Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Bloque 2 · Ciencias Sociales
Derechos humanos y prevención de la tortura en los lugares de privación de libertad
Textos oficiales
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Norma
30 artículos en este tema
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
1.Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2.Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
1.Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2.Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
1.En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2.Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
1.Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2.A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
1.Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2.Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3.La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
1.Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2.Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
1.Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2.Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
1.Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2.Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3.La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
1.Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2.Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3.Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4.Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
1.Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2.La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
1.Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2.La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3.Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2.Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
1.Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2.En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3.Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
Norma
59 artículos en este tema
Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio.
1.El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.
2.La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
a)En defensa de una persona contra una agresión ilegítima.
b)Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente.
c)Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
1.Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.
2.Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.
3.No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente artículo:
a)Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional.
b)Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio.
c)Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad.
d)Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:
a)Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.
b)Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.
c)Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.
d)Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente.
e)Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.
f)Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.
2.Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3.Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.
4.Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.
5.Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.
1.Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2.Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
3.Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a)A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él.
b)A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa.
c)A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan.
d)A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.
e)A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.
1.Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
2.El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
1.Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2.No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
2.La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.
1.Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
2.El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
1.Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
2.El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.
A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
1.En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional.
2.La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.
3.Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación.
Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.
Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas.
Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y sus protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo sucesivo denominado «el Tribunal». Funcionará de manera permanente.
El Tribunal se compondrá de un número de Jueces igual al de las Altas Partes Contratantes.
1.Los Jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.
2.Los candidatos deberán ser menores de 65 años en la fecha en que la Asamblea Parlamentaria reciba la lista de tres candidatos, en virtud del artículo 22.
3.Los Jueces formarán parte del Tribunal a título individual.
4.Durante su mandato, los Jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias de su independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo; cualquier cuestión que se suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirimida por el Tribunal.
Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante .
1.Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles.
2.Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados.
3.Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.
1.El Tribunal tendrá una Secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el reglamento del Tribunal.
2.Cuando esté constituido en formación de juez único, el Tribunal estará asistido de ponentes, que actuarán bajo la autoridad del Presidente del Tribunal. Formarán parte de la Secretaría del Tribunal.
El Tribunal, reunido en pleno:
a)elegirá, por un periodo de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles;
b)constituirá Salas por un periodo determinado;
c)elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles;
d)aprobará su reglamento;
e)elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos;
f)formulará cualquier solicitud con arreglo al párrafo 2 del artículo 26.
1.Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en formación de juez único, en Comités compuestos por tres jueces, en Salas de siete jueces y en una Gran Sala de diecisiete jueces. Las Salas del Tribunal constituirán los Comités por un periodo determinado.
2.Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a cinco el número de jueces de las Salas.
3.Cuando actúe en formación de juez único, ningún juez podrá examinar una solicitud contra la Alta Parte Contratante en cuya representación fue elegido dicho juez.
4.El juez elegido en representación de una Alta Parte Contratante en el litigio será miembro de pleno derecho de la Sala y de la Gran Sala. En su ausencia, o cuando dicho juez no esté en condiciones de intervenir, actuará en calidad de juez una persona designada por el Presidente del Tribunal a partir de una lista presentada previamente por esa Parte.
5.Formarán también parte de la Gran Sala el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y demás jueces designados de conformidad con el reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea deferido a la Gran Sala en virtud del artículo 43, ningún juez de la Sala que haya dictado la sentencia podrá actuar en la misma, con excepción del Presidente de la Sala y del Juez que haya intervenido en representación de la Alta Parte Contratante interesada.
1.El juez único podrá declarar inadmisible o eliminar del registro de asuntos del Tribunal una demanda presentada en virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario.
2.La resolución será definitiva.
3.Si el juez único no declara inadmisible una demanda ni la elimina del registro de asuntos, dicho juez remitirá la misma a un Comité o a una Sala para su examen complementario.
1.Respecto de una demanda presentada en virtud del artículo 34, un Comité podrá, por unanimidad:
a)declarar la misma inadmisible o eliminarla del registro de asuntos, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario; o
b)declararla admisible y dictar al mismo tiempo sentencia sobre el fondo, si la cuestión subyacente al caso, relativa a la interpretación o la aplicación del Convenio o de sus Protocolos, ya ha dado lugar a jurisprudencia bien establecida del Tribunal.
2.Las resoluciones y sentencias dictadas en virtud del párrafo 1 serán definitivas.
3.En caso de que el juez designado en representación de la Alta Parte Contratante en el litigio no sea miembro del Comité, el Comité podrá, en cualquier fase del procedimiento, invitar a dicho juez a ocupar el lugar de uno de los miembros del Comité, tomando en consideración todos los factores pertinentes, entre ellos el de si esa Parte se ha opuesto a la aplicación del procedimiento previsto en la letra 1.b)
1.Si no se ha adoptado resolución alguna en virtud de los artículos 27 ó 28 o no se ha dictado sentencia en virtud del artículo 28, una Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34. Se podrá adoptar la resolución sobre la admisibilidad por separado.
2.La Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los Estados presentadas en virtud del artículo 33. Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución sobre la admisibilidad se tomará por separado.
Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia.
La Gran Sala:
a)se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el asunto le haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43;
b)se pronunciará sobre la cuestiones sometidas al Tribunal por el Comité de Ministros de conformidad con el párrafo 4 del artículo 46; y
c)examinará las solicitudes de emisión de opiniones consultivas presentadas en virtud del artículo 47.
1.La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34, 46 y 47.
2.En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma.
Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante.
El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
1.Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la resolución interna definitiva.
2.El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del artículo 34, cuando:
a)Sea anónima, o
b)Sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos.
3.El Tribunal declarará inadmisible cualquier demanda individual presentada en virtud del artículo 34 si considera que:
a)la demanda es incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva; o
b)el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo de la demanda.
4.El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento.
1.En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacional sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista.
2.En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante a que presente observaciones por escrito o a participar en la vista.
3.En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa podrá presentar observaciones por escrito y participar en la vista.
1.En cualquier momento del procedimiento, el Tribunal podrá decidir cancelar una demanda del registro de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar:
a)Que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla; o
b)Que el litigio ha sido ya resuelto, o
c)Que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no está justificada la prosecución del examen de la demanda. No obstante, el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus protocolos.
2.El Tribunal podrá decidir que vuelva a inscribirse en el registro de entrada el procedimiento cuando estime que las circunstancias así lo justifican.
El Tribunal procederá al examen del asunto con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización las Altas Partes Contratantes proporcionarán todas las facilidades necesarias.
1.En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse a disposición de las partes interesadas para conseguir una transacción sobre el asunto inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos.
2.El procedimiento a que se refiere el párrafo 1 será confidencial.
3.En caso de alcanzarse una transacción, el Tribunal eliminará el asunto del registro mediante una resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.
4.Esta resolución se transmitirá al Comité de Ministros, que supervisará la ejecución de los términos de la transacción tal como se recojan en la resolución.
1.La vista es pública, a menos que el Tribunal decida otra cosa por circunstancias excepcionales.
2.Los documentos depositados en la Secretaría serán accesibles al público, a menos que el Presidente del Tribunal decida de otro modo.
Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.
Las sentencias de las Salas serán definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 2.
1.En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.
2.Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general.
3.Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala se pronunciará acerca del asunto mediante sentencia.
1.La sentencia de la Gran Sala será definitiva.
2.La sentencia de una Sala será definitiva cuando:
a)Las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala; o
b)No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses después de la fecha de la sentencia, o
c)El colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión formulada en aplicación del artículo 43.
3.La sentencia definitiva será hecha pública.
1.Las sentencias, así como las resoluciones por las que las demandas se declaren admisibles o no admisibles, serán motivadas.
2.Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los Jueces, cualquier juez tendrá derecho a unir a ella su opinión por separado.
1.Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes.
2.La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.
3.Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité.
4.Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 1.
5.Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto.
1.El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos.
2.Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de los derechos y libertades definidos en el título I del Convenio y sus Protocolos, ni a las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto por el Convenio.
3.La resolución del Comité de Ministros de solicitar una opinión al Tribunal será adoptada por voto mayoritario de los representantes que tengan el derecho de intervenir en el Comité.
El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros es de su competencia, tal como la define el artículo 47.
1.La opinión del Tribunal estará motivada.
2.Si la opinión no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a ellas su opinión por separado.
3.La opinión del Tribunal será comunicada al Comité de Ministros.
Los gastos de funcionamiento del Tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa.
Los Jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de ese artículo.
A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de este Convenio.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prejuzgará los poderes conferidos al Comité de Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa.
Las Altas Partes Contratantes renuncian recíprocamente, salvo compromiso especial, a prevalerse de los tratados, convenios o declaraciones que existan entre ellas, a fin de someter, por vía de demanda, una diferencia surgida de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio a un procedimiento de solución distinto de los previstos en el presente Convenio.
1.Cualquier Estado puede, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar, en notificación dirigida al Secretario General de Consejo de Europa, que el presente Convenio se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.
2.El Convenio se aplicará al territorio o territorios designados en la notificación a partir del trigésimo día siguiente a la fecha en la que el Secretario general del Consejo de Europa haya recibido esta notificación.
