Bloque 4 · Derecho administrativo general

Explicación del Tema 32 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Contratos del sector público: ciclo contractual, alteraciones, invalidez y recursos

11 apartados28 min de lectura

32.1

Finalidad y ámbito subjetivo

La LCSP pretende garantizar libertad de acceso, publicidad, transparencia, igualdad, integridad y uso eficiente de fondos. La contratación debe responder a una necesidad real y seleccionar la oferta con mejor relación calidad-precio, incorporando cuando proceda criterios sociales, ambientales y de innovación vinculados al objeto.

La intensidad de las reglas depende de la entidad. Las Administraciones públicas quedan sometidas al régimen más completo y celebran contratos administrativos típicos, especiales y contratos privados. Otros poderes adjudicadores que no son Administración pública aplican las reglas de preparación y adjudicación del Libro III y determinadas normas públicas durante la ejecución, aunque sus contratos sean privados. Las restantes entidades del sector público se someten al régimen de los artículos 321 y 322. La pertenencia al sector público, por tanto, no implica que todos los contratos tengan naturaleza administrativa ni que se aplique idéntico procedimiento.

La noción de poder adjudicador procede del Derecho europeo y atiende a personalidad, finalidad de interés general no industrial o mercantil y control o financiación pública. No coincide siempre con Administración pública. Identificar al sujeto es el primer paso porque determina preparación, adjudicación, efectos y jurisdicción.

Contratos y relaciones excluidas

No toda relación económica del sector público es un contrato sometido íntegramente a la LCSP. Quedan fuera, con el alcance que fija la ley, las relaciones de servicio de funcionarios y los contratos laborales; determinados convenios que no encubran prestaciones propias de un contrato; encomiendas de gestión que no transfieran la titularidad de la competencia; ciertos negocios patrimoniales; algunos negocios y servicios financieros expresamente delimitados; y determinadas relaciones de cooperación pública.

La exclusión financiera no alcanza indiscriminadamente a cualquier servicio bancario, asegurador o de inversión. La ley excluye negocios concretos —entre ellos, determinadas operaciones sobre valores e instrumentos financieros, servicios de bancos centrales y préstamos— mientras otros servicios pueden constituir contratos sujetos a la LCSP. Para resolver un supuesto no basta con la denominación «financiero»: hay que comprobar el objeto y la exclusión legal aplicable.

El encargo a un medio propio personificado tampoco es una adjudicación a un tercero. Exige control análogo al ejercido sobre los propios servicios y que más del 80 % de la actividad del medio se realice para el poder o poderes que lo controlan o para entidades controladas por ellos. Si el medio tiene personificación privada, todo su capital o patrimonio debe ser público; además, esa condición debe estar reconocida expresamente, el medio debe disponer de recursos adecuados y el encargo ha de formalizarse y publicarse en los casos legales.

El medio propio ejecuta un encargo obligatorio a cambio de una compensación tarifaria; no compite para obtenerlo. Cuando contrata con terceros parte de su ejecución sí celebra contratos sometidos a las reglas que correspondan. Como regla, esas prestaciones parciales no pueden superar el 50 % de la cuantía del encargo, sin perjuicio de las excepciones legales. La diferencia evita confundir la organización interna del sector público con una adjudicación directa a una empresa del mercado.

La calificación depende del contenido, no de la etiqueta. Un documento llamado convenio que contiene una prestación onerosa propia del mercado y una contraprestación puede ser contrato; un verdadero convenio articula una finalidad común y compromisos de cooperación. Esta frontera protege la licitación frente a exclusiones meramente nominales.

32.2

Clases y régimen jurídico

Por prestación, la ley distingue obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios. El contrato de obras tiene por objeto ejecutar una obra o realizar trabajos que respondan a las necesidades fijadas por la entidad. El de suministro permite adquirir, arrendar o arrendar con opción de compra productos o bienes muebles. El de servicios comprende prestaciones de hacer dirigidas a obtener una actividad o resultado distinto de una obra o suministro, sin que pueda utilizarse para contratar personal sometido a una relación de empleo público.

