Bloque 1 · Organización del Estado y de la Administración Pública

Explicación del Tema 6 de Gestión de la Administración Civil del Estado

El Gobierno: dirección política, control parlamentario y Consejo de Estado

14 apartados40 min de lectura

6.1

El Gobierno y el poder ejecutivo

La Constitución no presenta al poder ejecutivo como una autoridad ilimitada encargada simplemente de ejecutar decisiones. El Gobierno es un órgano constitucional con capacidad de dirección política, pero toda su actuación está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Su posición se entiende a partir de las funciones que le atribuye el artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce además la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Estas atribuciones expresan tres dimensiones distintas de su actividad.

La dirección política permite fijar prioridades, impulsar un programa y coordinar la actuación de los departamentos ministeriales. La función ejecutiva comprende la aplicación de las leyes y la adopción de las decisiones necesarias para desarrollar las políticas públicas. La potestad reglamentaria permite aprobar normas subordinadas a la ley que completen o hagan posible su aplicación.

El Gobierno no puede identificarse sin más con la Administración. El primero determina la orientación política y asume responsabilidad ante el Parlamento; la segunda sirve con objetividad los intereses generales y mantiene de forma continuada los servicios públicos. La Administración actúa bajo la dirección del Gobierno, pero permanece sometida plenamente a la ley y al Derecho. Por ello, un cambio de Gobierno modifica la dirección política sin interrumpir la actividad administrativa ordinaria.

Tampoco debe confundirse al Gobierno con el conjunto de órganos superiores de la Administración General del Estado. Los secretarios de Estado desempeñan funciones relevantes de dirección administrativa y colaboración gubernamental, pero no integran el Gobierno. La pertenencia a este se limita, conforme a la Ley 50/1997, al presidente, a los vicepresidentes cuando existan y a los ministros.

6.2

Composición y organización del Gobierno

El artículo 98 de la Constitución dispone que el Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. El artículo 1 de la Ley 50/1997 concreta la composición en presidente, vicepresidentes cuando existan y ministros. No ha añadido otras categorías de miembros.

Esta composición reúne tres principios de funcionamiento. El principio presidencial se refleja en la dirección y coordinación ejercidas por el presidente. El principio colegiado aparece en las decisiones que corresponde adoptar al Consejo de Ministros o a las Comisiones Delegadas. El principio departamental reconoce la competencia y responsabilidad directa de cada ministro dentro de su ámbito de gestión.

La existencia de vicepresidentes es facultativa. Cuando los haya, ejercen las funciones que les encomiende el presidente. Un vicepresidente puede asumir también la titularidad de un departamento ministerial, en cuyo caso reúne las dos condiciones. La Vicepresidencia no constituye, por tanto, un nivel necesario ni dispone de un catálogo general de competencias idéntico en todos los gobiernos: su contenido depende de las funciones atribuidas en cada caso, conforme al artículo 3 de la Ley 50/1997.

Los ministros son titulares de sus departamentos y desarrollan en ellos la acción del Gobierno de acuerdo con las decisiones del Consejo de Ministros y las directrices presidenciales. Ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias del ministerio, desempeñan las competencias atribuidas por el ordenamiento y refrendan los actos del Rey relativos a su ámbito cuando proceda. También pueden existir ministros sin cartera, responsables de funciones gubernamentales determinadas sin asumir necesariamente un departamento ministerial. Su ámbito de actuación, estructura y medios se fijan mediante real decreto, según el artículo 4 de la Ley 50/1997.

Los miembros del Gobierno se reúnen en el Consejo de Ministros y en las Comisiones Delegadas del Gobierno. Estas últimas se crean, modifican o suprimen mediante real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente. Conforme al artículo 6 de la Ley 50/1997, examinan cuestiones que afectan a varios departamentos, preparan propuestas conjuntas, resuelven asuntos interministeriales que no necesitan elevarse al Consejo y ejercen las competencias que se les atribuyan o deleguen.

Junto al Gobierno existen los órganos de colaboración y apoyo regulados en los artículos 7 a 10 de la Ley 50/1997. Los secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector específico. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios prepara los asuntos que se elevarán al Consejo de Ministros, sin poder adoptar decisiones propias de este. El Secretariado del Gobierno presta asistencia a los órganos colegiados, y los gabinetes proporcionan apoyo político y técnico a sus titulares.

La diferencia es relevante: participar en la preparación o ejecución de una decisión no convierte a un órgano en miembro del Gobierno. La decisión final sigue correspondiendo al presidente, al ministro competente o al órgano colegiado que tenga atribuida la competencia.

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para empleo o cargo público por sentencia firme y cumplir los requisitos legales de idoneidad. Sus integrantes no pueden ejercer otras funciones representativas distintas del mandato parlamentario, otra función pública ajena al cargo ni actividad profesional o mercantil. Estos requisitos y límites se contienen en los artículos 11 y 14 de la Ley 50/1997 y desarrollan el artículo 98 de la Constitución.

