Bloque 5 · Administración de recursos humanos
Explicación del Tema 48 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Negociación, representación y huelga de los empleados públicos
48.1
Tres derechos colectivos diferentes
El Estatuto Básico del Empleado Público diferencia negociación colectiva, representación y participación institucional. Las tres permiten intervenir colectivamente en asuntos relacionados con el trabajo, pero actúan mediante sujetos, procedimientos y efectos distintos.
La negociación colectiva es el derecho a negociar la determinación de las condiciones de trabajo. Se desarrolla en mesas formadas por la Administración y los sindicatos que reúnen la representatividad exigida. La representación permite elegir órganos unitarios de interlocución: Delegados y Juntas de Personal para funcionarios; delegados de personal y comités de empresa para laborales. Se denominan unitarios porque representan al conjunto de la unidad electoral, con independencia de la afiliación sindical.
La participación institucional consiste en la intervención de organizaciones sindicales en órganos públicos de control y seguimiento cuando una norma lo prevé. No se identifica con una mesa ni con una Junta de Personal: su existencia, composición y funciones dependen de la regulación del órgano concreto.
También debe separarse la representación unitaria de la sindical. Una sección sindical agrupa a los afiliados de un sindicato y el delegado sindical la representa en los supuestos legales. Un delegado de personal o un miembro de una junta, en cambio, ha sido elegido por todo el censo. Ambas formas pueden coexistir, pero su legitimación y facultades no proceden de la misma fuente.
Una Junta de Personal representa, recibe información, vigila el cumplimiento de las normas y formula iniciativas, pero no negocia por sí misma en las mesas. Allí se sientan los sindicatos legitimados. Los resultados electorales son relevantes porque sirven para medir su representatividad.
48.2
Legitimación y constitución de las mesas
Pueden participar los sindicatos más representativos en el ámbito estatal o autonómico y aquellos que hayan obtenido al menos el porcentaje de representantes exigido en el ámbito concreto. El TREBEP reconoce también, en los términos legales, la legitimación por irradiación de organizaciones integradas en sindicatos más representativos.
Para constituir válidamente la mesa no basta con invitar a quienes tengan derecho a estar presentes. Los sindicatos que acudan deben representar en conjunto, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios del ámbito. Así se evita que una minoría negocie en nombre de un colectivo cuya representación mayoritaria está ausente.
La representatividad se acredita cada dos años mediante certificación de la oficina pública competente. Cada parte designa libremente a sus representantes, con un máximo de quince miembros por cada una, y puede asistir con asesores, que tienen voz pero no voto.
La negociación debe comenzar en el plazo máximo de un mes desde que la promueva la mayoría de una de las partes legitimadas, salvo causa legal o pactada. Buena fe significa convocar correctamente, intercambiar la información necesaria, formular propuestas y valorar alternativas. No obliga a pactar, pero excluye una reunión puramente formal cuando la decisión ya es inamovible.
48.3
Mesas generales, sectoriales y comunes
La Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas aborda materias que pueden recibir una regulación estatal común. En ella están representadas la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias y los sindicatos legitimados. Negocia, además, el incremento global de las retribuciones del sector público que debe incluirse en el proyecto anual de Presupuestos Generales del Estado.
Cada Administración dispone de su propia Mesa General para las condiciones de trabajo del personal funcionario de su ámbito. Existen, por tanto, mesas en el Estado, las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y las entidades locales. Solo pueden negociar materias comprendidas en las competencias de la Administración correspondiente.
Pueden crearse mesas sectoriales cuando las peculiaridades organizativas o las condiciones específicas de un sector lo aconsejen. Negocian las materias que la mesa general les delega o no ha asumido, sin contradecir los acuerdos generales aplicables.
También existen mesas generales para las materias comunes al personal funcionario, estatutario y laboral. Evitan negociar por separado una medida que afecta igual a colectivos con vínculos jurídicos distintos, pero no eliminan la negociación laboral regulada por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio aplicable.
48.4
Materias objeto de negociación
El artículo 37 del TREBEP enumera las materias negociables. No atribuye a todas el mismo alcance: unas decisiones se negocian en su integridad; en otras se negocian criterios generales; y, cuando existe reserva de ley, las propuestas que el Gobierno pretende incorporar al proyecto normativo.
En materia económica se negocian la aplicación del incremento retributivo fijado presupuestariamente, las retribuciones complementarias, la previsión social complementaria y los criterios generales sobre acción social y prestaciones. La mesa no puede acordar gasto sin crédito ni superar los límites presupuestarios.
