículo 169 regula las amenazas de males constitutivos de determinados delitos y diferencia las condicionales de las no condicionales.
En la amenaza condicional se exige una cantidad o se impone otra condición, aunque no sea ilícita. La pena depende de si se alcanza el propósito y se agrava por determinados medios de comunicación o por actuar en nombre de grupos.
La ordenación básica puede comprenderse mediante tres preguntas:
- ¿El mal anunciado constituye delito? Si consiste, por ejemplo, en matar, lesionar, privar de libertad o atacar la libertad sexual, se aplica el artículo 169. Si el mal no es delictivo, puede operar el artículo 171.1.
- ¿Se impone una condición? En las amenazas delictivas, la existencia de condición y la consecución del propósito determinan la pena. En las amenazas de mal no delictivo, la condición no puede consistir en una conducta debida.
- ¿Existe una modalidad especial? El chantaje, la amenaza dirigida a colectivos y las amenazas leves en el ámbito familiar poseen reglas propias.
El artículo 170 protege a colectivos o poblaciones frente a amenazas graves dirigidas a atemorizarlos y frente a reclamaciones públicas de acciones violentas terroristas.
El artículo 171.1 castiga la amenaza condicional de un mal no constitutivo de delito cuando la condición no consiste en una conducta debida. Por eso anunciar una denuncia administrativa para reclamar la devolución de un préstamo no constituye por sí solo esta amenaza: se reclama una conducta debida y el mal anunciado consiste en acudir a la autoridad.
El chantaje del artículo 171.2 exige dinero o recompensa bajo amenaza de revelar hechos no públicos de la vida privada o relaciones familiares capaces de afectar a la fama, crédito o interés. Se diferencia de la extorsión por el contenido del mal y de la amenaza de denunciar un delito, que recibe el tratamiento especial del apartado 3.
Los apartados 4 a 7 regulan amenazas leves en relaciones de pareja, convivencia y familia, con reglas específicas cuando se utilizan armas, se actúa en presencia de menores, en el domicilio o quebrantando una medida.
Fuera de esos ámbitos, la amenaza leve se persigue mediante denuncia de la persona agraviada o su representante. Cuando la víctima pertenece al círculo del artículo 173.2 no se exige denuncia y la pena se adapta al régimen específico de violencia familiar.
4.4. Coacciones y modalidades especiales
El artículo 172.1 castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le obliga a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. La violencia incluye fuerza física y puede abarcar intimidación o fuerza sobre las cosas cuando poseen capacidad coactiva.
La diferencia con la amenaza se encuentra en la dinámica: la amenaza anuncia un mal futuro para intimidar; la coacción actúa sobre la libertad de obrar para imponer o impedir una conducta. La intensidad, el momento y la finalidad permiten calificar el supuesto.
El artículo 172.2 contiene coacciones leves en el ámbito de pareja y familiar. El matrimonio forzado del artículo 172 bis castiga compeler mediante intimidación grave o violencia y también utilizar esos medios para obligar a abandonar el territorio o impedir el regreso con esa finalidad.
La coacción básica se castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, según su gravedad y los medios empleados. La pena se impone en su mitad superior cuando se impide el ejercicio de un derecho fundamental o el legítimo disfrute de la vivienda, salvo que otro precepto establezca una respuesta más grave.
El artículo 172 ter regula el acoso insistente y reiterado que altera el normal desarrollo de la vida mediante vigilancia, persecución, contacto persistente, uso indebido de datos, adquisición de bienes o atentados contra la libertad o patrimonio. No basta un acto aislado molesto.
La reiteración debe provocar una alteración relevante de la vida cotidiana, como cambiar recorridos, horarios, domicilio, teléfono o hábitos de relación. El precepto también castiga utilizar sin consentimiento la imagen de otra persona para crear anuncios o perfiles falsos que le ocasionen acoso, hostigamiento o humillación. Como regla, el acoso requiere denuncia; no se exige cuando la víctima pertenece al círculo familiar protegido por el artículo 173.2.
