Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 18 de Policía Nacional

Delitos patrimoniales: hurto, robo, extorsión, usurpación y defraudaciones

11 apartados44 min de lectura

18.1

Cómo se diferencian los delitos patrimoniales

1.1. Patrimonio, posesión y objeto material

El patrimonio reúne bienes, derechos y posiciones con valor económico atribuibles a una persona. Los delitos de este tema protegen ese patrimonio, pero también pueden tutelar la posesión legítima, la libertad para decidir sobre los propios bienes o la seguridad del tráfico económico.

En el hurto y el robo, el objeto material es una cosa mueble ajena. Mueble es aquello susceptible de desplazamiento y ajena significa que no pertenece íntegramente al autor. El dinero, un teléfono, una joya o un vehículo pueden ser objeto de apoderamiento. Los inmuebles, en cambio, quedan fuera de estas figuras y se protegen mediante la usurpación o, si constituyen morada, mediante los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria.

Propiedad y posesión no son equivalentes. El propietario puede incurrir en responsabilidad si retira una cosa a quien la posee legítimamente y le causa un perjuicio. A la inversa, quien recibió legítimamente una cosa puede cometer apropiación indebida si posteriormente actúa como dueño y no la devuelve.

1.2. Ánimo de lucro y consumación

El ánimo de lucro es la intención de obtener una ventaja o utilidad patrimonial para el autor o para un tercero. No exige necesariamente vender la cosa o conseguir un beneficio definitivo. Basta perseguir una ventaja evaluable económicamente mediante su incorporación, uso o disposición.

Los delitos de apoderamiento se consuman cuando el autor alcanza una disponibilidad mínima sobre la cosa, aunque sea breve. Si es sorprendido antes de poder disponer de ella, puede existir tentativa. La salida física del establecimiento es un indicio importante, pero no una regla absoluta: debe valorarse si los mecanismos de vigilancia mantenían el control efectivo sobre los efectos.

La consumación no exige que el autor venda, use o disfrute finalmente el objeto. Basta con que haya roto la esfera de custodia anterior y pueda decidir, siquiera durante un breve intervalo, qué hacer con él. Si el bien permanece siempre bajo vigilancia directa y el autor es interceptado antes de adquirir esa posibilidad, el delito puede quedar en tentativa.

En un establecimiento comercial, ocultar una prenda y dirigirse hacia la salida no determina por sí solo la consumación. Deben valorarse la situación de las cajas, los sistemas de control, la intervención del personal de seguridad y el lugar en el que se produce la detención. Cuando actúan varias personas, la disponibilidad alcanzada por una de ellas puede consumar el delito para todos los coautores si existe un plan común y una aportación ejecutiva conjunta.

La tentativa también es posible en las defraudaciones. En una estafa, existe cuando el engaño se despliega pero se descubre antes de que la víctima realice el acto de disposición o antes de que se produzca el perjuicio. En la apropiación indebida, en cambio, la consumación exige un acto que exteriorice la incorporación de la cosa o la negativa definitiva a devolverla; el mero retraso todavía no permite afirmarla.

1.3. El mecanismo utilizado

La calificación se aclara preguntando cómo se produjo el desplazamiento patrimonial:

SituaciónFigura de referencia
El autor toma directamente una cosa sin fuerza ni violenciaHurto
Emplea una modalidad legal de fuerza para acceder, salir o abrir un receptáculoRobo con fuerza
Utiliza violencia o intimidación para apoderarse o asegurar la huidaRobo violento
Obliga a la víctima a realizar un acto o negocio jurídicoExtorsión
La víctima entrega o dispone por un error provocado mediante engañoEstafa
El autor ya poseía legítimamente la cosa y después se la apropiaApropiación indebida
La conducta recae sobre un inmueble o un derecho real inmobiliarioUsurpación

La existencia de perjuicio no basta para convertir un conflicto civil en delito. Deben concurrir los elementos del tipo penal, especialmente el dolo y, cuando se exige, el ánimo de lucro. Un incumplimiento contractual sobrevenido puede generar responsabilidad civil sin constituir estafa si al contratar no existía engaño previo.

Síntesis inicial. El objeto permite separar bienes muebles, inmuebles y suministros; el modo de obtención distingue apoderamiento, coacción, engaño y recepción legítima, y la disponibilidad o el perjuicio determinan la consumación. Este orden de análisis evita calificar por el resultado económico sin atender a cómo se produjo.

18.2

El hurto

2.1. Tipo básico y delito leve

El artículo 234.1 CP castiga a quien, con ánimo de lucro, toma una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño. La conducta consiste en quebrantar la posesión de otra persona y obtener disponibilidad sobre la cosa sin emplear la fuerza, violencia o intimidación que transformaría el hecho en robo.

Si el valor excede de 400 euros, la pena es de prisión de seis a dieciocho meses. Si no supera esa cuantía, se aplica multa de uno a tres meses, salvo que concurra alguna circunstancia del artículo 235. El valor se refiere a la cosa en el momento de la sustracción y debe determinarse atendiendo a su valor económico real, no necesariamente al precio original de compra.

La regla de los 400 euros no decide siempre la gravedad. El artículo 234.2 permite aplicar la pena del tipo básico cuando el culpable acumula al menos tres condenas ejecutorias por delitos patrimoniales de la misma naturaleza, con los requisitos del precepto. No se computan antecedentes cancelados o que debieran estarlo.

Neutralizar, eliminar o inutilizar los dispositivos de alarma instalados en la propia cosa determina la mitad superior de la pena. Esta conducta no se confunde automáticamente con la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda del artículo 238.5: la primera agrava el hurto; la segunda puede integrar robo con fuerza cuando sirve para acceder o abandonar el lugar en los términos legales.

