Bloque 6 · Gestión financiera y Seguridad Social
Explicación del Tema 57 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Ingresos públicos, sistema tributario, tasas y precios públicos
57.1
Concepto y función de los ingresos públicos
Los ingresos públicos son los recursos económicos que obtienen los entes públicos para financiar sus actividades y atender sus obligaciones. Su función principal es proporcionar los medios necesarios para sostener servicios, prestaciones e inversiones, aunque determinadas figuras también persiguen fines económicos, sociales o medioambientales.
No todo ingreso produce el mismo efecto. Un impuesto incrementa los recursos sin generar una obligación de restitución al contribuyente. Un préstamo recibido aporta liquidez, pero crea simultáneamente una deuda. La venta de un inmueble transforma patrimonio en dinero, mientras que una transferencia recibida procede de otro sujeto sin una contraprestación directa.
Esta diversidad explica que el concepto de ingreso público sea más amplio que el de tributo. Los tributos constituyen una fuente esencial, pero conviven con cotizaciones, transferencias, rendimientos patrimoniales, multas, precios públicos, reintegros, enajenaciones y operaciones financieras.
57.2
Clasificaciones jurídicas y económicas
Por su régimen jurídico se distinguen ingresos de derecho público y de derecho privado. Entre los primeros se encuentran tributos, sanciones, reintegros y otros derechos cuya gestión se somete a normas administrativas. Para hacerlos efectivos, la Administración dispone de potestades de liquidación, recaudación ejecutiva y apremio, con las garantías y procedimientos establecidos legalmente.
Los ingresos de derecho privado proceden, por ejemplo, de bienes patrimoniales o de relaciones contractuales sometidas predominantemente al derecho privado. La Administración conserva las facultades propias de cualquier titular, pero no puede extender automáticamente a estos derechos todas las prerrogativas tributarias.
Otras clasificaciones atienden a su origen —tributarios, patrimoniales, transferencias o crédito—, a su repetición —ordinarios y extraordinarios— o a su efecto —definitivos y reembolsables—. Estas divisiones doctrinales ayudan a valorar la estabilidad de la financiación, pero no sustituyen la clasificación presupuestaria.
También existen movimientos de tesorería que no constituyen verdaderos ingresos presupuestarios, porque corresponden a depósitos, garantías o fondos que deben devolverse o aplicarse a una finalidad concreta. Distinguir ingreso presupuestario de operación no presupuestaria evita confundir financiación con recursos definitivamente disponibles.
57.3
Clasificación presupuestaria de los ingresos
La clasificación económica ordena los derechos según su naturaleza:
| Capítulo | Contenido esencial |
|---|---|
| 1 | Impuestos directos y cotizaciones sociales. |
| 2 | Impuestos indirectos. |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos. |
| 4 | Transferencias corrientes. |
| 5 | Ingresos patrimoniales. |
| 6 | Enajenación de inversiones reales. |
| 7 | Transferencias de capital. |
| 8 | Activos financieros. |
| 9 | Pasivos financieros. |
Los capítulos 1 a 5 son ingresos corrientes. Los capítulos 6 y 7 forman las operaciones de capital. Los capítulos 8 y 9 recogen operaciones financieras. Así, una multa se registra entre otros ingresos; la venta de un edificio, como enajenación de inversión; el reintegro de un préstamo concedido, como activo financiero; y un préstamo recibido o una emisión de deuda, como pasivo financiero.
La clasificación permite analizar calidad y sostenibilidad. Los impuestos y otros recursos corrientes pueden repetirse en el tiempo; la venta de patrimonio es limitada; y la deuda obliga a atender intereses y devolución futura. Que todos aparezcan como ingresos del presupuesto no significa que tengan el mismo efecto económico.
57.4
Principios constitucionales del sistema tributario
El artículo 31.1 de la Constitución dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad económica mediante un sistema justo inspirado en igualdad y progresividad y que no tendrá alcance confiscatorio. La LGT añade generalidad, justicia y equitativa distribución de la carga.
La generalidad rechaza privilegios carentes de justificación. La capacidad económica exige que el tributo se apoye en una manifestación real o potencial de riqueza. La igualdad no obliga a gravar a todos de manera idéntica, sino a tratar igual las situaciones equivalentes y justificar las diferencias. La progresividad permite que la carga aumente en mayor proporción al crecer la capacidad y se predica del sistema en su conjunto, no necesariamente de cada figura. La no confiscatoriedad impide que la imposición agote o prive de manera desproporcionada la riqueza gravada.
Estos principios conviven con seguridad jurídica, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento. El sistema debe obtener recursos sin imponer obligaciones formales innecesarias y garantizando los derechos del obligado tributario.
