Bloque 5 · Administración de recursos humanos
Explicación del Tema 50 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Acceso y provisión de puestos para personas con discapacidad
50.1
Igualdad formal e igualdad efectiva
El derecho a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad no se satisface aplicando mecánicamente una misma forma de examen. Una prueba diseñada sin considerar barreras físicas, sensoriales, intelectuales, cognitivas o de comunicación puede excluir a una persona que posee los conocimientos y capacidades exigidos.
La regulación combina igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y ajustes razonables. La accesibilidad universal pretende que los entornos, comunicaciones y procedimientos puedan utilizarse desde su diseño por todas las personas. El ajuste razonable responde a una necesidad individual que la solución general no cubre y debe resultar eficaz sin imponer una carga desproporcionada o indebida.
La reserva de plazas constituye una medida de acción positiva: intenta compensar una desventaja estructural en el acceso. La adaptación actúa en otro plano: permite que la persona realice una prueba o desempeñe un puesto sin que una barrera ajena a la competencia evaluada determine el resultado.
Ni la reserva ni la adaptación eliminan los principios de mérito y capacidad. La persona debe cumplir los requisitos, superar el proceso y acreditar que puede desempeñar las tareas. La igualdad efectiva modifica lo necesario para poder demostrar la capacidad, no la capacidad que debe demostrarse.
50.2
Discapacidad, acreditación y capacidad funcional
Para participar por el cupo reservado debe acreditarse la condición de persona con discapacidad conforme al artículo 4.2 de la Ley General de Discapacidad y a las bases de la convocatoria. La referencia principal es un grado reconocido igual o superior al 33 %, junto con las situaciones legalmente equiparadas dentro del ámbito en el que produzcan efectos.
La Ley 4/2026 ha ampliado y actualizado esas situaciones de equiparación. No toda asimilación produce automáticamente idénticos efectos en cualquier materia: debe comprobarse si la norma que regula el proceso la contempla y qué documento exige la convocatoria.
El grado reconocido no determina por sí solo la adaptación necesaria. Dos personas con el mismo porcentaje pueden encontrar barreras diferentes. Por eso el certificado acredita la condición jurídica, mientras que el Dictamen Técnico Facultativo u otra documentación relaciona las limitaciones permanentes con la prueba y el apoyo solicitado.
La capacidad funcional se valora respecto de las funciones y tareas esenciales del cuerpo, escala o categoría. No significa ausencia de discapacidad ni aptitud para desarrollar cada tarea de una única manera. Antes de declarar una incompatibilidad deben identificarse las funciones esenciales y valorarse las adaptaciones posibles. Solo cuando ni siquiera con ajustes razonables puedan desempeñarse esas funciones cabe concluir que falta el requisito.
Los datos de salud y discapacidad son especialmente protegidos. El órgano convocante y el tribunal solo deben conocer la información necesaria para resolver el acceso, la adaptación o la compatibilidad y deben impedir que influya indebidamente en la corrección del ejercicio.
50.3
Reserva básica del 7 % y reserva estatal del 10 %
El artículo 59 del TREBEP obliga a todas las Administraciones a reservar en sus ofertas un cupo no inferior al 7 % de las vacantes, siempre que los aspirantes superen los procesos y acrediten discapacidad y compatibilidad con las tareas. Su objetivo es alcanzar progresivamente un 2 % de efectivos con discapacidad en cada Administración.
Dentro de ese mínimo, al menos dos puntos porcentuales del total de plazas ofertadas corresponden a personas con discapacidad intelectual. El resto del cupo se destina a personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. No debe interpretarse que el 2 % se calcula sobre el 7 % reservado: se calcula sobre el total de plazas de la oferta.
Para la Administración del Estado, el artículo 108 del Real Decreto-ley 6/2023 eleva la reserva a un mínimo del 10 %. Mantiene al menos dos puntos para discapacidad intelectual y destina el resto a otras discapacidades. La reserva se calcula sobre el total de plazas de la oferta y puede concentrarse en cuerpos, escalas o categorías que se adecuen mejor a las capacidades y competencias de sus integrantes.