6.3

Designación del presidente y formación del Gobierno

La formación del Gobierno comienza con la designación de su presidente. El procedimiento de investidura del artículo 99 de la Constitución permite que la persona propuesta obtenga una legitimación parlamentaria antes de ser nombrada formalmente por el Rey.

Después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales en que proceda, el Rey consulta a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Las consultas se desarrollan a través del presidente del Congreso. Concluidas, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno, también a través del presidente de la Cámara.

El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita su confianza. La Constitución establece dos votaciones sucesivas:

VotaciónMomentoMayoría necesaria
PrimeraTras el debate de investiduraMayoría absoluta de los miembros del Congreso.
SegundaCuarenta y ocho horas después de la primeraMayoría simple.

La mayoría absoluta exige más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara. La mayoría simple se alcanza cuando los votos favorables superan a los contrarios, sin que las abstenciones se sumen a ninguno de ellos.

Si el candidato no obtiene la confianza en ninguna de las dos votaciones, pueden tramitarse sucesivas propuestas mediante el mismo procedimiento. El plazo constitucional se cuenta desde la primera votación de investidura, no desde las elecciones ni desde la primera consulta del Rey. Si transcurren dos meses sin que ningún candidato resulte investido, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.

Obtenida la confianza, el Rey nombra al presidente. La investidura y el nombramiento son actos diferentes: el Congreso concede la confianza y el Rey formaliza el acceso al cargo. La propuesta y el nombramiento, así como la disolución automática por falta de investidura, son refrendados por el presidente del Congreso.

Los demás miembros del Gobierno siguen otro procedimiento. Conforme al artículo 100 de la Constitución y al artículo 12 de la Ley 50/1997, los vicepresidentes y ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. No son investidos individualmente por el Congreso. La confianza parlamentaria se concede al candidato a presidente y al programa que presenta; después corresponde a este configurar su Gobierno dentro del marco legal.

La Ley 50/1997 exige que el nombramiento conjunto de las personas titulares de las vicepresidencias y los ministerios respete el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que cada sexo represente al menos el cuarenta por ciento.

Preguntado en convocatorias oficiales

El plazo de dos meses comienza con la primera votación de investidura. Si finaliza sin candidato investido, el Rey disuelve el Congreso y el Senado y convoca elecciones; el acto es refrendado por el presidente del Congreso.

6.4

El presidente del Gobierno

El presidente ocupa una posición de dirección dentro de un órgano que también actúa colegiadamente. El artículo 98.2 de la Constitución le atribuye la dirección de la acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros, sin eliminar la competencia y la responsabilidad directa de cada ministro en su gestión.

Dirigir significa establecer la orientación general y asegurar que la actuación de los departamentos responda al programa político común. Coordinar implica evitar contradicciones, ordenar prioridades y resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre ministerios. El presidente no sustituye ordinariamente al ministro competente, pero puede impartir instrucciones y garantizar la unidad de la acción gubernamental.

Las competencias del artículo 2 de la Ley 50/1997 pueden agruparse por su finalidad:

ÁmbitoCompetencias principales
Dirección políticaEstablecer el programa político, fijar las directrices de política interior y exterior y velar por su cumplimiento.
Dirección del GobiernoConvocar y presidir el Consejo de Ministros, fijar su orden del día, coordinar a sus miembros e impartirles instrucciones.
RepresentaciónRepresentar al Gobierno y refrendar, cuando corresponda, los actos del Rey.
Relaciones con las Cortes y el electoradoPlantear la cuestión de confianza y proponer la disolución de las Cámaras o la convocatoria de referéndum consultivo con los requisitos constitucionales.
OrganizaciónCrear, modificar y suprimir ministerios y secretarías de Estado; aprobar la estructura de la Presidencia y proponer vicepresidentes y ministros.
Defensa y control constitucionalDirigir la política de defensa e interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Varias de estas competencias exigen una intervención previa o posterior de otros órganos. La cuestión de confianza y la propuesta de disolución requieren deliberación previa del Consejo de Ministros. El referéndum consultivo necesita autorización del Congreso. El nombramiento de ministros se formaliza por el Rey. Estas relaciones muestran que la dirección presidencial se ejerce dentro de procedimientos constitucionales, no como una facultad unilateral ilimitada.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones presidenciales son asumidas por los vicepresidentes según su orden de prelación y, en defecto de ellos, por los ministros conforme al orden de precedencia de los departamentos. La suplencia permite mantener el funcionamiento, pero no crea un nuevo presidente ni equivale a una investidura.

6.5

El Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado en el que se reúnen los miembros del Gobierno para deliberar y adoptar las decisiones que la Constitución y las leyes reservan al conjunto. La colegialidad permite que las principales medidas gubernamentales se integren en una decisión común, aunque su preparación corresponda a uno o varios ministerios. Sus funciones se enumeran principalmente en el artículo 5 de la Ley 50/1997.

