Bloque 1 · Organización del Estado y de la Administración Pública

Explicación del Tema 4 de Gestión de la Administración Civil del Estado

La Corona en la monarquía parlamentaria: funciones, sucesión, Regencia y refrendo

11 apartados25 min de lectura

4.1

La Corona en la monarquía parlamentaria

El artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esta expresión reúne dos elementos inseparables. La Jefatura del Estado corresponde al titular de la Corona, cuya sucesión es hereditaria, pero la dirección política depende de instituciones democráticamente responsables: las Cortes representan al pueblo español, el Congreso otorga o retira su confianza al Gobierno y este dirige la política interior y exterior.

La Corona no constituye, por tanto, un poder de dirección situado por encima de las demás instituciones. El Rey participa en actos legislativos, gubernamentales, electorales e internacionales dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Cuando sanciona una ley, nombra a un ministro o manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse mediante un tratado, interviene en una decisión cuyo contenido procede del órgano competente.

La Corona aporta continuidad a la Jefatura del Estado mientras el Gobierno y las Cámaras cambian como consecuencia de las elecciones y de la responsabilidad política. Esa continuidad no elimina el origen democrático del poder: el artículo 1.2 declara que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

4.2

La posición constitucional del Rey

El artículo 56.1 concentra los rasgos esenciales de la posición del Rey. Lo define como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, encargado de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y titular de la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica.

La condición de Jefe del Estado identifica al Rey como titular de una magistratura constitucional distinta del Gobierno. La referencia a la unidad y permanencia expresa una función representativa: la Corona simboliza la continuidad del Estado más allá de la alternancia de mayorías parlamentarias, gobiernos y legislaturas.

La función de arbitrar y moderar no concede una capacidad general para resolver discrecionalmente los conflictos políticos. Se manifiesta a través de las competencias concretas que la Constitución le atribuye. Las consultas previas a la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno son un ejemplo: el Rey facilita el procedimiento y corresponde al Congreso decidir si otorga la confianza.

La más alta representación internacional se proyecta sobre actos como la acreditación de embajadores o la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse mediante tratados. Debe distinguirse de la dirección de la política exterior, que el artículo 97 atribuye al Gobierno.

El título del titular de la Corona es el de Rey de España, sin perjuicio de que pueda utilizar los demás que correspondan a la Corona. Todas sus funciones están sometidas a una cláusula de atribución expresa: solo ejerce las que le reconocen la Constitución y las leyes.

4.3

Inviolabilidad, irresponsabilidad y refrendo

El artículo 56.3 declara que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La Constitución acompaña esta posición de una regla destinada a evitar que los actos regios queden sin control ni responsable: deben ser refrendados en la forma establecida por el artículo 64 y carecen de validez sin ese refrendo, salvo la excepción constitucional relativa a los miembros de su Casa.

El refrendo es la intervención de otra autoridad en el acto del Rey. Cumple dos funciones relacionadas. Por una parte, completa el acto y garantiza su validez cuando resulta constitucionalmente exigible. Por otra, traslada su responsabilidad a la persona que lo refrenda. La irresponsabilidad del Rey no significa, por tanto, que las decisiones estatales formalizadas mediante su intervención carezcan de responsable político o jurídico.

El artículo 64 distribuye el refrendo del siguiente modo:

ActoAutoridad que refrenda
Regla generalPresidente del Gobierno o, en su caso, ministro competente.
Propuesta de candidato a la Presidencia del GobiernoPresidente del Congreso.
Nombramiento del presidente del GobiernoPresidente del Congreso.
Disolución de ambas Cámaras por transcurso del plazo del artículo 99Presidente del Congreso.

La regla especial debe interpretarse de forma estricta. El presidente del Congreso no refrenda todos los actos relacionados con las Cortes, sino los que la Constitución le asigna expresamente dentro del procedimiento de investidura. En los demás casos se aplica la regla general o la previsión específica correspondiente.

El refrendante no se limita a dar fe de que el Rey ha firmado. Al asumir la responsabilidad del acto, conecta la actuación formal de la Corona con una autoridad que sí responde políticamente y, cuando proceda, jurídicamente. Por eso el refrendo constituye una pieza esencial de la monarquía parlamentaria.

