Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 22 de Policía Nacional
Estatuto de la víctima del delito: derechos, participación y protección
22.1
Finalidad y estructura del Estatuto
1.1. Una respuesta integral a la víctima
El proceso penal se ha construido tradicionalmente alrededor de la investigación del delito, las garantías de la persona investigada y la imposición de la pena. Estas garantías son indispensables, pero no agotan la respuesta pública. Quien sufre el delito puede necesitar información, protección, asistencia psicológica o social, reparación y cauces para participar sin que el propio proceso se convierta en una nueva fuente de daño.
La Ley 4/2015 reúne en un estatuto general los derechos de las víctimas. Su finalidad no se limita a facilitar una indemnización ni a reconocer facultades a quien ejerce la acusación. Persigue una respuesta jurídica y social que parta de la dignidad de la persona, reduzca los efectos traumáticos del delito y evite la denominada victimización secundaria, es decir, el perjuicio añadido que puede producir una actuación institucional inadecuada.
El sistema se apoya en cuatro ideas:
- Reconocimiento: la persona es tratada como víctima desde el primer contacto, sin esperar al resultado del proceso.
- Información y apoyo: debe comprender sus derechos y poder acceder a los servicios que necesite.
- Participación: puede intervenir en el proceso en los términos establecidos legalmente.
- Protección: las autoridades deben valorar los riesgos y prevenir nuevos perjuicios.
Estos planos se relacionan. Una medida de protección no resulta efectiva si la víctima desconoce cómo solicitarla; la información pierde utilidad si no es comprensible; y la participación puede causar un nuevo daño si obliga a declarar repetidamente o a mantener un contacto innecesario con el supuesto infractor.
1.2. Derechos procesales y extraprocesales
El Estatuto reconoce derechos que se ejercen dentro del procedimiento penal y otros que no dependen de una personación procesal. Ejercer la acción penal, recurrir determinadas resoluciones o aportar fuentes de prueba son facultades procesales. Recibir información inicial, apoyo emocional, orientación o asistencia de una Oficina de Víctimas responde también a necesidades extraprocesales.
La protección comienza incluso antes de que exista una causa judicial. Puede mantenerse durante todo el procedimiento y prolongarse después de su conclusión durante un periodo adecuado. Tampoco depende de que se conozca la identidad del infractor ni de que el proceso termine con una condena. El archivo de una investigación no borra el daño sufrido ni convierte automáticamente en innecesario el apoyo.
1.3. Estructura de la Ley 4/2015
| Parte | Artículos | Función |
|---|---|---|
| Título preliminar | 1 a 3 | Determina el ámbito, define a la víctima y formula el catálogo general |
| Título I | 4 a 10 | Regula los derechos básicos desde el primer contacto |
| Título II | 11 a 18 | Ordena la participación en la investigación, el proceso y la ejecución |
| Título III | 19 a 26 | Regula la protección, la evaluación individual y las medidas concretas |
| Título IV | 27 a 35 | Organiza las Oficinas y establece formación, coordinación y reglas comunes |
La división permite diferenciar asistencia, participación y protección, pero no crea compartimentos independientes. Una Oficina de Asistencia puede detectar una necesidad de protección; la Policía debe informar y derivar; el órgano judicial puede adoptar una medida; y la Fiscalía vela especialmente por el interés superior de la víctima menor de edad.
Síntesis del apartado. El Estatuto sitúa a la víctima dentro de una respuesta pública que no se reduce al juicio. Sus derechos nacen desde el primer contacto y combinan comprensión, apoyo, participación, reparación y protección. La posición procesal de la víctima puede cambiar; su derecho a un trato respetuoso e individualizado permanece.
22.2
Ámbito de aplicación
2.1. Delitos cometidos o perseguibles en España
El artículo 1 aplica la ley a las víctimas de delitos cometidos en España y a las de delitos que puedan ser perseguidos en España. El criterio no se limita, por tanto, al lugar material del hecho: comprende también los supuestos en los que los tribunales españoles tienen jurisdicción conforme a las leyes y los tratados.
La aplicación es independiente de:
- la nacionalidad de la víctima;
- su mayoría o minoría de edad;
- la existencia o ausencia de residencia legal en España.
Una persona extranjera en situación administrativa irregular no pierde por ello los derechos del Estatuto. Del mismo modo, la minoría de edad no excluye su aplicación, sino que obliga a adaptar la comunicación, la asistencia y las medidas a su interés superior.
2.2. Delitos cometidos en otro Estado de la Unión Europea
El artículo 17 contempla una regla específica para las víctimas residentes en España que hayan sufrido un delito en otro Estado miembro de la Unión Europea. Pueden presentar la denuncia ante las autoridades españolas. Si España no da curso a la investigación por falta de jurisdicción, la denuncia se remite inmediatamente a las autoridades competentes del Estado donde ocurrieron los hechos y se comunica esa remisión al denunciante.
Esta posibilidad evita que la residencia en un país distinto del lugar del delito se convierta en una barrera inicial. No significa que las autoridades españolas vayan a instruir siempre la causa: garantiza la recepción y, cuando corresponda, la transmisión de la denuncia.
2.3. Relación con la legislación especial
La Ley 4/2015 es el catálogo general. Sus derechos se aplican sin perjuicio de la protección adicional reconocida a determinados colectivos por normas específicas, como las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, delitos violentos o contra la libertad sexual y las personas menores de edad.
La norma general constituye un suelo común, no un límite máximo. Cuando una ley especial concede una asistencia o protección más intensa, ambos regímenes se integran. La respuesta debe construirse con el Estatuto, la legislación procesal y la norma especial aplicable al caso.
Síntesis del ámbito. Lo decisivo es la conexión del delito con España, no la nacionalidad ni la situación administrativa de la víctima. La ley protege a personas adultas y menores y se completa con los regímenes especiales que respondan a la naturaleza del delito o a la vulnerabilidad de la persona.
22.3
Concepto general de víctima
3.1. Víctima directa
El artículo 2.a) considera víctima directa a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su persona o patrimonio directamente causado por la comisión de un delito. La ley menciona especialmente:
- lesiones físicas o psíquicas;
- daños emocionales;
- perjuicios económicos.
La enumeración no es cerrada, pero exige una relación directa entre el delito y el daño. Una sociedad mercantil perjudicada patrimonialmente puede ejercer los derechos que otras normas le reconozcan, pero el concepto general de víctima directa del Estatuto está formulado para personas físicas.
