Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 20 de Policía Nacional

Delitos informáticos, derecho a la intimidad y prueba digital

11 apartados42 min de lectura

20.1

Los delitos informáticos como categoría transversal

El Código Penal no reúne todos los delitos informáticos en un título autónomo. Las conductas se distribuyen según el bien jurídico lesionado: intimidad, patrimonio, propiedad intelectual, libertad, indemnidad sexual, integridad de los datos o funcionamiento de los sistemas. La utilización de un dispositivo o de internet no cambia por sí sola la naturaleza de un delito.

Para ordenar la materia conviene diferenciar dos grandes grupos. Los delitos dependientes de la tecnología solo pueden cometerse contra datos, redes o sistemas: acceso ilícito, interceptación de transmisiones, daños informáticos o interrupción de un sistema. Los delitos facilitados por la tecnología ya existían fuera del entorno digital, pero encuentran en él un nuevo medio de ejecución: estafas, amenazas, acoso, revelación de secretos o difusión de contenidos ilícitos.

Esta distinción explica por qué expresiones frecuentes no equivalen a tipos penales. El phishing describe una técnica para obtener credenciales; según lo que haga el autor, puede relacionarse con falsedades, descubrimiento de secretos, acceso ilícito o estafa. El ransomware combina normalmente la indisponibilidad de datos o sistemas con una exigencia económica. El grooming se refiere al acercamiento a menores con finalidad sexual y posee su regulación propia. El sexting puede consistir en un intercambio voluntario de imágenes y no es delictivo por sí mismo; la responsabilidad aparece cuando la conducta posterior encaja en una prohibición penal.

Un mismo episodio puede recorrer varias figuras. Quien obtiene una contraseña mediante engaño, entra en el correo de la víctima, utiliza sus datos para ordenar una transferencia y borra los registros no realiza necesariamente un solo delito informático. El acceso afecta a la intimidad o seguridad del sistema; la transferencia puede constituir estafa y la eliminación grave de información, daños informáticos. La calificación exige separar cada conducta, su objeto y el resultado producido.

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El artículo 18 de la Constitución en el entorno digital

2.1. Intimidad personal y familiar

El artículo 18.1 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La intimidad protege un ámbito reservado de la vida que la persona puede mantener fuera del conocimiento ajeno. En el entorno digital comprende mensajes almacenados, fotografías privadas, historial de comunicaciones, información sanitaria, documentos personales y otros datos capaces de revelar hábitos, relaciones o decisiones vitales.

La protección no depende únicamente del lugar físico en el que se encuentre la información. Un archivo alojado en un servidor remoto puede contener aspectos tan íntimos como un documento guardado en una vivienda. Tampoco desaparece porque otra persona haya recibido legítimamente el contenido: conocer una imagen o conversación para una finalidad concreta no autoriza cualquier uso o difusión posterior.

2.2. Secreto de las comunicaciones

El artículo 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones, especialmente las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La enumeración no excluye las comunicaciones electrónicas. El derecho protege el proceso comunicativo frente a la interceptación por terceros mientras la comunicación se desarrolla.

Debe diferenciarse la comunicación en tránsito del mensaje ya recibido y almacenado. Interceptar una transmisión no pública afecta directamente al secreto de las comunicaciones. Acceder después al dispositivo o a la cuenta para leer los mensajes almacenados incide principalmente en la intimidad y exige la habilitación correspondiente. La tecnología utilizada puede ser la misma, pero el momento y la forma de acceso determinan el derecho afectado y la medida procesal necesaria.

2.3. Protección de datos personales

El artículo 18.4 CE ordena limitar mediante la ley el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad y el pleno ejercicio de los derechos. De esta previsión deriva el derecho a controlar el uso de la información personal.

La protección de datos no se limita a los secretos íntimos. Un dato aparentemente ordinario —nombre, dirección IP, matrícula, localización o identificador de un dispositivo— puede permitir identificar, perfilar o seguir a una persona. Por ello, la Ley Orgánica 3/2018 y, en el ámbito policial y penal, la Ley Orgánica 7/2021 exigen que el tratamiento responda a una finalidad legítima, utilice datos adecuados y necesarios, mantenga su exactitud y adopte medidas de seguridad y conservación proporcionadas.

Los tres derechos se relacionan, pero no son intercambiables. La intimidad protege la esfera reservada; el secreto de las comunicaciones, el proceso de comunicación frente a la interceptación, y la protección de datos, el poder de disposición y control sobre la información personal. Una investigación digital puede afectar simultáneamente a varios y deberá respetar las garantías de todos ellos.

2.4. El tratamiento policial de los datos personales

La Ley Orgánica 7/2021 regula el tratamiento de datos personales realizado por las autoridades competentes con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, ejecución de sanciones y protección frente a amenazas contra la seguridad pública. Su función no es autorizar por sí sola el acceso a un sistema o dispositivo, una interceptación o el registro de un teléfono. Esas injerencias necesitan la habilitación procesal que corresponda. La ley de protección de datos ordena qué puede hacerse con la información una vez obtenida legítimamente en el ejercicio de las competencias policiales y judiciales.

El artículo 6 exige que los datos se traten de manera lícita y leal, para fines determinados, explícitos y legítimos. Han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos; mantenerse exactos, conservarse solo durante el tiempo necesario y protegerse frente al acceso, la pérdida o la alteración no autorizados. Esta exigencia tiene una consecuencia práctica: que un dato pueda ser útil para la actividad policial no permite recoger información indiscriminada ni reutilizarla para una finalidad incompatible.