3.En los mencionados territorios, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán teniendo en cuenta las necesidades locales.
4.Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrá, en cualquier momento sucesivo, declarar que acepta con respecto a uno o varios de los territorios en cuestión la competencia del Tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, de organizaciones no gubernalmentales o de grupos de particulares, tal como se prevé en el artículo 34 del Convenio.
1.Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una disposición particular del Convenio en la medida en que una Ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las reservas de carácter general.
2.Toda reserva formulada de conformidad con el presente artículo irá acompañada de una breve exposición de la Ley de que se trate.
1.Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio al término de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte, y mediante un preaviso de seis meses dado en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las restantes Partes Contratantes.
2.Esta denuncia no podrá tener por efecto el desvincular a la Alta Parte Contratante interesada de las obligaciones contenidas en el presente Convenio en lo que se refiere a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas obligaciones, hubiera sido realizado por dicha Parte con anterioridad a la fecha en que la denuncia produzca efecto.
3.Bajo la misma reserva, dejará de ser parte en el presente Convenio toda Alta Parte Contratante que deje de ser miembro del Consejo de Europa.
4.El Convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes respecto a cualquier territorio en el cual hubiere sido declarado aplicable en los términos del artículo 56.
1.El presente Convenio está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General del Consejo de Europa.
2.La Unión Europea podrá adherirse al presente Convenio.
3.El presente Convenio entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos de ratificación.
4.Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Convenio entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación.
5.El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la entrada en vigor del Convenio, los nombres de las Altas Partes Contratantes que lo hayan ratificado, así como el depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente.
Norma
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1.A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVENCION, SE ENTENDERA POR EL TERMINO <TORTURA> TODO ACTO POR EL CUAL SE INFLIJA INTENCIONADAMENTE A UNA PERSONA DOLORES O SUFRIMENTOS GRAVES, YA SEAN FISICOS O MENTALES, CON EL FIN DE OBTENER DE ELLA O DE UN TERCERO INFORMACION O UNA CONFESION, DE CASTIGARLA POR UN ACTO QUE HAYA COMETIDO, O SE SOSPECHE QUE HA COMETIDO, O DE INTIMIDAR O COACCIONAR A ESA PERSONA O A OTRAS, O POR CUALQUIER RAZON BASADA EN CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACION, CUANDO DICHOS DOLORES O SUFRIMIENTOS SEAN INFLIGIDOS POR UN FUNCIONARIO PUBLICO U OTRA PERSONA EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS, A INSTIGACION SUYA, O CON SU CONSENTIMIENTO O AQUIESCENCIA. NO SE CONSIDERARAN TORTURAS LOS DOLORES O SUFRIMIENTOS QUE SEAN CONSECUENCIA UNICAMENTE DE SANCIONES LEGITIMAS, O QUE SEAN INHERENTES O INCIDENTALES A ESTAS.
2.EL PRESENTE ARTICULO SE ENTENDERA SIN PERJUICIO DE CUALQUIER INSTRUMENTO INTERNACIONAL O LEGISLACION NACIONAL QUE CONTENGA O PUEDA CONTENER DISPOSICIONES DE MAYOR ALCANCE.
1.TODO ESTADO PARTE TOMARA MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES O DE OTRA INDOLE, EFICACES PARA IMPEDIR LOS ACTOS DE TORTURA EN TODO TERRITORIO QUE ESTE BAJO SU JURISDICCION.
2.EN NINGUN CASO, PODRAN INVOCARSE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES TALES COMO ESTADO DE GUERRA O AMENAZA DE GUERRA, INESTABILIDAD POLITICA INTERNA O CUALQUIER OTRA EMERGENCIA PUBLICA COMO JUSTIFICACION DE LA TORTURA.
3.NO PODRA INVOCARSE UNA ORDEN DE UN FUNCIONARIO SUPERIOR O DE UNA AUTORIDAD PUBLICA COMO JUSTIFICACION DE LA TORTURA.
1.NINGUN ESTADO PARTE PROCEDERA A LA EXPULSION, DEVOLUCION O EXTRADICION DE UNA PERSONA A OTRO ESTADO CUANDO HAYA RAZONES FUNDADAS PARA CREER QUE ESTARIA EN PELIGRO DE SER SOMETIDA A TORTURA.
2.A LOS EFECTOS DE DETERMINAR SI EXISTEN ESAS RAZONES, LAS AUTORIDADES COMPETENTES TENDRAN EN CUENTA TODAS LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, INCLUSIVE, CUANDO PROCEDA, LA EXISTENCIA EN EL ESTADO DE QUE SE TRATE DE UN CUADRO PERSISTENTE DE VIOLACIONES MANIFIESTAS, PATENTES O MASIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1.TODO ESTADO PARTE VELARA PARA QUE TODOS LOS ACTOS DE TORTURA CONSTITUYAN DELITOS CONFORME A SU LEGISLACION PENAL. LO MISMO SE APLICARA A TODA TENTATIVA DE COMETER TORTURA Y A TODO ACTO DE CUALQUIER PERSONA QUE CONSTITUYA COMPLICIDAD O PARTICIPACION EN LA TORTURA.
2.TODO ESTADO PARTE CASTIGARA ESOS DELITOS CON PENAS ADECUADAS EN LAS QUE SE TENGA EN CUENTA SU GRAVEDAD.
1.TODO ESTADO PARTE DISPONDRA LO QUE SEA NECESARIO PARA INSTITUIR SU JURISDICCION SOBRE LOS DELITOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 4 EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A)CUANDO LOS DELITOS SE COMETAN EN CUALQUIER TERRITORIO BAJO SU JURISDICCION O A BORDO DE UNA AERONAVE O UN BUQUE MATRICULADOS EN ESE ESTADO; B) CUANDO EL PRESUNTO DELINCUENTE SEA NACIONAL DE ESE ESTADO; C) CUANDO LA VICTIMA SEA NACIONAL DE ESE ESTADO Y ESTE LO CONSIDERE APROPIADO.
2.TODO ESTADO PARTE TOMARA ASIMISMO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ESTABLECER SU JURISDICCION SOBRE ESTOS DELITOS EN LOS CASOS EN QUE EL PRESUNTO DELINCUENTE SE HALLE EN CUALQUIER TERRITORIO BAJO SU JURISDICCION Y DICHO ESTADO NO CONCEDA LA EXTRADICION, CON ARREGLO AL ARTICULO 8, A NINGUNO DE LOS ESTADOS PREVISTOS EN EL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO.
3.LA PRESENTE CONVENCION NO EXCLUYE NINGUNA JURISDICCION PENAL EJERCIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES NACIONALES.
1.TODO ESTADO PARTE EN CUYO TERRITORIO SE ENCUENTRE LA PERSONA DE LA QUE SE SUPONE QUE HA COMETIDO CUALQUIERA DE LOS DELITOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 4, SI, TRAS EXAMINAR LA INFORMACION DE QUE DISPONE, CONSIDERA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFICAN, PROCEDERA A LA DETENCION DE DICHA PERSONA O TOMARA OTRAS MEDIDAS PARA ASEGURAR SU PRESENCIA. LA DETENCION Y DEMAS MEDIDAS SE LLEVARAN A CABO DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE TAL ESTADO Y SE MANTENDRAN SOLAMENTE POR EL PERIODO QUE SEA NECESARIO A FIN DE PERMITIR LA INICIACION DE UN PROCEDIMIENTO PENAL O DE EXTRADICION.
2.TAL ESTADO PROCEDERA INMEDIATAMENTE A UNA INVESTIGACION PRELIMINAR DE LOS HECHOS.
3.LA PERSONA DETENIDA, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO, TENDRA TODA CLASE DE FACILIDADES PARA COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON EL REPRESENTANTE CORRESPONDIENTE DEL ESTADO DE SU NACIONALIDD QUE SE ENCUENTRE MAS PROXIMO O, SI SE TRATA DE UN APATRIDA, CON EL REPRESENTANTE DEL ESTADO EN QUE HABITUALMENTE RESIDA.
4.CUANDO UN ESTADO, EN VIRTUD DEL PRESENTE ARTICULO, DETENGA A UNA PERSONA, NOTIFICARA INMEDIATAMENTE TAL DETENCION Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA JUSTIFICAN A LOS ESTADOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 5. EL ESTADO QUE PROCEDA A LA INVESTIGACION PRELIMINAR PREVISTA EN EL PARRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICULO COMUNICARA SIN DILACION SUS RESULTADOS A LOS ESTADOS ANTES MENCIONADOS E INDICARA SI SE PROPONE EJERCER SU JURISDICCION.
1.EL ESTADO PARTE EN EL TERRITORIO DE CUYA JURISDICCION SEA HALLADA LA PERSONA DE LA CUAL SE SUPONE QUE HA COMETIDO CUALQUIERA DE LOS DELITOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 4, EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 5, SI NO PROCEDE A SU EXTRADICION, SOMETERA EL CASO A SUS AUTORIDADES COMPETENTES A EFECTOS DE ENJUICIAMIENTO.