57.5
Legalidad y reserva de ley tributaria
La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Además, el artículo 31.3 exige que las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público se establezcan con arreglo a la ley.
La reserva legal alcanza los elementos esenciales del tributo. La ley debe delimitar hecho imponible, devengo, bases, tipo y demás elementos que determinan la deuda; obligados y responsables; pagos a cuenta; beneficios fiscales; recargos e intereses; prescripción; infracciones y sanciones; y otras materias enumeradas en el artículo 8 de la LGT. El reglamento puede desarrollar y concretar cuando la ley lo habilita, pero no crear por sí solo una obligación tributaria nueva.
La Ley de Presupuestos tampoco puede crear tributos. Conforme al artículo 134.7 de la Constitución, puede modificarlos únicamente cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea. Esta regla permite determinadas actualizaciones, pero impide utilizar la ley presupuestaria como vía general para introducir figuras tributarias sin regulación sustantiva previa.
Todo beneficio fiscal que afecte a tributos estatales debe establecerse en virtud de ley. Exenciones, reducciones, bonificaciones y deducciones forman parte de la configuración de la carga y no pueden quedar al arbitrio administrativo.
57.6
El nivel estatal y la influencia de la Unión Europea
El Estado regula las grandes figuras que gravan renta, beneficio, consumo, patrimonio, transmisiones y otras manifestaciones de capacidad económica. Entre los impuestos directos se encuentran los que recaen sobre la renta de personas físicas, sociedades y no residentes. Entre los indirectos destacan el IVA, los impuestos especiales y la imposición sobre determinadas transmisiones y actos.
La titularidad estatal de un impuesto no impide que esté cedido total o parcialmente a una comunidad autónoma. La cesión puede abarcar recaudación y, dentro del marco legal, competencias normativas, de gestión o de revisión. Por ello debe distinguirse quién crea el tributo, quién regula determinados elementos y qué Administración obtiene su rendimiento.
El Derecho de la Unión condiciona especialmente la imposición indirecta. IVA e impuestos especiales se encuentran armonizados en aspectos esenciales y los derechos de aduana se integran en la unión aduanera. El legislador estatal conserva competencias, pero debe ejercerlas dentro del marco europeo.
57.7
Sistema tributario autonómico
Las comunidades autónomas disponen de recursos tributarios propios y cedidos. Pueden establecer tributos propios, exigir recargos sobre determinados impuestos estatales y ejercer competencias sobre los tributos cedidos en los términos de la LOFCA, los estatutos y las leyes de cesión.
Los tributos propios deben respetar los límites constitucionales y legales, la coordinación con la Hacienda estatal y local, la territorialidad y las prohibiciones de duplicidad previstas en la LOFCA. La coincidencia de una realidad económica no basta siempre para apreciar duplicidad: debe analizarse el hecho imponible configurado por cada norma.
En el régimen común, la Ley 22/2009 articula la participación autonómica en tributos estatales y delimita el alcance de las competencias asumibles. Junto a estos recursos existen fondos y mecanismos de nivelación dirigidos a garantizar suficiencia y solidaridad.
Los territorios forales cuentan con sistemas de concierto o convenio y ejercen potestades tributarias conforme a su régimen propio, respetando coordinación, armonización y solidaridad.
57.8
Sistema tributario local
Las entidades locales carecen de potestad legislativa. Pueden establecer y exigir tributos dentro de los previstos por la ley y desarrollarlos mediante ordenanzas fiscales. La suficiencia de las haciendas locales se apoya también en participaciones en tributos estatales y autonómicos y en otros recursos.
Los ayuntamientos deben exigir tres impuestos:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Pueden establecer, además, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. A ellos se añaden tasas y contribuciones especiales dentro de los supuestos legales.
La ordenanza concreta tipos, cuotas y gestión dentro de los límites del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. La autonomía local permite decidir dentro de ese marco, pero no crear un impuesto nuevo al margen de la habilitación legal.
57.9
Concepto, fines y clases de tributos
Los tributos son prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de un supuesto al que la ley vincula el deber de contribuir. Su finalidad primordial es financiar el gasto público, aunque también pueden servir como instrumentos de política económica y para realizar principios constitucionales.
La obligación principal nace al realizarse el hecho imponible. La ley puede declarar determinados supuestos no sujetos o exentos. El devengo señala el momento en que se entiende realizado el hecho; la base lo cuantifica; el tipo o la tarifa permite calcular la cuota; y la liquidación o autoliquidación determina el importe exigible.
