Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 1 de Policía Nacional
El Derecho, la persona, la nacionalidad y la vecindad civil
1.1
El Derecho: concepto y acepciones
El Derecho es el sistema de reglas e instituciones mediante el que una comunidad organiza la convivencia, reconoce ámbitos de libertad, distribuye responsabilidades y establece procedimientos para resolver los conflictos. Su función no se limita a prohibir o sancionar. También permite celebrar contratos, crear asociaciones, formar una familia, adquirir bienes, reclamar el cumplimiento de una obligación o exigir que los poderes públicos respeten los derechos reconocidos por el ordenamiento.
La palabra Derecho se utiliza con significados diferentes. La primera distinción se establece entre Derecho objetivo y derecho subjetivo. El Derecho objetivo es el conjunto de normas vigentes en una comunidad: la Constitución, las leyes, los reglamentos y las demás reglas que forman el ordenamiento. Cuando se afirma que el Derecho español regula la nacionalidad, se utiliza el término en este sentido.
El derecho subjetivo, en cambio, es una facultad o poder concreto que el ordenamiento atribuye a una persona para satisfacer un interés legítimo. El derecho de propiedad permite usar y disponer de un bien dentro de los límites legales; el derecho de crédito permite exigir a otra persona una prestación; y el derecho de opción a la nacionalidad permite formular la declaración correspondiente cuando concurren los presupuestos establecidos por el Código Civil. El derecho subjetivo no existe al margen del Derecho objetivo: es la norma la que lo reconoce, delimita y protege.
También se habla de Derecho positivo para designar el Derecho establecido y vigente en un lugar y momento determinados. Esta expresión permite distinguirlo de las concepciones del Derecho natural, que buscan principios de justicia anteriores o superiores a las decisiones del legislador. En una oposición interesa ante todo el Derecho positivo: la respuesta correcta depende de la norma vigente, aunque su interpretación deba respetar la Constitución y los valores del ordenamiento.
Otra división habitual separa el Derecho público del Derecho privado. El primero regula la organización de los poderes públicos y las relaciones en las que estos actúan investidos de potestades públicas; pertenecen a él, entre otros, el Derecho constitucional, administrativo, penal y procesal. El Derecho privado ordena principalmente las relaciones entre particulares y comprende el Derecho civil y el mercantil. La frontera no es absoluta: una relación puede incorporar normas privadas y controles públicos, y muchas reglas civiles son imperativas. La clasificación sirve para comprender el ámbito predominante de una materia, no para dividir el ordenamiento en compartimentos incomunicados.
El Derecho forma un sistema. Cada precepto debe entenderse dentro del conjunto al que pertenece y de acuerdo con las normas superiores. Por eso, conocer un artículo aislado no siempre basta: es preciso determinar su rango, su ámbito de aplicación, su relación con otras disposiciones y el sentido que resulta de su interpretación.
1.2
La norma jurídica positiva: concepto y estructura
La norma jurídica positiva es una regla de conducta establecida o reconocida por el ordenamiento para ordenar la convivencia y cuyo cumplimiento puede ser garantizado por los poderes públicos. Se diferencia de una recomendación porque no depende únicamente de la aceptación espontánea de sus destinatarios. Si se incumple, el ordenamiento prevé mecanismos para exigir la conducta debida, reparar el daño, privar de efectos al acto o imponer una sanción cuando corresponda.
No toda norma contiene una orden completa redactada en una sola frase. Algunas definen conceptos, atribuyen competencias, reconocen derechos o establecen procedimientos. Sin embargo, para comprender su funcionamiento suele distinguirse entre supuesto de hecho y consecuencia jurídica. El supuesto de hecho describe la situación a la que la norma se refiere; la consecuencia determina el efecto que se produce cuando esa situación concurre.
Así, cuando el Código Civil establece que el extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen, la adopción de un menor extranjero por una persona española constituye el supuesto de hecho y la adquisición de la nacionalidad es la consecuencia jurídica. La norma puede exigir varios requisitos, establecer excepciones o remitir a otros preceptos, pero conserva esa conexión básica entre una realidad prevista y un efecto jurídico.
Caracteres de la norma jurídica
Las normas jurídicas presentan habitualmente los siguientes caracteres:
- Generalidad: se dirigen a todos los sujetos incluidos en la situación que regulan, no a una persona elegida individualmente. Una norma puede afectar a un grupo reducido y seguir siendo general si utiliza criterios objetivos.
- Abstracción: contemplan categorías de hechos que pueden repetirse. La norma no resuelve únicamente un acontecimiento pasado, sino cuantos casos futuros encajen en su supuesto.
- Obligatoriedad: vinculan a sus destinatarios mientras estén vigentes y resulten aplicables. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.
- Bilateralidad: al reconocimiento de una facultad para un sujeto suele corresponder un deber, una obligación o una situación de sujeción para otro.
- Heteronomía: la regla procede de una autoridad o fuente reconocida por el ordenamiento y obliga con independencia de que el destinatario la comparta personalmente.
- Coercibilidad: el poder público puede asegurar su cumplimiento o reaccionar frente a su infracción mediante los procedimientos legalmente establecidos.
La coercibilidad no significa que toda infracción termine en una sanción penal o administrativa. La reacción puede consistir en declarar nulo un contrato, ordenar el cumplimiento de una obligación, indemnizar un daño, restituir un bien o rechazar una solicitud que no reúne los requisitos legales.
Las normas jurídicas conviven con reglas morales, sociales y técnicas. Las normas morales se relacionan con la conciencia y la valoración ética de la conducta; los usos sociales se apoyan en la aceptación del grupo; y las reglas técnicas indican cómo alcanzar un resultado. Una misma conducta puede estar valorada en varios planos, pero solo la norma jurídica dispone de la garantía institucional del ordenamiento.