Los artículos 33 y 37 exigen, respectivamente, el registro de determinadas operaciones realizadas en sistemas automatizados y medidas técnicas y organizativas de seguridad. La consulta o comunicación de datos debe dejar, en los términos legales, información que permita conocer su justificación, fecha, hora, usuario y destinatario. Esta trazabilidad ayuda a controlar la licitud del tratamiento y a detectar accesos ajenos a la función encomendada.

Por tanto, deben distinguirse dos planos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina cuándo y con qué garantías puede restringirse un derecho fundamental para obtener información durante una investigación. La Ley Orgánica 7/2021 disciplina el tratamiento policial y penal de los datos obtenidos. La existencia de una base para tratarlos no sustituye la autorización judicial cuando la medida de investigación la requiere.

20.3

Descubrimiento y revelación de secretos

3.1. Apoderamiento, interceptación y artificios técnicos

El artículo 197.1 CP castiga a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otra persona y sin su consentimiento, se apodera de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico u otros documentos o efectos personales; intercepta sus telecomunicaciones, o utiliza artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación.

El tipo exige una finalidad de descubrimiento o vulneración de la intimidad. El autor no necesita publicar lo averiguado: la intromisión se consuma con la conducta de acceso o captación dirigida a conocer el ámbito reservado. La revelación posterior agrava la respuesta, pero no es necesaria para el tipo inicial.

El correo electrónico aparece expresamente mencionado. Acceder sin autorización a la cuenta de la pareja para leer sus mensajes puede integrar el delito aunque el autor no comunique a nadie lo descubierto. La relación sentimental no elimina el derecho individual a la intimidad ni genera una autorización general para entrar en dispositivos o cuentas personales.

La interceptación comprende la captación de una comunicación ajena durante su transmisión. Los artificios técnicos abarcan dispositivos físicos y programas capaces de escuchar, copiar, transmitir o grabar señales. Su empleo legítimo por el titular o con consentimiento debe diferenciarse de la captación encubierta por un tercero.

3.2. Datos personales reservados

El artículo 197.2 protege los datos reservados de carácter personal o familiar registrados en ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos y en archivos o registros públicos o privados. Castiga su apoderamiento, utilización o modificación no autorizados en perjuicio de tercero, así como el acceso, alteración o uso en perjuicio del titular o de otra persona.

El dato reservado no tiene que describir el aspecto más íntimo de la vida. Su carácter personal y la exclusión del acceso indiscriminado pueden resultar suficientes. La gravedad aumenta cuando se trata de información que revela ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o cuando la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

Debe separarse el acceso a los datos del acceso ilícito al sistema del artículo 197 bis. El artículo 197.2 se concentra en la información personal y en el perjuicio derivado de su acceso, modificación o utilización. El artículo 197 bis protege también la seguridad del sistema, aunque el intruso todavía no haya llegado a consultar los datos que contiene.

3.3. Revelación por el descubridor y por un tercero

El artículo 197.3 distingue dos situaciones. Quien descubrió o captó ilícitamente los datos, hechos o imágenes y después los difunde, revela o cede recibe una pena mayor que la prevista por la sola intromisión. También responde quien no participó en el descubrimiento, pero conoce el origen ilícito y decide difundir el contenido.

La diferencia reside en el origen de la posesión. El primer autor realiza la intromisión y la revelación. El segundo recibe una información obtenida ilícitamente por otra persona y contribuye conscientemente a ampliar la lesión de la intimidad. Para este último no basta desconocer prudentemente el origen: el Código exige conocimiento de la procedencia ilícita.

El reenvío digital puede multiplicar de forma inmediata el daño. Cada participante debe analizarse por su propia conducta y conocimiento, sin identificar automáticamente al primer captor con todos los receptores posteriores.

3.4. Agravaciones del artículo 197

La ley refuerza la protección cuando la posición del autor, la clase de datos, la víctima o la finalidad incrementan el desvalor:

CircunstanciaConsecuencia jurídica esencial
Autor encargado o responsable del fichero, soporte, archivo o registroPena agravada por abuso de la posición de control
Utilización no autorizada de datos personales de la víctimaAgravación por servirse de su identidad o información
Difusión de los datos en los supuestos agravadosAplicación de la mitad superior
Datos sobre ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexualMitad superior por especial sensibilidad
Víctima menor o persona con discapacidad necesitada de especial protecciónMitad superior por especial vulnerabilidad
Finalidad lucrativaMitad superior; respuesta superior si afecta a datos especialmente protegidos

El responsable de un fichero posee una capacidad de acceso derivada de su cargo. La agravación no se basa solo en que conozca técnicamente el sistema, sino en que utiliza contra la finalidad legítima la posición que debía asegurar la información.

3.5. Difusión de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento

El artículo 197.7 aborda un supuesto diferente del descubrimiento inicial: la imagen o grabación fue obtenida con anuencia de la persona afectada en un domicilio o en otro lugar fuera de la mirada de terceros. Lo que falta es la autorización para difundirla, revelarla o cederla, y la divulgación menoscaba gravemente la intimidad.

El consentimiento se refiere a actos concretos. Aceptar ser fotografiado, participar en una grabación o enviar una imagen a la pareja no significa autorizar su publicación ni su reenvío a amistades. La ruptura de la relación tampoco modifica la finalidad para la que se compartió el contenido.

El Código distingue al primer difusor de quien recibe posteriormente las imágenes y vuelve a distribuirlas. El primero se enfrenta a prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses; el receptor que las redifunde sin consentimiento, a multa de uno a tres meses. La respuesta se agrava cuando el autor es o fue cónyuge o pareja, la víctima es menor o persona especialmente protegida, o existe finalidad lucrativa.

El término social sexting debe manejarse con cuidado. Puede describir el intercambio voluntario de contenido íntimo y no constituye por sí solo un delito. El artículo 197.7 castiga la difusión inconsentida y gravemente lesiva, no la producción o envío voluntarios entre adultos.

