Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 25 de Policía Nacional

Marco normativo de la prevención de riesgos laborales y su aplicación a la Policía Nacional

9 apartados57 min de lectura

25.1

El marco normativo de la prevención

1.1. Fundamento constitucional y europeo

El artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Esta previsión se sitúa entre los principios rectores de la política social y económica y obliga a desarrollar una política pública capaz de prevenir los daños derivados de la actividad laboral.

El marco español se integra además en la política de la Unión Europea. La Directiva 89/391/CEE estableció principios comunes para promover la mejora de la seguridad y la salud: prevención, evaluación, información, consulta, participación y formación. Su enfoque supera la reacción frente al accidente y exige organizar la actividad preventiva de forma sistemática.

La Directiva contempla una particularidad relevante para la función policial. Se aplica a los sectores públicos y privados, pero permite exceptuar actividades específicas de determinadas funciones públicas cuando sus particularidades se opongan de manera concluyente a la aplicación ordinaria. Incluso entonces debe procurarse la seguridad y la salud en la mayor medida posible, atendiendo a los objetivos de la propia Directiva.

Esta idea explica el sistema español. La actividad policial no carece de protección preventiva; algunas de sus funciones necesitan una regulación adaptada a la urgencia, el riesgo y las exigencias operativas. El resultado no es una exclusión absoluta, sino una combinación entre régimen general y normativa específica.

1.2. Cuatro niveles relacionados

La Ley 31/1995 constituye el pilar general. Reconoce derechos, impone obligaciones, establece principios e identifica los cauces de organización y participación. El Real Decreto 39/1997 desarrolla cómo se integra la prevención, cómo se evalúan y planifican los riesgos y qué modalidades organizativas pueden utilizarse.

El Real Decreto 67/2010 adapta ese marco a las peculiaridades de la Administración General del Estado: organización territorial, coexistencia de personal funcionario y laboral, órganos de representación, servicios propios e instrumentos de control. Finalmente, el Real Decreto 2/2006 establece el régimen de la actividad de los funcionarios de la Policía Nacional.

La relación no es de sustitución completa. El reglamento desarrolla la ley; la norma de la AGE adapta el régimen general; y la norma policial regula las peculiaridades de la función. Para resolver un supuesto debe identificarse primero la actividad y su ámbito y, después, la norma especial aplicable.

PreguntaNorma que aporta la respuesta principal
¿Cuál es el derecho básico y qué obligaciones existen?Ley 31/1995
¿Cómo se evalúa, planifica y organiza la prevención?RD 39/1997
¿Cómo se adapta esa organización a la AGE?RD 67/2010
¿Qué particularidades rigen la función policial?RD 2/2006

1.3. Estructura de las normas principales

Conocer la estructura de cada disposición facilita localizar la regla aplicable y evita mezclar instituciones pertenecientes a normas diferentes. La Ley 31/1995 avanza desde los conceptos y la política pública hasta los derechos, la organización preventiva, la participación y las responsabilidades:

Parte de la Ley 31/1995Contenido
Capítulo IObjeto, ámbito y definiciones
Capítulo IIPolítica preventiva y órganos públicos
Capítulo IIIDerechos y obligaciones
Capítulo IVServicios de prevención
Capítulo VConsulta y participación
Capítulo VIFabricantes, importadores y suministradores
Capítulo VIIResponsabilidades y sanciones

El Real Decreto 39/1997 sigue la secuencia de la gestión preventiva. Sus primeros capítulos regulan integración, evaluación y planificación; después desarrolla las modalidades de organización, la acreditación de servicios ajenos, las auditorías y los niveles de cualificación. Los anexos contienen actividades especialmente peligrosas, criterios de evaluación y programas formativos.

El Real Decreto 67/2010 posee una estructura más breve porque no sustituye el régimen general. Sus once artículos adaptan la integración, la participación, los servicios, la cualificación, la coordinación y el control a la AGE. Finalmente, el Real Decreto 2/2006 reúne diecinueve artículos en cinco capítulos: objeto y ámbito; prevención y vigilancia; participación; Servicio de Prevención; e instrumentos de control.

La diferencia de extensión responde a la función de cada norma. No debe buscarse en el Real Decreto 2/2006 una regulación completa de toda la prevención ni aplicar el Reglamento general ignorando la adaptación policial. La lectura correcta combina las disposiciones conforme a su ámbito y especialidad.

25.2

La Ley 31/1995: objeto, ámbito e instituciones

2.1. Objeto y carácter

La Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. Establece principios generales sobre prevención, eliminación o disminución de riesgos, información, consulta, participación y formación.

Sus disposiciones de carácter laboral tienen la condición de derecho necesario mínimo indisponible. Esto significa que fijan un nivel de protección que no puede rebajarse mediante acuerdo individual o colectivo, aunque sí mejorarse y desarrollarse mediante negociación colectiva.

La Ley no concibe la prevención como una obligación separada de la dirección. Debe integrarse en el sistema general de gestión y alcanzar a todas las actividades y niveles jerárquicos. Quien toma decisiones sobre medios, personal, procedimientos o tiempos influye también en la seguridad y la salud.

2.2. Ámbito general y particularidad policial

La norma se aplica a las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores y al personal de las Administraciones públicas con relación administrativa o estatutaria. También contempla las cooperativas con socios cuya actividad consista en trabajo personal y determinadas obligaciones que afectan a trabajadores autónomos, fabricantes, importadores y suministradores.

El artículo 3.2 dispone que la Ley no será aplicable a aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de determinadas funciones públicas: policía, seguridad y resguardo aduanero; determinados servicios operativos de protección civil y peritaje forense en situaciones excepcionales; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. La propia Ley añade que inspirará la normativa específica de protección.

La excepción se refiere a las actividades cuyas particularidades impiden la aplicación ordinaria. Cuando un funcionario policial realiza funciones que no presentan características exclusivas de policía, seguridad o servicios operativos de protección civil, se aplica la normativa general, con las peculiaridades de la AGE y del Real Decreto 2/2006.

Esta doble vía debe mantenerse durante todo el tema. La naturaleza del cuerpo no decide por sí sola qué régimen opera; importa la naturaleza de la actividad desarrollada.

2.3. Administraciones competentes

La política preventiva requiere promoción, asistencia técnica, vigilancia y coordinación. Las Administraciones laborales promueven la prevención, asesoran, controlan el cumplimiento y ejercen las competencias sancionadoras que correspondan. Las autoridades sanitarias establecen protocolos, controlan las actuaciones sanitarias, desarrollan sistemas de información y realizan estudios epidemiológicos.

La coordinación entre las autoridades laborales, sanitarias e industriales evita que cada una actúe sobre una parte aislada del problema. La prevención puede exigir simultáneamente una norma técnica sobre equipos, vigilancia sanitaria y control del cumplimiento.

2.4. Instituto, Inspección y Comisión Nacional

El artículo 8 de la Ley atribuye al organismo científico-técnico especializado de la AGE el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud y la promoción y apoyo a su mejora. El precepto conserva la denominación histórica Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pero la denominación vigente es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo —INSST—. Las referencias normativas anteriores se entienden efectuadas al organismo actual.

El INSST asesora técnicamente, desarrolla formación, información, investigación y divulgación, colabora con la Inspección y actúa como centro nacional de referencia ante las instituciones europeas. No es el órgano encargado de imponer sanciones ni debe confundirse con la Comisión Nacional.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila y controla el cumplimiento de la normativa. Puede asesorar, informar, comprobar obligaciones, proponer sanciones y ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando aprecie un riesgo grave e inminente, dentro del ámbito de sus competencias.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano colegiado asesor de las Administraciones y de participación institucional. En ella se integran las comunidades autónomas, la AGE y, paritariamente con las Administraciones, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Conoce actuaciones, informa y formula propuestas sobre la política preventiva.