Entre sus competencias se encuentran:

  • Aprobar los proyectos de ley y remitirlos al Congreso o, cuando proceda, al Senado.
  • Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos.
  • Acordar la negociación y firma de tratados internacionales y su aplicación provisional, y remitirlos a las Cortes cuando corresponda.
  • Declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio.
  • Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando una ley lo autorice.
  • Aprobar reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, y las restantes disposiciones reglamentarias procedentes.
  • Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales.
  • Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.

Algunas opciones incorrectas de examen trasladan al Consejo competencias presidenciales. La creación, modificación o supresión de los ministerios y secretarías de Estado corresponde al presidente mediante real decreto. En cambio, la de los órganos directivos de los departamentos corresponde al Consejo de Ministros. También corresponde al presidente proponer el referéndum consultivo; al Consejo le corresponde deliberar sobre otras decisiones que la ley somete a su conocimiento.

La diferencia puede observarse en algunas competencias características:

Presidente del GobiernoConsejo de Ministros
Establece el programa político y las directrices generales.Aprueba los proyectos de ley y el proyecto de Presupuestos.
Convoca y preside el Consejo y fija su orden del día.Delibera y adopta las decisiones atribuidas al órgano colegiado.
Propone la disolución, la cuestión de confianza y el referéndum consultivo con los requisitos constitucionales.Aprueba decretos-leyes y decretos legislativos y adopta las decisiones sobre estados excepcionales que le corresponden.
Crea, modifica y suprime ministerios y secretarías de Estado.Crea, modifica y suprime los órganos directivos de los ministerios.
Propone el nombramiento y la separación de vicepresidentes y ministros.Nombra otros altos cargos cuando el ordenamiento le atribuye esa competencia.

La tabla no divide dos estructuras independientes. El presidente forma parte del Consejo y dirige sus reuniones, pero conserva competencias propias que no se convierten en decisiones colegiadas por el hecho de deliberarse políticamente con otros miembros.

El presidente convoca y preside las reuniones y fija el orden del día. Actúa como secretario el ministro de la Presidencia. Las reuniones pueden ser decisorias o deliberantes y sus deliberaciones son secretas. El acta no reproduce las intervenciones ni las posiciones individuales: recoge el tiempo y lugar, los asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados.

Los secretarios de Estado pueden asistir cuando sean convocados y, excepcionalmente, también otros altos cargos. Su presencia permite informar sobre un asunto, pero no los convierte en miembros del Consejo ni les atribuye voto como tales.

La Ley 50/1997 permite celebrar sesiones a distancia en situaciones excepcionales cuando la naturaleza de la crisis lo exija y el presidente lo decida motivadamente. Deben garantizarse la identidad de los participantes, la comunicación en tiempo real, el secreto de las deliberaciones y la unidad del acto.

Formas de las decisiones gubernamentales

La forma de una decisión permite reconocer qué órgano la adopta y cuál es su naturaleza jurídica. El artículo 24 de la Ley 50/1997 distingue:

FormaContenido característico
Real decreto-leyDisposición legislativa provisional aprobada por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Real decreto legislativoNorma con rango de ley aprobada por el Gobierno en virtud de una delegación de las Cortes.
Real decreto del presidente del GobiernoDecisiones atribuidas al presidente, especialmente sobre composición y organización gubernamental.
Real decreto acordado en Consejo de MinistrosDisposiciones reglamentarias y resoluciones que deban adoptar esa forma.
Acuerdo del Consejo de MinistrosDecisiones colegiadas para las que no se exige real decreto.
Acuerdo de una Comisión DelegadaDecisiones de este órgano; se formalizan como orden del ministro competente o del ministro de la Presidencia cuando intervienen varios departamentos.
Orden ministerialDisposiciones y resoluciones de los ministros; si afecta a varios departamentos, adopta la forma de orden del ministro de la Presidencia a propuesta de los interesados.

No todas las decisiones del Consejo de Ministros poseen rango de ley. El decreto-ley y el decreto legislativo sí lo tienen porque la Constitución reconoce expresamente esa fuerza; un real decreto reglamentario permanece subordinado a la ley, y un acuerdo puede carecer de naturaleza normativa.

Entre los reglamentos gubernamentales, el propio artículo 24 establece una jerarquía: primero se sitúan las disposiciones aprobadas mediante real decreto del presidente o acordado en Consejo de Ministros y, por debajo, las aprobadas mediante orden ministerial. La denominación de la norma permite así identificar tanto su procedencia como su posición reglamentaria.

Delegación y avocación

El artículo 20 de la Ley 50/1997 permite al presidente delegar competencias propias en los vicepresidentes y ministros. Los ministros pueden delegar en los secretarios de Estado, subsecretarios, delegados del Gobierno y demás órganos directivos dependientes. A propuesta del presidente, el Consejo de Ministros también puede delegar funciones administrativas en las Comisiones Delegadas.