2.2. Hurtos agravados

El artículo 235 castiga con prisión de uno a tres años los hurtos que presentan una especial gravedad por su objeto, consecuencias, víctima o forma de organización. Comprende:

  • Cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  • Cosas de primera necesidad cuando se cause desabastecimiento.
  • Elementos de infraestructuras de suministro o servicios de interés general cuando se les cause un quebranto grave.
  • Productos agrarios o ganaderos y medios de producción sustraídos en explotaciones, si exceden de 400 euros.
  • Hechos de especial gravedad por el valor o los perjuicios.
  • Grave situación económica de la víctima, abuso de sus circunstancias o aprovechamiento de accidentes o peligros generales.
  • Multirreincidencia en delitos de la misma naturaleza.
  • Utilización de menores de dieciséis años.
  • Participación en una organización o grupo criminal dedicado a delitos patrimoniales de esa naturaleza.
  • Sustracción de teléfonos móviles y de otros dispositivos móviles de comunicación o almacenamiento masivo susceptibles de contener datos personales, salvo los que se encuentren a la venta, almacenados o expuestos en establecimientos comerciales.

La última agravación protege no solo el valor económico del dispositivo, sino el riesgo asociado a la información personal que puede contener. Por eso un teléfono usado de valor inferior a 400 euros puede integrar hurto agravado, mientras que un terminal nuevo expuesto para su venta queda fuera de este numeral y se somete a las reglas que correspondan por su valor y circunstancias.

Si concurren dos o más circunstancias del artículo 235.1, la pena de uno a tres años se impone en su mitad superior.

2.3. Hurto posesorio

El artículo 236 demuestra que el hurto no protege exclusivamente la propiedad. El dueño de una cosa mueble, o quien actúa con su consentimiento, responde si la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder y causa perjuicio a este o a un tercero.

Así sucede cuando el propietario retira clandestinamente un bien entregado en arrendamiento, depósito o garantía y priva al poseedor del derecho que ejercía sobre él. La pena es multa de tres a doce meses; si el valor no excede de 400 euros, multa de uno a tres meses.

Síntesis del hurto. El tipo básico se construye sobre cosa mueble ajena, toma inconsentida y ánimo de lucro. Los 400 euros separan, como regla, el delito leve del menos grave; el artículo 235 atiende a circunstancias que desplazan esa regla, y el artículo 236 protege al poseedor legítimo incluso frente al propietario.

18.3

El robo

3.1. Concepto y dos modalidades

El artículo 237 mantiene el apoderamiento de cosa mueble ajena y el ánimo de lucro, pero añade un medio comisivo especialmente grave. Existe robo cuando se emplea fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran los bienes o abandonarlo, o violencia o intimidación en las personas al cometer el delito, proteger la huida o actuar contra quienes auxilian a la víctima o persiguen al autor.

La fuerza cotidiana no coincide necesariamente con la fuerza penal. Arrancar un objeto que se encuentra unido a otro puede seguir siendo hurto si no se utiliza una de las modalidades legalmente previstas para acceder, salir o abrir el receptáculo. En cambio, abrir una caja cerrada después de llevársela puede constituir robo porque el artículo 238 contempla expresamente la fractura realizada fuera del lugar de la sustracción.

Por ejemplo, cortar el cable que sujeta un objeto expuesto puede agravar materialmente la forma de apoderamiento, pero solo será robo con fuerza si encaja en alguno de los supuestos legales. Romper la puerta de un almacén para entrar, forzar un armario para alcanzar su contenido o fracturar fuera del local la caja registradora sustraída sí responden a las modalidades descritas por el Código.

Desde la reforma que incorporó expresamente la salida, también puede existir robo cuando la fuerza se emplea para abandonar el lugar con los efectos, aunque el acceso inicial no hubiera requerido obstáculo alguno. Lo determinante es que la fuerza instrumental se conecte con el apoderamiento y con la protección que separaba los bienes de la disponibilidad del autor.

3.2. Modalidades de fuerza

El artículo 238 enumera de forma cerrada las modalidades relevantes:

  1. Escalamiento, entendido como acceso por una vía no destinada normalmente a entrar y que exige superar una barrera de protección.
  2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
  3. Fractura de armarios, arcas u otros objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de claves para sustraer su contenido, en el lugar o fuera de él.
  4. Uso de llaves falsas.
  5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

El descubrimiento de una clave permite aplicar el robo con fuerza cuando se utiliza para abrir el receptáculo que protege la cosa. Debe distinguirse de la utilización fraudulenta de datos de una tarjeta para realizar una operación patrimonial, que se encuadra en la estafa del artículo 249.

El escalamiento no se identifica con cualquier esfuerzo físico. Supone acceder por una vía no destinada ordinariamente a la entrada y superar una protección que manifiesta la voluntad de excluir a terceros. Saltar un muro o entrar por una ventana elevada son ejemplos característicos; acceder por una puerta abierta a nivel de calle no lo es, aunque después pueda existir otra modalidad de fuerza.

La fractura interior recae sobre el objeto que guarda o protege los efectos. Por eso romper una caja fuerte o descubrir su combinación integra fuerza incluso cuando la puerta del inmueble estaba abierta. En cambio, destruir la propia cosa después de haberla tomado no convierte retroactivamente el hurto en robo si esa destrucción no sirvió para acceder a su contenido ni para superar su protección.

3.3. Llaves falsas

El artículo 239 considera llaves falsas las ganzúas e instrumentos análogos; las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas mediante una infracción penal, y cualquier otra llave que el propietario no hubiera destinado a abrir la cerradura utilizada por el autor.

El concepto comprende tarjetas magnéticas o perforadas, mandos de apertura a distancia y otros instrumentos tecnológicos de eficacia semejante. Una llave encontrada junto a una indicación de domicilio es, a estos efectos, llave falsa si se utiliza para entrar y sustraer bienes, aunque materialmente sea la llave auténtica de la vivienda.

También puede ser falsa la llave auténtica obtenida mediante un delito o utilizada contra la voluntad de quien la destinó a la cerradura. La llave legítimamente entregada para limpiar, reparar o cuidar un inmueble puede quedar comprendida cuando se retiene o utiliza para una finalidad de apoderamiento completamente ajena a la autorización recibida. Deben examinarse el modo de obtención, el alcance del permiso y la voluntad del titular.