El reconocimiento no exige que el daño sea corporal. Una estafa puede producir un perjuicio económico; unas amenazas, un daño emocional; y una agresión, lesiones físicas y psíquicas. Tampoco exige que la víctima haya denunciado o se haya personado: esas actuaciones se refieren al ejercicio de derechos posteriores, no al nacimiento de la condición.
3.2. Víctima indirecta
La víctima indirecta no es cualquier familiar afectado por el sufrimiento de la víctima directa. Esta condición aparece cuando la muerte o desaparición de una persona ha sido causada directamente por un delito. Los responsables de los hechos quedan excluidos.
El artículo 2 establece un orden de llamamiento. El primer grupo no necesita desaparecer para que cada una de las personas que lo integran sea víctima indirecta; todas pueden quedar comprendidas si reúnen el vínculo y, cuando se exige, la convivencia o situación de guarda. El segundo grupo solo entra en consideración cuando no existe ninguna de las personas del primero.
| Orden | Personas comprendidas | Condición adicional cuando procede |
|---|---|---|
| Primer grupo | Cónyuge de la víctima | No estar separado legalmente ni de hecho |
| Primer grupo | Hijos de la víctima o del cónyuge | Convivir con ellos en el momento de la muerte o desaparición |
| Primer grupo | Persona unida a la víctima por análoga relación de afectividad | Mantener esa relación hasta el momento de la muerte o desaparición |
| Primer grupo | Hijos de la pareja de la víctima | Convivir con la víctima en ese momento |
| Primer grupo | Progenitores de la víctima | El precepto no añade convivencia |
| Primer grupo | Parientes en línea recta o colateral hasta el tercer grado | Encontrarse bajo la guarda de la víctima |
| Primer grupo | Personas sujetas a tutela o curatela de la víctima o bajo su acogimiento familiar | Existencia de la correspondiente relación de protección |
| Segundo grupo | Demás parientes en línea recta y hermanos | Solo si no existe ninguna persona del primer grupo |
Dentro del segundo grupo tiene preferencia quien ostentara la representación legal de la víctima, pero esa preferencia no transforma a cualquier representante en víctima directa. La condición sigue siendo indirecta y deriva de la muerte o desaparición causada por el delito.
Un ejemplo permite apreciar el orden. Si una persona fallece como consecuencia de un delito y deja cónyuge no separado y progenitores, ambos vínculos aparecen en el primer grupo y no es necesario acudir al segundo. Si no existe ninguna de las personas incluidas en ese grupo, podrán ser víctimas indirectas los demás ascendientes o descendientes y los hermanos en los términos del apartado 2.º. La ley no establece simplemente una preferencia entre todos los familiares: construye dos niveles y reserva el segundo para la ausencia del primero.
3.3. Terceros perjudicados
El último párrafo del artículo 2 declara que el Estatuto no se aplica a terceros que hayan sufrido perjuicios derivados del delito. Esta exclusión delimita el concepto de víctima de esta ley, pero no significa que esos terceros carezcan de toda acción. Podrán reclamar o intervenir si otra norma sustantiva o procesal les reconoce legitimación.
Puede distinguirse mediante un ejemplo. Si un delito causa lesiones a una persona, esta es víctima directa. Si el hecho provoca su muerte, los familiares legalmente indicados pueden ser víctimas indirectas. Un tercero que soporta una pérdida económica refleja como consecuencia del delito no adquiere por ese solo motivo la condición del artículo 2, aunque pueda defender su interés por otra vía.
| Figura | Presupuesto | Consecuencia principal |
|---|---|---|
| Víctima directa | Daño personal o patrimonial directamente causado a una persona física | Aplicación del Estatuto |
| Víctima indirecta | Muerte o desaparición directamente causada por el delito y vínculo legal | Aplicación en el orden previsto |
| Tercero perjudicado | Perjuicio derivado sin encajar en los grupos anteriores | Queda fuera del concepto del Estatuto, sin perjuicio de otros derechos |
| Denunciante | Persona que comunica hechos posiblemente delictivos | No tiene que coincidir necesariamente con la víctima |
| Acusación particular | Persona legitimada que se persona para ejercer la acción penal | Requiere cumplir las reglas procesales |
Síntesis del concepto. Víctima, denunciante y parte acusadora no son sinónimos. La condición de víctima nace del daño y de los presupuestos del artículo 2; denunciar comunica los hechos; personarse permite ejercer formalmente la acusación. Separar estas figuras evita atribuir a todas ellas los mismos requisitos y efectos.
22.4
Catálogo general de derechos
4.1. Derechos reconocidos desde el primer contacto
El artículo 3 reconoce a toda víctima los derechos a la protección, información, apoyo, asistencia, atención, reparación y participación activa en el proceso penal. A ellos añade el derecho a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio.
La extensión temporal es amplia. Los derechos operan:
- desde el primer contacto con autoridades o funcionarios;
- durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo;
- en los servicios de justicia restaurativa cuando sean legalmente posibles;
- a lo largo del proceso penal;
- durante un periodo adecuado después de su conclusión.
No dependen de que se identifique al infractor ni del resultado del procedimiento. Esto impide condicionar el trato debido a una valoración anticipada sobre la credibilidad o a la posibilidad de obtener condena.
4.2. Trato individualizado y no discriminatorio
Tratar de forma individualizada no significa conceder cualquier medida solicitada, sino conocer las circunstancias relevantes y adaptar la respuesta. Dos víctimas del mismo delito pueden presentar necesidades diferentes por su edad, discapacidad, relación con el autor, riesgo de reiteración, situación emocional o red de apoyo.
La igualdad no exige una respuesta idéntica. Exige que las diferencias relevantes sean valoradas y que factores ajenos a la protección —nacionalidad, situación administrativa, prejuicios o estereotipos— no reduzcan los derechos. La actuación profesional debe evitar culpabilizar, infantilizar o cuestionar innecesariamente a quien relata los hechos.
4.3. Prohibición de mediación y conciliación
La reforma de 2022 añadió al artículo 3 una regla expresa: la mediación y la conciliación están vedadas en supuestos de violencia sexual y de violencia de género. La prohibición prevalece sobre la regulación general de la justicia restaurativa.
No debe confundirse justicia restaurativa con una sustitución privada del proceso penal. Incluso cuando es admisible, exige consentimiento, reconocimiento de los hechos esenciales, seguridad y ausencia de nuevos perjuicios. En los dos ámbitos expresamente prohibidos no cabe acudir a mediación o conciliación aunque exista una manifestación favorable de las partes.