Cuando los celebra una Administración pública, obras, concesiones, suministros y servicios son contratos administrativos, salvo las excepciones que la propia ley califica como privadas. También son administrativos los contratos especiales vinculados al giro o tráfico específico de la Administración o que satisfacen directamente una finalidad pública de su competencia. Son privados los restantes contratos de las Administraciones y todos los celebrados por entidades del sector público que no tienen la condición de Administración pública, aunque su preparación y adjudicación continúen sometidas a reglas de contratación pública.

En las concesiones, el elemento decisivo es la transferencia al concesionario de un riesgo operacional real. Si la entidad garantiza la recuperación de inversiones y costes con independencia de demanda o suministro, puede no existir concesión aunque el contrato reciba ese nombre.

Los contratos mixtos reúnen prestaciones propias de contratos diferentes que deben estar directamente vinculadas y formar una unidad funcional. Su régimen se determina mediante las reglas del artículo 18: según el caso atienden a la prestación principal, al mayor valor estimado o a la decisión de separar o no las prestaciones. No puede agruparse artificialmente aquello que debería contratarse por separado para evitar las reglas aplicables.

Los contratos administrativos se rigen en preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción por la LCSP y normas de desarrollo, y supletoriamente por Derecho administrativo y privado. Los privados aplican reglas públicas a preparación y adjudicación, mientras efectos y extinción se someten en principio al Derecho privado, con las especialidades legales para poderes adjudicadores.

La regulación armonizada no crea un tipo contractual: identifica contratos celebrados por poderes adjudicadores que, por objeto y valor estimado, quedan sujetos a reglas europeas reforzadas. En la redacción consolidada vigente desde el 1 de enero de 2026, el umbral es de 5.404.000 euros para obras y concesiones; de 140.000 euros para suministros y servicios adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social; y de 216.000 euros para los restantes suministros y servicios. Los servicios sociales y otros del anexo IV tienen un umbral de 750.000 euros. Estas cantidades se actualizan periódicamente y deben relacionarse siempre con la fecha de la convocatoria.

La siguiente secuencia evita mezclar categorías:

PreguntaConsecuencia
¿La entidad pertenece al sector público?Determina la entrada en el ámbito subjetivo de la LCSP.
¿Es poder adjudicador?Activa las reglas europeas y el régimen reforzado de preparación y adjudicación.
¿Es además Administración pública?Permite calificar determinados contratos como administrativos y aplicar prerrogativas en su ejecución.
¿El contrato alcanza el umbral armonizado?Determina publicidad europea y otras garantías, pero no cambia por sí solo el tipo contractual.

32.3

Elementos del contrato

Órgano de contratación y responsable

El órgano de contratación representa a la entidad y tiene atribuida la competencia para celebrar contratos. Puede estar asistido por mesa de contratación, que examina documentación, valora ofertas y formula propuesta. La propuesta no sustituye la decisión del órgano.

El responsable del contrato supervisa ejecución, adopta instrucciones dentro de sus atribuciones y verifica cumplimiento. En obras existen además dirección facultativa y responsable específicos. La separación de funciones ayuda a prevenir conflictos de interés.

Capacidad y aptitud del contratista

Pueden contratar personas naturales o jurídicas con plena capacidad, que no estén incursas en prohibición y acrediten solvencia económica y técnica o profesional. La actividad debe guardar relación con fines o estatutos de la persona jurídica. En uniones temporales, las empresas concurren conjuntamente y asumen responsabilidad en los términos legales.

La clasificación sustituye la acreditación de solvencia en los casos en que resulta exigible. La solvencia puede integrarse con medios externos si existe compromiso efectivo. Las prohibiciones protegen integridad —condenas, sanciones, deudas tributarias o de Seguridad Social, conflictos— y su apreciación, alcance y duración siguen reglas propias.

