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MASC: cuándo es obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar

Los MASC exigen intentar una negociación antes de presentar determinadas demandas civiles o mercantiles. No obligan a alcanzar un acuerdo, pero sí a acreditar el intento.

Publicado el 9 min de lectura

Mesa preparada para una negociación previa a la demanda

En numerosos conflictos civiles y mercantiles ya no basta con redactar la demanda y presentarla ante el tribunal. Antes debe haberse intentado una negociación mediante alguno de los medios adecuados de solución de controversias, conocidos como MASC, y debe poder acreditarse ese intento.

La obligación no consiste en alcanzar un acuerdo ni en renunciar a la tutela judicial. Consiste en abrir una oportunidad real de negociación antes del proceso cuando la Ley Orgánica 1/2025 lo exige. Si el conflicto no se resuelve, la vía judicial continúa disponible; pero la demanda deberá demostrar que se cumplió el requisito previo.

PreguntaRegla general
¿En qué materias se aplican?En controversias civiles y mercantiles sobre derechos disponibles
¿Es obligatorio llegar a un acuerdo?No, basta un intento real y acreditable
¿Existe una única modalidad?No, pueden utilizarse diferentes formas de negociación
¿Todo lo negociado llega al juicio?No, el contenido es confidencial con excepciones tasadas
¿Siempre son obligatorios?No, existen materias y actuaciones excluidas

Qué es un MASC

Un MASC es una actividad negociadora a la que las partes acuden de buena fe para intentar solucionar un conflicto fuera del proceso judicial. Pueden negociar directamente, mediante sus abogados o con la intervención de una persona neutral. La denominación engloba mecanismos diferentes, pero todos comparten una finalidad: comprobar si el desacuerdo puede resolverse sin que un tribunal dicte sentencia.

La negociación previa no sustituye a la jurisdicción. Si no existe acuerdo o solo se resuelve una parte, el órgano judicial conserva su función. El MASC actúa como fase previa en los supuestos previstos legalmente, no como un sistema privado que aparte las garantías del proceso.

Tampoco debe identificarse cualquier conversación informal con un intento suficiente. La negociación debe referirse al objeto del futuro litigio, realizarse de buena fe y quedar documentada de manera que pueda acreditarse ante el tribunal sin revelar indebidamente su contenido confidencial.

El requisito se concentra en los asuntos civiles y mercantiles

La regulación general se aplica a controversias civiles y mercantiles, incluidos determinados conflictos transfronterizos. Las partes solo pueden negociar válidamente sobre derechos e intereses de los que puedan disponer. Cuando la ley exige control judicial o protege intereses que no pueden quedar a la libre decisión de los afectados, el acuerdo privado no resulta suficiente.

Quedan fuera del régimen general de la Ley Orgánica 1/2025 las materias laboral, penal y concursal. También se excluyen los asuntos en los que interviene una entidad del sector público. Estos ámbitos cuentan con procedimientos o mecanismos propios.

Intentar negociar no significa estar obligado a aceptar

El requisito de procedibilidad obliga a intentar una solución, no a conseguirla. Ninguna parte tiene que aceptar una propuesta perjudicial para poder acudir después al tribunal. También puede ocurrir que la persona requerida no responda, rechace participar o abandone la negociación. Estas situaciones pueden permitir tener por cumplido el intento si se documentan conforme a la ley.

Debe existir correspondencia entre lo negociado y lo que después se plantea judicialmente. No es necesario que la futura demanda reproduzca literalmente cada propuesta, pero no puede utilizarse una negociación sobre un asunto como puerta de entrada para demandar por otro completamente distinto.

Por ejemplo, si dos empresas discrepan sobre el pago de una factura y negocian únicamente esa deuda, el intento puede servir para una posterior reclamación relacionada con ella. No serviría, sin más, para introducir en la demanda otro contrato ajeno a la negociación.

Cuándo no es obligatorio acudir a un MASC

La ley contiene excepciones para actuaciones urgentes, derechos indisponibles o procedimientos cuya naturaleza hace inadecuada la negociación previa. Entre otros supuestos, no se exige MASC para la tutela civil de derechos fundamentales; determinadas medidas relativas a menores; medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad; filiación, paternidad y maternidad; algunas tutelas sumarias de la posesión; actuaciones frente a situaciones de ruina; y procedimientos específicos de protección o restitución de menores.

El juicio cambiario también está excluido por la fuerza del título y la estructura particular del procedimiento. La excepción no se extiende automáticamente al monitorio: su petición queda sometida a la regla general cuando el conflicto entra en el ámbito del requisito y no concurre otra excepción.

Tampoco se exige para presentar una demanda ejecutiva, solicitar medidas cautelares antes de la demanda o pedir diligencias preliminares. La exención se extiende a la jurisdicción voluntaria, salvo determinados expedientes sobre desacuerdos conyugales, administración de bienes gananciales o ejercicio de la patria potestad. También están excluidos el requerimiento europeo de pago y el proceso europeo de escasa cuantía.

Qué medios pueden utilizarse

La ley no obliga a escoger una única vía. El requisito puede cumplirse mediante diferentes modalidades:

  • Negociación directa: las partes intercambian propuestas sin una persona neutral.
  • Negociación mediante abogados: los profesionales conducen las conversaciones siguiendo las instrucciones de sus clientes.
  • Mediación: una persona mediadora facilita la comunicación, pero no impone la solución.
  • Conciliación: la persona conciliadora organiza la negociación y puede formular propuestas dentro de su función.
  • Oferta vinculante confidencial: una parte presenta una propuesta que la obligará si la otra la acepta en los términos legales.
  • Opinión de una persona experta independiente: un especialista emite una valoración no vinculante que puede acercar las posiciones.
  • Derecho colaborativo: las partes negocian asistidas por profesionales comprometidos con el proceso colaborativo y con sus reglas específicas.

