Guía de QuizOpo
Proceso monitorio: qué ocurre si el deudor paga, se opone o no contesta
El requerimiento de pago abre tres posibles salidas en el proceso monitorio: pago, falta de respuesta u oposición. Cada conducta produce una consecuencia procesal distinta.

El proceso monitorio permite reclamar judicialmente una deuda dineraria documentada. Su momento decisivo llega cuando el órgano judicial requiere de pago al deudor: desde la recepción dispone de veinte días, computados conforme a las reglas procesales, para pagar o formular oposición. Si no hace ninguna de las dos cosas, el acreedor puede solicitar la ejecución.
Las tres respuestas conducen a resultados diferentes:
| Actuación del deudor | Consecuencia principal |
|---|---|
| Paga y lo acredita | Se archiva el proceso monitorio |
| No paga ni se opone | Termina el monitorio y el acreedor puede instar la ejecución |
| Formula oposición | La controversia continúa por el juicio verbal u ordinario que corresponda |
El monitorio no termina siempre en un juicio declarativo y tampoco permite embargar automáticamente desde que se presenta la petición. Antes del requerimiento deben cumplirse unos requisitos; después, la conducta del deudor determina cómo continúa la reclamación.
Qué deudas pueden reclamarse mediante un monitorio
El proceso monitorio está previsto para reclamar una deuda dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible, cualquiera que sea su importe. Debe tratarse de una cantidad de dinero concreta cuyo pago ya pueda reclamarse.
La deuda tiene que acreditarse inicialmente mediante alguno de los documentos admitidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pueden aportarse documentos firmados o identificados por el deudor, facturas, albaranes, certificaciones u otros que se utilicen habitualmente para documentar créditos y deudas. Las comunidades de propietarios cuentan además con reglas específicas para reclamar cuotas y gastos comunes.
El acreedor debe identificar el origen de la deuda, concretar su cuantía y aportar un principio documental que justifique la reclamación.
La negociación previa al proceso
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la regla general en los procesos civiles es que las partes hayan intentado previamente una solución negociada mediante alguno de los medios adecuados de solución de controversias admitidos legalmente. Este requisito alcanza al proceso monitorio nacional, salvo que concurra alguna excepción legal.
La negociación no obliga a alcanzar un acuerdo. Lo necesario es acreditar el intento previo y la identidad entre su objeto y el de la posterior reclamación. Puede realizarse directamente o mediante alguno de los mecanismos admitidos por la ley.
No debe confundirse con el requerimiento judicial de pago. La negociación tiene lugar antes de iniciar el proceso; el requerimiento se practica una vez admitida la petición. El monitorio europeo cuenta con un régimen diferente y está expresamente exceptuado de este requisito previo.
La petición inicial no exige abogado ni procurador
El procedimiento comienza mediante una petición en la que se identifican acreedor y deudor, sus domicilios y el origen y cuantía de la deuda. Deben acompañarse los documentos en los que se apoya la reclamación.
Para presentar la petición inicial no es obligatoria la intervención de abogado ni procurador, con independencia de la cantidad reclamada. Pueden resultar necesarios más adelante, especialmente si el deudor se opone o si debe iniciarse la ejecución, de acuerdo con las reglas de postulación aplicables a la cuantía y al procedimiento correspondiente.
Como regla general, es competente el órgano de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. Su localización resulta especialmente importante porque debe recibir el requerimiento en la forma prevista legalmente.
Qué se comprueba antes de requerir el pago
La presentación de la petición no provoca automáticamente el requerimiento. El LAJ examina si la solicitud y los documentos constituyen un principio de prueba de la deuda. Si se cumplen los requisitos, requiere al deudor para que pague o comparezca y explique de manera fundada y motivada por qué se opone.
Si la cantidad reclamada no parece correcta, el juez puede proponer al acreedor un requerimiento por una suma inferior. En los contratos con consumidores también debe controlarse si alguna cláusula que sustenta la deuda puede ser abusiva.
Si no se consigue localizar al deudor o se comprueba que reside en otro partido judicial, el monitorio puede terminar para que se presente una nueva reclamación ante el órgano territorialmente competente. La notificación por edictos no es la solución general para continuar sin localizarlo, salvo la especialidad prevista para determinadas deudas de comunidades de propietarios.
El requerimiento abre un plazo de veinte días
Una vez practicado válidamente el requerimiento, el deudor dispone de veinte días para pagar o para comparecer y explicar por qué considera que no debe total o parcialmente la cantidad reclamada. Las advertencias de la comunicación exponen las consecuencias de cada opción.
Si el deudor paga, el monitorio se archiva
Cuando el deudor atiende el requerimiento y acredita el pago, el LAJ acuerda el archivo de las actuaciones. El proceso habrá cumplido su finalidad sin necesidad de abrir una ejecución ni de celebrar un juicio declarativo.
El archivo exige que el pago quede acreditado en el procedimiento. No basta con ignorar el requerimiento porque se considere que la deuda ya se abonó: si existe discrepancia sobre el pago, debe ponerse de manifiesto por el cauce correspondiente.
Si no paga ni se opone, puede abrirse la ejecución
Si transcurren los veinte días sin pago ni oposición, el LAJ dicta decreto dando por terminado el monitorio y traslada la decisión al acreedor para que solicite el despacho de ejecución. Para hacerlo basta una solicitud y no es necesario esperar el plazo general previsto para ejecutar otras resoluciones.
