Bloque 1 · Organización del Estado y de la Administración Pública

Explicación del Tema 1 de Gestión de la Administración Civil del Estado

La Constitución española de 1978: estructura, contenido y reforma

11 apartados30 min de lectura

1.1

La Constitución como norma suprema

La Constitución es la norma que establece los fundamentos de la convivencia política y jurídica. Determina qué tipo de Estado es España, de dónde procede el poder público, qué derechos deben respetarse y qué órganos pueden adoptar las principales decisiones. Al mismo tiempo, fija las reglas básicas de producción del resto del ordenamiento. Una ley, un reglamento o una actuación administrativa no pueden entenderse de manera aislada: su validez depende de que respeten la Constitución.

Esta función permite hablar de una doble dimensión. En su dimensión política, la Constitución organiza el poder, distribuye funciones y reconoce los principios que legitiman la actuación de las instituciones. En su dimensión jurídica, contiene normas directamente vinculantes y sirve como parámetro para controlar las restantes disposiciones y actuaciones públicas. No es una declaración de intenciones ni un programa sin fuerza obligatoria.

El artículo 9.1 expresa esa fuerza normativa al disponer que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La sujeción alcanza al legislador, al Gobierno, a la Administración, a los jueces y al resto de las instituciones. Cada uno debe actuar dentro de sus competencias y mediante los procedimientos establecidos.

La supremacía constitucional produce varias consecuencias. Las normas inferiores deben interpretarse de acuerdo con la Constitución; el legislador no puede desconocer los derechos y límites constitucionales; y existen mecanismos para reaccionar frente a las leyes y disposiciones que la contradigan. El Tribunal Constitucional desempeña una función central en esa garantía, aunque su organización y procedimientos se estudian en otro tema.

Las características habitualmente atribuidas a la Constitución describen aspectos distintos de su forma, su eficacia y su origen:

PlanoCaracterísticaSignificado
FormalEscritaSus normas se recogen en un texto aprobado formalmente como Constitución.
FormalCodificadaSu contenido principal se ordena de manera sistemática en un único cuerpo constitucional.
JurídicoNormativaSus preceptos vinculan jurídicamente y no constituyen una declaración política sin fuerza obligatoria.
JurídicoSupremaLas restantes normas deben respetarla y su validez puede controlarse tomando la Constitución como parámetro.
JurídicoRígidaSu modificación exige los procedimientos especiales del título X y no puede realizarse mediante una ley ordinaria.
HistóricoDemocráticaFue aprobada por unas Cortes elegidas por sufragio universal y ratificada por el cuerpo electoral.
HistóricoConsensuadaSu elaboración respondió a un amplio acuerdo entre fuerzas políticas diferentes durante el proceso constituyente.

También es una Constitución relativamente extensa, porque regula con cierto detalle los derechos, las instituciones y la organización territorial. Estas características están conectadas: su carácter normativo significa que obliga; su supremacía impide que otra norma la contradiga; y su rigidez evita que pueda modificarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

1.2

Elaboración, aprobación y entrada en vigor

La Constitución de 1978 nació de un proceso constituyente desarrollado tras las elecciones generales de 15 de junio de 1977. Las nuevas Cortes elaboraron el texto a partir de una ponencia constituida en el Congreso de los Diputados. Después de la tramitación en ambas Cámaras y de la intervención de una comisión mixta para resolver las diferencias, el texto definitivo fue sometido a aprobación parlamentaria y a referéndum.

El proceso culminó en cuatro fechas que deben distinguirse:

ActuaciónFechaSignificado
Aprobación por las Cortes Generales31 de octubre de 1978Congreso y Senado aprobaron el texto constitucional.
Ratificación en referéndum6 de diciembre de 1978El cuerpo electoral confirmó el texto aprobado por las Cortes.
Sanción y promulgación por el Rey27 de diciembre de 1978El Rey formalizó la Constitución ante las Cortes.
Publicación y entrada en vigor29 de diciembre de 1978El texto se publicó en el BOE y entró en vigor ese mismo día.