22.5
Derechos básicos
5.1. Derecho a entender y ser entendida
El artículo 4 garantiza la comprensión desde la información previa a la denuncia y durante todas las actuaciones posteriores. Las comunicaciones orales y escritas deben utilizar un lenguaje claro, sencillo y accesible y adaptarse a las características personales de la víctima.
La adaptación resulta especialmente importante ante discapacidad sensorial, intelectual o mental y minoría de edad. Deben facilitarse los apoyos necesarios para que la persona pueda expresarse, incluida la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas.
El precepto conserva la expresión «capacidad judicialmente modificada» al regular la comunicación al representante o a la persona que asista. Esa terminología debe reconocerse cuando aparezca en una pregunta literal, aunque el modelo civil actual se articule en torno a apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.
Comprender no equivale a recibir un formulario. La autoridad debe comprobar que el contenido esencial resulta accesible. La víctima puede, además, estar acompañada desde el primer contacto por una persona de su elección. Este acompañamiento personal es distinto de la representación legal y de la asistencia de abogado.
5.2. Información desde el primer contacto
El artículo 5 obliga a ofrecer información inmediata, adaptada a la persona, a la naturaleza del delito y a los daños sufridos. El deber comienza antes de la denuncia y comprende, entre otras materias:
- asistencia médica, psicológica o material y posible alojamiento alternativo;
- derecho y procedimiento para denunciar y aportar elementos de prueba;
- asesoramiento, defensa jurídica y justicia gratuita;
- medidas de protección;
- indemnizaciones y procedimiento para reclamarlas;
- interpretación, traducción y apoyos a la comunicación;
- ejercicio de derechos desde fuera de España;
- recursos y datos de contacto de la autoridad responsable;
- servicios de justicia restaurativa cuando sean posibles;
- reembolso de gastos judiciales;
- posibilidad de solicitar las notificaciones previstas en la ley.
La información no se agota en el primer contacto. Debe actualizarse en cada fase para que la víctima pueda ejercer derechos que nacen o adquieren relevancia posteriormente. Informar sobre un recurso cuando su plazo ya ha vencido no cumple la finalidad del Estatuto.
El catálogo puede ordenarse por su función. Una parte permite afrontar las consecuencias del delito —asistencia, alojamiento, indemnizaciones y apoyo—; otra permite actuar en el procedimiento —denuncia, prueba, defensa, recursos y notificaciones—; y una tercera procura superar barreras de acceso —traducción, comunicación y ejercicio de derechos desde otro país—. Esta clasificación explica el sentido de la lista y facilita actualizar la información cuando cambia la fase del proceso.
5.3. Derechos al presentar la denuncia
El artículo 6 reconoce dos derechos específicos en el momento de denunciar:
- Obtener una copia de la denuncia debidamente certificada.
- Recibir asistencia lingüística gratuita y la traducción escrita de esa copia cuando la víctima no entienda o no hable ninguna lengua oficial del lugar de presentación.
No basta con un resumen ni con la entrega del documento original. La copia permite conservar constancia exacta de los hechos comunicados, del momento de la denuncia y de los datos incorporados.
5.4. Información sobre la causa penal
El artículo 7 regula la información vinculada a la evolución del procedimiento. La víctima debe conocer inmediatamente la fecha, hora y lugar del juicio y el contenido de la acusación. También puede recibir las resoluciones legalmente enumeradas, entre ellas:
- la decisión de no iniciar el procedimiento;
- la sentencia que lo finaliza;
- la prisión, puesta en libertad o fuga del infractor;
- las medidas cautelares personales relacionadas con su seguridad;
- determinadas decisiones judiciales o penitenciarias que impliquen riesgo;
- las resoluciones de ejecución previstas en el artículo 13.
La comunicación incluye, al menos, la parte dispositiva y un breve resumen del fundamento. Como regla se remite a la dirección electrónica designada y, cuando no exista, por los medios alternativos previstos.
La víctima puede manifestar que no desea recibir estas comunicaciones. En violencia de género, las resoluciones sobre prisión, libertad, fuga y medidas cautelares de seguridad se notifican sin necesidad de solicitud, salvo que la víctima exprese que no quiere recibirlas. También puede pedir información sobre el estado de la causa, siempre que ello no perjudique su correcto desarrollo.
5.5. Periodo de reflexión en sucesos con numerosas víctimas
El artículo 8 protege a las víctimas directas e indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos con un número elevado de víctimas que puedan constituir delito. Los abogados y procuradores no pueden dirigirse a ellas para ofrecer servicios profesionales hasta que transcurran cuarenta y cinco días desde el hecho.
La prohibición desaparece si la propia víctima solicita expresamente esos servicios. No impide que reciba asesoramiento cuando lo busca; evita la captación profesional durante un periodo de especial vulnerabilidad. Su incumplimiento constituye infracción disciplinaria muy grave, sin perjuicio de otras responsabilidades.
5.6. Traducción e interpretación
El artículo 9 reconoce interpretación gratuita cuando la víctima no habla o no entiende la lengua empleada en la actuación. Se aplica a declaraciones ante Policía, Fiscalía o autoridad judicial y a su intervención como testigo en juicio u otras vistas. También protege a personas con limitaciones auditivas o de expresión oral.
La traducción alcanza determinadas resoluciones, la información esencial para ejercer los derechos de participación y los datos del juicio. Puede utilizarse videoconferencia, salvo que sea necesaria la presencia física del intérprete, y excepcionalmente sustituirse la traducción escrita por un resumen oral cuando se garantice suficientemente la equidad.
La denegación policial puede recurrirse ante el órgano instructor. Basta que la persona muestre su disconformidad en el momento de la negativa para entender interpuesto el recurso. La denegación judicial puede recurrirse en apelación.
5.7. Acceso a los servicios de asistencia y apoyo
El artículo 10 reconoce el acceso gratuito y confidencial a los servicios públicos de asistencia y a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. En delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad, el apoyo puede extenderse a los familiares en los términos reglamentarios.
Las autoridades y funcionarios deben derivar a la víctima a estas Oficinas cuando resulte necesario por la gravedad del delito o cuando ella lo solicite. La derivación no debe reducirse a entregar una dirección: requiere explicar la finalidad del servicio y facilitar un acceso efectivo.
Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda o custodia de víctimas de violencia de género, violencia sexual o violencia doméstica tienen derecho a las medidas de asistencia y protección de los títulos I y III. La ley reconoce así que también pueden sufrir directamente las consecuencias del entorno violento.
| Derecho | Momento principal | Contenido esencial |
|---|---|---|
| Entender y ser entendida | Desde antes de denunciar | Lenguaje accesible y apoyos de comunicación |
| Información inicial | Primer contacto y sucesivas fases | Derechos, servicios, protección, recursos y contactos |
| Derechos como denunciante | Presentación de la denuncia | Copia certificada y asistencia lingüística |
| Información sobre la causa | Durante el procedimiento y ejecución | Juicio y resoluciones legalmente previstas |
| Traducción e interpretación | Actuaciones necesarias | Comprensión y participación efectiva |
| Asistencia y apoyo | Antes, durante y después del proceso | Acceso gratuito y confidencial a servicios y Oficinas |
Síntesis de los derechos básicos. La información debe llegar en el momento en que todavía permite actuar, mediante un lenguaje que la víctima comprenda y con los apoyos que necesite. El Estatuto no espera a que exista una acusación formal: la acogida, la comprensión y la orientación comienzan desde el primer contacto.
22.6
Participación de la víctima en el proceso penal
6.1. Participación activa y aportación de prueba
El artículo 11 reconoce el derecho a ejercer las acciones penal y civil conforme a la LECrim y a comparecer ante las autoridades investigadoras para aportar fuentes de prueba e información relevante. La víctima puede colaborar con la investigación sin haberse personado todavía como acusación.
Personarse permite formular pretensiones y actuar como parte dentro de las reglas procesales. Aportar un documento, identificar un testigo o facilitar un dato a la Policía no equivale por sí solo a ejercer la acusación particular. Esta diferencia explica que el Estatuto reconozca ciertas facultades incluso a víctimas que nunca se mostraron parte.
6.2. Comunicación y recurso contra el sobreseimiento
El artículo 12 ordena comunicar la resolución de sobreseimiento a las víctimas directas que denunciaron y a las demás víctimas directas conocidas. En caso de muerte o desaparición causada por el delito, se comunica a las víctimas indirectas del artículo 2, con las excepciones motivadas previstas cuando ya se ha contactado con varias o han fracasado las gestiones de localización.
La víctima puede recurrir el sobreseimiento conforme a la LECrim sin haberse personado anteriormente. Esta facultad evita que la falta de personación durante la investigación impida reaccionar cuando se acuerda cerrarla.
6.3. Participación durante la ejecución
El cumplimiento de la pena continúa siendo una función pública dirigida por los órganos competentes. El artículo 13, sin desplazar esa responsabilidad, permite que determinadas víctimas conozcan y recurran algunas resoluciones de ejecución especialmente relevantes, aunque no se hubieran personado en la causa. Para ello deben haber solicitado previamente, conforme al artículo 5.1.m), que esas resoluciones les sean notificadas.
El derecho de recurso comprende tres grupos de autos:
- El que permite la posible clasificación en tercer grado antes de extinguir la mitad de la condena, en los supuestos del artículo 36.2 del Código Penal, cuando la víctima lo sea de alguno de los delitos enumerados por el Estatuto.
- El que acuerda que beneficios penitenciarios, permisos, tercer grado y cómputo para la libertad condicional se refieran al límite de cumplimiento y no a la suma de las penas, cuando se trate de esos delitos o de uno cometido en el seno de un grupo u organización criminal.
- El que concede la libertad condicional en los supuestos legalmente indicados, siempre que se hubiera impuesto una pena superior a cinco años de prisión.
Para la primera categoría, y como referencia para las remisiones posteriores, el artículo 13 enumera los delitos de homicidio; aborto del artículo 144 del Código Penal; lesiones; delitos contra la libertad; tortura y contra la integridad moral; delitos contra la libertad e indemnidad sexual; robo con violencia o intimidación; terrorismo, y trata de seres humanos. No basta, por tanto, con que la resolución penitenciaria afecte a cualquier condena: deben concurrir la clase de auto, el delito y los demás requisitos del precepto.
La víctima debe anunciar su voluntad de recurrir dentro de los cinco días siguientes a la notificación e interponer el recurso dentro de los quince días desde esa notificación. Para el anuncio no necesita abogado. Estos plazos no se aplican indistintamente a cualquier recurso del Estatuto: pertenecen a la participación en la ejecución regulada en este artículo.
Antes de adoptar una de esas resoluciones, el juez de vigilancia penitenciaria da traslado a la víctima que hubiera solicitado la notificación para que formule alegaciones en un plazo de cinco días. Además, la víctima puede interesar reglas de conducta para protegerse frente a una persona en libertad condicional y facilitar información relevante sobre la ejecución de la pena, la responsabilidad civil o el comiso.
La secuencia debe recordarse con precisión: solicitud previa de información, traslado para alegaciones cuando corresponda, notificación del auto, anuncio del recurso en cinco días e interposición en quince. La participación de la víctima aporta información y control, pero no le transfiere la potestad de ejecutar la condena ni permite recurrir cualquier decisión penitenciaria.
6.4. Gastos, justicia gratuita y devolución de bienes
El artículo 14 reconoce a la víctima que haya participado en el proceso el reembolso de los gastos necesarios para ejercer sus derechos y de las costas procesales causadas. El pago tiene preferencia respecto de los gastos ocasionados al Estado, pero exige que la sentencia condenatoria imponga su abono y que concurra uno de estos supuestos:
- que el acusado haya sido condenado, a instancia de la víctima, por delitos respecto de los cuales el Ministerio Fiscal no formuló acusación;
- o que la condena se haya alcanzado después de revocarse el archivo como consecuencia del recurso interpuesto por la víctima.
Los requisitos son acumulativos dentro de cada supuesto. Haber participado en el proceso no genera por sí solo un derecho automático a recuperar cualquier gasto, ni la preferencia significa que el Estado deba pagar directamente todas las cantidades. La sentencia, la imposición de costas y la intervención decisiva de la víctima en los términos del artículo delimitan el derecho.
El artículo 16 facilita la solicitud de asistencia jurídica gratuita: puede presentarse ante la autoridad o funcionario que informa sobre este derecho o ante las Oficinas de Asistencia, que la trasladan al Colegio de Abogados competente.
El artículo 18 reconoce la devolución sin demora de los bienes restituibles incautados. Puede posponerse si su conservación resulta imprescindible para el proceso y no basta con imponer al propietario la obligación de mantenerlos a disposición judicial, o cuando sean necesarios para una investigación técnica de un accidente. El derecho a recuperar el bien debe conciliarse con la preservación de la prueba.
