Bloque 1 · Programa aprobado en 2026
Explicación del Tema 1 de Operario de Servicios Generales
Los derechos y deberes fundamentales y la organización municipal de Madrid
1.1
El título I como sistema de derechos
El título I de la Constitución se denomina «De los derechos y deberes fundamentales» y comprende los artículos 10 a 55. Su denominación no significa que todos sus preceptos sean derechos fundamentales en sentido técnico. En él conviven derechos con distintos niveles de protección, deberes constitucionales, mandatos dirigidos a los poderes públicos y reglas destinadas a garantizar o, excepcionalmente, suspender determinadas libertades.
El artículo 10 abre el título y proporciona el fundamento de todo el sistema. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad expresa que toda persona posee un valor propio que los poderes públicos deben respetar; no depende de su edad, capacidad, situación económica o nacionalidad.
El mismo artículo establece una regla de interpretación. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas por la Constitución deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España. Esos textos no sustituyen a la Constitución, pero orientan el significado y alcance de los derechos constitucionales.
A partir de este punto, el título I se organiza en cinco capítulos:
| Parte | Artículos | Contenido |
|---|---|---|
| Artículo inicial | 10 | Dignidad de la persona e interpretación de los derechos. |
| Capítulo I | 11 a 13 | Españoles y extranjeros. |
| Capítulo II | 14 a 38 | Derechos y libertades. |
| Capítulo III | 39 a 52 | Principios rectores de la política social y económica. |
| Capítulo IV | 53 y 54 | Garantías de los derechos y Defensor del Pueblo. |
| Capítulo V | 55 | Suspensión de derechos y libertades. |
El capítulo II comienza con el principio de igualdad del artículo 14 y después se divide en dos secciones. La sección primera, artículos 15 a 29, contiene los derechos fundamentales y las libertades públicas. La sección segunda, artículos 30 a 38, reúne los derechos y deberes de los ciudadanos. Esta clasificación no es puramente formal: determina las garantías disponibles y la clase de norma necesaria para desarrollar cada derecho.
El artículo 14 y los derechos de los artículos 15 a 29 pueden defenderse ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, cuando proceda, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los artículos 30 a 38 también vinculan a los poderes públicos y solo pueden regularse por ley respetando su contenido esencial, pero no disfrutan con carácter general de esas dos vías reforzadas. Los principios rectores de los artículos 39 a 52 orientan la legislación, la práctica judicial y la actuación pública, aunque solo pueden alegarse ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollen.
El desarrollo directo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los artículos 15 a 29 está reservado a ley orgánica. Esta reserva no se extiende automáticamente a todo el título I ni a cualquier norma que incida de algún modo en un derecho. Por otra parte, todos los derechos tienen límites: su ejercicio debe respetar los derechos ajenos y las demás exigencias constitucionales. El legislador puede ordenar ese ejercicio, pero no vaciarlo de contenido, porque debe preservar el núcleo que permite reconocer el derecho y cumplir su finalidad.
Preguntado en convocatorias oficiales
La ubicación del precepto importa. Los artículos 15 a 29 son derechos fundamentales y libertades públicas; los artículos 30 a 38 son derechos y deberes de los ciudadanos; y los artículos 39 a 52 son principios rectores. Todos poseen valor constitucional, pero no se aplican ni se protegen de la misma forma.
1.2
Nacionalidad, mayoría de edad y extranjería
El capítulo I, artículos 11 a 13, determina quién integra la comunidad política española y cuál es la posición constitucional de quienes no tienen nacionalidad española.
El artículo 11 remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad. La Constitución no enumera las vías para adquirirla, sino que exige que se encuentren reguladas legalmente. Añade una garantía absoluta: ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Esto impide que una autoridad la retire como sanción, aunque el español de origen pueda perderla voluntariamente en los casos previstos por la ley.
El Estado puede concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o mantengan una vinculación particular con España. En esos países, los españoles pueden naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen aunque no exista reciprocidad. La doble nacionalidad permite que una persona mantenga vínculos jurídicos con más de un Estado en los términos establecidos por el tratado y por la legislación aplicable.
El artículo 12 fija la mayoría de edad en los dieciocho años. Alcanzarla determina, con carácter general, la posibilidad de actuar plenamente por uno mismo en la vida jurídica, sin perjuicio de las reglas especiales que puedan exigir una edad distinta para determinadas actividades.
El artículo 13 dispone que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas garantizadas por el título I en los términos establecidos por los tratados y por la ley. La remisión legal permite ordenar las condiciones de ejercicio, pero no autoriza a desconocer los derechos que corresponden a toda persona por su conexión con la dignidad humana.