InstituciónNaturalezaFunción principal
INSSTCientífico-técnicaEstudio, asesoramiento, formación, investigación y apoyo
Inspección de TrabajoVigilancia y controlComprobar el cumplimiento y actuar ante infracciones o riesgos graves
Comisión NacionalAsesora y participativaConocer, informar y proponer sobre políticas preventivas
Autoridades sanitariasSanitariaProtocolos, vigilancia epidemiológica y control sanitario

25.3

El derecho a una protección eficaz

3.1. Derecho y deber correlativo

El artículo 14 reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud. Frente a ese derecho existe un deber de protección de la empresa o Administración. El derecho comprende información, consulta, participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud en los términos legales.

La protección debe atender a todos los aspectos relacionados con el trabajo. No basta con reaccionar ante una deficiencia conocida: la organización debe realizar un seguimiento permanente, perfeccionar los niveles existentes y adaptar las medidas a los cambios.

La intervención de trabajadores designados, servicios de prevención o entidades especializadas complementa la acción de quien debe proteger, pero no lo exonera. Tampoco puede trasladarse el coste de las medidas preventivas a los trabajadores.

3.2. Plan, evaluación y planificación

La prevención se integra mediante un plan de prevención que define la organización, las responsabilidades, los procedimientos y los recursos. Este plan no es una recopilación genérica de intenciones: debe mostrar cómo se incorpora la seguridad y la salud a la gestión ordinaria.

La evaluación de riesgos identifica y valora los riesgos que no se hayan podido evitar. Atiende a la actividad, los puestos, las personas que los ocupan, los equipos, los agentes y las condiciones existentes. Debe actualizarse cuando cambien las circunstancias y revisarse cuando se produzcan daños o existan indicios de que las medidas son insuficientes.

La planificación preventiva transforma los resultados de la evaluación en actuaciones. Debe determinar prioridades, responsables, recursos y plazos y prever el seguimiento de su ejecución. Evaluar sin adoptar medidas deja incumplida la finalidad preventiva; planificar sin comprobar el resultado impide saber si el riesgo ha quedado realmente controlado.

3.3. Equipos de trabajo y protección individual

Los equipos deben ser adecuados para la actividad y adaptarse a quienes los utilizan. Cuando presenten riesgos específicos, su manejo puede reservarse a las personas encargadas y las reparaciones o transformaciones deben realizarse por personal capacitado.

Si los riesgos no pueden evitarse o limitarse suficientemente mediante protección colectiva o medidas de organización, deben proporcionarse equipos de protección individual adecuados. La entrega del equipo no agota la obligación: debe seleccionarse para el riesgo, mantenerse, reponerse y utilizarse correctamente.

3.4. Información, consulta, participación y formación

La información permite conocer los riesgos generales y específicos, las medidas adoptadas y la respuesta ante emergencias. Puede facilitarse directamente y también a través de los representantes, sin que la vía colectiva elimine la información que cada persona necesita para su puesto.

La consulta obliga a recabar la opinión de los trabajadores o sus representantes antes de decisiones con efectos preventivos, como la organización de la actividad, la designación de responsables, los procedimientos de información o el proyecto de formación.

La participación permite intervenir mediante los órganos de representación y los cauces especializados. No consiste solo en recibir información: comprende formular propuestas, vigilar el sistema y contribuir a su mejora.

La formación debe ser teórica y práctica, suficiente, adecuada al puesto y adaptada a la evolución de los riesgos. Se facilita al incorporarse y cuando cambian funciones, tecnologías o equipos. Debe impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada; si se desarrolla fuera, el tiempo se descuenta de esta. Su coste nunca recae en el trabajador.

3.5. Emergencias y riesgo grave e inminente

La organización debe analizar las emergencias posibles y adoptar medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación. Debe designar personal suficiente, formarlo, facilitarle medios y comprobar periódicamente el funcionamiento de las medidas.

Ante un riesgo grave e inminente, los trabajadores deben recibir información inmediata y conocer las medidas adoptadas. En el régimen general pueden interrumpir su actividad y abandonar el lugar cuando consideren que existe un riesgo grave e inminente para su vida o salud. No puede exigirse que reanuden el trabajo mientras persista el peligro, salvo una excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.

La representación puede acordar la paralización cuando la organización no adopta las medidas necesarias y no resulta posible reunir con urgencia al órgano de representación. La decisión debe comunicarse de inmediato y queda sometida al procedimiento legal. El ejercicio de estos derechos no puede ocasionar perjuicio, salvo que se haya actuado de mala fe o con negligencia grave.

Esta regla general no se traslada de manera automática a todas las intervenciones policiales. Las actividades cuyas particularidades impiden aplicar ordinariamente la Ley 31/1995 se someten al Real Decreto 2/2006. En ellas, la existencia de peligro puede formar parte de la propia misión y el funcionario puede verse obligado a intervenir en situaciones de grave riesgo, catástrofe o emergencia social. Por eso debe distinguirse entre el riesgo inherente y legítimamente asumible, que no siempre permite abandonar la actuación, y la exposición evitable o carente de protección suficiente, que la Administración está obligada a prevenir.

La especialidad policial no equivale, por tanto, a una renuncia a la seguridad. Antes y durante la intervención deben existir planificación, instrucciones, formación, medios adecuados, coordinación y capacidad de adaptación a las circunstancias. El riesgo propio del servicio delimita cómo se aplica la prevención; no autoriza a tratar como inevitable lo que podría eliminarse o reducirse razonablemente.

3.6. Vigilancia de la salud

La vigilancia de la salud debe ser periódica y estar vinculada a los riesgos inherentes al trabajo. La regla general es el consentimiento del trabajador. Puede prescindirse de él, previo informe de los representantes, cuando el reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo, comprobar si el estado de salud puede constituir un peligro para la propia persona o para terceros o cuando una disposición legal lo establezca respecto de riesgos específicos o actividades especialmente peligrosas.

Las pruebas deben ser proporcionales al riesgo y causar las menores molestias posibles. Se realizan respetando la intimidad y dignidad y garantizando la confidencialidad. Los resultados médicos se comunican a la persona examinada y no pueden utilizarse con fines discriminatorios ni en su perjuicio.

Quienes tienen responsabilidades preventivas reciben únicamente las conclusiones necesarias sobre la aptitud para el puesto o la necesidad de introducir o mejorar medidas. No reciben el diagnóstico ni la historia clínica. La distinción permite adoptar decisiones preventivas sin vulnerar la confidencialidad médica.

3.7. Protección de situaciones específicas

La Ley exige considerar a las personas especialmente sensibles por sus características personales, estado biológico conocido o discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida. Esta protección no comienza cuando se produce un daño: la evaluación debe identificar de antemano si las exigencias del puesto o la exposición a determinados agentes requieren adaptar las condiciones, limitar tareas o buscar otra ocupación compatible. Tampoco pueden ser destinadas a puestos en los que, por sus características, puedan ponerse en peligro ellas mismas, otros trabajadores o terceros.

La protección de la maternidad sigue una secuencia ordenada. Primero se evalúan la naturaleza, el grado y la duración de la exposición. Si existe riesgo para el embarazo o la lactancia natural, se adaptan las condiciones o el tiempo de trabajo, incluida, cuando resulte necesario, la exclusión del trabajo nocturno o a turnos. Si la adaptación no elimina el peligro, se cambia a la trabajadora a un puesto o función compatible. Solo cuando tampoco resulte técnica u objetivamente posible ese cambio, o no pueda exigirse razonablemente por motivos justificados, se acude a la situación legal de suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia. La sucesión importa porque cada medida responde a la insuficiencia de la anterior.

Los menores necesitan una evaluación previa específica por su falta de experiencia, inmadurez para valorar ciertos riesgos y desarrollo todavía incompleto. La evaluación debe efectuarse antes de que se incorporen y antes de cualquier modificación importante de sus condiciones, y tanto el menor como sus progenitores o tutores han de ser informados de los posibles riesgos y de las medidas adoptadas.