2.DICHAS AUTORIDADES TOMARAN SU DECISION EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LAS APLICABLES A CUALQUIER DELITO DE CARACTER GRAVE, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION DE TAL ESTADO. EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 5, EL NIVEL DE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL ENJUICIAMIENTO O INCULPACION NO SERA EN MODO ALGUNO MENOS ESTRICTO QUE EL QUE SE APLICA EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 5.
3.TODA PERSONA ENCAUSADA EN RELACION CON CUALQUIERA DE LOS DELITOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 4 RECIBIRA GARANTIAS DE UN TRATO JUSTO EN TODAS LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.
1.LOS DELITOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 4 SE CONSIDERARAN INCLUIDOS ENTRE LOS DELITOS QUE DAN LUGAR A EXTRADICION EN TODO TRATADO DE EXTRADICION CELEBRADO ENTRE ESTADOS PARTES. LOS ESTADOS PARTES SE COMPROMETEN A INCLUIR DICHOS DELITOS COMO CASO DE EXTRADICION EN TODO TRATADO DE EXTRADICION QUE CELEBREN ENTRE SI EN EL FUTURO.
2.TODO ESTADO PARTE QUE SUBORDINE LA EXTRADICION A LA EXISTENCIA DE UN TRATADO, SI RECIBE DE OTRO ESTADO PARTE CON EL QUE NO TIENE TRATADO AL RESPECTO UNA SOLICITUD DE EXTRADICION, PODRA CONSIDERAR LA PRESENTE CONVENCION COMO LA BASE JURIDICA NECESARIA PARA LA EXTRADICION REFERENTE A TALES DELITOS. LA EXTRADICION ESTARA SUJETA A LAS DEMAS CONDICIONES EXIGIBLES POR EL DERECHO DEL ESTADO REQUERIDO.
3.LOS ESTADOS PARTES QUE NO SUBORDINEN LA EXTRADICION A LA EXISTENCIA DE UN TRATADO RECONOCERAN DICHOS DELITOS COMO CASOS DE EXTRADICION ENTRE ELLOS, A RESERVA DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR EL DERECHO DEL ESTADO REQUERIDO.
4.A LOS FINES DE LA EXTRADICION ENTRE ESTADOS PARTES, SE CONSIDERARA QUE LOS DELITOS SE HAN COMETIDO, NO SOLAMENTE EN EL LUGAR DONDE OCURRIERON, SINO TAMBIEN EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS OBLIGADOS A ESTABLECER SU JURISDICCION DE ACUERDO CON EL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 5.
1.LOS ESTADOS PARTES SE PRESTARAN TODO EL AUXILIO POSIBLE EN LO QUE RESPECTA A CUALQUIER PROCEDIMIENTO PENAL RELATIVO A LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 4, INCLUSIVE EL SUMINISTRO DE TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL PROCESO QUE OBREN EN SU PODER.
2.LOS ESTADOS PARTES CUMPLIRAN LAS OBLIGACIONES QUE LES INCUMBAN EN VIRTUD DEL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE AUXILIO JUDICIAL MUTUO QUE EXISTAN ENTRE ELLOS.
1.TODO ESTADO PARTE VELARA POR QUE SE INCLUYAN UNA EDUCACION Y UNA INFORMACION COMPLETAS SOBRE LA PROHIBICION DE LA TORTURA EN LA FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA APLICACION DE LA LEY, SEA ESTE CIVI L O MILITAR, DEL PERSONAL MEDICO, DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y OTRAS PERSONAS QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LA CUSTODIA, EL INTERROGATORIO O EL TRATAMIENTO DE CUALQUIER PERSONA SOMETIDA A CUALQUIER FORMA DE ARRESTO, DETENCION O PRISION.
2.TODO ESTADO PARTE INCLUIRA ESTA PROHIBICION EN LAS NORMAS O INSTRUCCIONES QUE SE PUBLIQUEN EN RELACION CON LOS DEBERES Y FUNCIONES DE ESAS PERSONAS.
TODO ESTADO PARTE MANTENDRA SISTEMATICAMENTE EN EXAMEN LAS NORMAS E INSTRUCCIONES, METODOS Y PRACTICAS DE INTERROGATORIO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES PARA LA CUSTODIA Y EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE ARRESTO, DETENCION O PRISION EN CUALQUIER TERRITORIO QUE ESTE BAJO SU JURISDICCION, A FIN DE EVITAR TODO CASO DE TORTURA.
TODO ESTADO PARTE VELARA POR QUE, SIEMPRE QUE HAYA MOTIVOS RAZONABLES PARA CREER QUE DENTRO DE SU JURISDICCION SE HA COMETIDO UN ACTO DE TORTURA, LAS AUTORIDADES COMPETENTES PROCEDAN A UNA INVESTIGACION PRONTA E IMPARCIAL.
TODO ESTADO PARTE VELARA POR QUE TODA PERSONA QUE ALEGUE HABER SIDO SOMETIDA A TORTURA EN CUALQUIER TERRITORIO BAJO SU JURISDICCION TENGA DERECHO A PRESENTAR UNA QUEJA Y A QUE SU CASO SEA PRONTA E IMPARCIALMENTE EXAMINADO POR SUS AUTORIDADES COMPETENTES. SE TOMARAN MEDIDAS PARA ASEGURAR QUE QUIEN PRESENTE LA QUEJA Y LOS TESTIGOS ESTEN PROTEGIDOS CONTRA MALOS TRATOS O INTIMIDACION COMO CONSECUENCIA DE LA QUEJA O DEL TESTIMONIO PRESTADO.
1.TODO ESTADO PARTE VELARA POR QUE SU LEGISLACION GARANTICE A LA VICTIMA DE UN ACTO DE TORTURA LA REPARACION Y EL DERECHO A UNA INDEMNIZACION JUSTA Y ADECUADA, INCLUIDOS LOS MEDIOS PARA SU REHABILITACION LO MAS COMPLETA POSIBLE. EN CASO DE MUERTE DE LA VICTIMA COMO RESULTADO DE UN ACTO DE TORTURA, LAS PERSONAS A SU CARGO TENDRAN DERECHO A INDEMNIZACION.
2.NADA DE LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO AFECTARA A CUALQUIER DERECHO DE LA VICTIMA O DE OTRA PERSONA, A INDEMNIZACION QUE PUEDA EXISTIR CON ARREGLO A LAS LEYES NACIONALES.
TODO ESTADO PARTE SE ASEGURARA DE QUE NINGUNA DECLARACION QUE SE DEMUESTRE QUE HA SIDO HECHA COMO RESULTADO DE TORTURA PUEDA SER INVOCADA COMO PRUEBA EN NINGUN PROCEDIMIENTO, SALVO EN CONTRA DE UNA PERSONA ACUSADA DE TORTURA COMO PRUEBA DE QUE SE HA FORMULADO LA DECLARACION.
1.TODO ESTADO PARTE SE COMPROMETERA A PROHIBIR EN CUALQUIER TERRITORIO BAJO SU JURISDICCION OTROS ACTOS QUE CONSTITUYAN TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES Y QUE NO LLEGUEN A SER TORTURA TAL COMO SE DEFINE EN EL ARTICULO 1., CUANDO ESOS ACTOS SEAN COMETIDOS POR UN FUNCIONARIO PUBLICO U OTRA PERSONA QUE ACTUE EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES OFICIALES, O POR INSTIGACION O CON EL CONSENTIMEINTO O LA AQUIESCENCIA DE TAL FUNCIONARIO O PERSONA. SE APLICARAN, EN PARTICULAR, LAS OBLIGACIONES ENUNCIADAS EN LOS ARTICULOS 10, 11, 12 Y 13, SUSTITUYENDO LAS REFERENCIAS A LA TORTURA POR REFERENCIAS A OTRAS FORMAS DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
2.LA PRESENTE CONVENCION SE ENTENDERA SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES O LEYES NACIONALES QUE PROHIBAN LOS TRATOS Y LAS PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES O QUE SE REFIERAN A LA EXTRADICION O EXPULSION. PARTE II
1.SE CONSTITUIRA UN COMITE CONTRA LA TORTURA (DENOMINADO EN ADELANTE EL COMITE), EL CUAL DESEMPEÑARA LAS FUNCIONES QUE SE SEÑALAN MAS ADELANTE. EL COMITE ESTARA COMPUESTO DE DIEZ EXPERTOS DE GRAN INTEGRIDAD MORAL Y RECONOCIDA COMPETENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, QUE EJERCERAN SUS FUNCIONES A TITULO PERSONAL. LOS EXPERTOS SERAN ELEGIDOS POR LOS ESTADOS PARTES TENIENDO EN CUENTA UNA DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA Y LA UTILIDAD DE LA PARTICIPACION DE ALGUNAS PERSONAS QUE TENGAN EXPERIENCIA JURIDICA.