Los derechos de participación política del artículo 23 corresponden, como regla general, a los españoles. Existe una excepción concreta: por tratado o ley y atendiendo a criterios de reciprocidad puede reconocerse a los extranjeros el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. El sufragio activo permite votar y el pasivo permite presentarse como candidato. La reforma constitucional de 1992 incorporó expresamente esta segunda posibilidad al artículo 13.2.
La extradición solo puede concederse en cumplimiento de un tratado o de la ley y de acuerdo con el principio de reciprocidad. Quedan excluidos los delitos políticos, pero los actos de terrorismo no se consideran delitos políticos a estos efectos. Por último, la ley debe establecer los términos en los que los ciudadanos de otros países y las personas apátridas pueden disfrutar del derecho de asilo en España.
1.3
Igualdad y derechos de la esfera personal
El artículo 14 proclama la igualdad de los españoles ante la ley y prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La relación de motivos no es cerrada. La cláusula final permite incluir otras características personales o sociales que puedan dar lugar a un trato discriminatorio.
La igualdad no exige tratar de forma idéntica situaciones diferentes. Impide que se establezcan diferencias carentes de una justificación objetiva y razonable y permite adoptar medidas destinadas a corregir desigualdades reales. Aunque el artículo 14 se sitúa antes de las dos secciones del capítulo II, disfruta de la protección reforzada prevista en el artículo 53.2.
Por tanto, no toda diferencia de trato constituye una discriminación. Una norma puede establecer requisitos distintos cuando las situaciones comparadas no son equivalentes o cuando la diferencia persigue una finalidad legítima y resulta proporcionada. Lo que la Constitución prohíbe es que una circunstancia personal o social se utilice, sin una razón suficiente, para colocar a una persona en una posición desfavorable.
El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral y prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. La Constitución conserva una referencia a la pena de muerte que pudieran disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, pero esa posibilidad fue abolida posteriormente por la legislación española.
El artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Sus manifestaciones solo pueden limitarse en lo necesario para mantener el orden público protegido por la ley. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tiene carácter estatal, aunque los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.
El artículo 17 protege la libertad y la seguridad. Nadie puede ser privado de libertad fuera de los casos y de la forma previstos en la ley. La detención preventiva debe durar únicamente el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones y, en todo caso, en un máximo de setenta y dos horas la persona detenida debe quedar en libertad o ser puesta a disposición judicial.
Toda persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de la detención. No puede ser obligada a declarar y tiene garantizada la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos legales. El procedimiento de habeas corpus permite que quien haya sido detenido ilegalmente sea puesto inmediatamente a disposición judicial. La ley también debe fijar el plazo máximo de la prisión provisional, que es una medida judicial diferente de la detención preventiva.
El artículo 18 reúne varias garantías relacionadas con la vida privada:
- Protege el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.
- Declara inviolable el domicilio.
- Garantiza el secreto de las comunicaciones.
- Ordena limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad y el pleno ejercicio de los derechos.
La entrada o registro en un domicilio requiere el consentimiento del titular o una resolución judicial, salvo en caso de delito flagrante. Son vías alternativas: la Constitución no exige simultáneamente consentimiento y resolución. El secreto de las comunicaciones —en particular las postales, telegráficas y telefónicas— solo puede levantarse mediante resolución judicial. De la garantía frente al uso de la informática se ha desarrollado el derecho fundamental a la protección de datos personales, que permite conocer y controlar el tratamiento de la información referida a cada persona.
El artículo 19 reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como el derecho a entrar y salir de España en los términos establecidos por la ley. Estos derechos no pueden limitarse por motivos políticos o ideológicos. Las personas extranjeras también pueden disfrutar de libertades de residencia y circulación conforme a los tratados y a la legislación que regule su situación.
Los artículos 15 a 19 protegen así un mismo ámbito desde perspectivas complementarias. La vida y la integridad preservan a la persona frente a los ataques más graves; la libertad ideológica garantiza la formación y manifestación de las propias convicciones; la libertad personal limita las privaciones físicas de libertad; la intimidad, el domicilio y las comunicaciones protegen un espacio reservado; y la libertad de residencia y circulación permite decidir dónde vivir y desplazarse. Estudiarlos conjuntamente ayuda a comprender que la esfera personal no se agota en un único derecho.
Preguntado en convocatorias oficiales
Domicilio y comunicaciones no tienen la misma formulación. Para entrar en un domicilio se necesita el consentimiento del titular o una resolución judicial, salvo delito flagrante. El secreto de las comunicaciones solo cede, en los términos constitucionales, ante resolución judicial.
1.4
Libertades públicas y participación
El artículo 20 reconoce varias libertades relacionadas con la comunicación y la creación. Protege la expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio.
