Bloque 6 · Gestión financiera y Seguridad Social

Explicación del Tema 51 de Gestión de la Administración Civil del Estado

El presupuesto público y los principios de estabilidad financiera

15 apartados21 min de lectura

51.1

Concepto y funciones del presupuesto

El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de derechos que se prevé liquidar y obligaciones que pueden reconocerse durante el ejercicio. Incluye además objetivos y operaciones de entidades del sector público estatal.

En el estado de gastos, el crédito autoriza a gastar con límites cualitativo —finalidad—, cuantitativo —importe— y temporal —ejercicio—. Sin crédito adecuado y suficiente no puede adquirirse válidamente una obligación, salvo los mecanismos legales de modificación. En ingresos, la cifra es una previsión: la Administración aplica la ley tributaria y reconoce lo que corresponda, aunque la recaudación difiera.

Políticamente, el Gobierno propone prioridades y las Cortes autorizan y controlan. Económicamente, el presupuesto redistribuye renta, presta servicios y actúa sobre actividad. Administrativamente, asigna recursos a gestores; contablemente, permite registrar ejecución; y jurídicamente, limita el poder de gasto.

51.2

Clases de presupuestos

El presupuesto puede clasificarse por sujeto, contenido, técnica u horizonte. El Estado y entidades administrativas utilizan presupuestos limitativos: sus créditos restringen gasto. Entidades empresariales y fundacionales formulan presupuestos de explotación y capital, de carácter estimativo, que reflejan actividad, resultados, inversiones y financiación.

El presupuesto anual autoriza el ejercicio. Los escenarios y programas plurianuales proyectan objetivos y recursos a medio plazo, pero no conceden por sí solos crédito para años futuros. La planificación plurianual orienta; la ley anual autoriza.

Por técnica, el presupuesto tradicional se centra en partidas; el presupuesto por programas conecta créditos con objetivos, actividades e indicadores. En la práctica conviven clasificación económica, orgánica y por programas.

También se distingue presupuesto inicial, aprobado al comienzo, de presupuesto definitivo tras modificaciones; y presupuesto consolidado, que elimina operaciones internas entre entidades para mostrar magnitudes del conjunto.

Estas categorías responden a criterios diferentes y pueden concurrir en un mismo documento. Un presupuesto puede ser anual, limitativo, inicial y estar ordenado por programas. Las clasificaciones orgánica, económica y por programas no son, en sentido estricto, clases de presupuesto, sino formas complementarias de ordenar sus ingresos y gastos.

51.3

Principios presupuestarios clásicos

Los principios presupuestarios determinan qué debe contener el presupuesto y qué margen conserva el gestor durante su ejecución. No son simples criterios teóricos: de ellos depende que un gasto esté autorizado, pueda imputarse al ejercicio y resulte controlable.

El principio de unidad exige presentar de forma coordinada los ingresos y gastos comprendidos en los Presupuestos Generales del Estado. No obliga a todas las entidades a utilizar el mismo régimen, pues la LGP integra presupuestos limitativos y estimativos, pero permite obtener una visión conjunta de la actividad económico-financiera estatal.

La universalidad exige incluir la totalidad de los derechos y obligaciones correspondientes al ámbito presupuestario. Evita que existan ingresos o gastos al margen de la información, autorización y control. Se relaciona con la regla del presupuesto bruto: los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplican por su importe íntegro, sin compensarlos entre sí, salvo autorización legal expresa.

La anualidad significa que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural. La autorización de los créditos se refiere a ese periodo y, al finalizarlo, los remanentes quedan sometidos al régimen de anulación o incorporación previsto por la ley; no se trasladan automáticamente al ejercicio siguiente. La planificación plurianual no elimina esta regla, porque proyecta decisiones futuras pero no concede por sí sola autorización para gastar.

La especialidad limita el crédito en tres dimensiones. La especialidad cualitativa obliga a destinarlo a la finalidad para la que fue aprobado; la cuantitativa impide reconocer obligaciones por encima de su importe; y la temporal circunscribe su utilización al ejercicio correspondiente. Las modificaciones presupuestarias permiten atender necesidades surgidas durante la ejecución, pero deben apoyarse en una figura legal, contar con financiación y ser aprobadas por el órgano competente.

Por el principio de no afectación, los recursos de cada entidad con presupuesto limitativo se destinan a satisfacer el conjunto de sus obligaciones, salvo que una ley reserve determinados ingresos para una finalidad concreta. La publicidad y la transparencia completan este sistema: el presupuesto, sus modificaciones, su ejecución y sus resultados deben ofrecer información suficiente para comprobar tanto la legalidad financiera como el cumplimiento de los objetivos.

