Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 26 de Policía Nacional
Protección de datos personales y tratamiento de información para fines policiales y penales
26.1
El derecho fundamental y el sistema normativo
1.1. Un derecho distinto de la intimidad
El artículo 18.4 de la Constitución ordena limitar por ley el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. Aunque esta previsión nació cuando el tratamiento automatizado tenía una dimensión mucho menor, su finalidad permite responder a una realidad en la que cualquier actividad deja información susceptible de ser almacenada, relacionada y analizada.
La protección de datos guarda una relación estrecha con la intimidad, pero no se limita a impedir la divulgación de secretos. Puede afectar a información pública o aparentemente neutra si su recogida, combinación o utilización permite identificar, clasificar o tomar decisiones sobre una persona. El derecho protege un poder de conocimiento y control: saber quién trata los datos, con qué finalidad, durante cuánto tiempo, a quién se comunican y qué facultades pueden ejercerse.
El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce expresamente el derecho a la protección de datos, exige que sean tratados lealmente, para fines concretos y sobre una base legítima, y garantiza el acceso y la rectificación bajo el control de una autoridad independiente. Esta dimensión europea explica que el régimen español no pueda estudiarse como un sistema exclusivamente nacional.
1.2. El régimen general
El Reglamento (UE) 2016/679, conocido como RGPD, establece el marco general y es directamente aplicable. Regula los principios, las bases jurídicas, los derechos, las obligaciones de responsables y encargados, las autoridades de control y las transferencias internacionales.
La Ley Orgánica 3/2018 adapta el ordenamiento español al Reglamento y completa las materias que este permite o exige concretar. También regula tratamientos específicos, la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen nacional de infracciones y procedimientos y un catálogo de derechos digitales.
No es correcto afirmar que la ley orgánica reemplaza al Reglamento. En muchas materias la regla principal se encuentra en el RGPD y la ley española añade una precisión. Por ejemplo, el Reglamento reconoce el derecho de acceso y la Ley Orgánica aclara determinadas condiciones de su ejercicio. Una explicación completa debe leer ambas normas conjuntamente.
1.3. El régimen para fines policiales y penales
El RGPD excluye de su ámbito el tratamiento efectuado por autoridades competentes para prevenir, investigar, detectar o enjuiciar infracciones penales o ejecutar sanciones penales. Para ese espacio, la Unión aprobó la Directiva (UE) 2016/680, incorporada a España mediante la Ley Orgánica 7/2021.
Este régimen especial busca conciliar dos exigencias. Las autoridades necesitan utilizar e intercambiar información para proteger la seguridad y perseguir infracciones; al mismo tiempo, ese tratamiento puede afectar intensamente a personas investigadas, víctimas, testigos o terceros. La ley permite actuar sin depender normalmente del consentimiento, pero impone finalidad, necesidad, proporcionalidad, calidad, seguridad y control.
La condición policial de quien trata los datos no decide por sí sola la norma aplicable. Si la Policía gestiona vacaciones, nóminas o formación de su personal, actúa con una finalidad administrativa ordinaria y se aplica el régimen general. Si trata información para investigar un delito o prevenir una amenaza grave para la seguridad pública, entra en juego la Ley Orgánica 7/2021.
| Elemento | Régimen general | Régimen policial y penal |
|---|---|---|
| Norma central | RGPD y LO 3/2018 | LO 7/2021 |
| Criterio de aplicación | Tratamiento ordinario de datos personales | Autoridad competente y finalidad del artículo 1 |
| Base del tratamiento | Consentimiento u otra base jurídica | Necesidad para la finalidad legal y competencia de la autoridad |
| Derechos | Catálogo general del RGPD | Catálogo adaptado y sujeto a restricciones tasadas |
| Control | AEPD y autoridades autonómicas | Autoridades de protección de datos, con especialidades judiciales |
26.2
Conceptos y sujetos del tratamiento
2.1. Dato personal e identificación
Es dato personal toda información sobre una persona física identificada o identificable. La identificación puede ser directa, como ocurre con el nombre, o indirecta, mediante un número, la matrícula de un vehículo, datos de localización, un identificador en línea o varios rasgos de su identidad física, económica, cultural o social.
El concepto no depende del formato. Una fotografía, una grabación de voz, una dirección IP, una huella dactilar, una anotación sobre conducta o una combinación de datos pueden ser información personal. Tampoco es necesario que el dato sea íntimo: basta con que se refiera a una persona cuya identidad pueda determinarse razonablemente.