El artículo 172 quater protege la libertad de la mujer que acude a centros habilitados para interrumpir el embarazo frente a actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad. También protege al personal facultativo y directivo y a quienes trabajan en esos centros frente a actos dirigidos a impedir el ejercicio de su profesión o cargo. Para perseguir estas conductas no es necesaria la denuncia de la persona agraviada.
Síntesis del bloque. La detención afecta a la libertad de movimiento y se convierte en secuestro cuando la liberación depende de una condición. La amenaza proyecta un mal futuro; la coacción domina la conducta presente. El matrimonio forzado y el acoso reiterado son manifestaciones específicas de ese ataque a la autodeterminación.
17.5
Torturas y delitos contra la integridad moral
5.1. Trato degradante y acoso
La integridad moral protege el derecho a no ser humillado, cosificado o sometido a padecimientos incompatibles con la dignidad. El artículo 173.1 castiga infligir un trato degradante que menoscabe gravemente esa integridad. Puede existir sin lesión corporal y, si se producen además daños físicos, ambos delitos pueden castigarse conforme al artículo 177.
El trato degradante requiere una humillación de suficiente intensidad. No toda conducta grosera, vejatoria o desconsiderada alcanza relevancia como delito menos grave: debe producir un menoscabo grave de la dignidad. La duración, reiteración, contexto, vulnerabilidad de la víctima y posición del autor ayudan a valorar esa gravedad. La pena básica es de seis meses a dos años de prisión.
El mismo precepto incluye el acoso grave en una relación laboral o funcionarial cuando se realizan reiteradamente actos hostiles o humillantes prevaliéndose de superioridad, y el acoso inmobiliario dirigido a impedir el legítimo disfrute de la vivienda.
También castiga a quien, conociendo el paradero del cadáver de una persona, oculta reiteradamente esa información a sus familiares o allegados. La conducta no se basa en haber causado la muerte, sino en el sufrimiento y menoscabo moral que provoca la ocultación persistente.
El artículo 173.4 tipifica determinadas injurias, vejaciones o conductas de carácter sexual leves dentro del círculo de personas protegido, con sus reglas de perseguibilidad.
5.2. Violencia habitual
El artículo 173.2 castiga ejercer habitualmente violencia física o psíquica sobre cónyuge, pareja, descendientes, ascendientes, hermanos, menores o personas con discapacidad convivientes o sujetas a guarda, así como sobre otras personas integradas en el núcleo de convivencia y determinadas personas vulnerables en centros.
La habitualidad se aprecia atendiendo al número de actos y a su proximidad temporal, con independencia de que hayan afectado a la misma víctima o de que hayan sido enjuiciados. No exige una condena previa por cada episodio.
El delito habitual protege la dignidad y convivencia frente al clima de dominación y violencia. Se castiga sin perjuicio de las penas correspondientes a cada agresión, amenaza, coacción o lesión concreta. Por ello, un episodio del artículo 153 puede concurrir con el artículo 173.2 si forma parte de una dinámica habitual.
La pena es de seis meses a tres años de prisión, privación del derecho a tener y portar armas de tres a cinco años y, cuando proceda, inhabilitación respecto de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Se impone en su mitad superior si algún acto se ejecuta en presencia de menores, con armas, en el domicilio común o de la víctima o quebrantando una pena o medida. Además, puede acordarse libertad vigilada.
5.3. Tortura
El artículo 174 exige que el autor sea autoridad o funcionario público y actúe abusando de su cargo. La conducta consiste en someter a una persona a condiciones o procedimientos que le produzcan sufrimientos físicos o mentales, supriman o disminuyan sus facultades o atenten de otro modo contra su integridad moral.
Además, debe perseguirse una finalidad típica: obtener información o confesión, castigar por un hecho cometido o sospechado, o actuar por cualquier razón discriminatoria. La gravedad del atentado determina la pena.
