Bloque 3 · Políticas públicas

Explicación del Tema 25 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Protección de datos personales: principios, derechos, responsables y garantías digitales

14 apartados37 min de lectura

25.1

Objeto, conceptos y ámbito

Derecho fundamental

El artículo 18.4 de la Constitución ordena limitar el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. A partir de este mandato, el Tribunal Constitucional configuró un derecho fundamental autónomo que permite controlar los datos personales: conocer quién los posee, de dónde proceden, para qué se utilizan y en qué condiciones pueden rectificarse, suprimirse u oponerse a su tratamiento.

La intimidad protege un ámbito reservado de la vida personal, mientras que la protección de datos alcanza cualquier información que identifique o permita identificar, aunque no sea íntima. Un nombre profesional, una matrícula o un identificador administrativo también pueden ser datos personales. Que un dato se haya hecho público con una finalidad determinada no autoriza cualquier reutilización posterior.

Relación entre el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018

El Reglamento General de Protección de Datos es directamente aplicable y establece el marco común de la Unión. La Ley Orgánica 3/2018 no lo sustituye ni puede modificar sus reglas, sino que adapta el ordenamiento español, concreta las habilitaciones que el Reglamento deja a los Estados y regula materias nacionales como el bloqueo, determinados tratamientos, las autoridades de control, el régimen del sector público y los derechos digitales.

Esta relación obliga a leer ambas normas conjuntamente. Una cuestión sobre las bases jurídicas, los principios o las obligaciones del responsable se resuelve primero en el RGPD; después debe comprobarse si la ley española introduce una precisión válida para ese supuesto.

Título de la Ley Orgánica 3/2018ArtículosContenido principal
I1 a 3Disposiciones generales y datos de personas fallecidas.
II4 a 10Principios de protección de datos y bases concretadas por la ley española.
III11 a 18Transparencia y ejercicio de los derechos.
IV19 a 27Reglas aplicables a tratamientos concretos.
V28 a 39Responsable, encargado, delegado, códigos y certificación.
VI40 a 43Transferencias internacionales.
VII44 a 62AEPD y autoridades autonómicas.
VIII63 a 69Procedimientos por posibles vulneraciones.
IX70 a 78Infracciones, sanciones y régimen del sector público.
X79 a 97Garantía de los derechos digitales.

Dato personal

Un dato personal es cualquier información sobre una persona física identificada o identificable, directa o indirectamente, por su nombre, un número, datos de localización, un identificador en línea o elementos de su identidad. La posibilidad de identificar no se valora de manera puramente teórica: deben considerarse los medios razonablemente utilizables, su coste, el tiempo necesario y la tecnología disponible.

Una dirección IP, una voz, una fotografía o el identificador de un dispositivo pueden ser datos personales según el contexto. Los datos de una sociedad mercantil no lo son por sí solos, pero la información relativa a un empresario individual o al representante de una entidad sí puede identificar a una persona física.

Los datos seudonimizados no pueden atribuirse a una persona sin utilizar información adicional conservada por separado, pero siguen siendo personales porque la reversión continúa siendo posible. Los datos anonimizados quedan fuera del RGPD únicamente cuando la reidentificación no resulta razonablemente posible. Eliminar el nombre rara vez basta si la combinación de las restantes variables permite singularizar a alguien.

Tratamiento y ficheros

El tratamiento comprende cualquier operación realizada sobre datos: recogida, registro, organización, consulta, modificación, comunicación, cotejo, limitación, supresión o destrucción. Puede efectuarse mediante sistemas automatizados o manualmente cuando los datos forman o están destinados a formar parte de un fichero estructurado.

El RGPD excluye, entre otros supuestos, la actividad exclusivamente personal o doméstica, la seguridad nacional y los tratamientos penales sometidos a su régimen específico. Una cámara doméstica que capta la vía pública más allá de lo imprescindible para el ámbito privado puede dejar de beneficiarse de la excepción doméstica.

El RGPD no se aplica a datos de personas fallecidas. Sin embargo, la ley española permite a familiares, herederos y personas o instituciones designadas solicitar acceso, rectificación o supresión, salvo prohibición expresa o legal. La persona fallecida pudo además dar instrucciones sobre contenidos digitales. No se convierte por ello al fallecido en interesado del RGPD.

Ámbito territorial

El Reglamento se aplica a los tratamientos efectuados en el contexto de un establecimiento situado en la Unión, aunque la operación material se realice fuera. También alcanza a responsables o encargados no establecidos que ofrecen bienes o servicios a personas que se encuentran en la Unión o controlan su comportamiento. La mera accesibilidad de una página web no basta: debe existir una voluntad de dirigirse a ese mercado o una actividad de seguimiento.

