Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 8 de Policía Nacional

La Policía Nacional: organización, carrera profesional, acceso, disciplina y situaciones administrativas

12 apartados56 min de lectura

8.1

La Dirección General de la Policía

La Dirección General de la Policía es el órgano del Ministerio del Interior encargado de ordenar, dirigir, coordinar y ejecutar las misiones atribuidas a la Policía Nacional. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 207/2024, su titular tiene rango de subsecretario y, bajo la dependencia del secretario de Estado de Seguridad, ejerce el mando directo de la Policía Nacional.

El mando directo comprende la dirección de los servicios centrales y territoriales, la distribución de los medios, la propuesta de planes operativos y la relación con otras autoridades y entidades en materias policiales. También corresponde al director general vigilar la actuación profesional, aplicar el régimen disciplinario, dirigir la selección y promoción y proponer la adquisición de los medios necesarios para el servicio.

La Dirección General actúa dentro de la cadena explicada en el tema anterior: el ministro ostenta el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el secretario de Estado ejerce su mando y coordinación conjunta; y el director general dirige inmediatamente la Policía Nacional.

Órganos de asistencia inmediata

De la persona titular dependen la Oficina de Despacho, que presta asistencia y asesoramiento en la función directiva, y la Oficina de Comunicación, que planifica y coordina la relación con los medios y la presencia institucional en las redes sociales. Las oficinas territoriales de comunicación dependen funcionalmente de esta última.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la suplencia del director general corresponde a la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa. Esta regla refleja la posición central de la DAO dentro de la organización policial.

8.2

Funciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional no recibe sus competencias de una sola norma orgánica. Su misión constitucional se concreta, ante todo, en la Ley Orgánica 2/1986, que distingue entre las funciones comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las atribuidas de manera específica a la Policía Nacional. Esta distinción permite comprender por qué algunas actuaciones pueden ser desarrolladas tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil, mientras que otras quedan confiadas legalmente a uno de los dos cuerpos.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986 atribuye a ambos cuerpos estatales la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Esta cláusula general se desarrolla en funciones concretas: velar por el cumplimiento de las leyes; auxiliar y proteger a las personas; custodiar edificios e instalaciones que lo requieran; proteger a las altas personalidades; mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana; prevenir los delitos; investigar los hechos delictivos y poner a los responsables a disposición judicial; captar y analizar datos relevantes para la seguridad pública y colaborar con los servicios de protección civil en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad.

No se trata de una relación de tareas inconexas. La prevención intenta evitar que el riesgo se materialice; el mantenimiento y restablecimiento del orden responde ante una alteración existente; y la investigación criminal reconstruye los hechos ya cometidos para identificar a sus responsables. El auxilio a jueces y tribunales sitúa además una parte de la actividad policial bajo dependencia funcional de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, aunque orgánicamente el personal siga perteneciendo a la Dirección General de la Policía.

Distribución territorial de las funciones comunes

Como regla general, la Policía Nacional ejerce las funciones comunes en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que determine el Gobierno. La Guardia Civil las desarrolla en el resto del territorio y en el mar territorial. Esta distribución determina el ámbito ordinario de actuación, pero no establece compartimentos incomunicados.

Cuando lo exige la eficacia del servicio, ambos cuerpos deben prestarse cooperación recíproca. También pueden actuar fuera de su ámbito ordinario por mandato judicial o del Ministerio Fiscal y, en supuestos excepcionales, cuando sea necesario para proteger la seguridad pública. En estos casos debe comunicarse la actuación al otro cuerpo. La competencia territorial, por tanto, ordena el servicio cotidiano, pero no puede utilizarse para impedir una intervención urgente o una investigación legalmente encomendada.

Funciones específicas de la Policía Nacional

El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986 reserva a la Policía Nacional varias materias de alcance estatal. Le corresponde expedir el documento nacional de identidad y los pasaportes, así como controlar la entrada y salida del territorio español de nacionales y extranjeros. A estas funciones se unen las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. De ahí que documentación, extranjería y fronteras formen ámbitos diferenciados dentro de su organización, aunque en la práctica puedan confluir sobre una misma persona o documento.

También le corresponde vigilar el cumplimiento de la normativa sobre juego, investigar los delitos relacionados con las drogas y colaborar con las policías de otros países conforme a los tratados y acuerdos internacionales. La cooperación internacional no se limita al intercambio de avisos: comprende canales policiales permanentes, localización de personas, ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo y coordinación de investigaciones que superan las fronteras nacionales.

La Policía Nacional controla igualmente las entidades y servicios privados de seguridad, así como a su personal, medios y actuaciones. Esta competencia tiene naturaleza administrativa y preventiva: la prestación privada de servicios de vigilancia no sustituye a la seguridad pública ni atribuye a las empresas las potestades propias de la Policía. Finalmente, el cuerpo ejerce otras funciones que le atribuya la legislación vigente, lo que permite integrar competencias establecidas en normas sectoriales posteriores.

> Clave de comprensión. Las funciones comunes explican la misión general de seguridad pública; las funciones específicas distribuyen materias entre los cuerpos estatales. La cooperación no altera esa distribución, sino que permite que el sistema responda de forma coordinada cuando una actuación desborda el ámbito territorial o material ordinario.

8.3

Organización central

La Orden INT/859/2023 divide la organización en un nivel central y otro territorial. En el primero se integran los órganos que dirigen las especialidades, gestionan recursos comunes y apoyan al director general.

ÓrganoFunción característica
Dirección Adjunta OperativaActividad operativa y coordinación de las comisarías generales
SG de Recursos Humanos y FormaciónPersonal, selección, carrera, prevención y formación
SG de Logística e InnovaciónPresupuesto, medios, tecnología y documentación
Gabinete TécnicoAsistencia jurídica, institucional, normativa y estratégica
División de Cooperación InternacionalINTERPOL, EUROPOL, SIRENE y cooperación exterior

Los cuatro primeros tienen nivel orgánico de subdirección general. La División de Cooperación Internacional depende directamente del director general, aunque su nivel se determina en la relación de puestos de trabajo. También forman parte de la organización central las cinco comisarías generales, las restantes divisiones y los órganos colegiados.

División de Cooperación Internacional

La División reúne los canales mediante los que la Policía Nacional coopera con autoridades extranjeras. Su Secretaría General presta apoyo y tiene adscrito el Centro de Comunicaciones Internacionales.

La Unidad de Coordinación Internacional atiende la cooperación bilateral y multilateral no atribuida a otras unidades. La Oficina Central Nacional de INTERPOL constituye el interlocutor con la Secretaría General de la organización y participa en extradiciones, traslados internacionales y auxilio judicial. La Unidad Nacional de EUROPOL enlaza a las autoridades españolas con la agencia europea.

La Oficina SIRENE desarrolla la cooperación técnica y operativa vinculada al Sistema de Información Schengen, materializa entregas derivadas de órdenes europeas de detención y ejerce funciones relacionadas con los centros de cooperación. También actúa como punto de contacto para determinados intercambios posteriores de perfiles de ADN y datos dactiloscópicos.

8.4

Dirección Adjunta Operativa

La Dirección Adjunta Operativa dirige, impulsa y coordina las funciones policiales operativas conforme a las directrices del director general. También supervisa las unidades centrales y territoriales y participa en la planificación estratégica de la transformación digital.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad de su titular, la suplencia corresponde, por este orden, a Recursos Humanos y Formación, Logística e Innovación y Gabinete Técnico.