3.6. Autoridades, secreto profesional, personas jurídicas y denuncia

El artículo 198 agrava la conducta de la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa por delito y prevaliéndose de su cargo, realiza alguna de las conductas del artículo 197. La pena correspondiente se impone en su mitad superior y se añade la inhabilitación absoluta. No basta con que el autor sea funcionario: debe aprovechar las facultades, medios o posibilidades de acceso vinculados al cargo. La condición policial no permite consultar información privada por motivos personales ni utilizar herramientas profesionales al margen de una investigación legítima.

El artículo 199 diferencia dos deberes de reserva. El primer apartado sanciona a quien revela secretos ajenos conocidos por razón de su oficio o de sus relaciones laborales. El segundo establece una respuesta más grave para el profesional que incumple su obligación de sigilo o reserva, porque su actividad se apoya en una confianza cualificada y en un deber específico de confidencialidad. En ambos casos, el conocimiento inicial puede ser legítimo: el delito aparece cuando se comunica indebidamente lo que se conoció por la posición ocupada. Por ello no deben confundirse estas conductas con el acceso clandestino del artículo 197 ni identificar automáticamente cualquier incumplimiento interno con un delito; la información revelada ha de tener carácter secreto y concurrir los restantes elementos del tipo.

El artículo 200 extiende la protección a los datos reservados de personas jurídicas cuando las conductas se realizan sin consentimiento de sus representantes. La intimidad personal corresponde a las personas físicas, pero la ley protege también la información reservada de sociedades y entidades.

El artículo 201 exige, como regla, denuncia de la persona agraviada o de su representante legal para proceder por los delitos de este capítulo. Cuando la víctima es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal. Esta intervención no significa que la denuncia deje de ser necesaria, sino que la ley amplía quién puede promover el procedimiento para proteger a la víctima.

La denuncia no se exige en los hechos del artículo 198 ni cuando la comisión del delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas. El perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal, sin perjuicio de las reglas generales que limitan la eficacia del perdón en determinados supuestos. Conviene separar, por tanto, tres cuestiones distintas: quién puede denunciar, cuándo se exceptúa este requisito y qué efecto puede producir después el perdón.

Esta condición de procedibilidad no se aplica a cualquier conducta que utilice tecnología. Un daño informático, una estafa o la interrupción de un sistema se rigen por sus propios preceptos. La expresión genérica «delitos informáticos» no debe ocultar esa diferencia.

Síntesis de la protección de la intimidad. El artículo 197 separa la intromisión, el acceso a datos, la revelación y la difusión de imágenes consentidamente obtenidas. Los artículos siguientes atienden a la condición del autor, el deber profesional, la titularidad de los datos y la forma de iniciar el procedimiento. Para calificar un supuesto deben reconstruirse el origen de la información, la autorización existente, el uso posterior y la relación del autor con los datos.

20.4

Acceso ilícito, interceptación de datos y herramientas

4.1. Acceso o permanencia en un sistema

El artículo 197 bis.1 castiga a quien, vulnerando las medidas de seguridad y sin autorización, accede o facilita a otra persona el acceso al conjunto o a una parte de un sistema de información. También sanciona a quien permanece en él contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo.

El delito no exige apropiarse de datos. Superar la contraseña o la barrera establecida y entrar en una parte del sistema puede consumarlo, aunque el intruso no abra ningún archivo. Se protege la seguridad e inviolabilidad del sistema frente a accesos no consentidos.

La vulneración de medidas de seguridad es un elemento expreso. No todo uso indebido de un equipo accesible encaja automáticamente en este artículo. Debe examinarse qué barrera protegía el sistema, cómo se superó, qué autorización tenía el usuario y si, después de retirarse el permiso, permaneció conscientemente en el entorno.

4.2. Interceptación de transmisiones de datos

El artículo 197 bis.2 castiga la interceptación, mediante artificios o instrumentos técnicos y sin autorización, de transmisiones no públicas de datos informáticos producidas desde, hacia o dentro de un sistema, incluidas sus emisiones electromagnéticas.

El objeto no son datos ya almacenados, sino información en tránsito. Capturar el tráfico entre un dispositivo y un servidor o entre componentes de una red puede afectar al secreto de las comunicaciones y a la confidencialidad del sistema. Si además se utilizan o difunden los datos, deberán examinarse los tipos correspondientes.

4.3. Programas, contraseñas y códigos

El artículo 197 ter castiga a quien, sin autorización y con intención de facilitar los delitos de los artículos 197.1, 197.2 o 197 bis, produce, adquiere para su uso, importa o facilita a terceros:

  • Programas concebidos o adaptados principalmente para cometer esos delitos.
  • Contraseñas, códigos de acceso o datos semejantes que permitan entrar en todo o parte de un sistema.

La finalidad específica es decisiva. Muchas herramientas de análisis de redes, administración remota o comprobación de seguridad poseen usos legítimos. Su mera existencia o posesión profesional no permite deducir el delito; debe acreditarse la intención de facilitar la conducta ilícita.

El artículo 197 quater agrava los hechos cuando se cometen en el seno de una organización o grupo criminal. El artículo 197 quinquies establece las penas aplicables a las personas jurídicas cuando concurren los requisitos generales de responsabilidad penal corporativa.

Síntesis del acceso y la interceptación. El acceso del artículo 197 bis.1 recae sobre un sistema protegido y puede consumarse sin llegar a consultar sus archivos; la interceptación del apartado segundo recae sobre datos que se están transmitiendo. El artículo 197 ter no convierte en ilícita cualquier herramienta de seguridad: exige que el programa, contraseña o código se produzca, adquiera o facilite con la intención específica de favorecer alguno de los delitos indicados. Para resolver un supuesto debe identificarse la barrera vulnerada, el estado de los datos —almacenados o en tránsito— y la finalidad con la que se poseía o facilitaba la herramienta.

