Bloque 5 · Administración de recursos humanos

Explicación del Tema 45 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Situaciones administrativas e incompatibilidades del personal público

17 apartados27 min de lectura

45.1

Función de las situaciones administrativas

La condición de funcionario no exige permanecer siempre en el mismo puesto ni prestar servicio sin interrupciones. Las situaciones administrativas ordenan jurídicamente esos cambios. Determinan cuatro cuestiones: si existe prestación efectiva, si se conserva o reserva destino, qué derechos económicos y profesionales continúan y cómo se vuelve al servicio activo.

Algunas situaciones se declaran a solicitud de la persona interesada; otras nacen obligatoriamente cuando se produce su causa. La resolución debe identificar fecha, fundamento y efectos, y anotarse en el registro de personal. No cabe escoger la situación más favorable si los hechos encajan legalmente en otra.

El TREBEP establece el marco básico y permite que las leyes de función pública regulen situaciones adicionales cuando lo exijan razones organizativas, reestructuraciones o políticas de personal. En la AGE subsisten figuras reglamentarias ligadas a la reasignación, como expectativa de destino y excedencia forzosa.

45.2

Servicio activo

Se encuentra en servicio activo quien presta servicios como funcionario en la Administración, organismo o entidad en la que está destinado y no debe quedar en otra situación. Percibe las retribuciones del puesto y conserva plenamente derechos y deberes, carrera, Seguridad Social e incompatibilidades.

También se consideran servicio activo determinados supuestos en los que no se desempeña materialmente el puesto ordinario, pero la norma mantiene esa situación: comisiones de servicio, vacaciones, permisos, incapacidad temporal o atribuciones temporales compatibles con ella. La clave no es la presencia física diaria, sino que no exista una causa legal que imponga otra situación.

Los cambios de puesto dentro de la misma Administración suelen mantener el servicio activo. La toma de posesión y los plazos posesorios reciben el tratamiento reglamentario correspondiente; no toda pausa entre destinos constituye excedencia.

45.3

Servicios especiales

Los servicios especiales permiten asumir determinados cargos, mandatos o misiones de relevancia pública sin perder la carrera funcionarial. No se declaran por la importancia subjetiva de la función, sino únicamente cuando concurre alguno de los supuestos legales. Entre ellos se encuentran el nombramiento como miembro del Gobierno o de los órganos de gobierno autonómicos; el desempeño de determinados altos cargos; la condición de miembro de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa autonómica cuando se perciban retribuciones periódicas; el acceso a órganos constitucionales, al Poder Judicial o a instituciones equivalentes; y el desempeño de ciertos cargos electivos locales con dedicación exclusiva.

También se incluyen las misiones autorizadas en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras cuando exceden de seis meses; la adquisición de la condición de funcionario de una organización internacional; la designación como personal eventual para puestos de confianza o asesoramiento político cuando no se opte por permanecer en servicio activo; la activación como reservista voluntario para prestar servicio en las Fuerzas Armadas y los demás casos expresamente previstos por una ley. El catálogo debe interpretarse de manera cerrada: ocupar otro puesto público no conduce por sí solo a servicios especiales.

Durante esta situación se perciben las retribuciones del cargo o puesto desempeñado, no las del puesto funcionarial, sin perjuicio de los trienios reconocidos. El tiempo computa para ascensos, trienios, promoción interna y derechos del régimen de Seguridad Social. Es una situación especialmente protectora porque el servicio público realizado fuera del puesto ordinario no debe perjudicar la carrera.

Al cesar la causa, el funcionario debe solicitar el reingreso en el plazo de un mes. Si no lo hace, pasa a excedencia voluntaria por interés particular desde el día en que perdió la condición que justificaba los servicios especiales. El TREBEP garantiza, como mínimo, el reingreso en la misma localidad y en condiciones y con retribuciones acordes con la categoría, nivel o grado de carrera consolidado. Para ciertos altos cargos pueden existir garantías adicionales, pero no cabe afirmar de forma general que toda persona recupere exactamente el mismo puesto.