División de Operaciones y Transformación Digital

Esta División apoya la coordinación y supervisión de la operatividad policial. Su Área de Coordinación Operativa atiende las comisarías especiales y las unidades adscritas a comunidades autónomas. La Jefatura de Sistemas Especiales desarrolla y aplica equipos técnicos destinados a la investigación.

La Unidad Aérea integra el Área de Medios Aéreos, responsable de la explotación, mantenimiento y formación relacionada con aeronaves tripuladas y no tripuladas, y el Área de Seguridad y Protección Aérea, centrada en la seguridad de los entornos aeroportuarios y la respuesta frente a amenazas aéreas.

La Unidad Central de Apoyo Tecnológico coordina la aplicación operativa de nuevas tecnologías, la ciberseguridad y la transformación digital. De ella dependen áreas dedicadas a transformación y coordinación en ciberseguridad y a desarrollo tecnológico.

También se integran en la División las comisarías especiales que atienden instituciones constitucionales y las unidades policiales adscritas o de cooperación con comunidades autónomas. Estas últimas dependen orgánicamente de la estructura estatal y funcionalmente de las autoridades autonómicas en los términos de su normativa específica.

Planificación, operaciones especiales y control interno

La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación elabora el Plan Estratégico, prepara planes operativos, gestiona la inteligencia criminal y desarrolla la prospectiva. De ella dependen el Área de Seguimiento, Inteligencia y Coordinación; el Área de Planificación y Prospectiva; y el Centro Nacional de Comunicaciones.

El Centro Nacional de Comunicaciones difunde información de interés policial y actúa como punto de contacto permanente. No debe confundirse con el Centro de Comunicaciones Internacionales, adscrito a la Secretaría General de la División de Cooperación Internacional.

El Grupo Especial de Operaciones interviene en situaciones que requieren una cualificación especial y presentan grave riesgo, particularmente en materia terrorista. La Unidad de Asuntos Internos investiga conductas del personal que puedan constituir infracción penal o resultar contrarias a la ética profesional. La Brigada Operativa de Apoyo desempeña las funciones que le atribuye la normativa.

8.5

Las comisarías generales

De la Dirección Adjunta Operativa dependen las Comisarías Generales de Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Fronteras y Policía Científica. Todas tienen nivel orgánico de subdirección general.

Información

La Comisaría General de Información capta, recibe, trata y explota información relevante para el orden y la seguridad pública, especialmente en materia antiterrorista. Su organización detallada se determina mediante disposiciones clasificadas, por lo que la orden pública no enumera sus unidades.

Policía Judicial

La Comisaría General de Policía Judicial investiga infracciones de alcance supraterritorial y criminalidad organizada, económica, tecnológica y violenta. Sus unidades principales permiten ordenar la especialidad:

  • La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado investiga narcotráfico y delincuencia organizada.
  • La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta atiende delitos patrimoniales, contra las personas, patrimonio histórico y otras modalidades especializadas. En su ámbito se sitúa el Centro Nacional para la Integridad en el Deporte y las Apuestas.
  • La Unidad Central de Inteligencia Criminal integra y analiza información sobre criminalidad.
  • La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal investiga fraude fiscal, blanqueo, corrupción, falsificación de moneda y delincuencia financiera.
  • La Unidad Central de Ciberdelincuencia investiga delitos en los que la tecnología constituye el instrumento esencial.
  • La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer atiende violencia de género, doméstica y sexual y coordina la protección de las víctimas.

Dentro de Ciberdelincuencia, la Brigada Central de Investigación Tecnológica se centra especialmente en delitos contra las personas cometidos mediante tecnologías; la Brigada Central de Seguridad Informática, en ciberataques y delitos de alta especialización; y la Brigada Central de Fraudes Informáticos, en fraudes por internet y telecomunicaciones.

La distribución se basa en el objeto predominante de la investigación. El uso de un ordenador no convierte automáticamente cualquier delito en competencia de Ciberdelincuencia: cuando la tecnología es solo un instrumento accesorio, la investigación puede continuar correspondiendo a la unidad especializada por razón del delito. Ciberdelincuencia asume los supuestos en los que los sistemas o las comunicaciones constituyen el medio esencial o el objeto del ataque.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal presenta otra división funcional. Una brigada investiga delitos fiscales, contra la Seguridad Social y fraudes financieros; otra se ocupa de blanqueo, corrupción y recuperación de activos; la Brigada Central de Inteligencia Financiera trabaja sobre sujetos y operaciones sometidos a la normativa preventiva; y la Brigada de Investigación del Banco de España atiende la falsificación de moneda y actúa como oficina central nacional en esa materia.

Seguridad Ciudadana

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana previene y restablece el orden y la seguridad, protege personas e instalaciones y desarrolla las competencias policiales sobre seguridad privada y participación ciudadana.

La Jefatura de Unidades de Intervención Policial coordina las UIP y asume la prevención, mantenimiento y restablecimiento del orden público. La Jefatura de Unidades Especiales coordina especialidades como Caballería, Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Móvil y Unidades de Prevención y Reacción.

La Unidad Central de Protección organiza servicios de protección de personalidades, testigos, edificios e instalaciones. La Unidad Central de Seguridad Privada ejerce el control policial del sector. Su Brigada Central de Inspección e Investigación realiza inspecciones e investiga intrusismo; la Brigada Central de Empresas y Personal tramita inscripciones, habilitaciones, pruebas y expedientes administrativos. A la Unidad Central se adscribe el Interlocutor Policial Nacional Sanitario.

La Unidad Central de Participación Ciudadana coordina la interlocución social y los programas dirigidos a colectivos vulnerables. Dentro de la unidad de coordinación operativa se encuentra la Oficina Nacional de Deportes, encargada de prevenir la violencia en acontecimientos deportivos.

La Jefatura de Unidades Especiales no ejerce la misma función que la Jefatura de UIP. Las UIP constituyen unidades especializadas en orden público con regulación propia. Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Brigada Móvil y UPR responden a necesidades operativas distintas y mantienen dependencia funcional de la plantilla territorial donde prestan servicio, sin perjuicio de la coordinación técnica central.

Extranjería y Fronteras

Esta Comisaría General controla entradas y salidas, desarrolla el régimen policial de extranjería e investiga redes de inmigración irregular y trata. La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales coordina la investigación de estas conductas y el análisis de documentos.

La Brigada de Investigación de Redes actúa como punto nacional de la base FADO sobre documentos auténticos y falsos. La estructura se completa con unidades dedicadas a trata de seres humanos, acción exterior, repatriaciones y fronteras, además del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.

La función de extranjería combina una vertiente administrativa y otra penal. El control de fronteras, los expedientes y las repatriaciones se rigen por la legislación de extranjería; la investigación de trata, tráfico de personas, inmigración ilegal y falsedades persigue conductas delictivas. La coincidencia de personas y documentos no elimina la diferencia entre ambos tipos de actuación.

Policía Científica

La Comisaría General de Policía Científica presta servicios de criminalística, identificación, analítica e investigación técnica. La Unidad Central de Identificación trabaja sobre identificación lofoscópica, antropología y materias relacionadas; la Unidad Central de Criminalística realiza pericias documentales y de otras especialidades; y la Unidad Central de Análisis Científicos desarrolla análisis químicos, biológicos y técnicos. Los informes sobre falsificación documental corresponden a la Unidad Central de Criminalística.