20.5

Fraude y daños informáticos

5.1. La estafa informática como delito patrimonial

El artículo 249 CP comprende la transferencia no consentida de un activo patrimonial conseguida mediante manipulación informática o artificio semejante. El resultado es patrimonial: el sistema procesa una operación que desplaza dinero o valor sin autorización válida.

No necesita reproducir el engaño personal de la estafa tradicional. El autor puede manipular el proceso o utilizar fraudulentamente datos de instrumentos de pago. La obtención previa de credenciales puede constituir, además, descubrimiento de secretos o acceso ilícito, dependiendo del procedimiento seguido.

Una campaña de phishing ilustra esta secuencia. El mensaje engañoso pretende que la víctima facilite sus claves; la captura de esas claves afecta a datos personales y de acceso; su utilización para entrar en una cuenta puede ser una intrusión, y la orden de transferencia produce la estafa. La denominación técnica no sustituye el análisis de cada fase.

5.2. Daños sobre datos, programas y documentos

El artículo 264.1 castiga a quien, sin autorización y de manera grave, borra, daña, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos, programas o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido también es grave.

La acción y el resultado deben alcanzar gravedad. La modificación irrelevante o fácilmente reversible no se equipara sin más a la destrucción de una base de datos necesaria para una actividad. Deben considerarse la cantidad y valor de la información, el tiempo de recuperación, el coste, la función que cumplía y las consecuencias generadas.

El precepto se agrava cuando el hecho se comete en una organización criminal, causa daños especialmente graves, afecta a numerosos sistemas, perjudica gravemente servicios públicos esenciales o bienes de primera necesidad, alcanza una infraestructura crítica o utiliza herramientas del artículo 264 ter. La utilización ilícita de datos personales para facilitar el acceso o ganarse la confianza de un tercero determina la mitad superior.

5.3. Interrupción del funcionamiento del sistema

El artículo 264 bis no se centra en el contenido de los archivos, sino en la disponibilidad del sistema. Castiga la obstaculización o interrupción grave de un sistema informático ajeno mediante daños a datos, introducción o transmisión de información, o destrucción, inutilización, eliminación o sustitución del propio sistema o de sus componentes.

La distinción puede visualizarse con dos ejemplos. Borrar definitivamente documentos de una empresa afecta a los datos y conduce al artículo 264. Saturar un servidor para impedir que preste servicio o inutilizar el equipo central afecta al funcionamiento y conduce al artículo 264 bis. Un mismo ataque puede dañar información e interrumpir el sistema, por lo que habrá que identificar el núcleo y los resultados de la conducta.

Si se perjudica de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio o Administración, se aplica la mitad superior y puede alcanzarse la pena superior en grado. Cuando concurre alguna agravación del artículo 264.2, la respuesta aumenta. La interrupción de un servicio público esencial o de una infraestructura crítica presenta una especial gravedad por su repercusión colectiva.

5.4. Herramientas y responsabilidad de personas jurídicas

El artículo 264 ter anticipa la intervención penal a determinados programas, contraseñas y códigos cuando se producen, adquieren, importan o facilitan con intención de permitir daños o interferencias. Al igual que en el artículo 197 ter, el posible uso dual obliga a acreditar la finalidad delictiva y no solo las capacidades técnicas de la herramienta.

El artículo 264 quater regula la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos de los tres artículos anteriores. Además de la multa, pueden imponerse otras consecuencias conforme a las reglas generales, atendiendo a la gravedad y duración de la actividad.

Conducta principalFigura de referencia
Entrar en un sistema superando sus medidas de seguridadAcceso ilícito, art. 197 bis
Captar datos mientras se transmiten de forma no públicaInterceptación, art. 197 bis.2
Utilizar datos para provocar una transferencia patrimonialEstafa informática, art. 249
Borrar o hacer inaccesibles datos con resultado graveDaños informáticos, art. 264
Interrumpir gravemente el funcionamiento del sistemaSabotaje o interferencia, art. 264 bis
Proporcionar herramientas con finalidad específica de ataqueArts. 197 ter o 264 ter

La concurrencia de varias fases no obliga a reducir todo el episodio a una sola denominación. La obtención de credenciales, el acceso a una cuenta, la transferencia patrimonial y el borrado de registros pueden lesionar bienes jurídicos distintos. Según la autonomía de las acciones y la relación existente entre los tipos, podrán apreciarse varias infracciones conforme a las reglas del concurso. Lo decisivo es no contabilizar dos veces el mismo desvalor ni ocultar bajo la etiqueta técnica del ataque conductas posteriores con significado penal propio.

Síntesis del fraude y los daños. La estafa informática se reconoce por el desplazamiento patrimonial no consentido; los daños del artículo 264, por la lesión grave de datos, programas o documentos, y la interferencia del artículo 264 bis, por la obstaculización o interrupción grave del sistema. Un ataque puede producir más de un resultado, pero la calificación debe explicar qué conducta y qué lesión sustentan cada delito.

20.6

La prueba digital

6.1. Concepto y alcance

La prueba digital es la información con posible valor probatorio que se genera, almacena, procesa o transmite en formato digital. Puede proceder de un teléfono, ordenador, cámara, vehículo, servidor, red social, servicio de mensajería, plataforma en la nube, dispositivo de geolocalización o registro técnico.