La duración del vínculo tampoco puede justificar una protección menor. Los trabajadores temporales y los puestos a disposición por empresas de trabajo temporal deben disfrutar del mismo nivel de seguridad que el resto. Antes de empezar necesitan conocer los riesgos del puesto, las cualificaciones o aptitudes requeridas, los controles médicos especiales y las medidas preventivas. La empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo, mientras que la empresa de trabajo temporal asume las obligaciones que legalmente le corresponden en materia de formación y vigilancia de la salud. La coordinación entre ambas evita que la división contractual deje al trabajador sin una protección efectiva.

3.8. Coordinación, documentación y presencia de recursos

Cuando concurren trabajadores de varias empresas o Administraciones en un mismo centro, los riesgos de una actividad pueden afectar a quienes pertenecen a otra organización. El artículo 24 exige cooperación, información e instrucciones y atribuye obligaciones específicas a quien es titular del centro o contrata su propia actividad. La coordinación no modifica la responsabilidad de cada empleador respecto de su personal, pero impide que los límites organizativos dejen riesgos sin controlar.

La prevención debe documentarse. La documentación incluye el plan, la evaluación, la planificación, los controles de salud en los términos legalmente permitidos y la relación de accidentes y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un día. Documentar no equivale a prevenir, pero permite acreditar qué se ha analizado, comprobar la ejecución y revisar el sistema cuando se producen cambios o daños.

En determinadas actividades o situaciones resulta necesaria la presencia de recursos preventivos. Puede exigirse cuando los riesgos se agravan por la concurrencia de operaciones, cuando se realizan actividades peligrosas o con riesgos especiales o cuando lo requiere la Inspección. Su misión es vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas y comprobar su adecuación, no sustituir la responsabilidad de dirección ni la función de todos los trabajadores.

3.9. Responsabilidades y corrección del incumplimiento

El incumplimiento preventivo puede generar responsabilidades administrativas, laborales, civiles, penales o de Seguridad Social, compatibles en los términos legales. El tema no exige desarrollar todo el régimen sancionador, pero sí comprender que una misma deficiencia puede producir consecuencias distintas según el bien protegido, el sujeto responsable y el resultado causado.

En las Administraciones públicas, el control no se traslada sin más al sistema sancionador propio de una empresa privada. Existen procedimientos específicos para requerir medidas correctoras. La finalidad inmediata es poner fin al incumplimiento y restablecer una protección eficaz, sin perjuicio de las responsabilidades personales que procedan.

25.4

Obligaciones de los trabajadores y participación

4.1. Deber de cooperación

El artículo 29 obliga a cada trabajador, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas adoptadas, a velar por su propia seguridad y por la de las personas a las que pueda afectar su actividad. El alcance depende de la formación recibida y de las instrucciones existentes.

En particular, debe utilizar adecuadamente máquinas, herramientas, sustancias, equipos de transporte y demás medios; emplear correctamente los equipos de protección; no inutilizar dispositivos de seguridad; informar inmediatamente de situaciones razonablemente peligrosas; contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad y cooperar para mantener condiciones seguras.

El deber individual no convierte al trabajador en responsable de diseñar el sistema. Solo puede exigirse un comportamiento seguro cuando existen medios adecuados, información, formación e instrucciones. La cooperación complementa el deber de protección, no lo sustituye.

4.2. Organización preventiva general

La actividad puede organizarse mediante la asunción personal en los supuestos permitidos, la designación de trabajadores, la constitución de un servicio propio o el concierto con un servicio ajeno. También pueden establecerse servicios mancomunados. La modalidad debe ser adecuada al tamaño, la actividad, la distribución y los riesgos.

Un servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para desarrollar las actividades preventivas y asesorar y asistir a la organización, los trabajadores y sus representantes. Sus funciones abarcan plan, evaluación, planificación, información, formación, emergencias y vigilancia de la salud.

Los servicios tienen carácter interdisciplinario. Los riesgos técnicos, ambientales, ergonómicos, psicosociales y sanitarios se relacionan, por lo que el servicio debe coordinar las especialidades necesarias.

4.3. Consulta y representación

Los Delegados de Prevención son representantes especializados en prevención. En el régimen general son designados por y entre los representantes del personal conforme a la escala legal, sin perjuicio de sistemas específicos admitidos para las Administraciones públicas y de la regulación policial.

Sus competencias incluyen colaborar en la mejora, promover la cooperación, ser consultados y vigilar el cumplimiento. Pueden acompañar a técnicos e inspectores, acceder a información, conocer daños, visitar lugares de trabajo y proponer medidas.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de consulta regular. Se constituye en empresas o centros con cincuenta o más trabajadores, se integra por Delegados de Prevención y representantes de la organización en número igual y se reúne trimestralmente y cuando lo solicita alguna representación.

Delegado y Comité no son dos nombres para la misma figura. El primero representa de forma especializada; el segundo crea un espacio paritario de consulta, debate y seguimiento.

25.5

El Reglamento de los Servicios de Prevención

5.1. Integración y contenido del plan

El Real Decreto 39/1997 desarrolla la integración de la prevención en el sistema general de gestión. Debe proyectarse sobre las actividades, procesos y niveles jerárquicos. Cada responsable incorpora la prevención a las decisiones que adopta y las funciones preventivas se atribuyen de forma clara.

El plan de prevención identifica la actividad y los centros, la estructura organizativa, las responsabilidades, los procesos, la modalidad preventiva, los órganos de representación, la política, los objetivos y los recursos. Su extensión debe adecuarse a la dimensión y características de la organización.

La evaluación y la planificación son los instrumentos esenciales para aplicar el plan. El plan define el sistema; la evaluación identifica lo que debe corregirse; y la planificación organiza la corrección.

5.2. Evaluación y revisión

La evaluación inicial se extiende a cada puesto cuyo riesgo no haya podido evitarse. Considera las condiciones existentes o previstas y la posibilidad de que quien lo ocupe sea especialmente sensible. También debe realizarse con ocasión de la elección de equipos, sustancias y acondicionamiento de lugares.

El procedimiento debe proporcionar confianza sobre su resultado y utilizar criterios técnicos adecuados. Si exige mediciones o análisis, se aplican los métodos legalmente previstos o, en su ausencia, criterios de organismos y normas técnicas reconocidas.

La evaluación se revisa cuando lo exija una norma, cuando se produzcan daños, cuando los controles revelen insuficiencias y con la periodicidad acordada atendiendo al deterioro potencial de los elementos del proceso. Debe documentar el puesto, riesgo, personas afectadas, resultado y medidas procedentes.

5.3. Planificación preventiva

Cuando la evaluación muestra riesgos, se planifica su eliminación, reducción o control. La planificación incluye medios humanos y materiales, recursos económicos, medidas de emergencia, vigilancia de la salud, información, formación y coordinación.

Debe programarse para un periodo determinado y establecer fases y prioridades según la magnitud y número de personas expuestas. También debe realizarse un seguimiento para comprobar su ejecución y modificarse cuando se aprecie que las medidas no alcanzan los fines previstos.

5.4. Modalidades organizativas

El Reglamento contempla cuatro modalidades principales:

ModalidadIdea esencial
Asunción personalEl empresario desarrolla la actividad permitida si concurren los requisitos
Trabajadores designadosUno o varios trabajadores reciben funciones, medios y tiempo suficientes
Servicio propioUnidad específica de la organización dedicada a la prevención
Servicio ajenoEntidad especializada concertada para las actividades acordadas

La asunción personal constituye la fórmula más limitada. Solo cabe en empresas de hasta diez trabajadores o de hasta veinticinco cuando exista un único centro de trabajo. El empresario debe desarrollar habitualmente su actividad profesional en el centro, poseer la capacidad preventiva correspondiente y no realizar actividades incluidas en el anexo I. Además, puede asumir únicamente las funciones compatibles con su capacitación: la vigilancia de la salud debe cubrirse siempre mediante otra modalidad.