La Policía Científica no decide la autoría jurídica de un delito. Localiza, trata y compara indicios y emite informes periciales que aportan conocimiento técnico a la investigación y al proceso. La cadena de custodia, la metodología y la posibilidad de contradicción permiten que el resultado pueda valorarse con garantías.

8.6

Recursos Humanos, Formación, Logística y Gabinete Técnico

Recursos Humanos y Formación

La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación dirige la gestión del personal, la selección y la enseñanza. De ella dependen la División de Personal y la División de Formación y Perfeccionamiento. También se integra en esta rama la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Protección Sociosanitaria.

La División de Personal administra los recursos humanos, gestiona el catálogo de puestos y tramita los actos que afectan a la vida profesional. Su Secretaría General presta, mediante la Oficina del Policía, información, apoyo y asesoramiento al personal y gestiona el Área de Retribuciones.

La administración de personal comprende situaciones, destinos, carrera, expedientes y documentación profesional. El catálogo de puestos concreta qué destinos existen, qué características poseen y qué requisitos exige su cobertura. No debe confundirse esta gestión con la potestad disciplinaria: ambas afectan al personal, pero responden a finalidades y procedimientos diferentes.

La División de Formación y Perfeccionamiento reúne la Escuela Nacional de Policía, el Centro de Actualización y Especialización, el Centro de Altos Estudios Policiales y la Unidad de Procesos Selectivos. Del Centro de Altos Estudios Policiales depende el Instituto de Estudios de la Policía. La Secretaría General de la División gestiona, entre otros ámbitos, la innovación formativa y el campus virtual.

La Escuela Nacional de Policía desarrolla la formación de ingreso y la capacitación vinculada a los procesos de promoción que le correspondan. El Centro de Actualización y Especialización mantiene y amplía conocimientos durante la carrera. El Centro de Altos Estudios Policiales prepara para responsabilidades directivas y promueve el estudio de métodos y técnicas policiales. Cada centro atiende, por tanto, una etapa o necesidad formativa distinta.

La Unidad de Procesos Selectivos gestiona materialmente el ingreso y la promoción interna. La convocatoria de los procesos corresponde, sin embargo, al director general: gestión y competencia para convocar no son equivalentes.

Logística e Innovación

La Subdirección General de Logística e Innovación coordina la administración de recursos económicos y materiales, los sistemas de información y comunicaciones, la documentación y los archivos policiales.

La Unidad de Informática y Telecomunicación mantiene sistemas, bases de datos, aplicaciones y comunicaciones. La División Económica y Técnica se divide funcionalmente entre la Unidad Económica, encargada de presupuesto, contratación, pagos y gasto, y la Unidad Técnica, responsable de inmuebles, vehículos, armamento, uniformidad y equipamiento.

La División de Documentación coordina la expedición de documentación de españoles y extranjeros y el apoyo a las unidades territoriales. También desarrolla funciones de archivo, tratamiento documental, requisitorias y antecedentes policiales.

La expedición material se realiza mediante una red territorial, pero la División fija criterios, distribuye medios, impulsa innovaciones y controla las unidades. El Área de Tratamiento Documental y Archivo actúa además como sección del Archivo General del Ministerio del Interior dentro de la Dirección General.

Gabinete Técnico

El Gabinete Técnico facilita el despacho y la coordinación del director general. Su estructura atiende las relaciones institucionales y la transparencia, las publicaciones, el asesoramiento jurídico y normativo, la protección de datos, los derechos humanos, la igualdad y la identidad corporativa.

Dentro del Área de Coordinación Institucional e Identidad Corporativa se encuentran el Servicio de Protocolo, del que depende la Banda de Música, y la Oficina de Marca. La Oficina Central Nacional de Protección de Datos se integra en el Área Jurídica.

Junta de Gobierno y Consejo Asesor

La Junta de Gobierno, presidida por el director general, presta asistencia en planificación, distribución de recursos, selección, formación, recompensas, disciplina y deontología. El director adjunto operativo ocupa la vicepresidencia y la persona titular de la División de Personal ejerce la secretaría.

El Consejo Asesor es un órgano colegiado permanente, también presidido por el director general, que formula propuestas y asesora sobre materias de especial complejidad o trascendencia.

8.7

Organización territorial

La organización central fija criterios comunes, dirige las especialidades y administra los recursos generales, pero la prestación ordinaria del servicio se realiza mediante órganos desplegados por el territorio. La Orden INT/859/2023 construye este despliegue de forma escalonada: Jefaturas Superiores, comisarías provinciales, zonales, locales y de distrito, junto con dependencias especializadas de cooperación, fronteras, extranjería y documentación.

Las unidades territoriales mantienen una doble conexión. Orgánicamente se integran en la plantilla y bajo el mando del responsable territorial correspondiente. Funcionalmente reciben instrucciones, criterios técnicos y coordinación de la comisaría general o división competente por razón de la materia. Así, una brigada provincial de Policía Judicial forma parte de su comisaría provincial, pero aplica los criterios técnicos de la Comisaría General de Policía Judicial. Esta doble dependencia permite conservar la unidad de actuación de cada especialidad sin fragmentar el mando territorial.

Jefaturas Superiores

Las Jefaturas Superiores son órganos de mando, gestión, coordinación e inspección de los servicios de la Policía Nacional en su territorio. Existen veinte: una por cada comunidad autónoma, con dos en Andalucía —Occidental y Oriental—, más Ceuta y Melilla. Su denominación y sede se recogen en el anexo de la Orden.

De la persona titular depende una Unidad de Coordinación Operativa Territorial, dirigida por el jefe regional de Operaciones. Esta unidad coordina las operaciones de las distintas plantillas del ámbito de la Jefatura, realiza su seguimiento y facilita una respuesta conjunta cuando el servicio supera el marco de una sola provincia o localidad. La Jefatura Superior no sustituye a las comisarías provinciales, sino que las integra en un nivel regional de dirección y coordinación.

Comisarías Provinciales, Locales y de Distrito

Existe una Comisaría Provincial en cada capital de provincia. Su titular dirige los servicios de la Dirección General en el territorio provincial y coordina las plantillas existentes en él. Cuando la provincia es sede de una Jefatura Superior, el director general puede disponer que la misma persona asuma ambas jefaturas. La acumulación evita duplicar mandos, pero no elimina la diferencia entre el ámbito autonómico de la Jefatura Superior y el provincial de la Comisaría.

La Unidad de Coordinación Operativa Provincial coordina las operaciones y supervisa los servicios cuando su creación está prevista en el catálogo. En las ciudades sede de Jefatura Superior, esas funciones corresponden a la Unidad de Coordinación Operativa Territorial.

Las Comisarías Locales desarrollan las funciones policiales en los núcleos urbanos incluidos en su demarcación. Su ámbito puede comprender más de un municipio cuando así lo dispone el anexo correspondiente. Las Comisarías de Distrito acercan el servicio a zonas concretas de grandes ciudades y dependen de la comisaría provincial o local en cuya demarcación se integran.

Las Comisarías Zonales constituyen un escalón de coordinación entre varias comisarías locales o de distrito cuando las necesidades del despliegue lo justifican. No son una categoría territorial presente necesariamente en todas las provincias: su creación y ámbito dependen de lo establecido en la estructura y en el catálogo de puestos de trabajo.