2.LOS MIEMBROS DEL COMITE SERAN ELEGIDOS EN VOTACION SECRETA DE UNA LISTA DE PERSONAS DESIGNADAS POR LOS ESTADOS PARTES. CADA UNO DE LOS ESTADOS PARTES PODRA DESIGNAR UNA PERSONA ENTRE SUS PROPIOS NACIONALES. LOS ESTADOS PARTES TENDRAN PRESENTE LA UTILIDAD DE DESIGNAR PERSONAS QUE SEANTAMBIEN MIEMBROS DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDO CON ARREGLO AL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS Y QUE ESTEN DISPUESTAS A PRESTAR SERVICIO EN EL COMITE CONTRA LA TORTURA.
3.LOS MIEMBROS DEL COMITE SERAN ELEGIDOS EN REUNIONES BIENALES DE LOS ESTADOS PARTES, CONVOCADAS POR EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. EN ESTAS REUNIONES, PARA LAS CUALES FORMARAN QUORUM DOS TERCIOS DE LOS ESTADOS PARTES, SE CONSIDERARAN ELEGIDOS PARA EL COMITE LOS CANDIDATOS QUE OBTENGAN EL MAYOR NUMERO DE VOTOS Y LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS VOTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS PARTES PRESENTES Y VOTANTES.
4.LA ELECCION INICIAL SE CELEBRARA, A MAS TARDAR, SEIS MESES DESPUES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE CONVENCION. AL MENOS CUATRO MESES ANTES DE LA FECHA DE CADA ELECCION, EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DIRIGIRA UNA CARTA A LOS ESTADOS PARTES INVITANDOLES A QUE PRESENTEN SUS CANDIDATURAS EN UN PLAZO DE TRES MESES. EL SECRETARIO GENERAL PREPARARA UN A LISTA POR ORDEN ALFABETICO DE TODAS LAS PERSONAS DESIGNADAS DE ESTE MODO, INDICANDO LOS ESTADOS PARTES QUE LAS HAN DESIGNADO, Y LA COMUNICARA A LOS ESTADOS PARTES.
5.LOS MIEMBROS DEL COMITE SERAN ELEGIDOS POR CUATRO AÑOS. PODRAN SER REELEGIDOS SI SE PRESENTA DE NUEVO SU CANDIDATURA. NO OBSTANTE, EL MANDATO DE CINCO DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS EN LA PRIMERA ELECCION EXPIRARA AL CABO DE DOS AÑOS; INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA PRIMERA ELECCION, EL PRESIDENTE DE LA REUNION A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICULO DESIGNARA POR SORTEO LOS NOMBRES DE ESOS CINCO MIEMBROS.
6.SI UN MIEMBRO DEL COMITE MUERE O RENUNCIA, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO PUEDE YA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES EN EL COMITE, EL ESTADO PARTE QUE PRESENTO SU CANDIDATURA DESIGNARA ENTRE SUS NACIONALES A OTRO EXPERTO PARA QUE DESEMPEÑE SUS FUNCIONES DURANTE EL RESTO DE SU MANDATO, A RESERVA DE LA APROBACION DE LA MAYORIA DE LOS ESTADOS PARTES. SE CONSIDERARA OTORGADA DICHA APROBACION A MENOS QUE LA MITAD O MAS DE LOS ESTADOS PARTES RESPONDAN NEGATIVAMENTE DENTRO DE UN PLAZO DE SEIS SEMANAS, A CONTAR DEL MOMENTO EN QUE EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS LES COMUNIQUE LA CANDIDATURA PROPUESTA.
7.LOS ESTADOS PARTES SUFRAGARAN LOS GASTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE MIENTRAS ESTOS DESEMPEÑEN SUS FUNCIONES.
1.EL COMITE ELEGIRA SU MESA POR UN PERIODO DE DOS AÑOS. LOS MIEMBROS DE LA MESA PODRAN SER REELEGIDOS.
2.EL COMITE ESTABLECERA SU PROPIO REGLAMENTO, EN EL CUAL SE DISPONDRA, ENTRE OTRAS COSAS, QUE:
A)SEIS MIEMBROS CONSTITUIRAN QUORUM.
B)LAS DECISIONES DEL COMITE SE TOMARAN POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES.
3.EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS PROPORCIONARA EL PERSONAL Y LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO EFICAZ DE LAS FUNCIONES DEL COMITE EN VIRTUD DE LA PRESENTE CONVENCION.
4.EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS CONVOCARA LA PRIMERA REUNION DEL COMITE. DESPUES DE SU PRIMERA REUNION, EL COMITE SE REUNIRA EN LAS OCASIONES QUE SE PREVEAN EN SU REGLAMENTO.
5.LOS ESTADOS PARTES SERAN RESPONSABLES DE LOS GASTOS QUE SE EFECTUEN EN RELACION CON LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LOS ESTADOS PARTES Y DEL COMITE, INCLUYENDO EL REEMBOLSO A LAS NACIONES UNIDAS DE CUALESQUIERA GASTOS, TALES COMO LOS DE PERSONAL Y LOS DE SERVICIOS, QUE HAGAN LAS NACIONES UNIDAS CONFORME EL PARRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICULO.
1.LOS ESTADOS PARTES PRESENTARAN AL COMITE, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS INFORMES RELATIVOS A LAS MEDIDAS QUE HAYAN ADOPTADO PARA DAR EFECTIVIDAD A LOS COMPROMISOS QUE HAN CONTRAIDO EN VIRTUD DE LA PRESENTE CONVENCION, DENTRO DEL PLAZO DEL AÑO SIGUIENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CONVENCION EN LO QUE RESPECTA AL ESTADO PARTE INTERESADO. A PARTIR DE ENTONCES, LOS ESTADOS PARTES PRESENTARAN INFORMES SUPLEMENTARIOS CADA CUATRO AÑOS SOBRE CUALQUIER NUEVA DISPOSICION QUE SE HAYA ADOPTADO, ASI COMO LOS DEMAS INFORMES QUE SOLICITE EL COMITE.
2.EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS TRANSMITIRA LOS INFORMES A TODOS LOS ESTADOS PARTES.
3.TODO INFORME SERA EXAMINADO POR EL COMITE, EL CUAL PODRA HACER LOS COMENTARIOS GENERALES QUE CONSIDERE OPORTUNOS Y LOS TRANSMITIRA AL ESTADO PARTE INTERESADO. EL ESTADO PARTE PODRA RESPONDER AL COMITE CON LAS OBSERVACIONES QUE DESEE FORMULAR.
4.EL COMITE PODRA, A SU DISCRECION, TOMAR LA DECISION DE INCLUIR CUALQUIER COMENTARIO QUE HAYA FORMULADO DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICULO, JUNTO CON LAS OBSERVACIONES AL RESPECTO RECIBIDAS DEL ESTADO PARTE INTERESADO, EN SU INFORME ANUAL PRESENTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 24. SI LO SOLICITARA EL ESTADO PARTE INTERESADO, EL COMITE PODRA TAMBIEN INCLUIR COPIA DEL INFORME PRESENTADO EN VIRTUD DEL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO.
1.EL COMITE, SI RECIBE INFORMACION FIABLE QUE A SU JUICIO PAREZCA INDICAR DE FORMA FUNDAMENTADA QUE SE PRACTICA SISTEMATICAMENTE LA TORTURA EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO PARTE, INVITARA A ESE ESTADO PARTE A COOPERAR EN EL EXAMEN DE LA INFORMACION Y, A TAL FIN, PRESENTAR OBSERVACIONES CON RESPECTO A LA INFORMACION DE QUE SE TRATE.
2.TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS OBSERVACIONES QUE HAYA PRESENTADO EL ESTADO PARTE DE QUE SE TRATE, ASI COMO CUALQUIER OTRA INFORMACION PERTINENTE DE QUE DISPONGA, EL COMITE PODRA, SI DECIDE QUE ELLO ESTA JUSTIFICADO, DESIGNAR A UNO O VARIOS DE SUS MIEMBROS PARA QUE PROCEDAN A UNA INVESTIGACION CONFIDENCIAL E INFORMEN URGENTEMENTE AL COMITE.
3.SI SE HACE UNA INVESTIGACION CONFORME AL PARRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICULO, EL COMITE RECABARA LA COOPERACION DEL ESTADO PARTE DE QUE SE TRATE. DE ACUERDO CON ESE ESTADO PARTE, TAL INVESTIGACION PODRA INCLUIR UNA VISITA A SU TERRITORIO.
4.DESPUES DE EXAMINAR LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS POR EL MIEMBRO O MIEMBROS CONFORME AL PARRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICULO, EL COMITE TRANSMITIRA LAS CONCLUSIONES AL ESTADO PARTE DE QUE SE TRATE, JUNTO CON LAS OBSERVACIONES O SUGERENCIAS QUE ESTIME PERTINENTES EN VISTA DE LA SITUACION.