No todo cargo electivo conduce a servicios especiales. Un miembro de una corporación local sin dedicación exclusiva puede mantener su puesto público y compatibilizarlo en las condiciones legales. La dedicación, la retribución y el tipo de cargo determinan el régimen aplicable.

45.4

Servicio en otras Administraciones Públicas

Esta situación corresponde a funcionarios que, mediante procesos de transferencias o procedimientos de provisión y movilidad, obtienen destino en una Administración distinta. Se integran funcionalmente en la organización de destino y se rigen por su legislación en cuanto a servicio, promoción y régimen aplicable, pero conservan su condición de funcionarios de la Administración de origen.

El tiempo se computa como servicio activo en el cuerpo o escala de origen. Cuando se produce el retorno, la Administración de procedencia debe reconocer los progresos profesionales alcanzados conforme a los acuerdos de movilidad y a los mecanismos de homologación de carreras. El funcionario conserva, además, los derechos adquiridos en el sistema de carrera de la Administración de destino. No equivale a servicios especiales: aquí se ocupa un puesto ordinario en otra Administración, no un cargo de los que la ley protege con aquella situación.

La forma de regresar depende de cómo se llegó a la Administración de destino. En el régimen estatal, si el puesto obtenido por concurso o libre designación se suprime o se cesa en él, la Administración de destino dispone de un mes para asignar otro puesto en los términos aplicables. Si no lo hace, el interesado dispone del mes siguiente para solicitar el reingreso a la Administración de origen. La falta de solicitud dentro de ese plazo conduce a excedencia voluntaria por interés particular. La secuencia evita que el vínculo de origen quede indefinidamente pendiente cuando ya no existe destino efectivo en la otra Administración.

Tampoco debe confundirse con prestar servicios como personal laboral fijo en otra entidad pública. En la AGE, ese cambio puede determinar excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, no servicio en otras Administraciones.

45.5

Excedencia voluntaria por interés particular y agrupación familiar

La excedencia por interés particular permite interrumpir voluntariamente el servicio. El TREBEP exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores, aunque las leyes de función pública pueden establecer un periodo inferior y regular una permanencia mínima. No constituye un derecho incondicionado: su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio, que deben motivarse, y no procede mientras se instruye un expediente disciplinario.

Durante ella no se perciben retribuciones; el tiempo no computa para ascensos, trienios ni derechos en el régimen de Seguridad Social, y no existe reserva de puesto. Reingresar exige participar en los procedimientos de provisión o solicitarlo mediante adscripción provisional cuando esta vía resulte posible. Por eso no es un permiso prolongado ni garantiza volver al mismo órgano, localidad o puesto.

La excedencia por agrupación familiar puede concederse sin el periodo previo de servicios cuando el cónyuge reside en otra localidad por haber obtenido y desempeñar un puesto definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en una Administración, organismo público, órgano constitucional o judicial, institución europea u organización internacional. Tampoco reserva puesto ni computa como servicio, salvo mejora legal.

45.6

Excedencias de protección y cuidado

La excedencia para cuidar a cada hijo —por naturaleza, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente— puede durar hasta tres años desde el nacimiento o desde la resolución correspondiente. Existe el mismo límite de tres años para atender a un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe una actividad retribuida. Cada sujeto causante origina un periodo distinto; si aparece una nueva causa, su inicio pone fin al que se venía disfrutando.

Es un derecho individual y puede disfrutarse de forma fraccionada. Cuando dos funcionarios lo generan por la misma persona, la Administración únicamente puede limitar el ejercicio simultáneo mediante resolución motivada basada en razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. No basta invocar de forma genérica las necesidades organizativas.

Todo el tiempo computa para trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social y permite participar en cursos de formación. Durante al menos los dos primeros años se reserva el puesto desempeñado; transcurrido ese periodo, la reserva se refiere a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. La protección profesional permite atender el cuidado sin convertir la ausencia en una ruptura de la carrera.

Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual pueden obtener excedencia sin tiempo previo de servicios ni permanencia mínima para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral. Durante los seis primeros meses se reserva el puesto y el tiempo computa para antigüedad, carrera y Seguridad Social. Si las actuaciones judiciales lo exigen, la reserva puede prorrogarse por periodos de tres meses hasta un máximo de dieciocho. Durante los dos primeros meses se perciben las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como quienes estén amenazados en los términos legales, disponen de una protección equivalente mientras resulte necesaria para su protección y asistencia social integral. Estas modalidades no son beneficios discrecionales: responden a derechos vinculados a una situación acreditada y exigen una gestión especialmente confidencial.

45.7

Excedencia por prestación de servicios en el sector público

En la regulación estatal se declara esta excedencia cuando un funcionario pasa a prestar servicio activo en otro cuerpo o escala o como personal laboral fijo en una entidad del sector público y no corresponde otra situación. Evita mantener simultáneamente dos vínculos activos incompatibles.

Puede conservarse mientras continúe la relación que la originó. El tiempo no produce los efectos propios del servicio activo en el cuerpo de origen, sin perjuicio de que los servicios prestados puedan reconocerse después a los efectos legalmente previstos. Cuando cesa la relación que dio lugar a la excedencia, el funcionario debe solicitar el reingreso en el plazo de un mes; de no hacerlo, queda en excedencia voluntaria por interés particular.

45.8

Expectativa de destino y excedencia forzosa

La expectativa de destino afecta al personal que, tras las dos primeras fases de una reasignación de efectivos, no obtiene puesto. Puede durar como máximo un año. Durante ese tiempo se perciben las retribuciones básicas, el complemento de destino correspondiente al grado personal —o al puesto que se desempeñaba, si era superior— y el cincuenta por ciento del complemento específico del puesto de origen.

No es una espera pasiva. El funcionario debe aceptar los puestos de características similares situados en la provincia, participar en los concursos para puestos adecuados que se le notifiquen y asistir a los cursos de capacitación a los que sea convocado. El incumplimiento de estas obligaciones puede determinar excedencia voluntaria por interés particular. Si transcurre el año sin obtener destino, se pasa a excedencia forzosa.

La excedencia forzosa también puede aparecer cuando una persona suspendida en firme, sin reserva de puesto, solicita el reingreso y este no se le concede dentro de los seis meses siguientes a la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Mantiene las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo; el tiempo computa para trienios y derechos pasivos. A cambio, impone disponibilidad, participación en provisión y aceptación de puestos adecuados. El incumplimiento lleva a la excedencia por interés particular. Difiere radicalmente de la excedencia voluntaria: no nace de una decisión libre y ofrece protección económica mientras la Administración no proporciona destino.

45.9

Excedencia voluntaria incentivada

La excedencia voluntaria incentivada es una medida vinculada a los planes de empleo y a la reasignación de efectivos. Pueden solicitarla, en los términos reglamentarios, quienes se encuentren afectados por un proceso de reasignación en sus primeras fases y quienes estén en expectativa de destino o en excedencia forzosa como consecuencia de un plan de empleo. Su finalidad es facilitar una salida temporal y compensada dentro de un proceso de reorganización, no atender un interés personal ordinario.

Tiene una duración de cinco años e impide desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo cualquier tipo de relación funcionarial o contractual. Da derecho a una mensualidad de las retribuciones periódicas —sin pagas extraordinarias ni productividad— por cada año completo de servicios efectivos, con un máximo de doce mensualidades. Concluido el periodo, debe solicitarse el reingreso en el plazo de un mes; si no se hace, se pasa a excedencia voluntaria por interés particular. Estas notas la separan tanto de la expectativa de destino como de la excedencia ordinaria.

45.10

Suspensión de funciones

La suspensión priva temporalmente del ejercicio de funciones y de los derechos inherentes a la condición en la extensión fijada por la resolución. Puede ser provisional, como medida cautelar durante un procedimiento disciplinario o judicial, o firme, como sanción o consecuencia de sentencia.