Los datos de una tarjeta operan de manera diferente según su función. Usar una tarjeta o código como instrumento tecnológico para abrir físicamente un acceso puede constituir robo con fuerza; utilizar los datos para ordenar un pago o extraer efectivo constituye la modalidad de estafa del artículo 249.1.b.

3.4. Penas, casa habitada y establecimientos

El robo con fuerza básico se castiga con prisión de uno a tres años. Si concurre alguna circunstancia del artículo 235, la pena pasa a dos a cinco años.

El artículo 241 establece reglas específicas para casa habitada, edificios o locales abiertos al público y sus dependencias. Casa habitada es todo albergue que constituya morada, aunque sus moradores estén accidentalmente ausentes durante el robo. Son dependencias los patios, garajes y espacios cercados, contiguos y comunicados interiormente que forman una unidad física con el edificio.

La agravación se justifica por el riesgo añadido para las personas y por la invasión del espacio en el que desarrollan su vida privada. Una vivienda conserva la condición de casa habitada durante una ausencia circunstancial, incluidas vacaciones o salidas temporales. Un inmueble desocupado de forma estable y sin uso como morada no queda incluido por el mero hecho de haber sido construido como vivienda.

El robo en casa habitada o establecimiento abierto al público se castiga con prisión de dos a cinco años. Si el establecimiento está fuera de su horario de apertura, la pena es de uno a cinco años. La especial gravedad o la concurrencia de alguna circunstancia del artículo 235 eleva la respuesta a dos a seis años.

3.5. Robo con violencia o intimidación

El artículo 242 castiga con prisión de dos a cinco años el robo con violencia o intimidación, sin absorber las lesiones u otros delitos causados por la violencia física. En casa habitada o establecimiento abierto al público, la pena es de tres años y seis meses a cinco años.

La violencia supone fuerza física sobre una persona. La intimidación consiste en anunciar o mostrar un mal inmediato y suficientemente grave para doblegar su voluntad. Puede ser expresa —por ejemplo, una amenaza verbal— o derivarse de la exhibición de un arma y del contexto.

No es imprescindible que la violencia preceda a la toma. El artículo 237 incluye la ejercida para proteger la huida o contra quien auxilia a la víctima o persigue al autor. Así, un apoderamiento iniciado sin fuerza puede transformarse en robo violento si, al ser descubierto, el autor golpea al vigilante para conservar los efectos y escapar.

La intimidación se valora desde la situación concreta de la víctima. No exige que el arma sea real ni que el autor tuviera intención efectiva de utilizarla si la apariencia creada era idónea para someter su voluntad. Una amenaza referida a un mal futuro y desvinculada de la obtención inmediata del bien puede, en cambio, conducir a las amenazas o a la extorsión.

El uso de armas u otros medios peligrosos determina la mitad superior cuando se produce al cometer el robo, proteger la huida o atacar a quienes auxilian o persiguen. Por el contrario, la menor entidad de la violencia o intimidación permite imponer la pena inferior en grado, atendiendo también al resto de las circunstancias.

La privación de libertad necesaria y proporcionada para ejecutar el apoderamiento puede quedar absorbida por el robo. Si se prolonga más allá de lo funcionalmente necesario o adquiere una finalidad autónoma, puede concurrir además una detención ilegal. Para hablar de secuestro sería imprescindible condicionar la liberación de la víctima al cumplimiento de una exigencia.

Las lesiones causadas no quedan absorbidas por el robo violento cuando poseen autonomía. El propio artículo 242 salva las penas correspondientes a los actos de violencia física. También puede existir concurso con allanamiento cuando la entrada en morada no funciona únicamente como medio inherente al robo o presenta un desvalor autónomo, cuestión que debe resolverse según las circunstancias.

Síntesis del robo. La fuerza debe servir para acceder a los bienes, abandonar el lugar o abrir su protección y adoptar una modalidad legal. La violencia o intimidación pueden aparecer durante la toma o la huida. Casa habitada, armas, lesiones y privaciones de libertad obligan a comprobar agravaciones y concursos, no solo el apoderamiento.

18.4

La extorsión

El artículo 243 castiga con prisión de uno a cinco años a quien, con ánimo de lucro y mediante violencia o intimidación, obliga a otra persona a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. Las lesiones producidas por la violencia se castigan separadamente.

La víctima conserva una intervención material, pero su voluntad se encuentra doblegada. Firma una transferencia, reconoce una deuda, renuncia a un derecho, celebra un contrato o se abstiene de una actuación con efectos patrimoniales.

La extorsión se consuma cuando la víctima realiza u omite el acto o negocio jurídico perjudicial, aunque el autor todavía no haya obtenido el beneficio perseguido. Si la violencia o intimidación comienza, pero la víctima no llega a ejecutar la conducta patrimonial, puede existir tentativa.

El contenido jurídico del comportamiento impuesto es esencial. Obligar a entregar inmediatamente el reloj que la víctima lleva puesto responde normalmente a un robo violento; obligarla a firmar la transmisión de un vehículo, emitir un cheque, reconocer una deuda inexistente o renunciar a un crédito encaja en la dinámica de la extorsión.

La extorsión se diferencia del robo violento porque en este el autor toma directamente la cosa. Se separa de la estafa porque la víctima no actúa engañada, sino coaccionada, y de la amenaza condicional porque la conducta impuesta debe poseer contenido jurídico-patrimonial.

También debe distinguirse de la coacción. Toda extorsión restringe la libertad de obrar, pero exige además ánimo de lucro y un acto u omisión con perjuicio patrimonial. La amenaza de revelar datos privados a cambio de dinero puede constituir chantaje conforme al artículo 171.2, mientras que la intimidación dirigida a obtener un negocio jurídico perjudicial se sitúa en el artículo 243.

Síntesis de la extorsión. No hay apoderamiento directo ni error: la víctima conoce la situación, pero la violencia o intimidación doblega su voluntad para que produzca una consecuencia patrimonial.