La LGT clasifica los tributos, cualquiera que sea su denominación, en impuestos, tasas y contribuciones especiales. El nombre empleado por una disposición o por la Administración no altera la verdadera naturaleza del ingreso.
57.10
Impuestos y contribuciones especiales
Los impuestos se exigen sin contraprestación directa y su hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto capacidad económica. El contribuyente no paga para recibir un servicio individual equivalente.
Los impuestos directos recaen sobre manifestaciones inmediatas, como renta o patrimonio; los indirectos gravan el consumo, la circulación o determinadas transacciones. Pueden ser personales o reales, subjetivos u objetivos, periódicos o instantáneos y progresivos o proporcionales. Son categorías explicativas: el régimen concreto depende siempre de la ley de cada impuesto.
Las contribuciones especiales se exigen cuando el obligado obtiene un beneficio o un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de una obra pública o del establecimiento o ampliación de un servicio público. Existe un beneficio general para la colectividad, pero también una ventaja singular para determinadas personas o propiedades.
En el ámbito local, la base de la contribución especial no puede superar el 90 % del coste soportado por la entidad y se distribuye entre los beneficiados conforme a módulos legales. Una urbanización que revaloriza inmuebles próximos puede justificarla. No es una tasa, porque no retribuye el uso individual de un servicio, ni un impuesto general, porque requiere esa ventaja especial derivada de una actuación concreta.
57.11
Hecho imponible de las tasas
Las tasas son tributos cuyo hecho imponible puede consistir en dos grandes clases de situaciones. La primera es la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. La segunda es la prestación de servicios o realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien particularmente al obligado cuando no sean de solicitud o recepción voluntaria o no se presten por el sector privado.
En los servicios y actividades basta con que concurra una de las dos circunstancias: falta de voluntariedad o ausencia de oferta privada. La voluntariedad debe valorarse respecto de la solicitud o recepción del servicio, no por el simple hecho de que la persona haya iniciado la actividad de la que nace la necesidad administrativa. Una licencia obligatoria puede generar una tasa aunque haya sido voluntaria la decisión de ejercer la actividad que necesita autorización.
La utilización privativa del dominio público constituye por sí misma otro supuesto. La ocupación exclusiva de un espacio demanial no se convierte en precio público por existir una decisión voluntaria del usuario.
El establecimiento de cada tasa y la regulación de sus elementos esenciales deben realizarse con arreglo a ley. Una norma reglamentaria puede concretar cuantías cuando una ley lo autorice y fije los criterios de cuantificación.
57.12
Sujetos, devengo y gestión de las tasas
Son sujetos pasivos quienes se benefician de la utilización o aprovechamiento del dominio público o quienes resultan afectados o beneficiados por el servicio o actividad. También pueden serlo las entidades sin personalidad que constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición.
La ley contempla responsabilidades específicas. Las aseguradoras pueden responder solidariamente cuando el riesgo cubierto motive la actuación o servicio sujeto a tasa. En determinados servicios relacionados con inmuebles pueden responder subsidiariamente sus propietarios.
La tasa puede devengarse cuando comienza el uso del dominio público, la prestación del servicio o la actividad, o cuando se presenta la solicitud que los inicia, según establezca su regulación. Puede exigirse un depósito previo. Si el hecho imponible no llega a realizarse por causa no imputable al sujeto pasivo, procede devolver lo ingresado.
La gestión se somete a la LGT: liquidación o autoliquidación, recaudación, inspección y revisión administrativa. La previsión de la tasa debe figurar en el presupuesto del ente que la exige.
57.13
Cuantía y memoria económico-financiera de las tasas
En las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se toma como referencia el valor de mercado o la utilidad obtenida. Si se causa una destrucción o deterioro no previsto, el sujeto debe reintegrar además el coste de reconstrucción o reparación y, si el daño es irreparable, indemnizar su valor.
En las tasas por servicios o actividades, el importe total no puede exceder, con carácter general, del coste real o previsible o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para calcularlo se consideran costes directos e indirectos, costes financieros, amortización y los necesarios para mantenimiento y desarrollo razonable, con independencia del presupuesto que los soporte.
La cuota puede ser fija, resultar de aplicar un tipo a elementos cuantitativos o combinar ambos procedimientos. Cuando la naturaleza de la tasa lo permita, puede atenderse a la capacidad económica del obligado.
Toda propuesta de nueva tasa o modificación específica de su cuantía debe incorporar una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso y la justificación de la cuantía. La falta de memoria determina la nulidad de pleno derecho de la disposición reglamentaria que fije las cuantías. No se trata, por tanto, de un informe meramente informativo, sino de una garantía frente a importes arbitrarios.
