Bloque 6 · Gestión financiera y Seguridad Social
Explicación del Tema 54 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Control interno del gasto y fiscalización del Tribunal de Cuentas
54.1
Un sistema con controles complementarios
El control político corresponde a las Cortes, que aprueban presupuesto, reciben información y examinan la Cuenta General. El control interno se integra en la Administración y busca prevenir y detectar irregularidades durante la gestión. El externo lo realiza una institución independiente del gestor, el Tribunal de Cuentas.
Legalidad y eficacia son perspectivas distintas. Un gasto puede cumplir el procedimiento y no lograr su objetivo; otro puede parecer útil y haberse tramitado sin competencia o crédito. El sistema debe comprobar ambas dimensiones, además de contabilidad, economía, eficiencia y estabilidad.
La LGP concreta cuatro objetivos del control interno: verificar la normativa aplicable; comprobar el registro y el reflejo fiel de las operaciones; evaluar la buena gestión financiera y la estabilidad presupuestaria; y verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores. La función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública son técnicas distintas al servicio de esos objetivos.
Control no sustituye gestión. El órgano gestor decide y responde de la actividad; el controlador verifica, formula reparos, recomendaciones o conclusiones. Mantener esa separación protege independencia y evita que quien controla termine coadministrando.
54.2
La IGAE
La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano de control interno y centro directivo y gestor de contabilidad pública estatal. Actúa mediante servicios centrales, intervenciones delegadas, regionales y territoriales.
En control interno ejerce sus funciones con autonomía respecto de autoridades y entidades controladas y conforme a ejercicio desconcentrado, jerarquía interna y procedimiento contradictorio. El personal controlador mantiene independencia funcional frente a los titulares de los órganos fiscalizados, aunque actúa sujeto a la normativa y a las instrucciones de la propia IGAE. El Interventor General puede avocar cualquier acto o expediente dentro de la función interventora.
Las autoridades, entidades y personas que mantienen relaciones económicas con el sector público deben facilitar la información y colaboración necesarias. El personal controlador está obligado a guardar confidencialidad y solo puede utilizar los datos para el control y, cuando proceda, para comunicar posibles infracciones, responsabilidades contables o delitos.
En Defensa y en la Seguridad Social el control se ejerce a través de sus respectivas intervenciones generales, que dependen funcionalmente de la IGAE para estas actuaciones. Esta organización permite atender sus particularidades sin romper la unidad de criterio del control estatal.
Como centro contable promueve normas, forma la Cuenta General y facilita información. La doble función permite visión integral, pero control y gestión contable conservan procedimientos propios.
54.3
Función interventora
La función interventora controla los actos del sector público estatal que reconocen derechos o realizan gastos, los ingresos y pagos derivados y la inversión o aplicación de los fondos públicos. Su finalidad es asegurar que cada operación se ajusta a las disposiciones aplicables.
La intervención formal examina los documentos y requisitos jurídicos necesarios para adoptar el acuerdo. La intervención material comprueba la aplicación real y efectiva de los fondos. En la comprobación material de inversiones, un representante de la IGAE y, cuando proceda, un asesor técnico concurren al acto de recepción para constatar la realidad y adecuación de la prestación visible.
Se descompone en fiscalización previa de autorización y compromiso; intervención previa del reconocimiento de la obligación y comprobación material de inversión; intervención formal de la ordenación del pago; e intervención material del pago.
La fiscalización comprueba competencia, crédito adecuado y suficiente, procedimiento y extremos esenciales. La intervención de la obligación verifica que la prestación se realizó y la deuda es exigible. La comprobación material constata recepción de obras, suministros o servicios. Las fases de pago comprueban orden y salida de fondos.
Su ámbito ordinario comprende la Administración General del Estado, los organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. El Consejo de Ministros puede sustituir motivadamente la función interventora por control financiero permanente en determinados expedientes, órganos, organismos o áreas de actividad. La fiscalización previa de derechos e ingresos también puede sustituirse por controles posteriores, salvo las operaciones exceptuadas por la propia LGP.