18.5

Robo y hurto de uso de vehículos

5.1. Uso temporal y restitución

El artículo 244 castiga sustraer o utilizar sin autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos sin ánimo de apropiación definitiva. La finalidad es usarlo temporalmente, y para conservar esta calificación debe restituirse directa o indirectamente en un plazo no superior a 48 horas.

La restitución directa consiste en devolverlo al titular o al lugar del que fue tomado. La indirecta exige situarlo de manera que pueda recuperarse razonablemente; abandonarlo oculto, deteriorado o en un lugar desconocido no equivale necesariamente a restituirlo.

No basta con perder voluntariamente el control del vehículo. Dejarlo en una vía pública, con las llaves disponibles y en un lugar próximo o comunicado al titular puede constituir restitución indirecta; ocultarlo, abandonarlo en un paraje remoto o dejarlo en condiciones que dificultan seriamente su localización apunta en sentido contrario. La valoración depende de si el autor crea una posibilidad real de recuperación.

El tipo no incluye bicicletas ni otros vehículos sin motor. Su utilización temporal sin intención de apropiación puede resultar atípica si no concurren los elementos de otra infracción. Si existe ánimo de incorporarlos definitivamente al patrimonio, se aplican las reglas generales de hurto o robo.

La falta de ánimo de apropiación debe existir desde el comienzo y puede inferirse del uso, duración, estado y destino dado al vehículo. Cambiar placas, ocultarlo, vender piezas o abandonarlo de forma que impida su recuperación son indicios de apropiación definitiva. Devolverlo espontáneamente en pocas horas apunta hacia el uso temporal, aunque no elimina las responsabilidades por daños u otras conductas.

5.2. Fuerza, violencia y transcurso de 48 horas

La pena básica consiste en trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses. Si se utiliza fuerza en las cosas, se aplica en su mitad superior. Si media violencia o intimidación, se imponen las penas del robo violento del artículo 242.

Cuando el vehículo no se restituye dentro de las 48 horas, el hecho se castiga como hurto o robo según el medio empleado. La devolución después de ese plazo no recupera la calificación privilegiada. Por tanto, deben separarse tres preguntas: si existía intención de uso o de apropiación, si se devolvió en plazo y si se empleó fuerza, violencia o intimidación.

El transcurso del plazo produce una consecuencia legal expresa: aunque el propósito inicial fuera utilizar temporalmente el vehículo, la falta de restitución en 48 horas remite al hurto o al robo. Si se fracturó la cerradura o se empleó una llave falsa, corresponderá examinar el robo con fuerza; si no hubo fuerza, violencia o intimidación, el hurto.

Síntesis del uso de vehículos. La figura exige vehículo a motor o ciclomotor, uso inconsentido sin ánimo de apropiación y restitución directa o indirecta en 48 horas. La clase de fuerza y el cumplimiento del plazo determinan si se mantiene el tipo privilegiado o se aplican hurto o robo.

18.6

La usurpación

6.1. Ocupación violenta y ocupación pacífica

La usurpación recae sobre inmuebles o derechos reales inmobiliarios. El artículo 245.1 castiga ocupar una cosa inmueble o usurpar un derecho real ajeno mediante violencia o intimidación. La pena de prisión de uno a dos años se fija atendiendo a la utilidad obtenida y al daño causado y se impone además de la correspondiente a la violencia ejercida.

El apartado 2 contempla la ocupación sin violencia: entrar sin autorización en un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o mantenerse en ellos contra la voluntad del titular. Se castiga con multa de tres a seis meses.

No toda entrada esporádica integra usurpación. La ocupación debe revelar voluntad de permanecer o de ejercer una posesión incompatible con la del titular y tener cierta estabilidad. La mera entrada fugaz puede integrar otra infracción o carecer de relevancia penal según sus circunstancias.

En la modalidad pacífica deben concurrir falta de autorización y voluntad contraria del titular. Esa oposición puede existir desde el inicio o manifestarse después, cuando se requiere al ocupante para que abandone el inmueble. La intervención penal se reserva para ocupaciones con entidad suficiente; los conflictos posesorios dudosos o amparados aparentemente por un título deben resolverse, en principio, por las vías civiles correspondientes.

La violencia o intimidación del apartado 1 puede emplearse para ocupar el inmueble o usurpar el derecho real. Las lesiones y demás resultados violentos se castigan separadamente. El objeto no tiene que ser una vivienda: puede tratarse de terrenos, locales u otros inmuebles y de derechos reales inmobiliarios ajenos.

6.2. Usurpación y allanamiento de morada

La denominación formal del inmueble no decide la calificación. Una vivienda vacía que no se utiliza como espacio de vida privada puede quedar protegida por el artículo 245.2. Si constituye morada, la entrada o permanencia contra la voluntad de su habitante debe examinarse como allanamiento.

La morada es el espacio en el que una persona desarrolla su vida privada, aunque no sea su domicilio administrativo ni se encuentre ocupada permanentemente. Una segunda residencia puede constituir morada pese a que sus titulares estén ausentes cuando se produce la entrada.

Por ello, una vivienda vacía ofrecida para alquiler, sin uso efectivo como espacio privado, puede ser objeto de usurpación; la residencia de vacaciones amueblada y destinada al uso periódico de sus titulares puede seguir siendo morada. La calificación depende de la función real del inmueble, no de su inscripción, apariencia exterior o frecuencia de ocupación.

6.3. Lindes y distracción de aguas

El artículo 246 castiga alterar términos, lindes, señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o predios, públicos o privados. La pena general es multa de tres a dieciocho meses; si la utilidad no excede de 400 euros, multa de uno a tres meses.

El artículo 247 sanciona a quien, sin autorización, distrae aguas de uso público o privativo de su curso o de su embalse natural o artificial. La pena es multa de tres a seis meses, reducida a uno a tres meses si la utilidad no supera 400 euros. El ataque se dirige a la disponibilidad legítima del agua, no al medio ambiente como tal.