Las unidades territoriales operativas reproducen las áreas de las comisarías generales —información, policía judicial, seguridad ciudadana, extranjería y policía científica— en el nivel provincial o local. La jefatura territorial organiza los servicios y distribuye medios; el órgano central especializado mantiene la dependencia funcional y los criterios técnicos. Esta combinación evita que cada territorio aplique modelos incompatibles sin privar al responsable territorial del mando sobre su plantilla.

Cooperación, fronteras y documentación

Las Comisarías Conjuntas permiten la prestación coordinada de servicios con cuerpos policiales de otros Estados en los lugares previstos por los acuerdos internacionales. Los Centros de Cooperación Policial y Aduanera reúnen a servicios policiales y aduaneros de países limítrofes para intercambiar información y apoyar actuaciones transfronterizas. Los Centros de Cooperación Policial cumplen una función semejante en los términos del instrumento internacional que los crea. Ninguno de estos órganos sustituye a las oficinas centrales de INTERPOL, EUROPOL o SIRENE: aquellos actúan sobre la cooperación de proximidad fronteriza y estas canalizan redes internacionales o europeas de alcance más amplio.

Los Puestos Fronterizos realizan el control policial de entrada y salida de personas en las fronteras exteriores habilitadas. Pueden situarse en fronteras terrestres, aeropuertos o puertos. Los cuatro puestos terrestres recogidos en el anexo vigente de la Orden INT/859/2023 son Ceuta, Melilla, La Seu d’Urgell y La Línea de la Concepción. Los aeropuertos y puertos incluidos dependen del listado normativo vigente, por lo que conviene distinguir la categoría del órgano de la relación concreta de puestos existentes en cada momento.

Las Unidades de Extranjería desarrollan funciones policiales en esta materia en localidades que no cuentan con una comisaría propia dotada de la estructura necesaria. Las Unidades de Extranjería y Documentación añaden a esas tareas la expedición de documentos. Por su parte, las Unidades de Documentación acercan la tramitación del DNI y del pasaporte a poblaciones en las que no existe otra dependencia encargada de ella.

Estas unidades se adscriben a una plantilla territorial, que ejerce sobre ellas el mando orgánico, mientras reciben coordinación funcional de los órganos centrales competentes en extranjería o documentación. Sus sedes y adscripciones figuran en los anexos y pueden modificarse cuando cambia el despliegue. En una pregunta sobre una localidad concreta debe atenderse, por ello, a la versión temporal de la Orden aplicable a la convocatoria.

8.8

Escalas, categorías y especialidades

La estructura profesional distribuye la responsabilidad mediante escalas ordenadas jerárquicamente. La categoría identifica la posición dentro de cada escala; el puesto concreta el destino y las funciones efectivamente desempeñadas.

EscalaCategoríasSubgrupoFunción característica
SuperiorComisario principal y comisarioA1Dirección de los servicios
EjecutivaInspector jefe e inspectorA1Mando de los servicios
SubinspecciónSubinspectorA2Supervisión de los servicios
BásicaOficial de Policía y policíaC1Ejecución material de las funciones

A todas las escalas les corresponden, desde su nivel de responsabilidad, la planificación, coordinación, impulso, seguimiento y control de los servicios atribuidos. Por tanto, la función característica no impide que un integrante de la Escala Básica asuma responsabilidades adecuadas a su categoría y puesto.

Existen además plazas de facultativos y técnicos, clasificadas respectivamente en A1 y A2, destinadas a apoyar la función policial mediante conocimientos profesionales específicos.

Las especialidades se agrupan en dirección y coordinación, información, policía judicial, seguridad ciudadana, extranjería y fronteras, policía científica, documentación, cooperación internacional y gestión y apoyo. Su acceso requiere el curso correspondiente y, en su caso, titulaciones o conocimientos específicos.

8.9

Sistemas de acceso y promoción

Ingreso libre

El ingreso y la promoción están sometidos a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. A ellos se añaden publicidad, transparencia, objetividad, imparcialidad, profesionalidad de los órganos de selección, independencia técnica y adecuación entre las pruebas y las funciones que se van a desempeñar. La exigencia no es meramente formal: las bases deben permitir conocer de antemano los requisitos, las pruebas, los criterios de calificación y las causas de exclusión.

El artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2015 reserva la oposición libre para el acceso a las categorías de policía e inspector. La categoría de policía constituye la puerta de entrada a la Escala Básica y la de inspector, a la Escala Ejecutiva. No existe ingreso libre directo en oficial de Policía, subinspector, inspector jefe, comisario o comisario principal, porque estas categorías se alcanzan mediante promoción interna.

Para participar es preciso reunir los requisitos del artículo 26 y del Reglamento aprobado por el Real Decreto 853/2022. Entre ellos figuran tener nacionalidad española; haber cumplido dieciocho años y no exceder de la edad máxima de jubilación; no haber sido condenado por delito doloso, separado del servicio ni inhabilitado para funciones públicas; no hallarse incluido en causas de exclusión médica; prestar el compromiso de portar armas y llegar a utilizarlas cuando sea legalmente necesario; y poseer la titulación requerida para la categoría. La regulación y la convocatoria concretan además otras condiciones, como los permisos de conducción exigibles.

Los requisitos deben mantenerse en los momentos que determinen las bases. La admisión provisional no sana su incumplimiento: si posteriormente se comprueba que una persona carecía de alguno de ellos, puede quedar excluida aunque hubiera superado pruebas anteriores.

Fases del proceso

El proceso selectivo no termina con la oposición. Comprende tres etapas sucesivas:

  1. Oposición. Las pruebas comprueban conocimientos, aptitud física, perfil psicotécnico, dominio de idiomas en los términos reglamentarios y aptitud médica. Su orden y carácter eliminatorio se fijan en la convocatoria.
  2. Curso selectivo de formación. Quienes superan la oposición son nombrados funcionarios en prácticas y reciben la formación profesional correspondiente en el centro docente policial.
  3. Módulo de formación práctica. Permite aplicar los conocimientos en unidades policiales y valorar la aptitud para el desempeño real de las funciones.

Cada fase debe superarse para pasar a la siguiente. Aprobar la oposición no confiere todavía la condición de funcionario de carrera ni garantiza por sí solo el nombramiento final. Esta condición se adquiere tras superar el proceso completo, ser nombrado por la autoridad competente, acatar la Constitución y el ordenamiento jurídico y tomar posesión dentro del plazo establecido.

La condición de funcionario en prácticas es temporal y está vinculada al proceso selectivo. Durante el curso y el módulo práctico existe sujeción a las reglas académicas y disciplinarias correspondientes. La falta de superación, salvo los supuestos de aplazamiento o repetición expresamente admitidos por el Reglamento, determina la pérdida de las expectativas de ingreso.

El Reglamento contempla el aplazamiento de pruebas o periodos formativos cuando concurre una causa debidamente acreditada de embarazo, parto, posparto u otra circunstancia prevista. El aplazamiento no supone la exención de la prueba: permite realizarla posteriormente en las condiciones reglamentarias, preservando la igualdad sin rebajar la aptitud exigida.

Órganos de selección y gestión del proceso

La convocatoria corresponde a la persona titular de la Dirección General de la Policía. La Unidad de Procesos Selectivos prepara y gestiona materialmente las actuaciones, pero no sustituye al órgano convocante ni al tribunal calificador.