La designación de trabajadores es posible cuando su número, preparación, disponibilidad y medios bastan para atender la actividad preventiva. No se cumple el Reglamento con un nombramiento formal si la persona designada carece de tiempo o de conocimientos para intervenir. Cuando esta solución resulte insuficiente, debe completarse mediante uno o varios servicios propios o ajenos.

El servicio propio debe constituirse, con carácter general, en empresas de más de 500 trabajadores; en las de 250 a 500 que desarrollen actividades del anexo I; y cuando lo decida la autoridad laboral atendiendo a la peligrosidad o siniestralidad, salvo que se opte por un servicio ajeno en los términos de la decisión.

El servicio propio constituye una unidad organizativa específica y sus integrantes dedican de forma exclusiva su actividad a la prevención. Debe contar como mínimo con dos especialidades o disciplinas preventivas de nivel superior y disponer de personal, instalaciones y medios suficientes. Las actividades que no asuma deben concertarse.

El servicio ajeno necesita la acreditación correspondiente, medios adecuados e independencia respecto de la organización a la que asesora. El concierto debe precisar actividades, centros, especialidades, actuaciones y condiciones de seguimiento.

Los servicios mancomunados pueden constituirse entre organizaciones que desarrollan simultáneamente actividades en un mismo centro, edificio, área geográfica o sector, cuando se garantice su eficacia y operatividad. A efectos preventivos tienen consideración de servicio propio de las entidades que los constituyen.

La modalidad elegida determina quién presta el apoyo especializado, pero no altera el deber de protección. La dirección debe facilitar información, ejecutar las medidas, integrar las recomendaciones en sus decisiones y comprobar que lo concertado cubre realmente las necesidades existentes. Externalizar una especialidad no equivale a externalizar la responsabilidad.

5.5. Auditoría y niveles de cualificación

La auditoría es un instrumento de gestión que evalúa de forma sistemática, documentada y objetiva la eficacia del sistema. Analiza cómo se ha realizado la evaluación inicial y las revisiones, si la planificación responde a los riesgos detectados, si los procedimientos y recursos son adecuados y si la prevención se encuentra realmente integrada en la organización.

Con carácter general, debe someterse a auditoría externa la organización que desarrolla actividades preventivas con recursos propios y no ha concertado todas ellas con un servicio ajeno, salvo los supuestos de exención previstos para empresas de reducida dimensión y escasa peligrosidad. Cuando parte de la actividad se realiza internamente y otra parte se concierta, la auditoría examina las actividades asumidas con medios propios y su coordinación con las restantes.

La primera auditoría debe efectuarse dentro de los doce meses siguientes al momento en que se dispone de la planificación preventiva. Después se repite cada cuatro años o cada dos si se realizan actividades del anexo I, sin perjuicio de la ampliación reglamentaria de los plazos cuando la modalidad preventiva haya sido acordada con la representación especializada. También puede exigirse su repetición cuando lo requiera la autoridad laboral a la vista de la siniestralidad u otras circunstancias reveladoras de una posible insuficiencia del sistema.

El informe identifica a la entidad auditora, el objeto, el alcance, la metodología, las conclusiones y los elementos comprobados. Debe permanecer a disposición de la autoridad laboral y de los representantes. Su finalidad no es limitarse a enumerar defectos, sino permitir que la organización corrija las causas del funcionamiento insuficiente y pueda comprobar después la eficacia de las medidas adoptadas.

El Reglamento clasifica las funciones preventivas en nivel básico, intermedio y superior. La clasificación no describe categorías jerárquicas de un mismo puesto, sino el alcance técnico de las tareas que pueden realizarse. El nivel básico desarrolla actuaciones elementales, promueve comportamientos seguros, efectúa evaluaciones sencillas y colabora en emergencias. El intermedio realiza evaluaciones no reservadas al nivel superior, propone medidas, forma e informa y participa en la planificación. El nivel superior asume las evaluaciones que requieren estrategias de medición o interpretación especializada, la planificación compleja, la formación general y las funciones propias de las disciplinas superiores.

No toda formación preventiva habilita para cualquier actuación. La complejidad del riesgo y del método necesario determina el nivel exigible. La medicina del trabajo presenta, además, requisitos sanitarios y profesionales propios: la vigilancia de la salud debe llevarse a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditadas.

5.6. Trabajadores designados, servicios propios y servicios ajenos

La designación de trabajadores no puede ser meramente nominal. Su número, capacitación, tiempo y medios deben ser suficientes y deben tener acceso a la información preventiva necesaria. La organización debe proteger su independencia y no puede perjudicarlos por ejercer correctamente sus funciones. Si la designación resulta insuficiente, debe acudirse a uno o varios servicios de prevención.

El servicio propio pertenece a la organización y constituye una unidad específica. Que sus integrantes se dediquen en exclusiva a la prevención no significa que el resto de la estructura pueda desentenderse: el servicio asesora y apoya, mientras que cada nivel jerárquico conserva las responsabilidades asociadas a sus decisiones.

El servicio ajeno asume únicamente las actividades concertadas. La organización debe proporcionarle información, facilitar el acceso y comprobar que su actuación cubre los centros, puestos y especialidades acordados. Contratar una entidad especializada no transfiere íntegramente el deber de protección.

Para actuar como servicio ajeno no basta con ofrecer asesoramiento. La entidad debe disponer de organización, instalaciones, personal y equipos suficientes; constituir la garantía exigida; no mantener vínculos que afecten a su independencia y obtener la acreditación de la autoridad competente. El concierto debe identificar con precisión los centros y especialidades cubiertos, las actuaciones concretas, los medios de seguimiento y la duración. Esta delimitación permite saber qué tareas se han encomendado y cuáles siguen necesitando cobertura.

La elección entre modalidades no responde solo al número de trabajadores. La dispersión territorial, los riesgos, la frecuencia de daños, la complejidad técnica y la capacidad interna condicionan qué solución puede resultar suficiente. Por eso una organización puede combinar un servicio propio con conciertos externos o trabajadores designados.

Un sistema mixto exige coordinación. Por ejemplo, si un servicio propio asume seguridad y ergonomía y concierta higiene industrial y medicina del trabajo, la información sobre exposiciones, ausencias, daños y cambios en los procesos debe circular entre todas las disciplinas. De lo contrario, cada especialista analizaría una parte del riesgo sin disponer de los datos necesarios para comprenderlo en conjunto.

5.7. Las cuatro disciplinas superiores

La seguridad en el trabajo se ocupa principalmente de evitar accidentes relacionados con lugares, instalaciones, equipos y operaciones. La higiene industrial identifica y controla agentes físicos, químicos y biológicos. La ergonomía y psicosociología aplicada adapta el trabajo a las capacidades físicas y cognitivas y estudia los factores organizativos y relacionales. La medicina del trabajo desarrolla la vigilancia de la salud y analiza la relación entre exposición y efectos sanitarios.

El carácter interdisciplinario exige coordinar estas perspectivas. Una colisión tras una jornada prolongada puede requerir analizar el vehículo y el procedimiento, pero también la fatiga, los turnos y el estado de salud. Distribuir el caso entre especialidades sin comunicación impediría comprender su origen completo.

5.8. Diferencias entre evaluación, auditoría e inspección

La evaluación de riesgos analiza los peligros y condiciones de los puestos para decidir medidas. La auditoría examina si el sistema preventivo en su conjunto es adecuado, está integrado y funciona. La inspección controla el cumplimiento de la normativa y puede formular requerimientos o promover las consecuencias legales correspondientes.