Clases de normas jurídicas
Las clasificaciones permiten identificar cómo actúa una norma. Las normas imperativas imponen una regulación que los particulares no pueden desplazar por su voluntad. Las dispositivas se aplican cuando los interesados no han establecido válidamente otra solución. Esta diferencia es especialmente visible en el Derecho privado: la autonomía de la voluntad opera dentro de los límites fijados por las normas imperativas, el interés público y los derechos de terceros.
Las normas prohibitivas impiden una conducta; las preceptivas ordenan realizarla; y las permisivas reconocen una posibilidad de actuación. Las normas generales regulan una materia para la generalidad de los casos, mientras que las especiales establecen una solución específica para un sector o supuesto determinado. Las normas sustantivas reconocen derechos, deberes y situaciones jurídicas; las procesales o adjetivas regulan los cauces para hacerlos valer ante los órganos competentes.
También pueden distinguirse normas completas e incompletas. Una norma completa contiene los elementos necesarios para ser aplicada; una norma incompleta necesita relacionarse con otros preceptos. Las remisiones y definiciones legales muestran por qué el ordenamiento debe estudiarse como un conjunto y no como una suma de frases independientes.
1.3
Fuentes del Derecho y jerarquía normativa
Las fuentes del Derecho indican los modos reconocidos de producción de normas. El artículo 1 del Código Civil declara que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. No actúan en pie de igualdad: la costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, y los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de que informen todo el ordenamiento.
La palabra ley se emplea aquí en un sentido amplio, referido al Derecho escrito producido por los poderes normativos competentes. No debe confundirse este uso con la ley en sentido formal, que es la norma aprobada por las Cortes Generales o por un Parlamento autonómico mediante el procedimiento legislativo correspondiente. Dentro del Derecho escrito existen normas de diferente rango y procedencia.
La costumbre es una conducta observada de forma reiterada con la convicción de que resulta jurídicamente obligatoria. Solo se aplica si falta una ley que regule el caso, no es contraria a la moral o al orden público y resulta probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tienen la consideración de costumbre.
Los principios generales del Derecho expresan criterios fundamentales que orientan el sistema jurídico. Se aplican cuando no existe ley ni costumbre y, además, informan la interpretación de todo el ordenamiento. Esta doble función es importante: pueden proporcionar una solución en ausencia de otras fuentes y también ayudan a comprender y aplicar las normas existentes. La buena fe, la prohibición del abuso del derecho o la igualdad son ejemplos de principios con distinta formulación y alcance normativo.
La jurisprudencia no aparece en el Código Civil como una fuente en el mismo nivel. Complementa el ordenamiento con la doctrina que el Tribunal Supremo establece de modo reiterado al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales. Su importancia reside en precisar el significado de las normas y favorecer una aplicación coherente. Tampoco deben confundirse la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, cuya función específica consiste en interpretar la Constitución y garantizar su supremacía.
Los tratados internacionales pasan a formar parte del ordenamiento interno tras su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. El Derecho de la Unión Europea, por su parte, dispone de principios propios de primacía y aplicación. La primacía no debe explicarse como si todas las normas europeas ocuparan simplemente un peldaño más alto en la jerarquía interna: determina la aplicación preferente del Derecho de la Unión dentro de los ámbitos atribuidos a esta.
El sistema de normas escritas
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento interno. Vincula a ciudadanos y poderes públicos y actúa como parámetro de validez de las restantes normas. Una ley contraria a la Constitución no puede ser desplazada por cualquier órgano administrativo o judicial: corresponde al Tribunal Constitucional declarar su inconstitucionalidad en los procedimientos previstos para ello. Los jueces sí pueden inaplicar un reglamento contrario a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.
Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados forman parte del ordenamiento. Sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o conforme a las normas generales del Derecho internacional. Si un tratado contiene estipulaciones contrarias a la Constitución, antes de prestar el consentimiento del Estado es necesaria una revisión constitucional.
En el nivel legal se encuentran las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, así como las normas del Gobierno con rango de ley: decretos legislativos y decretos-leyes. La ley orgánica se reserva a las materias expresamente indicadas por la Constitución y requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto. No es una ley generalmente superior a la ordinaria. La relación entre ambas se explica principalmente por la materia reservada y el procedimiento: una ley ordinaria no puede entrar en el ámbito reservado a la orgánica, pero una ley orgánica tampoco adquiere rango superior para cualquier contenido que incluya.
El decreto legislativo nace de una delegación previa de las Cortes Generales al Gobierno. El decreto-ley responde a una extraordinaria y urgente necesidad, tiene carácter provisional y debe ser sometido inmediatamente al Congreso. Ambos poseen rango de ley, aunque su origen, presupuesto y límites sean diferentes.
Las disposiciones reglamentarias son normas dictadas por el Gobierno y la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria. Dentro del ámbito estatal, los reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros se sitúan por encima de las órdenes ministeriales. Todo reglamento está subordinado a la Constitución y a las normas con rango de ley. Puede desarrollar una ley y concretar su aplicación, pero no contradecirla, sustituirla en una materia reservada ni crear una regulación independiente cuando carezca de habilitación.
Las leyes estatales y autonómicas no se ordenan entre sí mediante una regla general que coloque siempre unas sobre otras. Cada legislador actúa dentro de las competencias que la Constitución y los estatutos de autonomía le atribuyen. Si una comunidad autónoma regula válidamente una materia de su competencia, la ley estatal no la desplaza por el solo hecho de proceder del Estado. El problema se resuelve examinando la distribución competencial y, cuando corresponda, las reglas constitucionales de prevalencia y supletoriedad.
La jerarquía y los demás criterios de relación entre normas
El artículo 9.3 de la Constitución garantiza la jerarquía normativa. El Código Civil concreta su consecuencia al declarar que carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. De esta manera, una orden ministerial debe respetar el real decreto que desarrolla, el reglamento debe respetar la ley y todas las normas deben ajustarse a la Constitución.
