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Depósito para recurrir: cuándo se exige, cuánto se paga y cuándo se devuelve

El depósito para recurrir es un requisito procesal distinto de las tasas, las costas y las consignaciones especiales. Su importe y devolución dependen del recurso interpuesto.

Publicado el 8 min de lectura

Monedas, calculadora y justificante del depósito necesario para recurrir

El depósito para recurrir es una cantidad fija que debe consignarse para que puedan admitirse determinados recursos judiciales. No depende del valor económico del litigio y no sirve para pagar a la otra parte. Su finalidad es constituir un requisito procesal de acceso al recurso en los casos establecidos por la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Algunas de sus reglas se refieren específicamente a resoluciones del letrado o de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

La cantidad se devuelve si el recurso se estima total o parcialmente. Si se inadmite o se desestima por completo, el depósito se pierde. Un error al constituirlo puede subsanarse, pero el depósito no debe confundirse con otros pagos o consignaciones que tengan una finalidad diferente.

ActuaciónDepósito general
Recurso contra resolución judicial que no pone fin al proceso ni impide continuarlo25 euros
Reposición o revisión contra resolución del LAJ25 euros, con las excepciones legales
Queja30 euros
Apelación, rescisión, casación y restantes recursos incluidos en la regla general de 50 euros50 euros

El depósito no es una tasa ni una condena en costas

Una tasa es un tributo relacionado con la prestación de un servicio público. Las costas reúnen determinados gastos del proceso y pueden imponerse a una parte conforme a la ley. El depósito para recurrir, en cambio, es una cantidad que el propio recurrente consigna como requisito para que se tramite su impugnación.

Tampoco debe confundirse con las consignaciones especiales exigidas para recurrir en algunos procedimientos. En desahucios por falta de pago puede ser necesario acreditar el abono de rentas; en reclamaciones por daños derivados de la circulación, consignar la cantidad de la condena; y en procesos de comunidades de propietarios, satisfacer o consignar determinadas cantidades. Estos requisitos responden al artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y pueden coexistir con el depósito general.

Por tanto, ingresar 50 euros no sustituye una consignación especial, y realizar el pago exigido por la materia tampoco dispensa automáticamente del depósito para recurrir.

En qué órdenes jurisdiccionales se exige

El depósito general se aplica a los recursos escritos que deban tramitarse en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo, con las especialidades y exenciones previstas legalmente. En el orden penal solo se exige a la acusación popular.

La referencia a los recursos escritos es importante. La disposición adicional decimoquinta no impone el depósito cuando el recurso deba formularse oralmente en el acto. Tampoco basta con saber el nombre del recurso: debe comprobarse quién recurre, el orden jurisdiccional, la resolución impugnada y la excepción que pueda resultar aplicable.

El depósito se exige también para la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde y para determinadas impugnaciones extraordinarias. La revisión de sentencia firme en el orden civil queda fuera de este depósito general y conserva el régimen específico previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No debe confundirse esa acción extraordinaria con el recurso de revisión contra decretos del LAJ.

Cuánto debe consignarse

La cuantía general depende del recurso o de la resolución impugnada:

  • 25 euros para recurrir resoluciones judiciales que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación.
  • 25 euros para la reposición o revisión contra resoluciones del letrado o letrada de la Administración de Justicia.
  • 30 euros para el recurso de queja.
  • 50 euros para apelación, rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, casación y los demás recursos incluidos en la correspondiente regla legal.

La cuantía es fija. Una apelación no exige un depósito mayor porque la reclamación sea elevada, ni una reposición cuesta menos porque el asunto tenga escasa cuantía. Lo que determina el importe es la clase de recurso y la regla aplicable.

Excepciones en los recursos contra resoluciones del LAJ

Desde la modificación introducida por la Ley Orgánica 1/2025, quien interpone reposición o revisión contra una resolución del LAJ debe consignar, como regla, 25 euros. Existen dos excepciones relevantes.

No se exige depósito para el recurso de revisión contra el decreto que resuelve una reposición del LAJ. Tampoco debe constituirse para la reposición que la ley imponga como paso previo antes de formular una queja.