La tortura se consuma al infligir el sufrimiento con esa finalidad. No es necesario lograr la confesión, localizar a la víctima buscada ni obtener el dato pretendido. Una finalidad aparentemente legítima, como salvar a una persona secuestrada, no autoriza a torturar.
La diferencia entre tortura y trato degradante no descansa únicamente en la intensidad. La tortura exige un sujeto activo cualificado, abuso del cargo y una finalidad específica. Si el atentado es grave, la pena es de dos a seis años de prisión; si no lo es, de uno a tres años. En ambos casos se añade inhabilitación absoluta de ocho a doce años. El régimen se aplica también a autoridades y funcionarios de instituciones penitenciarias o centros de protección o corrección de menores respecto de detenidos, internos o presos.
5.4. Otros atentados funcionariales y omisión
El artículo 175 castiga a la autoridad o funcionario que, abusando del cargo y fuera de los casos del artículo 174, atenta contra la integridad moral. Permite abarcar conductas funcionariales que carecen de las finalidades específicas de la tortura.
El artículo 176 extiende las penas a quien, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten la tortura o el atentado. Es una modalidad omisiva basada en el deber especial de impedir la conducta.
El artículo 177 ordena castigar separadamente, cuando corresponda, la lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima. El menoscabo moral no absorbe automáticamente los restantes resultados.
Esta regla evita que la tortura o el trato degradante oculten otros ataques autónomos. Si durante una tortura se causan lesiones, una agresión sexual o la muerte, se aplican por separado los delitos correspondientes, salvo que el daño ya se encuentre especialmente castigado por la ley. La calificación debe reflejar todos los bienes jurídicos efectivamente lesionados.
17.6
Delitos contra la libertad sexual
6.1. Consentimiento y agresión sexual
El artículo 178.1 CP castiga cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin consentimiento. Solo existe consentimiento cuando se manifiesta libremente mediante actos que, atendidas las circunstancias, expresan claramente la voluntad.
La ley no exige una fórmula verbal ni traslada a la víctima la carga de resistirse. La cuestión es si existió una manifestación libre de voluntad. El silencio, la pasividad impuesta por miedo o la ausencia de resistencia no equivalen por sí solos a consentimiento.
El consentimiento debe valorarse respecto del acto concreto y durante todo su desarrollo. Haber aceptado un encuentro, mantener una relación afectiva o haber consentido otros actos sexuales no supone aceptar cualquiera posterior. Del mismo modo, una voluntad inicialmente manifestada puede retirarse. La valoración se realiza atendiendo a todas las circunstancias, sin exigir a la víctima una oposición física que la ley no establece.
Se consideran en todo caso agresión sexual los actos realizados con violencia, intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad, sobre persona privada de sentido, abusando de su situación mental o cuando la voluntad está anulada. El apartado 3 establece una pena específica cuando hay violencia, intimidación o voluntad anulada.
El apartado 4 permite una respuesta atenuada por menor entidad únicamente cuando no concurren violencia, intimidación, voluntad anulada ni las agravaciones del artículo 180.
La agresión sexual del artículo 178.1 se castiga con prisión de uno a cuatro años. Si se emplea violencia o intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad, la pena pasa a uno a cinco años. La atenuación por menor entidad debe motivarse y no opera cuando concurren esas modalidades o alguna agravación del artículo 180.
6.2. Violación y agravaciones
La violación del artículo 179 requiere acceso carnal vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal. La pena se agrava cuando se emplea violencia o intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad.
No toda agresión sexual es violación. La denominación se reserva para las formas de penetración que enumera el artículo 179. El tipo básico se castiga con cuatro a doce años de prisión; cuando media violencia, intimidación o anulación de la voluntad, con seis a doce años.
El artículo 180 agrava las agresiones por actuación conjunta, violencia extrema o carácter degradante, vulnerabilidad, relación de pareja, convivencia, parentesco o superioridad, uso de armas y sumisión química, entre otras circunstancias. Si concurren dos o más, la pena se impone en su mitad superior.
