Bloque 5 · Administración de recursos humanos

Explicación del Tema 42 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Derechos, deberes y responsabilidad disciplinaria de los empleados públicos

9 apartados26 min de lectura

42.1

Derechos individuales

Los derechos del empleado público se reconocen en correspondencia con la naturaleza de su relación de servicio. Algunos pertenecen a todo el personal; otros, como la inamovilidad, solo pueden predicarse del funcionario de carrera. Esta precisión evita convertir una garantía concreta en un derecho indiscriminado para cualquier vínculo o puesto.

La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera protege frente a la pérdida arbitraria del vínculo estatutario. No garantiza la conservación indefinida de un puesto, una unidad o unas funciones concretas: la movilidad, la provisión y la reorganización administrativa pueden modificarlos cuando se respeten la ley y las garantías aplicables.

El derecho al desempeño efectivo exige que se asignen tareas propias de la condición profesional y acordes con la progresión alcanzada. Se completa con el derecho a participar en los objetivos de la unidad y a recibir de los superiores información sobre las tareas. No significa que el empleado pueda elegir libremente su trabajo, sino que la Administración debe proporcionarle una ocupación real y jurídicamente adecuada.

El artículo 14 reconoce también la progresión en la carrera y la promoción interna, la percepción de retribuciones e indemnizaciones, la formación continua preferentemente en horario laboral y la defensa jurídica y protección de la Administración frente a procedimientos derivados del ejercicio legítimo de las funciones. Esta protección no cubre conductas privadas ni actuaciones deliberadamente ajenas al servicio.

La intimidad, la propia imagen y la dignidad en el trabajo se protegen especialmente frente al acoso sexual, por razón de sexo, orientación o identidad sexual, expresión de género, características sexuales, acoso moral y acoso laboral. A ello se suma el derecho a no sufrir discriminación por las circunstancias personales o sociales enumeradas por la ley.

Los derechos digitales comprenden la intimidad en el uso de los dispositivos proporcionados por la Administración, la protección frente a la videovigilancia y geolocalización y la desconexión digital. Su ejercicio se somete a la legislación de protección de datos y debe conciliarse con las facultades legítimas de control, que han de ser conocidas, proporcionadas y respetuosas con la dignidad.

Completan el catálogo la conciliación, la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento, la seguridad y salud laboral, las vacaciones, descansos, permisos y licencias, la jubilación, las prestaciones de Seguridad Social y la libre asociación profesional. La libertad de expresión no ampara la revelación de información confidencial ni elimina los deberes de neutralidad y respeto.

Carrera, promoción y evaluación

La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y progreso conforme a igualdad, mérito y capacidad. La carrera horizontal permite avanzar en grados, categorías o escalones sin cambiar de puesto; la vertical consiste en ascender en la estructura de puestos mediante provisión; la promoción interna vertical permite acceder a un cuerpo o escala de un grupo o subgrupo superior; y la horizontal, a otro cuerpo o escala del mismo subgrupo.

La promoción interna exige reunir los requisitos de ingreso, haber prestado al menos dos años de servicio activo en el subgrupo inferior —o grupo cuando no exista subgrupo— y superar las pruebas correspondientes. Para el personal laboral, la promoción se articula mediante la legislación laboral y los convenios colectivos.

La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. Sus sistemas deben ser transparentes, objetivos, imparciales y no discriminatorios. Puede producir efectos sobre la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos y determinadas retribuciones complementarias. Una evaluación desfavorable no es por sí sola una sanción disciplinaria: para sancionar se necesita una conducta tipificada y culpable y el procedimiento correspondiente.

Derechos retributivos

Las retribuciones de los funcionarios se dividen en básicas y complementarias. Las básicas remuneran la pertenencia al subgrupo o grupo y la antigüedad: comprenden sueldo y trienios, además de sus componentes en las pagas extraordinarias. Las complementarias atienden a la progresión profesional, las características del puesto, el desempeño y los servicios extraordinarios fuera de la jornada.

Existen dos pagas extraordinarias al año en los términos del TREBEP. Los interinos perciben las retribuciones básicas de su grupo, las pagas extraordinarias y los complementos legalmente previstos, además de las correspondientes a la categoría de entrada. Los funcionarios en prácticas perciben al menos el sueldo del grupo al que aspiran a ingresar. Las retribuciones del personal laboral se determinan por la legislación laboral, el convenio y el contrato, dentro de los límites presupuestarios.