La libertad de expresión se refiere principalmente a opiniones y valoraciones. El derecho de información protege la comunicación de hechos y exige veracidad, entendida como un deber de diligencia en su comprobación, no como la obligación de garantizar una exactitud absoluta. La ley debe regular la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
El ejercicio de los derechos del artículo 20 no puede restringirse mediante censura previa. Encuentra sus límites en los restantes derechos del título I y, especialmente, en el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo puede acordarse mediante resolución judicial.
El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Su ejercicio no necesita autorización previa. Cuando la reunión vaya a celebrarse en un lugar de tránsito público o se trate de una manifestación, debe comunicarse previamente a la autoridad. Esta solo puede prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. La comunicación previa permite ordenar y proteger el ejercicio del derecho; no lo convierte en una actividad sometida a permiso.
El artículo 22 reconoce el derecho de asociación. Son ilegales las asociaciones que persigan fines o empleen medios tipificados como delito. Deben inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad, por lo que la inscripción no funciona como una autorización previa. Solo pueden ser disueltas o suspendidas mediante resolución judicial motivada. Se prohíben expresamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
El artículo 23 contiene dos dimensiones de la participación. La primera reconoce el derecho a intervenir en los asuntos públicos directamente o mediante representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. La segunda garantiza el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos señalados por las leyes. Este derecho no asegura la obtención del puesto o cargo, sino la posibilidad de concurrir conforme a reglas legales no discriminatorias.
Estos cuatro artículos protegen diferentes formas de intervención en la vida pública. Los artículos 20 y 21 permiten difundir ideas y reunirse para expresarlas colectivamente; el artículo 22 permite crear organizaciones estables; y el artículo 23 garantiza la participación política y el acceso igualitario a funciones y cargos públicos. La Constitución no confunde estas libertades ni les impone los mismos requisitos, pero todas contribuyen a que el pluralismo y la participación sean efectivos.
Preguntado en convocatorias oficiales
Comunicación no significa autorización. Las reuniones pacíficas y sin armas no necesitan autorización previa. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones sí requieren comunicación previa a la autoridad.
1.5
Tutela judicial y legalidad sancionadora
Los artículos 24 a 26 protegen a la persona cuando interviene en un proceso o se enfrenta al poder sancionador. El primero establece las garantías procesales; el segundo impide castigar conductas que no estuvieran previamente tipificadas y orienta las penas privativas de libertad; el tercero excluye los tribunales de honor. Los tres preceptos responden a una misma idea: ninguna consecuencia desfavorable puede imponerse al margen de la ley y de un procedimiento con garantías.
El derecho a la tutela judicial efectiva
El artículo 24 reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión. Comprende el acceso a la jurisdicción, una resolución fundada en Derecho, la utilización de los recursos previstos por la ley y la ejecución de lo resuelto. No garantiza que la pretensión del interesado sea estimada, sino que sea examinada mediante un procedimiento con garantías y reciba una respuesta jurídicamente razonada.
La indefensión constitucional no se identifica con cualquier defecto formal. Debe existir una privación real de las posibilidades de conocer lo discutido, alegar y defenderse, siempre que esa situación no sea imputable a quien la invoca.
El artículo 24.2 enumera garantías procesales específicas. El juez ordinario debe estar determinado por normas anteriores al asunto, lo que impide crear un órgano para juzgar un caso concreto. La defensa y la asistencia de abogado permiten sostener la propia posición con conocimiento técnico. La información sobre la acusación hace posible conocer qué se atribuye a la persona y preparar la respuesta. El proceso ha de ser público, desarrollarse sin dilaciones indebidas y respetar todas las garantías.
También existe derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Esto no obliga al órgano judicial a admitir cualquier prueba propuesta, pero sí a valorar su relación con el objeto del proceso y a motivar su rechazo cuando corresponda. El derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable evita que la persona sea obligada a colaborar en su propia condena.
La presunción de inocencia exige que una condena o sanción se apoye en una actividad probatoria suficiente, obtenida y practicada con las garantías debidas. La persona no tiene que demostrar su inocencia: corresponde a quien acusa aportar pruebas capaces de desvirtuarla. La ley debe regular, además, los casos en los que por parentesco o secreto profesional no exista obligación de declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Legalidad penal y sancionadora
El artículo 25 formula el principio de legalidad penal y sancionadora. Nadie puede ser condenado o sancionado por una acción u omisión que, en el momento de realizarse, no constituyera delito, falta o infracción administrativa según la legislación entonces vigente. La conducta prohibida y su consecuencia deben estar previstas previamente y con precisión suficiente. Por ello, una autoridad no puede sancionar un comportamiento solo porque lo considere inconveniente: debe identificar la infracción establecida por la norma y aplicar la consecuencia prevista para ella.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social y no pueden consistir en trabajos forzados. La persona condenada a prisión conserva los derechos fundamentales del capítulo salvo los limitados expresamente por el contenido del fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Tiene derecho, en todo caso, a un trabajo remunerado y a los correspondientes beneficios de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen, directa o subsidiariamente, privación de libertad. Una multa administrativa puede dar lugar a los mecanismos legales de ejecución, pero no puede transformarse en una pena de prisión por decisión de la propia Administración.