5.TODAS LAS ACTUACIONES DEL COMITE A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN LOS PARRAFOS 1 A 4 DEL PRESENTE ARTICULO SERAN CONFIDENCIALES Y SE RECABARA LA COOPERACION DEL ESTADO PARTE EN TODAS LAS ETAPAS DE LAS ACTUACIONES. CUANDO SE HAYAN CONCLUIDO ACTUACIONES RELACIONADAS CON UNA INVESTIGACION HECHA CONFORME AL PARRAFO 2, EL COMITE PODRA, TRAS CELEBRAR CONSULTAS CON EL ESTADO PARTE INTERESADO, TOMAR LA DECISION DE INCLUIR UN RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION EN EL INFORME ANUAL QUE PRESENTE CONFORME AL ARTICULO 24.
1.CON ARREGLO AL PRESENTE ARTICULO, TODO ESTADO PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION PODRA DECLARAR, EN CUALQUIER MOMENTO, QUE RECONOCE LA COMPETENCIA DEL COMITE PARA RECIBIR Y EXAMINAR LAS COMUNICACIONES EN QUE UN ESTADO PARTE ALEGUE QUE OTRO ESTADO PARTE NO CUMPLE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE LA CONVENION. DICHAS COMUNICACIONES SOLO SE PODRAN ADMITIR Y EXAMINAR CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE ARTICULO SI SON PRESENTADAS POR UN ESTADO PARTE QUE HAYA HECHO UNA DECLARACION POR LA CUAL RECONOZCA CON RESPECTO A SI MISMO LA COMPETENCIA DEL COMITE. EL COMITE NO TRAMITARA, DE CONFORMIDAD CON ESTE ARTICULO, NINGUNA COMUNICACION RELATIVA A UN ESTADO PARTE QUE NO HAYA HECHO TAL DECLARACION. LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE ARTICULO SE TRAMITARAN DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:
A)SI UN ESTADO PARTE CONSIDERA QUE OTRO ESTADO PARTE NO CUMPLE LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE CONVENCION, PODRA SEÑALAR EL ASUNTO A LA ATENCION DE DICHO ESTADO MEDIANTE UNA COMUNICACION ESCRITA. DENTRO DE UN PLAZO DE TRES MESES, CONTADO DESDE LA FECHA DE RECIBO DE LA COMUNICACION, EL ESTADO DESTINATARIO PROPORCIONARA AL ESTADO QUE HAYA ENVIADO LA COMUNICACION UNA EXPLICACION O CUALQUIER OTRA DECLARACION POR ESCRITO QUE ACLARE EL ASUNTO, LA CUAL HARA REFERENCIA, HASTA DONDE SEA POSIBLE Y PERTINENTE, A LOS PROCEDIMIENTOS NACIONALES Y A LOS RECURSOS ADOPTADOS, EN TRAMITE O QUE PUEDAN UTILIZARSE AL RESPECTO.
B)SI EL ASUNTO NO SE RESUELVE A SATISFACCION DE LOS DOS ESTADOS PARTES INTERESADOS EN UN PLAZO DE SEIS MESES, CONTADO DESDE LA FECHA EN QUE EL ESTADO DESTINATARIO HAYA RECIBIDO LA PRIMERA COMUNICACION, CUALQUIERA DE AMBOS ESTADOS PARTES INTERESADOS TENDRA DERECHO A SOMETERLO AL COMITE MEDIANTE NOTIFICACION DIRIGIDA AL COMITE Y AL OTRO ESTADO.
C)EL COMITE CONOCERA DE TODO ASUNTO QUE SE LE SOMETA EN VIRTUD DEL PRESENTE ARTICULO DESPUES DE HABERSE CERCIORADO DE QUE SE HAN INTERPUESTO Y AGOTADO EN TAL ASUNTO TODOS LOS RECURSOS DE LA JURISDICCION INTERNA DE QUE SE PUEDA DISPONER, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERALMENTE ADMITIDOS. NO SE APLICARA ESTA REGLA CUANDO LA TRAMITACION DE LOS MENCIONADOS RECURSOS SE PROLONGUE INJUSTIFICADAMENTE O NO SEA PROBABLE QUE MEJORE REALMENTE LA SITUACION DE LA PERSONA QUE SEA VICTIMA DE LA VIOLACION DE LA PRESENTE CONVENCION.
D)EL COMITE CELEBRARA SUS SESIONES A PUERTA CERRADA CUANDO EXAMINE LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE ARTICULO.
E)A RESERVA DE LAS DISPOSICONES DEL APARTADO C), EL COMITE PONDRA SUS BUENOS OFICIOS A DISPOSICION DE LOS ESTADOS PARTES INTERESADOS A FIN DE LLEGAR A UNA SOLUCION AMISTOSA DEL ASUNTO, FUNDADA EN EL RESPETO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVENCION. A TAL EFECTO, EL COMITE PODRA DESIGNAR, CUANDO PROCEDA, UNA COMISION ESPECIAL DE CONCILIACION.
F)EN TODO ASUNTO QUE SE LE SOMETA EN VIRTUD DEL PRESENTE ARTICULO, EL COMITE PODRA PEDIR A LOS ESTADOS PARTES INTERESADOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL APARTADO B) QUE FACILITEN CUALQUIER INFORMACION PERTINENTE.
G)LOS ESTADOS PARTES INTERESADOS A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL APARTADO B) TENDRAN DERECHO A ESTAR REPRESENTADOS CUANDO EL ASUNTO SE EXAMINE EN EL COMITE Y A PRESENTAR EXPOSICIONES VERBALMENTE O POR ESCRITO, O DE AMBAS MANERAS.
H)EL COMITE, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBO DE LA NOTIFICACION MENCIONADA EN EL APARTADO B), PRESENTARA UN INFORME EN EL CUAL:
I)SI SE HA LLEGADO A UNA SOLUCION CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO E), SE LIMITARA A UNA BREVE EXPOSICION DE LOS HECHOS Y DE LA SOLUCION ALCANZADA. II) SI NO SE HA LLEGADO A NINGUNA SOLUCION CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL APARTADO E), SE LIMITARA A UNA BREVE EXPOSICION DE LOS HECHOS Y AGREGARA LAS EXPOSICIONES ESCRITAS Y LAS ACTAS DE LAS EXPOSICIONES VERBALES QUE HAYAN HECHO LOS ESTADOS PARTES INTERESADOS. EN CADA ASUNTO, SE ENVIARA EL INFOMA A LOS ESTADOS PARTES INTERESADOS.
2.LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ARTICULO ENTRARAN EN VIGOR CUANDO CINCO ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCION HAYAN HECHO LAS DECLARACIONES A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1 DE ESTE ARTICULO. TALES DECLARACIONES SERAN DEPOSITADAS POR LOS ESTADOS PARTES EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, QUIEN REMITIRA COPIA DE LAS MISMAS A LOS DEMAS ESTADOS PARTES. TODA DECLARACION PODRA RETIRARSE EN CUALQUIER MOMENTO MEDIANTE NOTIFICACION DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL. TAL RETIRO NO SERA OBSTACULO PARA QUE SE EXAMINE CUALQUIER ASUNTO QUE SEA OBJETO DE UNA COMUNICACION YA TRANSMITIDA EN VIRTUD DE ESTE ARTICULO; NO SE ADMITIRA EN VIRTUD DE ESTE ARTICULO NINGUNA NUEVA COMUNICACION DE UN ESTADO PARTE UNA VEZ QUE EL SECRETARIO GENERAL HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACION DE RETIRO DE LA DECLARACION, A MENOS QUE EL ESTADO PARTE INTERESADO HAYA HECHO UNA NUEVA DECLARACION.
1.TODO ESTADO PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION PODRA DECLARAR EN CUALQUIER MOMENTO, DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ARTICULO, QUE RECONOCE LA COMPETENCIA DEL COMITE PARA RECIBIR Y EXAMINAR LAS COMUNICACIONES ENVIADAS POR PERSONAS SOMETIDAS A SU JURISDICCION O, EN SU NOMBRE, QUE ALEGUEN SER VICTIMAS DE UNA VIOLACION POR UN ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCION. EL COMITE NO ADMITIRA NINGUNA COMUNICACION RELATIVA A UN ESTADO PARTE QUE NO HAYA HECHO ESA DECLARACION.
2.EL COMITE CONSIDERARA INADMISIBLE TODA COMUNICACION RECIBIDA DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ARTICULO QUE SEA ANONIMA, O QUE, A SU JUICIO, CONSTITUYA UN ABUSO DEL DERECHO DE PRESENTAR DICHAS COMUNICACIONES, O QUE SEA INCOMPATIBLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE CONVENCION.
3.SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO 2, EL COMITE SEÑALARA LAS COMUNICACIONES QUE SE LE PRESENTEN DE CONFORMIDAD CON ESTE ARTICULO A LA ATENCION DEL ESTADO PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION QUE HAYA HECHO UNA DECLARACION CONFORME AL PARRAFO 1 Y RESPECTO DEL CUAL SE ALEGUE QUE HA VIOLADO CUALQUIER DISPOSICION DE LA CONVENCION. DENTRO DE UN PLAZO DE SEIS MESES, EL ESTADO DESTINATARIO PROPORCIONARA AL COMITE EXPLICACIONES O DECLARACIONES POR ESCRITO QUE ACLAREN EL ASUNTO Y EXPONGAN, EN SU CASO, LA MEDIDA CORRECTIVA QUE ESE ESTADO HAYA ADOPTADO.