6.5. Justicia restaurativa
El artículo 15 permite acceder a servicios de justicia restaurativa para procurar una reparación material y moral cuando concurren todos los requisitos:
- el infractor reconoce los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad;
- víctima e infractor prestan consentimiento;
- la víctima recibe previamente información exhaustiva e imparcial;
- el procedimiento no entraña riesgos ni peligro de nuevos perjuicios;
- la ley no lo prohíbe para ese delito.
Los debates son confidenciales y los profesionales quedan sujetos a secreto. Cualquiera de las partes puede revocar su consentimiento en cualquier momento. No se trata de forzar una reconciliación ni de cuestionar la condición de víctima, sino de ofrecer, cuando sea seguro y legal, un cauce voluntario orientado a la reparación.
La prohibición de mediación y conciliación en violencia sexual y violencia de género impide aplicar este cauce en esos supuestos. El consentimiento no puede levantar una prohibición legal establecida para proteger a la víctima frente a relaciones de poder, presión o revictimización.
Síntesis de la participación. La víctima puede informar, aportar prueba, ejercer acciones, conocer el archivo y recurrir determinadas decisiones sin haber sido parte desde el comienzo. Participar no significa dirigir la investigación ni decidir la pena. El órgano competente conserva la decisión y debe hacer compatible la intervención de la víctima con las garantías del proceso.
22.7
Protección de las víctimas
7.1. Finalidad de la protección
El artículo 19 obliga a las autoridades y funcionarios encargados de investigar, perseguir y enjuiciar los delitos a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, intimidad y dignidad.
La protección no se limita al riesgo de una nueva agresión. También debe impedir que la intervención institucional produzca perjuicios evitables. Por ello conviene distinguir:
- Victimización primaria: daño causado directamente por el delito.
- Victimización secundaria: daño añadido por una respuesta institucional o social inadecuada, como interrogatorios repetitivos, falta de intimidad o trato culpabilizador.
- Victimización reiterada: padecimiento de nuevos hechos delictivos o repetición de la situación de victimización.
- Intimidación o represalias: presiones, amenazas o daños relacionados con la denuncia, la declaración o la participación en el proceso.
Las medidas deben atender al riesgo concreto y respetar los derechos de todas las personas intervinientes. Proteger a la víctima no permite prescindir de las garantías de defensa, del principio de contradicción ni de las competencias de cada autoridad. La finalidad es organizar el procedimiento de manera que pueda desarrollarse sin generar un daño innecesario.
Cuando la víctima es menor de edad, la Fiscalía vela especialmente por el cumplimiento del derecho de protección. El interés superior del menor guía las decisiones y exige reducir los perjuicios que puedan derivarse de la investigación y del juicio.
7.2. Evitar el contacto con el infractor
El artículo 20 exige que las dependencias donde se realizan actuaciones penales estén dispuestas para evitar el contacto directo entre la víctima y sus familiares, por una parte, y el sospechoso o acusado, por otra.
Esta garantía debe considerarse desde la fase de investigación. Puede afectar a la organización de accesos, zonas de espera, horarios, recorridos y salas. No presupone la culpabilidad del investigado: previene una situación de temor, presión o revictimización que puede evitarse mediante una correcta organización.
7.3. Protección durante la investigación
El artículo 21 establece cuatro reglas, siempre que sean compatibles con la eficacia de la investigación:
- Recibir declaración sin dilaciones injustificadas cuando resulte necesario.
- Reducir las declaraciones al menor número posible y practicarlas solo cuando sean estrictamente necesarias.
- Permitir el acompañamiento por el representante procesal, el representante legal cuando proceda y una persona elegida por la víctima, salvo decisión motivada en contrario para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia.
- Limitar los reconocimientos médicos a los imprescindibles y reducir su número al mínimo.
Estas reglas no impiden repetir una diligencia cuando exista una razón procesal real. Evitan la repetición por falta de coordinación, comodidad organizativa o ausencia de una documentación adecuada. Una primera declaración correctamente preparada puede proteger mejor a la víctima y ofrecer información más útil a la investigación.
El derecho a estar acompañada no es absoluto. La autoridad o el funcionario puede excluir motivadamente a la persona elegida si su presencia compromete el desarrollo de la diligencia, por ejemplo, porque también debe declarar o existe un riesgo concreto de influencia. La excepción necesita una razón vinculada a la actuación, no una negativa rutinaria.
7.4. Protección de la intimidad
El artículo 22 obliga a jueces, tribunales, fiscales, autoridades, funcionarios y demás intervinientes a proteger la intimidad de las víctimas y sus familiares. La exigencia es especialmente intensa respecto de la información que permita identificar a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
La protección alcanza datos personales, imágenes, domicilio, información sanitaria y cualquier elemento cuya difusión pueda exponer a la persona. En la actuación policial debe proyectarse sobre la toma de manifestaciones, el atestado, la comunicación institucional y el acceso a los datos. La necesidad de documentar e investigar no autoriza una difusión ajena a la finalidad del procedimiento.
Síntesis de la protección. El Estatuto protege frente al autor y frente a los daños que puede ocasionar el propio recorrido institucional. Evitar contactos, limitar repeticiones, asegurar acompañamiento y preservar la intimidad son garantías relacionadas: procuran que la investigación obtenga la información necesaria sin convertir a la víctima en objeto del procedimiento.
22.8
Evaluación individual de las necesidades de protección
8.1. Por qué es necesaria una evaluación
La existencia de un mismo delito no implica que todas sus víctimas necesiten las mismas medidas. Una protección automática basada solo en la denominación penal puede resultar insuficiente para una persona y desproporcionada para otra. El artículo 23 exige valorar las circunstancias particulares para determinar qué perjuicios podría causar el proceso y cómo evitarlos.
La evaluación no decide si la persona dice la verdad ni sustituye la investigación del delito. Su objeto es identificar necesidades de protección. Tampoco debe utilizarse para responsabilizar a la víctima del riesgo: analiza los factores que obligan a adaptar la respuesta institucional.