La prohibición de los tribunales de honor
El artículo 26 completa estas garantías prohibiendo los tribunales de honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales. Estos órganos valoraban la conducta o dignidad profesional de una persona al margen de las garantías propias de la jurisdicción. Su prohibición asegura que las responsabilidades se determinen mediante procedimientos jurídicos y no a través de juicios corporativos sobre el honor.
En conjunto, los artículos 24 a 26 someten el proceso y la potestad sancionadora a reglas previas, prueba suficiente, defensa efectiva y decisión de órganos competentes. La tutela judicial no garantiza un resultado favorable, pero sí que la controversia o acusación se resuelva conforme al Derecho.
1.6
Educación, libertad sindical, huelga y petición
Los artículos 27 a 29 cierran la sección de derechos fundamentales con tres ámbitos diferentes: el sistema educativo, la defensa colectiva de los intereses laborales y la posibilidad de dirigir peticiones a los poderes públicos. Aunque sus contenidos son distintos, todos protegen formas de participación social y de desarrollo de la persona.
El derecho a la educación y la libertad de enseñanza
El artículo 27 reconoce el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Ambos contenidos forman parte del mismo modelo constitucional. El derecho a la educación exige que nadie quede privado de la formación necesaria; la libertad de enseñanza permite que exista pluralidad de iniciativas y proyectos educativos dentro del respeto a la Constitución.
La educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana, dentro del respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Los poderes públicos garantizan el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de los sectores afectados, y mediante la creación de centros docentes. Las personas físicas y jurídicas también pueden crear centros, respetando los principios constitucionales. El profesorado, las familias y, cuando proceda, el alumnado deben intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos legales.
Los poderes públicos inspeccionan y homologan el sistema educativo para asegurar el cumplimiento de las leyes y ayudan a los centros que reúnan los requisitos establecidos. El artículo termina reconociendo la autonomía de las universidades en los términos que disponga la ley. El sistema combina así prestación pública, iniciativa social, participación de la comunidad educativa, inspección y autonomía universitaria.
Libertad sindical y huelga
El artículo 28 reconoce la libertad sindical y el derecho de huelga. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al elegido, constituir confederaciones y formar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a ellas. Nadie puede ser obligado a afiliarse. La ley puede limitar o exceptuar su ejercicio para las Fuerzas o institutos armados y los cuerpos sometidos a disciplina militar y debe regular sus peculiaridades para los funcionarios públicos.
El derecho de huelga se reconoce a los trabajadores para defender sus intereses. La ley que lo regule debe establecer las garantías necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Esto no elimina el derecho, sino que obliga a compatibilizarlo con las necesidades básicas de la población.
El derecho de petición
El artículo 29 reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito. Permite dirigirse a los poderes públicos para plantear una solicitud, iniciativa o queja en materias que no dispongan de un procedimiento específico. No obliga a estimar lo solicitado, pero sí a tramitar la petición en los términos legales. Los miembros de las Fuerzas o institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo individualmente y conforme a su legislación específica.
Educación, libertad sindical, huelga y petición muestran que los derechos fundamentales no protegen únicamente una esfera individual frente al poder. También permiten participar en instituciones educativas, organizarse para defender intereses laborales y dirigirse colectivamente a las autoridades.
1.7
Derechos y deberes de los ciudadanos
La sección segunda del capítulo II comprende los artículos 30 a 38. Sus preceptos vinculan a los poderes públicos y solo pueden regularse por ley, respetando su contenido esencial, pero no disponen con carácter general del procedimiento preferente y sumario ni del recurso de amparo. El bloque combina deberes de solidaridad con la comunidad, derechos patrimoniales y laborales y reglas básicas de la organización económica.
Defensa, contribución tributaria y situaciones de emergencia
El artículo 30 reconoce el derecho y el deber de defender España. La ley debe fijar las obligaciones militares, regular con las debidas garantías la objeción de conciencia y las demás causas de exención y puede imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. También puede establecer un servicio civil para fines de interés general y regular los deberes de los ciudadanos en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La objeción de conciencia del artículo 30.2 es singular porque el artículo 53.2 permite protegerla mediante recurso de amparo.
