Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 2 de Policía Nacional
La Constitución, los derechos fundamentales y el Defensor del Pueblo
2.1
La Constitución de 1978: origen, estructura y caracteres
La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. De ella proceden la legitimidad y los límites de los poderes públicos, y todas las normas inferiores deben respetarla. Su supremacía no significa únicamente que ocupe la posición más alta: también explica que exista un Tribunal Constitucional encargado de controlar las leyes y que los tribunales ordinarios controlen la legalidad de los reglamentos y de la actuación administrativa.
El proceso constituyente culminó mediante actos diferentes. Las Cortes aprobaron el texto el 31 de octubre de 1978; el pueblo español lo ratificó en referéndum el 6 de diciembre; el Rey lo sancionó el 27 de diciembre, y su publicación en el BOE el 29 de diciembre determinó su entrada en vigor. Aprobación, ratificación, sanción y publicación no son expresiones intercambiables.
La ponencia que preparó el anteproyecto estuvo integrada por Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca Junyent y Jordi Solé Tura. Su plural composición ayuda a entender el carácter consensuado del texto.
Formalmente, la Constitución consta de un preámbulo, un título preliminar y diez títulos numerados; contiene 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. El preámbulo enuncia los objetivos generales del constituyente y posee valor interpretativo, aunque no se organiza en preceptos directamente aplicables como el articulado.
El título preliminar fija las decisiones fundamentales del Estado. El título I regula derechos y deberes. Los títulos II a IX ordenan la Corona, las Cortes, el Gobierno, sus relaciones, el Poder Judicial, la economía, la organización territorial y el Tribunal Constitucional. El título X regula la reforma constitucional, cuyo procedimiento corresponde al tema siguiente.
La Constitución es escrita y codificada, porque su regulación se contiene en un texto sistemático; normativa, porque sus preceptos vinculan y producen efectos jurídicos; y suprema, porque condiciona la validez del resto del ordenamiento. Es también rígida, pues su reforma exige procedimientos distintos y más exigentes que el legislativo ordinario. Su origen es democrático, por la aprobación parlamentaria y la ratificación popular, y consensuado, por el acuerdo alcanzado entre fuerzas políticas diversas.
2.2
Valores superiores y principios del régimen constitucional
El artículo 1.1 declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho y propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los cuatro forman una unidad: la libertad protege ámbitos de decisión personal y política; la igualdad impide discriminaciones y exige remover obstáculos; la justicia orienta el ordenamiento, y el pluralismo permite que opciones diferentes concurran a la formación de la voluntad popular.
Estado democrático
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El principio democrático se manifiesta en las elecciones, el sufragio universal, la participación directa y representativa y la libertad de creación y actuación de partidos, sindicatos y asociaciones. La democracia no consiste solo en elegir representantes: exige que el poder tenga origen popular y se ejerza mediante procedimientos sometidos a la Constitución.
Estado de Derecho
El Estado de Derecho somete a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento. El artículo 9.3 garantiza legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. A estas garantías se añaden la separación funcional de poderes y el control judicial.
Estado social
El Estado social obliga a actuar para que la libertad y la igualdad no sean meramente formales. El artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para hacerlas reales y efectivas, remover obstáculos y facilitar la participación. Esta dimensión se concreta en los principios sobre familia, empleo, Seguridad Social, salud, vivienda, medio ambiente, discapacidad y protección de las personas mayores.
Monarquía parlamentaria
La forma política es la Monarquía parlamentaria. El Rey ejerce la Jefatura del Estado y cumple funciones constitucionales de representación y moderación, pero no dirige la política. Esa dirección corresponde al Gobierno, responsable ante el Congreso. Los actos del Rey necesitan, con carácter general, refrendo; quien refrenda asume la responsabilidad. La Corona se estudia detalladamente en el tema 3.
Estado autonómico
La Constitución no utiliza literalmente la expresión «Estado autonómico», pero construye un modelo basado en unidad, autonomía y solidaridad. La Nación española es común e indivisible y, al mismo tiempo, se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Municipios, provincias y comunidades autónomas gozan de autonomía para gestionar sus intereses.
La solidaridad impide que la autonomía genere privilegios económicos o sociales. El Estado debe procurar un equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio, atendiendo especialmente al hecho insular. La organización y las competencias territoriales se desarrollan en el tema siguiente.