La excepción expresa se encuentra en el artículo 65.2: el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Estos nombramientos pertenecen al ámbito de autonomía interna de la Corona y no siguen el régimen ordinario del refrendo.

Preguntado en convocatorias oficiales

La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución del artículo 99 son refrendados por el presidente del Congreso. No deben atribuirse al presidente del Gobierno, porque en esos momentos puede no existir todavía un presidente investido o puede estar actuando en funciones.

4.4

Las funciones constitucionales del Rey

El artículo 62 enumera las principales atribuciones regias y el artículo 63 completa las relativas a las relaciones internacionales. La enumeración debe conocerse con precisión, pero su sentido solo se comprende al relacionar cada función con el procedimiento y el órgano que adopta la decisión material.

LetraAtribución del artículo 62
a)Sancionar y promulgar las leyes.
b)Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c)Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d)Proponer candidato a la Presidencia del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos constitucionales.
e)Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente.
f)Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g)Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno.
h)Ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i)Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j)Ejercer el Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Estas atribuciones pueden agruparse por ámbitos para entender cómo se insertan en el funcionamiento del Estado.

Funciones relacionadas con las leyes

Corresponde al Rey sancionar y promulgar las leyes. La sanción expresa la integración formal de la ley aprobada por las Cortes en el ordenamiento; la promulgación certifica su existencia y ordena su cumplimiento. El artículo 91 establece que el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

La sanción no contiene una facultad de veto. El Rey no puede negarse a sancionar una ley porque discrepe de su contenido ni devolverla a las Cámaras para que vuelvan a debatirla. La decisión legislativa corresponde a las Cortes y el acto regio se encuentra constitucionalmente debido.

Funciones relacionadas con las Cortes, las elecciones y el referéndum

El Rey convoca y disuelve las Cortes Generales y convoca elecciones en los términos previstos en la Constitución. La expresión final es decisiva: la disolución solo procede cuando se cumplen las condiciones del supuesto constitucional aplicable.

La disolución puede producirse, entre otros casos, a propuesta del presidente del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, de acuerdo con el artículo 115; por falta de investidura durante los dos meses siguientes a la primera votación, conforme al artículo 99.5; o como consecuencia del procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo 168.

También corresponde al Rey convocar a referéndum en los casos previstos por la Constitución. En el referéndum consultivo del artículo 92, la convocatoria se realiza a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso.

Funciones relacionadas con el Gobierno

El Rey propone candidato a la Presidencia del Gobierno y, cuando este obtiene la confianza parlamentaria, lo nombra. También pone fin a sus funciones en los términos constitucionales. El procedimiento se desarrolla en el apartado siguiente. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta de su presidente.

Corresponde asimismo al Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros. La expresión indica que el contenido ha sido decidido por el órgano gubernamental; la expedición regia completa su forma constitucional. El Rey no modifica el acuerdo ni sustituye la voluntad del Consejo.

El artículo 62 permite que sea informado de los asuntos de Estado y que presida, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, pero únicamente a petición del presidente del Gobierno. La presidencia ocasional no transforma al Rey en miembro del Gobierno ni le atribuye la dirección de sus deliberaciones políticas.

Empleos, honores, Fuerzas Armadas y derecho de gracia

El Rey confiere los empleos civiles y militares y concede honores y distinciones con arreglo a las leyes. Muchos nombramientos constitucionales se formalizan en su nombre, pero la propuesta o elección corresponde al órgano competente en cada caso. Así sucede, por ejemplo, con los magistrados del Tribunal Constitucional o con el presidente del Tribunal Supremo.

El artículo 62.h le atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esta función debe coordinarse con el artículo 97, según el cual el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. El mando regio no desplaza la responsabilidad política ni la dirección gubernamental de la defensa.

El Rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley. La propia Constitución establece un límite inequívoco: la ley no puede autorizar indultos generales. La medida de gracia debe concederse, por tanto, dentro del marco legal y referida a casos individualizados.

La enumeración se cierra con el Alto Patronazgo de las Reales Academias, función representativa mediante la que la Corona mantiene su vinculación institucional con estas corporaciones.

Funciones internacionales

El artículo 63 atribuye al Rey tres funciones en las relaciones internacionales:

  • Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos; los representantes extranjeros en España se acreditan ante él.
  • Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
  • Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales.