El artículo 31 traslada esa solidaridad al sostenimiento de los servicios y necesidades comunes. Todos deben contribuir a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que no tenga alcance confiscatorio. La igualdad exige que situaciones económicas comparables reciban un tratamiento coherente; la progresividad permite que la carga aumente a medida que lo hace la capacidad económica; y la prohibición de confiscatoriedad impide que el sistema prive sustancialmente a la persona de su patrimonio o renta.
La Constitución también se ocupa del uso de los recursos obtenidos. El gasto público debe realizar una asignación equitativa y su programación y ejecución deben responder a criterios de eficiencia y economía. Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público solo pueden establecerse con arreglo a la ley.
Matrimonio, propiedad y fundación
El artículo 32 reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley debe regular sus formas, la edad y capacidad para celebrarlo, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas y efectos de la separación y disolución.
El artículo 33 reconoce la propiedad privada y la herencia, cuyo contenido queda delimitado por su función social. Esto permite que la ley establezca reglas generales sobre el uso de determinados bienes para compatibilizar el interés de su titular con las necesidades colectivas. Esa delimitación no equivale necesariamente a una expropiación.
La expropiación se produce cuando una persona es privada singularmente de un bien o derecho. Solo resulta legítima si existe una causa justificada de utilidad pública o interés social, se abona la correspondiente indemnización y se sigue el procedimiento legal. Por ejemplo, las normas urbanísticas pueden delimitar de manera general cómo se utiliza el suelo; la adquisición forzosa de una finca concreta para ejecutar una obra pública constituye, en cambio, una expropiación.
El artículo 34 reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Las fundaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales y solo pueden ser disueltas o suspendidas mediante resolución judicial motivada. No se les aplica la prohibición constitucional de asociaciones secretas o paramilitares, porque esa prohibición responde a la naturaleza asociativa.
Trabajo, negociación colectiva y libertad de empresa
El artículo 35 reúne una dimensión individual del trabajo. Reconoce el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción mediante el trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares, sin discriminación por razón de sexo. La ley debe regular un estatuto de los trabajadores.
El artículo 36 remite a la ley las peculiaridades de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos.
El artículo 37 incorpora la dimensión colectiva. Garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios y la fuerza vinculante de los convenios. El convenio colectivo no es una mera recomendación: obliga dentro de su ámbito y en los términos establecidos por la ley. El mismo artículo reconoce a trabajadores y empresarios el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo, aunque la ley puede establecer límites y garantías para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
El artículo 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos deben garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. La libertad de empresa permite iniciar y organizar actividades económicas, pero no sitúa a la empresa fuera de la regulación laboral, fiscal, sanitaria, ambiental o de protección de los consumidores.
La sección segunda presenta así una secuencia coherente. Primero establece responsabilidades hacia la comunidad —defensa y contribución a los gastos públicos—; después reconoce instituciones de la vida personal y patrimonial —matrimonio, propiedad y fundación—; y finalmente ordena el trabajo y la actividad económica desde sus dimensiones individual, colectiva y empresarial.
1.8
Principios rectores de la política social y económica
Los artículos 39 a 52 contienen mandatos dirigidos principalmente a los poderes públicos. No son simples aspiraciones políticas: obligan a orientar las leyes, los presupuestos y la actuación administrativa hacia los objetivos constitucionales. Sin embargo, no producen todos ellos de manera inmediata una prestación concreta que pueda reclamarse sin desarrollo legal. Solo pueden alegarse ante los tribunales de acuerdo con las normas que los desarrollen.
Esta posición explica su denominación. Son principios rectores porque indican la dirección que debe seguir la política social y económica. El derecho a una vivienda digna, por ejemplo, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, pero su ejercicio concreto depende de las políticas y leyes que determinen requisitos, ayudas y procedimientos.
Familia, empleo y protección social
El primer grupo sitúa a la persona dentro de la familia, el trabajo y los sistemas públicos de protección. El artículo 39 ordena asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Los hijos son iguales ante la ley con independencia de su filiación y las madres deben recibir protección cualquiera que sea su estado civil. La ley debe posibilitar la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a sus hijos durante la minoría de edad y en los demás casos previstos legalmente. Los niños disfrutan también de la protección establecida en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
El artículo 40 encomienda a los poderes públicos promover condiciones favorables para el progreso social y económico, una distribución más equitativa de la renta y una política orientada al pleno empleo. También deben fomentar la formación y readaptación profesional, velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
El artículo 41 exige mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y las prestaciones complementarias son libres. El artículo 42 ordena proteger los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar la política hacia su retorno.