El 7 % continúa siendo la respuesta cuando una pregunta se refiere literalmente al TREBEP o a la legislación básica común. El 10 % es la especialidad aplicable a la oferta de empleo público de la Administración del Estado. No son porcentajes contradictorios, sino reglas de distinto ámbito.
La reserva no garantiza que las plazas se cubran. Los participantes deben superar el proceso. La normativa regula la acumulación de plazas desiertas en los términos correspondientes, pero este mecanismo no sustituye el deber de analizar si la falta de cobertura procede de barreras en la convocatoria.
50.4
Convocatoria ordinaria con cupo reservado
La primera forma de articular la reserva es incluirla en una convocatoria ordinaria. La solicitud debe indicar expresamente la opción por el cupo y acreditar el grado en el momento exigido. Durante el proceso se mantienen separadas las relaciones de admitidos, llamamientos y relaciones de aprobados de cada turno.
Las pruebas tienen idéntico contenido para los aspirantes del turno general y del reservado, sin perjuicio de las adaptaciones. Al terminar se confecciona una relación única de quienes han superado el proceso, ordenada por puntuación total, que determina la petición y adjudicación de destinos, salvo la alteración justificada regulada para personas con discapacidad.
Quien supera los ejercicios por el cupo, no obtiene una de sus plazas y alcanza una puntuación superior a la de aspirantes que sí obtienen plaza por el sistema general debe ser incorporado a este último por su orden de puntuación. Esta regla impide que la opción por el cupo perjudique a quien habría conseguido plaza por turno general.
La igualdad de contenido no significa igualdad rígida en la forma material de realizar el ejercicio. Tiempo adicional, un lector de pantalla o un intérprete no cambian el conocimiento evaluado: eliminan una barrera para expresarlo.
50.5
Convocatorias independientes y discapacidad intelectual
El Real Decreto 2271/2004 permite convocatorias independientes reservadas a personas con discapacidad igual o superior al 33 %. No están subordinadas temporalmente a la convocatoria ordinaria, pero sus pruebas conservan el mismo contenido y grado de exigencia que las ordinarias, con las adaptaciones necesarias. Las plazas computan dentro del cupo de la oferta.
Debe diferenciarse esta posibilidad general de los procesos para discapacidad intelectual. En la Administración del Estado, el artículo 113.3 del Real Decreto-ley 6/2023 exige pruebas selectivas específicas e independientes para sus plazas reservadas cuando se acredita un grado igual o superior al 33 %.
El carácter específico permite diseñar el programa, el lenguaje, el formato y la comprobación de competencias de acuerdo con las funciones del puesto y con las necesidades cognitivas de los aspirantes. No convierte el proceso en una adjudicación automática: siguen siendo necesarias una convocatoria pública, pruebas objetivas y acreditación de la capacidad para las tareas correspondientes.
Las dos clases de convocatoria independiente responden, por tanto, a reglas distintas. En la primera, la independencia no cambia contenido ni exigencia respecto de la ordinaria; en la segunda, el proceso se diseña específicamente para el acceso de personas con discapacidad intelectual.
50.6
Promoción interna y personal temporal
La inclusión no se limita al primer ingreso. El Real Decreto 2271/2004 dispone que las convocatorias de promoción interna incluidas en la oferta estatal incorporen un cupo no inferior al 5 % para personas con discapacidad. Las plazas desiertas se acumulan al turno ordinario de promoción interna y las pruebas conservan el contenido exigido, sin perjuicio de adaptaciones.
También contempla una reserva no inferior al 5 % en determinadas convocatorias de personal temporal: aquellas que incluyen fase de oposición y convocan veinte plazas o más en el mismo ámbito de participación. Las plazas reservadas que queden vacantes se acumulan a las libres. La urgencia propia de estos procesos no elimina el derecho a adaptar los medios, aunque exige organizarlo sin frustrar la celeridad necesaria.