Estas atribuciones expresan la representación del Estado, no la dirección de la política exterior. La negociación de los tratados y las decisiones políticas correspondientes pertenecen al Gobierno, mientras que las Cortes intervienen cuando la Constitución exige su autorización.

4.5

La intervención del Rey en la formación del Gobierno

El procedimiento de investidura muestra cómo la Corona facilita el funcionamiento de las instituciones sin decidir la orientación política. Tras cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, el Rey consulta a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Las consultas se desarrollan a través del presidente del Congreso.

Con la información obtenida, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. La propuesta no equivale al nombramiento: el candidato debe exponer su programa ante el Congreso y solicitar su confianza. La Cámara decide mediante las mayorías previstas en el artículo 99.

Si el Congreso concede la confianza, el Rey nombra presidente al candidato. El nombramiento expresa formalmente el resultado del procedimiento parlamentario; la legitimación política procede de la confianza de la Cámara.

Si ningún candidato obtiene la confianza durante los dos meses siguientes a la primera votación de investidura, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones. En este caso el acto es obligatorio una vez agotado el plazo y debe ser refrendado por el presidente del Congreso.

La secuencia permite diferenciar cuatro actuaciones:

FaseActuación principal
ConsultasEl Rey escucha a los representantes designados por los grupos con representación parlamentaria.
PropuestaEl Rey propone un candidato a través del presidente del Congreso.
InvestiduraEl Congreso decide si concede la confianza.
Nombramiento o disoluciónEl Rey nombra al candidato investido o, agotado el plazo constitucional, disuelve y convoca elecciones.

4.6

La sucesión a la Corona

La Corona es hereditaria en los sucesores de Don Juan Carlos I de Borbón, a quien el artículo 57.1 identifica como legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión no depende de una elección cuando existe una persona llamada conforme al orden constitucional.

El precepto combina el orden regular de primogenitura y representación con varias preferencias. No son criterios alternativos entre los que pueda escogerse, sino reglas que se aplican sucesivamente hasta identificar a la persona con mejor derecho:

  1. Se prefiere la línea anterior a las posteriores.
  2. Dentro de la misma línea, el grado más próximo al más remoto.
  3. Dentro del mismo grado, el varón a la mujer.
  4. Dentro del mismo sexo, la persona de mayor edad a la de menor.

La representación permite que los descendientes ocupen el lugar sucesorio que habría correspondido a su ascendiente. Por su parte, la preferencia del varón solo opera cuando quienes se comparan se encuentran en el mismo grado; no permite desplazar a una línea anterior por otra posterior.

Por ejemplo, un varón perteneciente a una línea posterior no desplaza a quien se encuentra en la línea anterior por el solo hecho de ser varón. Primero se determina la línea preferente y el grado; únicamente si las personas comparadas están en el mismo grado se aplica la preferencia del varón sobre la mujer.

El príncipe heredero adquiere desde su nacimiento o desde que se produce el hecho que origina el llamamiento la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

Si llegaran a extinguirse todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerían a la sucesión en la forma que más conviniera a los intereses de España. Esta regla evita una vacancia definitiva de la Jefatura del Estado y atribuye la decisión a la representación nacional.

La Constitución contempla también una causa específica de exclusión. La persona con derecho sucesorio que contraiga matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales queda excluida por sí y por sus descendientes. No basta la oposición de uno solo de esos órganos ni una prohibición implícita.

4.7

Abdicación, renuncia y posición del consorte

El artículo 57.5 dispone que las abdicaciones, las renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que se produzca en el orden sucesorio se resolverán mediante ley orgánica. La reserva legal garantiza la intervención de las Cortes y exige la mayoría propia de esta clase de leyes.

La abdicación corresponde al titular de la Corona, que deja de ejercer la Jefatura del Estado. La renuncia se refiere a quien, sin ser Rey, desiste de sus derechos en el orden de sucesión. Aunque ambas decisiones afectan a la continuidad de la Corona, no ocupan la misma posición dentro del proceso sucesorio.