No todo conflicto normativo es, sin embargo, una cuestión de jerarquía. Es necesario distinguir varios criterios:
| Criterio | Pregunta que resuelve | Regla básica |
|---|---|---|
| Jerarquía | ¿Qué ocurre si dos normas de distinto rango se contradicen? | La inferior no puede vulnerar la superior. |
| Competencia | ¿Qué poder u órgano puede regular la materia? | La norma debe proceder del titular de la competencia. |
| Cronología | ¿Qué ocurre entre normas del mismo rango incompatibles en el tiempo? | La posterior deroga la anterior en lo incompatible. |
| Especialidad | ¿Qué norma se aplica a un supuesto específicamente regulado? | La especial desplaza a la general en su ámbito propio. |
La competencia resulta esencial en un Estado territorialmente descentralizado y dentro de cada poder público. Una norma no es válida únicamente por su rango: también debe haber sido aprobada por el órgano competente y mediante el procedimiento exigido. La cronología y la especialidad, por su parte, actúan normalmente entre normas que pueden regular válidamente la misma materia.
1.4
Vigencia, interpretación y eficacia de las normas
Una ley comienza a obligar cuando entra en vigor. Salvo que ella misma disponga otra cosa, lo hace a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ese período entre publicación y vigencia recibe el nombre de vacatio legis y permite que los destinatarios conozcan la nueva regulación y se preparen para aplicarla.
Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación puede ser expresa, cuando la nueva norma identifica las disposiciones que deja sin efecto, o tácita, cuando la regulación posterior resulta incompatible con la anterior sobre la misma materia. La derogación de una ley no devuelve por sí sola la vigencia a las normas que aquella hubiera derogado.
Como regla general, las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario. Esta regla del Código Civil debe relacionarse con la garantía constitucional que impide la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Una ley puede ordenar determinados efectos sobre situaciones anteriores, pero no puede desconocer los límites constitucionales.
Interpretar una norma consiste en determinar su sentido para aplicarla a un caso. El artículo 3 del Código Civil exige atender conjuntamente al sentido de las palabras, al contexto, a los antecedentes históricos y legislativos, a la realidad social del tiempo en que debe aplicarse y, de forma fundamental, a su espíritu y finalidad. Ningún criterio autoriza a prescindir del texto; todos colaboran para identificar el significado jurídicamente correcto.
La analogía permite aplicar una norma a un supuesto no regulado específicamente cuando existe otro semejante y se aprecia entre ambos identidad de razón. No crea una solución arbitraria: extiende la respuesta prevista para un caso porque el fundamento que la justifica concurre también en el no contemplado. Las leyes penales, excepcionales y temporales no pueden aplicarse analógicamente fuera de los supuestos o períodos que regulan expresamente.
En el cómputo civil de plazos señalados por días se excluye el día inicial y se empieza a contar al siguiente, salvo regla distinta. Los plazos fijados por meses o años se computan de fecha a fecha; si en el mes de vencimiento no existe un día equivalente, terminan el último día de ese mes. En el cómputo civil no se excluyen los días inhábiles. Esta última regla no debe trasladarse automáticamente al procedimiento administrativo, que cuenta con su propio sistema.
La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. La renuncia a los derechos y la exclusión voluntaria de una norma solo son válidas cuando no perjudican a terceros ni contradicen el interés o el orden público. Los actos contrarios a normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que la propia norma establezca un efecto diferente.
Existe fraude de ley cuando se utiliza aparentemente una norma para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él. La conducta no queda protegida por la norma de cobertura: se aplica la regla que se pretendía eludir. A su vez, los derechos deben ejercerse conforme a la buena fe. La ley tampoco ampara el abuso del derecho, que se produce cuando un acto u omisión sobrepasa manifiestamente los límites normales de su ejercicio y causa daño a otra persona.
Síntesis: de la producción a la aplicación de la norma
Una norma solo puede aplicarse correctamente después de responder a varias preguntas sucesivas. En primer lugar, debe comprobarse quién la aprobó, con qué rango y dentro de qué competencia. Después se determina si está vigente, si otra norma posterior la ha derogado y cuál es su ámbito temporal y material. Finalmente, se interpreta su contenido y se examina si el caso está regulado directamente o puede resolverse mediante analogía.
Las fuentes explican de dónde procede el Derecho; la jerarquía y la competencia determinan la posición válida de cada norma; y las reglas de interpretación y eficacia permiten aplicarla. El fraude de ley, la buena fe y la prohibición del abuso recuerdan que tampoco es lícito utilizar formalmente una norma o un derecho para alcanzar un resultado contrario al ordenamiento.
1.5
La persona en sentido jurídico
La persona es el sujeto capaz de ser titular de derechos y obligaciones. El ordenamiento reconoce dos grandes categorías: la persona física o natural, que es todo ser humano, y la persona jurídica, que es una organización o entidad a la que la ley atribuye personalidad propia, diferenciada de la de quienes la componen.
La personalidad no equivale a la posesión efectiva de bienes o al ejercicio autónomo de todos los derechos. Significa ocupar una posición reconocida por el ordenamiento: poder ser titular de relaciones jurídicas, estar protegido por las normas y asumir derechos y deberes en los términos legalmente establecidos.
Nacimiento y protección del concebido
El artículo 29 del Código Civil declara que el nacimiento determina la personalidad, pero considera al concebido como nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que llegue a nacer en las condiciones del artículo siguiente. Esta protección permite reservarle determinados beneficios —por ejemplo, una atribución sucesoria—, cuya eficacia queda condicionada al nacimiento.
Si una persona instituye heredero a un concebido y fallece antes de que este nazca, el ordenamiento permite reservar la atribución que pueda favorecerle. El concebido no adquiere todavía una personalidad plena e incondicionada: el efecto queda pendiente de que nazca con vida y enteramente desprendido del seno materno. La regla protege una expectativa favorable sin anticipar de forma ficticia todos los efectos de la personalidad.
La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. No se exige que el nacido tenga figura humana ni que sobreviva durante veinticuatro horas. Esas condiciones pertenecieron a una redacción histórica del Código Civil y no forman parte del Derecho vigente.