Los tribunales actúan con autonomía funcional, imparcialidad y profesionalidad. Sus miembros deben abstenerse cuando concurra una causa legal y los aspirantes pueden recusarlos. Corresponde al tribunal aplicar las bases, calificar las pruebas y resolver las incidencias propias del proceso; no puede alterar las reglas de la convocatoria una vez iniciado.

Promoción interna

Los artículos 41 a 43 de la Ley Orgánica 9/2015 regulan la promoción interna a oficial de Policía, subinspector, inspector, inspector jefe, comisario y comisario principal. Como regla, se asciende desde la categoría inmediatamente inferior, lo que preserva la progresión ordenada dentro de la estructura jerárquica.

Las modalidades son concurso-oposición y antigüedad selectiva. El concurso-oposición combina la valoración de méritos profesionales con pruebas de aptitud y un curso de capacitación. La antigüedad selectiva se dirige a quienes, dentro de la categoría de procedencia, alcanzan la posición escalafonal exigida y reúnen los restantes requisitos; también exige superar las comprobaciones y la formación previstas. En cada proceso se desarrollan primero las actuaciones correspondientes al concurso-oposición.

La promoción no se produce automáticamente por el transcurso del tiempo. En antigüedad selectiva, la posición en el escalafón delimita quién puede concurrir, pero no dispensa de superar el proceso. En concurso-oposición, los méritos reconocen la trayectoria profesional, aunque tampoco sustituyen las pruebas ni el curso de capacitación.

El Reglamento establece requisitos de antigüedad, titulación, historial profesional y demás condiciones de participación, así como el número de convocatorias que puede utilizarse en determinados supuestos. Quien supera las fases obtiene la capacitación para la nueva categoría y es promovido conforme a las vacantes convocadas. Deben diferenciarse, por tanto, tres ideas: la posibilidad de participar, la superación del proceso y el ascenso efectivo.

> No deben confundirse. El ingreso incorpora a una persona a la Policía Nacional por las categorías de policía o inspector. La promoción interna permite a quien ya pertenece al cuerpo ascender a una categoría superior. En ambos casos existen pruebas y formación, pero cambian los destinatarios, los requisitos y la finalidad del proceso.

8.10

Régimen disciplinario

La disciplina garantiza que el ejercicio de las potestades policiales se someta a legalidad, jerarquía, responsabilidad y respeto a los derechos. Su finalidad no consiste simplemente en castigar incumplimientos, sino en proteger el correcto funcionamiento del servicio y la confianza que exige la función policial. Precisamente por la gravedad de sus consecuencias, ninguna sanción puede imponerse sin una conducta previamente tipificada y sin el procedimiento legalmente establecido.

La Ley Orgánica 4/2010 se aplica al personal funcionario de la Policía Nacional que se encuentre en las situaciones incluidas en su ámbito. Quienes estén en prácticas quedan sometidos a sus normas específicas y, supletoriamente, al régimen disciplinario policial en cuanto resulte compatible. Los facultativos y técnicos integrados en el cuerpo también quedan sujetos al sistema en los términos legales.

Los principios de legalidad y tipicidad impiden crear infracciones por analogía. La culpabilidad exige que la conducta pueda reprocharse a su autor, y la proporcionalidad obliga a elegir y graduar la sanción atendiendo a las circunstancias. Se añaden la presunción de inocencia, la información de la acusación, la audiencia, la defensa, la contradicción y la separación entre instrucción y resolución.

Responsabilidad disciplinaria

Responde quien realiza la infracción consumada y también quien induce directamente a cometerla. El encubrimiento puede generar responsabilidad cuando se refiere a faltas graves o muy graves y causa un daño grave al servicio o a la ciudadanía. La ley contempla además la responsabilidad de los superiores que toleren infracciones de sus subordinados o no adopten las medidas necesarias para impedirlas o denunciarlas.

La responsabilidad disciplinaria es compatible con la civil o patrimonial que pueda derivarse de los mismos hechos. Su relación con la responsabilidad penal exige, en cambio, atender a las reglas que evitan decisiones contradictorias y una doble sanción con idéntico fundamento.

Faltas y sanciones

Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves según la entidad de la conducta y su incidencia sobre el servicio, la ciudadanía y la organización.

ClaseSanciones posibles
Muy graveSeparación del servicio; suspensión de tres meses y un día a seis años; traslado forzoso
GraveSuspensión de cinco días a tres meses
LeveSuspensión de uno a cuatro días o apercibimiento

El traslado forzoso solo corresponde a faltas muy graves. Impide obtener nuevo destino en el centro, unidad o plantilla de origen durante el periodo de uno a tres años fijado en la resolución.

Los artículos 7, 8 y 9 contienen catálogos diferenciados. Son muy graves, entre otras conductas, el abandono de servicio, la insubordinación individual o colectiva, los tratos inhumanos o degradantes, determinadas vulneraciones de secretos y el consumo de drogas durante el servicio cuando concurren las circunstancias legales. Son graves la desobediencia a superiores, ciertos incumplimientos del servicio, no portar el arma sin causa que lo justifique o perderla por negligencia inexcusable. La pérdida por simple negligencia y los juegos en dependencias que perjudiquen el servicio o la imagen policial son faltas leves.

La calificación no depende únicamente del objeto afectado, sino de cómo se realizó la conducta y de sus consecuencias. La ley distingue, por ejemplo, entre negligencia inexcusable y simple negligencia en la pérdida de armas o medios. También permite que determinadas acciones descritas en una categoría se sancionen como infracción inferior cuando así resulte de su escasa entidad y de los criterios legales.

Para graduar la sanción se valoran la intencionalidad, la reincidencia, el historial profesional —que puede operar como circunstancia atenuante—, la incidencia sobre la seguridad ciudadana, la perturbación del servicio, el grado de participación y la trascendencia para la imagen de la institución. La elección no puede hacerse de manera automática: la resolución debe explicar por qué la conducta merece una sanción concreta dentro del margen legal.

Competencia sancionadora

El ministro impone la separación del servicio. El secretario de Estado impone la suspensión de tres años y un día a seis años y el traslado forzoso. El director general impone la suspensión de hasta tres años por falta muy grave y las sanciones por faltas graves. Las autoridades y mandos enumerados por la ley pueden sancionar faltas leves respecto del personal dependiente.

La competencia se determina por la sanción finalmente impuesta, no solo por la calificación inicial de los hechos. Quien tiene competencia para una sanción puede imponer las de menor entidad comprendidas en su ámbito. La incoación corresponde a los órganos previstos por la ley, mientras que la instrucción debe encomendarse a una persona distinta de quien resuelve para preservar la imparcialidad.

En las faltas leves pueden sancionar los delegados del Gobierno, los jefes de órganos centrales hasta subdirector general y determinados responsables territoriales y de unidades adscritas respecto del personal dependiente. Un jefe de comisaría de distrito no figura por esa sola condición entre los órganos enumerados, mientras que el jefe de una división con nivel adecuado sí puede resultar competente.

Procedimiento para faltas graves y muy graves

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, orden superior, moción razonada o denuncia. Antes de incoarlo pueden practicarse informaciones reservadas para esclarecer si existen indicios suficientes. Estas actuaciones preliminares no equivalen todavía a una acusación ni permiten imponer una sanción.