Los funcionarios tienen derecho a indemnizaciones por razón del servicio. En cambio, la deducción proporcional por la parte de jornada no realizada no posee carácter sancionador. Tampoco lo tiene la pérdida de retribuciones correspondiente al tiempo de huelga: es una consecuencia de no haberse prestado servicio, no una sanción por ejercer el derecho.

42.2

Derechos colectivos

Son derechos individuales ejercidos colectivamente la libertad sindical, la negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo, la huelga con garantía de los servicios esenciales, el planteamiento de conflictos colectivos y la reunión. Su ejercicio se rige por el TREBEP, la legislación sindical, la normativa laboral y los acuerdos aplicables.

La negociación colectiva permite determinar condiciones de trabajo dentro de las competencias y límites legales. Se desarrolla en mesas en las que participan la Administración y las organizaciones sindicales legitimadas. Existen mesas generales en la Administración General del Estado, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y entidades locales, y pueden constituirse mesas sectoriales para ámbitos con condiciones específicas.

Son negociables, entre otras materias, los criterios generales sobre carrera, provisión, evaluación, formación, acción social, prevención, calendario, horarios, jornada, vacaciones, permisos y movilidad. No lo son las decisiones puramente organizativas —aunque deben negociarse sus consecuencias cuando afecten a condiciones de trabajo—, los poderes de dirección y control jerárquico, las condiciones del personal directivo ni la determinación concreta de los órganos y procedimientos de acceso.

Los pactos versan sobre materias que puede decidir directamente el órgano administrativo que los firma y se aplican de forma directa. Los acuerdos afectan a competencias de los órganos de gobierno y necesitan su aprobación expresa y formal. Ambos deben identificar partes, ámbito y vigencia y ser publicados. La negociación está sometida a legalidad, cobertura presupuestaria, buena fe, publicidad y transparencia.

La representación funcionarial se ejerce mediante delegados y juntas de personal; la laboral, mediante delegados de personal y comités de empresa. La participación institucional se canaliza a través de las organizaciones sindicales en los órganos de control y seguimiento legalmente previstos. No deben confundirse negociación, representación y participación: persiguen una intervención colectiva, pero utilizan instituciones diferentes.

Pueden convocar reuniones las organizaciones sindicales, delegados sindicales, delegados y juntas de personal, comités de empresa y un número de empleados no inferior al 40 % del colectivo convocado. En el centro de trabajo se celebran, como regla, fuera de la jornada, salvo acuerdo, y no pueden perjudicar la prestación del servicio.

El ejercicio de estos derechos no elimina los deberes de servicio. La huelga puede someterse a medidas proporcionadas para mantener los servicios esenciales. No cabe sancionar una participación lícita, pero sí conductas individualizadas que excedan el derecho o incumplan los servicios esenciales establecidos. La deducción de haberes por el tiempo no trabajado carece de naturaleza disciplinaria.

42.3

Jornada, vacaciones, permisos y teletrabajo

Las Administraciones establecen la jornada general y las especiales, a tiempo completo o parcial. También deben adoptar medidas de flexibilidad para quienes tengan necesidades de cuidado respecto de hijos menores o mayores de doce años, cónyuge o pareja, familiares hasta segundo grado u otras personas convivientes que no puedan valerse por sí mismas.

El teletrabajo es una modalidad a distancia mediante tecnologías de la información cuando el contenido del puesto y las necesidades del servicio lo permitan. Requiere autorización expresa, es compatible con la presencialidad y tiene carácter voluntario y reversible salvo excepciones justificadas. Las normas de desarrollo deben establecer criterios objetivos de acceso y ser objeto de negociación colectiva.

Quien teletrabaja conserva los derechos y deberes del personal presencial, salvo los inseparables de la presencia física. La Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios. El sistema debe basarse en la identificación de objetivos y en la evaluación de su cumplimiento; no consiste simplemente en trasladar el horario presencial al domicilio.

Las vacaciones son de veintidós días hábiles por año completo o la parte proporcional, sin considerar hábiles los sábados a estos efectos. Si determinados permisos o situaciones de incapacidad impiden disfrutarlas en el año, pueden utilizarse después dentro del límite legal de dieciocho meses. No se sustituyen por dinero, salvo al terminar la relación por causas ajenas a la voluntad del funcionario en los supuestos permitidos.