No pueden delegarse las competencias atribuidas directamente por la Constitución, las relativas al nombramiento y separación de altos cargos atribuidas al Consejo, las correspondientes a los órganos colegiados del Gobierno —salvo la delegación administrativa expresamente permitida— ni las que una ley declare indelegables.

La avocación opera en sentido inverso. El Consejo de Ministros puede asumir para un caso concreto un asunto cuya decisión corresponda a una Comisión Delegada. Requiere propuesta del presidente y acuerdo motivado. La delegación distribuye el ejercicio de una competencia; la avocación permite que el Consejo recupere la decisión sobre un asunto determinado sin alterar con carácter general aquella distribución.

6.6

Control parlamentario ordinario

La relación entre Gobierno y Cortes no se reduce a los momentos en que se vota la confianza. El control parlamentario se ejerce de forma continuada mediante instrumentos que permiten obtener información, exigir explicaciones y debatir públicamente la orientación de la acción gubernamental.

El artículo 108 de la Constitución dispone que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. La solidaridad significa que la responsabilidad política recae sobre el Gobierno como conjunto, aunque cada ministro conserve competencia y responsabilidad directa en la gestión de su departamento.

Las Cámaras y sus comisiones pueden solicitar, a través de sus presidentes, la información y ayuda que necesiten del Gobierno, de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. También pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Estas facultades se reconocen en los artículos 109 y 110 de la Constitución.

La relación es recíproca en el plano institucional. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones, pueden hacerse oír y solicitar que comparezcan funcionarios de sus departamentos. Esta facultad no elimina la capacidad de las Cámaras para ordenar sus debates conforme a sus Reglamentos.

El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a preguntas e interpelaciones, conforme al artículo 111. Las preguntas suelen requerir información o una respuesta concreta sobre una actuación. Las interpelaciones permiten un debate más amplio sobre los motivos o propósitos de la política gubernamental y pueden dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Debe diferenciarse el control ordinario de la responsabilidad política en sentido estricto. El Congreso y el Senado pueden solicitar información, formular preguntas, interpelar y reclamar comparecencias. Sin embargo, únicamente el Congreso inviste al presidente y puede provocar el cese del Gobierno mediante los mecanismos constitucionales de confianza.

6.7

Cuestión de confianza y moción de censura

La cuestión de confianza y la moción de censura permiten comprobar si el Gobierno conserva el apoyo del Congreso, pero parten de sujetos diferentes y producen efectos distintos. La primera es una iniciativa presidencial; la segunda, una iniciativa parlamentaria dirigida a sustituir al Gobierno.

La cuestión de confianza

El presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, según el artículo 112 de la Constitución. No se plantea sobre cualquier asunto aislado ni la formula el Gobierno como órgano colegiado: la iniciativa corresponde personalmente al presidente.

La confianza se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los diputados. Si el Congreso la niega, el Gobierno presenta su dimisión al Rey y se inicia el procedimiento de designación de un nuevo presidente conforme al artículo 99.

La moción de censura

El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la moción de censura regulada en los artículos 113 y 114 de la Constitución. Debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados e incluir un candidato a la Presidencia. Esta exigencia convierte la moción española en constructiva: no basta con reunir una mayoría contra el Gobierno, sino que debe existir una mayoría capaz de apoyar una alternativa.

La moción no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación. Durante los dos primeros pueden presentarse mociones alternativas. Para aprobarla se necesita la mayoría absoluta del Congreso.

Si prospera, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido se entiende investido de la confianza de la Cámara; el Rey lo nombra presidente. Si fracasa, sus firmantes no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

ElementoCuestión de confianzaMoción de censura
IniciativaPresidente del Gobierno.Al menos una décima parte de los diputados.
Actuación previa o contenidoDeliberación del Consejo de Ministros; programa o política general.Debe incluir un candidato alternativo.
MayoríaSimple.Absoluta.
Si se apruebaEl Gobierno conserva la confianza.Cesa el Gobierno y el candidato queda investido.
Si se rechazaEl Gobierno presenta su dimisión.El Gobierno continúa y los firmantes quedan limitados durante el periodo de sesiones.

Preguntado en convocatorias oficiales

La moción de censura no se limita a retirar la confianza. Su aprobación produce simultáneamente la sustitución: el candidato incluido se considera investido y el Rey lo nombra presidente.

6.8

Disolución de las Cámaras y estados excepcionales

El artículo 115 de la Constitución permite al presidente proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. Debe hacerlo previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad. El Rey decreta la disolución y el decreto fija la fecha de las elecciones.

Esta facultad tiene dos límites expresos. No puede proponerse mientras se encuentre en trámite una moción de censura y, como regla, no puede producirse una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior. La excepción es la disolución automática prevista por el artículo 99.5 cuando ningún candidato logra la investidura dentro del plazo de dos meses.