La información verdaderamente anónima queda fuera del régimen porque ya no permite identificar a nadie. La seudonimización, en cambio, sustituye los identificadores por códigos y conserva separada la información necesaria para volver a asociarlos. Reduce riesgos, pero los datos continúan siendo personales mientras la reidentificación siga siendo posible.
2.2. Tratamiento y fichero
El tratamiento comprende cualquier operación realizada sobre datos: recoger, registrar, ordenar, conservar, consultar, modificar, cotejar, comunicar, limitar, suprimir o destruir. No se limita a sistemas informáticos. También alcanza al tratamiento manual cuando los datos forman parte o están destinados a formar parte de un fichero estructurado.
Un fichero es un conjunto estructurado de datos accesibles conforme a criterios determinados. La protección se dirige a las operaciones y a sus efectos, no únicamente al soporte en el que se guarda la información.
2.3. Responsable, encargado y destinatario
El responsable del tratamiento determina los fines y los medios. Decide para qué se utilizan los datos y los elementos esenciales de la operación. Debe poder demostrar que actúa lícitamente, facilita los derechos y adopta medidas adecuadas.
El encargado trata datos por cuenta del responsable. Su acceso no constituye una comunicación a un tercero cuando responde a un encargo válido y se ajusta a las instrucciones recibidas. Si utiliza la información para sus propias finalidades, deja de actuar como mero encargado y asume la posición de responsable respecto de ese uso.
El destinatario es quien recibe una comunicación de datos, aunque existen particularidades para las autoridades que los obtienen dentro de una investigación concreta. El acceso del destinatario debe contar con una base legítima y respetar las condiciones impuestas a la transmisión.
Puede ilustrarse con un servicio informático. El órgano público que decide crear una aplicación para gestionar expedientes es responsable. La empresa que aloja y mantiene la plataforma siguiendo sus instrucciones puede actuar como encargada. Si esa empresa reutilizara los datos para elaborar productos propios, ya no estaría actuando por cuenta del órgano y vulneraría los límites del encargo.
2.4. Datos especiales, biométricos y genéticos
Algunos datos presentan riesgos particularmente intensos. Entre ellos se encuentran los que revelan origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, salud, vida u orientación sexual, así como determinados datos genéticos y biométricos.
Un dato biométrico no adquiere carácter especial por proceder simplemente de una imagen o de una característica corporal. Debe haberse obtenido mediante un tratamiento técnico específico y utilizarse para permitir o confirmar la identificación única. Una grabación ordinaria y el patrón facial extraído para identificar automáticamente a una persona no plantean exactamente el mismo tratamiento.
26.3
La Ley Orgánica 3/2018: objeto y ámbito
3.1. Función de la ley
La Ley Orgánica 3/2018 garantiza los derechos digitales de la ciudadanía y adapta el Derecho español al RGPD. Sus títulos I a IX se aplican a los tratamientos total o parcialmente automatizados y a los tratamientos manuales contenidos o destinados a incluirse en un fichero. Determinados artículos del título X poseen su propio alcance.
Quedan fuera, entre otros supuestos, los tratamientos excluidos del Derecho de la Unión, los sometidos a la normativa sobre materias clasificadas y los realizados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. También existen regímenes específicos que desplazan o complementan la regulación general.
La aplicación doméstica debe interpretarse de acuerdo con su finalidad. Una agenda privada no convierte a su titular en responsable sometido a todas las obligaciones de una organización. Sin embargo, la difusión abierta o el uso profesional de información ajena puede superar esa esfera personal.
3.2. Datos de personas fallecidas
La ley no se aplica con carácter general a los datos de personas fallecidas, pero reconoce facultades concretas. Las personas vinculadas por razones familiares o de hecho y los herederos pueden dirigirse al responsable o encargado para solicitar acceso, rectificación o supresión, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o lo disponga una ley.
La prohibición no impide a los herederos acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Además, las personas o instituciones expresamente designadas por el fallecido pueden solicitar el acceso y, en su caso, la rectificación o supresión conforme a las instrucciones recibidas.
Cuando fallece un menor, también pueden ejercer las facultades sus representantes legales o el Ministerio Fiscal. En el caso de personas con discapacidad, intervienen asimismo quienes hubieran sido designados para prestar apoyo si esas facultades se incluyen en las medidas correspondientes.