Objeto, lotes y magnitudes económicas

El objeto debe ser determinado y responder a necesidad. Como regla se divide en lotes cuando la naturaleza lo permita, facilitando acceso de pequeñas y medianas empresas; si no se divide, debe justificarse. Puede limitarse el número de lotes a los que se presenta o adjudica una empresa con criterios anunciados.

No puede fraccionarse para reducir cuantía y eludir publicidad o procedimiento. Esto no impide contratar prestaciones separables cuando responden a necesidades independientes y existe justificación.

El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que compromete el órgano, incluido IVA salvo disposición. El valor estimado se calcula sin IVA e incorpora prórrogas, opciones y modificaciones previstas; determina procedimientos y publicidad. El precio es la contraprestación que recibe el contratista y debe ser cierto, adecuado y expresado según reglas del contrato.

Duración y garantías

La duración se fija según prestación, financiación y necesidad de someter periódicamente a competencia, incluyendo las prórrogas expresamente previstas. Como regla, los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva no pueden superar cinco años, prórrogas incluidas, aunque la ley admite excepciones justificadas. En las concesiones la duración depende del tiempo razonable para recuperar las inversiones y queda sometida a límites máximos. El contrato menor no puede durar más de un año ni prorrogarse.

Las prórrogas las acuerda el órgano de contratación y son obligatorias para el contratista si se comunica con el preaviso legal, salvo que la demora en el pago de la Administración supere el periodo previsto por la ley. No existe prórroga por consentimiento tácito: si la necesidad continúa, debe haberse previsto la prórroga o tramitarse una nueva contratación.

La garantía definitiva asegura obligaciones, penalidades, daños, gastos y correcta ejecución. Como regla equivale al 5 % del precio final ofertado, IVA excluido; en casos especiales puede exigirse una garantía complementaria de hasta otro 5 %. La garantía provisional es excepcional, debe justificarse y no puede superar el 3 % del presupuesto base de licitación sin IVA. Determinados procedimientos y contratos permiten eximir o adaptar estas garantías.

32.4

Preparación del contrato

La contratación comienza antes del anuncio. El órgano de contratación motiva la necesidad y la idoneidad del objeto; determina su naturaleza y extensión; decide sobre lotes; calcula presupuesto y valor estimado; elige procedimiento, solvencia y criterios; redacta los pliegos; acredita el crédito y obtiene la fiscalización cuando proceda. Finalmente aprueba el expediente, el gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación. Licitar sin definir previamente qué necesidad se quiere satisfacer impide comparar correctamente las ofertas y favorece modificaciones posteriores.

El pliego de cláusulas administrativas particulares regula derechos y obligaciones: criterios, solvencia, garantías, penalidades, modificación, subcontratación y condiciones de ejecución. El pliego técnico describe prestaciones sin favorecer marcas o procedencias injustificadamente y, cuando usa estándares, admite equivalencias.

Los pliegos son la ley del contrato para partes y órgano dentro de la legalidad. No pueden contradecir una norma; tampoco deben alterarse después de licitar salvo retroacción o nueva licitación cuando la modificación sea sustancial.

El perfil de contratante concentra la publicidad y permite acceder libremente a anuncios, pliegos, adjudicación, formalización y restantes datos exigibles. La contratación es preferentemente electrónica. La transparencia no se limita al anuncio inicial: debe permitir reconstruir las decisiones esenciales del expediente sin revelar la información que esté legítimamente protegida como confidencial.

Las consultas preliminares permiten conocer soluciones del mercado, pero no pueden falsear competencia ni diseñar una licitación a medida. La información obtenida debe compartirse de forma que los participantes no obtengan ventaja indebida.

La tramitación puede ser ordinaria, urgente o de emergencia. Urgencia reduce plazos y exige necesidad inaplazable o razones de interés público. Emergencia permite actuar inmediatamente ante acontecimientos catastróficos, grave peligro o defensa nacional, pero no es un procedimiento ordinario ni elimina control posterior y rendición de cuentas.