Estas actuaciones no son intercambiables. Las Cortes aprobaron el proyecto, el pueblo español lo ratificó, el Rey lo sancionó y promulgó, y la publicación oficial permitió su entrada en vigor. La disposición final establece expresamente que la Constitución entra en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.

El preámbulo refleja esta secuencia al declarar que las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la Constitución. La sanción real aparece en la fórmula de promulgación que precede al texto articulado.

1.3

Estructura formal de la Constitución

La estructura formal muestra cómo se distribuye el contenido constitucional. La Constitución se compone de:

  • Un preámbulo.
  • Un título preliminar, integrado por los artículos 1 a 9.
  • Diez títulos numerados, que comprenden los artículos 10 a 169.
  • Cuatro disposiciones adicionales.
  • Nueve disposiciones transitorias.
  • Una disposición derogatoria.
  • Una disposición final.

El texto contiene, por tanto, 169 artículos. El título preliminar no se cuenta como título I: precede a los diez títulos numerados y posee contenido propio. Esta precisión evita uno de los errores más frecuentes al estudiar la estructura.

El preámbulo

El preámbulo expone las finalidades que inspiran la Constitución. Proclama la voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones; y promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Añade los objetivos de establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

No está dividido en artículos ni contiene por sí solo reglas equivalentes a las del texto articulado. Sin embargo, tiene valor interpretativo: ayuda a comprender los fines perseguidos por la Constitución y el sentido general de sus disposiciones. No debe confundirse su relevancia interpretativa con la posibilidad de extraer de él, aisladamente, obligaciones o derechos que no encuentren apoyo en los preceptos constitucionales.

Los títulos constitucionales

ParteArtículosContenido principal
Título preliminar1 a 9Principios fundamentales del Estado y del ordenamiento.
Título I10 a 55Derechos y deberes fundamentales.
Título II56 a 65La Corona.
Título III66 a 96Las Cortes Generales.
Título IV97 a 107El Gobierno y la Administración.
Título V108 a 116Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Título VI117 a 127El Poder Judicial.
Título VII128 a 136Economía y Hacienda.
Título VIII137 a 158Organización territorial del Estado.
Título IX159 a 165El Tribunal Constitucional.
Título X166 a 169Reforma constitucional.

La ordenación responde a una lógica. Después de fijar los principios generales, la Constitución reconoce los derechos y deberes y regula la Jefatura del Estado. A continuación organiza los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y sus relaciones. Finalmente aborda la economía, la organización territorial, el control de constitucionalidad y el procedimiento para modificar el propio texto.

Las disposiciones

Las disposiciones que siguen al articulado forman parte de la Constitución y poseen valor normativo. Las adicionales atienden a cuestiones específicas que completan el régimen constitucional, entre ellas la protección de los derechos históricos de los territorios forales. Las transitorias ordenaron el paso desde la situación existente al nuevo sistema constitucional, especialmente en materia territorial y de constitución de comunidades autónomas.

La disposición derogatoria dejó sin vigencia las Leyes Fundamentales del régimen anterior y cuantas disposiciones se opusieran a la Constitución. La disposición final regula la entrada en vigor y ordena su publicación también en las demás lenguas de España.

Las disposiciones transitorias se vinculan históricamente al establecimiento del nuevo orden constitucional, pero no pueden considerarse inexistentes por el simple paso del tiempo. Su aplicación debe examinarse según su objeto y según se hayan agotado o no los efectos jurídicos para los que fueron aprobadas.

1.4

Estructura material: parte dogmática y parte orgánica

Junto a la distribución formal, la doctrina distingue una parte dogmática y una parte orgánica. Estas denominaciones no aparecen en la Constitución, sino que explican la función predominante de sus preceptos. La parte dogmática reúne los principios, valores, derechos y deberes y se sitúa principalmente en el título preliminar y el título I. La parte orgánica comprende los títulos II a X y regula las instituciones, sus competencias, los controles y la propia reforma constitucional.