Estas reglas específicas del Real Decreto 2271/2004 deben leerse junto con la reserva general establecida actualmente para la oferta estatal. No todos los porcentajes proceden de la misma norma ni regulan exactamente el mismo instrumento: una cosa es la reserva global de la oferta y otra su concreción en promoción interna o contratación temporal.
50.7
Quién puede solicitar adaptaciones
Las convocatorias deben informar de la posibilidad de solicitar adaptaciones de tiempo, medios y otros ajustes. La petición se formula normalmente con la solicitud de participación y debe concretar qué necesita la persona en cada ejercicio o fase, incluidos el curso selectivo y el periodo de prácticas.
Quienes tienen reconocido un grado igual o superior al 33 % pueden solicitar las medidas previstas y acompañar el Dictamen Técnico Facultativo que identifica las deficiencias permanentes causantes del grado. El órgano de selección puede recabar informes adicionales de los órganos técnicos, de las unidades de inclusión y de las entidades especializadas previstas legalmente.
La Orden PJC/804/2025 introduce una distinción importante. Una persona que todavía no dispone de reconocimiento oficial del 33 %, pero acredita formalmente una necesidad de apoyo, puede solicitar adaptaciones de medios y otros ajustes razonables. Esta vía no permite solicitar tiempo adicional, reservado en la orden a quienes reúnen la condición formal exigida.
La adaptación no se concede por marcar una casilla ni puede denegarse mediante una fórmula genérica. Debe existir relación directa entre la discapacidad, la prueba y la medida. Corresponde al órgano de selección resolver expresamente y concretar el ajuste de acuerdo con legalidad, proporcionalidad, equidad e igualdad de oportunidades.
50.8
Adaptaciones de tiempo
El tiempo adicional compensa dificultades de lectura, escritura, comunicación, manipulación, concentración o descanso que afectan a la velocidad, pero no a la competencia evaluada. No existe un porcentaje único aplicable a cualquier discapacidad.
La Orden PJC/804/2025 incorpora un baremo para pruebas escritas y orales que relaciona deficiencia y grado reconocido con recomendaciones de tiempo. El órgano de selección decide atendiendo al dictamen, a la naturaleza del ejercicio y a los informes recabados. Una prueba distinta del test tomado como referencia exige aplicar el tiempo proporcionalmente.
Cuando concurren varias discapacidades que justifican aumento, los tiempos recomendados pueden sumarse. Con carácter general, el adicional resultante no puede superar la duración ordinaria del ejercicio, salvo que el propio baremo contemple un tiempo superior.
En pruebas prácticas debe priorizarse, cuando sea posible, la adaptación de medios antes de incrementar el tiempo. En procesos específicos para discapacidad intelectual se aplica el tiempo previsto por la propia convocatoria para esa discapacidad, sin perjuicio de otros ajustes por discapacidades concurrentes.
50.9
Medios materiales, tecnológicos, humanos y ambientales
Los medios materiales comprenden mobiliario accesible, mesas regulables, formatos ampliados o braille, iluminación adecuada y cualquier elemento físico necesario. Las tecnologías asistidas incluyen lectores de pantalla, magnificadores, teclados adaptados y programas de apoyo compatibles con la seguridad de la prueba.
Los medios humanos pueden consistir en asistente personal, intérprete de lengua de signos, guía-intérprete u otro personal de asistencia regulado. El apoyo facilita acceso, comunicación o ejecución material, pero no puede responder el contenido ni sustituir la capacidad que se evalúa.
También pueden adaptarse el recinto, la ubicación, la señalización, las pausas, las instrucciones, los canales virtuales y las condiciones sensoriales. La accesibilidad alcanza tanto la información previa como el llamamiento, el ejercicio y la comunicación de resultados.