54.4
Fiscalización limitada y exenciones
El Consejo de Ministros puede acordar que la fiscalización e intervención previas se limiten a requisitos básicos. Deben comprobarse, al menos, la existencia y adecuación del crédito, el cumplimiento de los límites plurianuales o de tramitación anticipada, la competencia de los órganos, la correspondencia de la obligación con un gasto aprobado y fiscalizado y las autorizaciones que sean preceptivas. Pueden añadirse otros extremos esenciales, en especial los destinados a garantizar objetividad y transparencia.
Los requisitos no examinados previamente quedan sometidos al control posterior correspondiente. En este régimen el reparo solo procede si falta uno de los extremos de comprobación obligatoria. El interventor puede formular observaciones complementarias, pero estas no suspenden el expediente.
La no sujeción a fiscalización previa es tasada. Comprende los contratos menores y asimilados; los gastos periódicos y de tracto sucesivo una vez fiscalizados el periodo inicial o sus modificaciones; los gastos inferiores a 5.000 euros pagados mediante anticipo de caja fija; los procesos electorales; las subvenciones nominativas; determinados contratos de acceso a bases de datos y suscripciones; y las actuaciones sometidas al régimen contractual de emergencia.
También se exceptúan determinados gastos inferiores a 5.000 euros realizados con fondos a justificar cuando la prestación tenga lugar en el extranjero. En las actuaciones de emergencia, la exención no alcanza a la fiscalización previa de la orden de pago a justificar si se utiliza este sistema para librar los fondos. Por tanto, no existe una exención general basada únicamente en la pequeña cuantía o la urgencia.
Los derechos e ingresos suelen someterse a control posterior, sin perjuicio de comprobaciones específicas. La técnica se adapta al riesgo y volumen.
54.5
Reparos, discrepancias y omisión
Si la Intervención discrepa del acto o del procedimiento, formula reparo escrito, motivado y con cita de los preceptos aplicables. En el régimen general suspende el expediente cuando existe crédito insuficiente o inadecuado, incompetencia, graves irregularidades en la justificación, falta de acreditación del derecho del perceptor, deficiencias derivadas de la comprobación material, posible nulidad o riesgo de quebranto económico.
Cuando el defecto afecta a un requisito no esencial, puede emitirse informe favorable condicionado a que sea subsanado antes de aprobar el expediente. Si el gestor no acredita la subsanación, se considera formulado el reparo. Esta solución debe diferenciarse de las observaciones complementarias del régimen de requisitos básicos, que carecen de efecto suspensivo.
Si el gestor acepta el reparo, subsana la deficiencia. Si no lo acepta, plantea una discrepancia motivada y por escrito. Cuando el reparo procede de una intervención delegada, resuelve la IGAE y su criterio es obligatorio para aquella. Defensa y Seguridad Social cuentan con el recorrido específico de sus intervenciones generales. Si el reparo procede de la propia IGAE, o esta confirma el de otra intervención y persiste la discrepancia, la resolución definitiva corresponde al Consejo de Ministros.
La discrepancia no es un recurso administrativo del interesado, sino un mecanismo interno entre gestión y control. Su finalidad es determinar si el expediente puede continuar pese al criterio del órgano interventor.
Si se omitió una fiscalización preceptiva, no puede reconocerse la obligación, tramitarse el pago ni intervenirse favorablemente la actuación hasta seguir el procedimiento legal. El órgano de la IGAE emite un informe que identifica las infracciones que habrían sido advertidas, las prestaciones realizadas, la posible revisión del acto y la existencia de crédito adecuado y suficiente.
El informe no constituye una fiscalización retrospectiva ni convalida automáticamente la actuación. El titular del departamento, mediante competencia indelegable, decide si somete el asunto al Consejo de Ministros para que resuelva. Incluso un acuerdo favorable no elimina las responsabilidades que puedan exigirse.
54.6
Control financiero permanente
El control financiero permanente verifica de forma continuada la situación y funcionamiento económico-financiero de entidades sometidas, para comprobar legalidad, principios de buena gestión y objetivos.
Incluye la legalidad de los aspectos no cubiertos por la función interventora; el seguimiento de la ejecución presupuestaria; el cumplimiento de objetivos; el balance de resultados y el informe de gestión; la planificación y situación de la tesorería; y el análisis de operaciones y procedimientos para detectar deficiencias y proponer correcciones. En ministerios y entidades gestoras de la Seguridad Social también verifica, mediante técnicas de auditoría, la fiabilidad de los datos económicos que sustentan la información contable.