Cuando el autor se prevale de su condición de autoridad, agente o funcionario, se añade inhabilitación absoluta. Si una circunstancia ya forma parte del tipo aplicado, no vuelve a utilizarse para agravar; el propio artículo remite a las reglas de concurso de leyes.
Las agravaciones del artículo 180 elevan de manera diferente cada modalidad:
| Conducta agravada | Pena |
|---|---|
| Agresión del artículo 178.1 | Prisión de dos a ocho años |
| Agresión con violencia, intimidación o voluntad anulada | Prisión de cinco a diez años |
| Violación del artículo 179.1 | Prisión de siete a quince años |
| Violación con violencia, intimidación o voluntad anulada | Prisión de doce a quince años |
Si concurren dos o más circunstancias agravantes, la pena correspondiente se impone en su mitad superior. La regla que impide valorar dos veces el mismo elemento evita que una circunstancia utilizada para construir el tipo vuelva a agravar automáticamente el hecho.
6.3. Menores de dieciséis años
El artículo 181 establece un régimen específico para actos sexuales con menores de dieciséis años. Incluye los que el menor realiza sobre sí mismo o con un tercero a instancia del autor y agrava las conductas con violencia, intimidación, voluntad anulada, acceso carnal o circunstancias de especial vulnerabilidad.
La protección se basa en que, como regla, una persona menor de dieciséis años no puede prestar el consentimiento penalmente relevante para estos actos. El tipo básico lleva prisión de dos a seis años. Si concurre alguna modalidad del artículo 178.2 y 3, la pena es de cinco a diez años. Cuando existe acceso carnal o introducción típica, las penas pasan, respectivamente, a ocho a doce y doce a quince años.
La protección se intensifica cuando la víctima es menor de cuatro años y ante actuación conjunta, violencia extrema, parentesco, superioridad, armas, sumisión química u organización criminal.
El artículo 182 castiga hacer presenciar actos sexuales a un menor de dieciséis años. El artículo 183 regula el contacto mediante tecnologías para concertar un encuentro acompañado de actos materiales de acercamiento y el embaucamiento destinado a obtener material pornográfico.
El contacto por internet no basta por sí solo para la primera modalidad del artículo 183. Debe proponerse un encuentro con la finalidad de cometer un delito de los artículos 181 o 189 y la propuesta debe acompañarse de actos materiales de acercamiento. La segunda modalidad no exige concertar un encuentro: castiga el embaucamiento tecnológico dirigido a conseguir que el menor facilite o muestre material pornográfico en el que aparezca un menor.
El artículo 183 bis excluye excepcionalmente la responsabilidad cuando existe consentimiento libre y el autor es próximo al menor en edad y madurez física y psicológica. La excepción no opera cuando concurren violencia, intimidación, abuso de vulnerabilidad u otra modalidad del artículo 178.2.
No se trata de una autorización general basada únicamente en una diferencia pequeña de edad. Deben concurrir simultáneamente proximidad de edad y un grado semejante de desarrollo o madurez, además de consentimiento libre. La excepción pretende no criminalizar relaciones consentidas entre personas comparables, pero desaparece cuando existe violencia, intimidación, superioridad, vulnerabilidad, privación de sentido o voluntad anulada.
6.4. Acoso sexual, exhibicionismo y provocación
El artículo 184 exige solicitar favores sexuales en una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, provocando una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Se agrava por superioridad, custodia, anuncio de perjuicio, comisión en determinados centros o vulnerabilidad de la víctima.
El acoso sexual no requiere que el favor llegue a obtenerse. Se consuma con una solicitud de naturaleza sexual que, por su contexto y entidad, genere objetivamente la situación grave descrita. El tipo básico lleva prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación profesional. El prevalimiento de superioridad, la custodia, el anuncio de un perjuicio o la comisión en centros de detención, acogida o protección elevan la respuesta.