No pertenece únicamente a los delitos informáticos. Los mensajes pueden acreditar amenazas; la localización, el desplazamiento de una persona; las fotografías, el estado de un lugar, y los registros de acceso, la utilización de una cuenta. La naturaleza del delito y la naturaleza del soporte son cuestiones independientes.

También debe diferenciarse el dispositivo de la información. Incautar un teléfono asegura un objeto físico, pero los datos relevantes pueden estar cifrados, sincronizados con servicios remotos o repartidos entre distintas aplicaciones. A la inversa, una cuenta alojada en la nube puede aportar prueba aunque no se haya localizado el terminal desde el que se utilizó.

6.2. Características que condicionan su tratamiento

La información digital presenta características que explican las garantías técnicas y procesales:

  • Volatilidad: determinados registros se sobrescriben, caducan o pueden eliminarse a distancia.
  • Replicabilidad: puede copiarse sin pérdida aparente de calidad.
  • Mutabilidad: una operación sencilla puede cambiar el contenido o los metadatos.
  • Dispersión: los datos pueden estar simultáneamente en el dispositivo, servidores y copias de seguridad.
  • Dependencia técnica: su lectura exige programas, formatos y conocimientos específicos.
  • Contenido masivo: un solo dispositivo puede conservar años de vida personal y datos de terceros.

La rapidez es importante porque registros de actividad, direcciones de conexión y datos de tráfico pueden desaparecer automáticamente. Pero actuar con rapidez no elimina la necesidad de autorización ni permite ampliar la investigación sin límites. La urgencia justifica utilizar las medidas legalmente previstas, no prescindir de ellas.

6.3. Una secuencia de actuaciones diferentes

La prueba digital se comprende mejor como un proceso:

  1. Localizar la posible fuente de información.
  2. Preservar los datos para evitar que desaparezcan.
  3. Incautar el dispositivo cuando exista habilitación y sea necesario.
  4. Obtener autorización para acceder al contenido protegido.
  5. Adquirir o copiar la información con métodos que mantengan su integridad.
  6. Analizar únicamente el ámbito permitido y seleccionar lo relevante.
  7. Documentar las operaciones, custodiar el material e incorporarlo al procedimiento.
  8. Permitir la contradicción, de modo que las partes puedan conocer y discutir su origen y fiabilidad.

Confundir estas fases produce errores. Una orden de conservación no permite leer los datos; la incautación no autoriza automáticamente su examen, y una copia técnicamente exacta no convierte en lícita una obtención realizada sin cobertura jurídica.

20.7

Garantías comunes de la investigación tecnológica

7.1. Autorización judicial y principios rectores

El artículo 588 bis a LECrim permite acordar medidas de investigación tecnológica durante la instrucción cuando exista autorización judicial sometida a cinco principios:

PrincipioFunción
EspecialidadVincula la medida a la investigación de un delito concreto y excluye búsquedas prospectivas
IdoneidadDetermina si la medida sirve para la finalidad y delimita su objeto, sujetos y duración
ExcepcionalidadImpide acudir ordinariamente a una injerencia intensa en derechos fundamentales
NecesidadExige que no exista una alternativa menos gravosa e igualmente útil o que la investigación resulte gravemente dificultada sin la medida
ProporcionalidadCompara el sacrificio de derechos con la gravedad, indicios, trascendencia y resultado perseguido

Los principios actúan conjuntamente. Que una medida sea útil no significa que resulte necesaria; que investigue un delito grave no permite extenderla a todos los dispositivos o comunicaciones del afectado. La resolución debe justificar por qué se adopta esa medida, con ese alcance y durante ese tiempo.

7.2. Solicitud, resolución y control

El juez puede acordar la medida de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. La solicitud debe describir los hechos, los indicios, la persona afectada si se conoce, los medios o dispositivos, el alcance, la forma de ejecución, la duración, la unidad investigadora y los sujetos obligados a colaborar.

La autorización adopta la forma de auto motivado, oído el Ministerio Fiscal. Debe precisar el delito, los indicios, las personas afectadas, la extensión de la injerencia, la unidad policial, la duración y la forma en la que se informará al juez. La Policía Judicial ejecuta la medida bajo control judicial y debe dar cuenta de sus resultados con la periodicidad fijada.

Las diligencias se tramitan en pieza separada y secreta mientras resulte necesario para evitar que el conocimiento de la medida frustre su finalidad. El secreto de esa pieza no equivale automáticamente al secreto de todo el procedimiento.

Los descubrimientos casuales de otros delitos pueden utilizarse, pero no autorizan a prolongar sin control la medida inicial. Deben documentarse, deducirse los testimonios necesarios y obtenerse una nueva resolución para mantener medidas tecnológicas en la investigación surgida del hallazgo.

7.3. Retirada y bloqueo provisional de contenidos

Cuando se investigan delitos cometidos a través de internet, del teléfono o de otra tecnología de la información o comunicación, el artículo 13 LECrim permite que el juzgado acuerde como primeras diligencias la retirada provisional de contenidos ilícitos, la interrupción de los servicios que los ofrecen o su bloqueo cuando se encuentran en el extranjero.

Estas medidas buscan impedir la continuidad del daño y preservar la eficacia de la investigación. Su carácter provisional no elimina la necesidad de motivación, delimitación y respeto a los derechos afectados.

Síntesis de las garantías comunes. Una medida tecnológica no queda justificada solo porque pueda aportar información útil. Debe dirigirse a un delito concreto, ser adecuada para la finalidad perseguida, resultar necesaria frente a alternativas menos gravosas y mantener una proporción razonable entre la utilidad esperada y la injerencia. El auto judicial delimita la investigación y el control posterior comprueba que la ejecución no ha desbordado lo autorizado.