El acuerdo de incoación nombra instructor y secretario y debe notificarse al expedientado. A partir de ese momento se practican las diligencias necesarias, se toma declaración, se incorporan documentos y se recaban los informes pertinentes. En los expedientes por falta grave, el artículo 34 concede inicialmente al instructor quince días para ordenar las diligencias necesarias.

Si existen indicios, el instructor formula un pliego de cargos que concreta los hechos imputados, su posible calificación y las sanciones aplicables. El interesado puede contestarlo, proponer prueba y formular alegaciones. Terminada la instrucción se redacta una propuesta de resolución, frente a la que vuelve a concederse audiencia antes de remitir el expediente al órgano competente. La resolución debe ser motivada y guardar correspondencia con los hechos discutidos, sin introducir una acusación nueva que haya impedido defenderse.

Para las faltas leves existe un procedimiento abreviado, pero también deben respetarse la audiencia y el derecho de defensa. La menor complejidad no autoriza una sanción verbal ni permite prescindir de la identificación de los hechos y de la norma infringida.

Durante la tramitación pueden adoptarse medidas provisionales cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución o evitar perjuicios al servicio. No tienen carácter sancionador y deben ser idóneas, proporcionadas y mantenerse solo durante el tiempo justificado.

Relación con el proceso penal

La incoación de un procedimiento penal no impide iniciar actuaciones disciplinarias por los mismos hechos. Sin embargo, cuando la decisión disciplinaria dependa de los hechos que se están enjuiciando, la resolución definitiva debe esperar a la sentencia penal firme. Los hechos que esta declare probados vinculan a la Administración.

Puede existir una consecuencia penal y otra disciplinaria si protegen fundamentos distintos, pero no cabe duplicar sanciones cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. La absolución penal tampoco determina siempre el archivo disciplinario: una conducta puede no constituir delito y, sin embargo, encajar en una infracción profesional, siempre que se respeten los hechos fijados judicialmente.

Prescripción, ejecución y cancelación

La responsabilidad se extingue por cumplimiento de la sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción y por los efectos administrativos del indulto. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves al mes. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescriben, respectivamente, a los tres y dos años; las impuestas por faltas leves, al mes. El inicio y la interrupción del cómputo dependen de si se trata de la infracción o de la sanción ya firme.

Las sanciones se ejecutan cuando adquieren firmeza en vía administrativa, salvo que se acuerde su suspensión conforme al ordenamiento. Se anotan en el expediente personal y pueden cancelarse una vez cumplidos los plazos legales sin nueva sanción. La cancelación elimina los efectos de la anotación a los fines previstos por la ley, pero no convierte en inexistente el procedimiento que se tramitó.

8.11

Situaciones administrativas

La situación administrativa determina la relación que mantiene el funcionario con el servicio: si ocupa un puesto, si percibe retribuciones, si conserva reserva de destino y cómo se computa el tiempo para antigüedad, trienios, promoción o Seguridad Social. Cambiar de situación no supone, por sí solo, perder la condición de funcionario de la Policía Nacional.

La Ley Orgánica 9/2015 regula el servicio activo, los servicios especiales, el servicio en otras Administraciones públicas, distintas modalidades de excedencia y la suspensión de funciones. A ellas se añade la segunda actividad, que responde específicamente a las exigencias físicas y profesionales de la función policial.

Servicio activo y servicios especiales

Se permanece en servicio activo cuando se ocupa un destino en la Policía Nacional y en los demás supuestos que la ley equipara a esta situación. Existe prestación efectiva de servicios, se perciben las retribuciones del puesto y el tiempo produce plenamente sus efectos profesionales.

Los servicios especiales se declaran cuando el funcionario pasa a desempeñar determinados cargos públicos, mandatos representativos o funciones enumeradas por la legislación de función pública. Durante esta situación no ocupa su destino policial ordinario, pero el tiempo computa para trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad Social aplicable. El reingreso se produce con las garantías establecidas legalmente, que pueden incluir la reserva o la asignación de un puesto conforme al supuesto de origen.

El servicio en otras Administraciones públicas se aplica cuando el funcionario obtiene destino en otra Administración mediante los procedimientos de provisión correspondientes. Conserva su condición de origen, pero se rige por la legislación de la Administración en la que presta servicio en lo relativo al puesto ocupado. Al reingresar en la Policía Nacional se reconocen los efectos que procedan sobre carrera y antigüedad.

SituaciónPrestación de servicio policial ordinarioEfecto general característico
Servicio activoSíPlenitud de derechos profesionales y retributivos
Servicios especialesNo en el destino ordinarioCómputo de tiempo y derecho de reingreso conforme a la ley
Servicio en otras AdministracionesSe presta en otra AdministraciónConservación de la condición de origen

Excedencias

La excedencia no constituye una figura única. Cada modalidad responde a una causa distinta y produce efectos diferentes; por eso no debe trasladarse a todas la regla aprendida para una de ellas.

La excedencia por interés particular puede solicitarse una vez cumplido el periodo de servicios efectivos exigido y queda subordinada a las necesidades del servicio. También puede declararse de oficio cuando, terminada la causa que justificaba otra situación, no se solicita el reingreso dentro del plazo. No se perciben retribuciones, el tiempo no computa para trienios, antigüedad ni derechos de Seguridad Social y no puede participarse en procesos de promoción interna mientras se permanece en ella. La ley exige además un periodo mínimo de permanencia antes de solicitar el reingreso.

La excedencia por agrupación familiar puede concederse sin exigir servicios previos cuando el cónyuge reside en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en una Administración u organismo público, en los términos legales. No genera retribuciones ni cómputo de antigüedad, trienios o derechos sociales, aunque la Ley Orgánica 9/2015 permite participar en promoción interna si se cumplen los demás requisitos.

La excedencia por cuidado de familiares protege tanto el cuidado de cada hijo como el de un familiar que, por edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, dentro del grado de parentesco previsto. Puede durar hasta tres años por cada sujeto causante. El periodo es computable a efectos profesionales y existe reserva del puesto durante al menos los dos primeros años; después, la reserva se refiere a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Si dos funcionarios generan el derecho por el mismo causante, la Administración puede limitar su disfrute simultáneo por razones justificadas relacionadas con el servicio.

La excedencia por razón de violencia de género no exige un tiempo previo de servicios ni una permanencia mínima. Durante los seis primeros meses existe reserva del puesto y el periodo computa para antigüedad, carrera y derechos de Seguridad Social. Cuando las actuaciones judiciales lo requieran, la reserva puede prorrogarse por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho. Durante los dos primeros meses se perciben las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares correspondientes.

La excedencia por prestación de servicios en el sector público procede cuando se pasa a prestar servicio activo como funcionario o laboral fijo en otro cuerpo, escala u organismo y no corresponde declarar otra situación. Se mantiene mientras subsista la relación que la originó. Durante ella se perciben las retribuciones del puesto desempeñado, no las correspondientes a la Policía Nacional, y el reingreso debe solicitarse cuando cesa su causa.

ExcedenciaRetribuciones de Policía NacionalCómputo generalPromoción interna
Interés particularNoNoNo
Agrupación familiarNoNoSí
Cuidado de familiaresNoSíSí
Violencia de géneroÍntegras los dos primeros mesesEn el periodo protegidoDurante la reserva prevista
Servicio en el sector públicoSe perciben las del otro puestoPuede reconocerse al reingresarSegún su régimen específico

Suspensión

La suspensión de funciones priva temporalmente del ejercicio profesional y de los derechos inherentes a esa condición. Puede ser firme, cuando deriva de sentencia penal o sanción disciplinaria que ya no es provisional, o provisional, cuando se adopta cautelarmente durante un procedimiento.