Permisos del artículo 48

Los permisos responden a causas concretas y no son una bolsa indiferenciada de días:

CausaDuración o contenido básico
Accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención con reposo de cónyuge, pareja, familiar de primer grado o conviviente que requiera cuidadoCinco días hábiles.
Mismas circunstancias respecto de familiar de segundo gradoCuatro días hábiles.
Fallecimiento de cónyuge, pareja o familiar de primer gradoTres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta.
Fallecimiento de familiar de segundo gradoDos días hábiles en la misma localidad y cuatro en distinta.
Traslado de domicilio sin cambio de residenciaUn día.
Exámenes finales y pruebas definitivas de aptitudLos días de celebración.
Asuntos particularesSeis días al año.
Matrimonio o constitución formalizada de pareja de hechoQuince días.
Deber inexcusable y deberes de conciliaciónEl tiempo indispensable.
Actos preparatorios para donar órganos o tejidos dentro de la jornadaEl tiempo indispensable.

Existen además permisos para funciones sindicales, exámenes prenatales y preparación al parto, sesiones e informes previos a adopción o acogimiento, lactancia, hospitalización de prematuros, guarda legal y cuidado de familiares. La lactancia de un menor de doce meses es un derecho individual no transferible y puede ejercerse como ausencia, reducción o acumulación en jornadas completas. La hospitalización del recién nacido permite ausentarse hasta dos horas con retribuciones íntegras y reducir adicionalmente la jornada con reducción proporcional de sueldo.

La guarda legal y el cuidado de determinados familiares permiten reducir jornada con disminución retributiva. Para atender a un familiar de primer grado con enfermedad muy grave puede solicitarse una reducción retribuida de hasta el 50 % durante un máximo de un mes.

Conciliación y protección

Los permisos por nacimiento de la madre biológica, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y nacimiento para el progenitor diferente tienen una duración general de diecinueve semanas. En las familias monoparentales alcanzan treinta y dos semanas. Seis semanas posteriores al hecho causante son obligatorias e ininterrumpidas a jornada completa; once —veintidós en monoparentalidad— pueden distribuirse hasta que el menor cumpla doce meses; y otras dos —cuatro en monoparentalidad— pueden disfrutarse por semanas hasta que cumpla ocho años.

La duración se amplía en los supuestos legales de discapacidad, nacimiento o adopción múltiple y hospitalización del neonato. Estos permisos son individuales y no transferibles y pueden disfrutarse parcialmente en los periodos flexibles cuando las necesidades del servicio lo permitan.

El artículo 49 reconoce asimismo permisos y adaptaciones para víctimas de violencia de género o sexual, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y víctimas del terrorismo. El permiso parental para cuidar a un hijo o menor acogido durante más de un año puede disfrutarse hasta que cumpla ocho años, por un máximo de ocho semanas, continuas o discontinuas, y no tiene carácter retribuido.

42.4

Deberes y principios éticos

Los empleados públicos deben desempeñar sus tareas con diligencia y velar por los intereses generales conforme a la Constitución y al ordenamiento. El código de conducta articula esta obligación mediante principios éticos y reglas de comportamiento. No es una declaración simbólica: orienta la actuación cotidiana y la interpretación del régimen disciplinario.

La objetividad y la imparcialidad exigen decidir por razones vinculadas al interés general, al margen de intereses personales, familiares, corporativos o clientelares. La lealtad y la buena fe se proyectan sobre la relación con la Administración, superiores, compañeros, subordinados y ciudadanía. El empleado debe abstenerse cuando tenga interés personal y evitar actividades, operaciones económicas o relaciones que generen un conflicto con sus obligaciones públicas.

La dedicación al servicio público impide utilizar información, facultades o posición profesional para obtener ventajas. No puede aceptarse trato de favor ni influirse sin causa en la agilización o resolución de procedimientos. Los regalos, favores o servicios que excedan de los usos sociales y de cortesía deben rechazarse, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan existir.

El deber de diligencia comprende realizar las tareas encomendadas, cumplir jornada y horario y resolver dentro de plazo los procedimientos de competencia propia. Los recursos y bienes públicos deben administrarse con austeridad y conservarse para el servicio; no pueden utilizarse en beneficio particular. También existe obligación de garantizar la constancia y transmisión de los documentos, mantener actualizada la formación y observar las normas de seguridad y salud.