La frontera no es absoluta. Los principios del título preliminar condicionan la organización institucional, y la regulación de los poderes públicos contiene garantías relacionadas con los derechos. La distinción sirve para comprender las dos funciones inseparables de la Constitución: definir y limitar el poder y, al mismo tiempo, crear los órganos encargados de ejercerlo.

1.5

El contenido del título preliminar

El título preliminar contiene los artículos 1 a 9. En pocos preceptos concentra las decisiones fundamentales sobre la forma del Estado, la soberanía, la organización territorial, los símbolos y los principales sujetos de la vida política y social.

El Estado social y democrático de Derecho

El artículo 1.1 dispone que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho y proclama como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La expresión Estado de Derecho significa que el poder está sometido a normas y controles. Ninguna autoridad puede actuar al margen de las competencias y procedimientos que el ordenamiento establece. La ley también se encuentra sometida a la Constitución y debe respetar los derechos que esta garantiza.

El carácter democrático sitúa el origen de la legitimidad política en la voluntad de la ciudadanía y se proyecta sobre las elecciones, el pluralismo, la participación y el funcionamiento representativo de las instituciones. El carácter social exige que los poderes públicos no se limiten a proteger una libertad puramente formal, sino que intervengan para favorecer condiciones de vida dignas y hacer reales la libertad y la igualdad.

Los valores superiores orientan la creación y la interpretación del Derecho. No constituyen una lista decorativa: expresan los fines que debe respetar el conjunto del ordenamiento. El pluralismo político permite la convivencia de opciones distintas dentro del marco constitucional; la libertad protege la autonomía personal y colectiva; la igualdad impide discriminaciones y exige remover obstáculos reales; y la justicia orienta el ordenamiento hacia soluciones conformes con los derechos y la dignidad.

El artículo 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Las instituciones no poseen un poder originario independiente: ejercen las funciones que la Constitución les atribuye y obtienen su legitimidad del orden constitucional democrático.

El artículo 1.3 declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. La Corona ejerce las funciones constitucionales de la Jefatura del Estado, mientras que la dirección política corresponde al Gobierno, responsable ante el Congreso de los Diputados. La expresión no identifica una forma territorial —que se regula principalmente en el título VIII—, sino la forma de la Jefatura del Estado dentro de un sistema parlamentario.

Unidad, autonomía y solidaridad

El artículo 2 fundamenta la Constitución en la indisoluble unidad de la Nación española, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y proclama la solidaridad entre todas ellas.

Los tres elementos deben interpretarse conjuntamente. La autonomía no equivale a soberanía ni permite actuar fuera de la Constitución; representa la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus intereses y ejercer las competencias asumidas en sus estatutos. La unidad no elimina la diversidad territorial. La solidaridad exige que el ejercicio de la autonomía se integre en un marco de cooperación y equilibrio entre territorios.

Lenguas, bandera y capital

El artículo 3 declara el castellano lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas conforme a sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas constituye un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección.

El deber constitucional de conocimiento se refiere al castellano. La cooficialidad de otras lenguas depende del estatuto correspondiente y despliega sus efectos en el territorio de la comunidad autónoma. La Constitución combina así una lengua oficial común con la protección del pluralismo lingüístico.

El artículo 4 dispone que la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, y que la franja amarilla tiene doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, que deben utilizarse junto a la bandera española en sus edificios públicos y actos oficiales. El artículo 5 fija la capital del Estado en la villa de Madrid.

Partidos, sindicatos y asociaciones empresariales

El artículo 6 reconoce a los partidos políticos como expresión del pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política. Su creación y actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.

El artículo 7 atribuye a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. También exige libertad dentro del marco constitucional y legal y organización y funcionamiento democráticos.

Partidos, sindicatos y asociaciones empresariales no son órganos del Estado. Son organizaciones sociales de relevancia constitucional porque canalizan el pluralismo, la participación y la defensa colectiva de intereses. La Constitución protege su libertad, pero les exige respeto al orden constitucional y democracia interna.