El artículo 185 castiga ejecutar o hacer ejecutar actos de exhibición obscena ante menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. El artículo 186 sanciona vender, difundir o exhibirles directamente material pornográfico. No toda exhibición pública o distribución integra estos delitos: importan el contenido, el destinatario protegido y la conducta descrita.
6.5. Prostitución y explotación sexual
La prostitución voluntaria de una persona adulta no es delito por sí misma. El artículo 187 castiga determinarla o mantenerla mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, necesidad o vulnerabilidad. También sanciona lucrarse explotando la prostitución ajena, aunque exista consentimiento, cuando concurren vulnerabilidad o condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
La distinción es importante: el Derecho penal no castiga el ejercicio voluntario por una persona adulta, sino la imposición, el mantenimiento mediante medios coercitivos o abusivos y la explotación. Para esta última no basta cualquier beneficio económico; el Código identifica explotación cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad o soporta condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
El artículo 188 protege a menores y personas con discapacidad frente a la inducción, promoción, facilitación, explotación o lucro de su prostitución. Agrava la respuesta cuando la víctima es menor de dieciséis años, existe violencia, especial vulnerabilidad, parentesco, condición pública, peligro para la vida o intervención organizada. También castiga solicitar u obtener a cambio de remuneración una relación sexual con una persona protegida.
6.6. Pornografía infantil
El artículo 189 castiga captar o utilizar menores o personas con discapacidad protegidas en espectáculos o material pornográfico, producirlo, financiarlo, lucrarse, venderlo, distribuirlo, exhibirlo o poseerlo con esas finalidades.
La definición legal incluye representaciones visuales de conductas sexualmente explícitas reales o simuladas, órganos sexuales con fines sexuales, personas que aparentan ser menores e imágenes realistas en los términos del precepto.
También se castiga asistir conscientemente a espectáculos con menores, adquirir o poseer pornografía para uso propio y acceder a sabiendas mediante tecnologías. El artículo permite retirar o bloquear páginas y aplicaciones y agrava los supuestos por edad, violencia, vulnerabilidad, importancia del material, organización, posición de confianza o reincidencia.
Debe diferenciarse la posesión para distribuir, comprendida en el apartado 1 y castigada más gravemente, de la posesión para uso propio del apartado 5. El acceso por internet exige conocimiento: no basta la aparición accidental de un contenido. La producción o distribución básica lleva prisión de uno a cinco años; las modalidades agravadas, de cinco a nueve años. La asistencia consciente a espectáculos se castiga con seis meses a dos años y la posesión o acceso para uso propio, con prisión de tres meses a un año o multa.
El artículo 189 incluye además un deber específico para quien tiene bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a una persona menor o especialmente protegida y, conociendo su situación de prostitución o corrupción, no hace lo posible por impedir que continúe ni acude a la autoridad cuando carece de medios.
El artículo 189 bis castiga difundir contenidos destinados a fomentar delitos sexuales contra menores y el 189 ter regula la responsabilidad de personas jurídicas.
6.7. Disposiciones comunes
Las condenas extranjeras producen efectos de reincidencia conforme al artículo 190. Para agresión y acoso sexual, el artículo 191 exige denuncia de la persona agraviada, representante o querella fiscal, con reglas especiales para víctimas menores o desvalidas. El perdón no extingue la acción ni la responsabilidad.
La exigencia de denuncia no significa que el delito sea disponible para la víctima una vez iniciado el procedimiento. El perdón carece de efecto extintivo. Cuando la víctima es menor, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, basta la denuncia del Ministerio Fiscal.
El artículo 192 impone o permite, según los casos, libertad vigilada posterior a la prisión, privación o inhabilitación respecto de patria potestad y una inhabilitación para profesiones o actividades con contacto regular con menores.
La libertad vigilada se ejecuta después de la prisión y dura de cinco a diez años si alguno de los delitos es grave y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando existe un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal puede decidir motivadamente no imponerla atendiendo a su menor peligrosidad.