Los empleados obedecen las instrucciones profesionales de sus superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento. En ese caso deben ponerlas inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección. La jerarquía no exonera del respeto a la ley, pero una mera discrepancia profesional tampoco permite desobedecer una orden válida.

El secreto se refiere a materias clasificadas o cuya difusión esté legalmente prohibida; la discreción alcanza la información conocida por razón del puesto aunque no sea formalmente secreta. Estos deberes continúan después de abandonar el destino y prohíben utilizar la información en beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público.

La relación con la ciudadanía exige atención y respeto, información sobre las materias que tenga derecho a conocer y ayuda para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Debe garantizarse la atención en la lengua solicitada cuando sea oficial en el territorio.

Los principios del código informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario. Ayudan a valorar una conducta tipificada, la culpabilidad y la proporcionalidad, pero no permiten crear por sí solos una falta nueva. Legalidad y tipicidad exigen que la conducta y la sanción tengan cobertura normativa o, para el personal laboral, convencional.

42.5

Principios de la potestad disciplinaria

La potestad disciplinaria permite a la Administración corregir las infracciones cometidas por funcionarios y personal laboral en el ejercicio de sus funciones o cargos. Su finalidad es proteger el correcto funcionamiento del servicio, no castigar cualquier error o resultado desfavorable. Una conducta puede generar simultáneamente responsabilidad disciplinaria, patrimonial o penal cuando cada una proteja un fundamento diferente.

La legalidad y tipicidad exigen que la falta y la sanción estén previamente previstas por una norma o, en el caso del personal laboral, por el convenio colectivo habilitado. No cabe sancionar por analogía ni convertir una valoración genérica de conducta en una infracción no definida. La norma desfavorable no se aplica retroactivamente; la posterior más favorable sí puede beneficiar al presunto responsable.

La culpabilidad impide sancionar por el mero resultado: debe existir dolo o negligencia imputable. La presunción de inocencia obliga a la Administración a probar los hechos y la participación, sin trasladar al empleado la carga de demostrar que es inocente. La proporcionalidad exige adecuar la sanción a la gravedad, intencionalidad, descuido, daño al interés público, reiteración o reincidencia y grado de participación.

Responde quien realiza la conducta y también quien induce a otro, con la misma responsabilidad. El encubridor responde cuando oculta una falta grave o muy grave ya consumada y de ello deriva un daño grave para la Administración o la ciudadanía. La tolerancia de los superiores puede constituir, además, una falta propia cuando se encuentre tipificada.

La prohibición de non bis in idem impide sancionar dos veces cuando coinciden sujeto, hechos y fundamento. No excluye que unos mismos hechos originen consecuencias de naturaleza distinta cuando protegen bienes diferentes, pero obliga a evitar duplicidades materiales.

Si durante la instrucción aparecen indicios fundados de delito, el procedimiento disciplinario debe suspenderse y ponerse en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por una resolución judicial firme vinculan a la Administración, aunque esta deba efectuar después la calificación disciplinaria que corresponda.

42.6

Faltas

Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves. La categoría condiciona las sanciones posibles, el procedimiento y la prescripción, pero la Administración no puede elegir libremente el grado: debe aplicar el tipo que describa la conducta y acreditar todos sus elementos.

El TREBEP considera muy graves:

  • el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los estatutos de autonomía en el ejercicio de la función;
  • la discriminación y las distintas formas de acoso enumeradas por la ley;
  • el abandono del servicio o la negativa voluntaria a asumir las tareas encomendadas;
  • la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave;
  • la publicación o utilización indebida de documentación o información conocida por el cargo;
  • la negligencia en la custodia de secretos oficiales que provoque su difusión;
  • el notorio incumplimiento de funciones esenciales;
  • la utilización de facultades para influir en procesos electorales;
  • la desobediencia abierta, salvo que la orden sea manifiestamente contraria al ordenamiento;
  • prevalerse de la condición pública para obtener un beneficio indebido;
  • obstaculizar libertades públicas o derechos sindicales, coartar la huelga o incumplir los servicios esenciales;
  • incumplir las normas de incompatibilidades cuando se origine una situación incompatible;
  • no comparecer injustificadamente ante comisiones parlamentarias de investigación;
  • el acoso laboral;
  • y las demás conductas tipificadas como muy graves por ley o, para el personal laboral, por convenio colectivo.