La falta de respuesta no provoca por sí sola un embargo el mismo día en que vence el requerimiento. El acreedor debe instar la ejecución y el órgano judicial debe despacharla. A partir de ese momento pueden adoptarse las actuaciones ejecutivas necesarias para obtener el pago con cargo al patrimonio del deudor.
Despachada la ejecución, la oposición queda limitada a sus motivos propios. Acreedor y deudor tampoco pueden iniciar después otro proceso ordinario para discutir la misma cantidad.
Si se opone, la deuda deberá discutirse en un juicio
El deudor puede presentar dentro del plazo un escrito en el que exponga de forma fundada y motivada por qué considera que no debe total o parcialmente la cantidad reclamada. Si la cantidad reclamada supera los 2.000 euros, la oposición debe presentarse con abogado y procurador; por debajo de ese límite su intervención no es preceptiva.
La oposición convierte la reclamación en un conflicto que debe resolverse después de escuchar a ambas partes. El cauce depende de la materia y de la cuantía.
Cuando la pretensión no supera el límite del juicio verbal —actualmente, 15.000 euros—, el LAJ da por terminado el monitorio y acuerda continuar por los trámites del verbal. El acreedor dispone de diez días para impugnar la oposición y, después, ambas partes pueden proponer la prueba que consideren necesaria.
Si la cantidad excede de ese límite y corresponde el juicio ordinario, el acreedor dispone de un mes desde el traslado de la oposición para presentar la demanda. Si no lo hace, se sobreseen las actuaciones y puede ser condenado al pago de las costas causadas. Presentada la demanda, el procedimiento continúa conforme a las reglas del ordinario.
Las reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario de una finca urbana siguen una especialidad: cuando existe oposición, se resuelven mediante juicio verbal cualquiera que sea la cuantía.
La oposición puede limitarse a una parte de la deuda
El deudor no tiene que aceptar o negar necesariamente toda la reclamación. Puede reconocer una parte y discutir el exceso, pero debe concretar qué cantidad considera debida y explicar por qué rechaza el resto.
Cuando la oposición se basa en que se ha reclamado más de lo debido, la cantidad reconocida puede recibir el tratamiento previsto para el allanamiento parcial y continuar hacia su satisfacción, mientras el juicio posterior resuelve la parte discutida. La oposición parcial no convierte en controvertida una suma que el propio deudor acepta.
Monitorio y juicio cambiario no son lo mismo
Ambos procedimientos permiten reclamar deudas, pero parten de documentos distintos. El monitorio admite los previstos en la LEC para justificar una deuda dineraria; el juicio cambiario exige una letra de cambio, un cheque o un pagaré que cumpla la legislación cambiaria.
En el cambiario, si el título es formalmente correcto, se requiere al deudor para que pague en diez días y se acuerda al mismo tiempo el embargo preventivo de bienes. En el monitorio no existe con carácter general ese embargo inicial: si el deudor permanece inactivo, primero termina el monitorio y después debe solicitarse la ejecución.
La oposición también sigue trámites distintos. El documento en el que se basa el crédito determina qué cauce puede utilizarse.
El requerimiento decide la salida del proceso
El funcionamiento del monitorio puede resumirse en una secuencia:
1. El acreedor presenta una petición respaldada por documentos. 2. El órgano judicial comprueba sus requisitos. 3. El deudor recibe un requerimiento de pago. 4. Si paga, se archiva; si no responde, puede abrirse la ejecución; y si se opone, la controversia continúa por el juicio correspondiente.
La diferencia entre este requerimiento y una notificación, citación o emplazamiento está en que no se limita a informar, convocar o conceder un plazo: exige al deudor que pague o adopte una posición frente a la reclamación.
Este artículo ofrece una explicación general del procedimiento. La respuesta adecuada ante un requerimiento concreto depende de la documentación, la cuantía, los plazos y las circunstancias de la deuda, por lo que su contenido no sustituye el asesoramiento jurídico individual.
El proceso monitorio en las oposiciones de Justicia
La explicación del tema 18 de Tramitación Procesal desarrolla el monitorio, el requerimiento de pago y el juicio cambiario. En Auxilio Judicial, la materia forma parte de la explicación del tema 16.
También puede consultarse la explicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y practicar con el test de la LEC. Las fichas de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial sitúan esta materia dentro del programa completo de cada oposición.
Fuentes normativas
El procedimiento se ha contrastado con los artículos 812 a 818 del texto consolidado de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El requisito general de negociación previa se regula en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ambos enlaces remiten a las versiones publicadas por el BOE.
Sigue leyendo
Otros artículos que te pueden interesar

Tribunales de Instancia: qué son y qué ha cambiado respecto a los juzgados
Los Tribunales de Instancia reorganizan los antiguos juzgados de cada partido judicial en una estructura común dividida en secciones, sin crear un nuevo grado de recurso.
Leer el artículo
Qué bienes pueden embargarse y cuáles son inembargables
El embargo debe recaer sobre bienes del ejecutado, ser proporcionado y respetar las protecciones legales. No todos los bienes ni todos los ingresos pueden embargarse.
Leer el artículo
MASC: cuándo es obligatorio intentar un acuerdo antes de demandar
Los MASC exigen intentar una negociación antes de presentar determinadas demandas civiles o mercantiles. No obligan a alcanzar un acuerdo, pero sí a acreditar el intento.
Leer el artículo