Además, determinadas intervenciones de ascendientes, tutores, guardadores, docentes o responsables de la víctima permiten imponer la pena en su mitad superior, salvo que esa posición ya forme parte del tipo. La inhabilitación para actividades con contacto regular y directo con menores se proyecta más allá del tiempo de prisión en los términos del artículo 192.3.
Los artículos 193 y 194 regulan pronunciamientos sobre filiación y alimentos y la clausura de establecimientos. El artículo 194 bis establece que las penas sexuales se imponen sin perjuicio de las correspondientes por violencia física o psíquica.
Síntesis del bloque. El consentimiento libre delimita la agresión sexual entre adultos; la penetración define la violación y determinadas circunstancias agravan la conducta. Los menores de dieciséis años disponen de protección específica, mientras que acoso, exhibicionismo, explotación y pornografía tutelan formas distintas de libertad y desarrollo sexual.
17.7
Lectura conjunta del tema
La calificación comienza por identificar el bien atacado y el dolo. Una misma acción puede afectar a vida, libertad, integridad moral y libertad sexual, y la ley permite castigar separadamente resultados con autonomía propia.
Las diferencias esenciales pueden resumirse así:
| Figuras próximas | Criterio diferenciador |
|---|---|
| Homicidio / asesinato | Circunstancias del artículo 139 |
| Homicidio / lesiones | Ánimo de matar o de lesionar |
| Aborto / lesión al feto | Interrupción de la gestación o continuación con daño grave |
| Lesión básica / leve | Necesidad objetiva de tratamiento posterior a la primera asistencia |
| Maltrato ocasional / habitual | Episodio concreto o dinámica reiterada de violencia |
| Detención / secuestro | Exigencia de una condición para liberar |
| Amenaza / coacción | Anuncio de mal futuro o imposición actual de conducta |
| Trato degradante / tortura | Condición funcionarial, abuso y finalidad específica |
| Agresión sexual / violación | Existencia de acceso carnal o introducción típica |
| Prostitución adulta / explotación | Voluntariedad o empleo de medios abusivos y condiciones de explotación |
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 14 preguntas oficiales de este tema
Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales y permiten comprobar cómo se examinan las diferencias entre figuras próximas, la literalidad de los tipos y su aplicación a supuestos concretos. Se conservan todas las opciones y se añade la referencia normativa necesaria para comprender cada respuesta.
0 de 14 respondidas
- Promoción 38, modelo A, pregunta 48.artículo 143.1 a 3 del Código Penal. El precepto castiga la inducción y la cooperación con actos necesarios, además de la cooperación ejecutiva que llega a causar la muerte. La ayuda secundaria que no resulte necesaria queda fuera de esas modalidades típicas.
1. La cooperación no necesaria o complicidad a la muerte del suicida es:
- Promoción 38, modelo A, pregunta 49.artículo 163.1 del Código Penal. Encerrar o detener a otra persona privándola de libertad constituye detención ilegal. Para que exista secuestro es preciso, además, condicionar la puesta en libertad al cumplimiento de una exigencia.
2. Andrés encierra a Juan privándole de su libertad. Será castigado como autor de un delito de:
- Promoción 38, modelo A, pregunta 50.artículo 174 del Código Penal. La tortura es un delito especial: exige que la autoridad o el funcionario actúe abusando de su cargo y con alguna de las finalidades previstas por la ley.
3. Para ser sujeto activo del delito de tortura es necesaria:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 23.artículo 174.1 del Código Penal. La tortura se consuma cuando la autoridad o el funcionario inflige el sufrimiento con una finalidad típica. No es necesario obtener la información perseguida, y la finalidad de localizar a la víctima no legitima el empleo de tortura.
4. Manolo, policía nacional, detiene al secuestrador de una menor que todavía no ha sido localizada. Para averiguar dónde se encuentra somete al detenido a graves sufrimientos físicos y mentales, pero no consigue localizarla. Señale la respuesta correcta:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 25.artículo 140 bis.2 del Código Penal. La privación de la patria potestad se impone respecto de los hijos comunes cuando la víctima y el autor los tengan. La prisión permanente revisable del artículo 140 se vincula al asesinato y a los supuestos que enumera el propio precepto.