2.3
El título I: estructura y eficacia
El artículo 10 sitúa la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos ajenos como fundamento del orden político y de la paz social. Además, exige interpretar los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España.
El título I no reconoce una categoría única. El capítulo primero regula nacionalidad, mayoría de edad y extranjeros. El capítulo segundo contiene derechos y libertades: el artículo 14 proclama la igualdad; la sección primera comprende los artículos 15 a 29, y la segunda, los artículos 30 a 38. El capítulo tercero reúne los principios rectores; el cuarto establece garantías, y el quinto regula la suspensión.
Esta ubicación tiene consecuencias. Los derechos del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos y solo pueden regularse por ley respetando su contenido esencial. El artículo 14 y la sección primera cuentan, además, con procedimiento judicial preferente y sumario y recurso de amparo. Los principios rectores poseen valor jurídico, pero su alegación judicial depende de las leyes que los desarrollen.
Los extranjeros disfrutan de las libertades públicas en los términos de los tratados y la ley. Los derechos políticos del artículo 23 corresponden a los españoles, salvo el sufragio activo y pasivo de extranjeros en elecciones municipales cuando un tratado o una ley lo reconozca con reciprocidad. La extradición solo se concede conforme a tratado o ley y atendiendo a reciprocidad; los actos terroristas no se consideran delitos políticos.
2.4
Igualdad y derechos fundamentales
El artículo 14 proclama la igualdad ante la ley y prohíbe discriminaciones por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social. No prohíbe toda diferencia de trato, sino la que carece de justificación objetiva y razonable o resulta desproporcionada.
El artículo 15 protege la vida y la integridad física y moral y prohíbe tortura y tratos inhumanos o degradantes. Aunque el texto mantiene una referencia a las leyes penales militares en tiempo de guerra, la pena de muerte fue abolida también para ese ámbito por la Ley Orgánica 11/1995.
El artículo 16 garantiza libertad ideológica, religiosa y de culto, impide obligar a declarar sobre creencias y establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. La aconfesionalidad es compatible con relaciones de cooperación con las confesiones.
El artículo 17 protege libertad y seguridad. La detención preventiva dura solo el tiempo estrictamente necesario y nunca más de setenta y dos horas antes de la libertad o puesta a disposición judicial. El detenido debe conocer inmediatamente y de forma comprensible las razones y sus derechos, no puede ser obligado a declarar y tiene garantizada asistencia letrada. El habeas corpus permite su inmediata puesta a disposición judicial si la detención es ilegal.
El artículo 18 protege honor, intimidad y propia imagen; declara inviolable el domicilio y garantiza el secreto de las comunicaciones. La entrada domiciliaria requiere consentimiento, resolución judicial o flagrante delito. La intervención de comunicaciones exige resolución judicial. Su apartado cuarto fundamenta la protección frente al uso de la informática, sin que deban trasladarse aquí las reglas específicas sobre consentimiento de menores, propias del tema 26.
El artículo 19 reconoce a los españoles libertad de residencia y circulación y el derecho a entrar y salir de España. El artículo 20 protege expresión, creación, libertad de cátedra e información veraz; prohíbe censura previa y reserva a resolución judicial el secuestro de publicaciones. Estos derechos encuentran límites, especialmente, en honor, intimidad, imagen y protección de juventud e infancia.
El artículo 21 reconoce reunión pacífica y sin armas sin autorización previa. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones exigen comunicación previa; solo pueden prohibirse por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Comunicar no equivale a solicitar permiso.
El artículo 22 reconoce asociación. Son ilegales las que persiguen fines delictivos; la inscripción registral tiene efectos de publicidad, y la disolución o suspensión exige resolución judicial motivada. Se prohíben asociaciones secretas y paramilitares.
Reunión y asociación protegen formas distintas de actuación colectiva. La reunión es temporal; la asociación presupone una organización estable. Por ello, la comunicación previa de determinadas reuniones no equivale a la inscripción registral de una asociación, realizada únicamente a efectos de publicidad.
El artículo 23 garantiza la participación directa o mediante representantes elegidos periódicamente por sufragio universal y el acceso en igualdad a funciones y cargos públicos. El artículo 24 reconoce tutela judicial efectiva y las garantías del proceso: juez predeterminado, defensa, información de la acusación, proceso público sin dilaciones, prueba, no autoincriminación y presunción de inocencia.