51.4

Ámbito y estructura de la Ley General Presupuestaria

La LGP establece el régimen presupuestario, económico-financiero, contable, de intervención y control del sector público estatal. Distingue sector administrativo, empresarial y fundacional porque no todas las entidades gestionan mediante créditos limitativos ni persiguen idéntica finalidad.

La ley regula los derechos y obligaciones de la Hacienda Pública estatal, incluido su nacimiento, exigibilidad, extinción y prescripción. Su título presupuestario ordena la programación, el contenido, la elaboración, la aprobación y la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. A continuación regula el Tesoro Público, la deuda del Estado y las operaciones financieras; establece el sistema de contabilidad pública y las cuentas que deben rendirse; organiza el control interno de la Intervención General de la Administración del Estado; y contempla responsabilidades por infracciones en la gestión económico-presupuestaria.

La LGP funciona como marco permanente. La ley anual concreta las cifras y autorizaciones necesarias para el ejercicio, pero no sustituye a aquella ni puede regular sin límite cualquier materia: su contenido debe guardar la conexión constitucionalmente exigida con los ingresos, los gastos o la política económica presupuestaria.

La estructura presupuestaria permite responder quién gasta, para qué y en qué. La clasificación orgánica identifica centros gestores; la de programas, objetivos y políticas; y la económica, naturaleza del ingreso o gasto. Su detalle se desarrolla en los temas siguientes.

51.5

Contenido de los Presupuestos Generales del Estado

Los Presupuestos Generales del Estado integran los presupuestos limitativos de los órganos y entidades a los que la LGP atribuye ese carácter y los presupuestos estimativos de las entidades incluidas por la propia ley. En los primeros determinan las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocerse y los derechos que se prevé reconocer durante el ejercicio. En los segundos recogen las operaciones financieras y no financieras que se proyecta realizar.

También incorporan los objetivos que deben alcanzar los gestores responsables de los programas con los recursos asignados y la estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. Estos beneficios —exenciones, deducciones, tipos reducidos u otros incentivos— suponen una disminución de ingresos y deben hacerse visibles aunque no aparezcan como un pago en el estado de gastos.

El ejercicio coincide con el año natural. Se imputan a él los derechos económicos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas hasta final de diciembre que correspondan a gastos realizados dentro del periodo, sin perjuicio de las excepciones previstas para atrasos, resoluciones judiciales u obligaciones de ejercicios anteriores.

51.6

Principios de programación

La programación se rige por estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en asignación y utilización de recursos, responsabilidad y lealtad institucional.

La plurianualidad obliga a valorar efectos futuros de una decisión. La transparencia permite conocer supuestos, riesgos y resultados. La eficiencia exige elegir alternativas que logren objetivos con uso razonable de recursos, no simplemente gastar menos.

Responsabilidad significa que quien incumple compromisos asume las consecuencias imputables. Lealtad institucional exige ponderar efectos sobre otras Administraciones, respetar competencias y facilitar información. Estos principios actúan conjuntamente: una medida anual equilibrada puede ser insostenible si crea obligaciones permanentes sin financiación futura.

51.7

Programas, objetivos e indicadores

Un programa de gasto es el conjunto de créditos puesto a disposición del gestor para alcanzar objetivos anuales. Se integra en una política y debe asociarse a actividades, responsables e indicadores.

Los objetivos traducen la finalidad pública en resultados verificables. Un indicador puede medir recursos, actividad, cobertura, calidad o impacto. El número de expedientes tramitados mide actividad; el tiempo medio, eficiencia; la reducción del problema atendido, resultado.

La programación comienza con los escenarios presupuestarios plurianuales. Estos proyectan para los tres ejercicios siguientes los equilibrios básicos, la evolución previsible de los ingresos, los compromisos ya asumidos y los recursos disponibles para las políticas de gasto. Los escenarios se desarrollan mediante programas plurianuales ministeriales y de los centros gestores, que concretan objetivos, actuaciones, medios e indicadores. Cada presupuesto anual autoriza la parte de esa programación que corresponde ejecutar.

El seguimiento permite comparar previsión y resultado y alimentar decisiones posteriores. La asignación de recursos debe tomar en consideración, entre otros elementos, el grado de cumplimiento alcanzado en ejercicios anteriores. Así, la programación no trata solo de anticipar cuánto se gastará, sino de relacionar los recursos públicos con los resultados obtenidos.

