Bloque 1 · Programa aprobado en 2026

Explicación del Tema 2 de Operario de Servicios Generales

La relación de empleo público: clases de personal, derechos, acceso y responsabilidad

9 apartados44 min de lectura

2.1

El TREBEP y su aplicación a esta categoría

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público —TREBEP— establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios y determina las normas aplicables al personal laboral de las Administraciones públicas. Se aplica, entre otras, a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, sus organismos y entidades de derecho público y las universidades públicas, sin perjuicio de las especialidades previstas para determinados colectivos.

El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal aplicable, de la que forma parte el TREBEP, y por la legislación autonómica, con respeto a la autonomía local. El Estatuto actúa como marco básico común, pero no agota toda la regulación. Las leyes de función pública, las normas de régimen local y las disposiciones de cada Administración completan sus previsiones.

El personal laboral se rige por la legislación laboral y por los convenios colectivos, además de por los preceptos del TREBEP que declaren su aplicación. Esta combinación explica por qué algunas reglas del Estatuto se dirigen exclusivamente a funcionarios mientras otras alcanzan a todos los empleados públicos.

Las plazas de Operario de Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid son plazas de personal funcionario de carrera. Se encuadran en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, y corresponden a otras Agrupaciones Profesionales. La disposición adicional sexta permite que las Administraciones creen agrupaciones profesionales para cuyo acceso no se exige estar en posesión de una titulación del sistema educativo.

Esta conexión permite situar el tema. El TREBEP estudia todas las clases de personal porque forman parte del empleo público, pero quien supera el proceso de esta oposición y completa los requisitos del artículo 62 adquiere una relación funcionarial permanente. Por ello tienen especial relevancia las funciones reservadas, la carrera, la adquisición de la condición, la jubilación y la separación del servicio.

2.2

Concepto y clases de empleados públicos

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones públicas al servicio de los intereses generales. La definición combina tres elementos: se realizan funciones para una Administración, se percibe una remuneración y la actividad se orienta al servicio objetivo del interés general.

El artículo 8 establece cuatro clases:

ClaseVínculo principalDuración característicaFunción
Funcionario de carreraNombramiento y relación estatutaria sometida al Derecho administrativoPermanenteServicios profesionales y, cuando corresponda, funciones reservadas.
Funcionario interinoNombramiento temporal por necesidad y urgenciaLimitada a la causa legalFunciones propias de funcionarios de carrera.
Personal laboralContrato de trabajo escritoFijo, por tiempo indefinido o temporalPuestos que puedan desempeñarse conforme a la legislación aplicable.
Personal eventualNombramiento no permanenteVinculada a la autoridad a la que asesoraFunciones de confianza o asesoramiento especial.

La clasificación atiende a la naturaleza del vínculo y a las funciones, no únicamente a la duración. El funcionario interino y el trabajador temporal prestan servicios durante un período limitado, pero el primero recibe un nombramiento administrativo para ejercer funciones propias de funcionarios y el segundo celebra un contrato de trabajo.

El personal directivo profesional aparece en un capítulo separado. El TREBEP permite que las Administraciones regulen su régimen atendiendo a mérito, capacidad, idoneidad, publicidad y concurrencia. Sin embargo, no lo incorpora a la lista del artículo 8 y no debe presentarse como una quinta clase de empleado público.

Funcionarios de carrera y funciones reservadas

Son funcionarios de carrera quienes, mediante nombramiento legal, quedan vinculados a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo para prestar servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. La relación no nace de un contrato negociado individualmente. Sus elementos esenciales proceden de la ley y de las normas que regulan la función pública.

La permanencia no significa que el funcionario conserve siempre el mismo puesto ni que quede al margen de la potestad organizativa de la Administración. Puede cambiar de destino, progresar profesionalmente, encontrarse en distintas situaciones administrativas o perder la condición por las causas legales. La estabilidad protege la profesionalidad e imparcialidad del servicio, pero no elimina la responsabilidad por la actuación realizada.

El artículo 9.2 reserva a los funcionarios públicos las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones, en los términos establecidos por la ley de desarrollo de cada Administración.

La expresión funcionario público no equivale aquí únicamente a funcionario de carrera. Los interinos también desempeñan funciones propias de funcionarios mediante una relación estatutaria. La diferencia entre ambos reside en la permanencia y en la causa temporal del nombramiento, no en la naturaleza funcionarial general de su vínculo.

Preguntado en convocatorias oficiales

Las funciones reservadas del artículo 9.2 corresponden a funcionarios públicos en los términos que establezca la ley de desarrollo de cada Administración. El precepto no realiza la reserva a favor de todo empleado público ni exclusivamente de los funcionarios de carrera.

Funcionarios interinos

El funcionario interino es nombrado temporalmente, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, para desempeñar funciones propias de funcionarios de carrera. El nombramiento debe responder a una de las causas tasadas por el artículo 10:

CausaLímite principal
Plaza vacante que no pueda cubrir un funcionario de carreraMáximo ordinario de tres años, con las especialidades del apartado 4.
Sustitución transitoria del titularTiempo estrictamente necesario.
Ejecución de programas temporalesHasta tres años, ampliables doce meses por las leyes de función pública.
Exceso o acumulación de tareasMáximo de nueve meses dentro de un período de dieciocho.

La selección debe ser pública y respetar igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Su finalidad es atender inmediatamente una necesidad temporal. Superar este procedimiento no reconoce la condición de funcionario de carrera, porque para adquirirla es necesario superar el proceso selectivo correspondiente y completar todos los requisitos del artículo 62.

La Administración debe formalizar de oficio el final de la interinidad cuando la plaza se cubra reglamentariamente, se suprima o amortice el puesto, venza el plazo del nombramiento o desaparezca la causa que lo justificó. Estas causas se añaden a las generales del artículo 63 y, como regla, el cese no genera compensación.