3.3. Estructura de la Ley Orgánica 3/2018
La ley se organiza en diez títulos. Los tres primeros delimitan el régimen, los principios nacionales y los derechos; los siguientes desarrollan tratamientos concretos, obligaciones, transferencias, autoridades, procedimientos y sanciones; el último reconoce los derechos digitales.
| Título | Materia principal |
|---|---|
| I | Disposiciones generales |
| II | Principios de protección de datos |
| III | Derechos de las personas |
| IV | Disposiciones aplicables a tratamientos concretos |
| V | Responsable y encargado |
| VI | Transferencias internacionales |
| VII | Autoridades de protección de datos |
| VIII | Procedimientos por posible vulneración |
| IX | Régimen sancionador |
| X | Garantía de los derechos digitales |
La estructura ayuda a no mezclar instituciones. Los títulos II y III no contienen por sí solos todos los principios y derechos, porque completan el RGPD; los títulos VIII y IX distinguen la investigación y corrección del incumplimiento de su calificación sancionadora; y el título X amplía la mirada desde el tratamiento de datos hacia el ejercicio de derechos en el entorno digital.
26.4
Principios y bases del tratamiento general
4.1. Principios del tratamiento
El RGPD ordena el tratamiento mediante principios que deben cumplirse simultáneamente. La licitud, lealtad y transparencia exigen una base jurídica, impiden obtener una ventaja mediante engaño y obligan a facilitar información comprensible. Un tratamiento puede perseguir una finalidad útil y, aun así, resultar ilícito si carece de base o se oculta injustificadamente a la persona afectada.
La limitación de la finalidad obliga a recoger los datos para fines determinados, explícitos y legítimos y prohíbe reutilizarlos de una manera incompatible. No basta con que el responsable posea legalmente una información: cada uso posterior necesita conservar la conexión con la finalidad inicial o encontrar una nueva base que lo permita.
La minimización exige que los datos sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario. Debe preguntarse qué información resulta realmente imprescindible, no qué información sería cómodo conservar por si pudiera utilizarse en el futuro. La limitación del plazo de conservación prolonga ese criterio en el tiempo: un dato necesario hoy puede dejar de serlo al concluir el procedimiento o extinguirse la relación que justificó su recogida.
La integridad y confidencialidad obligan a proteger la información frente a accesos o usos no autorizados y frente a pérdida, destrucción o daño accidental. Finalmente, la responsabilidad proactiva exige que el responsable pueda demostrar el cumplimiento. No se satisface con declarar que respeta la norma: necesita decisiones documentadas, medidas adecuadas y capacidad para revisar su eficacia.
4.2. Exactitud y confidencialidad
Los datos deben ser exactos y estar actualizados. Cuando el responsable recibe del afectado información que modifica una situación anterior, no puede seguir utilizando conscientemente un dato desfasado. La Ley Orgánica presume exactos los obtenidos directamente de la persona hasta que esta los actualice, pero esa presunción no permite ignorar errores conocidos.
Responsables, encargados y todas las personas que intervengan están sujetos al deber de confidencialidad, que complementa las obligaciones de secreto profesional. El deber continúa después de finalizar la relación con el responsable o encargado. No basta con evitar una publicación masiva: también vulnera la confidencialidad consultar un expediente sin necesidad profesional o comunicar información a quien carece de autorización.
La exactitud debe valorarse según la finalidad. Una dirección antigua puede ser irrelevante en un archivo histórico y decisiva para practicar una notificación actual. Corregir no significa borrar el contexto cuando este es necesario, sino evitar que una información incompleta o desactualizada produzca una decisión equivocada.
4.3. Consentimiento y otras bases jurídicas
El consentimiento debe consistir en una manifestación libre, específica, informada e inequívoca. No puede deducirse del silencio ni de casillas premarcadas. Cuando un tratamiento persigue varias finalidades, debe constar de manera específica e inequívoca que se consiente cada una de ellas.
Sin embargo, la protección de datos no exige consentimiento para toda operación. El tratamiento puede fundarse, conforme al RGPD, en la ejecución de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal, la protección de intereses vitales, una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos y, dentro de sus límites, un interés legítimo.
En la actividad administrativa es frecuente que la base sea una obligación legal o el ejercicio de poderes públicos. Pedir consentimiento cuando la Administración actuará de todos modos por mandato legal puede resultar engañoso: presenta como voluntaria una operación que no depende realmente de la decisión de la persona.