La desobediencia abierta debe diferenciarse de la negativa legítima a cumplir una orden manifiestamente ilegal. La primera ataca la relación jerárquica y puede ser muy grave; la segunda constituye el cumplimiento del deber del artículo 54, siempre que la ilegalidad sea manifiesta y se comunique a los órganos de inspección.

Las faltas graves deben establecerse por ley o, respecto del personal laboral, por convenio colectivo, atendiendo al grado de vulneración de la legalidad, la entidad del daño y el descrédito para la Administración. En la Administración del Estado continúan aplicándose los tipos del Real Decreto 33/1986 que permanezcan vigentes y sean compatibles con el TREBEP, como la falta de obediencia, el abuso de autoridad, la grave desconsideración o la tolerancia de los superiores ante faltas graves o muy graves.

Las leyes de función pública determinan el régimen de las faltas leves. El Real Decreto 33/1986 recoge para su ámbito conductas de menor intensidad, como determinadas incorrecciones, descuidos o incumplimientos injustificados. La menor gravedad no elimina la tipicidad ni la audiencia: tampoco una falta leve puede construirse por analogía.

42.7

Sanciones

Las sanciones posibles son:

  • separación del servicio de los funcionarios de carrera y revocación del nombramiento de los interinos, únicamente por faltas muy graves;
  • despido disciplinario del personal laboral por una falta muy grave, que inhabilita para celebrar un nuevo contrato con funciones similares; cuando afecte a personal laboral fijo y sea declarado improcedente, procede la readmisión en los términos del TREBEP;
  • suspensión firme de funciones o empleo y sueldo hasta seis años;
  • traslado forzoso con o sin cambio de localidad;
  • demérito, que penaliza carrera, promoción o movilidad voluntaria;
  • apercibimiento;
  • otras establecidas por ley.

La sanción debe corresponder a la gravedad y graduarse según intencionalidad, negligencia, daño, reiteración o reincidencia y participación. La separación extingue la condición y no se confunde con la suspensión temporal. El traslado forzoso sancionador es distinto de una movilidad acordada por necesidades organizativas. El demérito penaliza la carrera, promoción o movilidad voluntaria; no consiste simplemente en descontar salario.

La prescripción impide perseguir indefinidamente una infracción o ejecutar sin límite una sanción ya impuesta:

GravedadPrescripción de la faltaPrescripción de la sanción
Muy graveTres añosTres años
GraveDos añosDos años
LeveSeis mesesUn año

Para las faltas, el plazo comienza cuando se cometen o cuando cesa la conducta si es continuada. Para las sanciones, comienza desde la firmeza de la resolución sancionadora. En el ámbito estatal, la incoación debidamente conocida interrumpe el cómputo conforme a la normativa procedimental aplicable; una paralización prolongada no imputable al expedientado puede hacer que vuelva a correr. No deben utilizarse los antiguos plazos del Real Decreto 33/1986 que hayan quedado desplazados por el artículo 97 del TREBEP.

42.8

Procedimiento disciplinario

Las faltas graves y muy graves solo pueden sancionarse mediante el procedimiento previamente establecido. Las leves se tramitan por un procedimiento sumario, pero siempre con audiencia. La simplificación del trámite no permite prescindir del conocimiento de la acusación ni del derecho a defenderse.

El procedimiento debe respetar eficacia, celeridad y economía procesal, además de todas las garantías de defensa. La fase instructora y la sancionadora se encomiendan a órganos distintos: quien investiga y formula la propuesta no debe ser quien adopte la decisión final.

Iniciación e instrucción

El procedimiento se inicia siempre de oficio, por iniciativa del órgano competente, orden superior, petición razonada o denuncia. Antes puede abrirse una información reservada para conocer si existen indicios suficientes. Esta actuación preliminar no equivale al expediente ni permite imponer una sanción.

El acuerdo de incoación identifica los hechos inicialmente atribuidos, la posible responsabilidad y el instructor y, cuando proceda, el secretario. Debe notificarse al expedientado, que puede promover su abstención o recusación por las causas legales. Desde ese momento deben preservarse el acceso al expediente y la posibilidad real de defensa.