En ordenación de personal se negocian criterios generales sobre acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos, evaluación, ofertas de empleo y planificación de recursos humanos. La mesa diseña reglas generales, pero no sustituye al órgano que resuelve una convocatoria o adjudica un puesto concreto.
También se negocian criterios generales de formación y promoción interna; derechos sindicales; prevención de riesgos; y las decisiones sobre calendario, jornada, horarios, vacaciones, permisos, movilidad y planificación estratégica que repercutan en las condiciones de trabajo.
Cuando una materia está reservada a la ley, la mesa no puede aprobarla. Se negocia la propuesta del Gobierno, sin privar a las Cortes de su potestad para debatirla, modificarla y aprobarla.
48.5
Exclusiones y potestad de organización
Quedan fuera de la negociación obligatoria las potestades de organización; el ejercicio de los derechos de ciudadanos y usuarios; el procedimiento de formación de actos y disposiciones; las condiciones del personal directivo; los poderes de dirección y control jerárquico; y la regulación concreta de sistemas, órganos y procedimientos de acceso y promoción.
La exclusión organizativa no ampara cualquier medida que la Administración califique así. El TREBEP exige negociar sus repercusiones cuando afecten a materias del artículo 37. Crear una unidad puede ser una decisión organizativa; cambiar con ello horarios, movilidad o condiciones generales puede exigir negociación.
La clave es identificar el objeto real: no se negocia la competencia unilateral atribuida por la ley, pero sí sus efectos generales sobre las condiciones de trabajo. Tampoco se negocia cada resolución individual que aplica criterios ya establecidos.
48.6
Pactos y acuerdos
El pacto recae sobre materias de competencia directa del órgano administrativo que lo firma y se aplica desde su celebración. El acuerdo versa sobre competencias de un órgano de gobierno y necesita su aprobación expresa y formal para adquirir eficacia.
Si el órgano de gobierno no ratifica un acuerdo, debe reabrirse la negociación cuando lo solicite la mayoría de una de las partes, en el plazo de un mes. Cuando el acuerdo trata una materia reservada a ley, carece de eficacia directa en esa parte: el Gobierno debe elaborar el proyecto correspondiente, sin vincular la potestad legislativa de las Cortes.
Pactos y acuerdos identifican partes, ámbitos personal, funcional, territorial y temporal, y condiciones de denuncia. Tras su ratificación se remiten a la oficina pública y se publican. Salvo disposición distinta, se prorrogan anualmente si no son denunciados. El texto posterior sustituye al anterior en lo que regula, excepto aquello que mantenga expresamente.
Excepcionalmente, el órgano de gobierno puede suspender o modificar lo pactado por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas. Debe limitar la medida a lo necesario e informar a los sindicatos. No es una facultad ordinaria para desatender compromisos inconvenientes.
48.7
Desacuerdo, mediación y arbitraje
Si la negociación concluye sin acuerdo y no existe una regla de prórroga, el órgano de gobierno establece las condiciones de trabajo dentro de su competencia, después de haber cumplido realmente su deber de negociar.
Los conflictos sobre negociación, aplicación o interpretación pueden someterse a mediación. El mediador aproxima posiciones y propone soluciones; la mediación es obligatoria si la solicita una parte, aunque la propuesta no obliga.
El arbitraje exige aceptación de ambas partes. Estas encargan a un tercero que resuelva mediante un laudo y aceptan anticipadamente su decisión. El laudo tiene la eficacia correspondiente a un pacto o acuerdo y puede impugnarse por extralimitación, vulneración procedimental o contradicción con normas imperativas. Ninguno de estos medios permite eludir reservas de ley, competencias o límites presupuestarios.
48.8
Delegados y Juntas de Personal
En unidades de seis a cuarenta y nueve funcionarios hay Delegados de Personal: uno hasta treinta funcionarios y tres entre treinta y uno y cuarenta y nueve. Desde cincuenta se constituye una Junta de Personal.
La junta tiene cinco miembros entre cincuenta y cien funcionarios; nueve entre ciento uno y doscientos cincuenta; trece entre doscientos cincuenta y uno y quinientos; diecisiete entre quinientos uno y setecientos cincuenta; y veintiuno entre setecientos cincuenta y uno y mil. Desde mil se añaden dos por cada mil o fracción, con un máximo de setenta y cinco.
Las juntas eligen presidencia y secretaría y aprueban por mayoría de dos tercios su reglamento, que no puede contradecir normas superiores. Reciben información sobre política de personal, empleo, retribuciones y sanciones muy graves; emiten informes; vigilan condiciones de trabajo, prevención, Seguridad Social e igualdad; formulan propuestas y pueden ejercer acciones administrativas y judiciales en su ámbito.