Síntesis de la usurpación. La violencia separa los dos apartados del artículo 245 y la condición de morada delimita usurpación y allanamiento. Los artículos 246 y 247 amplían el capítulo a la alteración de límites y a la desviación inconsentida de aguas.

18.7

Las estafas

7.1. La secuencia de la estafa tradicional

El artículo 248 exige que el autor, con ánimo de lucro, utilice un engaño bastante para provocar error en otra persona y conseguir que esta realice un acto de disposición perjudicial para su propio patrimonio o para el de un tercero.

Sus elementos se encuentran encadenados:

  1. El autor crea o mantiene un engaño idóneo.
  2. El engaño produce un error en la víctima.
  3. Debido a ese error, la víctima realiza voluntariamente un acto de disposición.
  4. El acto causa un perjuicio patrimonial.
  5. El autor actúa con dolo y ánimo de lucro.

El engaño debe ser anterior o concurrente a la disposición. Si una persona contrata con voluntad de cumplir y solo después decide incumplir, puede existir una deuda civil, pero no la estafa inicial. En cambio, si desde el comienzo simula solvencia, facultades o intención de cumplir para obtener la entrega, el negocio sirve como instrumento del engaño.

Que el engaño sea bastante significa que posee entidad objetiva para provocar el error atendiendo también a las circunstancias de la víctima y de la relación. La exigencia de una mínima autoprotección no autoriza a trasladar siempre la responsabilidad al perjudicado: debe valorarse si el autor creó una apariencia razonablemente idónea y si la víctima disponía de posibilidades reales de advertirla.

En las relaciones contractuales, la clave es el propósito existente al contratar. Quien ofrece vender un objeto inexistente, cobra anticipadamente y desde el principio sabe que no entregará nada utiliza el contrato como puesta en escena del engaño. Quien acepta un encargo con intención real de cumplir, pero después fracasa por falta de recursos o cambia de decisión, puede incumplir civilmente sin haber cometido necesariamente estafa.

El silencio puede integrar engaño cuando existe un deber de informar y la ocultación mantiene una representación falsa decisiva. No toda omisión basta: debe actuar como medio idóneo para provocar o conservar el error que determina la disposición.

7.2. Disposición, perjuicio y consumación

El acto de disposición puede consistir en entregar dinero o bienes, prestar un servicio, asumir una obligación o renunciar a un derecho. Debe ser realizado por quien se encuentra en condiciones de afectar al patrimonio perjudicado, aunque no sea su titular.

Puede existir una separación entre persona engañada, disponente y perjudicada. Un empleado autorizado puede efectuar un pago con cargo al patrimonio de la empresa debido al engaño, de modo que el error recae sobre el empleado y el perjuicio sobre la sociedad. Debe existir una relación funcional suficiente entre quien dispone y el patrimonio afectado.

La estafa se consuma cuando se produce el perjuicio. Si el engaño se descubre antes de que exista disposición o daño, puede haber tentativa. La obtención de un beneficio por el autor y el perjuicio de la víctima suelen corresponderse, pero no tienen que coincidir exactamente.

La pena básica es prisión de seis meses a tres años. Si lo defraudado no excede de 400 euros, se impone multa de uno a tres meses, salvo que concurra alguna agravación del artículo 250. Existe además una regla de multirreincidencia semejante a la del hurto.

7.3. Estafa informática e instrumentos de pago

El artículo 249.1.a castiga conseguir una transferencia patrimonial no consentida obstaculizando o interfiriendo un sistema de información, introduciendo, alterando, borrando, transmitiendo o suprimiendo datos o empleando otra manipulación informática semejante. Aquí no es necesario provocar un error psicológico en una persona: la manipulación ocupa su lugar funcional.

La letra b comprende las operaciones realizadas fraudulentamente utilizando tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje, otros instrumentos de pago materiales o inmateriales distintos del efectivo o los datos contenidos en ellos. Extraer dinero de un cajero con una tarjeta ajena constituye estafa, no robo con fuerza, porque la tarjeta se utiliza como instrumento de pago fraudulento.

El artículo 249 también castiga fabricar, obtener, poseer o facilitar medios específicamente adaptados para cometer estas estafas; sustraer o adquirir ilícitamente instrumentos de pago con la finalidad de utilizarlos fraudulentamente, y poseer, adquirir o distribuir los obtenidos ilícitamente sabiendo su origen y con esa finalidad. El Código anticipa así la protección a determinadas conductas preparatorias vinculadas al fraude de pago.

Estas modalidades deben separarse entre sí. Una cosa es ejecutar la operación fraudulenta y otra fabricar o facilitar programas y dispositivos específicamente adaptados, sustraer una tarjeta para utilizarla o poseer instrumentos obtenidos ilícitamente con conocimiento de su origen. La finalidad fraudulenta y la adaptación específica impiden convertir la mera posesión de herramientas tecnológicas ordinarias en delito.

7.4. Estafas agravadas

El artículo 250.1 eleva la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando la estafa:

  • Recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
  • Abusa de firma ajena o afecta fraudulentamente a documentos públicos u oficiales.
  • Recae sobre patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
  • Reviste especial gravedad por el perjuicio y la situación económica de la víctima.
  • Supera 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas.
  • Abusa de relaciones personales o de credibilidad empresarial o profesional.
  • Constituye estafa procesal.
  • Se comete con la multirreincidencia prevista en el precepto.

La estafa procesal se produce cuando, dentro de un procedimiento judicial, se manipulan pruebas o se utiliza un fraude análogo para provocar error en el juez o tribunal y obtener una resolución perjudicial para intereses económicos ajenos.

Si alguna de las circunstancias de especial gravedad, cuantía, abuso personal o fraude procesal concurre con una estafa sobre cosas de primera necesidad, viviendas o bienes de utilidad social, la pena es de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se aplica cuando la defraudación supera 250.000 euros.