Cuando el nombramiento se produjo para ocupar una vacante, el transcurso de tres años determina el final de la interinidad. La plaza solo podrá ser ocupada por un funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo quede desierto. Excepcionalmente, el interino puede permanecer si la convocatoria se publicó dentro de esos tres años y está pendiente de resolución dentro de los plazos legales. En ese supuesto continúa hasta que se resuelva, sin derecho a compensación por el cese.

Al interino se le aplica el régimen general del funcionario de carrera en cuanto resulte adecuado a la naturaleza temporal, extraordinaria y urgente de su nombramiento, salvo los derechos inherentes a la condición de carrera.

La causa del nombramiento determina también su duración. Si se nombra a una persona para sustituir temporalmente al titular, la relación termina cuando este se reincorpore; si se trata de una acumulación de tareas, no puede transformarse en una cobertura indefinida de necesidades permanentes; y si se ocupa una vacante, la Administración debe activar los procedimientos para cubrirla de manera estable. La interinidad permite responder a una necesidad temporal, pero no constituye una vía alternativa de acceso a la condición de funcionario de carrera.

Personal laboral, eventual y directivo profesional

El personal laboral presta servicios retribuidos mediante un contrato de trabajo formalizado por escrito. Puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Su régimen jurídico se forma con la legislación laboral, el convenio colectivo, el contrato y los preceptos del TREBEP que le resulten aplicables. Las leyes de función pública determinan los criterios para identificar los puestos que pueden desempeñarse mediante una relación laboral, respetando siempre la reserva de funciones a los funcionarios.

La selección del personal laboral debe ser pública y respetar igualdad, mérito y capacidad. Cuando se trate de personal temporal también se aplica el principio de celeridad y el nombramiento debe responder a razones justificadas de necesidad y urgencia.

El personal eventual solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Su nombramiento y cese son libres y, en todo caso, cesa cuando lo hace la autoridad a la que presta esa función. Las leyes de función pública determinan qué órganos pueden disponer de personal eventual y los órganos de gobierno fijan su número máximo. Tanto ese número como sus condiciones retributivas deben ser públicos.

El tiempo prestado como eventual no puede constituir mérito para acceder a la función pública ni para la promoción interna. La confianza que justifica el nombramiento no puede transformarse en una ventaja dentro de procedimientos que deben regirse por igualdad, mérito y capacidad.

El personal directivo profesional desarrolla funciones directivas definidas por las normas de cada Administración. Su designación debe atender a mérito, capacidad e idoneidad mediante procedimientos con publicidad y concurrencia. Está sujeto a evaluación conforme a eficacia, eficiencia, responsabilidad por la gestión y control de resultados. Cuando tenga la condición de personal laboral queda sometido a la relación laboral especial de alta dirección, y sus condiciones de empleo no son objeto de negociación colectiva.

FiguraElemento decisivoRegla que evita confusiones
Personal laboralContrato de trabajoNo puede ocupar funciones reservadas a funcionarios.
Personal eventualConfianza o asesoramiento especialEl servicio prestado no constituye mérito de acceso o promoción.
Personal directivoDirección y responsabilidad por resultadosSe regula separadamente y no es una quinta clase del artículo 8.

Las figuras estudiadas responden a necesidades distintas. La Administración utiliza la relación funcionarial para las funciones públicas y los servicios profesionales sometidos al Derecho administrativo; la relación laboral para los puestos que puedan cubrirse mediante contrato; el nombramiento eventual para tareas de confianza o asesoramiento; y el régimen directivo para responsabilidades profesionales de dirección. La denominación del puesto no permite intercambiar estas relaciones: cada una exige el vínculo y la función que la ley establece.

2.3

Derechos individuales y derechos ejercidos colectivamente

El artículo 14 reúne derechos que corresponden individualmente a cada empleado público. Para comprenderlos resulta más útil agruparlos por su finalidad que memorizarlos como una enumeración aislada.

ÁmbitoDerechos principales
Posición profesionalDesempeño efectivo de funciones, inamovilidad del funcionario de carrera, carrera, promoción, participación en objetivos e información sobre las tareas.
Protección y capacitaciónDefensa jurídica por el ejercicio legítimo de las funciones, formación continua y protección eficaz en seguridad y salud.
Contenido económico y socialRetribuciones, indemnizaciones, vacaciones, descansos, permisos, licencias, jubilación y prestaciones de Seguridad Social.
Dignidad y esfera personalIntimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, propia imagen, no discriminación, conciliación y protección frente al acoso.
Derechos digitales y libertadesIntimidad en dispositivos, videovigilancia y geolocalización, desconexión digital, libertad de expresión y libre asociación profesional.

La inamovilidad se reconoce específicamente a los funcionarios de carrera. No supone la conservación indefinida de un puesto concreto, sino la estabilidad en la condición funcionarial. La Administración puede modificar destinos o reorganizar servicios mediante los procedimientos legales, pero no extinguir arbitrariamente la condición de carrera. Otros derechos corresponden al conjunto de empleados públicos, aunque su ejercicio pueda variar según la naturaleza funcionarial o laboral de la relación.

El derecho al desempeño efectivo exige que el empleado pueda ejercer las funciones propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada. No significa que pueda elegir libremente cualquier tarea, sino que la Administración debe asignarle funciones compatibles con su relación y con la organización del puesto.

La defensa jurídica y protección de la Administración se refiere a procedimientos seguidos como consecuencia del ejercicio legítimo de funciones o cargos públicos. Si un empleado es demandado por una actuación realizada correctamente en el desempeño de su puesto, la protección institucional evita que tenga que afrontar solo las consecuencias del servicio. No cubre actuaciones privadas ni conductas realizadas al margen de sus funciones.