Durante todo el proceso existe derecho a portar y utilizar los productos de apoyo, órtesis y prótesis —incluidas las auditivas— que se usen habitualmente y se acrediten. También debe permitirse el acceso con perro de asistencia conforme al Real Decreto 409/2025, pudiendo permanecer junto a la persona durante las pruebas.
La Orden ofrece categorías y criterios, no un catálogo cerrado. Si una necesidad no aparece expresamente, el tribunal debe buscar una solución eficaz que preserve la competencia evaluada.
50.10
Límites y motivación de las adaptaciones
Una adaptación puede denegarse o sustituirse cuando deja de medir la competencia necesaria, compromete la seguridad o constituye una carga desproporcionada. Antes de denegarla debe comprobarse si existe una alternativa eficaz menos gravosa.
Si una prueba evalúa redacción, no puede reemplazarse sin más por otra que ya no mida esa capacidad. Sí puede facilitarse un teclado adaptado, un programa accesible o tiempo adicional si la dificultad material de escribir procede de la discapacidad y no forma parte de la competencia que se quiere comprobar.
La carga desproporcionada no puede invocarse de forma abstracta. Deben valorarse el coste, los recursos disponibles, las ayudas existentes, la organización y la eficacia del ajuste. La resolución ha de explicar por qué la medida solicitada no resulta viable y qué alternativa se ofrece.
Adaptar tampoco significa eximir de un ejercicio necesario. Si la discapacidad impide realizarlo en su formato ordinario, debe explorarse otra forma de evaluar la misma capacidad. Solo la imposibilidad de desempeñar funciones esenciales incluso con ajustes afecta al requisito de capacidad funcional.
50.11
Superación del proceso y elección de destino
Tras superar una convocatoria ordinaria con plazas reservadas, la persona puede solicitar al órgano convocante que altere el orden de prelación para la elección de plazas. Debe acreditar dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otro motivo análogo.
La posibilidad opera únicamente dentro del ámbito territorial determinado en la convocatoria. No concede derecho automático a un puesto en la ciudad, provincia o comunidad de residencia ni permite elegir una plaza inexistente. El órgano convocante decide si la razón está justificada.
La modificación debe limitarse al desplazamiento mínimo necesario para hacer posible el acceso al puesto. Se concilia así la necesidad acreditada con la puntuación y los derechos del resto de aspirantes.
Esta alteración se diferencia de la adaptación material del puesto. La primera modifica excepcionalmente la secuencia de elección; la segunda transforma el entorno o los medios del destino adjudicado para que pueda desempeñarse.
50.12
Adaptación en la adjudicación y en la provisión
Los empleados con discapacidad pueden solicitar la adaptación del puesto al pedir destino tras un nuevo ingreso o promoción interna y al participar posteriormente en procedimientos de provisión. No existe en el Real Decreto 2271/2004 una modalidad general de movilidad preferente por salud o accesibilidad: la medida regulada es la adaptación de los puestos concretos solicitados.
La solicitud debe acompañarse de un informe del órgano competente que acredite la procedencia de la medida y la compatibilidad con las funciones del puesto. Esta compatibilidad debe valorarse teniendo en cuenta las adaptaciones posibles; no puede examinarse como si el puesto fuera inalterable.
El ministerio u organismo al que se adscribe el puesto valora, realiza y financia las adaptaciones necesarias, sin perjuicio de las ayudas que puedan aplicarse. La persona afectada debe participar en la identificación de barreras y soluciones, junto con prevención de riesgos, unidades de inclusión y responsables de personal cuando corresponda.
La adaptación puede consistir en software accesible, eliminación de barreras, mobiliario, herramientas, apoyo humano, ajustes de comunicación o cambios organizativos que no supriman funciones esenciales. Debe revisarse cuando cambian las tareas, la tecnología o las necesidades personales.
50.13
Formación, evaluación y carrera profesional
La igualdad no concluye con la toma de posesión. En la formación del sector público estatal, la discapacidad igual o superior al 33 % debe incluirse entre los criterios de participación. Los cursos deben incorporar los ajustes necesarios y una adaptación solo puede denegarse si impone una carga desproporcionada debidamente valorada.