8.2. Factores de valoración
La ley agrupa los factores en tres planos:
| Plano | Aspectos principales |
|---|---|
| Persona | Discapacidad, dependencia respecto del supuesto autor, minoría de edad y especial vulnerabilidad |
| Delito y daño | Naturaleza del delito, gravedad del perjuicio y riesgo de reiteración |
| Circunstancias | Forma de comisión y, especialmente, carácter violento |
Dentro del segundo plano reciben atención particular las víctimas de:
- delitos de terrorismo;
- delitos cometidos por una organización criminal;
- delitos cometidos sobre el cónyuge, la persona ligada al autor por una relación de afectividad presente o pasada o determinados familiares propios o de la pareja;
- delitos contra la libertad o indemnidad sexual;
- trata de seres humanos;
- desaparición forzada;
- delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros relacionados con la ideología, religión o creencias, situación familiar, etnia, raza o nación, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.
La relación no significa que cualquier persona ajena a esos delitos carezca de necesidades especiales. Señala supuestos en los que el riesgo debe examinarse con particular atención. A la inversa, pertenecer a una categoría no permite prescindir de la evaluación individual.
Para víctimas menores se valoran su situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez, respetando su integridad física, mental y moral. En delitos contra la libertad sexual se aplican en todo caso las medidas del artículo 25.1 relativas a la forma de recibir declaración.
8.3. Autoridad competente según la fase
El artículo 24 distribuye la evaluación y la decisión sobre las medidas:
- Durante la fase inicial, los funcionarios de Policía que actúan pueden efectuar una evaluación y adoptar una respuesta provisional.
- En la investigación judicial, corresponde al órgano instructor, sin perjuicio de la evaluación provisional del Fiscal en sus diligencias o en los procedimientos de menores.
- Durante el enjuiciamiento, decide el juez o tribunal que conoce de la causa.
La resolución debe ser motivada e indicar las circunstancias valoradas. La víctima puede manifestar sus necesidades y su voluntad, que deben integrarse en la evaluación, aunque la decisión final pertenezca a la autoridad competente. En menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección se consideran sus opiniones e intereses.
8.4. Una evaluación dinámica y reservada
La valoración no queda cerrada con el primer contacto. Cualquier cambio relevante —una amenaza posterior, la localización del investigado, un deterioro emocional o una modificación de las condiciones familiares— obliga a actualizarla y, en su caso, a modificar las medidas.
La víctima puede renunciar a las medidas de los artículos 25 y 26. Esa posibilidad exige una decisión libre e informada y no elimina los deberes que otras normas impongan a las autoridades. Los servicios de asistencia solo comunican a terceros la información recibida con consentimiento previo e informado; fuera de ese supuesto pueden trasladarla reservadamente a la autoridad que adopta la medida cuando proceda.
Puede seguirse el proceso mediante un ejemplo. Al recibir una denuncia por amenazas de una expareja, la Policía no se limita a registrar el tipo penal: examina la relación, la reiteración, el acceso del autor a la víctima, las amenazas concretas, las personas dependientes y las necesidades expresadas. Adopta las medidas iniciales que procedan y documenta la evaluación. Si aparece una nueva amenaza, el riesgo se revisa; no se espera a que concluya el procedimiento.
Síntesis de la evaluación. Primero se identifican los riesgos y necesidades; después se seleccionan medidas proporcionadas; finalmente se revisan cuando cambian las circunstancias. La evaluación es individual, motivada, dinámica y orientada a la protección, no a prejuzgar la responsabilidad penal.
22.9
Medidas de protección
9.1. Medidas durante la investigación
El artículo 25.1 permite adaptar la recepción de declaraciones mediante las siguientes medidas:
- utilizar dependencias especialmente concebidas o adaptadas;
- contar con profesionales que posean formación especial para reducir perjuicios, incluida formación en perspectiva de género, o con su ayuda;
- procurar que las declaraciones de una misma víctima sean realizadas por la misma persona, salvo que perjudique de forma relevante el proceso o deba intervenir directamente un juez o fiscal;
- encomendar la declaración a una persona del mismo sexo cuando lo solicite la víctima de determinados delitos cometidos en el ámbito familiar o afectivo, de delitos contra la libertad o indemnidad sexual o de trata con fines de explotación sexual, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el proceso o deba recibirla directamente un juez o fiscal.
Estas medidas actúan sobre la forma de obtener la información. Una dependencia adecuada reduce la exposición; la continuidad del profesional evita repetir innecesariamente el relato; y la formación permite formular preguntas pertinentes sin incorporar estereotipos ni causar un daño evitable.
La última medida no alcanza indistintamente a cualquier delito. El artículo 25.1.d) remite a los números 3.º y 4.º del artículo 23.2.b): delitos cometidos sobre el cónyuge, la pareja actual o anterior y determinados familiares, y delitos contra la libertad o indemnidad sexual. A ellos añade expresamente la trata con fines de explotación sexual. La solicitud de la víctima es necesaria, pero puede ceder ante las dos excepciones procesales indicadas.
9.2. Medidas durante el enjuiciamiento
El artículo 25.2 contempla:
- evitar el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor, incluso mediante tecnologías de comunicación;
- permitir que la víctima sea oída sin estar físicamente presente en la sala;
- impedir preguntas sobre su vida privada que no sean relevantes, salvo decisión excepcional y justificada para valorar los hechos o la credibilidad;
- celebrar la vista sin público, sin perjuicio de autorizar a personas con especial interés.
Algunas medidas, como evitar el contacto visual o excluir preguntas irrelevantes, también pueden aplicarse durante la investigación. Además, pueden acordarse las medidas de protección de testigos y peritos previstas en la Ley Orgánica 19/1994 cuando concurran sus requisitos.
La protección de la intimidad no impide preguntar por aspectos privados cuando sean verdaderamente necesarios para enjuiciar los hechos. Exige que su pertinencia sea examinada y que la vida personal de la víctima no se convierta en objeto de indagación por prejuicio o curiosidad.
9.3. Protección reforzada
El artículo 26 refuerza la protección de menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales. Las declaraciones de la investigación pueden grabarse por medios audiovisuales y reproducirse en el juicio en los casos permitidos por la LECrim; también pueden recibirse mediante personas expertas.
Junto a esta protección reforzada, el artículo 23.4 establece una regla específica para las víctimas de delitos contra la libertad sexual: se aplican en todo caso las cuatro medidas del artículo 25.1. Esto comprende la dependencia adaptada, la intervención de profesionales con formación, la continuidad de quien recibe las declaraciones y, cuando la víctima lo solicite y no concurra una excepción, que la declaración sea tomada por una persona del mismo sexo. La evaluación sigue siendo necesaria para determinar si hacen falta otras medidas adicionales.