Salud, cultura y medio ambiente
Los artículos 43 a 45 se ocupan de condiciones que hacen posible una vida digna y el desarrollo personal. El artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. Corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública mediante medidas preventivas y mediante las prestaciones y servicios necesarios. También deben fomentar la educación sanitaria, la educación física, el deporte y una adecuada utilización del ocio.
El artículo 44 dispone que los poderes públicos deben promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, y fomentar la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
El artículo 45 reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Los poderes públicos deben velar por el uso racional de los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la solidaridad colectiva. La vulneración de estas reglas puede dar lugar a sanciones penales o administrativas y a la obligación de reparar el daño.
Patrimonio, vivienda, juventud y discapacidad
Los artículos 46 a 49 proyectan la actuación pública sobre el patrimonio común, la vivienda y la participación e inclusión de grupos con necesidades específicas. El artículo 46 ordena garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal debe sancionar los atentados contra ese patrimonio.
El artículo 47 reconoce a todos los españoles el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y regular el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad debe participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
El artículo 48 obliga a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
El artículo 49, en su redacción vigente, dispone que las personas con discapacidad ejercen los derechos del título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. La ley debe establecer la protección especial necesaria para ese ejercicio. Los poderes públicos deben impulsar políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social en entornos universalmente accesibles, fomentar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y atender especialmente las necesidades de las mujeres y los menores con discapacidad.
Personas mayores, consumidores y organizaciones profesionales
Los tres últimos preceptos atienden a las personas mayores, a quienes adquieren bienes y servicios y a determinadas organizaciones de defensa de intereses económicos. El artículo 50 ordena garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de las personas durante la tercera edad. Con independencia de las obligaciones familiares, los poderes públicos deben promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atienda sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
El artículo 51 exige garantizar la defensa de consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces su seguridad, salud y legítimos intereses económicos. Los poderes públicos deben promover su información y educación, fomentar sus organizaciones y oírlas en las cuestiones que puedan afectarles. La ley debe regular el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
El artículo 52 remite a la ley la regulación de las organizaciones profesionales que contribuyan a defender los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
En conjunto, el capítulo III completa la dimensión individual de los derechos con una dimensión social. No se limita a impedir que los poderes públicos interfieran: les exige actuar para proteger a las familias y a la infancia, favorecer el empleo, mantener la Seguridad Social, cuidar la salud y el medio ambiente, facilitar el acceso a la cultura y la vivienda y promover la inclusión. Su efectividad depende del desarrollo legislativo, pero ese desarrollo debe respetar la orientación marcada por la Constitución.
1.9
Garantías y suspensión de los derechos
El artículo 53 organiza las garantías constitucionales en función del grupo al que pertenece cada precepto.
Todos los derechos y libertades del capítulo II, artículos 14 a 38, vinculan a los poderes públicos. Su ejercicio solo puede regularse por ley, que debe respetar su contenido esencial. Las leyes que los regulen pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de inconstitucionalidad.
El artículo 14 y los derechos de los artículos 15 a 29 cuentan con una garantía adicional: cualquier ciudadano puede solicitar su tutela ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, cuando proceda, interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo también se extiende a la objeción de conciencia del artículo 30.2. Es una vía subsidiaria: no sustituye a los tribunales ordinarios y exige haber utilizado previamente los cauces judiciales procedentes.
Los principios rectores de los artículos 39 a 52 deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.
El artículo 54 configura al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado para defender los derechos comprendidos en el título I. Puede supervisar la actividad de la Administración y debe dar cuenta de su actuación a las Cortes Generales. No es un tribunal ni sustituye las decisiones de jueces y órganos administrativos.
Suspensión general
El artículo 55 permite suspender determinados derechos cuando se declare el estado de excepción o de sitio, en los términos previstos por la Constitución. La relación es cerrada:
| Precepto | Derecho o garantía susceptible de suspensión |
|---|---|
| Artículo 17 | Libertad y seguridad, con la salvedad del artículo 17.3 para el estado de excepción. |
| Artículo 18.2 | Inviolabilidad del domicilio. |
| Artículo 18.3 | Secreto de las comunicaciones. |
| Artículo 19 | Libertad de residencia y circulación y entrada y salida de España. |
| Artículo 20.1.a) y d), y 20.5 | Expresión, información y garantía judicial del secuestro de publicaciones y otros medios. |
| Artículo 21 | Derecho de reunión. |
| Artículo 28.2 | Derecho de huelga. |
| Artículo 37.2 | Medidas de conflicto colectivo. |
Durante el estado de excepción no puede suspenderse el artículo 17.3, que garantiza a la persona detenida información inmediata y comprensible sobre sus derechos y las razones de la detención, el derecho a no declarar y la asistencia de abogado. El estado de alarma no aparece en el artículo 55.1 como supuesto que permita suspender derechos.