20.8

Conservación, incautación y acceso a dispositivos

8.1. Orden de conservación de datos

El artículo 588 octies permite al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial requerir a una persona física o jurídica para que conserve y proteja datos o informaciones concretas almacenados y disponibles mientras se obtiene la autorización correspondiente para su cesión.

La orden funciona como una congelación temporal. Evita que la empresa, proveedor o titular borre o sobrescriba la información, pero no autoriza a entregarla ni permite a los investigadores acceder a su contenido por esa sola decisión.

Los datos se conservan durante un máximo de noventa días, prorrogable una sola vez hasta que se autorice su cesión o se alcancen ciento ochenta días. La persona requerida debe colaborar y guardar secreto.

La conservación se diferencia de una medida de investigación invasiva porque no incorpora todavía los datos al procedimiento. Asegura que sigan existiendo para que pueda solicitarse después el título jurídico que permita obtenerlos.

8.2. Incautar no significa acceder

El artículo 588 sexies a establece que, cuando durante un registro domiciliario sea previsible aprehender ordenadores, teléfonos o dispositivos de almacenamiento, la resolución judicial debe justificar también las razones que legitiman el acceso a su información. La simple incautación no autoriza a examinar el contenido.

La regla protege la especial intensidad de la información acumulada en los dispositivos. La autorización para entrar en un domicilio responde a un espacio físico; el acceso al teléfono permite reconstruir comunicaciones, desplazamientos, fotografías, relaciones y hábitos durante largos periodos. Cada injerencia necesita su propia justificación.

El artículo 588 sexies b aplica la misma exigencia a los dispositivos incautados fuera del domicilio. Los agentes comunican la aprehensión al juez y, si el acceso resulta indispensable, este concede la autorización correspondiente.

8.3. Alcance del registro y preservación de la integridad

La resolución debe fijar los términos y el alcance del registro. Puede autorizar copias de los datos y establecer las condiciones necesarias para asegurar su integridad. El análisis debe mantenerse dentro de la finalidad, personas, periodos, aplicaciones o clases de información delimitadas, sin convertir el dispositivo en una fuente indiscriminada sobre toda la vida del investigado.

Si existen razones para considerar que los datos buscados se encuentran en otro sistema lícitamente accesible desde el dispositivo inicial, la ampliación debe someterse a las reglas legales y al control judicial. La conexión técnica entre cuentas no elimina la necesidad de habilitación.

La ley permite requerir la colaboración de personas que conozcan el funcionamiento del sistema o sus medidas de protección. Esta obligación no se extiende al investigado o encausado, a las personas dispensadas por parentesco ni a quienes no pueden declarar por secreto profesional en los supuestos previstos legalmente.

Síntesis de las actuaciones sobre datos y dispositivos. Conservar evita que unos datos concretos desaparezcan; incautar asegura físicamente el soporte; acceder permite examinar su contenido, y analizar selecciona la información relevante dentro del ámbito autorizado. Son actuaciones relacionadas, pero cada una posee una finalidad y una cobertura propias. La proximidad técnica entre ellas no permite dar por autorizada una injerencia que la resolución no haya previsto.

20.9

Registro remoto de equipos informáticos

9.1. Concepto y delitos habilitantes

El registro remoto permite examinar a distancia y sin conocimiento del titular un ordenador, dispositivo, sistema, instrumento de almacenamiento o base de datos mediante datos de identificación, códigos o la instalación de software. Es una medida especialmente invasiva porque posibilita acceder de forma encubierta a información cambiante mientras el equipo permanece en uso.

El artículo 588 septies a la limita a la investigación de:

  1. Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
  2. Delitos de terrorismo.
  3. Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, conforme a la terminología que mantiene el precepto.
  4. Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional.
  5. Delitos cometidos mediante instrumentos informáticos, tecnologías de la información, telecomunicaciones o servicios de comunicación.

No basta con que un dispositivo pueda contener información útil. La investigación debe referirse a una de estas categorías y respetar, además, los principios generales de especialidad, necesidad y proporcionalidad.

9.2. Contenido, duración y colaboración

La resolución judicial debe identificar los equipos o datos afectados, el alcance del registro, la forma de acceso, el programa utilizado, los agentes autorizados y las medidas previstas para conservar la integridad de la información.

La duración máxima inicial es de un mes, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de tres meses. La corta duración responde a la intensidad y continuidad de la intromisión.

Los prestadores de servicios, titulares y responsables de los sistemas deben facilitar la colaboración necesaria y guardar secreto. También puede requerirse información técnica a quien conozca el funcionamiento o las medidas de seguridad, con las excepciones relativas al investigado, determinados parientes y el secreto profesional.

9.3. Registro remoto y registro de un dispositivo

Registro de dispositivo incautadoRegistro remoto
Recae sobre un soporte ya asegurado físicamenteActúa a distancia sobre un equipo o sistema que continúa operativo
Se regula principalmente en los arts. 588 sexiesSe regula en los arts. 588 septies
La incautación y el acceso son decisiones distintasEl acceso encubierto constituye el núcleo de la medida
No posee la lista cerrada de delitos del registro remotoSolo se permite para las categorías del art. 588 septies a
El alcance debe estar individualmente autorizadoRequiere además especificar software, forma de acceso y duración

Síntesis del registro remoto. Esta medida no es un registro ordinario practicado a distancia. Su carácter encubierto y continuado explica la lista legal de delitos habilitantes, la obligación de concretar equipos, alcance, técnica y agentes y su duración especialmente limitada. Ni la gravedad abstracta de los hechos ni la utilidad potencial del dispositivo permiten utilizarla fuera de los presupuestos del artículo 588 septies a.