La inscripción del nacimiento en el Registro Civil da constancia oficial del hecho, la fecha, la hora, el lugar y la identidad y filiación que procedan. Cuando el nacimiento se produce en un centro sanitario, la dirección debe comunicarlo electrónicamente al Registro Civil dentro de las setenta y dos horas. Cuando tiene lugar fuera de un establecimiento sanitario o la comunicación no se ha realizado, las personas obligadas disponen de diez días para declarar el nacimiento. La inscripción no crea la personalidad —que nace con el hecho previsto por el Código Civil—, pero permite acreditarlo oficialmente.
Extinción de la personalidad
La personalidad civil se extingue por la muerte. A partir de ese momento cesa la aptitud de la persona fallecida para ser titular de nuevas relaciones jurídicas, se abre su sucesión y se producen los restantes efectos previstos por el ordenamiento.
Cuando dos o más personas llamadas a sucederse fallecen en un mismo acontecimiento y no puede probarse quién murió primero, el Código Civil presume que murieron al mismo tiempo. Esta regla, conocida como conmoriencia, impide transmitir derechos sucesorios de una a otra. Quien sostenga que una de ellas falleció antes debe probarlo.
La declaración de fallecimiento de una persona ausente no se confunde con la comprobación directa de su muerte. Es una resolución que, después de los plazos y requisitos legales, permite producir determinados efectos jurídicos ante una desaparición prolongada o en circunstancias de riesgo.
Personas jurídicas
Las personas jurídicas permiten atribuir derechos, obligaciones y patrimonio a una organización distinta de sus miembros. El Código Civil reconoce, entre otras, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley, así como las asociaciones de interés particular a las que el ordenamiento concede personalidad propia.
Su personalidad comienza cuando quedan válidamente constituidas conforme a las normas aplicables. Desde entonces pueden adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones y ejercitar acciones. Su capacidad se rige por la ley de creación o reconocimiento, por sus estatutos o por las reglas fundacionales, según el tipo de entidad.
La extinción no convierte automáticamente sus bienes en propiedad de los antiguos miembros. El destino del patrimonio se determina por la ley, los estatutos o las cláusulas fundacionales y, en su defecto, se orienta a fines análogos de interés público en los términos del Código Civil.
1.6
Capacidad jurídica y ejercicio de los derechos
La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y corresponde a toda persona por el hecho de serlo. Tradicionalmente se distinguía de la capacidad de obrar, entendida como la aptitud para realizar por uno mismo actos jurídicos válidos. El programa conserva esta terminología, pero debe interpretarse de acuerdo con la reforma introducida por la Ley 8/2021.
La distinción tradicional ayuda a comprender que una persona puede ser titular de un derecho aunque no pueda ejercitarlo enteramente por sí sola en una situación determinada. Un menor puede ser propietario de un bien o heredero porque posee capacidad jurídica; la celebración de ciertos negocios sobre ese patrimonio exige, sin embargo, la intervención de sus representantes legales o la autorización prevista por la ley. La limitación afecta a la forma de ejercicio, no a la titularidad del derecho ni a la personalidad.
La capacidad jurídica comprende actualmente tanto la titularidad como la posibilidad de ejercitar los derechos. Su ejercicio puede requerir asistencia, representación o el cumplimiento de condiciones legales, pero la persona no pierde por ello su dignidad ni su condición de sujeto de Derecho. Las limitaciones y apoyos deben interpretarse de manera concreta, atendiendo al acto que se pretende realizar, y no como una exclusión general de la vida jurídica.
Mayoría de edad, minoría y emancipación
La edad influye en la forma de actuar jurídicamente. La Constitución fija la mayoría de edad en los dieciocho años. Hasta entonces, el menor interviene mediante sus representantes legales o con la asistencia exigida para cada acto, aunque el ordenamiento reconoce una autonomía progresiva y permite que realice por sí mismo actuaciones adecuadas a su edad y madurez. La emancipación amplía su capacidad de actuación, pero mantiene limitaciones para ciertos negocios de especial trascendencia patrimonial.
La mayoría de edad permite realizar todos los actos de la vida civil salvo las excepciones establecidas para supuestos concretos. Durante la minoría, la representación de los progenitores o del tutor no elimina la intervención del menor en las decisiones que le afectan. Debe ser oído y escuchado de acuerdo con su edad y madurez, y existen actos relativos a los derechos de la personalidad que puede ejercitar por sí mismo cuando reúne las condiciones necesarias.
La emancipación sitúa al menor en una posición intermedia. Le permite regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta alcanzar los dieciocho años necesita consentimiento para tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor. Por tanto, emancipación y mayoría de edad no son equivalentes.
Personas con discapacidad y medidas de apoyo
El sistema actual no parte de una declaración general de incapacitación. La discapacidad no permite privar a una persona de su capacidad jurídica ni sustituir automáticamente sus decisiones por las de otra. Cuando resulte necesario, deben establecerse medidas de apoyo que le permitan comprender, valorar y expresar su voluntad y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.
Las medidas voluntarias decididas por la propia persona tienen preferencia. Junto a ellas, el Código Civil contempla la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. La curatela es esencialmente asistencial; las facultades representativas solo pueden atribuirse de manera excepcional y concreta cuando resulten imprescindibles. Cualquier apoyo debe respetar la dignidad, atender a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona y ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las medidas voluntarias permiten que la propia persona decida quién debe prestarle apoyo, con qué alcance y mediante qué salvaguardas. La guarda de hecho reconoce una situación de apoyo que funciona adecuadamente sin una previa constitución judicial, aunque determinados actos pueden requerir autorización. La curatela se establece judicialmente cuando se necesita un apoyo continuado y no bastan otras medidas; debe concretar los actos para los que resulta necesaria la asistencia. El defensor judicial atiende necesidades ocasionales, como un conflicto de intereses o la imposibilidad temporal de que actúe quien presta el apoyo habitual.
La diferencia entre asistencia y representación resulta decisiva. En la asistencia, la decisión sigue perteneciendo a la persona, que recibe ayuda para comprenderla, expresarla o ejecutarla. En la representación, otra persona actúa jurídicamente en su nombre. La Ley 8/2021 reserva esta segunda posibilidad para situaciones excepcionales y exige que la resolución identifique los actos concretos en los que se admite.