La Administración puede organizar cursos exclusivos dirigidos a mejorar el desempeño o facilitar la promoción desde puestos reservados para discapacidades específicas. También puede desarrollar proyectos de empleo con apoyo mediante colaboración con entidades especializadas, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades de incorporación.
La evaluación del desempeño debe considerar las adaptaciones del puesto y las capacidades del empleado, con especial atención a los puestos adaptados para discapacidad intelectual. Evaluar como incumplimiento una consecuencia directa de una barrera que la Administración debía eliminar produciría una desigualdad contraria al sistema.
La accesibilidad alcanza promoción, concursos, carrera horizontal, comunicación interna y prevención. Las convocatorias de provisión y formación deben ser accesibles, y los méritos o requisitos no pueden introducir una desventaja sin una justificación objetiva, adecuada y necesaria.
50.14
Seguimiento y mejora del sistema
La reserva formal no garantiza por sí sola la inclusión. Es necesario comprobar cuántas plazas se convocan y cubren, qué adaptaciones se solicitan, si las personas se incorporan efectivamente y cómo evolucionan en formación, provisión y carrera.
El Real Decreto 2271/2004 prevé indicadores y un informe anual sobre el acceso de personas con discapacidad. Esta información permite detectar cuerpos con plazas reiteradamente desiertas, retrasos en ajustes o destinos inaccesibles y corregir la planificación de futuras ofertas.
Las unidades de inclusión, los servicios de personal, prevención y los órganos de selección deben coordinarse. También puede recurrirse a la cooperación con organizaciones representativas, sin trasladarles la decisión administrativa ni revelar datos personales innecesarios.
50.15
Síntesis del tema
El acceso inclusivo combina reserva de plazas y eliminación de barreras sin rebajar el mérito ni la capacidad. Las convocatorias ordinarias, las independientes y los procesos específicos para discapacidad intelectual responden a reglas diferentes. Las adaptaciones deben solicitarse, acreditarse y resolverse atendiendo a la prueba y a la necesidad individual.
La igualdad continúa después del examen. La alteración de la prelación es excepcional y limitada; la adaptación puede solicitarse en la adjudicación y en los procedimientos de provisión; y formación, evaluación y carrera deben considerar las necesidades y capacidades de cada empleado. La inclusión efectiva exige comprobar no solo cuántas plazas se reservan, sino si las personas pueden incorporarse, desempeñar el puesto y progresar profesionalmente.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 87.artículo 59.1 del TREBEP.
1. De acuerdo a lo regulado en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a las personas con discapacidad en las Ofertas de Empleo Público:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 83.artículos 3.3 y 8 del Real Decreto 2271/2004.
2. Señale la afirmación correcta sobre las pruebas selectivas de acceso de las personas con discapacidad al empleo público:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 81.artículo 5 de la Orden PJC/804/2025.
3. De acuerdo con la Orden PJC/804/2025, de 23 de julio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de medios y tiempos y la realización de otros ajustes razonables en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, las adaptaciones de medios humanos podrán consistir en:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 88.artículo 113.3 del Real Decreto-ley 6/2023.
4. De acuerdo con el artículo 113 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual se llevará a cabo mediante la convocatoria de pruebas selectivas específicas e independientes siempre que las personas con discapacidad intelectual:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 80.artículo 9 del Real Decreto 2271/2004.
5. De acuerdo con el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, una vez superado el proceso selectivo, ¿qué pueden solicitar al órgano convocante las personas que ingresen y hayan sido admitidas en la convocatoria ordinaria por el cupo de reserva para personas con discapacidad?
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 86.artículos 4, 8 y 9 del Real Decreto 2271/2004 y artículo 59 del TREBEP.
6. En relación con el acceso al empleo y provisión de personas con discapacidad, señale la respuesta INCORRECTA:
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La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.
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