25.2

Principios

Licitud, lealtad y transparencia

Todo tratamiento necesita una base jurídica, debe realizarse de manera leal y ha de explicarse de forma comprensible. Una cláusula extensa pero ininteligible no satisface la transparencia. La persona debe poder prever los usos esenciales de sus datos y no quedar expuesta a finalidades posteriores sorpresivas e incompatibles.

Finalidad y minimización

Los datos se recogen para fines determinados, explícitos y legítimos. Un uso posterior exige comprobar su compatibilidad con la finalidad original o disponer de una base que lo autorice, sin perjuicio del régimen especial de los tratamientos de archivo en interés público, investigación o estadística realizados con garantías.

La minimización exige que los datos sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario. Recoger información «por si acaso» aumenta el riesgo y carece de justificación. Si únicamente se necesita comprobar la mayoría de edad, conservar una copia completa del documento de identidad puede resultar excesivo.

Exactitud y conservación

Los datos deben ser exactos y actualizarse cuando sea necesario. La exactitud se valora en relación con la finalidad: una dirección antigua puede ser correcta como dato histórico y, al mismo tiempo, resultar inexacta para practicar una notificación actual.

Los datos solo pueden conservarse durante el tiempo necesario para la finalidad que justificó su recogida, salvo los tratamientos de archivo, investigación o estadística realizados con garantías. Deben establecerse plazos o criterios de revisión; una posible utilidad futura e indeterminada no justifica una conservación indefinida.

Integridad, confidencialidad y responsabilidad

La seguridad protege frente al acceso no autorizado, la pérdida, la alteración o la destrucción mediante medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo. El cifrado, los controles de acceso, las copias de respaldo, la formación y la gestión de los proveedores forman partes complementarias de una misma estrategia.

La responsabilidad proactiva exige poder demostrar el cumplimiento mediante políticas, registros de actividades, análisis de riesgos, contratos, evaluaciones, protocolos y evidencias. No existe un catálogo idéntico para todos los tratamientos: las medidas se eligen atendiendo a su naturaleza, contexto, finalidad y riesgo.

25.3

Bases jurídicas y categorías especiales

Seis bases de licitud

El artículo 6 permite tratamiento por:

  1. consentimiento;
  2. ejecución de contrato o medidas precontractuales;
  3. obligación legal;
  4. intereses vitales;
  5. misión de interés público o ejercicio de poderes públicos;
  6. interés legítimo del responsable o tercero, tras ponderación, salvo limitaciones para autoridades en ejercicio de funciones.

La base se elige conforme a la realidad del tratamiento, no por conveniencia. Una Administración que gestiona un impuesto no debe presentar como voluntario un tratamiento impuesto por la ley: actuará normalmente por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Del mismo modo, un contrato permite tratar los datos necesarios para ejecutarlo, pero no legitima una finalidad publicitaria ajena.

Consentimiento

El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco y manifestarse mediante una declaración o una acción afirmativa clara. Cuando existen finalidades separables, la persona debe poder decidir sobre cada una. La retirada ha de ser tan sencilla como el otorgamiento y no afecta a la licitud del tratamiento realizado anteriormente.

No es libre si la prestación de un servicio se condiciona a aceptar tratamientos innecesarios o si el desequilibrio impide una elección real. Corresponde al responsable demostrar que obtuvo un consentimiento válido. En los servicios de la sociedad de la información, el RGPD fija inicialmente la edad en dieciséis años y permite a los Estados reducirla hasta un mínimo de trece; España la establece en catorce años.

Categorías especiales

El origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, los biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca, los datos de salud y los relativos a la vida u orientación sexual constituyen categorías especiales. Su tratamiento está prohibido como regla general, salvo que concurra una de las excepciones del artículo 9, como el consentimiento explícito, determinadas obligaciones laborales, los intereses vitales, la formulación de reclamaciones, el interés público esencial, la asistencia sanitaria o la investigación con garantías.

El tratamiento necesita simultáneamente una base del artículo 6 y una excepción del artículo 9. El consentimiento explícito no siempre basta: la ley española exige una habilitación adicional para determinados fines que pueden generar discriminación o que se apoyan en el interés público.

Los datos relativos a condenas e infracciones penales se someten al artículo 10 del RGPD y solo pueden tratarse bajo control oficial o con una autorización legal acompañada de garantías. No forman parte de la lista de categorías especiales del artículo 9 y poseen un régimen propio.