4.EL COMITE EXAMINARA LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ARTICULO, A LA LUZ DE TODA LA INFORMACION PUESTA A SU DISPOSICION POR LA PERSONA DE QUE SE TRATE, O EN SU NOMBRE, Y POR EL ESTADO PARTE INTERESADO.
5.EL COMITE NO EXAMINARA NINGUNA COMUNICACION DE UNA PERSONA, PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON ESTE ARTICULO, A MENOS QUE SE HAYA CERCIORADO DE QUE:
A)LA MISMA CUESTION NO HA SIDO, NI ESTA SIENDO, EXAMINADA SEGUN OTRO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION O SOLUCION INTERNACIONAL; B) LA PERSONA HA AGOTADO TODOS LOS RECURSOS DE LA JURISDICCION INTERNA DE QUE SE PUEDA DISPONER; NO SE APLICARA ESTA REGLA CUANDO LA TRAMITACION DE LOS MENCIONADOS RECURSOS SE PROLONGUE INJUSTIFICADAMENTE O NO SEA PROBABLE QUE MEJORE REALMENTE LA SITUACION DE LA PERSONA QUE SEA VICTIMA DE LA VIOLACION DE LA PRESENTE CONVENCION.
6.EL COMITE CELEBRARA SUS SESIONES A PUERTA CERRADA CUANDO EXAMINE LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE ARTICULO.
7.EL COMITE COMUNICARA SU PARECER AL ESTADO PARTE INTERESADO Y A LA PERSONA DE QUE SE TRATE.
8.LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ARTICULO ENTRARAN EN VIGOR CUANDO CINCO ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCION HAYAN HECHO LAS DECLARACIONES A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PARRAFO 1 DE ESTE ARTICULO. TALES DECLARACIONES SERAN DEPOSITADAS POR LOS ESTADOS PARTES EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS ACIONES UNIDAS, QUIEN REMITIRA COPIA DE LAS MISMAS A LOS DEMAS ESTADOS PARTES. TODA DECLARACION PODRA RETIRARSE EN CUALQUIER MOMENTO MEDIANTE NOTIFICACION DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL. TAL RETIRO NO SERA OBSTACULO PARA QUE SE EXAMINE CUALQUIER ASUNTO QUE SEA OBJETO DE UNA COMUNICACION YA TRANSMITIDA EN VIRTUD DE ESTE ARTICULO; NO SE ADMITIRA EN VIRTUD DE ESTE ARTICULO NINGUNA NUEVA COMUNICACION DE UNA PERSONA, O HECHA EN SU NOMBRE, UNA VEZ QUE EL SECRETARIO GENERAL HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACION DE RETIRO DE LA DECLARACION, A MENOS QUE EL ESTADO PARTE INTERESADO HAYA HECHO UNA NUEVA DECLARACION.
LOS MIEMBROS DEL COMITE Y LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE CONCILIACION DESIGNADOS CONFORME EL APARTADO E) DEL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 21 TENDRAN DERECHO A LAS FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES QUE SE CONCEDEN A LOS EXPERTOS QUE DESEMPEÑAN MISIONES PARA LAS NACIONES UNIDAS, CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LAS SECCIONES PERTINENTES DE LA CONVENCION SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS.
EL COMITE PRESENTARA UN INFORME ANUAL SOBRE SUS ACTIVIDADES EN VIRTD DE LA PRESENTE CONVENCION A LOS ESTADOS PARTE Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. PARTE III
1.LA PRESENTE CONVENCION ESTA ABIERTA A LA FIRMA DE TODOS LOS ESTADOS.
2.LA PRESENTE CONVENCION ESTA SUJETA A RATIFICACION. LOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACION SE DEPOSITARAN EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
LA PRESENTE CONVENCION ESTA ABIERTA A LA ADHESION DE TODOS LOS ESTADOS. LA ADHESION SE EFECTUARA MEDIANTE EL DEPOSITO DE UN INSTRUMENTO DE ADHESION EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
1.LA PRESENTE CONVENCION ENTRARA EN VIGOR EL TRIGESIMO DIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO DEPOSITADO EL VIGESIMO INSTRUMENTO DE RATIFICACION O DE ADHESION EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
2.PARA CADA ESTADO QUE RATIFIQUE LA PRESENTE CONVENCION O SE ADHIERA A ELLA DESPUES DE HABER SIDO DEPOSITADO EL VIGESIMO INSTUMENTO DE RATIFICACION O DE ADHESION, LA CONVENCION ENTRARA EN VIGOR EL TRIGESIMO DIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE TAL ESTADO HAYA DEPOSITADO SU INSTRUMENTO DE RATIFICACION O DE ADHESION.
1.TODO ESTADO PODRA DECLARAR, EN EL MOMENTO DE LA FIRMA O RATIFICACION DE LA PRESENTE CONVENCION O DE LA ADHESION A ELLA, QUE NO RECONOCE LA COMPETENCIA DEL COMITE SEGUN SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 20.
2.TODO ESTADO PARTE QUE HAYA FORMULADO UNA RESERVA DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO PODRA DEJAR SIN EFECTO ESTA RESERVA EN CUALQUIER MOMENDO MEDIANTE NOTIFICACION AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
1.TODO ESTADO PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION PODRA PROPONER UNA ENMIENDA Y DEPOSITARLA EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. EL SECRETARIO GENERAL COMUNICARA LA ENMIENDA PROPUESTA A LOS ESTADOS PARTE, PIDIENDOLES QUE LE NOTIFIQUEN SI DESEAN QUE SE CONVOQUE UNA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES CON EL FIN DE EXAMINAR LA PROPUESTA Y SOMETERLA A VOTACION. SI DENTRO DE LOS CUATRO MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE ESA NOTIFICACION UN TERCIO AL MENOS DE LOS ESTADO PARTES SE DECLARA A FAVOR DE TAL CONVOCATORIA, EL SECRETARIO GENERAL CONVOCARA UNA CONFERENCIA CON LOS AUSPICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. TODA ENMIENDA ADOPTADA POR LA MAYORIA DE ESTADOS PARTES PRESENTES Y VOTANTES EN LA CONFERENCIA SERA SOMETIDA POR EL SECRETARIO GENERAL A TODOS LOS ESTADOS PARTES PARA SU ACEPTACION.
2.TODA ENMIENDA ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO ENTRARA EN VIGOR CUANDO DOS TERCIOS DE LOS ESTADOS PARTES EN LA PRESENTE CONVENCION HAYAN NOTIFICADO AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS QUE LA HAN ACEPTADO DE CONFORMIDAD CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES.
3.CUANDO LAS ENMIENDAS ENTREN EN VIGOR SERA OBLIGATORIAS PARA LOS ESTADOS PARTES QUE LAS HAYAN ACEPTADO, EN TANTO QUE LOS DEMAS ESTADOS PARTES SEGUIRAN OBLIGADOS POR LAS DISPOSICIONES DE LA PRESENTE CONVENCION Y POR LAS ENMIENDAS ANTERIORES QUE HAYAN ACEPTADO.
1.LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN ENTRE DOS O MAS ESTADOS PARTES CON RESPECTO A LA INTERPRETACION O APLICACION DE LA PRESENTE CONVENCION, QUE NO PUEDAN SOLUCIONARSE MEDIANTE NEGOCIACIONES, SE SOMETERAN A ARBITRAJE, A PETICION DE UNO DE ELLOS. SI EN EL PLAZO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE LAS PARTES NO CONSIGUEN PONERSE DE ACUERDO SOBRE LA FORMA DEL MISMO, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRA SOMETER LA CONTROVERSIA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, MEDIANTE UNA SOLICITUD PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE LA CORTE.
2.TODO ESTADO, EN EL MOMENTO DE LA FIRMA O RATIFICACION DE LA PRESENTE CONVENCION O DE SU ADHESION A LA MISMA, PODRA DECLARAR QUE NO SE CONSIDERA OBLIGADO POR EL PARRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICULO. LOS DEMAS ESTADOS PARTES NO ESTARAN OBLIGADOS POR DICHO PARRAFO ANTE NINGUN ESTADO PARTE QUE HAYA FORMULADO DICHA RESERVA.
3.TODO ESTADO PARTE QUE HAYA FORMULADO LA RESERVA PREVISTA EN EL PARRAFO 2 DEL PRESENTE ARTICULO PODRA RETIRARLA EN CUALQUIER MOMENTO NOTIFICANDOLO AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
1.TODO ESTADO PARTE PODRA DENUNCIAR LA PRESENTE CONVENCION MEDIANTE NOTIFICACION HECHA POR ESCRITO AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. LA DENUNCIA SURTIRA EFECTO UN AÑO DESPUES DE LA FECHA EN QUE LA NOTIFICACION HAYA SIDO RECIBIDA POR EL SECRETARIO GENERAL.
