Bloque 1 · Organización del Estado y de la Administración Pública

Explicación del Tema 2 de Gestión de la Administración Civil del Estado

El sistema constitucional de derechos: garantías, suspensión y Defensor del Pueblo

15 apartados40 min de lectura

2.1

La dignidad y la organización constitucional de los derechos

El artículo 10 abre el título I y proporciona el fundamento de todo el sistema. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. La persona no recibe su dignidad de los poderes públicos: estos deben reconocerla y respetarla al legislar, aplicar las normas y prestar los servicios públicos.

La dignidad conecta derechos que protegen ámbitos diferentes. La integridad impide que la persona sea sometida a tortura; la libertad personal limita la detención; la intimidad preserva un espacio propio; la tutela judicial permite defender derechos e intereses; y la participación evita que el poder político quede separado de la ciudadanía. Aunque cada derecho tenga contenido y límites propios, todos parten del reconocimiento de la persona como sujeto y no como objeto de la actuación estatal.

El artículo 10.2 añade una regla interpretativa. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas por la Constitución deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España. Esos textos no sustituyen a la Constitución, pero orientan el sentido y alcance de sus derechos.

La estructura determina la protección

El título I se denomina «De los derechos y deberes fundamentales» y comprende los artículos 10 a 55. Su denominación no convierte en fundamentales, en sentido técnico, a todos sus preceptos. En él se distinguen varias categorías:

ParteArtículosContenido
Artículo inicial10Dignidad de la persona e interpretación de los derechos.
Capítulo I11 a 13Españoles y extranjeros.
Capítulo II14 a 38Derechos y libertades.
Sección 1.ª del capítulo II15 a 29Derechos fundamentales y libertades públicas.
Sección 2.ª del capítulo II30 a 38Derechos y deberes de los ciudadanos.
Capítulo III39 a 52Principios rectores de la política social y económica.
Capítulo IV53 y 54Garantías y Defensor del Pueblo.
Capítulo V55Suspensión de derechos y libertades.

El artículo 14 proclama la igualdad ante la ley y se sitúa al comienzo del capítulo II, antes de sus dos secciones. No pertenece formalmente a la sección primera, pero comparte con ella la tutela judicial reforzada y el recurso de amparo. Esta precisión permite comprender por qué la estructura no constituye una mera clasificación académica: determina las garantías que acompañan a cada precepto.

Preguntado en convocatorias oficiales

Título I no equivale a derechos fundamentales en sentido estricto. Los artículos 15 a 29 forman la sección de derechos fundamentales y libertades públicas. El artículo 14 se encuentra fuera de esa sección, aunque disfruta de su tutela reforzada. Los artículos 39 a 52 son principios rectores y poseen otro régimen de protección.

2.2

Nacionalidad, mayoría de edad y extranjería

El capítulo I delimita la pertenencia a la comunidad política y la posición constitucional de quienes no poseen nacionalidad española. El artículo 11 remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad. Añade una garantía absoluta: ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Esto impide que una autoridad la retire como sanción, sin excluir las pérdidas voluntarias que la legislación pueda prever.

El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o mantengan una vinculación particular con España. En esos países, los españoles pueden naturalizarse sin perder la nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad.

El artículo 12 fija la mayoría de edad en los dieciocho años. Esta edad determina con carácter general la plena capacidad para actuar por uno mismo, sin perjuicio de las reglas específicas aplicables a determinadas actividades o relaciones jurídicas.

El artículo 13 reconoce a los extranjeros las libertades públicas garantizadas en el título I en los términos establecidos por los tratados y la ley. La remisión al legislador permite ordenar su ejercicio, pero no desconocer los derechos que corresponden a toda persona por su conexión con la dignidad humana.

Los derechos de participación del artículo 23 corresponden, como regla general, a los españoles. La Constitución admite una excepción concreta: mediante tratado o ley y atendiendo a criterios de reciprocidad puede reconocerse a los extranjeros el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. El activo permite votar y el pasivo presentarse como candidato y resultar elegido.

La extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley y conforme al principio de reciprocidad. Los delitos políticos quedan excluidos, pero los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a estos efectos. Finalmente, la ley determina los términos en los que los ciudadanos de otros países y las personas apátridas pueden disfrutar del derecho de asilo en España.

2.3

Igualdad y derechos de la esfera personal

El artículo 14 proclama la igualdad de los españoles ante la ley y prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La enumeración no es cerrada. La cláusula final permite reaccionar frente a otras diferencias de trato basadas en características personales o sociales comparables.