25.4

Tratamientos sometidos a reglas específicas

El título IV de la Ley Orgánica 3/2018 no crea bases jurídicas independientes para cualquier finalidad. Establece presunciones, condiciones y garantías para tratamientos frecuentes que deben seguir cumpliendo el RGPD. Su estudio permite comprender cómo se aplican los principios generales a situaciones concretas.

Contactos profesionales y empresarios individuales

Se presume amparado en el interés legítimo el tratamiento de los datos necesarios para localizar profesionalmente a una persona que trabaja para una entidad, siempre que la finalidad sea mantener relaciones con esa entidad y no utilizar los datos para dirigirse a ella en su esfera privada. Una regla semejante se aplica a empresarios individuales y profesionales liberales cuando los datos se tratan exclusivamente en esa condición profesional.

Sistemas de información crediticia

La inclusión de una deuda en un sistema de información crediticia exige, entre otras condiciones, que sea cierta, vencida y exigible y que no esté siendo discutida mediante una reclamación administrativa, judicial o un procedimiento alternativo vinculante. El acreedor debe haber informado previamente de la posible inclusión y la entidad que gestiona el sistema debe notificarla al afectado.

Los datos solo pueden mantenerse mientras continúe el incumplimiento y, como máximo, durante cinco años desde el vencimiento. Su consulta se limita a relaciones contractuales que impliquen pago o a solicitudes de financiación, pago aplazado o facturación periódica. Este régimen no permite construir perfiles adicionales del deudor con información obtenida de otras fuentes al amparo de la misma presunción.

Videovigilancia

Las cámaras pueden utilizarse para preservar la seguridad de las personas, los bienes y las instalaciones. La captación de la vía pública debe limitarse a lo imprescindible y nunca puede extenderse al interior de una vivienda. Como regla general, las imágenes se suprimen en el plazo máximo de un mes; si acreditan un hecho contra personas, bienes o instalaciones, deben ponerse a disposición de la autoridad competente en el plazo legal.

El cartel informativo permite cumplir la primera capa del deber de información, pero el responsable debe mantener disponible el contenido completo. La grabación doméstica limitada al interior de la vivienda queda fuera del RGPD; esa exclusión puede desaparecer cuando la cámara capta de forma relevante el espacio público o cuando una empresa de seguridad accede a las imágenes.

Exclusión publicitaria y sistemas internos de información

Los sistemas de exclusión publicitaria permiten registrar la negativa a recibir comunicaciones comerciales. Quien pretenda realizar mercadotecnia directa debe consultar los sistemas que puedan afectar a su campaña y excluir a las personas que hayan manifestado oposición.

Los sistemas internos de información utilizados para comunicar infracciones cuentan con una regulación específica que debe coordinarse con la Ley 2/2023. El acceso se limita a quienes desempeñan las funciones legalmente previstas, deben preservarse la confidencialidad y la identidad del informante y los datos no necesarios para investigar han de suprimirse. Esta finalidad no autoriza a convertir el canal en un archivo indefinido de denuncias o sospechas.

25.5

Información y transparencia

Cuando los datos se obtienen de la propia persona, debe informarse de la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del delegado; las finalidades y la base jurídica; los intereses legítimos invocados; los destinatarios y transferencias; el plazo de conservación; los derechos y la posibilidad de reclamar; la retirada del consentimiento; la obligación de facilitar los datos y la existencia de decisiones automatizadas.

Si los datos no se obtienen del interesado, la información debe incluir además las categorías tratadas y su procedencia. Debe facilitarse dentro de un plazo razonable —como máximo un mes—, en la primera comunicación o antes de la primera cesión, según el supuesto, salvo que concurra una excepción reglamentaria.

La información por capas ofrece primero los elementos esenciales y facilita después el acceso inmediato al contenido completo. Esta técnica no reduce las obligaciones de transparencia, sino que ordena la información para hacerla comprensible.

El lenguaje debe ser claro y accesible, especialmente cuando se dirige a menores. La mera reproducción de artículos no satisface la transparencia. Los iconos pueden ayudar a identificar el contenido, pero no sustituyen la información exigida.

25.6

Derechos de las personas

Reglas comunes

El ejercicio de los derechos debe ser gratuito, sencillo y accesible. El responsable puede verificar la identidad de forma proporcionada y debe facilitar medios adecuados para presentar la solicitud. La respuesta se ofrece en un mes, ampliable otros dos cuando lo justifiquen la complejidad o el número de solicitudes; la ampliación debe comunicarse dentro del primer mes. Si no actúa, debe explicar los motivos y las posibilidades de reclamación.

Ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente por su carácter repetitivo, puede cobrarse un canon razonable o rechazarse la actuación, pero corresponde al responsable demostrar esas circunstancias. La ley española permite considerar repetitivo el acceso ejercido más de una vez durante seis meses, salvo que exista una causa legítima.

Acceso

El acceso permite confirmar si existe tratamiento y conocer los datos, las finalidades, categorías, destinatarios, plazo, origen, derechos, transferencias y decisiones automatizadas. Incluye el derecho a obtener una copia, siempre que no se perjudiquen los derechos y libertades de terceros.

No equivale al acceso documental de la legislación administrativa ni obliga a entregar un expediente completo con datos ajenos. El responsable debe facilitar la información personal de manera inteligible y, cuando sea necesario para comprenderla, aportar los documentos o extractos correspondientes.

Rectificación y supresión

La rectificación permite corregir datos inexactos y completar los incompletos. La supresión procede, entre otros supuestos, cuando los datos ya no son necesarios, se retira el consentimiento y no existe otra base, prospera una oposición, el tratamiento es ilícito, una norma obliga a eliminarlos o fueron obtenidos de menores en relación con servicios de la sociedad de la información.

La supresión no es absoluta. Los datos pueden conservarse cuando sean necesarios para la libertad de expresión, una obligación legal, la salud pública, el archivo o la investigación con garantías o la formulación de reclamaciones. En internet, el derecho al olvido puede exigir medidas razonables respecto de enlaces o copias cuando proceda.

La ley española exige bloquear datos cuando se rectifican o suprimen: se identifican y reservan, impidiendo tratamiento salvo puesta a disposición de jueces, fiscalía o administraciones competentes para responsabilidades. Terminado el plazo de responsabilidad, se destruyen. Bloqueo no es la limitación solicitada por el interesado: es una obligación técnica posterior a rectificación o supresión.

Oposición y limitación

La oposición permite que una persona invoque su situación particular frente a tratamientos basados en el interés público o en el interés legítimo. El responsable debe cesar, salvo que demuestre motivos legítimos imperiosos que prevalezcan o necesite los datos para formular, ejercer o defender reclamaciones. En la mercadotecnia directa, la oposición obliga a poner fin a ese tratamiento sin realizar una ponderación adicional.

La limitación marca los datos para impedir su utilización ordinaria mientras se comprueba su exactitud, se resuelve una oposición o se atiende la necesidad de conservarlos para una reclamación. Durante ese periodo solo pueden tratarse, además de para conservarlos, con consentimiento, para reclamaciones, para proteger los derechos de otra persona o por un interés público importante.

Portabilidad

La portabilidad permite recibir los datos facilitados por la persona en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable. Se aplica cuando el tratamiento automatizado se basa en el consentimiento o en un contrato; como regla general, no opera sobre tratamientos necesarios para una misión pública ni incluye los datos inferidos por el responsable.

Cuando sea técnicamente posible, los datos pueden transmitirse directamente entre responsables. La portabilidad no debe perjudicar los derechos de terceros. Su finalidad también la distingue del acceso: este permite conocer y obtener una copia comprensible; aquella facilita la reutilización de los datos en otro servicio.

Decisiones automatizadas

Existe el derecho a no quedar sujeto a una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente de modo similar. Las excepciones relativas al contrato, la ley o el consentimiento explícito requieren garantías, entre ellas la posibilidad de obtener intervención humana, expresar el punto de vista e impugnar la decisión.

Un sistema que se limita a asistir a un empleado público no adopta necesariamente una decisión exclusivamente automatizada. Sin embargo, si la intervención humana es puramente nominal y se limita a aceptar el resultado sin analizarlo, la garantía puede quedar vacía y el tratamiento debe examinarse como una decisión automatizada real.

25.7

Responsable, corresponsable y encargado

Responsable

El responsable determina los fines y los medios esenciales. Debe aplicar medidas, atender los derechos, seleccionar encargados con garantías, asegurar los datos y demostrar el cumplimiento. Puede ser una persona, empresa, autoridad o entidad y no tiene por qué coincidir con quien maneja diariamente la información.

Existe corresponsabilidad cuando dos o más entidades determinan conjuntamente los fines y medios. Deben acordar de forma transparente sus obligaciones y poner los aspectos esenciales del acuerdo a disposición de los interesados, sin impedir que estos ejerzan sus derechos frente a cualquiera de ellas.

Encargado

El encargado trata los datos por cuenta del responsable y conforme a sus instrucciones. La relación debe formalizarse mediante un contrato u otro acto jurídico que regule el objeto, duración y naturaleza del servicio; los datos e interesados; las instrucciones; la confidencialidad y seguridad; los subencargados; la asistencia y el destino de la información al finalizar la prestación.