La formación continua y la actualización de conocimientos deben facilitarse preferentemente dentro del horario laboral. Este derecho protege la capacitación necesaria para prestar servicios de calidad y adaptarse a cambios normativos, organizativos o tecnológicos. No se limita a una actualización «ocasional», expresión que alteraría el sentido del artículo 14.

Los derechos relacionados con la dignidad protegen frente al acoso sexual y por razón de sexo, al acoso moral y a la discriminación por circunstancias personales o sociales. Los derechos digitales proyectan esa protección sobre los dispositivos facilitados por la Administración, la videovigilancia, la geolocalización y la desconexión fuera del tiempo de trabajo, en los términos de la legislación aplicable.

El artículo 15 reconoce derechos individuales cuyo ejercicio es colectivo:

  • Libertad sindical.
  • Negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
  • Huelga, con garantía de mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
  • Planteamiento de conflictos colectivos.
  • Reunión, en los términos establecidos por el artículo 46.

La diferencia entre los artículos 14 y 15 no depende del número de personas beneficiarias, sino de la forma de ejercicio. La libre asociación profesional aparece como derecho individual; la libertad sindical, la huelga y la negociación requieren una dimensión colectiva.

El Estatuto configura así una posición profesional completa. El empleado público no solo tiene derecho a cobrar por su trabajo: debe poder desempeñarlo de manera efectiva, progresar con arreglo a mérito y capacidad, recibir formación y protección, conciliar su vida personal y profesional y ejercer libertades individuales y colectivas compatibles con la continuidad de los servicios públicos.

2.4

Carrera profesional, promoción interna y evaluación

La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso conforme a igualdad, mérito y capacidad. Las Administraciones deben favorecer la actualización y el perfeccionamiento de la cualificación profesional.

ModalidadContenido
Carrera horizontalProgresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin cambiar de puesto.
Carrera verticalAscenso en la estructura de puestos mediante los procedimientos de provisión.
Promoción interna verticalAcceso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo a otro superior.
Promoción interna horizontalAcceso a otro cuerpo o escala del mismo subgrupo profesional.

La carrera horizontal permite progresar sin cambiar de puesto. Las leyes de función pública pueden articular un sistema de grados o categorías y valorar la trayectoria, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos, la evaluación del desempeño, los méritos y la experiencia. La carrera vertical, en cambio, se produce al obtener puestos situados en niveles superiores mediante los procedimientos de provisión.

La promoción interna supone acceder a otro cuerpo o escala y exige un proceso selectivo. El funcionario debe reunir los requisitos de ingreso, haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario de carrera en el cuerpo o escala del subgrupo inferior —o grupo cuando no exista subgrupo— y superar las pruebas correspondientes. Las Administraciones deben adoptar medidas que incentiven la participación en estos procesos.

El personal laboral desarrolla su carrera y promoción conforme al Estatuto de los Trabajadores o al convenio colectivo. No puede trasladarse automáticamente a su relación el sistema de cuerpos y escalas propio de los funcionarios.

La evaluación del desempeño mide y valora la conducta profesional, el rendimiento o la consecución de resultados. Los sistemas deben ser transparentes, objetivos, imparciales y no discriminatorios. Sus efectos pueden proyectarse sobre la carrera horizontal, la formación, la provisión de puestos, determinadas retribuciones complementarias y la continuidad en un puesto obtenido por concurso, previa audiencia y mediante resolución motivada.

Carrera, promoción y evaluación están relacionadas, pero no son equivalentes. La carrera ordena las posibilidades de progresión; la promoción permite acceder a otro cuerpo o escala; y la evaluación aporta información objetiva sobre la forma en que se desempeña el trabajo y puede producir los efectos previstos legalmente.

Puede apreciarse la diferencia mediante un ejemplo. Un funcionario que avanza de grado sin abandonar su puesto progresa horizontalmente. Si obtiene mediante concurso un puesto de mayor nivel, desarrolla una carrera vertical. Si supera un proceso para ingresar en un cuerpo o escala de otro subgrupo, realiza promoción interna. La evaluación del desempeño puede influir en esos recorridos, pero no sustituye los procedimientos que cada uno exige.

2.5

Derechos retributivos

La remuneración del empleado público está sometida a la ley y a los límites presupuestarios. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento global de las complementarias deben reflejarse anualmente en la ley de presupuestos correspondiente. No pueden acordarse incrementos que superen los límites fijados para cada ejercicio.

Las retribuciones de los funcionarios se dividen en básicas y complementarias. Las básicas retribuyen la adscripción a un subgrupo o grupo y la antigüedad. Las complementarias atienden a la carrera alcanzada, las características del puesto, el desempeño o los servicios extraordinarios.

RetribuciónContenido principal
SueldoAsignación correspondiente al subgrupo o grupo de clasificación.
TrieniosCantidad por cada tres años de servicio.
Pagas extraordinariasDos al año, con retribuciones básicas y complementarias en los términos legales.
Complemento de carreraProgresión alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa.
Complemento del puestoDificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad o condiciones del trabajo.
Complemento de desempeñoInterés, iniciativa, esfuerzo y rendimiento o resultados.
Servicios extraordinariosServicios prestados fuera de la jornada normal.

Las retribuciones básicas están integradas por sueldo y trienios. Las pagas extraordinarias forman parte de las retribuciones del funcionario, pero no se reducen a una tercera categoría de retribución básica: cada una incluye una mensualidad de básicas y la totalidad de las complementarias, salvo las excepciones establecidas por el artículo 22.