La igualdad no obliga a tratar de manera idéntica situaciones diferentes. Una diferencia puede ser constitucional cuando responde a una finalidad legítima, utiliza un criterio objetivo y resulta proporcionada. Lo que se prohíbe es el trato desfavorable carente de justificación razonable o basado en una circunstancia discriminatoria. Al mismo tiempo, el artículo 9.2 exige medidas destinadas a remover obstáculos y hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad.

Vida, integridad y libertad de conciencia

El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral y prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. El texto constitucional conserva una referencia a la pena de muerte que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, pero la Ley Orgánica 11/1995 abolió también esa posibilidad. En el Derecho vigente no existe pena de muerte en España.

El artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Sus manifestaciones solo pueden limitarse en lo necesario para mantener el orden público protegido por la ley. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Ninguna confesión tiene carácter estatal. Esta aconfesionalidad no impone ignorar el hecho religioso: los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias de la sociedad y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

Libertad y seguridad

El artículo 17 protege la libertad y la seguridad. Nadie puede ser privado de libertad fuera de los casos y de la forma previstos en la ley. La detención preventiva solo puede durar el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas la persona detenida debe ser puesta en libertad o a disposición judicial.

La persona detenida debe ser informada de forma inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de la detención. No puede ser obligada a declarar y tiene garantizada la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos establecidos legalmente.

El procedimiento de habeas corpus permite poner inmediatamente a disposición judicial a quien haya sido detenido ilegalmente. No resuelve la culpabilidad ni sustituye el proceso penal: controla la legalidad de la privación de libertad. La ley también debe fijar el plazo máximo de la prisión provisional, que es una medida judicial diferente de la detención preventiva.

Honor, intimidad, domicilio y comunicaciones

El artículo 18 reúne garantías que protegen la vida privada. Reconoce el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Cada uno protege un aspecto distinto: la consideración social, el ámbito reservado de la vida personal y familiar y el control sobre la representación física de la persona.

El domicilio es inviolable. La entrada o registro requiere el consentimiento del titular o una resolución judicial, salvo en caso de delito flagrante. Son tres supuestos alternativos: la flagrancia permite actuar sin consentimiento ni autorización judicial cuando el delito se está cometiendo de forma patente y la intervención inmediata resulta necesaria.

El secreto de las comunicaciones —en especial las postales, telegráficas y telefónicas— solo puede levantarse mediante resolución judicial. A diferencia del domicilio, el artículo 18.3 no contempla el consentimiento o la flagrancia como excepciones expresas a esta garantía.

El artículo 18.4 ordena limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad y el pleno ejercicio de los derechos. De esta previsión se ha desarrollado el derecho fundamental a la protección de datos personales, que permite conocer y controlar el tratamiento de la información referida a cada persona.

Residencia y circulación

El artículo 19 reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir de España en los términos establecidos por la ley. Estos derechos no pueden limitarse por motivos políticos o ideológicos. Las personas extranjeras también disfrutan de libertades de residencia y circulación conforme a los tratados y a la legislación que regule su situación.

Los artículos 15 a 19 protegen conjuntamente la esfera personal. La vida y la integridad preservan la existencia y la dignidad física y moral; la libertad ideológica protege las convicciones; la libertad personal limita las privaciones físicas; la intimidad, el domicilio y las comunicaciones crean un espacio reservado; y la circulación permite decidir dónde vivir y desplazarse.

2.4

Libertades de expresión, reunión, asociación y participación

El artículo 20 reconoce varias libertades relacionadas con la creación y la comunicación. Protege la expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; y el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio.

La libertad de expresión se refiere principalmente a opiniones y valoraciones. El derecho de información protege la comunicación de hechos y exige veracidad. La veracidad no significa que toda información deba resultar absolutamente exacta, sino que quien la difunde haya actuado con la diligencia exigible para comprobarla.

El ejercicio de estas libertades no puede restringirse mediante censura previa. Encuentra sus límites en los restantes derechos del título I y, especialmente, en el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puede acordarse mediante resolución judicial.

El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. No necesita autorización previa. Cuando la reunión se celebre en un lugar de tránsito público o adopte la forma de manifestación, debe comunicarse previamente a la autoridad. Esta solo puede prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. La comunicación permite adoptar medidas de orden y protección; no convierte el derecho en una actividad sometida a permiso.

El artículo 22 reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. La inscripción registral se exige a los solos efectos de publicidad y no equivale a una autorización constitutiva. Las asociaciones únicamente pueden ser disueltas o suspendidas mediante resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

El artículo 23 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes elegidos periódicamente por sufragio universal. También garantiza el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos señalados por las leyes. Este segundo derecho no asegura la obtención del puesto o cargo: protege la posibilidad de concurrir conforme a reglas legales no discriminatorias.