Si el encargado utiliza los datos para fines propios o decide medios esenciales al margen de las instrucciones, pasa a ser responsable respecto de ese tratamiento. Un proveedor informático tampoco se convierte automáticamente en encargado por el nombre de su contrato: debe analizarse si realmente accede o realiza operaciones sobre datos por cuenta del cliente.

La subcontratación requiere una autorización previa, específica o general. En este último caso, el responsable debe ser informado de los cambios y poder oponerse. El encargado inicial continúa respondiendo ante el responsable del cumplimiento de las obligaciones impuestas al subencargado.

Registro de actividades

Los responsables y encargados deben mantener un registro de actividades con la información que les corresponda sobre fines, categorías, destinatarios, transferencias, plazos y seguridad. La excepción prevista para entidades con menos de 250 trabajadores es muy limitada: no opera cuando el tratamiento no es ocasional, entraña riesgo o incluye categorías especiales o datos penales.

25.8

Delegado de protección de datos

Cuándo es obligatorio

Debe designarse un delegado cuando el tratamiento lo realice una autoridad u organismo público —salvo los tribunales en el ejercicio de su función judicial—, cuando las actividades principales exijan una observación habitual y sistemática a gran escala o cuando consistan en tratar a gran escala categorías especiales o datos penales.

La ley española añade sectores en los que la designación es obligatoria, como colegios profesionales, centros docentes y universidades, entidades financieras y aseguradoras, determinados prestadores de comunicaciones o servicios digitales, empresas de seguridad privada, operadores de juego y federaciones deportivas que traten datos de menores. También comprende a los centros sanitarios legalmente obligados a mantener historias clínicas, con la excepción de los profesionales de la salud que ejerzan individualmente.

El delegado puede ser interno o externo y actuar individualmente o mediante una organización que reúna los conocimientos especializados necesarios. Sus datos de contacto deben publicarse y la designación, el nombramiento o el cese se comunican a la AEPD o a la autoridad autonómica competente en el plazo de diez días.

Funciones e independencia

El delegado informa y asesora, supervisa el cumplimiento y la formación, orienta las evaluaciones de impacto, coopera con la autoridad y actúa como punto de contacto. Para ejercer estas funciones debe contar con recursos, acceso a la información y participación temprana en las decisiones relevantes, sin recibir instrucciones sobre el resultado de su actuación.

Cuando sea una persona integrada en la organización, no puede ser removida ni sancionada por desempeñar sus funciones, salvo que incurra en dolo o negligencia grave. La independencia tampoco elimina los deberes profesionales: debe documentar y comunicar a la dirección las vulneraciones relevantes que detecte y evitar cualquier conflicto de intereses.

El delegado reporta al nivel jerárquico más alto y puede desarrollar otras tareas si no generan un conflicto. Un cargo que decide los fines o los medios esenciales —por ejemplo, determinadas responsabilidades de dirección, tecnología o recursos humanos— puede resultar incompatible con esta función.

El delegado no sustituye al responsable: asesora y supervisa, mientras que la decisión y la obligación de cumplimiento permanecen en el responsable. Las personas afectadas pueden consultar al delegado y, antes de acudir a la autoridad de control, presentar ante él una reclamación. En ese caso debe comunicar la decisión adoptada en un plazo máximo de dos meses; la autoridad también puede remitirle una reclamación para que responda en un mes.

25.9

Riesgo, diseño, seguridad y brechas

Protección desde diseño y por defecto

La protección desde el diseño incorpora las garantías cuando se define el servicio, y no después de que el tratamiento ya esté funcionando. La protección por defecto exige que la configuración inicial limite la cantidad de datos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y su accesibilidad a lo estrictamente necesario. La opción más protectora debe ser la inicial, no una alternativa difícil de localizar.

Las medidas dependen del riesgo, el estado de la técnica, los costes, el contexto y la finalidad. La adhesión a un código de conducta o la obtención de una certificación puede ayudar a demostrar el cumplimiento, pero no exonera de analizar y gestionar el tratamiento concreto.

En el sector público, el cumplimiento del RGPD y de la Ley Orgánica 3/2018 debe coordinarse con el Esquema Nacional de Seguridad cuando resulte aplicable. El ENS estructura la política de seguridad y las medidas organizativas, operativas y de protección, pero no sustituye el análisis específico de los riesgos para los derechos y libertades de las personas.