Las tres actuaciones pueden utilizar información semejante, pero responden a preguntas diferentes: qué riesgo existe, si el sistema lo gestiona adecuadamente y si se cumple la norma. Confundirlas lleva a atribuir a un técnico evaluador las potestades de la Inspección o a pensar que una evaluación favorable sustituye el control del sistema.

25.6

Adaptación a la Administración General del Estado

6.1. Objeto y ámbito del Real Decreto 67/2010

El Real Decreto 67/2010 adapta la Ley y el Reglamento a la AGE, partiendo de la integración preventiva, la potenciación de recursos propios y la adecuación a las peculiaridades organizativas y de participación.

Se aplica a la AGE y a sus organismos públicos vinculados o dependientes que cuenten con personal funcionario o estatutario, tengan o no además personal laboral. Cuando conviven distintos tipos de personal, el sistema debe proporcionar una protección coherente para todos.

El artículo 2 reproduce la particularidad de las funciones de policía y aclara que las funciones policiales que no presentan características exclusivas quedan sometidas al régimen general, a las peculiaridades de la AGE y al Real Decreto 2/2006.

La adaptación es necesaria porque la Administración no funciona como una empresa organizada alrededor de un único centro y una sola dirección. Está formada por departamentos, organismos y servicios periféricos; reúne personal funcionario, estatutario y laboral; y dispone de órganos de representación propios. El Real Decreto no reduce el nivel de protección, sino que traduce las instituciones generales a esa estructura para que pueda determinarse quién integra la prevención, cómo participa el personal y qué sistema controla su eficacia.

6.2. Plan e integración administrativa

Cada departamento u organismo debe integrar la actividad preventiva en su sistema de gestión. El plan identifica centros y personal, estructura jerárquica, funciones, procesos, modalidad preventiva, órganos de representación, política, objetivos y recursos humanos, técnicos, materiales y económicos.

Esta información permite saber quién decide, quién ejecuta y cómo se comunica la prevención. En una organización pública territorialmente dispersa, la mera existencia de un servicio central no garantiza cobertura suficiente; deben definirse responsabilidades en cada nivel.

La integración alcanza tanto a las decisiones generales —presupuestos, contratación, organización de recursos humanos o adquisición de equipos— como a la gestión diaria de cada unidad. Un responsable que distribuye tareas, modifica turnos o introduce un procedimiento influye sobre las condiciones de trabajo aunque no pertenezca al servicio de prevención. Por eso el plan debe atribuir funciones a la cadena jerárquica y no presentar la prevención como una competencia exclusiva de los técnicos.

La evaluación y la planificación convierten esa estructura en actuaciones comprobables. Si un departamento abre una dependencia, implanta una tecnología o reorganiza un servicio, debe examinar los nuevos riesgos antes de considerar terminado el cambio. La disponibilidad presupuestaria condiciona cómo se programa la ejecución, pero no permite ignorar un riesgo ni posponer indefinidamente las medidas necesarias.

6.3. Participación en la AGE

Las Juntas de Personal, Comités de Empresa, delegados de personal y representantes sindicales ejercen las funciones generales de representación. Los Delegados de Prevención asumen las competencias especializadas y los Comités de Seguridad y Salud desarrollan la consulta paritaria.

La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la AGE, es el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en esta materia. Su ámbito general la diferencia de los Comités de Seguridad y Salud de cada centro o estructura.

Los Delegados se designan, con carácter general, por los representantes del personal y entre los miembros de los órganos unitarios. Si no puede completarse el número legal, pueden intervenir las centrales sindicales conforme al procedimiento previsto. Su número se determina aplicando la escala de la Ley 31/1995 al conjunto del personal del ámbito.

El Comité de Seguridad y Salud es paritario y colegiado. Con carácter general se constituye en los centros previstos reglamentariamente que tengan cincuenta o más empleados públicos, sin perjuicio de otros ámbitos autorizados por sus características. Se reúne trimestralmente y cuando lo solicita alguna representación.

6.4. Organización de los servicios

La AGE puede constituir un servicio propio, designar empleados públicos o recurrir a un servicio ajeno, además de combinar modalidades y crear servicios mancomunados. Se prioriza la utilización de recursos propios y se conciertan las actividades que no puedan asumirse adecuadamente.

Debe crearse un servicio propio en los servicios centrales de departamentos y organismos con más de 500 empleados públicos y, entre 250 y 500, cuando desarrollen actividades del anexo I del Reglamento. La misma lógica se aplica, con sus reglas territoriales, en el ámbito provincial. También puede constituirse cuando lo aconsejen la peligrosidad, la siniestralidad o el volumen de efectivos.

El servicio propio debe contar al menos con dos disciplinas superiores. El servicio mancomunado de la AGE debe contar, conforme al Real Decreto 67/2010, con al menos tres. Los empleados designados pueden ser funcionarios o laborales y deben disponer de capacitación, tiempo, medios y ámbito de actuación definidos.

La preferencia por recursos propios busca conservar dentro de la Administración un conocimiento estable de sus centros, procedimientos y riesgos. No impide acudir a entidades ajenas cuando una especialidad, una medición o una actuación sanitaria no pueda cubrirse adecuadamente con medios internos. En tal caso, el concierto complementa el sistema y debe coordinarse con quienes ya ejercen funciones preventivas en el departamento u organismo.

Los umbrales de personal permiten identificar algunos supuestos obligatorios, pero no sustituyen el juicio sobre la suficiencia del sistema. Un organismo con menos efectivos puede necesitar una estructura preventiva más intensa si desarrolla actividades peligrosas, ocupa numerosos centros o presenta una siniestralidad relevante. De igual modo, la existencia formal de un servicio propio no basta si carece de presencia, especialidades o medios para atender todo su ámbito.

6.5. Control del sistema

Cada sistema preventivo de la AGE se somete al control externo previsto reglamentariamente, sin perjuicio de las regulaciones específicas de Policía, Guardia Civil y Defensa. En el régimen general, el INSST realiza la auditoría con la colaboración que resulte necesaria y de acuerdo con el procedimiento coordinado por la Dirección General de la Función Pública. El control externo aporta una valoración independiente sobre la integración, los recursos y el funcionamiento efectivo del sistema.

La auditoría no reemplaza las evaluaciones de los puestos ni la vigilancia ordinaria. Examina si el departamento u organismo dispone de una organización capaz de detectar los riesgos, planificar medidas, ejecutarlas y revisar sus resultados. Por eso puede revelar un problema estructural aunque una dependencia concreta no haya registrado accidentes, o concluir que un daño aislado no demuestra por sí solo el fracaso de todo el sistema.

Además del control ordinario, pueden promoverse evaluaciones extraordinarias cuando existan circunstancias que hagan aconsejable comprobar de nuevo la eficacia preventiva. La actuación no termina con la emisión del informe: las deficiencias deben traducirse en medidas correctoras, responsables y seguimiento. De otro modo, la auditoría quedaría reducida a un diagnóstico sin efecto sobre las condiciones de trabajo.

El Real Decreto 67/2010 derogó el anterior Real Decreto 1488/1998. Por ello, cuando el Real Decreto 2/2006 conserva una referencia formal a la norma de 1998, debe interpretarse dentro del marco vigente y no como si la norma derogada continuara aplicándose autónomamente.

6.6. Funciones de la Dirección General de la Función Pública

La Dirección General de la Función Pública desempeña una función de coordinación general. Promueve criterios, facilita instrumentos de control, impulsa la formación y recibe información sobre la organización preventiva. No sustituye a cada departamento u organismo en el deber de integrar la prevención, pero busca que la diversidad administrativa no produzca niveles de protección incoherentes.

Esta coordinación es especialmente necesaria en materias como la constitución de Comités, la evaluación externa, la formación equivalente y la utilización de recursos compartidos. La AGE combina estructuras ministeriales, organismos y servicios periféricos; sin criterios comunes, una misma regla podría aplicarse de forma incompatible en ámbitos semejantes.