48.9
Elecciones, mandato y garantías
Pueden promover elecciones los sindicatos más representativos, los que alcancen al menos el diez por ciento de representantes en el ámbito y los funcionarios de la unidad por acuerdo mayoritario. El voto es personal, directo, libre y secreto. Las Juntas se eligen mediante candidaturas y representación proporcional; para Delegados se emplean listas abiertas y sistema mayoritario. Las controversias electorales se someten al procedimiento arbitral previsto legalmente, sin perjuicio del control judicial.
El mandato dura cuatro años y admite reelección. Los representantes pueden ser revocados por quienes los eligieron mediante asamblea convocada al efecto. Si no se celebran nuevas elecciones, el mandato se prorroga, pero sus miembros no computan para medir la representatividad sindical.
Los representantes pueden acceder y circular por su unidad sin perjudicar el servicio, distribuir publicaciones, ser oídos en determinados expedientes y utilizar crédito horario. Este es de quince horas mensuales hasta cien funcionarios; veinte entre ciento uno y doscientos cincuenta; treinta entre doscientos cincuenta y uno y quinientos; treinta y cinco entre quinientos uno y setecientos cincuenta; y cuarenta desde setecientos cincuenta y uno. Puede acumularse si se pacta.
No pueden ser trasladados, sancionados o discriminados por el ejercicio legítimo de su función. La garantía no supone inmunidad por conductas ajenas al mandato. Deben guardar sigilo sobre los asuntos legalmente reservados incluso después de dejar el cargo.
48.10
Personal laboral y representación sindical
El personal laboral se representa mediante delegados de personal y comités de empresa. Hay un delegado en centros de once a treinta trabajadores —y en los de seis a diez si lo decide la mayoría— y tres entre treinta y uno y cuarenta y nueve. Desde cincuenta existe comité de empresa.
El comité tiene cinco miembros entre cincuenta y cien trabajadores; nueve entre ciento uno y doscientos cincuenta; trece entre doscientos cincuenta y uno y quinientos; diecisiete entre quinientos uno y setecientos cincuenta; veintiuno entre setecientos cincuenta y uno y mil; y dos más por cada mil o fracción, con un máximo de setenta y cinco.
Los afiliados pueden constituir secciones sindicales, celebrar reuniones, recaudar cuotas y recibir información. En los supuestos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, las secciones con presencia en el comité están representadas por delegados sindicales. Estos representan a la sección; el delegado de personal ha sido elegido por todo el centro. Por ello el IV Convenio Único considera órganos unitarios a delegados de personal y comités, no a las secciones o delegados sindicales.
48.11
Derecho de reunión
Pueden convocar reuniones los sindicatos, sus delegados, los Delegados y Juntas de Personal, los comités de empresa y los propios empleados cuando representen al menos el cuarenta por ciento del colectivo. Deben comunicar lugar, fecha, hora y orden del día, y responden del normal desarrollo.
La reunión se celebra fuera de las horas de trabajo salvo acuerdo con el órgano competente y no puede perjudicar los servicios. La Administración facilita un local adecuado cuando resulte posible. La asamblea sirve para informar y debatir, pero no sustituye a la mesa ni puede impedir trabajar a quien no participa.
48.12
Convocatoria de la huelga
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce la huelga para defender intereses y exige garantías para mantener los servicios esenciales. El TREBEP la incluye entre los derechos individuales ejercidos colectivamente: cada empleado decide si participa, pero la interrupción concertada necesita convocatoria y finalidad común.
Su régimen combina Constitución, TREBEP, legislación sindical, preceptos vigentes del Real Decreto-ley 17/1977 y jurisprudencia constitucional, especialmente la STC 11/1981, que anuló o reinterpretó restricciones preconstitucionales. El Real Decreto-ley no puede leerse aisladamente.
La convocatoria se comunica por escrito al empleador y a la autoridad laboral. El preaviso ordinario es de cinco días naturales; si afecta a servicios públicos, diez, con la publicidad necesaria para los usuarios. La comunicación expresa objetivos, gestiones previas, fecha de inicio y composición del comité. El plazo favorece una solución y permite organizar la protección de los derechos afectados.
48.13
Comité, negociación y finalización
El comité de huelga, con un máximo de doce miembros, representa a los huelguistas y participa en las actuaciones destinadas a resolver el conflicto. Las restricciones sobre su composición deben leerse conforme a la jurisprudencia constitucional, especialmente en huelgas que afectan a varios centros.