Evaluación de impacto

La evaluación de impacto se realiza antes de iniciar un tratamiento que probablemente entrañe un alto riesgo. Resulta especialmente relevante ante evaluaciones sistemáticas y exhaustivas, tratamientos a gran escala de categorías especiales o vigilancia sistemática a gran escala de zonas de acceso público. Debe describir las operaciones, valorar su necesidad y proporcionalidad, identificar los riesgos y establecer las medidas previstas para afrontarlos.

Si después de adoptar medidas continúa existiendo un alto riesgo que no puede mitigarse razonablemente, el responsable debe consultar previamente a la autoridad de control. La evaluación no es una autorización general ni un documento que se redacta una sola vez: debe revisarse cuando cambian las operaciones, la tecnología o el riesgo.

Brechas

Una brecha es una violación de seguridad que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos, o su comunicación o acceso no autorizado. No se limita a un ciberataque: un correo enviado al destinatario equivocado o un expediente extraviado también pueden constituirla.

El responsable debe documentar todas las brechas, incluidos sus efectos y las medidas correctoras. Debe notificarlas a la autoridad sin dilación indebida y, si es posible, antes de que transcurran 72 horas, salvo que sea improbable que entrañen un riesgo para los derechos y libertades. Cuando sea probable un alto riesgo, también debe comunicarlas a las personas afectadas mediante un lenguaje claro, salvo que concurra alguna de las excepciones reglamentarias.

El encargado informa al responsable sin dilación indebida y le facilita los elementos necesarios para valorar la incidencia. Como regla general, no le corresponde decidir si debe notificarse a la autoridad. Comunicar una brecha no equivale a admitir automáticamente una infracción: permite activar las medidas necesarias para reducir el daño y supervisar la respuesta.

25.10

Transferencias internacionales

La transferencia de datos fuera del Espacio Económico Europeo debe mantener un nivel de protección adecuado. Puede apoyarse en una decisión de adecuación, en garantías como las cláusulas contractuales tipo o las normas corporativas vinculantes o, excepcionalmente, en alguna de las excepciones tasadas. El uso de un proveedor en la nube también puede implicar una transferencia cuando los datos son accesibles desde un tercer país.

Tras la jurisprudencia conocida como Schrems II, el responsable debe valorar la legislación y la práctica del país de destino y añadir medidas complementarias cuando las garantías contractuales no resulten suficientes. Las excepciones basadas, entre otros supuestos, en el consentimiento explícito, el contrato, el interés público, las reclamaciones o los intereses vitales se interpretan restrictivamente y no deben utilizarse para sostener transferencias habituales.

25.11

Autoridades y régimen sancionador

Agencia Española de Protección de Datos

La AEPD es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena independencia de los poderes públicos. Supervisa la aplicación de la normativa, investiga tratamientos, resuelve reclamaciones, ejerce potestades correctivas y sancionadoras, autoriza determinadas operaciones, adopta circulares y criterios y desarrolla actividades de formación y sensibilización.

La Agencia se dirige mediante una Presidencia asistida por una Adjuntía. Ambas tienen un mandato de cinco años que puede renovarse una vez. El Consejo Consultivo asesora a la Presidencia y reúne representantes institucionales, territoriales, académicos, profesionales y sociales. Su composición no debe confundirse con la estructura directiva de la Agencia ni con el Comité Europeo de Protección de Datos.

Autoridades autonómicas y cooperación europea

Andalucía, Cataluña y el País Vasco cuentan con autoridades autonómicas de protección de datos. Pueden ejercer las funciones y potestades del RGPD respecto de los tratamientos de su sector público autonómico y local, de quienes gestionen servicios públicos dentro de ese ámbito y de los demás supuestos previstos legalmente. La competencia depende del responsable, de la función pública y de la materia, no del domicilio de la persona afectada.

La AEPD representa conjuntamente a las autoridades españolas en el Comité Europeo de Protección de Datos y debe mantener mecanismos de cooperación con las autoridades autonómicas. El Comité Europeo promueve una aplicación coherente del RGPD mediante directrices, dictámenes y decisiones vinculantes en los conflictos previstos por el Reglamento.

En los tratamientos transfronterizos operan la autoridad de control principal, las autoridades interesadas y el mecanismo de ventanilla única. Este sistema distribuye la tramitación entre autoridades, pero no impide que una persona presente la reclamación ante la autoridad de su residencia habitual, su lugar de trabajo o el lugar de la supuesta infracción.

Reclamaciones y procedimientos

La persona afectada puede reclamar ante la autoridad de control y acudir a los tribunales. La AEPD debe examinar primero su competencia y si el tratamiento tiene carácter nacional o transfronterizo. Puede inadmitir las reclamaciones ajenas a la protección de datos, manifiestamente infundadas, abusivas o carentes de indicios racionales, y también puede remitirlas previamente al delegado, al responsable o a un mecanismo de resolución extrajudicial.