Contratos menores

Son menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros o servicios. Su expediente exige informe motivado sobre necesidad y ausencia de fraccionamiento, aprobación del gasto y factura; en obras se añade el presupuesto y, cuando corresponda, proyecto e informe de supervisión. También deben publicarse en los términos legales.

El contrato menor simplifica la tramitación, pero no permite atender de forma reiterada una necesidad previsible y unitaria mediante encargos sucesivos diseñados para quedar debajo del umbral. Para apreciar un fraccionamiento indebido se examina la unidad funcional y temporal de la necesidad, no solo la identidad formal de cada factura.

32.5

Procedimientos de adjudicación

En el abierto, cualquier empresa interesada presenta oferta y no existe negociación. El restringido abre una fase de solicitudes y solo invita a candidatos seleccionados por criterios objetivos. Son procedimientos ordinarios.

El abierto simplificado puede utilizarse, si se cumplen también los límites relativos a los criterios sujetos a juicio de valor, en obras de valor estimado igual o inferior a dos millones de euros y en suministros y servicios inferiores a 140.000 euros conforme a la cuantía vigente a la que remite el artículo 159. Se anuncia únicamente en el perfil y exige, como regla, inscripción o solicitud previa de inscripción en el registro de licitadores. Su modalidad abreviada se reserva a obras inferiores a 80.000 euros y suministros o servicios inferiores a 60.000 euros, excepto prestaciones intelectuales; utiliza criterios automáticos, no exige garantía definitiva ni acreditación de solvencia y admite una formalización simplificada.

El procedimiento con negociación permite discutir con los candidatos los aspectos previamente identificados, pero solo cuando concurre una causa legal. No significa que puedan alterarse los requisitos mínimos ni los criterios de adjudicación. La modalidad sin publicidad es todavía más excepcional: exige uno de los supuestos tasados, como inexistencia de ofertas adecuadas, exclusividad en determinadas condiciones o imperiosa urgencia no imputable al órgano.

El diálogo competitivo se utiliza en contratos particularmente complejos cuando el órgano necesita dialogar para identificar la solución capaz de satisfacer sus necesidades. La asociación para la innovación busca desarrollar y después adquirir obras, productos o servicios innovadores que el mercado no ofrece. En ambos casos hay selección previa y fases ordenadas; no son formas de negociación libre al margen de los pliegos.

El concurso de proyectos se utiliza para obtener planos o proyectos, principalmente en arquitectura, urbanismo, ingeniería o tratamiento de datos, mediante una selección encomendada a un jurado. Los acuerdos marco y sistemas dinámicos no son nuevos tipos contractuales, sino instrumentos para racionalizar contrataciones repetidas; los contratos basados o específicos concretan después la prestación.

Criterios y valoración

La adjudicación busca la mejor relación calidad-precio mediante criterios económicos y cualitativos vinculados al objeto. Los automáticos se valoran con fórmulas; los sujetos a juicio de valor requieren motivación técnica y, cuando su peso lo exige, evaluación separada. Deben ser precisos, públicos y no conferir libertad ilimitada.

Las ofertas anormalmente bajas no se excluyen de forma automática. Se pide justificación sobre costes, soluciones, obligaciones sociales, laborales y ambientales o ayudas; el órgano decide motivadamente con asesoramiento. Debe rechazarse cuando incumple obligaciones o la explicación no justifica viabilidad.

La mesa o el órgano clasifica las ofertas y requiere a la mejor posicionada la documentación y garantía que correspondan. La adjudicación debe ser motivada, notificarse a candidatos y licitadores y publicarse en el perfil. Si el único criterio es el precio, debe producirse en un máximo de quince días desde el siguiente a la apertura de las proposiciones; si existe pluralidad de criterios, el plazo general es de dos meses, salvo que el pliego establezca otro. La tramitación de una oferta anormalmente baja amplía el plazo en los términos legales. Si no se adjudica dentro del plazo, los licitadores pueden retirar su proposición.