20.10

Integridad, autenticidad y cadena de custodia

10.1. Preservación técnica de la evidencia

La adquisición forense pretende obtener una copia técnicamente fiel sin trabajar innecesariamente sobre el original. Cuando resulta posible, se documenta el estado del dispositivo, se impiden alteraciones, se realiza la copia mediante procedimientos adecuados y se conserva el soporte original.

Una función resumen o hash aplica un algoritmo al contenido y produce un valor asociado. Si la información cambia, lo normal es que cambie también el resultado. Comparar el valor calculado al adquirir la copia con el obtenido posteriormente ayuda a demostrar que no se ha alterado. El hash no explica quién creó el archivo ni demuestra que su contenido sea verdadero; acredita la estabilidad del conjunto de datos sometido al cálculo.

Los metadatos pueden aportar fechas, programas utilizados, ubicación, identificadores y otra información contextual. También pueden cambiar por operaciones ordinarias, de modo que deben recogerse e interpretarse con conocimiento técnico y en relación con el resto de la prueba.

La legislación no impone un único programa, algoritmo o protocolo forense para todos los dispositivos y todas las investigaciones. La copia forense, el cálculo de valores hash, el bloqueo de escritura y la documentación de metadatos son técnicas habituales para reducir alteraciones y hacer verificable el análisis. Su utilización debe adecuarse al soporte, al estado de la información y a la diligencia autorizada. Lo jurídicamente esencial es poder explicar qué se obtuvo, cómo se preservó, qué operaciones se realizaron y si las partes disponen de una posibilidad efectiva de comprobar y discutir el procedimiento.

10.2. Cadena de custodia

La cadena de custodia documenta la continuidad entre la fuente recogida y la evidencia presentada. Debe permitir conocer:

  • Qué dispositivo o soporte se intervino.
  • Dónde, cuándo y por quién se recogió.
  • Cómo se identificó, embaló y trasladó.
  • Quién tuvo acceso y con qué finalidad.
  • Qué copia o extracción se realizó.
  • Qué herramientas y operaciones se emplearon.
  • Dónde se conservaron el original y las copias.

Su finalidad es excluir sustituciones, contaminaciones o alteraciones inadvertidas y permitir que el análisis sea comprobable. Una omisión formal no produce siempre la nulidad automática de la prueba. Será necesario valorar si genera una duda razonable sobre la identidad o integridad del material o si encubre una vulneración de garantías esenciales.

La posibilidad de contradicción completa esta documentación. La defensa debe poder conocer qué fuente se examinó, con qué alcance y mediante qué operaciones, solicitar aclaraciones o una pericial y discutir las conclusiones obtenidas. Esto no obliga siempre a entregar cualquier herramienta interna o información ajena al objeto del proceso, pero sí a proporcionar los elementos necesarios para someter la fiabilidad de la evidencia a un debate efectivo.

10.3. Cuatro cuestiones que no deben confundirse

CuestiónPregunta que resuelve
Licitud¿La información se obtuvo respetando derechos fundamentales y autorizaciones?
Autenticidad¿El mensaje, archivo o cuenta procede realmente de quien se afirma?
Integridad¿El contenido se mantiene sin alteraciones relevantes desde su obtención?
Valor probatorio¿Qué demuestra, en conexión con el resto de las pruebas?

Una captura de pantalla puede ser lícitamente aportada por quien recibió la conversación, pero su autoría puede discutirse. Un archivo puede mantenerse íntegro y, sin embargo, contener información falsa desde su origen. Una evidencia auténtica puede tener escaso valor si admite varias interpretaciones. El tribunal debe resolver cada plano por separado.

La prueba digital tampoco se valora aisladamente por su apariencia tecnológica. Mensajes, registros y archivos pueden necesitar corroboración mediante declaraciones, datos del proveedor, periciales, dispositivos asociados o circunstancias externas. La posibilidad de manipulación no obliga a rechazar de antemano todo documento digital, pero sí exige una comprobación proporcionada a la controversia planteada.

Síntesis de la prueba digital. La autorización válida responde a la licitud de la obtención; la documentación técnica y la cadena de custodia permiten seguir la identidad e integridad del material; la autenticación trata de atribuirlo a su verdadero origen, y la valoración determina qué demuestra. Ningún mecanismo técnico resuelve por sí solo todos estos planos: un hash no acredita la autoría y una cadena de custodia correcta no sana una obtención contraria a un derecho fundamental.

20.11

Lectura conjunta del tema

La resolución de un supuesto puede seguir esta secuencia:

  1. Identificar qué hizo el autor: acceder, interceptar, utilizar, difundir, transferir, borrar o interrumpir.
  2. Determinar el objeto: comunicación, dato personal, imagen, sistema o patrimonio.
  3. Comprobar la autorización existente y su alcance.
  4. Diferenciar el acceso a información del acceso al sistema.
  5. Examinar el uso o difusión posterior y las posibles agravaciones.
  6. Si se trata de prueba, identificar cómo se localizó, conservó, incautó y obtuvo.
  7. Verificar la autorización judicial y los principios aplicables.
  8. Comprobar autenticidad, integridad, cadena de custodia y posibilidad de contradicción.
Figuras o actuaciones próximasDiferencia decisiva
Leer correos / entrar en un sistemaIntimidad del contenido o seguridad del sistema
Acceso / interceptaciónInformación almacenada o transmisión en curso
Descubrimiento / revelaciónConocer el secreto o comunicarlo a terceros
Imagen consentida / difusión ilícitaConsentimiento para obtenerla o autorización para divulgarla
Estafa informática / daño informáticoTransferencia patrimonial o lesión de datos y sistemas
Daño a datos / interferencia del sistemaIntegridad de la información o disponibilidad del servicio
Conservación / cesiónEvitar la desaparición o entregar los datos a la investigación
Incautación / accesoAsegurar el soporte o examinar su contenido
Registro del dispositivo / registro remotoSoporte físicamente asegurado o acceso telemático encubierto
Integridad / autenticidadAusencia de cambios o atribución al verdadero origen

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 9 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales. Algunas utilizan expresiones generales o términos sociales que deben interpretarse conforme a los artículos concretos del Código Penal. Se mantienen todas las opciones y se explica el alcance jurídico de la respuesta para evitar que la formulación resumida del examen se convierta en una regla incorrecta.