Las Fuerzas Armadas

El artículo 8 atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Conforme a la denominación que conserva el texto constitucional, están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Una ley orgánica regula las bases de la organización militar de acuerdo con los principios constitucionales.

La mención constitucional de sus misiones no convierte a las Fuerzas Armadas en un poder político autónomo. Se integran en el orden constitucional y actúan bajo la dirección del Gobierno, al que el artículo 97 atribuye la dirección de la política de defensa y de la Administración militar.

Los artículos 3 a 8 pueden fijarse mediante la relación entre cada precepto y su materia principal:

ArtículoMateriaDato constitucional esencial
3LenguasOficialidad del castellano, cooficialidad estatutaria de las demás lenguas y protección de la riqueza lingüística.
4BanderasTres franjas roja, amarilla y roja; la amarilla tiene doble anchura. Las enseñas autonómicas se utilizan junto a la española.
5CapitalLa capital del Estado es la villa de Madrid.
6Partidos políticosExpresan el pluralismo, forman la voluntad popular y canalizan la participación; su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.
7Sindicatos y asociaciones empresarialesDefienden y promueven sus intereses económicos y sociales; su estructura y funcionamiento deben ser democráticos.
8Fuerzas ArmadasGarantizan la soberanía e independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

La sujeción al ordenamiento y las garantías del artículo 9

El artículo 9.1 somete a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento. El apartado 2 impone a los poderes públicos una función activa: promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, remover los obstáculos que dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social.

El artículo 9.2 conecta el Estado social con la igualdad material. No basta con que la norma proclame una igualdad abstracta si determinados obstáculos impiden ejercerla en la práctica. La Constitución legitima y exige medidas públicas destinadas a corregir esas barreras, siempre dentro del marco constitucional.

El artículo 9.3 garantiza una serie de principios que proporcionan estabilidad y control al ordenamiento:

  • Legalidad: la actuación pública debe apoyarse en el Derecho y respetar las normas aplicables.
  • Jerarquía normativa: una disposición inferior no puede contradecir otra de rango superior.
  • Publicidad de las normas: las normas deben publicarse oficialmente para que puedan ser conocidas y exigidas.
  • Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: una regulación posterior desfavorable no puede proyectarse sobre situaciones anteriores en los términos prohibidos por la Constitución.
  • Seguridad jurídica: el ordenamiento debe ofrecer un marco suficientemente cierto, estable y previsible.
  • Responsabilidad de los poderes públicos: las consecuencias de su actuación no quedan al margen de los mecanismos de control y reparación previstos por el Derecho.
  • Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: las decisiones públicas no pueden responder al mero capricho; deben estar justificadas y respetar el ordenamiento.

El precepto también garantiza expresamente la legalidad, pero no enumera la buena fe, la equidad o la eficacia. Estos conceptos pueden tener relevancia jurídica en otros ámbitos, pero no forman parte de la relación literal del artículo 9.3. En las preguntas tipo test, resulta esencial reconocer la enumeración exacta.

Preguntado en convocatorias oficiales

Los apartados del artículo 9 cumplen funciones diferentes. El artículo 9.1 establece la sujeción a la Constitución y al ordenamiento; el 9.2 exige promover una libertad y una igualdad reales y efectivas; y el 9.3 garantiza los principios que ordenan y limitan la producción y la actuación jurídicas.

1.6

La estructura del título I y la función de los restantes títulos

El título I desarrolla los derechos y deberes fundamentales y comprende los artículos 10 a 55. Conocer su estructura resulta necesario en este tema aunque su contenido se estudie de manera específica en el tema siguiente. La ubicación de cada precepto permite identificar la clase de derecho o mandato constitucional y explica qué materias quedan protegidas por el procedimiento agravado de reforma.

Parte del título IArtículosContenido
Artículo inicial10Dignidad de la persona e interpretación de los derechos fundamentales.
Capítulo I11 a 13Españoles y extranjeros.
Capítulo II14 a 38Derechos y libertades.
Sección 1.ª del capítulo II15 a 29Derechos fundamentales y libertades públicas.
Sección 2.ª del capítulo II30 a 38Derechos y deberes de los ciudadanos.
Capítulo III39 a 52Principios rectores de la política social y económica.
Capítulo IV53 y 54Garantías de las libertades y derechos fundamentales y Defensor del Pueblo.
Capítulo V55Suspensión de los derechos y libertades.