Preguntado en convocatorias oficiales

Comunicación no significa autorización. Las reuniones pacíficas y sin armas no necesitan autorización previa. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones requieren comunicación previa, y solo pueden prohibirse por las razones tasadas en el artículo 21.2.

2.5

Tutela judicial y legalidad sancionadora

El artículo 24 reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que pueda producirse indefensión. Comprende el acceso a la jurisdicción, una resolución fundada en Derecho, el uso de los recursos establecidos por la ley y la ejecución de lo resuelto. No garantiza una decisión favorable, sino un proceso con garantías y una respuesta jurídicamente motivada.

La indefensión constitucional no se identifica con cualquier irregularidad formal. Debe existir una privación real de las posibilidades de conocer lo discutido, formular alegaciones, aportar pruebas o defender la propia posición, siempre que esa situación no sea imputable a quien la invoca.

El artículo 24.2 reconoce, entre otras garantías, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia letrada, a conocer la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a utilizar las pruebas pertinentes, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia exige que una condena o sanción se apoye en prueba suficiente, obtenida y practicada con las garantías debidas. La persona no tiene que demostrar su inocencia: corresponde a quien acusa aportar elementos capaces de desvirtuarla.

El artículo 25 formula el principio de legalidad penal y sancionadora. Nadie puede ser condenado o sancionado por una acción u omisión que, cuando se produjo, no constituyera delito, falta o infracción administrativa conforme a la legislación entonces vigente. La conducta prohibida y su consecuencia deben estar previstas con anterioridad y con precisión suficiente.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben orientarse hacia la reeducación y la reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados. La persona condenada conserva los derechos fundamentales del capítulo salvo los limitados por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. La Administración civil, por su parte, no puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.

El artículo 26 prohíbe los tribunales de honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales. Las responsabilidades deben determinarse mediante procedimientos jurídicos con garantías, no mediante juicios corporativos sobre la dignidad o reputación profesional.

2.6

Educación, libertad sindical, huelga y petición

El artículo 27 combina el derecho de todos a la educación con la libertad de enseñanza. La educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante la programación general de la enseñanza, la participación de los sectores afectados y la creación de centros. Las personas físicas y jurídicas también pueden crear centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales.

El profesorado, las familias y, cuando proceda, el alumnado intervienen en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo, ayudan a los centros que reúnen los requisitos legales y deben respetar la autonomía universitaria en los términos establecidos por la ley.

El artículo 28 reconoce la libertad sindical. Comprende fundar sindicatos, afiliarse al elegido, constituir confederaciones y formar organizaciones sindicales internacionales o incorporarse a ellas. Nadie puede ser obligado a afiliarse. La ley puede limitar o exceptuar su ejercicio para las Fuerzas o institutos armados y los cuerpos sometidos a disciplina militar y regular sus peculiaridades para los funcionarios públicos.

El mismo artículo reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses. La ley debe establecer las garantías necesarias para mantener los servicios esenciales de la comunidad. La exigencia de servicios esenciales no elimina el derecho, sino que obliga a compatibilizar su ejercicio con necesidades básicas de la población.

El artículo 29 reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito y en la forma y con los efectos determinados legalmente. Los miembros de las Fuerzas o institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y conforme a su legislación específica.

2.7

Derechos y deberes de los ciudadanos

La sección segunda del capítulo II comprende los artículos 30 a 38. Sus derechos vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley respetando su contenido esencial, pero no disponen con carácter general de la tutela preferente y sumaria ni del recurso de amparo.

El bloque combina deberes de solidaridad, derechos patrimoniales y laborales y reglas básicas de la organización económica. Esta relación permite pasar de las obligaciones de la persona ante la comunidad al ámbito en el que desarrolla su vida familiar, profesional y económica.

Defensa, tributos y matrimonio

La defensa de España aparece en el artículo 30 como derecho y deber de los españoles. El precepto remite a la ley las obligaciones militares, la objeción de conciencia y las demás causas de exención, permite establecer un servicio civil para fines de interés general y admite deberes ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad. La objeción de conciencia del artículo 30.2 constituye una excepción importante: el artículo 53.2 permite protegerla mediante recurso de amparo.

La contribución al gasto público se ordena en el artículo 31 conforme a la capacidad económica y mediante un sistema tributario justo, inspirado en la igualdad y la progresividad y sin alcance confiscatorio. El gasto público debe asignar equitativamente los recursos y programarse y ejecutarse con criterios de eficiencia y economía. Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público solo pueden establecerse con arreglo a la ley.