Debe diferenciarse la coordinación de la ejecución. La Dirección General de la Función Pública puede impulsar criterios comunes, recabar información y ordenar instrumentos generales, pero cada departamento u organismo conserva la responsabilidad sobre sus centros, su personal y sus medidas preventivas. La unidad de criterios no centraliza todas las decisiones ni convierte al órgano coordinador en servicio de prevención de toda la AGE.

6.7. Diferencias entre los órganos de la AGE

La representación general del personal aborda el conjunto de las condiciones de trabajo. Los Delegados de Prevención se especializan en seguridad y salud. Los Comités permiten el diálogo paritario en el ámbito correspondiente y la Comisión Técnica negocia y participa en el nivel general de la AGE.

FiguraComposición o procedenciaFunción característica
Junta de Personal o Comité de EmpresaRepresentación unitariaParticipación general en las condiciones de trabajo
Delegado de PrevenciónDesignado conforme al sistema representativoVigilancia, consulta, colaboración y propuestas preventivas
Comité de Seguridad y SaludDelegados y AdministraciónConsulta periódica y paritaria
Comisión TécnicaOrganizaciones sindicales en la Mesa GeneralParticipación y negociación preventiva en la AGE
Servicio de PrevenciónPersonal técnicoAsesoramiento y apoyo especializado

La distinción impide dos errores. El Comité no sustituye al Servicio de Prevención porque no realiza su función técnica. La Comisión Técnica tampoco dirige las actuaciones de cada centro, sino que canaliza la participación y negociación sindical en su ámbito general.

25.7

Prevención en la Policía Nacional

7.1. Objeto y ámbito del Real Decreto 2/2006

El Real Decreto 2/2006 adapta los principios de la Ley 31/1995 a las peculiaridades organizativas y a las características especiales de las funciones policiales. Se aplica a la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados tanto en órganos centrales como periféricos dependientes de la Dirección General de la Policía.

La denominación del título responde a la existente cuando se aprobó la norma. La actual denominación «Policía Nacional» no altera su ámbito personal.

Las funciones sin características exclusivas de policía, seguridad o servicios operativos de protección civil quedan sometidas a la normativa general, con las peculiaridades de la AGE y las reglas del Real Decreto sobre información, representación, participación, prevención y vigilancia de la salud. Las funciones específicamente policiales se rigen por el régimen adaptado.

7.2. Derecho de protección y principios

Los funcionarios tienen derecho a una protección eficaz, que comprende información, formación, propuestas, participación, medidas preventivas y vigilancia periódica de la salud. La Administración debe adoptar las medidas necesarias dentro de las peculiaridades de la función.

El propio artículo 3 reconoce que la vigilancia de la salud es inherente a la actividad desarrollada, sin perjuicio de los riesgos específicos que los funcionarios deban asumir en situaciones de riesgo grave, catástrofe y emergencia social. La norma acepta así que ciertas intervenciones no pueden ejecutarse con el mismo margen para evitar el peligro que una actividad ordinaria, pero no convierte todo riesgo policial en inevitable.

La diferencia es decisiva. El peligro inseparable de detener a una persona violenta o auxiliar durante una catástrofe puede formar parte de la misión; una formación insuficiente, un equipo deteriorado o una coordinación defectuosa no son riesgos que deban aceptarse por esa razón. La Administración continúa obligada a prever escenarios, seleccionar medios, formar, organizar apoyos y revisar las actuaciones. Solo después de aplicar las medidas razonablemente posibles puede hablarse del riesgo residual inherente al servicio.

Los principios del artículo 4 se inspiran en la Ley, pero poseen una redacción propia: evitar; evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación; combatir en el origen; adaptar el trabajo al funcionario; seguir la evolución técnica; priorizar la protección colectiva; estimular el interés mediante formación e información; elegir los medios adecuados y sustituir los más peligrosos cuando sea posible; incorporar previsiones preventivas a métodos, procedimientos y dispositivos; y dar instrucciones.

No deben contestarse preguntas del Real Decreto 2/2006 reproduciendo mecánicamente el artículo 15 de la Ley. El fundamento es común, pero la enumeración no es idéntica.

La misma cautela rige para el artículo 21 de la Ley 31/1995. Su derecho general a interrumpir la actividad ante un riesgo grave e inminente no figura reproducido en esos términos en el Real Decreto 2/2006 para las funciones exclusivamente policiales. En una actuación operativa deben ponderarse la naturaleza del cometido, la protección de terceros y los riesgos que legítimamente hayan de asumirse. Esto no impide comunicar de inmediato una deficiencia ni exige obedecer cualquier exposición: obliga a resolver el supuesto desde la norma especial y desde el deber de reducir el peligro en la medida de lo posible.

7.3. Plan, evaluación y planificación

La prevención se integra mediante un plan cuyos instrumentos esenciales son la evaluación y la planificación. La evaluación inicial considera la actividad, los puestos y los funcionarios, así como la elección de equipos, sustancias y acondicionamiento de lugares.

La evaluación debe revisarse y actualizarse cada cuatro años y también cuando se produzcan daños, se introduzcan equipos capaces de generar riesgos nuevos o se compruebe que la protección resulta inadecuada. Si aparecen riesgos, la Dirección General planifica las medidas para eliminarlos, reducirlos o controlarlos y realiza un seguimiento continuo.

El plazo cuatrienal se refiere a la revisión de la evaluación. No debe confundirse con el control quinquenal del sistema del artículo 19.

7.4. Equipos, información y formación

La Administración debe proporcionar equipos adecuados a la tarea y garantizar su seguridad. Cuando el manejo requiere cualificación, debe proporcionar formación. La manipulación de material peligroso queda reservada a personal autorizado y exige control de uso e incidencias. También debe proporcionar equipos de protección individual y velar por su utilización correcta.

La Dirección General informa sobre los riesgos, las medidas preventivas y las emergencias. Los funcionarios pueden presentar propuestas individualmente, a través de sus superiores, o mediante los representantes.

La formación preventiva se incorpora a los procesos de ingreso, promoción y especialización y se actualiza cuando se introducen tecnologías o cambios de equipos. El tiempo dedicado a estos cursos se considera tiempo efectivo de trabajo.

7.5. Emergencias y vigilancia de la salud

La Dirección General analiza las emergencias posibles en sus edificios e instalaciones y adopta medidas de evacuación, incendios y primeros auxilios. Debe designar personal formado, facilitar material y comprobar periódicamente el sistema.

También garantiza la vigilancia periódica del estado de salud. Esta se concreta principalmente en reconocimientos médicos, inmunizaciones y campañas de protección aconsejadas por los riesgos generales y específicos.

Los reconocimientos, medidas sanitarias y vacunas son voluntarios, salvo que una norma disponga otra cosa o sean necesarios para detectar patologías que puedan causar un riesgo grave para los propios funcionarios o para los ciudadanos. En estos casos son obligatorios y se informa a los representantes.

La obligatoriedad es una excepción vinculada a una finalidad preventiva concreta, no una autorización para efectuar controles sanitarios indiscriminados. Debe existir una razón suficiente: una previsión normativa o la necesidad de detectar una patología capaz de generar un riesgo grave. Incluso entonces se mantienen las exigencias de proporcionalidad, intimidad y confidencialidad.

Las pruebas deben ser proporcionales y causar las menores molestias. Se respetan intimidad, dignidad y confidencialidad. Los resultados médicos se comunican al funcionario. Los responsables de la Dirección General, a través del Servicio de Prevención, conocen solamente las conclusiones sobre aptitud o necesidad de introducir o mejorar medidas. Los datos no pueden utilizarse de forma discriminatoria.