El artículo 14, que proclama la igualdad ante la ley, abre el capítulo II antes de sus dos secciones. Por tanto, no se encuentra dentro de la sección primera, aunque recibe la protección reforzada que el artículo 53.2 reconoce junto a los derechos de los artículos 15 a 29. Para la reforma constitucional, en cambio, el artículo 168 menciona específicamente la sección primera y no incluye el artículo 14 entre las materias especialmente protegidas.

Después de los derechos, el título II regula la Corona; el III, las Cortes Generales; y los títulos IV y V, el Gobierno, la Administración y las relaciones entre el Gobierno y las Cámaras. Los títulos VI a VIII se ocupan del Poder Judicial, la economía y la hacienda y la organización territorial. El título IX regula el Tribunal Constitucional y el título X cierra el articulado con la reforma constitucional. La secuencia conduce así desde la posición de las personas hasta las instituciones que ejercen y controlan el poder.

1.7

La reforma constitucional

Una Constitución debe proporcionar estabilidad, pero no puede impedir cualquier adaptación. Si fuera tan flexible como una ley ordinaria, una mayoría parlamentaria coyuntural podría alterar las reglas básicas del sistema. Si fuera absolutamente inmodificable, las transformaciones sociales y políticas solo podrían afrontarse fuera del propio orden constitucional. El título X busca un equilibrio entre ambas necesidades.

La Constitución española no contiene cláusulas que declaren irreformable un contenido concreto. Todos sus preceptos pueden modificarse, pero no todos siguen el mismo procedimiento. La protección reforzada de determinadas materias se consigue mediante el artículo 168, que exige mayorías especialmente elevadas, elecciones y referéndum.

La iniciativa de reforma

El artículo 166 remite a los apartados 1 y 2 del artículo 87. La iniciativa puede proceder de:

  • El Gobierno, mediante un proyecto de reforma.
  • El Congreso de los Diputados.
  • El Senado.
  • Las asambleas de las comunidades autónomas, que pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto o remitir una proposición a la Mesa del Congreso y delegar hasta tres miembros para defenderla.

La remisión no incluye el apartado 3 del artículo 87. Por eso no cabe la iniciativa popular para reformar la Constitución. Tampoco corresponde la iniciativa al Rey, que interviene posteriormente en la sanción y promulgación de la reforma aprobada conforme al procedimiento constitucional.

El artículo 169 establece un límite temporal: no puede iniciarse una reforma constitucional en tiempo de guerra ni durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio previstos en el artículo 116. La prohibición se refiere expresamente a la iniciación. Su finalidad es evitar que una situación extraordinaria condicione el comienzo de una alteración de las reglas fundamentales.

1.8

El procedimiento ordinario del artículo 167

El procedimiento ordinario se aplica a las reformas que no están reservadas al artículo 168. Su denominación no significa que sea sencillo: exige mayorías superiores a las utilizadas normalmente para aprobar una ley.

En primer lugar, el proyecto debe ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada Cámara. La mayoría se calcula separadamente en el Congreso y en el Senado; no se suman los votos de ambas instituciones.

Si no existe acuerdo entre las Cámaras, se constituye una comisión de composición paritaria de diputados y senadores. La comisión elabora un texto común, que vuelve a someterse a votación del Congreso y del Senado y necesita nuevamente la mayoría de tres quintos en cada uno.

Si tampoco se alcanza esa aprobación, la reforma aún puede prosperar cuando el Senado haya aprobado el texto por mayoría absoluta y el Congreso lo apruebe por mayoría de dos tercios. Esta solución subsidiaria refuerza la posición del Congreso, pero solo opera después de seguir el intento de acuerdo previsto por el artículo 167.