En la esfera familiar, el artículo 32 reconoce al hombre y a la mujer el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regula sus formas, la edad y capacidad, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas y efectos de la separación y disolución.

Propiedad, fundación y trabajo

Los artículos 33 y 34 se ocupan de dos instrumentos de actuación patrimonial. El primero reconoce la propiedad privada y la herencia, cuyo contenido queda delimitado por su función social. Nadie puede ser privado de bienes o derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante indemnización y conforme al procedimiento legal.

El artículo 34 reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. Las fundaciones no pueden perseguir fines o utilizar medios delictivos y solo pueden ser disueltas o suspendidas mediante resolución judicial motivada, por la remisión constitucional a las reglas del artículo 22.

El ámbito laboral comienza en el artículo 35 con el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a elegir profesión u oficio, a promocionarse y a percibir una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo. La ley debe regular un estatuto de los trabajadores.

Organización profesional y actividad económica

La organización profesional y económica completa la sección. El artículo 36 remite a la ley las peculiaridades de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas y exige que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos.

El artículo 37 garantiza la negociación colectiva laboral y la fuerza vinculante de los convenios. Reconoce también a trabajadores y empresarios el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, cuyo ejercicio debe compatibilizarse con el funcionamiento de los servicios esenciales.

Finalmente, el artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

2.8

Los principios rectores de la política social y económica

El capítulo III, artículos 39 a 52, contiene mandatos dirigidos principalmente a los poderes públicos. No son declaraciones irrelevantes: orientan la legislación, la práctica judicial y las políticas públicas. Sin embargo, su protección no es idéntica a la de los derechos fundamentales y solo pueden alegarse ante los tribunales conforme a las leyes que los desarrollen.

Familia, empleo y protección social

El artículo 39 exige la protección social, económica y jurídica de la familia y la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación. Los padres deben asistir a los hijos durante la minoría de edad y en los demás casos legalmente previstos, y la infancia disfruta de la protección reconocida en los acuerdos internacionales.

El artículo 40 ordena promover el progreso social y económico, una distribución de la renta más equitativa y una política orientada al pleno empleo. También exige fomentar la formación y readaptación profesional, velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso mediante la limitación de la jornada y las vacaciones periódicas retribuidas.

El artículo 41 dispone que los poderes públicos mantengan un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, con asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Las prestaciones complementarias son libres. El artículo 42 añade la protección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y la orientación de la política hacia su retorno.

Salud, cultura y entorno

El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública mediante medidas preventivas, prestaciones y servicios. También ordena fomentar la educación sanitaria, la educación física, el deporte y una adecuada utilización del ocio.

El artículo 44 exige promover y tutelar el acceso a la cultura y fomentar la ciencia y la investigación en beneficio del interés general. El artículo 45 reconoce el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado y el deber de conservarlo. Los poderes públicos deben utilizar racionalmente los recursos naturales, y el ordenamiento puede establecer sanciones y la obligación de reparar el daño ambiental.

El artículo 46 garantiza la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico con independencia de su titularidad. El artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, exige regular el suelo conforme al interés general para impedir la especulación y dispone que la comunidad participe en las plusvalías generadas por la acción urbanística pública.

Participación e inclusión social

El artículo 48 ordena promover la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

El artículo 49, reformado en 2024, reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos del título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Los poderes públicos deben impulsar políticas que garanticen su plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles y fomentar la participación de sus organizaciones. Deben atender particularmente las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad.

El artículo 50 exige garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica durante la tercera edad y promover el bienestar de las personas mayores mediante servicios sociales que atiendan sus necesidades de salud, vivienda, cultura y ocio.

El artículo 51 protege la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de consumidores y usuarios. Los poderes públicos deben promover su información, educación y organización. Finalmente, el artículo 52 exige que las organizaciones profesionales que defienden intereses económicos tengan estructura interna y funcionamiento democráticos.

Los principios rectores forman, en conjunto, el programa social de la Constitución. Unos protegen situaciones vitales —infancia, desempleo, enfermedad, discapacidad o vejez—; otros ordenan bienes colectivos —medioambiente, patrimonio, cultura o vivienda—; y otros exigen participación e información. Su diversidad no altera la regla común del artículo 53.3: orientan a todos los poderes públicos y adquieren la eficacia judicial que establezcan sus leyes de desarrollo.

2.9

Las garantías de los derechos

La Constitución no se limita a reconocer derechos: establece mecanismos para impedir que queden a disposición de los poderes públicos. El artículo 53 ordena esas garantías en función de la categoría constitucional de cada precepto.