No debe confundirse esta disolución política con la que se produce por falta de investidura. En la primera, la iniciativa corresponde al presidente y puede afectar a una o a ambas Cámaras. En la segunda, la Constitución impone al Rey la disolución de las dos una vez agotado el plazo, con refrendo del presidente del Congreso.

Los estados de alarma, excepción y sitio, regulados constitucionalmente en el artículo 116, muestran otra forma de relación entre Gobierno y Congreso. La intensidad de la intervención parlamentaria aumenta conforme lo hace la situación excepcional:

EstadoDecisión inicialDuración y control constitucional
AlarmaGobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.Máximo de quince días; la prórroga necesita autorización del Congreso.
ExcepciónGobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso.Máximo de treinta días, prorrogables por otro plazo igual con los mismos requisitos.
SitioCongreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.El Congreso determina ámbito, duración y condiciones.

Mientras esté declarado alguno de estos estados no puede disolverse el Congreso. Si las Cámaras no están reunidas, quedan automáticamente convocadas; si el Congreso ya se encuentra disuelto o ha expirado su mandato, sus competencias son asumidas por la Diputación Permanente. El funcionamiento de los poderes constitucionales no puede interrumpirse y la declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

6.9

Cese y Gobierno en funciones

El Gobierno cesa en los cuatro supuestos establecidos por el artículo 101 de la Constitución y reproducidos por el artículo 21 de la Ley 50/1997:

  • Después de la celebración de elecciones generales.
  • Por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos previstos por la Constitución.
  • Por dimisión del presidente.
  • Por fallecimiento del presidente.

La posición del presidente determina la continuidad del conjunto. La dimisión o el fallecimiento de un ministro solo provoca su sustitución; la dimisión o el fallecimiento del presidente determina el cese de todo el Gobierno. También cesa tras las elecciones aunque el resultado permita posteriormente formar un Gobierno de composición semejante.

El cese no produce un vacío de poder. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Durante ese periodo debe facilitar la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos.

El despacho ordinario comprende la continuidad administrativa y las decisiones necesarias para el funcionamiento habitual de los servicios. No equivale a una paralización completa. La ley permite adoptar otras medidas en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya justificación se haga constar expresamente.

La limitación responde a la posición transitoria del Gobierno. Al haber cesado, no debe comprometer libremente la orientación política del futuro ejecutivo. Por ello, el presidente en funciones no puede:

  • Proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
  • Plantear la cuestión de confianza.
  • Proponer la convocatoria de un referéndum consultivo.

El Gobierno en funciones tampoco puede aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Cuando la situación deriva de elecciones generales, las delegaciones legislativas concedidas por las Cortes quedan suspendidas durante todo el periodo.

Estas prohibiciones son específicas. El Gobierno conserva las demás facultades necesarias para la gestión ordinaria y puede actuar ante una urgencia o una razón de interés general debidamente acreditada. Así, el presidente en funciones puede seguir refrendando los actos del Rey cuando proceda, porque la ley no incluye el refrendo entre las facultades suspendidas.

6.10

Responsabilidad y control del Gobierno

La responsabilidad del Gobierno se manifiesta en planos diferentes que no deben confundirse. Una decisión puede ser objeto de control político aunque sea jurídicamente válida; del mismo modo, la exigencia de responsabilidad criminal requiere la comisión de un delito y no depende de que el Congreso mantenga o retire su confianza.

Responsabilidad política

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso. La responsabilidad puede hacerse efectiva mediante la denegación de una cuestión de confianza o la aprobación de una moción de censura. Las preguntas, interpelaciones y comparecencias ejercen control, pero no provocan por sí solas el cese constitucional del Gobierno.

Cada ministro tiene, además, competencia y responsabilidad directa en su gestión. Esta responsabilidad individual puede traducirse en explicaciones parlamentarias, censura política o decisión del presidente de proponer su separación, pero la Constitución no regula una moción de censura individual contra un ministro con efectos automáticos de cese.

Responsabilidad criminal

La responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, conforme al artículo 102 de la Constitución. Se trata de una regla de competencia judicial, no de una inmunidad frente al Derecho penal.

Si la acusación se refiere a traición o a cualquier delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de las funciones gubernamentales, solo puede plantearse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta. La prerrogativa real de gracia no resulta aplicable a estos supuestos.

Control jurídico

El artículo 29 de la Ley 50/1997 declara que el Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento. Sus actos, omisiones, inactividad y actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a su legislación reguladora. Su actuación también puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional en los casos legalmente previstos.

El control político y el jurisdiccional cumplen funciones distintas. Las Cortes valoran la orientación y oportunidad política de la actuación gubernamental; los tribunales examinan su conformidad con el ordenamiento dentro de sus competencias. Ninguno sustituye al otro.

6.11

El Consejo de Estado: naturaleza y función consultiva

El artículo 107 de la Constitución define al Consejo de Estado como el supremo órgano consultivo del Gobierno y remite a una ley orgánica la regulación de su composición y competencia. Los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 3/1980 desarrollan su posición y las reglas esenciales de la función consultiva.