Esta regulación cambia la forma de entender la expresión «capacidad de obrar». Ya no resulta correcto afirmar, con carácter general, que una persona con discapacidad carece de ella. Debe determinarse qué apoyo necesita para adoptar una decisión concreta y qué salvaguardas evitan abusos, conflictos de intereses o influencias indebidas.
Síntesis: personalidad y capacidad
La personalidad responde a la pregunta de quién puede ser sujeto de Derecho. La capacidad jurídica expresa la aptitud de toda persona para ser titular y ejercer derechos. La edad, la emancipación o la necesidad de apoyos influyen en la manera de realizar determinados actos, pero no eliminan la personalidad ni convierten a la persona en un mero objeto de protección.
En el caso de los menores, el ordenamiento combina representación, asistencia y autonomía progresiva. En el de las personas con discapacidad, el modelo actual sustituye la incapacitación general por apoyos individualizados. En ambos supuestos debe identificarse qué acto se pretende realizar, qué intervención exige la ley y qué margen de decisión conserva la persona.
1.7
La nacionalidad española
La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado. De ese vínculo deriva su condición de miembro de la comunidad política y un conjunto de derechos y deberes. Además, actúa como criterio para determinar la ley personal: conforme al artículo 9.1 del Código Civil, la ley nacional rige materias como la capacidad, el estado civil, las relaciones familiares y la sucesión por causa de muerte, sin perjuicio de las normas europeas e internacionales aplicables.
El artículo 11 de la Constitución dispone que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con la ley. Ningún español de origen puede ser privado de ella. También permite concertar tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan mantenido una vinculación particular con España.
No toda persona nacida en España es española ni todo español ha nacido en territorio español. El Código Civil combina criterios de filiación, nacimiento, adopción, opción, residencia y otras circunstancias. Para estudiarlos correctamente debe distinguirse entre nacionalidad de origen y nacionalidad adquirida de forma sobrevenida.
Españoles de origen
Son españoles de origen, en primer lugar, los nacidos de padre o madre españoles. La filiación transmite la nacionalidad con independencia del lugar de nacimiento. También lo son determinados nacidos en España de padres extranjeros:
- Cuando al menos uno de los progenitores haya nacido también en España, salvo los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.
- Cuando ambos progenitores carezcan de nacionalidad o la legislación de ninguno atribuya una nacionalidad al hijo. Esta regla evita situaciones de apatridia.
- Cuando la filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presumen nacidos en España los menores cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
Si la filiación o el nacimiento en España se determinan después de los dieciocho años, no se adquiere automáticamente la nacionalidad. El interesado puede optar por la nacionalidad española de origen dentro de los dos años siguientes a la determinación.
La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, consolida la nacionalidad aunque posteriormente se anule el título que la originó. La consolidación protege la estabilidad de quien se comportó como español confiando legítimamente en una inscripción válida en apariencia.
Nacionalidad y adopción
El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere la nacionalidad española de origen desde la adopción. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, no se produce una adquisición automática: puede optar por la nacionalidad española de origen durante los dos años siguientes a la constitución de la adopción.
La diferencia se apoya en la edad existente en el momento de la adopción, no en la edad alcanzada cuando se solicita posteriormente una inscripción. Además, si la legislación del país de origen permite que el menor adoptado conserve su nacionalidad anterior, esta también es reconocida en España.
El derecho de opción
La opción es una vía de adquisición que permite a determinadas personas declarar su voluntad de ser españolas porque mantienen una relación especialmente cercana con España. Tienen derecho a optar:
- Quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español.
- Quienes tengan padre o madre que hubiera sido originariamente español y nacido en España.
- Las personas incluidas en los supuestos de determinación tardía de la filiación o del nacimiento en España y de adopción después de los dieciocho años.
La forma de formular la declaración depende de la edad y de la situación del interesado. Para los menores de catorce años actúa su representante legal; a partir de esa edad, el menor formula la opción asistido; y el emancipado o mayor de dieciocho años lo hace por sí mismo. La persona con discapacidad puede utilizar los apoyos y ajustes de procedimiento que necesite.
Como regla, la opción ejercitable por el interesado caduca a los veinte años, con la ampliación prevista cuando su ley personal no le permita emanciparse a los dieciocho. Sin embargo, la opción de quien tiene padre o madre originariamente español y nacido en España no está sujeta a límite de edad. Los supuestos de determinación tardía y adopción de adulto cuentan con su propio plazo de dos años.
Carta de naturaleza
La carta de naturaleza se concede discrecionalmente mediante real decreto cuando concurren circunstancias excepcionales. No constituye un derecho automático por el mero cumplimiento de una lista cerrada de condiciones. El Gobierno aprecia las circunstancias del caso y decide mediante la forma prevista por el Código Civil.
Su carácter excepcional la diferencia de la nacionalidad por residencia. Esta última también necesita una concesión, pero la Administración debe comprobar los requisitos legalmente establecidos y motivar una eventual denegación por razones de orden público o interés nacional.
Nacionalidad por residencia
La nacionalidad por residencia exige que la persona haya residido en España durante el período correspondiente y que obtenga la concesión del ministro de Justicia. La residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud. No basta con haber permanecido físicamente en España ni con sumar etapas separadas que no cumplan esas condiciones.
El plazo general y sus reducciones son los siguientes:
| Tiempo de residencia | Personas a las que se aplica |
|---|---|
| Diez años | Regla general. |
| Cinco años | Personas que hayan obtenido la condición de refugiado. |
| Dos años | Nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y sefardíes originarios de España. |
| Un año | Supuestos específicos del artículo 22.2 del Código Civil. |
El plazo de un año se aplica a quien haya nacido en territorio español; a quien no ejercitó oportunamente la facultad de optar; y a quien haya estado durante dos años consecutivos bajo tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de una persona o institución españolas. También beneficia a quien lleve un año casado con español o española y no esté separado legalmente ni de hecho; al viudo o viuda de español si al fallecimiento no existía separación; y al nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.