La elección depende del conflicto. Una discrepancia técnica puede beneficiarse de una opinión experta; una relación que debe continuar, de la mediación; y una reclamación delimitada, de la negociación directa o una oferta vinculante.

Cómo se acredita que se intentó negociar

La demanda debe acompañarse de la documentación exigida para demostrar la actividad negociadora cuando esta sea obligatoria. Si no intervino una tercera persona neutral, puede utilizarse un documento firmado por las partes que identifique a los participantes, las fechas, el objeto y las reuniones celebradas.

Cuando no existe un documento conjunto porque la otra parte no respondió o rechazó participar, debe acreditarse la recepción de la solicitud, su objeto y la posibilidad de acceder al contenido. No basta con afirmar que se intentó contactar.

Si intervino una persona neutral, será esta quien expida el documento correspondiente. Debe identificar a las partes, el objeto de la controversia, las reuniones y el resultado. Si una parte no compareció o rehusó intervenir, también debe dejarse constancia de ello y de la forma en que fue convocada.

Esta acreditación no exige revelar todas las propuestas. Su función es demostrar que la negociación existió o fue intentada, no trasladar al tribunal el contenido reservado de las conversaciones.

La confidencialidad protege el espacio de negociación

Como regla general, las conversaciones, propuestas y documentos elaborados durante el MASC son confidenciales. Las partes deben poder explorar soluciones sin que una concesión realizada para negociar se convierta después en una admisión utilizada en su contra.

La confidencialidad alcanza a las partes, sus abogados y la persona neutral. La ley admite excepciones concretas, como el consentimiento escrito de todos, determinadas cuestiones relacionadas con las costas, una petición motivada de un juez penal o razones de orden público vinculadas, por ejemplo, a la protección de menores o a la prevención de daños a una persona.

Debe distinguirse, por tanto, entre dos clases de información. Puede acreditarse que hubo una negociación, cuál era su objeto y si terminó sin acuerdo. No puede aportarse libremente todo lo dicho o propuesto durante ella.

Qué ocurre cuando la otra parte no responde

La falta de respuesta no impide indefinidamente acudir al tribunal. El intento puede considerarse terminado cuando transcurren treinta días naturales desde la recepción de la solicitud sin primera reunión ni respuesta escrita; cuando una propuesta concreta permanece treinta días sin contestación; cuando pasan tres meses desde la primera reunión sin acuerdo; o cuando una parte comunica por escrito que da por terminada la negociación.

Estas reglas evitan que el requisito previo se convierta en una espera ilimitada. La solicitud también puede interrumpir la prescripción o suspender la caducidad en los términos legales. Terminada la negociación, la regla general exige presentar la demanda antes de que transcurra un año para que el intento conserve eficacia como requisito de procedibilidad, sin perjuicio de que la acción tenga un plazo material más breve. Si durante la negociación se acordaron medidas cautelares, la ley establece un plazo específico de veinte días para presentar la demanda ante el tribunal competente.

Si hay acuerdo, el proceso puede dejar de ser necesario

El acuerdo puede resolver todo el conflicto o solo una parte. Debe identificar a quienes intervienen, las obligaciones asumidas, la fecha y las circunstancias esenciales de la negociación. Una vez perfeccionado, vincula a las partes y no puede ignorarse presentando una demanda con el mismo objeto.

No todo acuerdo privado permite iniciar directamente una ejecución. Para adquirir fuerza ejecutiva puede ser necesario elevarlo a escritura pública, obtener homologación judicial o utilizar la forma prevista para la modalidad empleada. Si el acuerdo es parcial, el proceso posterior puede limitarse a lo que siga controvertido.

Un ejemplo permite ordenar el recorrido

Una empresa reclama a otra el precio de unos servicios. Antes de demandar comprueba que se trata de una controversia mercantil disponible y que no concurre una excepción. Remite una invitación que identifica la factura y propone negociar. La destinataria recibe la comunicación, ambas partes intercambian propuestas y no alcanzan un acuerdo.

El documento final acredita quién participó, qué deuda se discutió, las fechas y la terminación sin acuerdo, pero no reproduce las ofertas confidenciales. Con esa acreditación puede presentarse la demanda por la misma controversia. Si durante la negociación hubieran acordado pagar una parte y discutir únicamente el resto, el litigio posterior debería respetar ese acuerdo parcial.

El ejemplo muestra las preguntas que deben resolverse por orden: ámbito, obligatoriedad, modalidad, acreditación, resultado y eventual demanda.

Los MASC en Tramitación Procesal

La explicación del tema 16 de Tramitación Procesal desarrolla todas las modalidades, excepciones y efectos procesales antes de estudiar el juicio ordinario y el verbal. La conciliación y los expedientes no contenciosos se completan en el tema 19.

La relación con las reclamaciones de deuda puede verse en el artículo sobre el proceso monitorio. El MASC responde a la actividad previa; el monitorio es ya un procedimiento judicial con sus propios presupuestos y resultados.

Fuentes normativas

El régimen general se encuentra en el Título II de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. El Servicio Público de Justicia ofrece información institucional sobre los supuestos en los que debe intentarse un MASC antes de presentar la demanda.

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