La función consultiva se ejerce con autonomía orgánica y funcional para garantizar la objetividad y la independencia. Aunque asesora principalmente al Gobierno y a sus miembros, no forma parte del Gobierno ni adopta la decisión final. Su intervención proporciona un examen jurídico cualificado antes de resolver determinados asuntos.

El Consejo vela por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento. También puede valorar la oportunidad y conveniencia cuando lo exija la naturaleza del asunto o lo solicite expresamente la autoridad consultante, así como considerar la eficacia de la Administración en el cumplimiento de sus fines.

La consulta puede ser:

  • Preceptiva, cuando una ley obliga a solicitar el dictamen antes de decidir.
  • Facultativa, cuando el presidente del Gobierno o un ministro considera conveniente recabarlo sin que exista obligación legal.

Esta clasificación se refiere a la obligación de consultar, no a la fuerza del resultado. Como regla general, los dictámenes no son vinculantes, aunque la ley puede establecer lo contrario. Por ello, una consulta puede ser preceptiva y su dictamen no vinculante: es obligatorio pedirlo, pero la autoridad puede separarse de su criterio si el ordenamiento lo permite.

Cuando la disposición o resolución sigue el dictamen, utiliza la fórmula «de acuerdo con el Consejo de Estado». Si se aparta de él, emplea «oído el Consejo de Estado». Cuando la consulta es preceptiva y el ministro consultante discrepa del parecer del Consejo, corresponde al Consejo de Ministros resolver.

Los asuntos dictaminados por el Pleno no pueden remitirse después a otro órgano de la Administración del Estado para recabar un nuevo informe. Si ha dictaminado la Comisión Permanente, únicamente puede informar posteriormente el Pleno del propio Consejo de Estado.

Además de dictaminar, el Consejo puede realizar estudios, informes y memorias solicitados por el Gobierno, elaborar propuestas legislativas o de reforma constitucional que este le encomiende y promover trabajos que considere útiles para el desempeño de su función.

6.12

Organización y composición del Consejo de Estado

El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1980 dispone que el Consejo actúa en Pleno, Comisión Permanente y Comisión de Estudios. También trabaja mediante secciones, que preparan los asuntos sometidos a la Comisión Permanente.

El Pleno y las Comisiones

ÓrganoComposición esencialFunción general
PlenoPresidente, consejeros permanentes, natos y electivos, y secretario general.Dictamina los asuntos de mayor trascendencia institucional, constitucional e internacional.
Comisión PermanentePresidente, consejeros permanentes y secretario general.Atiende la mayor parte de las consultas jurídicas preceptivas de carácter ordinario.
Comisión de EstudiosPresidente, dos consejeros permanentes, dos natos, dos electivos y secretario general.Dirige estudios, informes, memorias y propuestas legislativas o constitucionales encargadas al Consejo.

El presidente y los miembros del Gobierno pueden asistir a las sesiones del Pleno e informar cuando lo consideren conveniente, pero no pasan por ello a integrarlo. El secretario general asiste con voz y sin voto a las sesiones del Pleno y de las dos comisiones.

El presidente del Consejo de Estado es nombrado libremente mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su presidente, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1980.

Los consejeros permanentes son tantos como secciones existan. Son nombrados por real decreto, sin límite de tiempo, entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna de las categorías previstas en el artículo 7. Son inamovibles y cada uno preside una sección.

ProcedenciaCategorías que permiten el nombramiento como consejero permanente
Gobierno y comunidades autónomasMinistro; presidente o miembro de un consejo ejecutivo autonómico.
Función consultiva y jurídicaConsejero de Estado; miembro de un consejo consultivo autonómico; letrado mayor del Consejo de Estado.
Ámbito académicoAcadémico de número de las Reales Academias integradas en el Instituto de España; profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales con quince años de ejercicio.
Fuerzas Armadas y AdministraciónOficial general de los Cuerpos Jurídicos de las Fuerzas Armadas; funcionario del Estado con al menos quince años de servicio en cuerpos o escalas para cuyo ingreso se exija titulación universitaria.
Banco de EspañaAntiguo gobernador del Banco de España.

En su nombramiento debe respetarse la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que cada sexo represente al menos el cuarenta por ciento del conjunto de consejeros permanentes.

Las secciones son ocho como mínimo y su número puede ampliarse reglamentariamente cuando lo exija el volumen de consultas. Cada una está formada por un consejero permanente, que la preside, un letrado mayor y los letrados necesarios. Preparan el despacho de los asuntos que conocerá la Comisión Permanente.

Los consejeros natos acceden por el cargo que desempeñan, conforme al artículo 8. Tienen esta condición:

  • El director de la Real Academia Española y los presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación.
  • El presidente del Consejo Económico y Social.
  • El fiscal general del Estado.
  • El jefe del Estado Mayor de la Defensa.
  • El presidente del Consejo General de la Abogacía.
  • El presidente de la Comisión General de Codificación o el de su Sección Primera cuando aquel sea ministro.
  • El abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado.
  • El director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
  • El gobernador del Banco de España.