La ejecución de un contrato permite tratar lo objetivamente necesario para celebrar o cumplir la relación solicitada por el interesado; no ampara cualquier operación que la organización decida incluir por conveniencia. La obligación legal exige identificar la norma que impone el tratamiento. Los intereses vitales protegen la vida o la integridad cuando la persona no puede actuar. La misión de interés público y el ejercicio de poderes públicos necesitan una habilitación normativa que defina suficientemente la actuación.
El interés legítimo requiere ponderar el interés del responsable o de un tercero frente a los derechos y expectativas razonables del afectado. Las autoridades públicas no pueden invocarlo para los tratamientos que realizan en el ejercicio de sus funciones. En ese ámbito deben apoyarse en la competencia y la misión pública atribuidas por el ordenamiento.
El consentimiento puede retirarse con la misma facilidad con la que se otorgó. La retirada produce efectos hacia el futuro y no convierte en ilícito el tratamiento realizado válidamente con anterioridad. Si existe otra base jurídica, el responsable debe haberla identificado desde el inicio; no puede sustituir retrospectivamente el consentimiento únicamente para eludir sus efectos.
4.4. Consentimiento de menores
El tratamiento de los datos de un menor puede fundarse en su propio consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los casos en que la ley exige la asistencia de quienes ejercen la patria potestad o tutela para celebrar el acto o negocio en cuyo contexto se solicita el consentimiento.
Cuando el menor no alcanza esa edad, el tratamiento basado en consentimiento requiere el de quienes ejercen la patria potestad o tutela, en el alcance que determinen. Esta regla no significa que cualquier tratamiento de menores dependa del consentimiento: también pueden existir otras bases jurídicas.
Debe distinguirse entre consentir un tratamiento y ejercer derechos. Los titulares de la patria potestad pueden ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos que les correspondan. Son cuestiones relacionadas, pero no idénticas.
4.5. Obligación legal, interés público y categorías especiales
El tratamiento fundado en una obligación legal, una misión de interés público o poderes públicos debe apoyarse en una norma del Derecho de la Unión o en una norma con rango de ley. La ley puede establecer condiciones, categorías de datos, comunicaciones y garantías adicionales.
El solo consentimiento no basta para levantar todas las prohibiciones relativas a categorías especiales. Debe concurrir alguna de las circunstancias admitidas por el RGPD. La Ley Orgánica impide, en particular, que el consentimiento sea suficiente por sí solo cuando la finalidad principal consista en identificar ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Los datos relativos a condenas e infracciones penales cuentan igualmente con un régimen reforzado. Su tratamiento solo es posible bajo control de la autoridad pública o cuando lo autorice el Derecho aplicable con garantías adecuadas.
26.5
Transparencia y derechos de las personas
5.1. Información y transparencia
La transparencia permite que el afectado conozca la identidad del responsable, los fines, la base jurídica, los destinatarios, el plazo de conservación, sus derechos y la posibilidad de reclamar. Cuando los datos no se obtienen directamente de la persona, debe informarse además sobre sus categorías y procedencia, dentro de las condiciones y excepciones previstas.
La Ley Orgánica permite ofrecer una información básica y facilitar el acceso sencillo e inmediato al resto mediante una dirección electrónica u otro medio. La información por capas no sirve para ocultar lo importante: la primera capa debe permitir comprender quién trata los datos y con qué finalidad.
5.2. Reglas comunes de ejercicio
El responsable debe informar sobre los medios disponibles para ejercer los derechos, que han de ser fácilmente accesibles. No puede denegar una solicitud únicamente porque el afectado haya utilizado un medio distinto del sugerido. El ejercicio es gratuito, sin perjuicio de las reglas para solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas.
Cuando existe un encargado, el contrato puede disponer que atienda las solicitudes por cuenta del responsable. La formulación correcta es importante: el encargado actúa por cuenta del responsable, no el responsable por cuenta del encargado.
Con carácter general, el responsable debe informar sobre las actuaciones realizadas dentro del plazo de un mes desde la recepción. El plazo puede ampliarse otros dos meses cuando la complejidad o el número de solicitudes lo justifiquen, pero la ampliación y sus motivos deben comunicarse dentro del primer mes. Si no actúa, también debe explicar la causa y señalar la posibilidad de reclamar y acudir a la vía judicial.
El responsable puede solicitar información adicional cuando tenga dudas razonables sobre la identidad, pero no convertir la identificación en una barrera innecesaria. La información pedida debe ser proporcionada a la naturaleza de los datos y al riesgo de facilitarla a quien no sea su titular.