Perfección y formalización

Los contratos de los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización, salvo contratos menores y contratos basados en acuerdo marco o específicos de sistema dinámico, que se perfeccionan con adjudicación. No debe iniciarse ejecución antes de formalizar, salvo emergencia y supuestos legales.

En contratos susceptibles de recurso especial no puede formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación. Ese periodo permite recurrir antes de que el contrato comience a ejecutarse. En los restantes contratos, la formalización debe efectuarse dentro del plazo legal desde la notificación. Se publica en el perfil y no puede alterar los términos de la adjudicación.

32.6

Efectos y cumplimiento

El contrato obliga según pliegos, oferta y documento formal. En los administrativos, el órgano posee prerrogativas de interpretación, resolución de dudas, modificación por interés público, declaración de responsabilidad, suspensión y resolución, ejercidas mediante procedimiento, audiencia y, en determinados casos, dictamen consultivo.

El contratista ejecuta a riesgo y ventura, sin trasladar a la Administración toda variación económica. Responde de la calidad técnica y de los daños causados a terceros, salvo que procedan inmediatamente de una orden administrativa o de vicios del proyecto elaborado por la propia Administración en los casos legales. Debe cumplir el plazo total y los parciales fijados.

La constitución en mora no necesita intimación previa. Ante una demora imputable, la Administración puede resolver o imponer las penalidades previstas; la ley establece una penalidad diaria general, sin perjuicio de que el pliego justifique otra. En el cumplimiento defectuoso, cada penalidad no puede superar el 10 % del precio del contrato, IVA excluido, y el conjunto no puede exceder del 50 %. La penalidad no sustituye automáticamente la indemnización de todos los daños ni puede imponerse sin procedimiento.

La Administración debe aprobar las certificaciones o documentos de conformidad dentro de los treinta días siguientes a la entrega o prestación y pagar dentro de los treinta días posteriores a su aprobación. La demora genera intereses y compensación por costes de cobro. Si supera cuatro meses, el contratista puede suspender el cumplimiento con un mes de preaviso; si alcanza seis meses, puede resolver y reclamar los perjuicios procedentes. Estos efectos exigen que el contratista haya presentado correctamente la factura cuando resulte obligatoria.

El cumplimiento requiere entrega o realización total a satisfacción, recepción formal cuando proceda y liquidación. Durante el plazo de garantía responde de defectos; después se devuelve garantía si no hay responsabilidades, sin perjuicio de responsabilidades especiales como vicios ocultos de obra.

32.7

Modificación y otras alteraciones

La modificación no puede utilizarse para corregir una mala definición ni adjudicar una prestación sustancialmente distinta sin competencia. Las modificaciones previstas deben figurar clara, precisa e inequívocamente en pliegos, con alcance, condiciones y procedimiento, sin alterar naturaleza global.

La modificación prevista puede alcanzar como máximo el 20 % del precio inicial. La cláusula debe permitir que todos los licitadores conozcan su alcance desde la oferta y no puede introducir nuevos precios unitarios no contemplados. Una mención genérica a «necesidades del servicio» no habilita cualquier cambio posterior.

Las no previstas, o previstas que no se ajusten a la cláusula, solo caben para introducir las variaciones estrictamente indispensables. Pueden fundarse en prestaciones adicionales cuando cambiar de contratista resulte técnica o económicamente inviable, en circunstancias que una Administración diligente no pudo prever o en una modificación no sustancial. En los dos primeros supuestos, la alteración cuantitativa no puede exceder, aislada o conjuntamente, del 50 % del precio inicial sin IVA.

Una modificación es sustancial si habría permitido seleccionar candidatos distintos, aceptar otra oferta o atraer más participantes; si altera el equilibrio económico en beneficio del contratista; o si amplía de forma importante el ámbito. Entre los criterios legales de ampliación relevante figura superar el 15 % del precio inicial en obras o el 10 % en los demás contratos, o rebasar el umbral armonizado aplicable. Si el cambio transforma materialmente el contrato, debe celebrarse una nueva licitación.