Quienes hayan sido presidentes del Gobierno adquieren además la condición de consejeros natos de Estado con carácter vitalicio y pueden manifestar en cualquier momento su voluntad de incorporarse al Consejo.

Los consejeros electivos, en número de diez, son nombrados por real decreto por un periodo de cuatro años entre quienes hayan ejercido alguno de los cargos enumerados en el artículo 9:

ÁmbitoCargos de procedencia
Parlamentario y constitucionalDiputado o senador; magistrado del Tribunal Constitucional; Defensor del Pueblo; presidente o vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Unión Europea y JusticiaJuez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Gobierno y controlMinistro o secretario de Estado; presidente del Tribunal de Cuentas; jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Comunidades autónomasPresidente o miembro de un consejo ejecutivo autonómico.
Acción exteriorEmbajador procedente de la carrera diplomática.
Administración localAlcalde de capital de provincia o presidente de diputación provincial, mancomunidad interinsular, cabildo o consejo insular.
UniversidadRector de universidad.

Dos de los diez electivos deben haber sido presidentes de un gobierno autonómico durante al menos ocho años; para estos dos consejeros el mandato es de ocho años. También en el conjunto de consejeros electivos debe garantizarse que cada sexo represente como mínimo el cuarenta por ciento.

El secretario general es nombrado por real decreto entre los letrados mayores, a propuesta de la Comisión Permanente aprobada por el Pleno, según el artículo 10. La regulación distingue así entre quienes aportan continuidad profesional —consejeros permanentes y letrados—, quienes participan por razón de su cargo —consejeros natos— y quienes incorporan una experiencia institucional determinada durante un mandato temporal —consejeros electivos—.

6.13

Competencias y funcionamiento del Consejo de Estado

La distribución de asuntos entre el Pleno y la Comisión Permanente responde a su importancia y a la materia regulada. El artículo 21 reserva al Pleno las consultas de especial trascendencia constitucional, legislativa, internacional o institucional:

Grupo de asuntosConsultas atribuidas al Pleno
Constitución y legislación delegadaAnteproyectos de reforma constitucional no elaborados por el propio Consejo y proyectos de decretos legislativos.
Tratados y Derecho de la Unión EuropeaAnteproyectos de ley dictados en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados y del Derecho de la Unión; dudas sobre interpretación o cumplimiento de tratados; problemas jurídicos derivados de actos de organizaciones internacionales.
Relaciones internacionalesReclamaciones derivadas de la protección diplomática y cuestiones de Estado que constituyan controversia jurídica internacional.
Consejo de EstadoAnteproyectos de ley y disposiciones que afecten a su organización, competencia o funcionamiento; separación de consejeros permanentes.
Hacienda y asuntos de especial relevanciaTransacciones sobre derechos de la Hacienda Pública y sometimiento a arbitraje de sus controversias; asuntos de Estado a los que el Gobierno atribuya especial trascendencia.
Cláusula legalCualquier asunto para el que una ley exija expresamente consulta al Consejo de Estado en Pleno.

El artículo 22 atribuye a la Comisión Permanente la mayor parte de las consultas preceptivas relacionadas con la actividad administrativa ordinaria. Sus competencias también pueden comprenderse por grupos:

Grupo de asuntosConsultas atribuidas a la Comisión Permanente
Tratados y disposiciones generalesNecesidad de autorización parlamentaria para tratados; disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de tratados o del Derecho de la Unión; reglamentos ejecutivos de las leyes y sus modificaciones.
Organización territorialAnteproyectos de leyes orgánicas de transferencia o delegación; control de funciones estatales delegadas; impugnación ante el Tribunal Constitucional de disposiciones o resoluciones autonómicas.
Gobierno y recursos administrativosConflictos de atribuciones entre departamentos; recursos administrativos que deban resolver el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas o la Presidencia por disposición legal; recursos de revisión.
Revisión de la actuación administrativaRevisión de oficio de disposiciones y actos en los casos legales.
Contratos, concesiones y responsabilidadNulidad, interpretación, modificación o extinción de contratos y concesiones cuando exista oposición o lo exija la ley; reclamaciones de responsabilidad patrimonial en los supuestos legalmente establecidos.
Hacienda, honores y serviciosCréditos extraordinarios y suplementos de crédito; concesión o rehabilitación de honores y privilegios cuando proceda; monopolios y servicios públicos monopolizados.
Consejo de Estado y cláusula legalAsuntos sobre su organización y funcionamiento; consultas que una ley atribuya a la Comisión Permanente o para las que exija dictamen sin señalar al Pleno.

La última regla evita una laguna: si una ley exige consultar al Consejo de Estado y no determina qué órgano debe dictaminar, la competencia corresponde a la Comisión Permanente. El Pleno no es una instancia de recurso frente a esta, aunque puede conocer un asunto atribuido a la Comisión cuando lo solicite el presidente del Gobierno o lo acuerde el presidente del Consejo, conforme al artículo 25.