La cuantía y estructura de las complementarias se establecen por las leyes de cada Administración atendiendo a los factores del artículo 24. La progresión que puede retribuirse es la alcanzada dentro del sistema de carrera administrativa; las características del puesto se valoran por su dificultad, responsabilidad, dedicación o condiciones; y el desempeño atiende a la forma y resultados del trabajo realizado.

Los funcionarios interinos perciben las retribuciones básicas y pagas extraordinarias correspondientes a su subgrupo o grupo y las complementarias legalmente previstas, con las particularidades derivadas de su condición. Quienes se encuentren en prácticas reciben las retribuciones que determine cada Administración, al menos las correspondientes al sueldo del subgrupo o grupo al que aspiran a ingresar.

El personal laboral percibe las retribuciones establecidas por la legislación laboral, el convenio colectivo y el contrato, respetando los límites presupuestarios. Las indemnizaciones por razón del servicio compensan gastos o circunstancias derivados de la actividad y no se confunden con la remuneración ordinaria.

Por ejemplo, el sueldo retribuye de forma ordinaria la pertenencia al grupo o subgrupo correspondiente. Una cantidad abonada para compensar un desplazamiento realizado por razón del servicio no retribuye el trabajo en sí, sino el gasto generado por su prestación, y por ello tiene naturaleza indemnizatoria.

Quien ejerce el derecho de huelga no devenga ni percibe las retribuciones correspondientes al tiempo en que permanece en esa situación. La deducción no tiene carácter sancionador ni afecta al régimen de prestaciones sociales. También puede practicarse una deducción proporcional por la parte de jornada no realizada cuando exista una diferencia no justificada entre la jornada debida y la efectivamente prestada.

La estructura retributiva responde, por tanto, a varias finalidades. Las básicas atienden a clasificación y antigüedad; las complementarias valoran carrera, puesto y desempeño; las pagas extraordinarias se abonan dos veces al año con los componentes legalmente establecidos; y las indemnizaciones compensan gastos derivados del servicio. Distinguir su finalidad permite comprender por qué no todos los conceptos se calculan ni se reconocen del mismo modo.

Preguntado en convocatorias oficiales

Básicas y complementarias no responden a la misma finalidad. El sueldo y los trienios retribuyen clasificación y antigüedad; las complementarias atienden a carrera, puesto, desempeño y servicios extraordinarios.

2.6

Jornada, permisos y vacaciones

El tiempo de trabajo se ordena mediante figuras que cumplen funciones diferentes. La jornada determina cuánto y cuándo se presta el servicio; el teletrabajo modifica el lugar desde el que se desarrolla; los permisos justifican ausencias o reducciones por causas concretas; y las vacaciones garantizan un período anual de descanso. Esta distinción proporciona el marco común de los artículos 47 a 51.

Jornada de trabajo y teletrabajo

Cada Administración establece la jornada general y las jornadas especiales de sus funcionarios. La prestación puede desarrollarse a tiempo completo o parcial. Dentro de ese marco deben adoptarse medidas de flexibilización horaria para favorecer la conciliación de quienes tengan a su cargo menores de doce años, personas mayores que necesiten cuidado, determinados familiares o convivientes que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad.

La jornada determina el tiempo ordinario de prestación, mientras que los permisos autorizan ausencias por causas concretas y las vacaciones garantizan un período anual de descanso. Confundir estas figuras puede llevar a aplicar una duración o consecuencia retributiva que no corresponde.

El teletrabajo es una modalidad de prestación a distancia en la que las funciones del puesto pueden desarrollarse fuera de las dependencias administrativas mediante tecnologías de la información y la comunicación, siempre que lo permitan las necesidades del servicio.

Requiere autorización expresa y es compatible con el trabajo presencial. Como regla tiene carácter voluntario y reversible, salvo supuestos excepcionales debidamente justificados. Sus condiciones deben regularse mediante normas negociadas en el ámbito correspondiente y basarse en criterios objetivos de acceso. La modalidad debe contribuir a una mejor organización mediante la identificación de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.

Quien teletrabaja conserva los mismos derechos y deberes individuales y colectivos que el personal presencial, salvo los inherentes a la presencia física. La Administración debe proporcionar y mantener los medios tecnológicos necesarios y aplicar la normativa de prevención de riesgos que corresponda.

Permisos ordinarios

El artículo 48 regula permisos de los funcionarios públicos. Algunos conceden días completos; otros cubren el tiempo indispensable o permiten reducir la jornada. También varían sus consecuencias retributivas. Por ello, deben estudiarse atendiendo conjuntamente a la causa, la duración y el efecto sobre la remuneración.

Forma del derechoCómo actúaEjemplos
Días completos de permisoExime de trabajar durante el número de días establecidoFallecimiento, hospitalización, traslado de domicilio o asuntos particulares.
Tiempo indispensableCubre únicamente el tiempo necesario para la actuación protegidaExámenes prenatales, deber inexcusable o actos preparatorios para donar órganos.
Ausencia dentro de la jornadaPermite interrumpir temporalmente la prestaciónLactancia u hospitalización de un hijo prematuro.
Reducción de jornadaDisminuye el tiempo diario de trabajo, con efectos retributivos distintos según el casoGuarda legal o cuidado de un familiar con enfermedad muy grave.
SupuestoDuración o regla básica
Accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención con reposo del cónyuge, pareja, primer grado o conviviente que requiera cuidadoCinco días hábiles.
Mismos supuestos de familiar de segundo gradoCuatro días hábiles.
Fallecimiento de cónyuge, pareja o familiar de primer gradoTres días hábiles en la misma localidad y cinco en distinta.
Fallecimiento de familiar de segundo gradoDos días hábiles en la misma localidad y cuatro en distinta.
Traslado de domicilio sin cambio de residenciaUn día.
Exámenes finales y pruebas definitivas de aptitudDías de celebración.
Asuntos particularesSeis días al año.
Matrimonio o constitución formalizada de pareja de hechoQuince días.