La grabación busca reducir repeticiones y preservar una declaración obtenida con garantías, pero no sustituye automáticamente el juicio ni elimina el derecho de defensa. Su utilización procesal debe ajustarse a las reglas sobre prueba preconstituida y contradicción.
El Fiscal solicita la designación de un defensor judicial cuando exista conflicto de intereses con los representantes, cuando el otro progenitor no pueda representar adecuadamente a la víctima o cuando esta se encuentre sola o separada de quienes deban ejercer su representación. Si existen dudas sobre la edad y no puede determinarse con certeza, se presume la minoría de edad a efectos protectores.
| Fase o persona | Finalidad | Ejemplos de medidas |
|---|---|---|
| Investigación | Reducir el daño al obtener información | Sala adaptada, profesional formado, continuidad y acompañamiento |
| Enjuiciamiento | Evitar confrontación y exposición innecesarias | Declaración a distancia, ausencia de contacto visual y restricción de publicidad |
| Menores y personas especialmente protegidas | Evitar que la investigación o juicio sean nueva fuente de perjuicios | Grabación, intervención experta y defensor judicial |
| Víctimas de violencias sexuales | Protección reforzada | Medidas obligatorias de declaración y restantes adaptaciones necesarias |
Síntesis de las medidas. La evaluación identifica la necesidad y las medidas traducen esa necesidad en decisiones concretas. No todas se aplican siempre ni de la misma manera. Deben elegirse según la fase, el riesgo y las circunstancias, con motivación suficiente y respeto a las garantías procesales.
22.10
Oficinas de Asistencia y disposiciones comunes
10.1. Organización y naturaleza
El Gobierno y las comunidades autónomas con competencias en Justicia organizan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Pueden colaborar con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. El Real Decreto 1109/2015 desarrolla su funcionamiento y configura un servicio público, gratuito y multidisciplinar.
La Oficina no sustituye a la Policía, al abogado, al Fiscal ni al órgano judicial. Su función es informar, evaluar necesidades asistenciales, prestar apoyo y coordinar recursos. La atención no está condicionada a que exista denuncia previa, salvo que una prestación concreta dependa legalmente de ella.
10.2. Funciones principales
Los artículos 28 y 29 comprenden, entre otras funciones:
- información general sobre derechos e indemnizaciones;
- orientación hacia servicios especializados;
- apoyo emocional y asistencia psicológica;
- asesoramiento sobre derechos económicos y justicia gratuita;
- prevención de victimización secundaria, intimidación o represalias;
- evaluación de circunstancias y elaboración de planes de apoyo;
- acompañamiento a juicio;
- coordinación con órganos judiciales, Fiscalía, servicios sociales y demás instituciones;
- apoyo a actuaciones de justicia restaurativa cuando sean legales y seguras.
La Oficina puede detectar que una víctima necesita alojamiento, atención psicológica, acompañamiento o una revisión de las medidas de protección. No decide por sí las medidas procesales reservadas al juez, pero facilita información a la autoridad competente por los cauces legales y acompaña a la persona durante el recorrido institucional.
10.3. Formación, coordinación y sensibilización
Los artículos 30 a 34 completan el sistema mediante formación especializada para jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal forense y demás profesionales; protocolos de coordinación; cooperación con asociaciones; colaboración internacional; investigación y campañas de sensibilización.
La formación es una garantía práctica. Una ley puede reconocer el derecho a no repetir innecesariamente una declaración, pero su efectividad depende de que los profesionales coordinen actuaciones, documenten correctamente y conozcan las necesidades de las distintas víctimas.
El tratamiento informativo también debe respetar la dignidad, intimidad e imagen. El Estatuto fomenta la autorregulación de los medios de comunicación para evitar una difusión que identifique, estigmatice o convierta el sufrimiento en exposición innecesaria.
10.4. Reembolso por denuncia falsa o simulación
El artículo 35 obliga a reembolsar ayudas, subvenciones y gastos públicos, con el incremento legal previsto, a quien haya sido condenado por denuncia falsa o simulación de delito y se hubiera beneficiado de servicios o medidas por su condición de víctima. La obligación exige una condena; no nace porque la investigación sea archivada o termine sin condena del investigado.
Esta distinción es esencial. Un resultado absolutorio o un sobreseimiento no convierten por sí solos la denuncia en falsa. La devolución se vincula a una condena por los delitos específicamente indicados y se aplica sin perjuicio de las demás responsabilidades.
22.11
Actuación policial con la víctima
11.1. El primer contacto
La Policía suele ser la primera institución que conoce los hechos. Ese momento condiciona tanto la investigación como la protección. La actuación debe combinar acogida, obtención de información, preservación de pruebas, valoración del riesgo y explicación de derechos.
Antes de tomar declaración debe comprobarse si la persona comprende, necesita intérprete o apoyo, presenta lesiones, requiere asistencia urgente o corre un riesgo inmediato. La prioridad sanitaria o de seguridad puede exigir actuar antes de completar una denuncia ordinaria.
11.2. Información y denuncia
La información se adapta al caso. No basta con recitar el catálogo legal: deben explicarse los recursos que realmente pueden utilizarse, la forma de contactar con la autoridad, las posibilidades de protección y la existencia de servicios de apoyo. Al finalizar, se entrega la copia certificada de la denuncia y, cuando corresponde, su traducción.
La declaración se recibe sin dilaciones injustificadas, evitando repeticiones y preguntas ajenas al esclarecimiento. La persona elegida por la víctima puede acompañarla, salvo decisión motivada por necesidades concretas de la diligencia. Si se excluye el acompañamiento, debe existir una razón verificable y no una práctica general.
11.3. Evaluación, protección y derivación
La evaluación policial inicial identifica necesidades urgentes y permite adoptar medidas provisionales. Debe recoger las circunstancias personales, la naturaleza y violencia del hecho, la relación con el autor, el riesgo de reiteración y las necesidades expresadas.
Cuando la gravedad o las circunstancias lo aconsejen, o cuando lo solicite la víctima, se facilita la derivación a la Oficina de Asistencia. La Policía comunica a la autoridad judicial o fiscal los riesgos relevantes y documenta las decisiones para que la evaluación pueda continuar y actualizarse.
11.4. Un recorrido integrado
Puede seguirse mediante un supuesto. Una persona acude a comisaría tras sufrir amenazas reiteradas de alguien con quien mantuvo una relación:
- Se comprueba si existe un riesgo inmediato y si necesita atención sanitaria, intérprete o apoyo.
- Se explica el procedimiento, los derechos, los servicios disponibles y las posibles medidas de protección.