2.DICHA DENUNCIA NO EXIMIRA AL ESTADO PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE LA PRESENTE CONVENCION CON RESPECTO A TODA ACCION U OMISION OCURRIDA ANTES DE LA FECHA EN QUE HAYA SURTIDO EFECTO LA DENUNCIA, NI LA DENUNCIA ENTRAÑARA TAMPOCO LA SUSPENSION DEL EXAMEN DE CUALQUIER ASUNTO QUE EL COMITE HAYA EMPEZADO A EXAMINAR ANTES DE LA FECHA EN QUE SURTA EFECTO LA DENUNCIA.
3.A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SURTA EFECTO LA DENUNCIA DE UN ESTADO PARTE, EL COMITE NO INICIARA EL EXAMEN DE NINGUN NUEVO ASUNTO REFERENTE A ESE ESTADO.
EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS COMUNICARA A TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS Y A TODOS LOS ESTADOS QUE HAYAN FIRMADO LA PRESENTE CONVENCION O SE HAYAN ADHERIDO A ELLA:
A)LAS FIRMAS, RATIFICACIONES Y ADHESIONES CON ARREGLO A LOS ARTICULOS 25 Y 26.
B)LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE CONVENCION CON ARREGLO AL ARTICULO 27, Y LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LAS ENMIENDAS CON ARREGLO AL ARTICULO 29.
C)LAS DENUNCIAS CON ARREGLO AL ARTICULO 31.
1.LA PRESENTE CONVENCION, CUYOS TEXTOS EN ARABE, CHINO, ESPAÑOL, FRANCES, INGLES Y RUSO SON IGUALMENTE AUTENTICOS, SE DEPOSITARA EN PODER DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
2.EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS REMITIRA COPIAS CERTIFICADAS DE LA PRESENTE CONVENCION A TODOS LOS ESTADOS.
Norma
37 artículos en este tema
El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
1.Se establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos, o Degradantes del Comité contra la Tortura (en adelante denominado el Subcomité para la Prevención) que desempeñará las funciones previstas en el presente Protocolo.
2.El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su libertad. 3. Asimismo, el Subcomité para la Prevención se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. 4. El Subcomité para la Prevención y los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo.
Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional de prevención).
1.Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente Protocolo, de los mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (en adelante denominado lugar de detención). Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2.A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona, por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente.
1.El Subcomité para la Prevención estará compuesto de diez miembros. Una vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación del presente Protocolo o adhesión a él, el número de miembros del Subcomité para la Prevención aumentará a veinticinco.
2.Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad. 3. En la composición del Subcomité para la Prevención se tendrá debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes. 4. En esta composición también se tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada de los géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación. 5. El Subcomité para la Prevención no podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad. 6. Los miembros del Subcomité para la Prevención ejercerán sus funciones a título personal, actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para prestar servicios con eficacia en el Subcomité para la Prevención.
1.Cada Estado Parte podrá designar, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, hasta dos candidatos que posean las calificaciones y satisfagan los requisitos indicados en el artículo 5, y, al hacerlo, presentarán información detallada sobre las calificaciones de los candidatos.
2.a) Los candidatos deberán tener la nacionalidad de un Estado Parte en el presente Protocolo; b) Al menos uno de los dos candidatos deberá tener la nacionalidad del Estado Parte que lo proponga; c) No se podrá proponer la candidatura de más de dos nacionales de un Estado Parte; d) Un Estado Parte, antes de proponer la candidatura de un nacional de otro Estado Parte, deberá solicitar y obtener el consentimiento de éste.
3.Al menos cinco meses antes de la fecha de la reunión de los Estados Partes en que deba procederse a la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas enviará una carta a los Estados Partes invitándoles a que presenten sus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General presentará una lista por orden alfabético de todos los candidatos designados de este modo, indicando los Estados Partes que los hayan designado.
1.La elección de los miembros del Subcomité para la Prevención se efectuará del modo siguiente:
a)La consideración primordial será que los candidatos satisfagan los requisitos y criterios del artículo 5 del presente Protocolo;
b)La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la fecha de la entrada en vigor del presente Protocolo; c) Los Estados Partes elegirán a los miembros del Subcomité para la Prevención en votación secreta; d) Las elecciones de los miembros del Subcomité para la Prevención se celebrarán en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para las cuales el quórum estará constituido por los dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos miembros del Subcomité para la Prevención los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
2.Si durante el proceso de selección se determina que dos nacionales de un Estado Parte reúnen las condiciones establecidas para ser miembros del Subcomité para la Prevención, el candidato que reciba el mayor número de votos será elegido miembro del Subcomité para la Prevención. Si ambos candidatos obtienen el mismo número de votos se aplicará el procedimiento siguiente:
a)Si sólo uno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado Parte del que es nacional, quedará elegido miembro ese çandidato;
b)Si ambos candidatos han sido propuestos por el Estado Parte del que son nacionales, se procederá a votación secreta por separado para determinar cuál de ellos será miembro; c) Si ninguno de los candidatos ha sido propuesto por el Estado Parte del que son nacionales, se procederá a votación secreta por separado para determinar cuál de ellos será miembro.
Si un miembro del Subcomité para la Prevención muere o renuncia, o no puede desempeñar sus funciones en el Subcomité para la Prevención por cualquier otra causa, el Estado Parte que haya presentado su candidatura podrá proponer a otra persona que posea las calificaciones y satisfaga los requisitos indicados en el artículo 5, teniendo presente la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre las distintas esferas de competencia, para que desempeñe sus funciones hasta la siguiente reunión de los Estados Partes, con sujeción a la aprobación de la mayoría de dichos Estados. Se considerará otorgada dicha aprobación salvo que la mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a contar del momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas les comunique la candidatura propuesta.
Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos por un mandato de cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de la mitad de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el Presidente de la reunión a que se hace referencia en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 7 designará por sorteo los nombres de esos miembros.
1.El Subcomité para la Prevención elegirá su Mesa por un mandato de dos años. Los miembros de la Mesa podrán ser reelegidos.
2.El Subcomité para la Prevención establecerá su propio reglamento, que dispondrá, entre otras cosas, lo siguiente:
a)La mitad más uno de sus miembros constituirán quórum,
b)Las decisiones del Subcomité para la Prevención se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes; c) Las sesiones del Subcomité para la Prevención serán privadas.
3.El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la reunión inicial del Subcomité para la Prevención. Después de su reunión inicial, el Subcomité para la Prevención se reunirá en las ocasiones que determine su reglamento. El Subcomité para la Prevención y el Comité contra la Tortura celebrarán sus períodos de sesiones simultáneamente al menos una vez al año.
El mandato del Subcomité para la Prevención será el siguiente:
a)Visitar los lugares mencionados en el artículo 4 y hacer recomendaciones a los Estados Partes en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
b)Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de prevención:
i)Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea necesario a establecerlos; ii) Mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos nacionales de prevención y ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a aumentar su capacidad; iii) Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de prevención en la evaluación de las necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; iv) Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar la capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
c)Cooperar, para la prevención de la tortura en general, con los órganos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones u organizaciones internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir el mandato establecido en el artículo 11, los Estados Partes se comprometen a:
a)Recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y darle acceso a todos los lugares de detención definidos en el artículo 4 del presente Protocolo;
b)Compartir toda la información pertinente que el Subcomité para la Prevención solicite para evaluar las necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra, la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; c) Alentar y facilitar los contactos entre el Subcomité para la Prevención y los mecanismos nacionales de prevención; d) Examinar las recomendaciones del Subcomité para la Prevención y entablar un diálogo con éste sobre las posibles medidas de aplicación.
1.El Subcomité para la Prevención establecerá, primeramente por sorteo, un programa de visitas periódicas a los Estados Partes para dar cumplimiento a su mandato de conformidad con el artículo 11.
2.Tras celebrar las consultas oportunas, el Subcomité para la Prevención notificará su programa a los Estados Partes para que éstos puedan, sin demora, adoptar las disposiciones prácticas necesarias para la realización de las visitas. 3. Las visitas serán realizadas por dos miembros como mínimo del Subcomité para la Prevención. Estos miembros podrán ir acompañados, si fuere necesario, de expertos de reconocida experiencia y conocimientos profesionales acreditados en las materias a que se refiere él presente Protocolo, que serán seleccionados de una lista de expertos preparada de acuerdo con las propuestas hechas por los Estados Partes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito. Para la preparación de esta lista, los Estados Partes interesados propondrán un máximo de cinco expertos nacionales. El Estado Parte de que se trate podrá oponerse a la inclusión de un determinado experto en la visita, tras lo cual el Subcomité para la Prevención propondrá el nombre de otro experto. 4. El Subcomité para la Prevención, si lo considera oportuno, podrá proponer una breve visita de seguimiento después de la visita periódica.