Cuando el procedimiento se limita a la falta de atención de un derecho, el plazo para resolver es de seis meses desde la notificación de la admisión y el silencio permite considerar estimada la reclamación. Si se investiga una posible infracción, pueden desarrollarse actuaciones previas y el procedimiento sancionador tiene, con carácter general, una duración máxima de doce meses desde su inicio. Durante la tramitación pueden adoptarse medidas provisionales, incluido el bloqueo cautelar o la orden de atender inmediatamente un derecho.

Infracciones, medidas y multas

La LOPDGDD clasifica las infracciones a efectos de prescripción:

GravedadPlazo de prescripciónEjemplos generales
Muy gravesTres añosVulneración sustancial de principios o bases de licitud, uso ilícito de categorías especiales, incumplimiento reiterado de derechos, transferencias sin garantías u obstrucción a la autoridad.
GravesDos añosFalta de medidas de diseño o seguridad, ausencia del contrato de encargado, omisión de una evaluación exigible, incumplimientos relevantes sobre brechas o delegado.
LevesUn añoIncumplimientos formales o parciales de información, registro, notificación, cooperación o ejercicio de derechos que no alcancen mayor gravedad.

La autoridad puede advertir, apercibir, ordenar que se atienda un derecho, exigir la rectificación o supresión, limitar o prohibir un tratamiento y, cuando proceda, imponer multas. El RGPD establece dos niveles máximos: hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio mundial anual y, para las infracciones más graves, hasta 20 millones o el 4 %, aplicándose la cifra superior. La cuantía concreta depende de la naturaleza, gravedad, duración, intencionalidad, categorías de datos, medidas adoptadas, cooperación, antecedentes y restantes criterios legales.

Las sanciones económicas también prescriben: al año cuando no superan 40.000 euros, a los dos años entre 40.001 y 300.000 euros y a los tres años cuando exceden de 300.000 euros.

Régimen del sector público

Las administraciones y demás entidades enumeradas en el artículo 77 de la LOPDGDD no reciben la multa administrativa ordinaria del RGPD. La autoridad declara la infracción y ordena las medidas necesarias para que cese la conducta o se corrijan sus efectos. Esta especialidad no equivale a impunidad: puede proponerse la apertura de actuaciones disciplinarias y, cuando autoridades o directivos desatiendan informes técnicos o recomendaciones, la resolución puede incluir una amonestación nominativa y ordenar su publicación en el diario oficial correspondiente.

Las resoluciones sobre entidades públicas se publican de forma separada e identifican al responsable o encargado infractor. También deben comunicarse las actuaciones al Defensor del Pueblo o a la institución autonómica equivalente en los términos legales.

25.12

Derechos digitales

Internet y contenidos

El título X de la Ley Orgánica 3/2018 proyecta los derechos constitucionales sobre el entorno digital. Reconoce, entre otras garantías, la neutralidad de internet, el acceso universal, la seguridad y la educación digital; la rectificación y actualización de informaciones; el olvido en buscadores y redes; la portabilidad en servicios de redes sociales y el testamento digital.

El derecho al olvido en buscadores exige ponderar la privacidad frente al interés informativo, el tiempo transcurrido y la relevancia pública. La retirada de un resultado no borra necesariamente la fuente original. En las redes sociales, la persona puede pedir la supresión de los datos que aportó y, bajo determinadas condiciones, de aquellos que terceros facilitaron sobre ella.

El testamento digital permite que las personas vinculadas al fallecido gestionen sus contenidos, salvo prohibición expresa o disposición legal, y establece reglas particulares para menores y personas con discapacidad. Esta facultad debe coordinarse con las instrucciones que hubiera dejado el titular y con las condiciones del servicio.

Trabajo

Los trabajadores y los empleados públicos conservan su intimidad en el uso de dispositivos digitales y frente a la videovigilancia, la grabación de sonidos y la geolocalización. El empleador puede controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero debe establecer criterios de uso, informar previamente, respetar la proporcionalidad y contar con la participación de la representación de los trabajadores cuando proceda.

La desconexión protege el descanso, los permisos, las vacaciones y la intimidad fuera del tiempo de trabajo. No equivale a una prohibición absoluta de cualquier comunicación excepcional, pero exige una política interna, acciones de formación y una organización que evite una disponibilidad permanente, con especial atención al trabajo a distancia.