Los tres niveles del artículo 53

CategoríaGarantía constitucional
Derechos y libertades del capítulo II, artículos 14 a 38Vinculan a todos los poderes públicos. Solo una ley puede regular su ejercicio y debe respetar su contenido esencial.
Artículo 14 y artículos 15 a 29Además, tutela ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en preferencia y sumariedad y, en su caso, recurso de amparo.
Principios rectores, artículos 39 a 52Informan la legislación, la práctica judicial y la actuación pública; se alegan ante la jurisdicción conforme a sus leyes de desarrollo.

La reserva de ley impide que la regulación esencial de los derechos del capítulo II quede en manos de un reglamento independiente. El legislador puede ordenar su ejercicio y establecer límites constitucionalmente legítimos, pero debe preservar el contenido esencial, es decir, aquello que permite reconocer el derecho y cumplir su finalidad.

El artículo 81 añade una garantía formal: el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas de los artículos 15 a 29 está reservado a ley orgánica, cuya aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. No todo lo relacionado con un derecho requiere ley orgánica, ni esta reserva se extiende a todos los preceptos del título I.

Tutela judicial y recurso de amparo

El artículo 14 y los artículos 15 a 29 pueden defenderse ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en la preferencia y la sumariedad. La preferencia da prioridad a su tramitación; la sumariedad busca una respuesta especialmente rápida y concentrada para restablecer el derecho.

Cuando se cumplen los requisitos legales, esos mismos derechos pueden ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. También puede protegerse mediante amparo la objeción de conciencia del artículo 30.2. El amparo es un mecanismo subsidiario: no sustituye con carácter general la actuación de los tribunales ordinarios ni constituye una nueva instancia para revisar cualquier desacuerdo jurídico.

El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad. La primera vía protege derechos fundamentales ante actuaciones concretas; la segunda permite controlar la conformidad con la Constitución de las normas con rango de ley. Su regulación procesal se estudia junto con el Tribunal Constitucional.

Regular, limitar y suspender

Regular un derecho significa establecer las condiciones de su ejercicio. Limitarlo supone restringir alguna de sus facultades para proteger otro derecho o una finalidad constitucional, siempre mediante una medida necesaria y proporcionada que respete su contenido esencial. Suspenderlo implica privar temporalmente de eficacia a determinadas garantías en los supuestos excepcionales previstos por la Constitución.

Estos conceptos no son intercambiables. Una norma que ordena una manifestación o fija requisitos para ejercer una profesión no suspende por ello el derecho correspondiente. La suspensión es una medida excepcional, tasada y sometida a controles específicos.

2.10

Suspensión general durante los estados excepcionales

El artículo 55.1 permite suspender determinados derechos cuando se declara el estado de excepción o de sitio en los términos constitucionales. La relación es cerrada: no basta con que un derecho sea fundamental para que pueda suspenderse.

Derecho o garantíaPreceptoExcepción o sitio
Libertad y seguridad17Puede suspenderse, con la particularidad del artículo 17.3.
Inviolabilidad del domicilio18.2Puede suspenderse.
Secreto de las comunicaciones18.3Puede suspenderse.
Residencia y circulación19Puede suspenderse.
Expresión e información indicadas por la Constitución20.1.a y dPueden suspenderse.
Secuestro exclusivamente judicial de publicaciones20.5Puede suspenderse.
Reunión y manifestación21Pueden suspenderse.
Huelga28.2Puede suspenderse.
Conflicto colectivo37.2Puede suspenderse.

El artículo 17.3 exige una precisión. Las garantías de información sobre los derechos y razones de la detención, prohibición de declarar obligadamente y asistencia de abogado no pueden suspenderse durante el estado de excepción. Sí pueden quedar afectadas durante el estado de sitio si así lo determina la declaración correspondiente.

El derecho a la vida y a la integridad, la libertad ideológica, la tutela judicial o la educación no forman parte de la relación del artículo 55.1. Tampoco se suspende la totalidad del artículo 20: la Constitución identifica únicamente determinados apartados.

Alarma, excepción y sitio

El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un máximo de quince días. Solo puede prorrogarse con autorización del Congreso. No permite suspender derechos, aunque la Ley Orgánica 4/1981 contempla medidas como limitar la circulación o permanencia en determinadas horas y lugares, practicar requisas temporales, imponer prestaciones personales, intervenir establecimientos o racionar bienes y servicios esenciales. Tales medidas deben respetar el marco constitucional y no pueden presentarse como una suspensión general.