0 de 9 respondidas

  1. Promoción 38, modelo A, pregunta 56.artículo 201 del Código Penal. La respuesta se refiere a los delitos contra la intimidad comprendidos en el capítulo de descubrimiento y revelación de secretos, para los que se exige como regla denuncia del agraviado o de su representante. No es una regla aplicable a todo delito cometido mediante tecnología y existen las excepciones previstas en el propio artículo 201.

    1. Para proceder penalmente por los delitos informáticos:

  2. Promoción 38, modelo A, pregunta 57.artículo 197.7 del Código Penal. La denominación empleada por la pregunta debe matizarse: el sexting puede consistir en un intercambio consentido y no es delictivo por sí mismo. El Código castiga la difusión no autorizada de las imágenes íntimas consentidamente obtenidas cuando menoscaba gravemente la intimidad.

    2. La difusión no consentida de imágenes o grabaciones de carácter sexual obtenidas con consentimiento de la persona afectada y en su ámbito de privacidad, cuando la divulgación menoscaba gravemente su intimidad, es la definición de:

  3. Promoción 38, modelo A, pregunta 58.artículo 197 bis.1 del Código Penal. El acceso no autorizado al conjunto o parte del sistema, vulnerando las medidas de seguridad, constituye la conducta típica. No se exige consultar ni divulgar la información almacenada.

    3. Cuando un individuo accede al conjunto o a una parte de un sistema de información, vulnerando las medidas de seguridad y sin estar debidamente autorizado, ¿comete alguno de los delitos informáticos tipificados en el Código Penal?

  4. Promoción 39, modelo A, pregunta 1.artículo 197.7 del Código Penal. El consentimiento para recibir o conservar las imágenes no comprende su comunicación a terceros. La difusión sin autorización puede integrar el delito cuando produce el grave menoscabo de la intimidad exigido por la ley; la relación afectiva determina, además, la aplicación de la mitad superior.

    4. Juan y Juana, ambos mayores de edad, rompen su relación. Juan había enviado anteriormente a Juana, mediante una aplicación de mensajería, fotografías y vídeos de contenido sexual. Tras la ruptura, Juana envía los vídeos a sus amistades y personas conocidas. ¿Qué delito comete según el Código Penal?

  5. Promoción 40, modelo A, pregunta 49.artículos 264.2.3.ª y 264 bis del Código Penal. La respuesta oficial identifica correctamente una modalidad agravada de daños informáticos, pero la subsunción debe atender al resultado probado. Si la conducta borra, deteriora o inutiliza gravemente datos o programas, la referencia es el artículo 264; si obstaculiza o interrumpe gravemente el funcionamiento del sistema, debe examinarse el artículo 264 bis. En el supuesto planteado, la suspensión del servicio de metro muestra una afectación que rebasa el daño informático básico y alcanza a un servicio público esencial.

    5. «A», mediante un dispositivo USB destructivo, inutiliza el ordenador de «B» para dejar inoperativos sus programas informáticos y provoca la suspensión del servicio de metro en hora punta. «A» responderá de:

  6. Promoción 41, modelo B, pregunta 69.artículos 197.2 y 197.4.a del Código Penal. Las opciones B y C describen conductas del tipo básico sobre datos personales. La condición de encargado o responsable del fichero constituye la agravación por abuso de la posición de acceso y custodia.

    6. Señale cuál de las siguientes alternativas constituye una agravación del delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por quien, sin consentimiento, descubre los secretos o vulnera la intimidad de otra persona:

  7. Promoción 41, modelo B, pregunta 77.artículo 588 septies a.1.c LECrim. El precepto incluye expresamente los delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. Las otras categorías no aparecen formuladas con carácter general, sin perjuicio de que un delito concreto pueda quedar comprendido por otra letra si se comete mediante instrumentos informáticos o integra alguna de las restantes categorías legales.

    7. El artículo 588 septies a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el juez autorice el examen remoto y telemático, sin conocimiento del titular, del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático, instrumento de almacenamiento masivo o base de datos para investigar:

  8. Promoción 42, modelo A, pregunta 4.artículos 197.1 y, si se prevale de su cargo, 198 del Código Penal. El acceso al correo se dirige a descubrir información privada sin consentimiento. Aunque la denominación del capítulo incluya la revelación, no es necesario que el autor difunda los mensajes para que exista el descubrimiento de secretos. Si la condición policial no se utilizó para acceder, el artículo 198 no se aplica automáticamente por la mera profesión del autor.

    8. Un policía nacional sospecha que su pareja mantiene una relación con otra persona. Para comprobarlo, accede sin autorización al correo electrónico personal de su pareja y lee los mensajes. Señale la respuesta correcta:

  9. Promoción 42, modelo A, pregunta 34.artículo 197.7 del Código Penal. La grabación consentida y la difusión son actos distintos. La autorización para participar en la grabación no permite divulgarla y la relación afectiva determina la imposición de la pena en su mitad superior.

    9. Una pareja rompe su relación sentimental. Días después, por venganza y sin consentimiento del hombre, la mujer difunde mediante el teléfono unas imágenes íntimas que ambos se habían grabado anteriormente:

Has terminado la explicación

¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.

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