Tras las primeras diligencias, el instructor formula un pliego de cargos claro y separado para cada hecho, indicando la posible falta y las sanciones aplicables. El expedientado dispone en el régimen estatal de diez días para contestar, aportar documentos y solicitar pruebas. La prueba pertinente se practica, con carácter general, durante un plazo de un mes; su denegación debe estar motivada.

Concluida la prueba se da vista del expediente para alegaciones y se formula una propuesta de resolución que fija hechos, valoración jurídica, responsabilidad y sanción. La propuesta vuelve a notificarse para alegar. Esta doble posibilidad de contradicción permite combatir tanto la imputación inicial como la conclusión alcanzada después de la prueba.

Resolución y ejecución

La resolución debe pronunciarse sobre todas las cuestiones, identificar con precisión los hechos probados, el tipo infringido, la persona responsable y la sanción, y resolver sobre las medidas provisionales. No puede sancionar por hechos distintos de los incluidos en el pliego y la propuesta sin ofrecer una nueva oportunidad de contradicción, aunque pueda efectuar una valoración jurídica distinta dentro de los límites de la defensa.

La resolución se notifica con indicación de los recursos. En el ámbito del Real Decreto 33/1986, la sanción se ejecuta en sus propios términos y, como regla, dentro del plazo máximo de un mes, salvo que la resolución establezca otro por causa justificada. La presentación de un recurso no suspende automáticamente la ejecución: la suspensión debe resultar de la norma o ser acordada por el órgano competente.

Las sanciones se anotan en el registro de personal y sus anotaciones se cancelan conforme a la normativa aplicable. Una sanción cancelada o que hubiera debido cancelarse no puede computarse a efectos de reincidencia.

Medidas provisionales

Las medidas provisionales requieren resolución motivada y deben ser necesarias para asegurar la eficacia de la decisión. No pueden utilizarse como una sanción anticipada. La suspensión provisional durante el expediente no puede exceder de seis meses, salvo que la paralización sea imputable al interesado.

También puede acordarse durante un proceso judicial y mantenerse mientras duren la prisión provisional u otras medidas judiciales que impidan desempeñar el puesto. En este supuesto, que exceda de seis meses no determina por sí solo la pérdida del puesto.

Durante la suspensión provisional se perciben las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares. Si se convierte en suspensión firme, el tiempo se abona para su cumplimiento y deben regularizarse las cantidades percibidas. Si no termina en sanción, el periodo cuenta como servicio activo, procede la reincorporación inmediata y se restituyen las diferencias retributivas y los demás derechos afectados.

42.9

Síntesis del tema

Los derechos profesionales y colectivos permiten desarrollar una carrera digna y compatible con la vida personal y familiar. Los deberes garantizan que esa posición se ejerza con objetividad, integridad, diligencia y vocación de servicio a la ciudadanía.

El régimen disciplinario protege el correcto funcionamiento de la Administración sin convertir cualquier error en una infracción. Para sancionar se exige una conducta tipificada y culpable, el respeto a la proporcionalidad y a los plazos de prescripción, y la prohibición de castigar dos veces los mismos hechos con idéntico fundamento.

El procedimiento separa la instrucción de la decisión, comunica los cargos, permite proponer y practicar prueba, concede audiencia y termina mediante una resolución motivada. El régimen disciplinario constituye así una garantía para el servicio público y, al mismo tiempo, para el empleado frente a decisiones arbitrarias.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema

0 de 6 respondidas

  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 64.

    1. De acuerdo con el artículo 96 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué puede suponer la sanción de demérito?

  2. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 69.

    2. En el régimen disciplinario del personal al servicio de las Administraciones Públicas regulado en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las infracciones muy graves prescriben:

  3. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 76.

    3. De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados, es una falta:

  4. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta de reserva 2.

    4. De conformidad con el artículo 97 del TREBEP, señale la respuesta correcta en relación con la prescripción de las faltas leves y las sanciones impuestas por las mismas:

  5. Convocatoria de 2018, primer ejercicio ordinario, pregunta 77.

    5. El artículo 14 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público contempla como un derecho de carácter individual del empleado público:

  6. Convocatoria de 2018, primer ejercicio ordinario, pregunta 74.

    6. Conforme con el artículo 48 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuántos días de permiso corresponden a un funcionario de carrera por traslado de domicilio sin cambio de residencia?

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