El estado de excepción requiere autorización previa del Congreso y lo declara el Gobierno por un máximo de treinta días, prorrogables por otro periodo máximo de treinta días. La solicitud debe indicar expresamente qué derechos pretende suspender, el ámbito territorial, la duración y las medidas solicitadas. La autorización parlamentaria delimita el alcance de la actuación gubernativa.

El estado de sitio es declarado por la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno. La declaración determina su ámbito territorial, duración y condiciones. Se reserva para una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios.

Incluso durante los estados excepcionales continúan vigentes la Constitución, los controles parlamentarios y judiciales y el principio de responsabilidad. La excepcionalidad amplía temporalmente determinadas facultades, pero no crea un espacio libre de Derecho.

2.11

Suspensión individual del artículo 55.2

La suspensión individual es distinta de la que acompaña a los estados de excepción y sitio. Una ley orgánica puede determinar los casos y la forma en que se suspendan, respecto de personas determinadas, únicamente los siguientes derechos:

  • El plazo máximo de detención del artículo 17.2.
  • La inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2.
  • El secreto de las comunicaciones del artículo 18.3.

La medida solo puede vincularse a investigaciones relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Requiere la intervención judicial necesaria y un control parlamentario adecuado. No autoriza una suspensión colectiva ni permite extender la medida a otros derechos por analogía.

La utilización injustificada o abusiva de estas facultades produce responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. La Constitución combina así una posibilidad excepcional de investigación con garantías destinadas a evitar que se convierta en una potestad indiscriminada.

La secuencia debe quedar clara. En situación ordinaria, los derechos pueden regularse y limitarse dentro de la Constitución. El estado de alarma permite adoptar determinadas limitaciones legales, pero no suspenderlos. La suspensión general requiere excepción o sitio y solo alcanza a los derechos del artículo 55.1; la individual no depende de esos estados y se limita a los artículos 17.2, 18.2 y 18.3 en las investigaciones constitucionalmente previstas.

2.12

El Defensor del Pueblo: naturaleza, elección y estatuto

El artículo 54 configura al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para defender los derechos comprendidos en el título I. Para cumplir esa misión puede supervisar la actividad de la Administración y debe dar cuenta de su actuación a las Cámaras.

La institución ofrece una garantía no jurisdiccional. El Defensor no forma parte de la Administración supervisada, no es superior jerárquico de sus órganos, no dicta sentencias y no anula actos administrativos. Su función consiste en investigar posibles irregularidades, exigir explicaciones, formular criterios y recomendaciones y trasladar públicamente sus conclusiones a las Cortes.

Elección y toma de posesión

El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años. La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor propone uno o varios candidatos; sus acuerdos se adoptan por mayoría simple. Después de formularse la propuesta, el Pleno del Congreso debe convocarse para la elección con una antelación no inferior a diez días.

En el procedimiento inicial resulta designado quien obtiene el voto favorable de tres quintos del Congreso y es ratificado por la misma mayoría del Senado dentro de los veinte días siguientes. Si no se alcanzan esas mayorías, la Comisión formula sucesivas propuestas en el plazo máximo de un mes. En este segundo procedimiento siguen siendo necesarios los tres quintos del Congreso, pero basta la mayoría absoluta del Senado.

Puede ser elegido cualquier español mayor de edad que disfrute plenamente de sus derechos civiles y políticos. Los presidentes del Congreso y del Senado acreditan conjuntamente el nombramiento con sus firmas, y este se publica en el BOE. La toma de posesión tiene lugar ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, mediante juramento o promesa de fiel desempeño.

Autonomía, prerrogativas e incompatibilidades

El Defensor no está sujeto a mandato imperativo ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Actúa con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad por las opiniones y actos realizados en el ejercicio de sus competencias. En los demás casos, durante el mandato solo puede ser detenido o retenido en caso de flagrante delito y corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.

El cargo es incompatible, entre otras actividades, con cualquier mandato representativo, cargo político, servicio activo en una Administración, afiliación o funciones directivas en partidos y sindicatos, ejercicio de las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional, mercantil o laboral. Estas incompatibilidades buscan preservar la independencia y dedicación de la institución.

La persona designada debe abandonar cualquier situación incompatible dentro de los diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar posesión; de lo contrario, se entiende que no acepta el cargo. Si la incompatibilidad aparece después de la toma de posesión, se considera que renuncia desde la fecha en que se produjo.