El artículo 25 formula legalidad penal y sancionadora, orienta las penas privativas de libertad a reeducación y reinserción e impide que la Administración civil imponga sanciones privativas de libertad. El artículo 26 prohíbe tribunales de honor en la Administración civil y las organizaciones profesionales.
La legalidad sancionadora exige que la conducta y su consecuencia estuvieran previstas cuando se realizó. Se conecta con la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. La reinserción no priva al condenado de todos sus derechos: conserva los del capítulo salvo los limitados por la condena, el sentido de la pena y la legislación penitenciaria.
El artículo 27 combina derecho a la educación y libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita, se reconoce la creación de centros y la autonomía universitaria. El artículo 28 protege libertad sindical y huelga, con las particularidades y garantías previstas legalmente. El artículo 29 reconoce petición individual y colectiva por escrito; los miembros de cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerla individualmente.
Educación y libertad de enseñanza forman un sistema común: los poderes públicos garantizan el acceso, programan e inspeccionan, mientras las personas pueden crear centros dentro de los principios constitucionales. La libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al elegido y no ser obligado a afiliarse. La huelga debe compatibilizarse con los servicios esenciales de la comunidad.
Síntesis de los derechos fundamentales
Estos derechos protegen la esfera personal, la actuación colectiva, la participación política y las garantías frente al poder sancionador. Pueden concurrir en un mismo caso: una manifestación ejerce reunión y expresión; una entrada policial puede afectar a libertad, domicilio e intimidad. Resolver correctamente exige identificar todos los derechos afectados y los requisitos de cada intervención.
2.5
Derechos y deberes de los ciudadanos y principios rectores
Los artículos 30 a 38 no pertenecen a la sección de derechos fundamentales y libertades públicas. Comprenden defensa de España; deber tributario según capacidad económica; matrimonio en igualdad; propiedad y herencia; fundación; trabajo; colegios profesionales; negociación y conflicto colectivo, y libertad de empresa.
La propiedad privada y la herencia se reconocen en el artículo 33. Su función social delimita el contenido y nadie puede ser privado de bienes y derechos sin causa de utilidad pública o interés social, indemnización y respeto de la ley. Son derechos constitucionales, pero su ubicación es la sección segunda, no la sección primera.
El artículo 31 ordena contribuir según la capacidad económica mediante un sistema inspirado en igualdad y progresividad y nunca confiscatorio. El artículo 32 garantiza el matrimonio en igualdad; el 34, la fundación para fines de interés general; y el 35 reúne deber y derecho al trabajo, elección profesional, promoción y remuneración suficiente. Los artículos 36 a 38 regulan colegios profesionales, negociación y conflicto colectivo y libertad de empresa dentro de la economía de mercado.
Los artículos 39 a 52 orientan la política social y económica: protección familiar y de la infancia; progreso, empleo y seguridad laboral; Seguridad Social; trabajadores en el extranjero; salud; cultura y ciencia; medio ambiente; patrimonio; vivienda; juventud; discapacidad; tercera edad; consumidores y organizaciones profesionales.
El artículo 49 vigente reconoce que las personas con discapacidad ejercen los derechos del título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas y ordena políticas de autonomía, inclusión y accesibilidad. Los principios rectores informan la legislación, la práctica judicial y la actuación pública, pero solo pueden alegarse ante los tribunales conforme a sus leyes de desarrollo.
No son declaraciones sin eficacia. Vinculan la orientación del legislador y de los poderes públicos y sirven como criterio interpretativo. Su diferencia respecto de los derechos de los artículos 14 a 38 se encuentra en la forma de exigibilidad: no generan siempre una prestación concreta reclamable sin una ley que determine su contenido.
| Categoría | Preceptos | Garantía característica |
|---|---|---|
| Igualdad y derechos fundamentales | Art. 14 y arts. 15 a 29 | Procedimiento preferente y sumario y, en su caso, amparo. |
| Derechos y deberes ciudadanos | Arts. 30 a 38 | Vinculación, reserva de ley y contenido esencial. |
| Principios rectores | Arts. 39 a 52 | Eficacia y alegación conforme al artículo 53.3. |
2.6
Garantías de los derechos
La primera garantía es la propia supremacía constitucional. Los derechos del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos; su ejercicio se regula por ley respetando su contenido esencial. El desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas requiere ley orgánica.