Una vez aprobada por las Cortes, la reforma no se somete automáticamente a referéndum. Se celebra si, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, lo solicita una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Es suficiente que la petición proceda de una décima parte del Congreso o de una décima parte del Senado; no se exige que ambas alcancen esa proporción.

El referéndum del artículo 167 es, por tanto, facultativo: forma parte del procedimiento únicamente cuando se formula la solicitud constitucionalmente prevista. Si nadie la presenta en plazo, la reforma puede ser sancionada, promulgada y publicada sin consulta popular.

1.9

El procedimiento agravado del artículo 168

El procedimiento agravado se aplica en dos supuestos:

  • Cuando se propone una revisión total de la Constitución.
  • Cuando la reforma parcial afecta al título preliminar, al capítulo segundo, sección primera, del título I —artículos 15 a 29— o al título II, relativo a la Corona.

La protección no alcanza a todo el título I. Una reforma del artículo 33, que reconoce la propiedad privada y la herencia y se encuentra en la sección segunda del capítulo segundo, sigue el artículo 167. En cambio, la modificación del artículo 21, incluido en la sección primera, exige el artículo 168.

El procedimiento comienza con la aprobación del principio de reforma por una mayoría de dos tercios de cada Cámara. A continuación se produce la disolución inmediata de las Cortes y se celebran elecciones generales. La intervención del electorado no se limita, por tanto, al referéndum final: las nuevas Cámaras reciben un mandato democrático después de que la propuesta de revisión haya sido públicamente planteada.

Las Cámaras elegidas deben ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional. Este debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado.

Finalmente, la reforma se somete necesariamente a referéndum para su ratificación. A diferencia del artículo 167, ninguna minoría parlamentaria tiene que solicitarlo: es una fase obligatoria del procedimiento.

Comparación entre los dos procedimientos

ElementoArtículo 167Artículo 168
ÁmbitoReformas no reservadas al artículo 168.Revisión total o reforma del título preliminar, de los artículos 15 a 29 o del título II.
Mayoría principalTres quintos de cada Cámara.Dos tercios de cada Cámara.
Desacuerdo entre CámarasComisión paritaria y posible vía Senado mayoría absoluta/Congreso dos tercios.No se prevé una fórmula equivalente.
Disolución de las CortesNo.Sí, inmediatamente después de aprobar el principio de reforma.
Intervención de nuevas CámarasNo.Sí; deben ratificar la decisión, estudiar y aprobar el texto.
ReferéndumFacultativo, si lo pide una décima parte de cualquiera de las Cámaras dentro de quince días.Obligatorio.

1.10

Las reformas de la Constitución

Hasta mayo de 2026, la Constitución ha sido reformada en cuatro ocasiones. Las cuatro reformas han seguido el procedimiento ordinario del artículo 167 y en ninguna se solicitó el referéndum facultativo previsto en su apartado tercero. Tampoco fue necesaria la disolución de las Cortes propia del artículo 168.

Reforma de 1992: sufragio pasivo de los extranjeros

La primera reforma modificó el artículo 13.2 para permitir que, mediante tratado o ley y atendiendo a criterios de reciprocidad, pudiera reconocerse a los extranjeros no solo el sufragio activo, sino también el sufragio pasivo en las elecciones municipales. El sufragio activo permite votar; el pasivo, presentarse como candidato y resultar elegido.

La modificación permitió adecuar la Constitución a las exigencias derivadas del Tratado de Maastricht. Fue sancionada el 27 de agosto de 1992 y afectó únicamente a la expresión necesaria para incorporar el sufragio pasivo municipal.

Reforma de 2011: estabilidad presupuestaria

La segunda reforma dio una nueva redacción al artículo 135. Introdujo expresamente el principio de estabilidad presupuestaria, estableció límites al déficit estructural y a la deuda pública y dispuso que el pago de los créditos destinados a satisfacer intereses y capital de la deuda pública goza de prioridad en los términos constitucionales.