Cese y adjuntos

El Defensor cesa por renuncia, expiración del mandato, muerte, incapacidad sobrevenida, notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones o condena firme por delito doloso. La forma de declarar la vacante depende de la causa:

  • En caso de muerte, renuncia o expiración del mandato, la declara el presidente del Congreso.
  • En caso de incapacidad sobrevenida, notoria negligencia o condena firme por delito doloso, se requiere mayoría de tres quintos de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia de la persona interesada.

Declarada la vacante, el procedimiento para elegir un nuevo Defensor debe iniciarse en un plazo no superior a un mes.

La institución cuenta con un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo. El Defensor los nombra y separa con la conformidad previa de las Cámaras y puede delegar en ellos sus funciones. También lo sustituyen por su orden en los supuestos legalmente establecidos.

2.13

Acceso, quejas e investigación

El Defensor puede actuar de oficio o a petición de parte. Sus investigaciones se dirigen a esclarecer actos y resoluciones de la Administración y de sus agentes en relación con el respeto a los derechos del título I y a los principios que deben regir la actuación administrativa.

Puede acudir cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo. No constituyen impedimento la nacionalidad, la residencia, el sexo, la minoría de edad, la incapacidad legal, el internamiento en un centro penitenciario o cualquier relación especial de sujeción o dependencia respecto de una Administración o poder público.

Esta posibilidad de acceso cuenta con una garantía específica para las personas privadas de libertad. La correspondencia dirigida al Defensor desde un centro de detención, internamiento o custodia no puede ser censurada. Tampoco pueden escucharse o interferirse las conversaciones que esas personas mantengan con el Defensor o sus delegados.

También pueden solicitar su intervención los diputados y senadores individualmente y determinadas comisiones parlamentarias, especialmente la Comisión Mixta. En cambio, ninguna autoridad administrativa puede presentar una queja sobre asuntos pertenecientes a su propia competencia.

Presentación y admisión

La queja debe presentarse firmada, con identificación y domicilio, mediante escrito razonado y dentro del plazo máximo de un año desde que se conocieron los hechos. Las actuaciones son gratuitas y no se necesita abogado ni procurador.

La presentación no suspende los plazos para interponer recursos administrativos o judiciales. Quien desee impugnar un acto debe utilizar en plazo las vías correspondientes, aunque al mismo tiempo solicite la intervención del Defensor.

La institución registra las quejas y decide si las tramita o rechaza. El rechazo debe ser motivado y puede informar sobre otras vías disponibles. Se rechazan las quejas anónimas y pueden rechazarse las formuladas con mala fe, sin fundamento o pretensión concreta, o cuya tramitación perjudique legítimamente a otra persona. Estas decisiones no son recurribles.

El Defensor no examina individualmente asuntos pendientes de resolución judicial y suspende su actuación si, después de iniciada, se interpone demanda o recurso. Esta regla respeta la independencia judicial, pero no impide investigar los problemas generales que la queja haya puesto de manifiesto.

Investigación y colaboración administrativa

Admitida la queja, se realiza una investigación sumaria e informal. El organismo afectado recibe el contenido sustancial y, como regla, debe remitir un informe escrito en el plazo máximo de quince días, ampliable cuando las circunstancias lo aconsejen.

Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar al Defensor con carácter preferente y urgente. Este, sus adjuntos o la persona delegada pueden personarse en centros administrativos, realizar entrevistas y examinar expedientes y documentación. La negativa o negligencia puede calificarse de hostil y entorpecedora y hacerse pública en un informe anual o especial.

Cuando la investigación se refiere a la conducta de una persona al servicio de la Administración, esta debe conocer la queja y puede responder por escrito y aportar documentos o testimonios. El plazo concedido no puede ser inferior a diez días y puede prorrogarse, a petición del afectado, por la mitad del inicialmente otorgado.

El Defensor puede solicitar incluso documentos clasificados como secretos. La negativa a remitirlos debe ser acordada por el Consejo de Ministros. Si el documento resulta decisivo para la investigación, puede poner esa negativa en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

El ámbito de supervisión comprende también la actividad administrativa de las comunidades autónomas. Las instituciones autonómicas análogas deben coordinar sus funciones con el Defensor del Pueblo, que puede solicitar su cooperación. Las quejas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia se trasladan al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial según su naturaleza. En la Administración militar, el Defensor vela por los derechos del título I sin interferir en el mando de la defensa nacional.

La actividad de la institución continúa aunque las Cortes estén disueltas, no se encuentren reunidas o haya terminado su mandato. Tampoco se interrumpe por la declaración de los estados de excepción o sitio, ni desaparece el derecho de acceso a la institución.