El artículo 14 y los artículos 15 a 29 pueden protegerse ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario y, agotada la vía judicial cuando proceda, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo se extiende a la objeción de conciencia del artículo 30. No es una nueva instancia para revisar cualquier error: protege los derechos constitucionales incluidos en su ámbito.
Los plazos dependen del origen de la vulneración. Frente a disposiciones, actos, omisiones o vías de hecho del Gobierno o de órganos ejecutivos autonómicos, una vez agotada la vía judicial, el plazo es de veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso previo.
El control de constitucionalidad protege los derechos frente a leyes; la jurisdicción ordinaria, frente a actuaciones concretas; y el Defensor del Pueblo supervisa la actividad administrativa. Son garantías complementarias, no intercambiables.
Síntesis de las garantías
La protección comienza antes del conflicto: reserva de ley, contenido esencial y control de constitucionalidad limitan al legislador y a la Administración. Producida la lesión, actúan la jurisdicción ordinaria y, para los derechos especialmente protegidos, el amparo. El Defensor añade supervisión institucional, pero no sustituye a los tribunales ni suspende los plazos para recurrir.
2.7
Suspensión de derechos y estados excepcionales
La suspensión general solo cabe en los estados de excepción y sitio y respecto de los derechos enumerados por el artículo 55.1: libertad y seguridad; domicilio y comunicaciones; residencia y circulación; determinadas libertades de expresión e información y secuestro judicial; reunión; huelga y conflicto colectivo. En el estado de excepción no puede suspenderse la garantía del artículo 17.3.
El estado de alarma no suspende derechos. Lo declara el Gobierno por un máximo de quince días; cualquier prórroga requiere autorización del Congreso. El estado de excepción lo declara el Gobierno, previa autorización del Congreso, por un máximo de treinta días prorrogables por otros treinta. El estado de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno, y el Congreso determina su ámbito, duración y condiciones.
La suspensión individual puede afectar a la duración de la detención, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones respecto de personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas. Exige ley orgánica, intervención judicial y control parlamentario. Su utilización abusiva genera responsabilidad penal.
| Elemento | Alarma | Excepción | Sitio |
|---|---|---|---|
| Declaración | Gobierno | Gobierno con autorización previa del Congreso | Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno |
| Duración inicial | Quince días | Treinta días | La determinada por el Congreso |
| Suspensión de derechos | No | Solo los tasados en el art. 55.1 | Solo los tasados en el art. 55.1 |
Limitar un derecho no equivale a suspenderlo. La limitación conserva el derecho y debe respetar necesidad y proporcionalidad. La suspensión deja temporalmente sin efecto determinadas garantías dentro del marco excepcional. Por eso el estado de alarma puede justificar limitaciones, pero no activar la suspensión del artículo 55.
2.8
El Defensor del Pueblo: naturaleza, elección y estatuto
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos del título I. Puede supervisar la Administración y da cuenta a las Cámaras, pero actúa con autonomía, sin mandato imperativo ni instrucciones de ninguna autoridad.
Es elegido por cinco años. Una Comisión Mixta Congreso-Senado propone candidatos por mayoría simple. La designación ordinaria exige tres quintos del Congreso y ratificación por tres quintos del Senado dentro de veinte días. Si no se alcanzan esas mayorías, se presentan nuevas propuestas; obtenidos tres quintos en el Congreso, basta mayoría absoluta del Senado.
Puede ser elegido cualquier español mayor de edad en pleno disfrute de derechos civiles y políticos. El nombramiento es acreditado conjuntamente por los presidentes de ambas Cámaras y la toma de posesión se celebra ante sus Mesas reunidas, con juramento o promesa.
Cesa por renuncia, expiración del mandato, muerte, incapacidad sobrevenida, negligencia notoria o condena firme por delito doloso. En muerte, renuncia o expiración, la vacante la declara el presidente del Congreso; en las demás causas deciden tres quintos de cada Cámara, previa audiencia.
Goza de inviolabilidad por opiniones y actos propios de su función. Fuera de ellos solo puede ser detenido en flagrante delito y su responsabilidad penal corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El cargo es incompatible con mandatos representativos, cargos políticos, servicio activo en la Administración, afiliación o dirección partidista o sindical, carreras judicial y fiscal y actividades profesionales. Le auxilian un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo.