La Ley Orgánica 3/2014 hizo efectiva la abdicación de Juan Carlos I. Su artículo único declaró la abdicación y estableció que produciría efectos desde la entrada en vigor de la ley, momento en el que la sucesión se produjo automáticamente conforme al orden constitucional. Esta norma es un precedente concreto de aplicación del artículo 57.5, no una regulación general de todas las abdicaciones futuras.

El artículo 58 se ocupa de la persona casada con el titular de la Corona. La Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. La condición de consorte no atribuye por sí sola competencias públicas ni convierte a su titular en copartícipe de la Jefatura del Estado.

La actuación conjunta de las Cortes en los asuntos de la Corona

El artículo 74.1 dispone que las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Entre ellas se encuentran proveer la sucesión cuando se extingan las líneas llamadas en Derecho, reconocer la inhabilitación del Rey, nombrar la Regencia cuando no exista persona llamada a ejercerla y designar al tutor en el supuesto previsto constitucionalmente. La proclamación y los juramentos se producen también ante las Cortes Generales.

Esta actuación conjunta no debe confundirse con la aprobación de una ley orgánica sobre abdicaciones, renuncias o dudas sucesorias. En ese caso las Cámaras ejercen la potestad legislativa mediante el procedimiento parlamentario correspondiente, no una competencia no legislativa en sesión conjunta.

4.8

La Regencia

La sucesión determina quién es titular de la Corona. La Regencia responde a una cuestión distinta: quién ejerce temporalmente las funciones regias cuando el titular no puede hacerlo por minoría de edad o por inhabilitación. No sustituye al Rey en la titularidad de la Corona, sino que actúa por mandato constitucional y siempre en su nombre.

Regencia por minoría de edad

Cuando el Rey es menor, ejerce inmediatamente la Regencia su padre o su madre. En defecto de ambos, corresponde al pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona según el orden constitucional. La Regencia dura todo el tiempo de la minoría de edad.

La Constitución utiliza la condición de padre o madre, no la de consorte, como primer criterio. Por ello, la persona llamada asume la Regencia por su relación con el Rey menor y directamente por mandato constitucional.

Regencia por inhabilitación

Si el Rey se inhabilita para ejercer su autoridad, la imposibilidad debe ser reconocida por las Cortes Generales. No basta una apreciación unilateral del Gobierno, de la familia o de otro órgano.

Una vez reconocida, asume inmediatamente la Regencia el príncipe heredero si es mayor de edad. Si todavía es menor, se aplica provisionalmente la regla prevista para la minoría de edad del Rey hasta que el príncipe alcance la mayoría.

Regencia designada por las Cortes

Si no existe ninguna persona a quien corresponda ejercer la Regencia conforme a las reglas anteriores, las Cortes Generales la nombran. Puede estar formada por una, tres o cinco personas.

En todos los casos, para ejercerla es necesario ser español y mayor de edad. No se exige ser español de nacimiento ni pertenecer a la Familia Real. La Regencia se ejerce por mandato constitucional y en nombre del Rey, lo que la diferencia tanto de la sucesión como de una sustitución política de la monarquía.

4.9

La tutela del Rey menor y el juramento

La tutela y la Regencia pueden ser necesarias en la misma situación, pero cumplen funciones diferentes. El regente ejerce las atribuciones constitucionales; el tutor atiende a la esfera personal del Rey menor. La Constitución regula separadamente ambos cometidos para evitar que la protección personal se confunda con la Jefatura del Estado.

Orden de la tutela

El artículo 60 establece el siguiente orden:

  1. Es tutor la persona nombrada por el Rey difunto en su testamento, siempre que sea mayor de edad y española de nacimiento.
  2. Si no existe nombramiento válido, lo es el padre o la madre mientras permanezcan viudos.
  3. En defecto de los anteriores, las Cortes Generales designan al tutor.

Los requisitos cambian según la institución. Para la Regencia basta ser español y mayor de edad; el tutor testamentario debe ser, además, español de nacimiento. El ejercicio de la tutela es incompatible con cualquier cargo o representación política.

Como regla, no pueden acumularse los cargos de regente y tutor. La Constitución permite esa acumulación únicamente en el padre, la madre o los ascendientes directos del Rey. La limitación separa la protección personal del menor del ejercicio institucional de sus funciones.