7.5. Estafas sobre bienes y contratos simulados

El artículo 251 castiga con prisión de uno a cuatro años determinadas operaciones fraudulentas: disponer de una cosa atribuyéndose falsamente una facultad inexistente, ocultar sus cargas, volver a gravarla o enajenarla antes de la transmisión definitiva y otorgar un contrato simulado en perjuicio de otro.

Estas modalidades protegen la seguridad de las operaciones patrimoniales. El engaño se incorpora al propio negocio: se aparenta poder transmitir libremente un bien, se oculta una carga relevante o se crea un contrato que no responde a una operación real.

El artículo 251 bis permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas por las estafas de esta sección, con multas calculadas en función de la cantidad defraudada y de la pena prevista para la persona física.

Síntesis de la estafa. La modalidad tradicional necesita engaño bastante, error, disposición y perjuicio enlazados causalmente. En el fraude informático, la manipulación del sistema sustituye al error humano; en el uso de tarjetas, el núcleo es la operación fraudulenta. La intención inicial separa estafa contractual e incumplimiento civil.

18.8

Apropiación indebida

8.1. Recepción lícita y apropiación posterior

El artículo 253 castiga a quien, en perjuicio de otro, se apropia para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble recibida en depósito, comisión, custodia o por cualquier título que produzca la obligación de entregarla o devolverla. También comprende negar falsamente haberla recibido.

El autor obtiene inicialmente la posesión de forma lícita. El delito aparece cuando rompe la relación de confianza y actúa como dueño: vende la cosa, la destina definitivamente a fines propios, se niega a devolverla o niega su recepción. Un simple retraso o incumplimiento no basta si no revela apropiación.

El título de recepción debe generar obligación de entregar o devolver la misma cosa o su equivalente cuando se trata de dinero. No existe apropiación indebida por cualquier deuda impagada. Es necesario que el autor haya recibido los bienes bajo una relación que limite su disponibilidad y después los distraiga del destino acordado o niegue definitivamente el derecho del titular.

En el dinero, que es fungible, la apropiación puede manifestarse cuando se incorpora a fines propios una cantidad recibida para un destino concreto y se hace imposible o se rechaza su restitución. Debe distinguirse una verdadera obligación de custodia o destino de una relación ordinaria entre acreedor y deudor, en la que el receptor adquiere la propiedad del dinero y solo debe pagar una deuda.

La pena remite a la estafa básica o agravada, según la cuantía y circunstancias. Si lo apropiado no excede de 400 euros, se impone multa de uno a tres meses.

8.2. Diferencia con hurto y estafa

La diferencia se sitúa en la forma y el momento en que el autor obtiene el bien:

  • En el hurto, lo toma desde el principio sin consentimiento.
  • En la estafa, la víctima lo entrega por un error causado mediante engaño previo.
  • En la apropiación indebida, la entrega o recepción inicial es válida y la voluntad de apropiarse se exterioriza después.

Si una persona recibe dinero para realizar una gestión y desde el principio inventó el encargo para quedárselo, puede existir estafa. Si recibió el dinero de buena fe y posteriormente decide incorporarlo a su patrimonio incumpliendo la obligación de destinarlo o devolverlo, la figura de referencia es la apropiación indebida.

La administración desleal del artículo 252, aunque no sea objeto autónomo del epígrafe, ayuda a fijar el límite. En ella, quien posee facultades para administrar un patrimonio ajeno se excede en su ejercicio y causa un perjuicio. No necesita apropiarse definitivamente de una cosa concreta. En la apropiación indebida, por el contrario, el autor hace suyo o distrae un bien recibido con obligación de entrega o devolución.

Por ejemplo, el administrador que celebra conscientemente una operación ruinosa fuera de sus facultades puede causar administración desleal sin incorporar dinero a su patrimonio. Si transfiere a su cuenta una cantidad que custodiaba y la hace propia, la conducta se aproxima a la apropiación indebida.

8.3. Cosas perdidas y otros supuestos

El artículo 254 sanciona, fuera de los casos anteriores, apropiarse de una cosa mueble ajena. Permite castigar la incorporación consciente de una cosa perdida cuando el autor sabe que pertenece a otra persona y, en lugar de devolverla o facilitar su recuperación, decide hacerla propia.

La pena general es multa de tres a seis meses. Si la cosa posee valor artístico, histórico, cultural o científico, se impone prisión de seis meses a dos años. Cuando su cuantía no excede de 400 euros, la pena es multa de uno a dos meses.

Encontrar una cosa no autoriza a apropiársela. La posibilidad de identificar al titular, el lugar del hallazgo, la proximidad temporal de la pérdida y la conducta dirigida a impedir su recuperación permiten deducir el conocimiento de la ajenidad y la voluntad de apropiación.

No es igual encontrar un objeto verdaderamente abandonado que uno perdido. La cosa abandonada carece de dueño porque este ha renunciado a ella; la perdida continúa siendo ajena. Recoger un anillo junto a quienes acaban de abandonar el lugar y marcharse rápidamente para evitar su recuperación revela una situación muy distinta de tomar un objeto dejado inequívocamente como residuo.

Síntesis de la apropiación indebida. La posesión nace lícitamente y el delito aparece después, cuando se exterioriza la voluntad de hacer propio el bien o negar su recepción. El engaño inicial conduce a estafa; el apoderamiento inconsentido inicial, a hurto; el exceso perjudicial en la gestión sin apropiación concreta, a administración desleal.

18.9

Defraudaciones de fluidos y telecomunicaciones

9.1. Electricidad, gas, agua y telecomunicaciones

El artículo 255 castiga defraudar energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos mediante mecanismos instalados para defraudar, alteración maliciosa de contadores u otros medios clandestinos.

La conducta no consiste simplemente en dejar de pagar una factura. Debe existir obtención o consumo fraudulento mediante alguno de los medios típicos. La pena es multa de tres a doce meses; si la cuantía no excede de 400 euros, multa de uno a tres meses.