La suspensión firme determina la pérdida del puesto cuando excede de seis meses. Durante su cumplimiento no pueden ejercerse funciones policiales y se producen los efectos retributivos y profesionales establecidos por la ley. Finalizada, el reingreso no siempre significa recuperar el destino anterior: dependerá de la duración y de si se conservó o se perdió el puesto.

La suspensión provisional puede acordarse como medida cautelar en un procedimiento penal o disciplinario. Cuando deriva exclusivamente de expediente disciplinario no puede exceder de tres meses por falta grave ni de seis por falta muy grave, salvo paralización imputable al interesado. Si la suspensión no termina convirtiéndose en firme, el tiempo se computa como servicio activo y deben regularizarse los derechos económicos correspondientes. Si se impone una suspensión firme, el periodo provisional se abona para su cumplimiento.

Segunda actividad

La segunda actividad es una situación específica de la Policía Nacional destinada a garantizar que quienes desempeñan funciones policiales conservan la aptitud necesaria. No es una sanción ni una jubilación. El funcionario mantiene su categoría profesional, deja de ocupar destino y queda sometido al régimen de disponibilidad previsto por la ley.

Puede declararse por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas cuando esta no alcanza la entidad necesaria para la jubilación por incapacidad. También puede solicitarse al alcanzar la edad correspondiente a la escala o después de veinticinco años efectivos en las situaciones que la ley considera computables. El cumplimiento del requisito abre la posibilidad de pasar a segunda actividad en los términos legales; no debe confundirse con la jubilación forzosa.

EscalaEdad para solicitar la segunda actividad
Superior64 años
Ejecutiva62 años
Subinspección60 años
Básica58 años

Quienes pasaron por insuficiencia psicofísica pueden reingresar al servicio activo si el tribunal médico aprecia que han recuperado las aptitudes necesarias. La resolución corresponde al director general y pone fin a la vía administrativa. Los facultativos y técnicos no pueden pasar a segunda actividad, porque sus plazas responden a funciones profesionales específicas y no a la estructura ordinaria de escalas policiales.

En segunda actividad se perciben las retribuciones básicas y, con carácter general, un complemento equivalente al ochenta por ciento de las retribuciones complementarias generales de la categoría, con las especialidades previstas según la causa y el tiempo de servicios. El periodo continúa computando para trienios y derechos pasivos.

Hasta la jubilación, el funcionario permanece a disposición del ministro del Interior para el cumplimiento de funciones policiales cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana. Esta disponibilidad extraordinaria no transforma la segunda actividad en un destino ordinario: exige la causa excepcional y la decisión prevista legalmente.

Reingreso al servicio activo

El reingreso no se produce de la misma forma desde todas las situaciones. Puede existir reserva de puesto, derecho a obtener uno en una localidad determinada o necesidad de participar en los procedimientos de provisión. Cuando desaparece la causa de una situación, el interesado debe solicitar el reingreso dentro del plazo aplicable; si no lo hace, puede pasar a excedencia por interés particular.

Antes de memorizar los efectos conviene identificar tres datos: por qué se declaró la situación, qué derechos conserva durante ella y cómo se regresa al servicio activo. Esta secuencia evita confundir excedencias protectoras —cuidado familiar o violencia de género— con las basadas en una decisión personal o en la prestación de servicios en otro puesto público.

8.12

Síntesis general

La Dirección General de la Policía articula operación, personal, recursos, apoyo técnico y cooperación internacional. La DAO conduce la actividad operativa mediante cinco comisarías generales; Recursos Humanos y Formación sostiene la carrera profesional; Logística e Innovación proporciona medios y documentación; y el Gabinete Técnico integra asistencia jurídica e institucional.

La organización territorial reproduce las especialidades centrales dentro de una cadena de mando geográfica. Las escalas distribuyen dirección, mando, supervisión y ejecución, mientras los sistemas de acceso permiten ingresar en policía o inspector y progresar hacia las categorías superiores.

El régimen disciplinario protege la legalidad y la responsabilidad mediante faltas, sanciones y procedimientos garantistas. Las situaciones administrativas adaptan la relación de servicio a circunstancias profesionales y personales sin confundir excedencia, suspensión, segunda actividad y pérdida de la condición.

Conceptos que deben diferenciarse

ConceptosDiferencia esencial
Dirección central y mando territorialCriterios comunes de especialidad frente a dirección geográfica de los servicios
INTERPOL, EUROPOL y SIRENECooperación mundial, agencia de la UE y complemento operativo de Schengen
UCO Territorial y UCO ProvincialCoordinación regional de Jefatura Superior frente a coordinación provincial
Investigación tecnológica y seguridad informáticaDelitos contra personas mediante tecnología frente a ciberataques y alta especialización
Escala, categoría y puestoNivel profesional, posición dentro de la escala y destino concreto
Ingreso y promociónAcceso inicial por oposición libre frente a ascenso interno
Falta y sanciónConducta infractora frente a consecuencia jurídica
Suspensión y segunda actividadPrivación temporal de funciones frente a situación profesional específica

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 48 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas se han formulado en pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se reúnen en un único bloque, con todas sus opciones, la respuesta correcta y la referencia que permite estudiarlas. Cuando una pregunta depende de la estructura existente en la fecha del examen, se conserva la respuesta oficial y se advierte de su carácter temporal.

0 de 48 respondidas

  1. Promoción 38, modelo A, pregunta 20.Ley Orgánica 9/2015 y Reglamento de procesos selectivos y formación.

    1. La convocatoria de los procesos selectivos de ingreso y promoción interna de la Policía Nacional corresponde:

  2. Promoción 38, modelo A, pregunta 22.artículo 6 de la Orden INT/859/2023.

    2. ¿En qué unidad se investigan los delitos de corrupción en los negocios relacionados con la predeterminación o alteración de encuentros deportivos?

  3. Promoción 39, modelo A, pregunta 26.normativa sobre uniformidad y distintivos de la Policía Nacional.

    3. La divisa constituida por dos ramas de laurel nervadas y frutadas, unidas por sus troncos, corresponde:

  4. Promoción 39, modelo A, pregunta 76.artículos 13 y 19 de la Ley Orgánica 4/2010.

    4. Según el régimen disciplinario, ¿quién puede incoar un procedimiento por falta leve?

  5. Promoción 39, modelo A, pregunta 79.artículo 3 del Real Decreto 207/2024.

    5. Es responsable de la dirección, impulso y coordinación de las funciones policiales operativas:

  6. Promoción 39, modelo A, pregunta 89.artículo 4 de la Orden INT/859/2023.

    6. Investigar conductas del personal constitutivas de infracción penal o contrarias a la ética profesional corresponde a:

  7. Promoción 39, modelo A, pregunta 100.Reglamento de procesos selectivos y formación de la Policía Nacional.

    7. En promoción interna, el orden de realización de las pruebas comienza por la modalidad de:

  8. Promoción 40, modelo A, pregunta 3.artículo 9.k) de la Ley Orgánica 4/2010.

    8. Realizar juegos en dependencias policiales cuando perjudique el servicio o menoscabe la imagen policial constituye:

  9. Promoción 40, modelo A, pregunta 9.artículo 20.2.a) de la Orden INT/859/2023.

    9. En una Comisaría Provincial que sea sede de Jefatura Superior, ¿qué órgano coordina las operaciones de las unidades territoriales operativas?