También se reconoce el tiempo necesario para funciones sindicales o representativas y el tiempo indispensable para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto. En adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción se cubre la asistencia a las sesiones preceptivas y a la realización de informes previos que deban desarrollarse dentro de la jornada. La referencia a funcionarias embarazadas incluye a las personas funcionarias trans gestantes.

El permiso por lactancia de un menor de doce meses permite una hora de ausencia, divisible en dos fracciones, o su sustitución por las reducciones de jornada previstas. Es un derecho individual que no puede transferirse al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. También puede acumularse en jornadas completas en los términos legales.

Cuando un hijo nace prematuramente o debe permanecer hospitalizado después del parto, existe derecho a ausentarse hasta dos horas diarias con retribuciones íntegras y a reducir la jornada hasta otras dos horas con disminución proporcional de retribuciones.

La guarda legal de un menor de doce años, de una persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida permite reducir la jornada con la disminución retributiva correspondiente. El mismo derecho existe para cuidar directamente a un familiar de hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad retribuida.

Cuando sea necesario atender a un familiar de primer grado por enfermedad muy grave, puede solicitarse una reducción retribuida de hasta el cincuenta por ciento de la jornada durante un máximo de un mes. Si varias personas son titulares por el mismo hecho causante, el tiempo puede prorratearse sin superar ese máximo.

El artículo incluye, además, el tiempo indispensable para deberes inexcusables y obligaciones de conciliación y para los actos preparatorios de una donación de órganos o tejidos que deban realizarse dentro de la jornada.

Permisos de conciliación y protección

El artículo 49 contiene permisos vinculados al nacimiento, la adopción y el cuidado, así como medidas destinadas a proteger a víctimas de violencia o terrorismo. Es una de las partes del TREBEP que más modificaciones ha recibido y debe estudiarse siempre desde su redacción vigente.

#### Nacimiento, adopción y cuidado del menor

El permiso por nacimiento para la madre biológica, el permiso por adopción, guarda o acogimiento y el permiso del progenitor diferente de la madre biológica tienen una duración ordinaria de diecinueve semanas. En una familia monoparental, por existir una única persona progenitora, la duración es de treinta y dos semanas.

La distribución general distingue:

  1. Seis semanas obligatorias, ininterrumpidas y a jornada completa inmediatamente posteriores al hecho causante.
  2. Once semanas —veintidós en monoparentalidad— que pueden distribuirse por períodos semanales dentro del primer año en los términos del artículo.
  3. Dos semanas —cuatro en monoparentalidad— para el cuidado del menor, utilizables hasta que cumpla ocho años.

Existen ampliaciones por discapacidad del hijo, parto, adopción o acogimiento múltiple y, en los permisos relacionados con el nacimiento, por hospitalización del neonato. El disfrute es un derecho individual y no puede transferirse. Las semanas no obligatorias pueden utilizarse a jornada completa o parcial cuando lo permitan las necesidades del servicio y se cumplan las condiciones reglamentarias.

En adopción o acogimiento internacional, cuando sea necesario desplazarse previamente al país de origen del menor, existe además un permiso de hasta dos meses durante el que se perciben exclusivamente las retribuciones básicas. El permiso principal puede iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución que constituya la adopción o el acogimiento.

El tiempo de disfrute computa como servicio efectivo y se garantiza la plenitud de derechos económicos en los términos legales. Al finalizar, existe derecho a reintegrarse en condiciones no menos favorables y a beneficiarse de las mejoras producidas durante la ausencia.

La distribución de las diecinueve semanas combina tres finalidades. Las seis primeras protegen de manera inmediata el nacimiento, la adopción o el acogimiento y son obligatorias; las once siguientes permiten organizar el cuidado dentro del primer año; y las dos últimas amplían la posibilidad de atención hasta los ocho años. No forman tres permisos independientes, sino partes de un mismo derecho con reglas de disfrute diferentes.

#### Violencia de género o sexual, enfermedad grave y terrorismo

Las faltas de asistencia de funcionarias víctimas de violencia de género o sexual se consideran justificadas durante el tiempo y en las condiciones determinados por los servicios sociales o sanitarios. Para hacer efectiva su protección pueden reducir o reordenar la jornada. Cuando la reducción sea de un tercio o menos mantienen las retribuciones íntegras.

El cuidado de un hijo o menor sujeto a acogimiento o guarda afectado por cáncer u otra enfermedad grave permite reducir al menos la mitad de la jornada con retribuciones íntegras cuando concurren los requisitos legales. El derecho puede mantenerse, con diferentes condiciones, hasta los veintitrés años, hasta los veintiséis cuando exista una discapacidad igual o superior al sesenta y cinco por ciento y, en situaciones de especial intensidad asistencial, más allá de esos límites mientras persista la necesidad acreditada.

El TREBEP también reconoce reducción o reordenación del tiempo de trabajo a funcionarios que hayan sufrido daños por actividad terrorista, a determinados familiares y a funcionarios amenazados, mientras resulte necesario para su protección y asistencia social integral.

El permiso parental para cuidar a un hijo, hija o menor acogido por más de un año puede disfrutarse hasta que cumpla ocho años. No es retribuido, dura como máximo ocho semanas y puede utilizarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial cuando lo permitan las necesidades del servicio.