Las modificaciones no previstas acordadas conforme al artículo 205 son obligatorias para el contratista cuando, aislada o conjuntamente, no exceden del 20 % del precio inicial, IVA excluido. Si lo superan, requieren su conformidad escrita; de no prestarla, el contrato puede resolverse. La modificación debe aprobarse, formalizarse y publicarse, y puede ser objeto de recurso especial cuando se utiliza indebidamente para evitar una nueva adjudicación.

La sucesión en la persona del contratista puede producirse por reestructuración empresarial si se mantienen requisitos y no se elude la ley. La cesión contractual exige previsión, autorización y condiciones. La subcontratación permite encargar parte de la prestación, pero el contratista principal sigue respondiendo frente a la Administración y deben respetarse límites, información y pagos.

32.8

Revisión de precios

La revisión de precios adapta periódica y predeterminadamente determinados componentes cuando la ley lo permite. No es una indemnización general por encarecimiento ni una renegociación libre. Debe justificarse en el expediente, estar prevista en el pliego y responder a una fórmula invariable durante la vigencia del contrato.

Procede principalmente en obras, suministros de fabricación de armamento y equipamiento, suministros de energía y contratos cuyo periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. También puede admitirse en otros contratos con recuperación inferior cuando materias primas, bienes intermedios y energía superen el 20 % del presupuesto base, pero solo respecto de esa fracción y con las condiciones legales.

Salvo en el suministro de energía, la revisión exige como regla que haya transcurrido un año desde la formalización y que se haya ejecutado al menos el 20 % del importe. Por ello quedan sin revisión el primer año y el primer 20 % ejecutado. La exigencia relativa al porcentaje no se aplica a la concesión de servicios.

Nunca son revisables los costes de amortización, financiación, gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. La mano de obra de contratos distintos de obras y suministros de fabricación de armamento solo puede revisarse cuando el periodo de recuperación sea al menos de cinco años y su intensidad resulte significativa según la normativa de desindexación. Los índices de componentes básicos los elabora el Instituto Nacional de Estadística y, si existe una fórmula tipo aprobada, el órgano no puede sustituirla por otra.

La revisión difiere del restablecimiento del equilibrio económico en concesiones y de la modificación. Cada figura tiene presupuesto propio: variación objetiva de costes, alteración contractual o acontecimiento que incide en el riesgo concesional.

32.9

Extinción

El contrato se extingue por cumplimiento o resolución. El cumplimiento exige realización íntegra conforme a términos y recepción. La liquidación determina obligaciones pendientes y la garantía permanece durante el periodo fijado.

La resolución procede por causas generales —muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual cuando no continúen sus herederos, extinción de la personalidad, insolvencia, mutuo acuerdo, demora, retraso en el pago, incumplimiento de la obligación principal o de obligaciones esenciales, imposibilidad de ejecutar la prestación o causas señaladas en el contrato— y por causas específicas de cada tipo. No toda incidencia autoriza resolver: debe encajar en una causa legal, declararse mediante procedimiento y determinar sus efectos.

Los efectos dependen de quién incumplió y de la causa: incautación o devolución de garantía, indemnización de daños, pago de prestaciones útiles, reversión o nueva licitación. El mutuo acuerdo solo procede cuando no exista causa imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la continuación.

32.10

Invalidez y recursos

Los actos preparatorios y de adjudicación pueden ser nulos o anulables por las causas de la Ley 39/2015 y por las causas contractuales de la LCSP. Constituyen nulidad, entre otros supuestos, la falta de capacidad de obrar, solvencia o clasificación debidamente acreditada; estar incurso en prohibición de contratar; carecer de crédito suficiente, salvo emergencia; no publicar el anuncio exigible; o formalizar infringiendo el periodo de espera o pese a haberse interpuesto recurso cuando se cumplen las condiciones que privan al interesado de una impugnación eficaz.

La revisión de oficio se rige por la legislación administrativa con especialidades. La invalidez de actos preparatorios o adjudicación puede arrastrar el contrato; si la continuidad inmediata es necesaria para evitar grave trastorno al servicio, pueden mantenerse provisionalmente efectos bajo condiciones legales.