La Comisión de Estudios ordena y supervisa los estudios, informes o memorias encargados por el Gobierno. También elabora las propuestas legislativas o de reforma constitucional encomendadas al Consejo y las somete al Pleno para su aprobación, según el artículo 23.

La consulta facultativa puede solicitarse sobre cualquier asunto cuando el presidente del Gobierno o un ministro lo estime conveniente. Las comunidades autónomas pueden solicitar dictamen por conducto de sus presidentes y, si carecen de órgano consultivo propio, deben recabarlo en los casos en que la legislación lo exige para el Estado cuando hayan asumido la competencia correspondiente. Estas reglas se recogen en los artículos 24 y 25.

Cuando la orden de remisión declara urgente el dictamen, el plazo máximo es de quince días, salvo que el Gobierno o su presidente fijen otro inferior. Si el plazo se reduce a menos de diez días, la consulta la despacha la Comisión Permanente incluso cuando correspondería al Pleno, sin perjuicio de que después pueda requerirse el dictamen de este. Es la solución del artículo 19 para que la urgencia no impida la intervención consultiva.

Para deliberar y acordar, el Pleno y la Comisión Permanente necesitan la presencia del presidente o de quien lo sustituya, al menos la mitad de sus consejeros y el secretario general o su sustituto. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los asistentes y, en caso de empate, decide el voto de calidad de quien presida. Los miembros discrepantes pueden formular voto particular. El artículo 16 combina así un cuórum de constitución, una regla de mayoría y la posibilidad de dejar constancia jurídica de la discrepancia.

El Consejo no se limita a responder expedientes concretos. Puede elevar al Gobierno las propuestas que le sugieran su práctica y experiencia, y el Pleno presenta anualmente una memoria con observaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos y sugerencias para mejorar la Administración.

6.14

Síntesis del tema

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Su funcionamiento combina la dirección del presidente, la decisión colegiada del Consejo de Ministros y la responsabilidad departamental de cada ministro. El Congreso otorga la confianza al candidato a presidente; este propone después a los restantes miembros del Gobierno.

Las Cortes controlan de forma continuada la acción gubernamental mediante información, comparecencias, preguntas e interpelaciones. La responsabilidad política se concentra, sin embargo, en el Congreso. La cuestión de confianza permite al presidente comprobar si mantiene el apoyo de la Cámara, mientras que la moción de censura permite sustituirlo mediante una alternativa respaldada por mayoría absoluta.

El Gobierno cesa tras las elecciones generales, por pérdida de la confianza o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Hasta la toma de posesión del nuevo continúa en funciones, asegura la gestión ordinaria y atiende las urgencias o razones de interés general justificadas, pero no puede impulsar libremente un nuevo programa político o legislativo. Su actuación permanece sometida al control político, penal, contencioso-administrativo y constitucional.

El Consejo de Estado aporta una garantía consultiva especializada. Actúa con autonomía, examina la legalidad de los asuntos sometidos a consulta y se organiza en Pleno, Comisión Permanente, Comisión de Estudios y secciones. La consulta puede ser obligatoria o facultativa y el dictamen, como regla, no es vinculante. Su función no consiste en gobernar ni en sustituir al órgano competente, sino en mejorar jurídicamente la decisión antes de que sea adoptada.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas proceden de ejercicios oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan con todas sus opciones, la respuesta de la plantilla definitiva y una explicación vinculada al contenido del tema.

0 de 7 respondidas

  1. Artículo 99.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 4.

    1. Según el artículo 99 de la Constitución Española de 1978, el Rey propone candidato a la Presidencia del Gobierno:

  2. Artículo 5.1 de la Ley 50/1997. Convocatoria de 2019, primer ejercicio, pregunta 8.

    2. De conformidad con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde al Consejo de Ministros:

  3. Artículo 21 de la Ley 50/1997. Convocatoria de 2019, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 10.

    3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 50/1997, del Gobierno, el Presidente del Gobierno en funciones podrá desempeñar una de las siguientes facultades:

  4. Artículo 113 de la Constitución Española. Convocatoria de 2025, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 15.

    4. ¿Cuál es el requisito principal para que una moción de censura sea válida según la Constitución Española de 1978?

  5. Artículo 102.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 2022, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 6.

    5. ¿Ante quién es exigible la responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno?

  6. Artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 3/1980. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 8.

    6. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, el Pleno estará compuesto por, entre otros:

  7. Artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1980. Convocatoria de 2024, primer ejercicio, pregunta 8.

    7. Según la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, señale la afirmación correcta:

Has terminado la explicación

¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.

Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente

Estamos trabajando para incorporar preguntas organizadas por los temas del programa. Mientras tanto, puedes seguir preparando la oposición con las explicaciones y las bases legislativas del temario.