2.9
Quejas, investigaciones y resoluciones
El Defensor puede actuar de oficio o a petición de parte. Puede dirigirse a él cualquier persona física o jurídica con interés legítimo; no son impedimento nacionalidad, residencia, minoría de edad, internamiento ni una relación especial de sujeción. Ninguna autoridad administrativa puede presentar quejas sobre asuntos de su competencia.
La queja debe estar firmada, identificar nombre, apellidos y domicilio, exponer razonadamente los hechos y presentarse dentro del año siguiente a su conocimiento. El procedimiento es gratuito y no requiere abogado ni procurador. Se rechazan las quejas anónimas y pueden rechazarse las formuladas con mala fe, sin fundamento o con perjuicio para terceros.
No examina individualmente asuntos pendientes de resolución judicial y suspende su actuación si se interpone demanda o recurso, aunque puede investigar los problemas generales revelados. Admitida la queja, realiza una investigación sumaria e informal. Los poderes públicos deben colaborar preferente y urgentemente.
El Defensor no puede modificar ni anular actos administrativos. Puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes y sugerencias; las autoridades deben contestar. También puede interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo y poner hechos posiblemente delictivos en conocimiento del fiscal general del Estado.
La investigación puede alcanzar a ministros, autoridades, funcionarios y a cualquier persona al servicio de las Administraciones. El Defensor y sus delegados pueden visitar centros, examinar expedientes y realizar entrevistas. Solicitado el informe inicial, el órgano dispone normalmente de quince días; la negativa o negligencia puede calificarse como hostil y entorpecedora y hacerse pública.
Las quejas sobre la Administración de Justicia se trasladan al Ministerio Fiscal o, según el caso, al Consejo General del Poder Judicial. Si hay un proceso pendiente, no examina individualmente el mismo asunto, aunque puede investigar el problema general revelado. Así se respeta la independencia judicial sin ignorar posibles deficiencias estructurales.
Presenta anualmente a las Cortes un informe sobre su gestión y puede emitir informes extraordinarios. Su actividad no se interrumpe si las Cortes están disueltas ni durante excepción o sitio. Además ejerce las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Síntesis del Defensor del Pueblo
La institución combina elección parlamentaria e independencia funcional: las Cortes la designan y reciben sus informes, pero no le dan instrucciones. Su fuerza no reside en anular decisiones, sino en investigar, exigir colaboración, hacer visibles las malas prácticas y formular recomendaciones ante las que la Administración debe responder.
2.10
Síntesis general
La Constitución define el Estado y, al mismo tiempo, limita su poder. Los valores del artículo 1 orientan un sistema democrático, jurídico, social, parlamentario y autonómico. El título I transforma esos principios en posiciones jurídicas concretas, pero distribuye derechos y principios en categorías con garantías diferentes.
El artículo 14 y los artículos 15 a 29 reciben la protección más intensa; los artículos 30 a 38 vinculan a los poderes públicos con el régimen del artículo 53.1, y los principios rectores actúan conforme al artículo 53.3. La suspensión es excepcional, temporal, tasada y sometida a controles. El Defensor del Pueblo completa el sistema supervisando la Administración, investigando quejas y formulando resoluciones no ejecutivas.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 18 preguntas oficiales de este tema
Las siguientes preguntas proceden de pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica y se presentan reunidas con sus opciones y respuesta correcta.
0 de 18 respondidas
1. La Constitución recoge el derecho a la propiedad privada y a la herencia como:
2. De acuerdo con el preámbulo, ¿quién aprueba y quién ratifica la Constitución?
3. La solidaridad territorial exige:
4. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo?
5. ¿Quién no fue uno de los siete ponentes de la Constitución?
6. El amparo contra actos de órganos ejecutivos autonómicos debe interponerse en:
7. ¿Quién declara la vacante del Defensor por muerte, renuncia o expiración del mandato?
8. España propugna como valores superiores:
9. El Defensor del Pueblo es designado por:
10. El estado de sitio será declarado:
11. En las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones:
12. El Defensor del Pueblo da cuenta de sus gestiones mediante un informe:
13. Los representantes en elecciones periódicas son elegidos por:
14. La Constitución se compone de:
15. ¿Qué título regula Economía y Hacienda?
16. La extradición se concede conforme a tratado o ley atendiendo al principio de:
17. El Defensor del Pueblo toma posesión ante:
18. Las quejas ante el Defensor del Pueblo pueden presentarse:
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