El recurso especial en materia de contratación es potestativo y gratuito y sustituye a los recursos administrativos ordinarios respecto de las actuaciones que pueden someterse a él. Procede, entre otros, en obras y concesiones con valor estimado superior a tres millones de euros y en suministros y servicios superiores a cien mil euros, además de acuerdos marco, sistemas dinámicos, contratos basados, contratos especiales, subvencionados y encargos en los términos del artículo 44.

Pueden recurrirse anuncios, pliegos y documentos contractuales; trámites que decidan sobre la adjudicación, impidan continuar o causen indefensión o perjuicio irreparable; admisiones y exclusiones de candidatos u ofertas; adjudicación; modificaciones que debieron someterse a nueva licitación; encargos que incumplan los requisitos de medio propio; y rescate de concesiones. No procede en expedientes tramitados por emergencia.

Están legitimadas las personas cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, resulten perjudicados o puedan verse afectados directa o indirectamente, incluidas organizaciones en los términos legales. El plazo general es de quince días hábiles, aunque su inicio depende del acto impugnado y existen supuestos especiales. Antes o junto con el recurso pueden solicitarse medidas cautelares.

Cuando se recurre la adjudicación queda suspendida la tramitación del procedimiento, salvo en contratos basados en acuerdo marco o específicos de un sistema dinámico. El tribunal contractual decide sobre el mantenimiento de la suspensión y resuelve con independencia funcional. En el ámbito estatal corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Los actos no incluidos se impugnan mediante los recursos administrativos o judiciales que correspondan. Para determinar la jurisdicción debe separarse naturaleza y fase:

ControversiaJurisdicción principal
Preparación, adjudicación, efectos y extinción de contratos administrativosContencioso-administrativa.
Preparación y adjudicación de contratos privados del sector públicoContencioso-administrativa, en los términos del artículo 27.
Modificación de un contrato privado cuando se alega que exigía una nueva adjudicaciónContencioso-administrativa.
Efectos y extinción de contratos privados de poderes adjudicadoresCivil, salvo las modificaciones anteriores y otras excepciones legales.
Resoluciones de tribunales administrativos de recursos contractualesContencioso-administrativa.

32.11

Síntesis del tema

La contratación pública comienza justificando necesidad, objeto y crédito y termina con cumplimiento, liquidación o resolución. Entre ambos extremos, la entidad selecciona al contratista con publicidad e igualdad, formaliza y controla una prestación definida en los pliegos.

Las prerrogativas administrativas no permiten alterar libremente lo adjudicado. Modificación, revisión de precios, cesión y subcontratación tienen presupuestos propios que protegen competencia y equilibrio. La invalidez y el recurso especial permiten corregir ilegalidades antes de que consoliden sus efectos.

La forma más segura de resolver cualquier cuestión es identificar primero sujeto, tipo y valor; después la fase contractual; y finalmente la regla aplicable. Esa secuencia evita mezclar preparación pública con efectos privados o aplicar a todos los contratos los mismos procedimientos y recursos.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

0 de 7 respondidas

  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 51.

    1. Según el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cómo se perfeccionan los contratos basados en un acuerdo marco?

  2. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 52.

    2. El artículo 34.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone que en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios:

  3. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 55.

    3. ¿Cuál es el orden jurisdiccional competente para las cuestiones relacionadas con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

  4. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 47.

    4. Según el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio, la adjudicación deberá recaer:

  5. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta de reserva 3.

    5. Indique cuál de los siguientes costes sí es susceptible de revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público, siempre que se cumplan todos los requisitos y de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

  6. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 58.

    6. Respecto del recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 y siguientes de la LCSP, señale la respuesta INCORRECTA:

  7. Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 53.

    7. De conformidad con el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (en adelante LCSP), la cuantía de cada una de las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, NO podrá ser superior a:

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Para estudiar la norma completa: Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones.

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