Son ejemplos la conexión clandestina a la red eléctrica, la colocación de un mecanismo que evita registrar el consumo o la manipulación deliberada del contador. La existencia de una deuda con la compañía suministradora, sin alteración, conexión ilícita u otro medio clandestino, pertenece en principio al ámbito contractual y no basta para aplicar el artículo 255.

La cuantía debe corresponder al valor del suministro defraudado. Cuando la conducta se prolonga, la investigación debe determinar el periodo de consumo ilícito y su valoración mediante datos técnicos, sin presumir automáticamente toda la energía registrada desde la instalación del equipo.

Cuando el suministro eléctrico fraudulento se destina a abastecer instalaciones utilizadas para cultivar, elaborar o traficar con drogas del artículo 368, se aplica la modalidad especial de prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses, cualquiera que sea la cuantía defraudada.

9.2. Uso de terminales

El artículo 256 castiga utilizar cualquier equipo terminal de telecomunicación sin consentimiento de su titular y causarle un perjuicio económico. Es necesario tanto el uso inconsentido como el daño patrimonial.

El terminal puede ser un teléfono u otro equipo que permita generar comunicaciones o servicios con cargo económico al titular. Si se utiliza solo para acceder a información o interceptar comunicaciones, sin perjuicio económico derivado del uso, habrá que examinar los delitos contra la intimidad o los sistemas informáticos y no esta defraudación.

La pena general es multa de tres a doce meses y, si el perjuicio no excede de 400 euros, multa de uno a tres meses. Debe distinguirse esta conducta de la intervención ilícita de comunicaciones, del acceso informático no autorizado y del empleo de instrumentos de pago, que protegen bienes distintos o poseen tipos específicos.

Síntesis de las defraudaciones. El impago no equivale a fraude. El artículo 255 exige un mecanismo, alteración o medio clandestino para obtener el suministro; el 256, uso inconsentido de un terminal y perjuicio económico. En ambos casos, la cuantía de 400 euros modifica la pena.

18.10

Disposiciones comunes

10.1. Excusa absolutoria entre familiares

El artículo 268 exime de responsabilidad penal y mantiene únicamente la civil para determinados delitos patrimoniales cometidos entre familiares. Comprende a cónyuges no separados legalmente o de hecho ni en proceso de separación, divorcio o nulidad; ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, y afines en primer grado si viven juntos.

No opera cuando concurre violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima por edad o discapacidad. La razón de la excusa es evitar la intervención penal en determinados conflictos patrimoniales internos, pero desaparece cuando el ataque excede de esa esfera y afecta a la libertad o seguridad personal.

La excusa es personal: no beneficia a terceros extraños que participan en el delito. Tampoco declara lícita la conducta ni elimina la obligación de restituir o indemnizar; solo excluye la responsabilidad criminal de quienes reúnen los requisitos.

La convivencia solo se exige expresamente para los afines en primer grado. Ascendientes, descendientes y hermanos quedan comprendidos por su relación familiar en los términos del artículo, mientras que el cónyuge deja de beneficiarse si existe separación legal o de hecho o un proceso judicial de separación, divorcio o nulidad.

Por ejemplo, el hijo que sustrae sin violencia dinero de su padre puede quedar sujeto únicamente a responsabilidad civil si concurren los requisitos. El tercero ajeno a la familia que coopera en la sustracción continúa respondiendo penalmente, y la excusa desaparece si se emplea intimidación o se abusa de la vulnerabilidad de la víctima.

10.2. Actos preparatorios

El artículo 269 castiga la provocación, conspiración y proposición para cometer robo, extorsión, estafa o apropiación indebida con la pena inferior en uno o dos grados a la correspondiente al delito.

La previsión es expresa y limitada. No permite castigar con carácter general los actos preparatorios de cualquier delito patrimonial. Tres personas que se conciertan y resuelven ejecutar un robo realizan una conspiración punible aunque todavía no hayan iniciado la ejecución material.

Síntesis de las disposiciones comunes. El artículo 268 excluye la pena, pero no la responsabilidad civil, dentro de determinadas relaciones familiares y solo en delitos sin violencia, intimidación ni abuso de vulnerabilidad. El artículo 269 anticipa el castigo únicamente para la preparación de robo, extorsión, estafa y apropiación indebida.

18.11

Lectura conjunta del tema

La resolución de un supuesto puede seguir este orden:

  1. Identificar si el objeto es mueble, inmueble, un derecho o un suministro.
  2. Determinar cómo obtuvo el autor la posesión o produjo el perjuicio.
  3. Comprobar si hubo fuerza, violencia, intimidación, engaño o recepción legítima previa.
  4. Precisar el ánimo de apropiación o de uso temporal.
  5. Examinar cuantía, plazo de 48 horas, circunstancias agravantes y relación familiar.
  6. Valorar consumación, tentativa y posibles concursos con lesiones, detención o allanamiento.
Figuras próximasDiferencia decisiva
Hurto / robo con fuerzaAusencia o presencia de una modalidad legal de fuerza
Robo con fuerza / dañosLa fuerza sirve para acceder, salir o abrir la protección del bien
Robo violento / extorsiónApoderamiento directo o acto jurídico impuesto a la víctima
Hurto / apropiación indebidaPosesión inicial ilícita o recepción inicial lícita
Estafa / apropiación indebidaEngaño previo a la entrega o apropiación decidida después
Estafa / incumplimiento civilIntención defraudatoria inicial o incumplimiento sobrevenido
Uso de vehículo / hurto o roboAusencia o presencia de ánimo de apropiación y restitución en 48 horas
Usurpación / allanamientoInmueble sin condición de morada o espacio de vida privada

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 13 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales y muestran que el examen exige diferenciar figuras próximas a partir de datos concretos: la clase de bien, el modo de acceso, la existencia de fuerza o engaño, la intención de uso y las cuantías. Se conservan todas las opciones y se añade la referencia normativa necesaria para comprender la respuesta.