Desde el preaviso y durante la huelga, el comité y la Administración o empleador deben negociar. El acuerdo final tiene en el ámbito laboral la eficacia de lo pactado en convenio colectivo. Los trabajadores pueden poner fin a la huelga en cualquier momento.
El comité interviene también en los servicios de seguridad y mantenimiento necesarios para proteger personas, locales, instalaciones y maquinaria y permitir la posterior reanudación. Estos servicios preservan la organización y no son servicios mínimos para la comunidad.
48.14
Efectos y límites
La huelga lícita no extingue la relación ni es infracción. El empleado público no devenga ni percibe las retribuciones del periodo; la deducción es proporcional, no sancionadora y no afecta a sus prestaciones sociales. Para el personal laboral, el contrato queda suspendido, no hay salario y se aplica la situación especial de Seguridad Social prevista normativamente.
Debe respetarse la libertad de quienes trabajan. Los piquetes pueden informar y persuadir pacíficamente, no coaccionar. Tampoco cabe contratar trabajadores externos para sustituir a quienes secundan la huelga. El Real Decreto-ley solo contempla la excepción vinculada al incumplimiento de los servicios de seguridad y mantenimiento; la designación de personal para servicios mínimos responde a un fundamento y un procedimiento diferentes.
Las prohibiciones del Real Decreto-ley se interpretan restrictivamente. Una huelga de solidaridad no es ilícita por esa sola condición si guarda relación con intereses profesionales. La vigencia de un convenio no impide huelgas por incumplimiento, interpretación o circunstancias nuevas. Las huelgas rotatorias, estratégicas y de celo presentan una presunción de abuso que puede desvirtuarse: debe comprobarse si causan un daño desproporcionado adicional al propio de la huelga.
48.15
Servicios esenciales y servicios mínimos
Los servicios de seguridad y mantenimiento protegen personas y bienes de la organización. Los servicios esenciales protegen derechos, libertades y bienes constitucionales de la comunidad. Un servicio no es esencial solo por ser público o importante; depende de los intereses que satisface y de las circunstancias de la huelga.
La Constitución exige mantener lo indispensable, no el funcionamiento normal. Deben ponderarse duración, extensión, territorio, fecha, alternativas y necesidades de la población. Los servicios mínimos los fija una autoridad gubernativa con responsabilidad política, no el gestor por simples razones organizativas.
La resolución debe identificar los derechos afectados y explicar por qué cada prestación y cada efectivo son necesarios. No basta invocar genéricamente el interés público ni aplicar un porcentaje uniforme sin justificar centros, turnos y funciones.
La fijación general se diferencia de la designación posterior de personas. La Administración aplica criterios objetivos y solo selecciona los efectivos imprescindibles. Ambas decisiones pueden impugnarse. El personal válidamente designado debe atender el servicio; su incumplimiento constituye falta muy grave conforme al artículo 95.2.m del TREBEP.
48.16
Síntesis del tema
La acción colectiva se distribuye entre instituciones propias. Los sindicatos negocian en mesas cuya composición depende de su representatividad; los órganos unitarios representan a las plantillas; y la participación institucional incorpora a los sindicatos a determinados órganos públicos. La negociación está limitada por la ley, la competencia y el presupuesto y puede concluir en pactos directamente aplicables o acuerdos que necesitan aprobación gubernamental.
La huelga es un derecho individual de ejercicio colectivo. Exige preaviso, comunicación de objetivos y un comité que negocia durante el conflicto. Su ejercicio lícito no se sanciona, aunque suspende las retribuciones correspondientes. Cuando peligran bienes constitucionales de la comunidad, la autoridad puede fijar servicios mínimos motivados y proporcionados para preservar lo indispensable, no para mantener el funcionamiento normal.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 81.artículo 31.2 del TREBEP.
1. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué se entiende por negociación colectiva?
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 75.artículos 62 y 63 del Estatuto de los Trabajadores y IV Convenio Único.
2. De acuerdo con el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, registrado y publicado mediante Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, ¿cuál de las siguientes opciones se considera órgano de representación unitaria de este personal laboral?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 78.artículo 39.5 del TREBEP.
3. Según el artículo 39 del TREBEP, en unidades electorales donde el número de funcionarios esté comprendido entre 101 y 250 funcionarios, el órgano de representación de estos corresponde:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 83.artículo 42 del TREBEP.
4. ¿Cuál es la duración del mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 72.artículo 30 del TREBEP.
5. En relación con el derecho de huelga de los empleados públicos, el artículo 30 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 84.artículo 31.1.l de la Ley 30/1984, en la redacción a la que se refería la pregunta, y artículo 95.2.m del TREBEP como regulación básica vigente.
6. De acuerdo con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga se considera:
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