El precepto remite a una ley orgánica el desarrollo de varios de sus elementos y contempla circunstancias excepcionales que permiten superar determinados límites. La reforma vinculó la actuación presupuestaria de todas las administraciones públicas a reglas de sostenibilidad financiera.

Reforma de 2024: derechos de las personas con discapacidad

La tercera reforma sustituyó la redacción del artículo 49. El nuevo precepto abandona una terminología desactualizada, reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en el título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y exige políticas que garanticen su autonomía personal y plena inclusión social.

También ordena atender de manera particular las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad. La reforma no se limitó a cambiar palabras: incorporó un enfoque basado en los derechos, la autonomía y la participación de las personas con discapacidad.

Reforma de 2026: representación de Formentera en el Senado

La cuarta reforma, de 19 de mayo de 2026, modificó el artículo 69.3 para que Formentera elija un senador propio, separado del correspondiente a Ibiza. Su finalidad fue reconocer a cada isla una circunscripción senatorial diferenciada.

La reforma entró en vigor el 20 de mayo de 2026, el mismo día de su publicación. No obstante, una disposición transitoria establece que la nueva configuración de Ibiza y Formentera será aplicable en las primeras elecciones al Senado que se celebren después de la entrada en vigor. Deben distinguirse, por tanto, la vigencia jurídica de la reforma y el momento electoral en el que despliega por primera vez ese efecto.

Una Constitución reformable mediante procedimientos exigentes

Las cuatro modificaciones muestran que la rigidez no impide reformar la Constitución. Obliga a alcanzar consensos parlamentarios reforzados y, cuando se afectan las materias especialmente protegidas, exige además nuevas elecciones y consulta popular. Hasta 2026 todas las reformas han recaído sobre materias sometidas al artículo 167, por lo que ninguna ha activado el procedimiento agravado.

1.11

Síntesis del tema

La Constitución ocupa la posición superior del ordenamiento y vincula tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Su estructura permite reconocer la función de cada parte: el preámbulo expresa sus fines; el título preliminar fija los fundamentos del Estado; los títulos I a IX regulan derechos, instituciones, economía, territorio y control constitucional; y el título X establece su reforma.

El procedimiento ordinario del artículo 167 exige mayorías reforzadas y contempla un referéndum facultativo. El artículo 168 protege la revisión total, el título preliminar, los artículos 15 a 29 y la Corona mediante una doble intervención parlamentaria, elecciones y referéndum obligatorio. El artículo 169 impide iniciar la reforma durante situaciones constitucionales extraordinarias.

La Constitución no es inmutable. Las reformas de 1992, 2011, 2024 y 2026 han modificado aspectos concretos mediante el artículo 167. Su estudio conjunto muestra cómo el texto puede adaptarse sin perder la estabilidad y el consenso reforzado que exige su condición de norma suprema.

Preguntado en convocatorias oficiales

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Las siguientes preguntas proceden de ejercicios oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan con sus opciones de respuesta, la solución de la plantilla definitiva y una explicación que permite relacionarlas con el contenido del tema.

0 de 5 respondidas

  1. Constitución Española de 1978. Convocatoria de 2025, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 2.

    1. En relación con la estructura de la Constitución Española de 1978, indique la respuesta correcta:

  2. Artículo 9.3 de la Constitución Española. Convocatoria de 2024, primer ejercicio, pregunta 49.

    2. ¿Cuáles de los siguientes principios generales del Derecho aparecen en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

  3. Artículos 166 y 169 de la Constitución Española. Convocatoria de 2022, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 1.

    3. Indique la afirmación correcta:

  4. Artículos 33 y 167.3 de la Constitución Española. Convocatoria de 2019, primer ejercicio, pregunta 1.

    4. Se pretende reformar el artículo de la Constitución Española referido al derecho a la propiedad privada y a la herencia. Señale la respuesta correcta en relación con el procedimiento de reforma del citado artículo:

  5. Artículo 168 de la Constitución Española. Convocatoria de 2019, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 1.

    5. El procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 168 de la Constitución Española no es de aplicación para la reforma del siguiente artículo:

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