51.8

El ciclo presupuestario

El presupuesto atraviesa varias fases relacionadas. En la programación se fijan el marco económico, los límites y los objetivos plurianuales. Durante la elaboración, los centros gestores formulan propuestas y el Gobierno prepara el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La aprobación corresponde a las Cortes Generales, que debaten y autorizan los ingresos y gastos con las especialidades constitucionales propias de la ley presupuestaria.

En la ejecución, los órganos competentes gestionan los créditos y reconocen derechos y obligaciones. Las necesidades que justificadamente se apartan de la autorización inicial se atienden mediante las modificaciones previstas en la LGP. El control comprueba la legalidad, la regularidad contable y, según el instrumento utilizado, la eficacia, la eficiencia y los resultados. Finalmente, la liquidación y la rendición de cuentas muestran cómo terminó el ejercicio y permiten el control parlamentario y el control externo del Tribunal de Cuentas.

Cada fase prepara o verifica la siguiente. Una ejecución formalmente correcta no compensa una programación sin objetivos, y la autorización parlamentaria perdería eficacia si no existieran contabilidad, información y control posteriores.

51.9

Estabilidad presupuestaria

El artículo 135 de la Constitución obliga a todas las Administraciones a adecuar sus actuaciones a estabilidad. Para el sector Administraciones Públicas, la Ley Orgánica 2/2012 la define como situación de equilibrio o superávit estructural.

El saldo estructural corrige el efecto del ciclo económico y medidas temporales. No coincide necesariamente con déficit nominal de un año. Esta distinción evita considerar estructural un descenso coyuntural de ingresos, pero también impide financiar gasto permanente con ingresos extraordinarios.

El sector Administraciones Públicas incluye Administración central y sus organismos, comunidades autónomas, corporaciones locales y Administraciones de Seguridad Social según contabilidad nacional. Las entidades no incluidas en ese sector deben mantener posición de equilibrio financiero.

La ley introduce reglas específicas para algunos subsectores. Las corporaciones locales deben mantener equilibrio o superávit presupuestario. Las Administraciones de Seguridad Social también deben mantener esa posición, sin perjuicio de la excepción legal vinculada al Fondo de Reserva. Por ello, una definición general no puede trasladarse sin matices a todos los sujetos del sector público.

51.10

Sostenibilidad financiera

La sostenibilidad es capacidad para financiar compromisos presentes y futuros dentro de límites de déficit, deuda pública y morosidad comercial. Amplía la mirada: un presupuesto puede cuadrar hoy y resultar insostenible por deuda, avales, envejecimiento, concesiones u obligaciones futuras.

La deuda pública está sometida a los límites nacionales y europeos aplicables. El Estado y las comunidades autónomas deben estar autorizados por ley para emitir deuda o contraer crédito. El artículo 135 de la Constitución atribuye prioridad absoluta al pago de los intereses y el capital: los créditos necesarios se entienden incluidos en el estado de gastos y no pueden modificarse mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

La sostenibilidad de deuda comercial exige pagar a proveedores en plazo. Retrasar pagos para presentar menor déficit de caja no sanea las cuentas y perjudica a empresas y servicios.

Los valores cuantitativos de déficit y deuda, las sendas de ajuste y sus periodos transitorios deben comprobarse conforme a la normativa vigente en la convocatoria. Conviene distinguir esas cifras variables de los conceptos permanentes que ordenan el sistema.

51.11

Regla de gasto y marco europeo

La regla de gasto limita el crecimiento del gasto computable de las Administraciones conforme a la referencia aplicable. No mide el mismo fenómeno que estabilidad: esta observa el saldo entre ingresos y gastos; la regla controla la evolución de determinados gastos aunque existan ingresos.

El gasto computable parte de los empleos no financieros definidos conforme al Sistema Europeo de Cuentas. La LOEPSF excluye, entre otras partidas legalmente previstas, los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, el gasto financiado con fondos finalistas de la Unión Europea o de otras Administraciones y determinadas transferencias vinculadas a los sistemas de financiación.

Los cambios normativos permanentes de recaudación también influyen en el límite. Si una reforma incrementa de manera permanente los ingresos, el gasto computable puede aumentar en la cuantía correspondiente; si los reduce, debe disminuir. Esta relación evita financiar compromisos permanentes con recursos meramente coyunturales.

La reforma europea de 2024 estableció un marco centrado en planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y trayectorias de gasto neto. El Reglamento (UE) 2024/1263 coordina la supervisión multilateral y la sostenibilidad de la deuda, junto con las normas relativas al déficit excesivo y a los marcos presupuestarios nacionales. La aplicación de las reglas internas debe interpretarse de forma coherente con este sistema. Para el examen deben comprobarse la redacción vigente de la LOEPSF y las disposiciones europeas y transitorias aplicables.