InstituciónQué protege o ejerceRequisitos básicosDuración o finalidad
RegenciaFunciones constitucionales de la Corona.Ser español y mayor de edad.Mientras subsista la minoría o inhabilitación.
TutelaPersona y esfera personal del Rey menor.Depende del título: el tutor testamentario debe ser mayor de edad y español de nacimiento.Durante la minoría y conforme a las reglas de tutela.

Si el Rey fuera menor, el regente podría sancionar una ley o realizar otro acto constitucional en su nombre. El tutor, en cambio, se ocuparía de su protección y representación personal. Una misma minoría de edad puede hacer necesarias ambas instituciones, pero no convierte sus funciones en intercambiables.

Proclamación y juramento

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, jura desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.

El príncipe heredero presta el mismo juramento al alcanzar la mayoría de edad. El regente o los regentes lo hacen al asumir sus funciones. Tanto el príncipe heredero como quienes ejercen la Regencia añaden el juramento de fidelidad al Rey.

El tutor no aparece entre quienes deben prestar el juramento del artículo 61 por el solo hecho de asumir la tutela. Esta ausencia resulta coherente con su función personal y no institucional.

4.10

La Familia y la Casa del Rey

La Constitución cierra el título II con dos reglas destinadas a garantizar un ámbito de autonomía para el funcionamiento de la Corona. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y la distribuye libremente. La Constitución no desglosa internamente esa dotación ni atribuye a otro órgano su reparto.

Además, el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Esta facultad se refiere a la organización de apoyo a la Jefatura del Estado y constituye la excepción expresa al régimen general de refrendo mencionada por el artículo 56.3.

La Casa del Rey no debe confundirse con la Familia Real. La primera es una organización de asistencia institucional; la segunda designa una realidad personal y familiar. La Constitución menciona ambas al regular la dotación global, pero la pertenencia a la familia del titular no atribuye funciones constitucionales.

4.11

Síntesis del tema

La Corona encarna la Jefatura del Estado dentro de una monarquía parlamentaria. El Rey representa su unidad y permanencia, facilita el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce atribuciones constitucionalmente delimitadas, pero no dirige la política. Sus intervenciones legislativas, gubernamentales, electorales e internacionales se integran en decisiones cuya iniciativa o contenido corresponde a otros órganos.

La inviolabilidad y la ausencia de responsabilidad se compensan mediante el refrendo. Los actos regios necesitan, como regla, la intervención del presidente del Gobierno, del ministro competente o, en los casos del artículo 99, del presidente del Congreso. Quien refrenda asume la responsabilidad y el acto carece de validez cuando falta el refrendo constitucionalmente exigido.

La continuidad de la Corona se garantiza mediante un orden hereditario de sucesión. La Regencia permite ejercer temporalmente las funciones en nombre del Rey cuando este es menor o se encuentra inhabilitado, mientras que la tutela protege su esfera personal. La proclamación, los juramentos y la intervención de las Cortes completan un sistema destinado a asegurar que la Jefatura del Estado funcione siempre dentro del marco constitucional.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas proceden de ejercicios oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan con todas sus opciones, la respuesta de la plantilla definitiva y una explicación que permite relacionarlas con la posición y las funciones constitucionales de la Corona.

0 de 7 respondidas

  1. Artículo 56.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 6.

    1. De acuerdo con el artículo 56.1 de la Constitución Española de 1978, ¿qué arbitra y modera el Rey?

  2. Artículo 62.g, h, i y j de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 5.

    2. Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al Rey en los términos expresamente previstos por dicho precepto?

  3. Artículo 99.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 4.

    3. Según el artículo 99 de la Constitución Española de 1978, el Rey propone candidato a la Presidencia del Gobierno:

  4. Artículo 57.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 10.

    4. De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Española, la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo:

  5. Artículo 61 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 11.

    5. De conformidad con el artículo 61 de la Constitución Española, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Indique la respuesta incorrecta:

  6. Artículo 59.4 de la Constitución Española. Convocatoria de 2024, primer ejercicio, pregunta 6.

    6. De acuerdo con el artículo 59.4 de la Constitución Española de 1978, para ejercer la Regencia es imprescindible ser:

  7. Artículo 64.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2022, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 4.

    7. ¿Quién refrenda el acto del Rey en el caso de la propuesta y nombramiento del presidente del Gobierno?

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