Las actuaciones y su alcance se determinan en un plan anual elaborado por la IGAE, que puede modificarse cuando concurran circunstancias justificadas. Los resultados se documentan en informes y se integran en un informe anual global.
El procedimiento contradictorio permite que el órgano controlado formule alegaciones antes del informe definitivo. Cada departamento debe elaborar en el plazo de tres meses un plan de acción con medidas, responsables y calendario para corregir las debilidades relevantes detectadas tanto en su propia gestión como en la de sus entidades dependientes.
La IGAE valora la suficiencia del plan y sus resultados. Si las medidas no son adecuadas, concede al departamento un plazo para modificarlas; cuando las deficiencias sean graves o no se remita el plan, la situación puede elevarse al Consejo de Ministros. El control no termina, por tanto, con la emisión del informe: incluye la corrección y el seguimiento.
No aprueba presupuestos ni sustituye decisiones. Evalúa cómo se han planificado y ejecutado y si la información refleja razonablemente las operaciones.
54.7
Auditoría pública
La auditoría pública verifica posteriormente y de manera sistemática la actividad económico-financiera mediante procedimientos de revisión selectivos. Se programa en el plan anual de auditorías de la IGAE.
La auditoría de regularidad contable revisa la adecuación de la información y documentación a las normas contables y, en su caso, presupuestarias. Dentro de ella, la auditoría de cuentas anuales comprueba si las cuentas representan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y, cuando corresponda, la ejecución presupuestaria.
La auditoría de cumplimiento verifica que actos, operaciones y procedimientos respetan la normativa aplicable. La auditoría operativa examina de manera objetiva la racionalidad económico-financiera y la economía, eficacia y eficiencia de organizaciones, programas y procedimientos. Una misma auditoría puede combinar objetivos de regularidad, cumplimiento y funcionamiento operativo.
Pueden existir auditorías de cuentas anuales, cumplimiento, operativas, de contratos-programa, planes de equilibrio, tributos, entidades colaboradoras de la Seguridad Social, privatizaciones, subvenciones u otros ámbitos. «Control financiero» no es una modalidad de auditoría enumerada como alternativa a regularidad contable, cumplimiento y operativa.
La IGAE aprueba cada año un plan que incluye las actuaciones que desarrollarán sus servicios y las intervenciones generales de Defensa y de la Seguridad Social. El auditor obtiene evidencia, documenta pruebas y formula opinión o conclusiones en un informe escrito. La contradicción permite alegaciones, pero el órgano controlado no decide el contenido final.
Los informes se remiten a los responsables de la entidad, al Ministerio de Hacienda y al departamento de adscripción. Los informes de auditoría de cuentas anuales acompañan a las cuentas rendidas al Tribunal de Cuentas. Los planes de acción previstos para el control financiero permanente también se aplican a las deficiencias relevantes detectadas por la auditoría pública.
54.8
Tribunal de Cuentas: posición y organización
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de cuentas y gestión económica del Estado y sector público. Depende directamente de las Cortes y ejerce por delegación de ellas el examen de la Cuenta General, pero actúa con independencia.
La organización legal comprende la Presidencia, el Pleno, la Comisión de Gobierno, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, los consejeros de Cuentas, la Fiscalía y la Secretaría General. No debe confundirse esta estructura con la composición del Pleno.
El Pleno está integrado por doce consejeros de Cuentas —uno de ellos, la persona titular de la Presidencia— y el fiscal. Seis consejeros son elegidos por el Congreso y seis por el Senado, por mayoría de tres quintos y para un periodo de nueve años. La Secretaría General asiste al Pleno en los términos establecidos legalmente.
Sus conflictos de competencia se resuelven por el Tribunal Constitucional. Sus resoluciones jurisdiccionales pueden ser objeto de casación y revisión ante el Tribunal Supremo en los casos legales.
54.9
Función fiscalizadora
La fiscalización externa es permanente y consuntiva: examina la actividad económico-financiera ya desarrollada, sin integrarse en la gestión ni sustituir sus decisiones. Comprueba el sometimiento a la legalidad y a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género en los términos establecidos por la legislación.