  10. Promoción 40, modelo A, pregunta 51.artículo 16 de la Orden INT/859/2023.

    10. La Banda de Música de la Policía Nacional depende de:

  11. Promoción 40, modelo A, pregunta 69.artículo 4 de la Orden INT/859/2023 y artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986.

    11. Una unidad de la Policía Nacional adscrita a una comunidad autónoma depende orgánicamente:

  12. Promoción 40, modelo A, pregunta 79.artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2010.

    12. El sancionado con traslado forzoso no puede obtener nuevo destino en la plantilla de origen durante:

  13. Promoción 40, modelo A, pregunta 90.artículo 34 de la Ley Orgánica 4/2010.

    13. En un expediente por falta grave, el plazo máximo para que el instructor ordene inicialmente las diligencias oportunas es de:

  14. Promoción 40, modelo A, pregunta 97.artículo 7 de la Orden INT/859/2023.

    14. El Interlocutor Policial Nacional Sanitario está adscrito a:

  15. Promoción 41, modelo B, pregunta 5.artículo 9 de la Orden INT/859/2023.

    15. Los informes periciales en materia de falsificación documental corresponden a:

  16. Promoción 41, modelo B, pregunta 19.artículo 3 de la Orden INT/859/2023.

    16. El punto de contacto para el intercambio posterior de perfiles de ADN y datos dactiloscópicos es:

  17. Promoción 41, modelo B, pregunta 20.artículo 7 de la Orden INT/859/2023.

    17. La Oficina Nacional de Deportes depende de:

  18. Promoción 41, modelo B, pregunta 36.artículo 8.k) de la Ley Orgánica 4/2010.

    18. No portar el arma reglamentaria durante el servicio, sin causa ni autorización, constituye:

  19. Promoción 41, modelo B, pregunta 48.artículo 4.2 de la Orden INT/859/2023.

    19. La primera suplencia de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa corresponde a:

  20. Promoción 41, modelo B, pregunta 55.artículo 4 de la Orden INT/859/2023.

    20. La Comisaría Especial del Senado se integra en:

  21. Promoción 41, modelo B, pregunta 57.artículo 16 de la Orden INT/859/2023.

    21. La Oficina de Marca de la Policía Nacional se integra en:

  22. Promoción 41, modelo B, pregunta 89.artículo 11 de la Orden INT/859/2023.

    22. La gestión y apoyo al personal mediante la Oficina del Policía corresponde a:

  23. Promoción 41, modelo B, pregunta 92.artículo 6 de la Orden INT/859/2023.

    23. La Brigada Central de Fraudes Informáticos depende de:

  24. Promoción 41, modelo B, pregunta 97.artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2010.

    24. La sanción de traslado forzoso puede imponerse:

  25. Promoción 42, modelo A, pregunta 12.artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986.

    25. Las unidades policiales adscritas a comunidades autónomas dependen funcionalmente de:

  26. Promoción 42, modelo A, pregunta 18.artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2010.

    26. La sanción de traslado forzoso puede imponerse:

  27. Promoción 42, modelo A, pregunta 22.artículo 7 de la Orden INT/859/2023.

    27. La Jefatura de Unidades de Intervención Policial depende de:

  28. Promoción 42, modelo A, pregunta 23.artículo 9.e) de la Ley Orgánica 4/2010.

    28. La pérdida o sustracción por simple negligencia de distintivos, arma reglamentaria u otros medios constituye:

  29. Promoción 42, modelo A, pregunta 35.artículo 3 de la Orden INT/859/2023.

    29. El Centro de Comunicaciones Internacionales está adscrito a:

  30. Promoción 42, modelo A, pregunta 43.artículo 11 de la Orden INT/859/2023.

    30. El Área de Retribuciones depende de:

  31. Promoción 42, modelo A, pregunta 65.artículo 17 de la Orden INT/859/2023.

    31. La Junta de Gobierno está presidida por:

  32. Promoción 42, modelo A, pregunta 81.artículo 12 de la Orden INT/859/2023.

    32. El Área de Innovación Formativa depende de:

  33. Promoción 42, modelo A, pregunta 83.artículo 4 de la Orden INT/859/2023.

    33. De la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación depende:

  34. Promoción 42, modelo A, pregunta 87.artículo 10 de la Orden INT/859/2023.

    34. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Protección Sociosanitaria se integra en:

  35. Promoción 43, modelo B, pregunta 14.artículo 3.2 de la Orden INT/859/2023.

    35. El Centro de Comunicaciones Internacionales se encuentra adscrito a:

  36. Promoción 43, modelo B, pregunta 17.artículo 7 de la Orden INT/859/2023.

    36. Corresponde a la Brigada Central de Empresas y Personal:

  37. Promoción 43, modelo B, pregunta 27.artículo 20.1 de la Orden INT/859/2023.

    37. En una provincia sede de Jefatura Superior, su titular asume directamente la jefatura de la Comisaría Provincial:

  38. Promoción 43, modelo B, pregunta 38.artículo 11 de la Orden INT/859/2023.

    38. La administración de recursos humanos y la gestión del catálogo de puestos corresponden a:

  39. Promoción 43, modelo B, pregunta 46.artículo 4 de la Orden INT/859/2023.

    39. La explotación, mantenimiento y formación técnica sobre medios aéreos tripulados y no tripulados corresponde a:

  40. Promoción 43, modelo B, pregunta 49.artículo 7 de la Orden INT/859/2023.

    40. La unidad que asiste a la persona titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en la planificación operativa es:

  41. Promoción 43, modelo B, pregunta 52.artículo 7 de la Orden INT/859/2023.

    41. La prevención, mantenimiento y restablecimiento del orden público corresponde a:

  42. Promoción 43, modelo B, pregunta 61.anexo V de la Orden INT/859/2023.

    42. Los puestos fronterizos terrestres del anexo V son:

  43. Promoción 43, modelo B, pregunta 63.artículo 3.2 del Real Decreto 207/2024.

    43. La colaboración con el director general en la gestión de recursos económicos y materiales corresponde a:

  44. Promoción 43, modelo B, pregunta 66.artículo 4 de la Orden INT/859/2023.

    44. De la División de Operaciones y Transformación Digital depende:

  45. Promoción 43, modelo B, pregunta 71.artículo 12 de la Orden INT/859/2023.

    45. El Instituto de Estudios de la Policía depende de:

  46. Promoción 43, modelo B, pregunta 88.información institucional correspondiente a la fecha de la convocatoria. Se trata de un dato histórico sobre la apertura de dependencias, no de una relación orgánica que deba proyectarse automáticamente sobre convocatorias posteriores.

    46. Una de las unidades de documentación inauguradas más recientemente a la fecha de la convocatoria era la de:

  47. Promoción 43, modelo B, pregunta 96.anexo I de la Orden INT/859/2023.

    47. ¿Cuántas Jefaturas Superiores de Policía recoge el anexo I?

  48. Promoción 43, modelo B, pregunta 100.artículo 8 de la Orden INT/859/2023.

    48. La brigada que actúa como punto nacional de la base FADO es:

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¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

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