La suspensión provisional no anticipa culpabilidad. En un expediente disciplinario puede acordarse motivadamente y, con carácter general, no exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. Si se adopta durante un procedimiento judicial, se mantiene por el tiempo al que se extienda la prisión provisional u otra medida que imposibilite trabajar. Durante ella se perciben las retribuciones básicas y, cuando proceda, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Si no se convierte en firme, el tiempo se reconoce como servicio activo y deben restituirse los derechos económicos correspondientes.

La suspensión firme puede resultar de sentencia penal o de sanción disciplinaria; en este último caso no puede superar seis años. Mientras dura, no se pueden prestar servicios en ninguna Administración pública ni en sus organismos o entidades vinculadas. Si excede de seis meses, determina la pérdida del puesto. La suspensión no extingue por sí misma la condición de funcionario: esa consecuencia corresponde a la separación del servicio o a la inhabilitación cuando tenga tal alcance.

El reingreso debe solicitarse con un mes de antelación a la finalización de la suspensión. Si no se pide, se pasa a excedencia por interés particular. Si se solicita y no se concede dentro de los seis meses posteriores a la extinción de la responsabilidad, procede la excedencia forzosa. Así, la terminación de la sanción no produce siempre una incorporación automática al puesto anterior.

45.11

Reingreso y cambio de situación

El reingreso al servicio activo no tiene un único cauce. Puede producirse mediante concurso o libre designación, mediante adscripción provisional cuando se cumplan sus requisitos o por las reglas específicas de la situación de procedencia. La existencia de reserva permite volver al puesto o a uno protegido por la norma; cuando no existe, el funcionario debe obtener un destino y no puede dar por supuesto el retorno al órgano anterior.

Los plazos son parte esencial del régimen. En servicios especiales y en la excedencia por prestación de servicios en el sector público se dispone, con carácter estatal, de un mes desde el cese de la causa. En la suspensión firme, la solicitud se formula un mes antes de su terminación. La omisión suele conducir a excedencia por interés particular, por lo que no constituye una simple irregularidad formal.

Es posible pasar de una situación administrativa a otra sin reingresar materialmente al servicio activo cuando se reúnen los requisitos de la nueva situación. La resolución debe declarar el cambio y anotarlo en el registro de personal. Esta regla explica, por ejemplo, que la finalización de una causa protegida no obligue siempre a tomar posesión durante un día antes de acceder a otra situación legalmente procedente.

45.12

Situaciones del personal laboral

El sistema expuesto está construido principalmente para los funcionarios de carrera. El personal laboral se rige en esta materia por el Estatuto de los Trabajadores y por los convenios colectivos aplicables. Estos pueden incorporar situaciones equivalentes a las funcionariales cuando sean compatibles con la legislación laboral, pero no cabe trasladar automáticamente todas sus causas, efectos y plazos.

La diferencia resulta importante en el examen y en la práctica. Un funcionario puede quedar en servicios especiales o en servicio en otras Administraciones porque así lo prevé su estatuto; un trabajador laboral puede acceder a una excedencia o suspensión regulada laboralmente con efectos distintos sobre la reserva, la antigüedad o el reingreso. Siempre debe identificarse primero la naturaleza del vínculo.

45.13

Principio general de incompatibilidad

La Ley 53/1984 parte de la dedicación del personal a un solo puesto público y de la prohibición de actividades que impidan o menoscaben el cumplimiento de deberes o comprometan imparcialidad e independencia. Se aplica a funcionarios, laborales y demás personal del sector público, cualquiera que sea la naturaleza de su relación.

No existe un derecho general a acumular empleos porque los horarios no coincidan. La compatibilidad es excepcional, requiere encaje legal y autorización o reconocimiento previo. Tampoco puede percibirse, salvo excepción legal, más de una remuneración con cargo a presupuestos públicos. A estos efectos, la ley adopta un concepto amplio de sector público que alcanza a Administraciones, organismos, entidades, empresas y demás organizaciones incluidas en su ámbito.