Suspensión individual
Una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en los que, de manera individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, se suspendan los derechos de los artículos 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas en investigaciones relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
Estas facultades no constituyen una habilitación general. La utilización injustificada o abusiva de las posibilidades reconocidas por la ley orgánica produce responsabilidad penal por violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.
1.10
La autonomía municipal de Madrid
Después de establecer los derechos de las personas y las obligaciones de los poderes públicos, el tema se desplaza hacia la Administración más próxima a la ciudadanía. La organización del Ayuntamiento determina qué órganos adoptan las decisiones municipales y cómo se distribuye territorialmente su gestión. Esa organización debe actuar siempre dentro del marco constitucional que acaba de estudiarse.
La Constitución reconoce la autonomía de los municipios para gestionar sus propios intereses. En el caso de Madrid, su condición de capital del Estado y sus dimensiones justifican un régimen especial desarrollado por la Ley 22/2006. El artículo 2 de esta ley concreta qué significa la autonomía municipal de la ciudad.
Madrid goza de autonomía para gestionar sus intereses y debe disponer de medios económico-financieros suficientes de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y el resto del ordenamiento jurídico. La autonomía no significa aislamiento ni independencia frente a otras administraciones. La gestión municipal debe desarrollarse con lealtad institucional y mediante colaboración, cooperación y coordinación con la Administración General del Estado y con la Comunidad de Madrid.
El gobierno y la administración de la ciudad comprenden las funciones de ordenación y de ejecución en los asuntos de competencia municipal. Ordenar implica adoptar las decisiones generales y establecer el marco en el que debe actuar el municipio. Ejecutar y gestionar significa aplicar esas decisiones y organizar los servicios necesarios para hacerlas efectivas. Ambas funciones se ejercen por el Ayuntamiento bajo su propia responsabilidad, dentro del marco de las leyes y mediante órganos diferenciados.
Para hacer efectiva esta autonomía, la Ley 22/2006 atribuye al Ayuntamiento competencias en cuatro ámbitos expresamente mencionados:
- Infraestructuras.
- Movilidad.
- Seguridad ciudadana.
- Régimen jurídico y procedimiento.
La legislación sectorial del Estado puede atribuir, además, competencias relacionadas con servicios e infraestructuras básicos para el desarrollo de la ciudad. Por tanto, el artículo 2 combina capacidad de decisión municipal, responsabilidad propia, suficiencia de medios y coordinación con las demás administraciones.
Preguntado en convocatorias oficiales
La autonomía municipal se ejerce dentro del ordenamiento jurídico. Madrid gestiona sus intereses bajo su propia responsabilidad, pero debe actuar en el marco de las leyes y cooperar y coordinarse con el Estado y la Comunidad de Madrid.
1.11
Los órganos de gobierno municipal
El artículo 7 de la Ley 22/2006 clasifica los órganos de gobierno de Madrid según la función que desempeñan. La distinción principal se establece entre el órgano deliberante de representación política y los órganos ejecutivos de dirección política y administrativa.
El Pleno es el órgano deliberante de representación política. En él se expresa la representación de los ciudadanos y se debaten y adoptan las decisiones que la ley le atribuye. Su posición deliberante lo diferencia de los órganos encargados de dirigir políticamente la administración municipal y ejecutar la acción de gobierno.
Son órganos ejecutivos de dirección política y administrativa:
- El Alcalde.
- La Junta de Gobierno.
- Los Tenientes de Alcalde.
- Los concejales con responsabilidades de gobierno.
- Los miembros no electos de la Junta de Gobierno.
- Los órganos que determine el correspondiente reglamento orgánico.
La relación legal no se limita, por tanto, al Alcalde y a la Junta de Gobierno. Incluye cargos electos, miembros no electos que formen parte de la Junta de Gobierno y otros órganos que puedan establecerse reglamentariamente. La clave para resolver preguntas de examen es recordar que el Pleno pertenece a una categoría distinta: es el órgano deliberante de representación política, no un órgano ejecutivo de dirección política y administrativa.
Esta separación enlaza con el artículo 2. Las funciones de ordenación y las de ejecución y gestión deben ejercerse mediante órganos diferenciados. El Pleno ocupa la posición representativa y deliberante, mientras que los órganos ejecutivos dirigen la acción política y administrativa y hacen efectivas las decisiones municipales dentro de sus respectivas competencias.