Los períodos reducidos no eliminan los demás requisitos. El interesado debe acreditar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española. La concesión o denegación puede ser revisada por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las vías de adquisición no son intercambiables. La opción parte de una relación personal o familiar definida por la ley; la carta de naturaleza atiende a circunstancias excepcionales; y la residencia se apoya en una vinculación estable con España durante el período exigido. Una persona puede reunir los requisitos de más de una vía, pero cada una conserva su procedimiento, autoridad competente y condiciones.
| Vía | Fundamento | Forma de adquisición |
|---|---|---|
| Origen | Filiación, nacimiento o adopción en los supuestos legales | Se atribuye directamente por la ley cuando concurren los requisitos. |
| Opción | Vínculo especialmente próximo con una persona española o con España | Declaración de voluntad del interesado o de quien actúe conforme a la ley. |
| Carta de naturaleza | Circunstancias excepcionales | Concesión discrecional mediante real decreto. |
| Residencia | Residencia legal, continuada e inmediatamente anterior durante el plazo exigido | Concesión del ministro de Justicia tras comprobar los requisitos. |
Requisitos comunes de la adquisición
La adquisición por opción, carta de naturaleza o residencia exige, cuando corresponda por la edad y capacidad para prestar la declaración, jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. También debe declararse la renuncia a la nacionalidad anterior, salvo en los casos exceptuados por el Código Civil, y la adquisición debe inscribirse en el Registro Civil español.
Las concesiones por carta de naturaleza o residencia caducan si, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su notificación, el interesado no comparece ante el funcionario competente para cumplir estos requisitos. La concesión abre la posibilidad de completar la adquisición, pero no sustituye el juramento o promesa, la declaración que proceda y la inscripción registral.
Conservación de la nacionalidad
La conservación cobra importancia cuando un español reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente otra nacionalidad o utiliza exclusivamente la nacionalidad extranjera que tenía antes de emanciparse. En esos casos, la pérdida se produce una vez transcurridos tres años desde la adquisición de la nueva nacionalidad o desde la emancipación. Puede evitarse si, dentro de ese plazo, declara ante el encargado del Registro Civil su voluntad de conservar la nacionalidad española.
La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no basta para producir por esta causa la pérdida de la nacionalidad española de origen. Esta regla permite conservar ambas nacionalidades en los términos previstos legalmente. A ella se añaden los tratados de doble nacionalidad que España pueda celebrar conforme al artículo 11.3 de la Constitución.
Existe otra declaración de conservación para quienes reúnen conjuntamente estas circunstancias: han nacido y residen en el extranjero, son españoles por ser hijos de padre o madre españoles y ese progenitor también nació en el extranjero, y las leyes del país de residencia les atribuyen su nacionalidad. En tal supuesto deben declarar la voluntad de conservar la nacionalidad española dentro de los tres años siguientes a la mayoría de edad o a la emancipación.
Las dos declaraciones responden a situaciones próximas, pero sus plazos no comienzan necesariamente en el mismo momento. En el primer caso se cuentan desde la adquisición voluntaria de otra nacionalidad o desde la emancipación cuando se utiliza exclusivamente la nacionalidad extranjera anterior. En el segundo, el plazo comienza con la mayoría de edad o la emancipación del español nacido y residente en el extranjero.
Pérdida de la nacionalidad
La pérdida no tiene el mismo régimen para todos los españoles. Los españoles de origen pueden perderla en los supuestos vinculados a su propia conducta y a la residencia habitual en el extranjero que establece el artículo 24 del Código Civil, pero no pueden ser privados de ella por una decisión sancionadora del Estado.
También pierde la nacionalidad quien renuncia expresamente a ella si está emancipado, posee otra nacionalidad y reside habitualmente en el extranjero. La exigencia de otra nacionalidad evita que la renuncia produzca por sí sola una situación de apatridia. Ninguna de las causas del artículo 24 produce la pérdida mientras España se encuentre en guerra.
Los españoles que no sean de origen están sujetos a causas específicas. Pueden perder la nacionalidad si durante tres años utilizan exclusivamente aquella a la que declararon renunciar al adquirir la española, o si entran voluntariamente al servicio de las armas o ejercen un cargo político en un Estado extranjero contra una prohibición expresa del Gobierno. La falsedad, ocultación o fraude declarados por sentencia firme producen la nulidad de la adquisición, sin perjudicar a terceros de buena fe.
Conviene separar pérdida, privación y nulidad. La pérdida es un efecto legal asociado a las conductas y condiciones previstas por el Código Civil. La privación sería una decisión del poder público dirigida a retirar la nacionalidad y está constitucionalmente prohibida respecto de los españoles de origen. La nulidad por falsedad, ocultación o fraude declara que la adquisición no fue válida y requiere una sentencia firme; la acción debe ejercitarse dentro del plazo legal.
Recuperación
Quien haya perdido la nacionalidad española puede recuperarla si cumple, con carácter general, tres requisitos: residir legalmente en España, declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperarla e inscribir la recuperación. La residencia no se exige a los emigrantes ni a sus hijos y puede dispensarse en otros casos cuando concurran circunstancias excepcionales.
Quienes perdieron la nacionalidad por alguna de las causas aplicables a españoles no originarios previstas en el artículo 25 necesitan, además, una habilitación discrecional del Gobierno para recuperarla o adquirirla nuevamente.
La vía temporal de la Ley de Memoria Democrática
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 reconoció un derecho especial de opción para determinados descendientes de españoles y para otros supuestos vinculados al exilio y a la pérdida de la nacionalidad de mujeres españolas por matrimonio con extranjeros antes de la Constitución. No configuró una vía ordinaria y permanente: la declaración debía formalizarse dentro del plazo legal de dos años, susceptible de una prórroga adicional de un año.