El incumplimiento puede constituir falta disciplinaria, obligar a cesar en la actividad y dar lugar a responsabilidad económica. Obtener compatibilidad no sana actuaciones realizadas antes de la autorización ni elimina las reglas de abstención y conflicto de intereses.

45.14

Segundo puesto en el sector público

Como regla, no puede desempeñarse un segundo puesto, cargo o actividad en el sector público. La ley admite excepciones tasadas: la actividad como profesor universitario asociado a tiempo parcial y con duración determinada; determinados puestos docentes o sanitarios; actividades de investigación no permanentes y asesoramiento científico o técnico de carácter ocasional; cargos electivos; y, por razón de interés público, otros puestos laborales a tiempo parcial y de duración determinada en las condiciones aprobadas por el órgano competente.

La autorización debe ser expresa y anterior al comienzo de la segunda actividad. No puede modificar la jornada ni el horario de los dos puestos y queda condicionada a su estricto cumplimiento. Corresponde al órgano legalmente competente —según se trate de la Administración estatal, autonómica o local— y exige los informes previstos. Si se accede a un nuevo puesto público incompatible, debe optarse dentro del plazo de toma de posesión; a falta de opción se entiende elegido el nuevo. Si se pretende solicitar compatibilidad, debe instarse durante los diez primeros días de ese plazo, que queda prorrogado hasta que se resuelva.

También cabe compatibilidad con la condición de miembro de una corporación local, salvo cargo retribuido en régimen de dedicación exclusiva. Solo puede percibirse remuneración por una de las actividades cuando la ley así lo dispone, sin perjuicio de asistencias permitidas.

Los servicios prestados en el segundo puesto compatible no se computan para trienios ni derechos pasivos, y las pagas extraordinarias y prestaciones familiares solo pueden percibirse por uno de ellos. Además, el total de las remuneraciones no puede superar la retribución prevista para un director general ni exceder la principal en los porcentajes legales: 30, 35, 40, 45 o 50 por ciento según el antiguo grupo de clasificación A, B, C, D o E. La superación excepcional exige un acuerdo expreso fundado en razones de especial interés para el servicio.

El desempeño de un puesto público es incompatible, con carácter general, con la percepción de una pensión de jubilación o retiro derivada de un régimen público obligatorio. La pensión queda en suspenso mientras dure el puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones; la ley contempla la particularidad de la jubilación parcial en el ámbito laboral. Esta regla impide eludir la incompatibilidad presentando uno de los ingresos públicos como pensión.

45.15

Actividades privadas

La actividad profesional, mercantil o laboral privada requiere reconocimiento previo de compatibilidad cuando se encuentra dentro del régimen legal. Debe ejercerse fuera de la jornada pública y no puede modificarla. La resolución ha de ser motivada y dictarse dentro del plazo legal de dos meses. Si cambia el puesto público, el reconocimiento queda sin efecto y debe examinarse de nuevo la compatibilidad con las nuevas funciones.

Hay prohibiciones materiales que ninguna autorización puede levantar. No se puede intervenir privadamente en asuntos en los que se actúa, se ha actuado durante los dos últimos años o se debe actuar por razón del puesto público. Tampoco cabe pertenecer al consejo de administración u órgano rector de empresas cuya actividad esté directamente relacionada con el departamento, organismo o entidad en que se presta servicio; desempeñar cargos en empresas concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o participadas o avaladas por el sector público; ni poseer más de un diez por ciento de su capital.

La incompatibilidad no depende solo del horario. Un empleado que tramita subvenciones no puede asesorar privadamente a solicitantes de esas ayudas aunque lo haga por la tarde. El problema es el conflicto entre interés público y privado, el uso de información y la apariencia de imparcialidad.

Una actividad privada que exija presencia efectiva igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de las Administraciones solo puede reconocerse si el puesto público está autorizado a tiempo parcial. Tampoco puede reconocerse actividad privada a quien ya tiene autorizados dos puestos públicos cuya suma alcanza la jornada máxima ordinaria.