InformaciónDestinatario
Resultados médicos y datos personales de saludFuncionario afectado y personal sanitario autorizado
Conclusiones sobre aptitud o necesidad de medidasResponsables preventivos de la Dirección General

La distinción puede verse en un supuesto sencillo. Si el reconocimiento detecta una alteración incompatible temporalmente con una tarea determinada, el funcionario recibe el resultado clínico y la información sanitaria correspondiente. La unidad responsable puede conocer que procede una limitación, adaptación o cambio temporal, pero no el diagnóstico que la justifica. Así puede protegerse al funcionario y a terceros sin convertir la vigilancia de la salud en una vía de acceso general a su historial médico.

Tampoco deben confundirse la vigilancia preventiva y la valoración de aptitud. La primera sigue la relación entre el trabajo y la salud y permite detectar efectos derivados de la exposición; la conclusión de aptitud traduce únicamente lo necesario para decidir si la persona puede desempeñar la función o requiere medidas. Ninguna de las dos permite utilizar la información con fines discriminatorios o ajenos a la prevención.

7.6. Protección de la maternidad

Durante gestación, maternidad y lactancia deben evitarse los riesgos para la funcionaria, el feto o el lactante. Para adoptar las medidas, la interesada comunica su situación a través de la unidad en la que presta servicio.

Cuando los informes médicos lo aconsejen, se adaptan las condiciones, se exime del trabajo nocturno o a turnos o se asigna otro servicio o puesto. Se conserva el conjunto de retribuciones del puesto de origen mientras persista la situación. Tampoco deben manejarse elementos perjudiciales según los informes médicos y puede utilizarse vestimenta adecuada. Las medidas no pueden perjudicar los derechos de promoción interna.

7.7. Obligaciones de los funcionarios

Cada funcionario debe velar, según sus posibilidades, formación e instrucciones, por su seguridad y por la de quienes puedan verse afectados. Debe utilizar adecuadamente medios y sustancias, emplear la protección, mantener operativos los dispositivos de seguridad, comunicar inmediatamente los riesgos, contribuir al cumplimiento de las obligaciones y cooperar con la Dirección General.

La función policial puede exigir asumir riesgos específicos en situaciones de riesgo grave, catástrofe y emergencia social, pero no cualquier riesgo ni una exposición evitable. La obligación de actuar profesionalmente convive con el deber institucional de planificar, proporcionar medios y controlar las condiciones. Comunicar una deficiencia, utilizar la protección o seguir el procedimiento operativo no son conductas opuestas al cumplimiento del servicio: forman parte de la manera profesional de prestarlo.

25.8

Participación y control en la Policía Nacional

8.1. Delegados de Prevención

Los Delegados de Prevención representan a los funcionarios en las materias específicas de seguridad y salud. Deben ser funcionarios de la Policía Nacional en activo o segunda actividad y son designados por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Policía.

Cada organización con representación designa un delegado en cada Jefatura Superior, en el conjunto de los servicios centrales y en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla. Además, atendiendo al censo de electores de cada escala en esos ámbitos, se designan delegados adicionales:

ElectoresDelegados adicionales
Hasta 5000
501 a 1.0001
1.001 a 2.0002
2.001 a 3.0003
3.001 a 4.0004
4.001 a 5.0005
5.001 a 6.0006
6.001 a 7.0007
Más de 7.0008

La distribución adicional entre sindicatos sigue la proporcionalidad utilizada para asignar representantes en el Consejo de Policía. Esta escala es específica y no debe confundirse con la general de la Ley 31/1995.

La tabla expresa únicamente los delegados adicionales. Por ejemplo, si en un ámbito con 1.500 electores existen tres organizaciones sindicales representadas, cada una designa primero el delegado que le corresponde por representación y se añaden después los dos delegados resultantes de la escala. Estos dos se distribuyen entre las organizaciones conforme al sistema de proporcionalidad aplicable al Consejo de Policía. Por tanto, no sería correcto afirmar que en ese ámbito existen solamente dos delegados.

Los Delegados colaboran, fomentan la cooperación, acceden a información, conocen los daños, reciben información del Servicio de Prevención, visitan dependencias, solicitan medidas y vigilan el cumplimiento. Pueden acompañar a los técnicos durante las evaluaciones. Disponen de medios y formación y están sujetos al sigilo profesional.

Las visitas a dependencias requieren comunicación previa al responsable y deben realizarse sin alterar el servicio policial. Cuando solicitan una medida preventiva, los responsables de los órganos centrales o periféricos deben responder expresamente o informar del trámite dado. La propuesta no queda así reducida a una comunicación sin seguimiento.

El tiempo dedicado a sus funciones se considera ejercicio de funciones representativas a efectos del crédito horario. Las reuniones de los Comités y las convocadas por la Administración en materia preventiva se consideran, en todo caso, tiempo efectivo sin imputación a ese crédito. La formación facilitada por la Dirección General también se considera tiempo de trabajo.

8.2. Comisión y Comités

La Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial es el órgano nacional, paritario y colegiado. Está integrada por representantes sindicales en correspondencia con los existentes en el Consejo de Policía y por igual número de representantes de la Administración.

Conoce e informa planes y programas, promueve métodos y procedimientos, estudia propuestas de los Comités, analiza daños e informes y conoce la memoria y programación anual del Servicio de Prevención. La función de promover iniciativas y proponer mejoras corresponde a esta Comisión, dato preguntado oficialmente.

Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios territoriales. Se constituye uno en cada Jefatura Superior, otro para el conjunto de los servicios centrales y uno en cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla. Los forman los Delegados de Prevención del ámbito y representantes de la Administración en igual número.

La Comisión se reúne al menos cada semestre; los Comités, cada trimestre. Ambos pueden reunirse además cuando resulte necesario y pueden recibir asesores con voz y sin voto.

ÓrganoÁmbitoPeriodicidad mínima
Comisión de Seguridad y Salud Laboral PolicialNacionalSemestral
Comité de Seguridad y SaludJefatura Superior o servicios centralesTrimestral

La Comisión y los Comités comparten el carácter paritario y colegiado, pero no son escalones jerárquicos de un mismo órgano. La Comisión homogeneiza y analiza el sistema a escala nacional; los Comités conocen la realidad preventiva de su ámbito territorial. Las propuestas de estos pueden llegar a la Comisión para favorecer criterios comunes.

8.3. Servicio de Prevención

El Real Decreto dispone la constitución de un Servicio de Prevención propio, de ámbito nacional, en la estructura de la Dirección General de la Policía. Su posición orgánica debe leerse conforme a la organización vigente, sin alterar las funciones que la norma le atribuye.

Asesora y apoya en el diseño y coordinación de planes, evaluación, prioridades, eficacia, información, formación, primeros auxilios, emergencias, vigilancia de la salud y memoria anual. Debe contar con personal cualificado e integrar al menos dos funciones superiores. Las unidades de sanidad, arquitectura, automoción, informática y seguridad de dependencias colaboran con él.

El artículo 18 conserva una referencia al Real Decreto 1488/1998, actualmente derogado. El marco vigente de adaptación a la AGE se encuentra en el Real Decreto 67/2010; la referencia histórica no convierte en vigente la norma derogada.

8.4. Auditorías y medidas correctoras

El sistema policial se somete a auditorías y evaluaciones cada cinco años, realizadas por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, que puede solicitar la colaboración del INSST.

Si detecta riesgos graves e inminentes que no deban asumirse por la naturaleza de la función, los comunica urgentemente al órgano competente. Las demás deficiencias se reflejan en un informe con recomendaciones. Los informes quedan a disposición de los representantes y la Inspección recibe la memoria anual.

En las actividades exclusivamente policiales, determinadas referencias del procedimiento especial de medidas correctoras a la Inspección de Trabajo se entienden hechas a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. Esta sustitución funcional responde a la especialidad del ámbito, no a una desaparición del control.