Permiso o medidaDuración o alcance esencialRetribución
Nacimiento, adopción, guarda o acogimientoDiecinueve semanas; treinta y dos en monoparentalidadCon plenitud de derechos económicos en los términos legales.
Desplazamiento previo por adopción internacionalHasta dos mesesExclusivamente retribuciones básicas.
Violencia de género o sexualAusencias justificadas y reducción o reordenaciónÍntegra cuando la reducción no supera un tercio; proporcional en los demás casos.
Cuidado por cáncer u otra enfermedad graveReducción mínima de la mitad de la jornada mientras concurran los requisitosÍntegra con las condiciones del artículo 49.e).
Permiso parentalHasta ocho semanas antes de que el menor cumpla ocho añosNo retribuido.

Vacaciones y régimen del personal laboral

Los funcionarios tienen derecho a veintidós días hábiles de vacaciones retribuidas por cada año natural o a la parte proporcional cuando el tiempo de servicio sea menor. Los sábados no se consideran días hábiles a estos efectos, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para horarios especiales.

Cuando determinadas situaciones de permiso, incapacidad temporal o riesgo durante el embarazo o la lactancia impiden iniciar o continuar las vacaciones, estas pueden disfrutarse después del año natural, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses desde el final del año en el que se originaron.

Las vacaciones anuales no pueden sustituirse por una cantidad económica. En caso de renuncia voluntaria debe garantizarse el disfrute de las vacaciones devengadas. Cuando la relación de servicios concluye por causas ajenas a la voluntad del funcionario, puede solicitarse compensación por las vacaciones no disfrutadas, especialmente en los supuestos de jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, con el límite legal de dieciocho meses.

Para el personal laboral, jornada, permisos y vacaciones se rigen por el capítulo V del TREBEP y por la legislación laboral correspondiente. Además, determinados permisos de nacimiento, adopción, progenitor diferente de la madre biológica, lactancia y parental se someten a la regulación del TREBEP en los términos de su artículo 7.

Jornada, permisos y vacaciones no son beneficios aislados, sino elementos de la organización del trabajo público. Deben conciliar la prestación regular de los servicios con el descanso, la salud y las responsabilidades familiares y personales del empleado. Las necesidades del servicio pueden intervenir en la ordenación de determinadas modalidades, pero no permiten desconocer los derechos mínimos establecidos por el Estatuto.

2.7

Acceso y adquisición de la condición de funcionario

El acceso transforma el derecho constitucional a concurrir en condiciones de igualdad en un procedimiento destinado a seleccionar a quienes demuestren mayor mérito y capacidad. El proceso comienza con una convocatoria pública, continúa con la comprobación de requisitos y aptitudes y culmina, para quienes obtienen plaza, con los actos que permiten adquirir la condición de funcionario de carrera.

Principios y requisitos de acceso

El acceso al empleo público se rige por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El artículo 55 añade publicidad de convocatorias y bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación entre las pruebas y las funciones y agilidad compatible con la objetividad.

Estos principios cumplen funciones diferentes. La igualdad garantiza que quienes reúnen los requisitos puedan competir sin discriminación; el mérito valora los antecedentes y cualidades relevantes; la capacidad comprueba la aptitud para desempeñar las tareas; y la publicidad y transparencia permiten conocer y controlar las reglas del proceso.

Los requisitos generales del artículo 56 son:

  • Poseer la nacionalidad exigida.
  • Tener capacidad funcional para desempeñar las tareas.
  • Haber cumplido dieciséis años y no superar la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que una ley establezca otra edad máxima.
  • No haber sido separado mediante expediente disciplinario ni encontrarse inhabilitado para empleo o cargo público.
  • Poseer la titulación requerida, cuando se exija.

Las bases pueden establecer otros requisitos específicos, pero deben guardar una relación objetiva y proporcionada con las funciones y formularse de manera abstracta y general.

Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como funcionarios, salvo a empleos que impliquen participación en potestades públicas o salvaguardia de intereses del Estado o de las Administraciones. El derecho se extiende, bajo las condiciones legales, al cónyuge y a determinados descendientes, así como a quienes estén incluidos en tratados de libre circulación. Para puestos laborales, los extranjeros con residencia legal pueden acceder en igualdad de condiciones.

En las ofertas de empleo público debe reservarse un cupo no inferior al siete por ciento para personas con discapacidad, siempre que superen las pruebas y acrediten la compatibilidad con las tareas. Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas debe destinarse a personas con discapacidad intelectual. La Administración debe realizar las adaptaciones y ajustes razonables necesarios en el proceso y en el puesto.

Órganos y sistemas de selección

Los órganos de selección son colegiados y deben respetar imparcialidad y profesionalidad, procurando la paridad entre mujeres y hombres. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es individual: nadie participa en representación de otra persona o entidad.

Pueden contar con especialistas para determinadas pruebas, limitados a colaborar en su especialidad técnica. La discrecionalidad técnica permite valorar los ejercicios con conocimientos especializados, pero no elimina la obligación de respetar las bases, motivar cuando resulte exigible y someter la actuación al control judicial.

Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición. Las pruebas deben guardar relación con las tareas y pueden comprobar conocimientos, capacidad analítica, habilidades prácticas, idiomas o aptitudes físicas. También pueden incluir cursos selectivos, períodos de prácticas, exposición curricular, pruebas psicotécnicas o entrevistas.

Cuando existe fase de concurso, la valoración de méritos debe ser proporcionada y no puede determinar por sí sola el resultado. El concurso puro, consistente únicamente en valorar méritos, solo puede utilizarse excepcionalmente cuando una ley lo autorice. Para el personal laboral fijo pueden emplearse oposición, concurso-oposición o concurso de méritos.

Los órganos de selección no pueden proponer el acceso de un número de aprobados superior al de plazas convocadas, salvo que la convocatoria lo prevea. Esta regla admite las actuaciones necesarias cuando se produzcan renuncias antes del nombramiento o de la toma de posesión, en los términos del artículo 61.

Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere mediante el cumplimiento sucesivo de cuatro requisitos:

  1. Superar el proceso selectivo.
  2. Ser nombrado por el órgano competente y que el nombramiento se publique en el diario oficial correspondiente.
  3. Acatar la Constitución, el estatuto de autonomía correspondiente y el resto del ordenamiento jurídico.
  4. Tomar posesión dentro del plazo establecido.

Los requisitos son acumulativos y deben seguir ese orden. Aprobar demuestra que se ha superado la selección, pero la relación estatutaria no queda completa hasta el nombramiento, el acatamiento y la toma de posesión.

Cada acto cumple una función. La selección acredita mérito y capacidad; el nombramiento identifica formalmente a la persona que ingresa y debe hacerse público; el acatamiento expresa su sujeción al marco constitucional y legal; y la toma de posesión incorpora efectivamente al funcionario al servicio. Si una persona aprueba pero no toma posesión dentro del plazo sin una causa admitida, no completa la adquisición de la condición.

Cuando después de la selección se comprueba que una persona no reúne los requisitos de la convocatoria, no puede ser nombrada y quedan sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido.

2.8

Pérdida y rehabilitación de la condición

El artículo 63 enumera cinco causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

CausaEfecto principal
RenunciaRequiere manifestación escrita y aceptación expresa de la Administración.
Pérdida de nacionalidadOpera si se pierde la nacionalidad que permitió el acceso y no se adquiere simultáneamente otra habilitante.
Jubilación totalExtingue la relación en cualquiera de las modalidades legales.
Separación firme del servicioSanción disciplinaria por falta muy grave.
Inhabilitación absoluta o especial firmeProduce los efectos establecidos en la sentencia.

La renuncia no impide volver a ingresar mediante otro proceso selectivo. La Administración no puede aceptarla cuando exista un expediente disciplinario o se haya dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de un delito.

La pérdida de la nacionalidad española o de otra nacionalidad que hubiera permitido el acceso extingue la condición, salvo que simultáneamente se adquiera otra que habilite para mantenerla.

La inhabilitación absoluta firme produce la pérdida respecto de todos los empleos o cargos públicos. La inhabilitación especial la causa únicamente respecto de los empleos o cargos especificados en la sentencia. Por ello debe atenderse al alcance exacto del fallo judicial.

Jubilación

La jubilación puede ser voluntaria, forzosa o derivada de incapacidad permanente. La voluntaria requiere reunir las condiciones del régimen de Seguridad Social aplicable. La forzosa se declara de oficio al cumplir la edad legalmente establecida, con las especialidades y posibilidades de prolongación que permita la normativa.

La jubilación por incapacidad se produce cuando existe incapacidad permanente para ejercer las funciones del cuerpo o escala o cuando se reconoce una pensión de incapacidad permanente absoluta o total en relación con esas funciones.

Rehabilitación

Cuando la condición se perdió por desaparición de la nacionalidad o por jubilación derivada de incapacidad permanente, el interesado puede solicitar la rehabilitación si desaparece la causa objetiva, y la Administración debe concederla. Se trata de una rehabilitación reglada: acreditada la desaparición de la causa y cumplidos los requisitos, la decisión no depende de una valoración libre de oportunidad.

Si la pérdida se produjo por una condena de inhabilitación, la rehabilitación tiene carácter excepcional. Los órganos de gobierno valoran las circunstancias y la entidad del delito; no existe un derecho automático a recuperarla por el mero transcurso del tiempo. Si transcurre el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada.

La pérdida y la rehabilitación operan, por tanto, con lógicas distintas. La renuncia permite volver a participar en otro proceso; la pérdida de nacionalidad o la incapacidad pueden dar lugar a rehabilitación cuando desaparece la causa; la separación disciplinaria no aparece entre los supuestos de rehabilitación del artículo 68; y la inhabilitación penal solo permite una recuperación excepcional.

2.9

Régimen disciplinario

El régimen disciplinario sigue una secuencia garantista. Debe existir una conducta previamente tipificada, la Administración ha de investigar y probar los hechos, el interesado debe poder defenderse, la infracción debe calificarse y solo entonces puede imponerse una sanción proporcionada. La prescripción limita temporalmente tanto la persecución de la falta como la ejecución de la sanción.

Responsabilidad y principios disciplinarios

Los funcionarios y el personal laboral están sujetos al régimen disciplinario del TREBEP y a sus normas de desarrollo. El personal laboral se rige, además, por la legislación laboral en lo no previsto por el Estatuto. La responsabilidad disciplinaria puede coexistir con responsabilidad patrimonial o penal porque cada una protege intereses y produce consecuencias diferentes.

Responde quien realiza la infracción y también quien induce a otro a cometerla. Quien encubre una falta grave o muy grave consumada responde cuando del encubrimiento deriva un daño grave para la Administración o para la ciudadanía.

La potestad disciplinaria debe ejercerse conforme a los siguientes principios:

PrincipioSignificado
Legalidad y tipicidadLas faltas y sanciones deben estar previamente establecidas por una norma válida o, para laborales, por convenio colectivo.
Irretroactividad desfavorableUna regla sancionadora posterior más gravosa no puede aplicarse a hechos anteriores.
Retroactividad favorableLa norma posterior beneficiosa sí puede alcanzar al presunto infractor.
ProporcionalidadLa clasificación y la sanción deben guardar relación con la gravedad de la conducta.
CulpabilidadNo cabe sancionar sin una conducta personalmente reprochable.
Presunción de inocenciaLa Administración debe probar los hechos y la responsabilidad.

Si durante el procedimiento aparecen indicios fundados de delito, su tramitación debe suspenderse y ponerse la situación en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados mediante sentencia firme vinculan a la Administración.