Su inclusión en este tema se justifica por haber sido objeto de una pregunta oficial y por su relación con la adquisición de la nacionalidad. Sin embargo, debe estudiarse como un régimen especial sometido a vigencia temporal, no como sustituto de las modalidades generales reguladas por el Código Civil. Las solicitudes o citas formuladas dentro de plazo pueden continuar tramitándose conforme a las instrucciones aplicables aunque la comparecencia tenga lugar después.
Síntesis: adquisición, conservación, pérdida y recuperación
La nacionalidad de origen se atribuye por la ley desde que concurre el supuesto correspondiente; las demás vías exigen una declaración o una concesión y, cuando procede, el cumplimiento de los requisitos comunes del artículo 23. La opción no es una residencia abreviada, la carta de naturaleza no constituye un derecho automático y el matrimonio con una persona española no transmite por sí solo la nacionalidad.
Una vez adquirida, la nacionalidad puede necesitar una declaración de conservación en determinados supuestos relacionados con la residencia en el extranjero. La pérdida debe diferenciarse de la privación prohibida para los españoles de origen y de la nulidad de una adquisición fraudulenta. Si se produce la pérdida, la recuperación exige como regla residencia legal, declaración de voluntad e inscripción, con las excepciones y habilitaciones previstas por el Código Civil.
1.8
El domicilio
El domicilio localiza jurídicamente a una persona y permite determinar el lugar relevante para el ejercicio de derechos, el cumplimiento de obligaciones, determinadas comunicaciones y, en algunos casos, la competencia de autoridades y tribunales. No es únicamente una dirección postal: expresa una conexión estable reconocida por el ordenamiento.
Para las personas físicas, el artículo 40 del Código Civil establece que el domicilio es el lugar de su residencia habitual, sin perjuicio del que pueda determinar la Ley de Enjuiciamiento Civil. La residencia habitual incorpora una permanencia efectiva y estable. Una estancia ocasional no convierte necesariamente ese lugar en domicilio.
Debe distinguirse entre domicilio, residencia, empadronamiento y dirección de notificaciones. El empadronamiento acredita la inscripción en el padrón municipal y constituye una prueba relevante de residencia, pero no resuelve por sí solo cualquier cuestión civil. La dirección de notificaciones es el lugar o medio indicado para recibir comunicaciones en un procedimiento y puede no coincidir con el domicilio civil. Una persona puede también tener residencias temporales sin que todas adquieran la condición de domicilio.
Por ejemplo, una persona puede permanecer varios meses en otra ciudad por motivos de trabajo y señalar allí una dirección para recibir comunicaciones sin haber trasladado su centro estable de vida. La estancia y la dirección son hechos relevantes, pero la determinación del domicilio exige valorar dónde se encuentra su residencia habitual. Del mismo modo, la inscripción padronal constituye una prueba, no una definición absoluta aplicable a todas las relaciones jurídicas.
Para las personas jurídicas se atiende primero a la ley que las haya creado o reconocido, a sus estatutos o a sus reglas fundacionales. Si estos instrumentos no fijan el domicilio, se considera situado donde esté establecida su representación legal o donde ejerzan sus principales funciones.
1.9
La vecindad civil
La vecindad civil determina la sujeción de una persona española al Derecho civil común o a uno de los Derechos civiles especiales o forales que coexisten en España. Puede influir en materias como el régimen económico matrimonial, las sucesiones o determinadas instituciones familiares y patrimoniales.
No debe confundirse con la nacionalidad, que vincula a la persona con un Estado, ni con la vecindad administrativa, relacionada con la inscripción municipal. Una persona puede tener nacionalidad española, estar empadronada en Madrid y poseer una vecindad civil distinta de la común si reúne las condiciones legales.
Atribución al nacer o ser adoptado
Como regla inicial, el nacido adquiere la vecindad civil de sus progenitores cuando ambos tienen la misma. El adoptado no emancipado adquiere la de los adoptantes. Si los progenitores poseen vecindades diferentes, corresponde la de aquel cuya filiación se haya determinado antes; si ambas se determinan al mismo tiempo, se atribuye la del lugar de nacimiento y, en último término, la vecindad de Derecho común.
Los progenitores o quien ejerza la patria potestad pueden atribuir al hijo la vecindad de cualquiera de ellos dentro de los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. El cambio posterior de vecindad de los padres no modifica automáticamente la del hijo.
Desde que cumple catorce años y hasta un año después de su emancipación, el hijo puede optar por la vecindad del lugar de nacimiento o por la última vecindad de cualquiera de sus progenitores. Si no está emancipado, necesita la asistencia de su representante legal.
Matrimonio y cambio por residencia
El matrimonio no altera la vecindad civil. Cada cónyuge conserva la suya. No obstante, cualquiera de ellos, siempre que no esté separado legalmente ni de hecho, puede optar en cualquier momento por la vecindad civil del otro.
La vecindad puede adquirirse por residencia continuada mediante dos vías:
| Residencia | Declaración exigida | Efecto |
|---|---|---|
| Dos años | Manifestación expresa de querer adquirir la nueva vecindad | Se adquiere la vecindad del territorio de residencia. |
| Diez años | Ausencia de declaración en contrario durante ese plazo | Se adquiere la nueva vecindad por residencia continuada. |
Las declaraciones se hacen constar en el Registro Civil y no necesitan repetirse. En caso de duda prevalece la vecindad civil correspondiente al lugar de nacimiento. La regla subsidiaria se refiere al nacimiento, no al lugar de residencia actual.
Vecindad de quien adquiere o recupera la nacionalidad
El extranjero que adquiere la nacionalidad española debe optar, al inscribirla, por una de las vecindades permitidas legalmente: la del lugar de residencia; la del lugar de nacimiento; la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes; o la del cónyuge. La elección concreta depende de la capacidad para optar y de los apoyos o representación que procedan.
La adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza lleva aparejada la vecindad civil que determine el real decreto de concesión, teniendo en cuenta la opción del interesado y las circunstancias concurrentes. Quien recupera la nacionalidad española recupera también la vecindad civil que tenía cuando la perdió.