- Se recibe la denuncia en condiciones que permitan una narración comprensible y se entrega copia certificada.
- Se practica la evaluación inicial considerando relación, reiteración, violencia, dependencia y necesidades manifestadas.
- Se adoptan las actuaciones urgentes, se preservan pruebas y se comunica el riesgo a la autoridad competente.
- Se evita repetir la declaración salvo necesidad, se protege la intimidad y se facilita la derivación asistencial.
- La evaluación se actualiza si cambian las circunstancias y el órgano competente decide las medidas posteriores.
La calidad de la atención y la investigación no son objetivos opuestos. Una víctima informada, protegida y escuchada en condiciones adecuadas puede aportar un relato más completo y mantener una relación de confianza con el sistema sin sufrir daños evitables.
22.12
Lectura conjunta del tema
El Estatuto puede comprenderse como una secuencia:
| Momento | Necesidad principal | Respuesta del Estatuto |
|---|---|---|
| Antes de denunciar | Comprender opciones y recibir ayuda | Información previa, apoyo y acompañamiento |
| Presentación de denuncia | Comunicar hechos con garantías | Lenguaje accesible, interpretación y copia certificada |
| Investigación | Evitar nuevos daños y preservar prueba | Evaluación, declaraciones limitadas y medidas adaptadas |
| Proceso | Participar y conocer decisiones | Acciones, prueba, notificaciones y recurso contra archivo |
| Juicio | Declarar sin exposición innecesaria | Distancia, tecnologías, intimidad y restricción de publicidad |
| Ejecución | Seguridad e información | Notificaciones, alegaciones y recursos tasados |
| Después del proceso | Recuperación y continuidad del apoyo | Servicios durante un periodo adecuado |
Las diferencias esenciales son las siguientes:
| Conceptos próximos | Diferencia decisiva |
|---|---|
| Víctima / denunciante | Quien sufre el daño / quien comunica los hechos |
| Víctima / acusación particular | Condición derivada del delito / posición procesal tras personarse |
| Víctima directa / indirecta | Daño directo / muerte o desaparición y vínculo legal |
| Información inicial / información de la causa | Orientación general / notificaciones y evolución procesal |
| Asistencia / protección procesal | Apoyo personal y social / medidas frente a riesgos y perjuicios del proceso |
| Acompañamiento / representación | Presencia de persona elegida / actuación jurídica en nombre de otra persona |
| Evaluación / medida | Identificación de necesidades / respuesta concreta acordada |
| Justicia restaurativa / proceso penal | Cauce voluntario de reparación / ejercicio público de la jurisdicción penal |
Síntesis final. La Ley 4/2015 no atribuye a todas las víctimas las mismas medidas, pero sí reconoce a todas un punto de partida común: trato digno, información comprensible, apoyo, participación y protección. La respuesta se individualiza mediante la evaluación y se adapta a cada fase. La Policía ocupa una posición decisiva porque el primer contacto puede activar derechos, preservar pruebas y prevenir que el paso por las instituciones agrave el daño causado por el delito.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 9 preguntas oficiales de este tema
Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales y muestran que el examen combina el ámbito de la ley, el concepto de víctima, los derechos durante la denuncia y detalles concretos sobre protección, acompañamiento y plazos. Se conservan todas las opciones y se añade la referencia normativa necesaria para comprender cada respuesta.
0 de 9 respondidas
- Promoción 38, modelo A, pregunta 62.artículo 8 de la Ley 4/2015. El plazo se cuenta desde el hecho y la prohibición queda sin efecto cuando la víctima solicita expresamente la prestación de esos servicios.
1. A tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos:
- Promoción 38, modelo A, pregunta 63.artículo 23.2.c) de la Ley 4/2015. La valoración considera las circunstancias del delito y, en particular, su carácter violento. El nivel de madurez se menciona específicamente en relación con víctimas menores de edad, pero no es la opción que reproduce el criterio general preguntado.
2. En caso de tener que determinar qué medidas de protección deben ser adoptadas respecto a la víctima de un delito para evitar perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizará una valoración de sus circunstancias que tendrá especialmente en consideración:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 12.artículo 21.c) de la Ley 4/2015. La víctima puede estar acompañada por una persona de su elección, además de los representantes que correspondan, salvo decisión motivada necesaria para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia.
3. Durante el transcurso de una investigación penal, ¿puede estar presente acompañando a la víctima en un acto de declaración en sede policial un familiar suyo?
- Promoción 39, modelo A, pregunta 31.artículo 6.a) de la Ley 4/2015. La ley reconoce expresamente el derecho a obtener una copia certificada, no el original ni un simple resumen.
4. Usted, prestando servicio como funcionario en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, es conocedor de que una persona víctima de un delito, una vez interpuesta la denuncia, tiene derecho a:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 47.artículo 2 de la Ley 4/2015. La víctima directa es una persona física que sufre el daño directo; la víctima indirecta aparece en los casos de muerte o desaparición y respecto de las personas legalmente enumeradas.
5. Según se establece en el artículo 2 del Estatuto de la víctima del delito, se entiende por víctima:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 51.artículo 13.1 de la Ley 4/2015. La víctima anuncia su voluntad de recurrir en un máximo de cinco días e interpone el recurso dentro de los quince días siguientes a la notificación.
6. De acuerdo con el Estatuto de la víctima del delito, ¿qué plazo dispone la víctima para interponer recurso?
- Promoción 40, modelo A, pregunta 86.artículos 1 y 17 de la Ley 4/2015. El artículo 1 no exige nacionalidad ni residencia legal y el artículo 17 permite denunciar en España determinados hechos cometidos en otro Estado miembro.
7. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es cierta en relación con las disposiciones de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito?
- Promoción 40, modelo A, pregunta 91.artículo 8 de la Ley 4/2015. La regla general establece cuarenta y cinco días desde el hecho, plazo que no aparece entre las dos primeras opciones. Además, la prohibición no opera cuando la víctima solicita expresamente el servicio.
8. Según la Ley 4/2015, los abogados no podrán dirigirse a las víctimas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas y que puedan constituir delito para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 11.artículo 4.a) de la Ley 4/2015. El precepto exige comunicaciones claras y accesibles y, en esos supuestos, dispone que se realicen al representante o a la persona que asista a la víctima.
9. En el supuesto de que la víctima fuera menor de edad o tuviera la capacidad modificada judicialmente, las comunicaciones relacionadas con sus derechos básicos se harán conforme al Estatuto de la víctima:
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La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
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