51.12

Prevención, corrección y cumplimiento

El sistema actúa antes, durante y después del incumplimiento. Las medidas preventivas permiten detectar una desviación y formular una advertencia de riesgo. La Administración afectada debe adoptar las actuaciones necesarias dentro del plazo legal; si no reacciona, pueden activarse medidas correctivas.

El incumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto puede exigir un plan económico-financiero que recupere el cumplimiento en el plazo establecido. El plan de reequilibrio responde, en cambio, a las desviaciones originadas por las circunstancias excepcionales admitidas por la Constitución y la LOEPSF. Las medidas automáticas de corrección pueden condicionar operaciones de endeudamiento, subvenciones o convenios y exigir acuerdos de no disponibilidad de créditos.

Si la desviación persiste, la ley contempla medidas coercitivas, incluida la constitución de depósitos y la obligación de adoptar determinadas actuaciones, y, en último término, mecanismos de cumplimiento forzoso. La intensidad aumenta a medida que la Administración deja de corregir el incumplimiento.

51.13

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un ente de Derecho público con personalidad jurídica propia y autonomía e independencia funcional. Evalúa de forma continua el ciclo presupuestario, el endeudamiento y las previsiones económicas del sector público.

La AIReF informa, entre otras materias, sobre las previsiones macroeconómicas, los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos, la ejecución, la deuda, la regla de gasto y los planes económico-financieros y de reequilibrio. También puede valorar la conveniencia de activar medidas preventivas, correctivas o coercitivas y la concurrencia de circunstancias excepcionales.

Debe distinguirse entre informes y opiniones. Si una Administración se aparta de una recomendación contenida en un informe, debe motivarlo: es el principio de «cumplir o explicar». Las opiniones emitidas por iniciativa de la Autoridad no producen esa misma obligación. La AIReF no sustituye al Gobierno ni a los parlamentos; aporta una evaluación independiente para mejorar la calidad y la transparencia de sus decisiones.

Los objetivos cuantitativos y mecanismos europeos son dinámicos. Para estudiar una convocatoria debe comprobarse si existen cláusulas excepcionales, objetivos específicos o normativa transitoria aplicable.

51.14

Circunstancias excepcionales

Los límites de déficit estructural y deuda pueden superarse en catástrofes naturales, recesión económica grave o emergencias extraordinarias fuera del control del Estado que perjudiquen considerablemente su situación financiera o sostenibilidad económica o social.

La circunstancia debe ser apreciada por mayoría absoluta del Congreso y no puede poner en peligro sostenibilidad a medio plazo. Debe aprobarse un plan de reequilibrio. La excepción suspende o adapta límites de forma temporal; no elimina transparencia ni responsabilidad.

51.15

Síntesis del tema

El presupuesto integra previsión, autorización, planificación y control. La LGP determina qué entidades y operaciones comprende, cómo se programan y ejecutan los créditos y de qué manera se registran y controlan los resultados. La autorización sigue siendo anual, pero se encuadra en una planificación plurianual y respeta los principios de especialidad, universalidad, no afectación y presupuesto bruto.

La disciplina fiscal añade una perspectiva que supera el ejercicio: la estabilidad observa el saldo estructural, la sostenibilidad valora la capacidad futura de financiación y la regla de gasto limita la evolución del gasto computable. El seguimiento, los planes de corrección, la actuación de la AIReF y las medidas coercitivas tratan de prevenir y corregir las desviaciones; las circunstancias excepcionales permiten únicamente una adaptación temporal y controlada.

Preguntado en convocatorias oficiales

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0 de 6 respondidas

  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 83.artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012.

    1. ¿Cómo define el principio de estabilidad presupuestaria la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera?

  2. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 88.artículo 26.1 de la Ley 47/2003.

    2. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuáles son todos los principios que rigen la programación presupuestaria?

  3. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 89.artículo 35.4 de la Ley 47/2003.

    3. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el presupuesto anual, el conjunto de créditos que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se pone a disposición del gestor responsable de su ejecución, constituye un:

  4. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 90.artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012.

    4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿quién conforma el sector Administraciones Públicas?

  5. Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 37.artículo 135.4 de la Constitución Española y artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012.

    5. Según el artículo 135 de la CE, ¿en cuál de las siguientes situaciones podrían ser superados los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública?

  6. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 92.artículos 32 y 33 de la Ley 47/2003, en relación con el principio de universalidad presupuestaria.

    6. ¿Qué principio presupuestario implica que los Presupuestos Generales del Estado deben incluir la totalidad de los ingresos y gastos del sector público estatal?

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