5. ¿Cuál fue la novedad introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, en relación con los delitos de homicidio y asesinato?
- Promoción 39, modelo A, pregunta 43.artículo 171.1 y 2 del Código Penal. La amenaza condicional con un mal que no constituye delito exige que la condición no consista en una conducta debida. Además, el chantaje del apartado 2 se refiere a exigir una cantidad o recompensa bajo amenaza de revelar hechos de la vida privada o familiar no públicamente conocidos.
6. Pepe le dice a Juan que, o le devuelve el dinero que le prestó hace más de dos meses, o le denunciará al Ayuntamiento por realizar obras sin licencia en su casa. Pepe será responsable de:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 72.artículos 163 y siguientes del Código Penal. La conducta impide a la víctima determinar libremente su ubicación y desplazarse, por lo que el núcleo de protección es la libertad ambulatoria.
7. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de detención ilegal, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo?
- Promoción 39, modelo A, pregunta 77.artículo 138 del Código Penal. La opción correcta describe una acción dirigida contra una zona vital con un medio idóneo para matar, de la que puede inferirse el dolo homicida. En los demás casos, los datos ofrecidos no permiten afirmar sin más esa intención y exigen analizar el resultado y la imputación subjetiva.
8. ¿En qué acción puede determinarse la existencia de un homicidio del artículo 138 del Código Penal?
- Promoción 40, modelo A, pregunta 24.artículo 147.1 y 2 del Código Penal. La necesidad objetiva de tratamiento posterior a la primera asistencia distingue el tipo básico de la lesión leve. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considera tratamiento médico.
9. Si se causa a una persona una lesión que solo necesita una primera asistencia facultativa para su curación:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 66.artículos 17, 18, 151 y 168 del Código Penal. Los actos preparatorios solo se castigan cuando la ley lo prevé expresamente. Los artículos 151 y 168 contienen esa previsión para lesiones y detenciones ilegales o secuestros, mientras que el título dedicado a los delitos contra la libertad sexual no establece una cláusula equivalente de alcance general.
10. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer delitos no están penadas expresamente en:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 95.artículos 157 y 158 del Código Penal. El Código castiga tanto la causación dolosa de una lesión o enfermedad que perjudique gravemente el desarrollo del feto como su producción por imprudencia grave. La gestante no es penada en esta última modalidad.
11. El delito de lesiones al feto, según el Código Penal, puede producirse:
- Promoción 41, modelo B, pregunta 21.artículos 152.1, 155 y 379.1 del Código Penal. El consentimiento de un menor no es válido a efectos del artículo 155 y los actos preparatorios sí están castigados por el artículo 151. El artículo 152 considera en todo caso imprudencia grave la conducción en la que concurre una de las circunstancias del artículo 379.
12. Respecto al delito de lesiones, ¿cuál de las afirmaciones expuestas es correcta?
- Promoción 41, modelo B, pregunta 98.artículo 140.1 del Código Penal. El límite de edad previsto por el precepto es de dieciséis años. También se contempla que el reo haya sido condenado por la muerte de más de dos personas, no simplemente de dos.
13. El Código Penal vigente establece que el asesinato será castigado con prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 76.artículos 149 y 550 del Código Penal. El artículo 550 incluye expresamente al personal sanitario que se encuentra en el ejercicio de funciones públicas o con ocasión de ellas. La conexión funcional puede subsistir aunque la agresión se produzca al terminar el turno, y la pérdida de un ojo constituye uno de los resultados especialmente graves del artículo 149.
14. Un médico que trabaja como funcionario en un hospital provincial finaliza su guardia y abandona la consulta. Mientras abre su vehículo, es agredido por una persona enojada porque no había firmado el alta hospitalaria de un familiar. Como consecuencia del puñetazo, el médico pierde la vista de un ojo. Señale la respuesta correcta:
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