2.14

Resoluciones, informes y funciones constitucionales

El Defensor no puede modificar o anular actos y resoluciones administrativas. Si considera que la aplicación rigurosa de una norma produce situaciones injustas o perjudiciales, puede sugerir su modificación al legislador o a la Administración competente. Con ocasión de sus investigaciones puede formular:

  • Advertencias.
  • Recomendaciones.
  • Recordatorios de deberes legales.
  • Sugerencias para adoptar nuevas medidas.

Las autoridades y funcionarios deben responder por escrito en un plazo no superior a un mes. Si no se adopta una medida adecuada ni se justifican las razones para rechazarla, el Defensor puede dirigirse al ministro o máxima autoridad de la Administración afectada y reflejar el asunto en su informe anual o especial.

Si durante una investigación aparecen hechos que puedan revestir carácter delictivo, el Defensor debe ponerlos en conocimiento del fiscal general del Estado. También puede ejercer de oficio las acciones de responsabilidad que procedan contra autoridades, funcionarios y agentes, sin necesidad de una reclamación escrita previa.

La ausencia de fuerza ejecutiva no convierte sus resoluciones en irrelevantes. Su eficacia procede de la obligación de colaboración, de la exigencia de respuesta, de la autoridad institucional de sus criterios y de la publicidad parlamentaria de los incumplimientos.

El Defensor da cuenta anualmente a las Cortes Generales y puede presentar informes extraordinarios cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje. El informe anual recoge la actividad desarrollada, las quejas recibidas y rechazadas, los resultados de las investigaciones y las recomendaciones aceptadas, sin publicar datos personales que permitan identificar a los interesados.

Además, está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo. Esta capacidad permite que su defensa de los derechos no se limite a la recomendación administrativa, sino que pueda activar los mecanismos de control constitucional cuando concurran sus requisitos.

La Ley Orgánica 3/1981 le atribuye también las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esta tarea se dirige a prevenir torturas y malos tratos mediante visitas y supervisión de lugares en los que existen personas privadas de libertad. Su enfoque es preventivo y no depende de que se haya presentado previamente una queja individual.

2.15

Síntesis del tema

El título I construye un sistema de derechos, deberes y principios con diferentes niveles de protección. Los derechos del capítulo segundo vinculan directamente a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley respetando su contenido esencial. El artículo 14 y los artículos 15 a 29 cuentan además con tutela judicial preferente y sumaria y, cuando proceda, recurso de amparo; los principios rectores orientan la actuación pública y se alegan conforme a sus leyes de desarrollo.

La suspensión constituye una excepción tasada. El estado de alarma no suspende derechos; los estados de excepción y sitio pueden afectar únicamente a los preceptos enumerados por el artículo 55.1; y la suspensión individual del artículo 55.2 se limita a tres garantías y a investigaciones relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas.

El Defensor del Pueblo completa la protección desde una posición no jurisdiccional. Puede recibir quejas o actuar de oficio, investigar a la Administración, exigir colaboración, formular recomendaciones, acudir al Tribunal Constitucional y dar cuenta a las Cortes. Su función no consiste en sustituir a los tribunales ni en anular actos, sino en detectar y promover la corrección de actuaciones administrativas contrarias a los derechos del título I.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 5 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas proceden de ejercicios oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan con todas sus opciones, la respuesta de la plantilla oficial y la explicación normativa correspondiente.

0 de 5 respondidas

  1. Artículos 17, 23, 26 y 43 de la Constitución Española. Convocatoria de 2022, llamamiento extraordinario, pregunta de reserva 2.

    1. Señale cuál de los siguientes derechos no se considera un derecho fundamental según lo establecido en la Constitución Española de 1978:

  2. Artículo 55.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 4.

    2. ¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales no puede ser suspendido cuando se declaren los estados de excepción o sitio, según el artículo 55.1 de la Constitución Española de 1978?

  3. Artículo 2.5 de la Ley Orgánica 3/1981. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 2.

    3. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, si en el procedimiento inicial no se alcanzan las mayorías exigidas para la elección del Defensor del Pueblo:

  4. Artículo 10.1 de la Ley Orgánica 3/1981. Convocatoria de 2019, primer ejercicio, pregunta 3.

    4. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1981, pueden dirigirse al Defensor del Pueblo:

  5. Artículo 15.1 de la Ley Orgánica 3/1981. Convocatoria de 2019, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 3.

    5. De conformidad con la Ley Orgánica 3/1981, toda queja al Defensor del Pueblo se presentará en el plazo máximo de:

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¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.

Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente

Estamos trabajando para incorporar preguntas organizadas por los temas del programa. Mientras tanto, puedes seguir preparando la oposición con las explicaciones y las bases legislativas del temario.