La videovigilancia laboral exige información previa y no puede instalarse en vestuarios, aseos, comedores o lugares de descanso. La grabación de sonidos solo resulta admisible ante riesgos relevantes y con respeto al principio de proporcionalidad. Los sistemas de geolocalización también requieren información previa, expresa, clara y precisa sobre su existencia y sobre el ejercicio de los derechos.

Menores y educación

El sistema educativo debe garantizar un uso seguro, responsable y crítico de los medios digitales y formar en privacidad, respeto y protección de derechos. Los centros y las familias deben atender al interés superior del menor. La difusión de imágenes en redes no queda legitimada automáticamente porque procedan de una actividad escolar: requiere una base jurídica adecuada y la aplicación del principio de minimización.

25.13

Criterios para resolver supuestos

El análisis debe comenzar comprobando si existe una persona identificada o identificable y si la operación queda dentro del ámbito del RGPD. Después se determina quién decide los fines y medios, cuál es la finalidad y qué base jurídica permite el tratamiento.

A continuación deben revisarse la información facilitada y la minimización, así como la presencia de categorías especiales, menores, decisiones automatizadas o transferencias internacionales. Si se ejerce un derecho, se identifica su contenido, el plazo y la posible excepción. Finalmente se valora el riesgo para decidir qué medidas de seguridad, evaluación de impacto, consulta o notificación resultan necesarias.

No deben confundirseDiferencia
Intimidad y protección de datosÁmbito reservado y control de cualquier dato personal.
Anonimización y seudonimizaciónIrreversibilidad razonable y reversibilidad con información separada.
Consentimiento y licitudUna de seis bases y necesidad de una base adecuada.
Responsable y encargadoDecide fines/medios y actúa por cuenta.
Delegado y responsableAsesora/supervisa y decide/responde.
Acceso y portabilidadConocer/copia y trasladar datos facilitados.
Supresión y bloqueoEliminar y conservar separado para responsabilidades.
Riesgo y alto riesgoMedidas ordinarias y evaluación reforzada.
Brecha y ciberataqueViolación de seguridad y una posible causa.
Olvido y borrado históricoPonderación de localización y eliminación indiscriminada.

25.14

Síntesis del tema

La protección de datos ordena un ciclo completo: definir la finalidad y la base jurídica, recoger únicamente lo necesario, informar, asegurar los datos, atender los derechos y suprimirlos cuando dejen de ser necesarios. Sus principios no son declaraciones aisladas, sino criterios que deben dirigir cada operación.

El responsable decide y demuestra el cumplimiento; el encargado actúa por su cuenta; el delegado asesora y supervisa, y la autoridad controla. Confundir estas funciones desplaza indebidamente las responsabilidades. Las medidas aumentan con el riesgo: registros y contratos, privacidad desde el diseño, evaluación ante un posible alto riesgo y una respuesta documentada frente a las brechas.

Los derechos permiten conocer, corregir, suprimir, objetar, limitar o trasladar los datos. No son absolutos, pero toda excepción necesita un fundamento y una respuesta motivada. El consentimiento tampoco constituye una solución universal: especialmente en el sector público, la obligación legal y la misión realizada en interés público suelen ser las bases adecuadas.

Los derechos digitales trasladan estas garantías a los buscadores, las redes, la educación y el trabajo. La desconexión, la intimidad frente a los dispositivos y el control empresarial proporcionado muestran que la innovación y la gestión solo resultan legítimas cuando preservan la autonomía, la información y la dignidad de las personas.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 8 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se muestran juntas, con todas las opciones, soluciones explicadas y referencias.

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  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 49.artículo 20 del RGPD.

    1. Según el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), ¿cómo se llama el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado?

  2. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 50.artículo 34.3 de la Ley Orgánica 3/2018.

    2. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos, se comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos en el plazo de:

  3. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 41.artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018.

    3. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho a la desconexión digital:

  4. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 42.artículo 48.4 de la Ley Orgánica 3/2018.

    4. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál será la duración del mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos?

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 33.artículo 8 del RGPD. España fija la edad en catorce años en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018.

    5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los Estados miembros podrán establecer por Ley una edad inferior a 16 años para el consentimiento del niño en relación con los servicios de la sociedad de la información:

  6. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 34.artículo 13.3 de la Ley Orgánica 3/2018.

    6. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho de acceso se podrá considerar repetitivo:

  7. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 42.artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2018.

    7. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos?

  8. Convocatoria de 2018, primer ejercicio ordinario, pregunta 45.artículo 12.3 del RGPD.

    8. Según el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿qué plazo tiene el responsable para atender la solicitud del derecho de acceso presentada por el interesado?

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