Estas excepciones evitan encadenar depósitos para controlar sucesivamente una misma decisión o para cumplir un trámite previo que la propia ley obliga a agotar. Para aplicarlas hay que identificar con precisión qué resolución se recurre y si la reposición anterior era facultativa o legalmente preceptiva.

Quién está exento

El Ministerio Fiscal no debe constituir el depósito. También están exentos el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellas.

Quienes tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita disponen de la exención correspondiente como una de las prestaciones de ese derecho. El orden social contiene, además, reglas propias para trabajadores, beneficiarios de la Seguridad Social y otros sujetos.

La exención debe resultar de la ley o estar debidamente reconocida. No puede presumirse por el solo hecho de que la persona tenga ingresos reducidos. Si la solicitud de justicia gratuita todavía está pendiente, habrá que atender a la designación provisional, a las decisiones adoptadas en el expediente y al plazo procesal en curso.

Cómo se constituye y acredita

El ingreso se realiza en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del órgano judicial. Deben utilizarse los datos del procedimiento y el concepto correspondiente para que la cantidad pueda identificarse y vincularse al recurso.

El recurrente debe acreditar la consignación al presentar el recurso o en el momento previsto por la ley. La resolución notificada debe indicar si se necesita depósito y la forma de constituirlo. Sin embargo, una omisión en esa información no aconseja ignorar el requisito: debe comprobarse la norma aplicable y ponerse de manifiesto la incidencia si afecta al derecho a recurrir.

No conviene utilizar instrucciones bancarias obtenidas de un procedimiento diferente. Las cuentas, códigos y datos identificativos dependen del órgano y del expediente. Lo relevante para el artículo es la regla procesal; la operación concreta debe realizarse con la información facilitada para ese asunto.

Qué ocurre si no se ha constituido correctamente

La falta de depósito impide admitir el recurso, pero la ley permite subsanar el defecto, la omisión o el error. Se concede un plazo de dos días para constituir correctamente la cantidad o aportar el justificante necesario.

La subsanación protege frente a equivocaciones en el ingreso o en su acreditación, pero no autoriza a ignorar el requerimiento. Si el defecto no se corrige dentro del plazo, se dicta la resolución que pone fin al recurso y queda firme la decisión impugnada.

Cuando se trata de reposición contra una resolución del LAJ, la terminación se acuerda mediante decreto, que puede recurrirse en revisión. Esta especialidad debe distinguirse del supuesto en que se revisa el fondo del decreto inicialmente impugnado.

Cuándo se devuelve y cuándo se pierde

Si el recurso se estima total o parcialmente, se devuelve la totalidad del depósito. La ley no reduce la devolución en proporción al porcentaje estimado: basta con que exista una estimación, aunque sea parcial.

Si el órgano inadmite el recurso o confirma la resolución recurrida, el recurrente pierde el depósito. En la reposición contra resoluciones del LAJ, la pérdida se produce en los términos específicos introducidos por la reforma cuando la resolución objeto del recurso alcanza firmeza.

La pérdida del depósito no sustituye una posible condena en costas ni impide otras consecuencias procesales. Son instituciones diferentes y pueden concurrir en un mismo procedimiento.

Tres ejemplos

Una parte recurre en reposición una providencia que no pone fin al proceso. Debe consignar 25 euros, salvo que concurra una exención. El mismo importe se aplica, como regla, si la reposición se dirige contra una diligencia de ordenación del LAJ.

Si un auto deniega la tramitación de la casación y se formula queja, el depósito es de 30 euros. Si la queja prospera, se devuelve; si se inadmite o desestima, se pierde.

Para apelar una sentencia civil, el depósito general es de 50 euros. Si el procedimiento exige además una consignación especial —por ejemplo, por razón de rentas o cantidades debidas—, deberán cumplirse ambos requisitos.

El depósito en Tramitación Procesal

La explicación del tema 24 de Tramitación Procesal sitúa el depósito dentro del sistema de recursos civiles y penales y permite diferenciarlo de las consignaciones especiales. El artículo sobre reposición, revisión y queja desarrolla las impugnaciones en las que aparecen varios de estos importes.

La exención vinculada a la justicia gratuita debe comprobarse dentro del alcance concreto reconocido a la persona beneficiaria.

Fuente normativa

El régimen general se encuentra en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Las consignaciones especiales de determinados procesos civiles se regulan en el artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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