8.5. Planificación, participación y control como circuito

Los órganos estudiados no actúan de forma aislada. El Servicio de Prevención evalúa y asesora; la Dirección planifica y ejecuta; los Delegados y Comités participan y vigilan; la Comisión conoce, coordina y formula propuestas; y la Inspección evalúa periódicamente el sistema. La memoria anual y los informes conectan unas actuaciones con otras.

Puede seguirse el circuito mediante un ejemplo. Si una evaluación detecta un riesgo en un equipo utilizado en varias dependencias, el Servicio propone medidas; la Dirección decide y planifica; los representantes reciben información y pueden formular observaciones; los responsables ejecutan la sustitución o adaptación; y el seguimiento comprueba si la medida ha sido eficaz. Una auditoría posterior valora si el procedimiento utilizado revela un sistema adecuado o una deficiencia más general.

La prevención no queda cumplida porque cada órgano produzca su propio documento. Solo funciona si la información llega a quien debe decidir, las medidas se ejecutan y los resultados vuelven al sistema para revisar la evaluación y la planificación.

25.9

Lectura conjunta del tema

9.1. Qué norma se aplica

SituaciónRégimen principal
Empresa o actividad ordinariaLey 31/1995 y RD 39/1997
AGE y organismos dependientesRégimen general adaptado por RD 67/2010
Actividad policial exclusivaRD 2/2006, inspirado en la Ley 31/1995
Función de un policía sin carácter exclusivo policialRégimen general, RD 67/2010 y peculiaridades del RD 2/2006

9.2. Qué figura hace qué

FiguraFunción diferenciadora
INSSTApoyo científico y técnico
Inspección de TrabajoVigilancia y control general
Comisión NacionalAsesoramiento y participación institucional estatal
Comisión Técnica de la AGENegociación y participación sindical en la AGE
Delegado de Prevención policialRepresentación especializada de los funcionarios
Comisión policialConsulta y coordinación nacional
Comités policialesConsulta territorial
Servicio de Prevención policialAsesoramiento y apoyo técnico
Inspección de Personal y Servicios de SeguridadControl quinquenal del sistema policial

9.3. Plazos y cifras que no deben mezclarse

DatoRegla a la que pertenece
4 añosRevisión periódica de la evaluación policial
5 añosAuditorías y evaluaciones del sistema policial
3 mesesReunión ordinaria de los Comités policiales
6 mesesReunión mínima de la Comisión policial
Más de 500Servicio de prevención propio en el régimen general
Más de 7.000 electoresOcho delegados policiales adicionales

9.4. Derechos y obligaciones conectados

El derecho a protección no convierte al trabajador en un sujeto pasivo ni sus obligaciones permiten trasladarle la responsabilidad del sistema. La Administración debe evaluar, planificar, proporcionar medios, informar, formar y vigilar; el funcionario debe utilizar correctamente esos medios, cumplir las medidas, comunicar riesgos y cooperar.

La participación permite comprobar si la prevención diseñada coincide con el trabajo real. Los representantes no sustituyen a los técnicos ni a la dirección, pero aportan información, vigilan, proponen y participan en el seguimiento. El servicio técnico asesora; los órganos de participación consultan y debaten; y la inspección controla.

Síntesis final. El marco preventivo distribuye funciones sin fragmentar la responsabilidad. La Ley fija el derecho y el deber general; el Reglamento explica cómo gestionar y organizar; la AGE adapta estructuras y participación; y el Real Decreto 2/2006 articula una protección compatible con las peculiaridades policiales. Resolver correctamente una pregunta exige identificar primero el ámbito, después la figura y finalmente la función o el dato literal solicitado.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 12 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales. Reflejan la importancia del ámbito de aplicación, los órganos preventivos, la vigilancia de la salud, la organización de los servicios y las escalas de representación. Se conservan todas las opciones y se añade la referencia necesaria para comprender la respuesta.

0 de 12 respondidas

  1. Promoción 38, modelo A, pregunta 67.artículo 3.2 de la Ley 31/1995. La exclusión alcanza las actividades concretas cuyas particularidades impidan la aplicación ordinaria y la Ley inspira su normativa específica. La opción C reproduce una exclusión histórica del servicio del hogar familiar que ya no expresa el derecho vigente: la regulación actual reconoce a las personas empleadas de hogar el derecho a una protección eficaz y cuenta con un desarrollo preventivo específico.

    1. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

  2. Promoción 38, modelo A, pregunta 69.artículo 8 de la Ley 31/1995. El artículo conserva la denominación histórica del organismo, cuyas referencias deben entenderse realizadas al actual INSST.

    2. El órgano científico-técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a su mejora, es:

  3. Promoción 39, modelo A, pregunta 54.artículo 14.2 del Real Decreto 2/2006. Los delegados deben ser funcionarios de la Policía Nacional en activo o segunda actividad y son designados por las organizaciones sindicales representadas en el Consejo.

    3. En el Real Decreto 2/2006, por el que se establecen normas de prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, se regula la figura de los Delegados de Prevención, los cuales serán designados:

  4. Promoción 40, modelo A, pregunta 72.artículo 4.2 del Real Decreto 67/2010. La Comisión Técnica depende de la Mesa General de Negociación de la AGE.

    4. Según el Real Decreto 67/2010 sobre adaptación de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado, el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en esta materia será:

  5. Promoción 40, modelo A, pregunta 83.artículo 15.1 de la Ley 31/1995. La protección colectiva se antepone a la individual, los riesgos se combaten en su origen y el trabajo se adapta a la persona.

    5. Entre los principios generales de la acción preventiva de riesgos laborales está:

  6. Promoción 40, modelo A, pregunta 87.artículo 10 del Real Decreto 2/2006. Los resultados se comunican directamente al funcionario; los responsables reciben, a través del Servicio de Prevención, las conclusiones sobre aptitud o necesidad de medidas. La regla general de los reconocimientos es la voluntariedad, con excepciones.

    6. Como miembro de la Policía Nacional es citado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía para realizar un reconocimiento médico. A este respecto, ¿cuál de las afirmaciones siguientes es correcta?

  7. Promoción 41, modelo B, pregunta 25.artículo 10.2 del Real Decreto 2/2006. Pueden ser obligatorios por previsión normativa o cuando resulten necesarios para detectar patologías capaces de causar un riesgo grave al funcionario o a los ciudadanos.

    7. La Dirección General de la Policía garantiza la vigilancia periódica de la salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Los reconocimientos médicos establecidos para la prevención de los riesgos inherentes a la función policial serán:

  8. Promoción 41, modelo B, pregunta 26.artículo 19 del Real Decreto 2/2006. El control se realiza cada cinco años por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

    8. ¿Quién se encarga de realizar las auditorías y evaluaciones del sistema de prevención de riesgos de la Policía Nacional?

  9. Promoción 41, modelo B, pregunta 34.artículo 15.1.b) del Real Decreto 2/2006. La Comisión es el órgano nacional paritario y colegiado de participación.

    9. ¿Qué organismo recogido en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tiene la función de promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las existentes?

  10. Promoción 41, modelo B, pregunta 67.artículo 14 del Real Decreto 39/1997. Existen además otros supuestos vinculados a las actividades del anexo I o a la decisión de la autoridad laboral.

    10. Según dispone el artículo 14 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando se trate de empresas que cuenten con más de:

  11. Promoción 42, modelo A, pregunta 86.artículo 31.4 de la Ley 31/1995. Sus medios deben ser apropiados para las funciones y coordinar las disciplinas preventivas necesarias.

    11. Los servicios de prevención tendrán carácter:

  12. Promoción 42, modelo A, pregunta 100.artículo 14.2.b) del Real Decreto 2/2006. La escala establece ocho delegados adicionales cuando existen más de 7.000 electores.

    12. Conforme regula el Real Decreto 2/2006 y de acuerdo con el censo de electores de cada escala para representantes en el Consejo de Policía, ¿cuántos electores serán necesarios para designar a ocho delegados de prevención?

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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.

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