Síntesis: domicilio y vecindad civil
El domicilio se apoya en la residencia habitual y sirve para localizar jurídicamente a la persona. La vecindad civil, en cambio, determina la legislación civil española a la que está sometida. Por ello, un traslado puede cambiar inmediatamente la residencia efectiva y, con ella, el domicilio, pero no produce por sí solo un cambio instantáneo de vecindad civil.
La vecindad se atribuye inicialmente por las reglas de filiación, adopción y nacimiento; puede elegirse en determinados momentos y puede cambiar por residencia continuada durante dos años con declaración o durante diez años sin declaración en contrario. El matrimonio no la modifica automáticamente, aunque permite optar por la del otro cónyuge. La adquisición o recuperación de la nacionalidad española también obliga a determinar la vecindad que corresponda.
1.10
Síntesis general del tema
El tema describe el recorrido que va desde la regla jurídica hasta la posición concreta de la persona. El Derecho objetivo reúne las normas del ordenamiento y reconoce derechos subjetivos a sus destinatarios. Esas normas proceden de fuentes reconocidas, ocupan una posición determinada y deben aplicarse atendiendo a su vigencia, rango, competencia, sentido y finalidad.
La persona es el centro de las relaciones jurídicas. La personalidad de la persona física comienza con el nacimiento con vida y se extingue por la muerte; las personas jurídicas nacen y actúan conforme a sus normas de constitución. Toda persona posee capacidad jurídica, aunque la edad o las circunstancias concretas puedan exigir representación, asistencia o medidas de apoyo para realizar válidamente determinados actos.
La nacionalidad, el domicilio y la vecindad civil completan esa posición desde perspectivas diferentes. La nacionalidad establece el vínculo con el Estado y puede ser originaria o adquirida por las vías legalmente previstas. El domicilio localiza a la persona a partir de su residencia habitual. La vecindad civil decide si se aplica el Derecho civil común o un Derecho especial o foral. Comprender sus diferencias evita trasladar a una institución los efectos que pertenecen a otra.
Conceptos que deben diferenciarse
| Conceptos | Diferencia esencial |
|---|---|
| Derecho objetivo y derecho subjetivo | El primero es el conjunto de normas; el segundo, una facultad reconocida por ellas. |
| Fuente y rango | La fuente explica de dónde procede la norma; el rango determina su posición jerárquica. |
| Jerarquía y competencia | La jerarquía compara la fuerza de normas de distinto nivel; la competencia identifica quién puede regular una materia. |
| Personalidad y capacidad jurídica | La personalidad identifica al sujeto de Derecho; la capacidad expresa su aptitud para ser titular y ejercer derechos. |
| Asistencia y representación | En la asistencia decide la propia persona con apoyo; en la representación otra actúa jurídicamente en su nombre. |
| Nacionalidad de origen y adquirida | La primera se atribuye en los supuestos legales de origen; la segunda se obtiene posteriormente mediante una vía de adquisición. |
| Pérdida, privación y nulidad | La pérdida deriva de causas legales; la privación está prohibida para españoles de origen; la nulidad elimina una adquisición viciada. |
| Domicilio y empadronamiento | El domicilio se vincula a la residencia habitual; el padrón acredita una inscripción administrativa. |
| Nacionalidad y vecindad civil | La nacionalidad vincula con el Estado; la vecindad determina la legislación civil española aplicable. |
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 13 preguntas oficiales de este tema
Las siguientes preguntas se han formulado en pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan con sus opciones de respuesta y se indica la contestación correcta conforme a la plantilla y a la normativa aplicable.
0 de 13 respondidas
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 1.artículo 47.1 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
1. En el caso de nacimiento fuera de un centro hospitalario, ¿cuánto tiempo se dispone para declarar el nacimiento en el Registro Civil?
- Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 2.artículo 26.1.b del Código Civil.
2. Según el artículo 26 del Código Civil, indique cuál de los siguientes es un requisito para recuperar la nacionalidad española tras haberla perdido previamente:
- Promoción 39, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 55.artículo 11 de la Constitución, artículos 17 a 26 del Código Civil y disposición adicional octava de la Ley 20/2022. La Ley 20/2011 del Registro Civil no tiene carácter orgánico.
3. Entre la normativa que regula la adquisición de la nacionalidad española, se encuentra:
- Promoción 39, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 81.artículo 19.2 del Código Civil.
4. Noor, de nacionalidad pakistaní, es adoptada por una familia española de Cuenca a la edad de 19 años. ¿Desde qué momento adquiere o podrá optar por la nacionalidad española de origen?
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 38.artículo 14.4 del Código Civil.
5. Señale la opción correcta sobre la vecindad civil:
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 77.artículo 22.1 del Código Civil.
6. Para la concesión de la nacionalidad española por residencia, se requiere para las personas que hayan obtenido la condición de refugiado una permanencia en España de:
- Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 89.artículo 20.1.a del Código Civil.
7. En relación con la nacionalidad española, el artículo 20 del Código Civil establece que tienen derecho a optar a ella:
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 54.artículo 22.2.b del Código Civil.
8. Para la concesión de la nacionalidad por residencia, bastará el tiempo de residencia de un año:
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 62.artículo 22.1 del Código Civil.
9. Conforme figura en el Código Civil, ¿para qué personas no será suficiente la residencia de dos años para la concesión de la nacionalidad española por residencia?
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 71.artículo 14.5.1.º del Código Civil.
10. Siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad, ¿cómo se adquiere la vecindad civil?
- Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 79.artículos 29 y 30 del Código Civil.
11. El nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el Código Civil. Concretamente, su artículo 30 dispone:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 25.artículo 17.1.a del Código Civil.
12. En relación con lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil, son españoles de origen —señale la respuesta más acertada—:
- Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 63.concepto y caracteres de la norma jurídica positiva.
13. Todo precepto general cuyo fin es ordenar la convivencia de la comunidad y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por el poder directivo de aquella hace referencia a:
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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.
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