1.12
Los distritos
El artículo 22 obliga al Pleno a crear distritos como divisiones territoriales propias de la ciudad. No son municipios independientes ni administraciones separadas del Ayuntamiento. Forman parte de su organización interna y permiten acercar la gestión municipal a los distintos territorios y a la población que reside en ellos.
Los distritos deben estar dotados de órganos de gestión desconcentrada. La desconcentración supone distribuir el ejercicio de determinadas funciones entre órganos de una misma Administración. El Ayuntamiento sigue siendo una única organización y conserva la titularidad de sus competencias, pero parte de su gestión se realiza a través de órganos situados en los distritos.
Esta organización territorial persigue dos finalidades expresas: impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y mejorar esa gestión. La proximidad facilita que las necesidades de cada zona puedan ser conocidas y atendidas desde órganos más cercanos.
La existencia de distritos debe respetar, en todo caso, la unidad de gobierno y gestión de la ciudad. La desconcentración no fragmenta Madrid en gobiernos independientes ni permite que cada distrito actúe al margen de las directrices municipales comunes.
El precepto contiene dos reglas organizativas precisas que suelen ser objeto de examen:
- La creación de los distritos corresponde al Pleno.
- La presidencia de cada distrito corresponde siempre a un concejal.
La primera regla conecta la división territorial con el órgano de máxima representación política. La segunda garantiza que la presidencia del distrito recaiga en una persona que ostente la condición de representante municipal electo.
Autonomía, órganos de gobierno y distritos forman una secuencia. La autonomía reconoce al Ayuntamiento capacidad para ordenar y gestionar los asuntos municipales; el artículo 7 distribuye el gobierno entre un órgano deliberante y varios órganos ejecutivos; y el artículo 22 acerca parte de la gestión a los territorios sin romper la unidad de la ciudad. Los tres preceptos describen, desde perspectivas distintas, cómo Madrid adopta y ejecuta sus decisiones.
Preguntado en convocatorias oficiales
Distrito no equivale a municipio. Es una división territorial del Ayuntamiento de Madrid con órganos de gestión desconcentrada. El Pleno lo crea, un concejal lo preside y su actuación debe respetar la unidad de gobierno y gestión de la ciudad.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 10 preguntas oficiales de este tema
Las siguientes preguntas se formularon en el ejercicio teórico del proceso selectivo de Operario/a de Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid convocado para 85 plazas. Se presentan con sus opciones, la respuesta establecida en la plantilla oficial definitiva y el precepto que permite comprobarla.
0 de 10 respondidas
- Artículo 29.2 de la Constitución Española. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo A, pregunta 10.
1. Según se establece en el artículo 29 de la Constitución Española, ¿qué españoles pueden ejercer el derecho de petición solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica?
- Artículo 18.3 de la Constitución Española. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo A, pregunta 20.
2. Según el artículo 18 de la Constitución Española, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas:
- Artículo 22.1 de la Ley 22/2006. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo B, pregunta 10.
3. Según expresa el artículo 22 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, ¿qué órgano de gobierno municipal deberá crear distritos como divisiones territoriales propias?
- Artículos 17 y 55.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo B, pregunta 20.
4. Según el artículo 55 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción?
- Artículo 10.1 de la Constitución Española. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo B, pregunta 30.
5. Según se establece en el artículo 10 de la Constitución Española:
- Artículo 2.1 de la Ley 22/2006. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo B, pregunta 40.
6. En relación con la Ley 22/2006, ¿conforme a qué normas goza la ciudad de Madrid de medios económico-financieros suficientes para gestionar sus intereses?
- Artículos 22.4 y 34.2 de la Constitución Española. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo B, pregunta 44.
7. Según el artículo 34 de la Constitución Española, se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. ¿Cuándo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades estas fundaciones?
- Artículo 2.3 de la Ley 22/2006. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo C, pregunta 30.
8. Según el artículo 2 de la Ley 22/2006, la ley atribuye al Ayuntamiento de Madrid competencias en materia de:
- Artículo 7 de la Ley 22/2006. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo C, pregunta 40.
9. Según el artículo 7 de la Ley 22/2006, ¿cuál de los siguientes órganos de gobierno no es ejecutivo de dirección política y administrativa?
- Artículo 26 de la Constitución Española. Convocatoria de 85 plazas, ejercicio teórico, modelo C, pregunta 44.
10. Como dispone el artículo 26 de la Constitución Española, se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de:
Has terminado la explicación
¿Y ahora?
La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.
Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.
Practica Operario de Servicios Generales con tests por temas
Responde un test gratis de Operario de Servicios Generales sin registrarte y revisa la solución de cada pregunta. Con una cuenta gratuita guardas tus resultados y practicas tema a tema.
Practica con los exámenes oficiales de Operario de Servicios Generales