Faltas, sanciones y prescripción

Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves. El TREBEP tipifica directamente diversas faltas muy graves, entre ellas el abandono del servicio, la discriminación y el acoso, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave, la publicación o utilización indebida de información, el notorio incumplimiento de funciones esenciales, la desobediencia abierta, la prevalencia de la condición de empleado para obtener un beneficio indebido, la obstaculización de libertades sindicales, la coacción de la huelga, el incumplimiento de servicios esenciales y el acoso laboral.

Las leyes estatales o autonómicas y, para el personal laboral, los convenios colectivos pueden establecer otras faltas muy graves. Las faltas graves se determinan atendiendo al grado de vulneración de la legalidad, la gravedad de los daños y el descrédito causado a la Administración. Las leyes de función pública concretan las faltas leves.

Las sanciones posibles son:

SanciónAplicación principal
Separación del servicioFuncionarios; solo por faltas muy graves. Para el interino supone revocar el nombramiento.
Despido disciplinarioPersonal laboral; solo por faltas muy graves.
Suspensión firmeDe funciones o de empleo y sueldo, hasta seis años.
Traslado forzosoCon o sin cambio de localidad durante el período establecido.
DeméritoPenalización en carrera, promoción o movilidad voluntaria.
ApercibimientoReprensión formal por la infracción correspondiente.

La sanción debe graduarse atendiendo a intencionalidad, descuido o negligencia, daño al interés público, reiteración o reincidencia y grado de participación. Cuando el despido disciplinario de personal laboral fijo por una falta muy grave sea declarado improcedente, procede su readmisión.

CategoríaPrescripción de la faltaPrescripción de la sanción
Muy graveTres añosTres años
GraveDos añosDos años
LeveSeis mesesUn año

El plazo de prescripción de la falta comienza cuando se comete y, en una infracción continuada, cuando cesa. El de la sanción se inicia cuando la resolución sancionadora adquiere firmeza.

Procedimiento disciplinario y medidas provisionales

Las sanciones por faltas graves o muy graves solo pueden imponerse mediante el procedimiento previamente establecido. Para las faltas leves cabe un procedimiento sumario, pero siempre debe darse audiencia al interesado. No es posible sancionar de plano sin permitir conocer los hechos y formular alegaciones.

El procedimiento debe respetar eficacia, celeridad y economía procesal, con plena garantía de defensa. Debe existir separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendadas a órganos distintos. La instrucción investiga los hechos, reúne las pruebas y formula, cuando procede, la propuesta; el órgano competente adopta la decisión final.

Las medidas provisionales solo pueden adoptarse cuando estén previstas por las normas, mediante resolución motivada y para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse. La suspensión provisional acordada durante el expediente no puede exceder de seis meses, salvo paralización imputable al interesado. También puede prolongarse durante la tramitación de un procedimiento judicial cuando una medida impida desempeñar el puesto.

Durante la suspensión provisional se perciben las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares. Si finalmente se convierte en suspensión firme, deben devolverse las cantidades percibidas durante el tiempo que se abona como sanción. Si no se transforma en sanción, la Administración debe restituir la diferencia hasta las retribuciones que habrían correspondido y reconocer el período como servicio activo.

El régimen disciplinario no se limita a enumerar conductas prohibidas. Forma un sistema en el que una infracción tipificada debe probarse mediante un procedimiento contradictorio y producir una sanción proporcionada, impuesta por el órgano competente y dentro de los plazos de prescripción.

La secuencia completa puede resumirse así: conducta tipificada, inicio e instrucción, prueba y audiencia, calificación de la falta, graduación de la responsabilidad, resolución sancionadora y, cuando proceda, ejecución dentro del plazo. Si falta alguno de los presupuestos esenciales —tipificación, prueba, competencia o defensa— la potestad disciplinaria no puede ejercerse válidamente.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 12 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas se formularon en el ejercicio teórico del proceso selectivo de Operario/a de Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para 85 plazas. Se presentan con sus opciones, la respuesta de la plantilla oficial definitiva y el precepto que permite comprobarla.

0 de 12 respondidas

  1. Artículo 14.j bis) del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo A, pregunta 9.

    1. Dentro de los derechos individuales de los empleados públicos, ¿cuál de los siguientes derechos es correcto?

  2. Artículo 17.b) del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo A, pregunta 28.

    2. Las leyes de función pública pueden regular la progresión valorando la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. ¿A qué modalidad se refiere esta regla?

  3. Artículo 24 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo A, pregunta 38.

    3. Según el artículo 24 del TREBEP, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias:

  4. Artículo 98.1 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo A, pregunta 39.

    4. ¿Cómo se llevará a cabo la imposición de sanciones por faltas leves?

  5. Artículo 9.2 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo B, pregunta 29.

    5. El ejercicio de las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales:

  6. Artículo 10.1.a) del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo B, pregunta 31.

    6. ¿Cuál de las siguientes circunstancias permite nombrar funcionarios interinos?

  7. Artículo 30.2 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo B, pregunta 39.

    7. En relación con la deducción de retribuciones, indique la respuesta correcta:

  8. Artículos 23 y 24.a) del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo B, pregunta 43.

    8. ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de las retribuciones básicas?

  9. Artículo 15 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo B, pregunta 45.

    9. Entre los derechos individuales que se ejercen colectivamente, señale la opción incorrecta:

  10. Artículo 61.6 y 7 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo C, pregunta 29.

    10. Según el artículo 61 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?

  11. Artículo 66 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo C, pregunta 39.

    11. ¿Qué pena firme produce la pérdida de la condición de funcionario únicamente respecto de los empleos o cargos públicos especificados en la sentencia?

  12. Artículo 94.2 del TREBEP. Ejercicio teórico, modelo C, pregunta 45.

    12. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los principios enumerados para el ejercicio de la potestad disciplinaria?

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¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): explicación para oposiciones.

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