1.A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda desempeñar su mandato, los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darle:
a)Acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares y su emplazamiento;
b)Acceso sin restricciones a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención; c) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 infra, acceso sin restricciones a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios; d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el Subcomité para la Prevención considere que pueda facilitar información pertinente; e) Libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee entrevistar.
2.Sólo podrá objetarse a una visita a un determinado lugar de detención por razones urgentes y apremiantes, de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves, en el lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la realización de esta visita. El Estado Parte no podrá hacer valer la existencia de un estado de excepción como tal para oponerse a una visita.
Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al Subcomité para la Prevención o a sus miembros cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.
1.El Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y observaciones con carácter confidencial al Estado Parte y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional de prevención.
2.El Subcomité para la Prevención publicará su informe, juntamente con las posibles observaciones del Estado Parte interesado siempre que el Estado Parte le pida que lo haga. Si el Estado Parte hace pública una parte del informe, el Subcomité para la Prevención podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada. 3. El Subcomité para la Prevención presentará un informe público anual sobre sus actividades al Comité contra la Tortura. 4. Si el Estado Parte se niega a cooperar con el Subcomité para la Prevención de conformidad con los artículos 12 y 14, o a tomar medidas para mejorar la situación con arreglo a las recomendaciones del Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá, a instancias del Subcomité para la Prevención, decidir por mayoría de sus miembros, después de que el Estado Parte haya tenido oportunidad de dar a conocer sus opiniones, hacer una declaración pública sobre la cuestión o publicar el informe del Subcomité para la Prevención.
Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones.
1.Los Estados Partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia de su personal.
2.Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos del mecanismo nacional de prevención tengan las aptitudes y los conocimientos profesionales requeridos. Se tendrá igualmente en cuenta el equilibrio de género y la adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país. 3. Los Estados Partes se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención. 4. Al establecer los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes tendrán debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades:
a)Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
b)Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas; c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.
A fin de que los mecanismos nacionales de prevención puedan desempeñar su mandato los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darles:
a)Acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares de detención y su emplazamiento;
b)Acceso a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención; c) Acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios; d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con cualquier otra persona que el mecanismo nacional de prevención considere que pueda facilitar información pertinente; e) Libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las personas a las que deseen entrevistar; f) El derecho a mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, enviarle información y reunirse con él.
1.Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.
2.La información confidencial recogida por el mecanismo nacional de prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.
Las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo con este mecanismo acerca de las posibles medidas de aplicación.
Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a publicar y difundir los informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.
1.Una vez ratificado el presente Protocolo, los Estados Partes podrán hacer una declaración para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la parte III o de la parte IV.
2.Este aplazamiento tendrá validez por un período máximo de tres años. Una vez que el Estado Parte haga las presentaciones del caso y previa consulta con el Subcomité para la Prevención, el Comité contra la Tortura podrá prorrogar este período por otros dos años.
1.Los gastos que efectúe el Subcomité para la Prevención en la aplicación del presente Protocolo serán sufragados por las Naciones Unidas.
2.El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones asignadas al Subcomité para la Prevención en virtud del presente Protocolo.
1.Se creará un Fondo Especial con arreglo a los procedimientos de la Asamblea General en la materia, que será administrado de conformidad con el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención a un Estado Parte después de una visita, así como los programas de educación de los mecanismos nacionales de prevención.
2.Este Fondo Especial podrá estar financiado mediante contribuciones voluntarias de los gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras entidades, privadas o públicas.
1.El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que hayan firmado la Convención.
2.El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella. 4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 5. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido a él el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.
1.El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2.Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.
Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna.
No se admitirán reservas al presente Protocolo.
Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones que los Estados Partes puedan haber contraído en virtud de una convención regional que instituya un sistema de visitas a los lugares de detención. Se alienta al Subcomité para la Prevención y a los órganos establecidos con arreglo a esas convenciones regionales a que se consulten y cooperen entre sí para evitar duplicaciones y promover efectivamente los objetivos del presente Protocolo.
Las disposiciones del presente Protocolo no afectarán a las obligaciones de los Estados Partes en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 8 de junio de 1977 o la posibilidad abierta a cualquier Estado Parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugares de detención en situaciones no comprendidas en el derecho internacional humanitario.
1.Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas quien informará seguidamente a los demás Estados Partes en el presente Protocolo y la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
2.Esta denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone el presente Protocolo con respecto a cualquier acción o situación ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia o las medidas que el Subcomité para la Prevención haya decidido o decida adoptar en relación con el Estado Parte de que se trate, ni la denuncia entrañará tampoco la suspensión del examen de cualquier asunto que el Subcomité para la Prevención haya empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia. 3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia del Estado Parte, el Subcomité para la Prevención no empezará a examinar ninguna cuestión nueva relativa a dicho Estado.
1.Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes en el presente Protocolo, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación un tercio al menos de los Estados Partes se declara a favor de la convocación, el Secretario General, convocará la conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.
2.Una enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente protocolo de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 3. Las enmiendas cuando entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
Se reconocerá a los miembros del Subcomité para la Prevención y de los mecanismos nacionales de prevención las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones. Se reconocerá a los miembros del Subcomité para la Prevención las prerrogativas e inmunidades especificadas en la sección 22 de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, con sujeción a las disposiciones de la sección 23 de dicha Convención.
Durante la visita a un Estado Parte, y sin perjuicio de las disposiciones y objetivos del presente Protocolo y de las prerrogativas e inmunidades de que puedan gozar, los miembros del Subcomité para la Prevención deberán:
a)Observar las leyes y los reglamentos del Estado visitado;
b)Abstenerse de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.
1.El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2.El Secretario General de las Naciones remitirá copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados.
Norma
4 artículos en este tema
1.El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención.
2.El Consejo Asesor estará integrado por los Adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un máximo de 10 Vocales.
3.El Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura asumirá la Presidencia del Consejo y será sustituido por el otro Adjunto en caso de ausencia o vacante.
4.Los Vocales serán designados entre personas mayores de edad, que se encuentren en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, con reconocida trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos o en los ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad por cualquier causa.
5.La designación de Vocales se efectuará conforme a la siguiente distribución:
a)Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España.
b)Un Vocal designado a propuesta de la Organización Médica Colegial.
c)Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.
d)Hasta dos Vocales designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones con las que el Defensor del Pueblo tenga suscritos convenios de colaboración para el desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, si así está previsto en dichos convenios. Las propuestas que se formulen no podrán incluir más que un representante por entidad.
e)Cinco Vocales elegidos de entre las candidaturas que, a título personal o en representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil, se presenten al Defensor del Pueblo en el marco del procedimiento de designación establecido en el presente Reglamento.
6.Actuará como secretario el Secretario General de la Institución.
1.Los Vocales del Consejo Asesor serán designados para un período de cuatro años y se renovarán por mitades cada dos.
2.El proceso de designación se iniciará mediante convocatoria pública. Las candidaturas para cubrir los puestos de Vocales a que se refiere el inciso e) del párrafo quinto del artículo 19 se recibirán dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria y deberán reunir los requisitos formales establecidos en la misma.
3.Corresponde al Defensor del Pueblo hacer la designación de los Vocales, así como poner fin a sus funciones.
4.Cumplido el período al que hace referencia el apartado primero del presente artículo, los Vocales cesantes continuarán ejerciendo sus funciones hasta la designación de los nuevos Vocales.
5.Los Vocales del Consejo Asesor no percibirán retribuciones por el ejercicio de sus funciones salvo, en su caso, las que puedan corresponder en aplicación de la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio.
1.El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención se reunirá, al menos, dos veces al año.
2.A las sesiones del Consejo Asesor podrán asistir los miembros del personal del Defensor del Pueblo, representantes de organismos internacionales de Derechos Humanos u otras personas que sean convocadas por indicación de su Presidente.
Serán funciones del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención las siguientes:
a)Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se hallen personas privadas de libertad.
b)Realizar propuestas para la mejora de los protocolos de visita y para el seguimiento de las mismas.
c)Evacuar los informes que el Defensor del Pueblo le solicite sobre la normativa de relevancia para la situación de las personas privadas de libertad.
d)Proponer programas de formación y cursos de especialización en materia de prevención de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
e)Realizar el seguimiento de los informes que se elaboren por el Mecanismo Nacional de Prevención y por el Subcomité para la Prevención de la Tortura.
f)Aquellos otros asuntos que se sometan a su consideración.
Norma
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La disposición final única de la Ley Orgánica 3/1981 atribuye al Defensor del Pueblo las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El informe anual del MNP documenta visitas, hallazgos, resoluciones y seguimiento en los lugares de privación de libertad. Su valor es práctico y de rendición de cuentas: no crea por sí mismo obligaciones equivalentes a las de los tratados, pero permite conocer cómo se aplican los criterios preventivos a calabozos, centros penitenciarios, centros de menores y otros espacios de custodia.
Base legislativa del tema
El texto legal es la referencia, pero se retiene practicando. Vuelve a la explicación si necesitas el porqué, o comprueba con preguntas qué se te ha quedado.
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