0 de 13 respondidas

  1. Promoción 38, modelo A, pregunta 46.artículos 234 y 244 del Código Penal. El delito de uso del artículo 244 solo comprende vehículos a motor y ciclomotores. La utilización temporal de una bicicleta, devuelta sin intención de apropiación definitiva y sin otros elementos delictivos, no encaja en ese tipo especial ni en el hurto ordinario.

    1. Adolfo, mayor de edad y en plenitud de sus facultades físicas y mentales, se apropia sin consentimiento de la bicicleta de montaña de su vecino, que se encontraba aparcada en la puerta de su domicilio. Cuatro horas después, tras dar varios paseos por la ciudad, la deja en el mismo lugar. Esta conducta constituirá:

  2. Promoción 38, modelo A, pregunta 51.artículo 245.2 del Código Penal. La ocupación o permanencia inconsentida y no violenta en un inmueble que no constituye morada integra usurpación. Si el espacio fuera morada, la calificación se desplazaría hacia el allanamiento.

    2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, comete:

  3. Promoción 39, modelo A, pregunta 49.artículo 236.1 del Código Penal. El dueño responde por hurto posesorio cuando sustrae la cosa de quien la posee legítimamente y le causa perjuicio. En B se utiliza una llave indebidamente retenida, considerada falsa; en C los autores son interceptados antes de alcanzar una disponibilidad autónoma sobre las prendas.

    3. ¿En cuál de las acciones siguientes existe un delito de hurto consumado?

  4. Promoción 39, modelo A, pregunta 94.artículo 249.1.b del Código Penal. La realización fraudulenta de operaciones utilizando una tarjeta de crédito o débito ajena constituye estafa. La apropiación de la cartera puede recibir una calificación adicional, pero la pregunta se limita a la extracción en el cajero.

    4. Una persona encuentra una cartera con documentación y una tarjeta de débito. Utiliza la tarjeta en un cajero automático cercano y extrae 400 euros. Por esta operación en el cajero incurre en:

  5. Promoción 40, modelo A, pregunta 48.artículo 245.2 del Código Penal. La usurpación se aplica a inmuebles, viviendas o edificios que no constituyen morada. La condición de morada depende de su utilización como espacio de vida privada, no solo de la denominación del inmueble.

    5. Quien ocupa una vivienda sin autorización o se mantiene en ella contra la voluntad de su titular comete un delito de usurpación:

  6. Promoción 40, modelo A, pregunta 52.artículo 235.1.1.º, 2.º y 8.º del Código Penal. Las cosas de primera necesidad exigen que se cause desabastecimiento y la utilización de menores se refiere a quienes no han cumplido dieciséis años.

    6. El hurto se castiga con prisión de uno a tres años:

  7. Promoción 41, modelo B, pregunta 2.artículo 247 del Código Penal, incluido en el capítulo dedicado a la usurpación. La figura protege la disponibilidad legítima de las aguas y no exige el daño ambiental propio de otros delitos.

    7. El que, sin hallarse autorizado, distrae aguas de uso público o privativo de su curso o de su embalse natural o artificial será castigado por:

  8. Promoción 41, modelo B, pregunta 9.artículos 237, 238.4.º y 239.2 del Código Penal. Las llaves legítimas perdidas por el propietario se consideran llaves falsas cuando el autor las utiliza para acceder al lugar y apoderarse de los bienes. La cuantía no transforma el robo en hurto leve.

    8. Una persona encuentra en la calle un juego de llaves cuyo llavero indica una dirección. Se dirige a ella, abre la puerta con esas llaves, sustrae un teléfono móvil valorado en 400 euros, cierra y abandona el lugar. ¿Qué delito comete?

  9. Promoción 41, modelo B, pregunta 13.artículo 249.1.a del Código Penal. La manipulación del sistema sustituye al engaño y error de la estafa tradicional y produce directamente una transferencia patrimonial no consentida.

    9. Quien, con ánimo de lucro y mediante manipulación informática o artificio semejante, consigue una transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio de otro comete:

  10. Promoción 41, modelo B, pregunta 86.artículo 250.1.5.º del Código Penal. El umbral de esta agravación es superior a 50.000 euros. Cuando la defraudación supera 250.000 euros se aplica la respuesta especialmente agravada del apartado 2.

    10. La estafa constituye el tipo agravado castigado con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando el valor de la defraudación supera:

  11. Promoción 42, modelo A, pregunta 46.artículos 17 y 269 del Código Penal. Existe conspiración cuando dos o más personas se conciertan y resuelven ejecutar el delito. El artículo 269 castiga expresamente la conspiración para cometer robo, sin necesidad de que haya comenzado la ejecución.

    11. Tres futbolistas acuerdan en el vestuario cometer un robo violento en una joyería y resuelven ejecutarlo a la mañana siguiente. El entrenador los escucha y avisa a la policía, que comprueba la información y los detiene. Señale la respuesta correcta:

  12. Promoción 42, modelo A, pregunta 68.artículos 237 y 238.2.º y 3.º del Código Penal. Existe fuerza por la fractura de la puerta y, además, por la apertura del objeto cerrado que contiene el dinero. El artículo 238.3.º permite que la fractura del receptáculo se realice fuera del lugar del robo.

    12. El cliente de un bar aprovecha que el dueño entra en la cocina, rompe la puerta del comedor y sustrae una caja registradora cerrada con llave. Como no puede abrirla en el local, se la lleva a su casa y allí la abre con una sierra mecánica. Su conducta constituye:

  13. Promoción 42, modelo A, pregunta 93.artículos 237 y 238.3.º del Código Penal. Aunque la puerta estaba abierta, la fractura de la caja fuerte para extraer su contenido es una modalidad de fuerza legalmente prevista. La distracción facilita la ejecución, pero no convierte el hecho en estafa porque la víctima no realiza ningún acto de disposición patrimonial.

    13. Un anciano deja abierta la puerta de su casa mientras riega el jardín. Dos personas aprovechan la situación: una lo distrae y la otra entra en la vivienda, rompe la caja fuerte y se apodera de un anillo de oro. La conducta constituye:

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