El reconocimiento está condicionado por el componente retributivo vinculado a la incompatibilidad y, durante la aplicación del régimen transitorio previsto en el TREBEP, por las reglas del complemento específico. La excepción que permite estudiar la compatibilidad cuando este complemento no supera el treinta por ciento de las retribuciones básicas —excluida la antigüedad— no elimina las prohibiciones materiales ni convierte el reconocimiento en automático. Todas las resoluciones deben inscribirse en el registro de personal y la condición de empleado público no puede invocarse para ejercer la actividad privada.

45.16

Actividades exceptuadas

La ley excluye determinadas actividades por su carácter personal, ocasional o de interés general. Entre ellas figuran la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de las prohibiciones frente a conflictos empresariales; la participación en tribunales calificadores de procesos selectivos; la colaboración no retribuida en mutualidades o patronatos de funcionarios; la producción y creación literaria, artística, científica o técnica no derivada de una relación de empleo o de prestación de servicios; y la participación ocasional en coloquios y programas de cualquier medio de comunicación.

También se exceptúan la dirección de seminarios o el dictado de cursos y conferencias en centros oficiales de formación de funcionarios o profesorado cuando no tengan carácter permanente o habitual ni superen setenta y cinco horas al año; la preparación para el acceso a la función pública en los casos reglamentarios; la intervención del profesorado en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las ordinarias; y la colaboración o asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos profesionales. La condición importa: una colaboración ocasional puede quedar exceptuada, pero una intervención diaria en un programa de comunicación ya no lo está por el mero hecho de ser divulgativa.

Estas exclusiones no autorizan a usar medios públicos, revelar información reservada, incumplir jornada ni intervenir en conflicto de intereses. La actividad debe encajar exactamente en el supuesto legal.

45.17

Síntesis del tema

Las situaciones administrativas ordenan la continuidad, interrupción y retorno de la relación funcionarial. Sus efectos no se deducen solo del nombre: deben estudiarse la causa, la reserva de puesto, el cómputo del tiempo, las retribuciones y el modo y plazo de reingreso. El personal laboral se somete a su normativa propia, aunque los convenios puedan prever figuras equivalentes.

Las incompatibilidades preservan la dedicación y la imparcialidad. Un segundo puesto público solo cabe en los supuestos tasados y con autorización previa; una actividad privada debe superar tanto las prohibiciones por conflicto de intereses como los límites de jornada y retribución. Las actividades exceptuadas tampoco constituyen permisos generales: solo quedan fuera del régimen cuando conservan las condiciones de ocasionalidad y autonomía exigidas por la ley.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

0 de 7 respondidas

  1. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 81.artículo 87.1.c) del TREBEP.

    1. Un funcionario público que es nombrado Secretario de Estado queda en situación administrativa de:

  2. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 73.artículo 87.1.i) del TREBEP.

    2. Según el TREBEP, cuando un funcionario de carrera adquiere la condición de funcionario al servicio de una organización internacional pasará a la situación de:

  3. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 74.artículo 12 del Real Decreto 365/1995.

    3. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ¿cuánto tiempo pueden permanecer los funcionarios en situación de expectativa de destino?

  4. Convocatoria de 2018, primer ejercicio ordinario, pregunta 70.artículo 15 del Real Decreto 365/1995.

    4. ¿Cuál es la situación administrativa en la que correspondería declarar a un funcionario de carrera que presta servicios en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y que va a prestar servicios como personal laboral fijo en la Administración de la Comunidad Valenciana?

  5. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 70.artículo 5 de la Ley 53/1984.

    5. De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿es compatible el desempeño de un puesto de funcionario de carrera de la Administración General del Estado con el de cargo electivo, miembro de una corporación local?

  6. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 76.artículo 19 de la Ley 53/1984.

    6. ¿Cuál de las siguientes actividades NO está exceptuada del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas?

  7. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 76.artículo 7.2 de la Ley 53/1984.

    7. Indique la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, en relación con el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público:

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