57.14
Concepto y cuantía de los precios públicos
Los precios públicos son contraprestaciones pecuniarias por servicios o actividades efectuados en régimen de derecho público cuando estos también se prestan por el sector privado y su solicitud es voluntaria. Deben concurrir ambas condiciones. Si falta voluntariedad o alternativa privada, la prestación no encaja en esta figura.
El precio se fija a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos o que resulte equivalente a la utilidad obtenida. Puede situarse por debajo cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, siempre que se adopten previsiones presupuestarias para cubrir la parte subvencionada.
Toda propuesta de establecimiento o modificación debe acompañarse de una memoria económico-financiera que justifique el importe y el grado de cobertura de los costes. Esta memoria permite conocer si se cumple la regla general o si existe una parte financiada presupuestariamente.
57.15
Establecimiento, administración y cobro de precios públicos
El establecimiento o modificación de su cuantía puede realizarse por orden del departamento del que dependa el órgano perceptor, a propuesta de este. Los organismos públicos también pueden fijarlos directamente con autorización previa del departamento del que dependan. Son dos vías previstas por la ley y deben explicarse conjuntamente.
El departamento u organismo perceptor administra y cobra el precio. Puede exigirlo desde que comienza la prestación y solicitar anticipación o depósito previo total o parcial. Las deudas pueden hacerse efectivas mediante el procedimiento administrativo de apremio.
Si el servicio o actividad no se realiza por causa no imputable al pagador, procede devolver el importe correspondiente. En espectáculos puede ofrecerse el canje de entradas cuando sea posible.
57.16
Prestaciones patrimoniales públicas no tributarias
La distinción entre tasa y precio público no agota todas las contraprestaciones por servicios públicos. Las cantidades establecidas coactivamente por la explotación de obras o prestación de servicios gestionados directamente mediante personificación privada o mediante gestión indirecta tienen la consideración de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias.
En esta categoría se encuentran determinadas tarifas percibidas por concesionarios, sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales o sociedades públicas. Su carácter no tributario no elimina la reserva del artículo 31.3 de la Constitución ni las garantías previstas por la legislación correspondiente.
La forma de gestión resulta, por tanto, relevante. Un servicio coactivo prestado directamente por la Administración en régimen de derecho público puede financiarse mediante tasa; si se presta mediante determinadas fórmulas de derecho privado, la contraprestación puede ser una prestación patrimonial pública no tributaria.
57.17
Cómo diferenciar las figuras
Para clasificar una contraprestación conviene seguir este orden:
- Si no existe servicio individual y se grava una manifestación de capacidad económica, se trata de un impuesto.
- Si hay beneficio especial por una obra o ampliación de servicio público, puede existir contribución especial.
- Si se utiliza privativamente el dominio público, procede analizar la tasa correspondiente.
- Si existe servicio o actividad en derecho público, debe comprobarse voluntariedad y oferta privada.
- Si ambas concurren, puede establecerse precio público.
- Si la prestación es coactiva y se gestiona mediante personificación privada o gestión indirecta, debe considerarse la categoría de prestación patrimonial pública no tributaria.
La tasa tiene como límite general el coste del servicio; el precio debe cubrirlo como mínimo o equivaler a la utilidad, salvo excepción financiada. La primera requiere ley en su establecimiento y elementos esenciales; el segundo se fija mediante las vías administrativas previstas en la Ley 8/1989. Ambas figuras necesitan una memoria que justifique su cuantía.
57.18
Síntesis del tema
Los ingresos públicos se diferencian por su origen, régimen y efecto económico. Dentro del sistema tributario, la ley distribuye competencias entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales y somete la carga a principios constitucionales. Impuesto, contribución especial y tasa responden a hechos imponibles distintos. El precio público exige voluntariedad y alternativa privada, mientras que determinadas contraprestaciones coactivas gestionadas en régimen privado constituyen prestaciones patrimoniales públicas no tributarias.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 5 preguntas oficiales de este tema
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- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 97.artículo 2.2.b) de la Ley 58/2003.
1. De acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos son:
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 98.artículos 31.3 y 133 de la Constitución y artículo 10 de la Ley 8/1989.
2. El establecimiento de tasas, de acuerdo con la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, se hará:
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 98.artículo 26.1 de la Ley 8/1989.
3. Según el artículo 26 de la Ley 8/1989, el establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará:
- Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 99.artículo 41 de la Ley 47/2003 y clasificación económica de los ingresos públicos.
4. En la estructura de los estados de ingresos del sector público estatal, ¿dónde se incluyen las tasas y precios públicos?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 98.artículo 133.1 y 2 de la Constitución Española.
5. El artículo 133 de la Constitución establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde:
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