Su ámbito comprende el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, la Seguridad Social, los organismos y entidades públicas y las demás unidades incluidas legalmente. También fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos y de sus fundaciones y entidades vinculadas. En este último ámbito, la legislación sobre financiación de partidos atribuye además al Tribunal potestades sancionadoras específicas, por lo que no debe afirmarse con carácter absoluto que nunca puede imponer sanciones.
Se ejerce mediante programas, informes, memorias, mociones y notas. Las entidades rinden cuentas y aportan documentación; el Tribunal formula conclusiones y recomendaciones y remite sus resultados a las Cortes Generales o, cuando corresponda, a las asambleas legislativas autonómicas. Fuera de las potestades sancionadoras expresamente atribuidas, la fiscalización no anula por sí sola los actos examinados ni sustituye a los órganos administrativos o judiciales competentes.
La conexión entre control interno, contabilidad y control externo se aprecia en la Cuenta General del Estado. Los cuentadantes remiten sus cuentas a la IGAE; esta forma la Cuenta General y la eleva al Gobierno; después se remite al Tribunal de Cuentas, que la examina y formula la declaración definitiva. El resultado se eleva a las Cortes Generales y sirve de base para el control parlamentario.
54.10
Jurisdicción contable
La jurisdicción contable enjuicia las pretensiones de responsabilidad derivadas de las cuentas que deben rendir quienes manejan caudales o efectos públicos. También puede alcanzar, en los términos legales, a perceptores de subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público.
Para que exista responsabilidad debe producirse, mediante dolo, culpa o negligencia graves, una acción u omisión contraria a las normas presupuestarias o contables que cause un menoscabo real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado en fondos públicos. Debe existir relación causal entre la conducta y el daño.
La responsabilidad directa comprende todos los perjuicios causados y es solidaria cuando concurren varios responsables directos. La subsidiaria solo se exige cuando la directa, previamente declarada y contable, no se ha hecho efectiva; puede moderarse prudencialmente según las circunstancias y la entidad de la culpa.
Los procedimientos característicos son el reintegro por alcance y el juicio de cuentas, además de las actuaciones previas correspondientes. La responsabilidad contable es compatible con la penal, disciplinaria o administrativa, pero no puede producirse un doble resarcimiento por el mismo daño. Si los hechos son delictivos, la jurisdicción penal decide sobre el delito y el Tribunal de Cuentas concreta la responsabilidad contable en los términos legales.
No todo defecto formal produce responsabilidad contable: debe existir daño a fondos y relación causal. Su finalidad principal es reintegrar el menoscabo e intereses. La responsabilidad se transmite a causahabientes que aceptan herencia solo hasta el importe líquido recibido.
54.11
Síntesis del tema
Controlar no es gestionar de nuevo, sino verificar desde perspectivas y momentos complementarios. La función interventora acompaña operaciones concretas; el control financiero permanente examina continuamente la gestión; y la auditoría pública revisa posteriormente cuentas, cumplimiento y resultados. Los reparos, las discrepancias y los planes de acción permiten que el control produzca consecuencias y no se limite a describir defectos.
El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo y la jurisdicción contable. Su fiscalización informa a las Cortes y formula conclusiones y recomendaciones; el enjuiciamiento exige dolo, culpa o negligencia graves, infracción presupuestaria o contable, daño efectivo y relación causal. Legalidad, cuentas fiables, buena gestión y responsabilidad por el menoscabo son dimensiones complementarias del uso de los fondos públicos.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 92.artículos 148 y 150 de la Ley 47/2003.
1. ¿Cuál es el objeto de la función interventora?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta de reserva 5.artículo 155 de la Ley 47/2003.
2. Cuando el órgano gestor no acepte un reparo formulado, ¿ante qué órgano de la función interventora se planteará la discrepancia?
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 94.artículo 159 de la Ley 47/2003.
3. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes actuaciones NO debe incluir el control financiero permanente?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 89.artículos 142.2 y 164 de la Ley 47/2003.
4. De acuerdo con el artículo 164 de la LGP, la auditoría pública NO adoptará una de las siguientes modalidades:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 93.artículo 136 de la Constitución Española, artículo 140 de la Ley 47/2003 y artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982.
5. Según el artículo 140 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿qué órgano ejerce el control externo de la gestión económica-financiera del sector público estatal?
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 89.artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1982 y artículo 49 de la Ley 7/1988.
6. Conforme al artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, las responsabilidades derivadas de la responsabilidad contable:
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