La gratuidad es la regla. Solo ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente por repetitivas, cabe cobrar un canon razonable o negarse a actuar. Corresponde al responsable demostrar ese carácter; no basta con considerar molesta una solicitud o con que obligue a revisar un volumen relevante de información.
5.3. Acceso, rectificación y supresión
El acceso permite saber si se tratan datos propios y obtener información sobre fines, categorías, destinatarios, conservación, procedencia y garantías. No debe confundirse con el derecho de acceso a documentos administrativos, que tiene objeto y régimen diferentes.
La rectificación permite corregir datos inexactos y completar los incompletos. La persona debe indicar qué dato resulta incorrecto y aportar, cuando sea necesario, la documentación justificativa.
La supresión procede, entre otros casos, cuando los datos dejan de ser necesarios, se retira el consentimiento sin otra base, prospera la oposición o el tratamiento es ilícito. No equivale siempre a una destrucción inmediata. La Ley Orgánica regula el bloqueo, que identifica y reserva los datos para impedir su utilización ordinaria y conservarlos únicamente a disposición de órganos competentes durante el plazo de posibles responsabilidades. Después se destruyen.
El derecho tampoco es absoluto. Puede ser necesario conservar información para cumplir una obligación legal, ejercer la libertad de expresión e información, realizar una misión de interés público, atender fines de archivo o investigación con garantías o formular y defender reclamaciones. La respuesta debe explicar qué datos se conservan, con qué finalidad y durante cuánto tiempo.
Cuando se rectifican, suprimen o limitan datos que habían sido comunicados, el responsable informa a los destinatarios salvo que resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. A petición del interesado debe identificar esos destinatarios. El derecho no se agota así en corregir la copia que conserva el responsable inicial.
5.4. Limitación, portabilidad y oposición
La limitación suspende temporalmente determinadas operaciones, por ejemplo mientras se verifica la exactitud discutida o se resuelve una oposición. Los datos permanecen conservados, pero su tratamiento queda restringido.
La portabilidad permite recibir ciertos datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y transmitirlos a otro responsable cuando el tratamiento se basa en consentimiento o contrato y se realiza por medios automatizados.
La oposición permite solicitar que cese un tratamiento basado en interés público, poderes públicos o interés legítimo por motivos relacionados con la situación particular. El responsable debe acreditar razones imperiosas que prevalezcan o la necesidad de formular, ejercer o defender reclamaciones. En mercadotecnia directa, la oposición tiene un efecto más inmediato.
Supresión, limitación y oposición responden a problemas diferentes. Si un dato es incorrecto, procede rectificarlo; si ya no debe tratarse, puede corresponder su supresión; si es necesario conservarlo mientras se resuelve una controversia, se limita; y si el tratamiento es en principio lícito pero la situación particular justifica que cese, se ejerce oposición. Elegir el derecho adecuado evita pedir la desaparición de una información cuando lo necesario es corregirla o impedir temporalmente su uso.
26.6
Tratamientos específicos y responsabilidad activa
6.1. Videovigilancia ordinaria
La captación de imágenes por personas o entidades privadas puede realizarse para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. Solo debe alcanzarse la vía pública en la medida imprescindible y las imágenes se suprimen, con carácter general, en el plazo máximo de un mes, salvo que deban conservarse para acreditar hechos contra personas, bienes o instalaciones.
Esta regla no es la que gobierna la videovigilancia policial dirigida a fines penales o de seguridad pública. En ese caso se aplica el régimen específico de la Ley Orgánica 7/2021, que se estudiará más adelante.
6.2. Otros tratamientos regulados
La Ley Orgánica contempla tratamientos para los que concreta presunciones o garantías: datos de contacto profesional, sistemas de información crediticia, operaciones mercantiles, exclusión publicitaria, protección de informantes, función estadística, archivo de interés público e infracciones y sanciones administrativas.
Estas reglas no crean espacios libres de protección. Determinan cuándo puede presumirse una base legítima o qué requisitos adicionales deben cumplirse. En materia de infracciones administrativas, por ejemplo, el tratamiento ordinario corresponde a órganos competentes y debe limitarse a los datos estrictamente necesarios para la finalidad sancionadora.
Los sistemas de información crediticia solo pueden incorporar deudas ciertas, vencidas y exigibles dentro de las condiciones legales, y el afectado debe recibir información. Los sistemas de exclusión publicitaria, por su parte, permiten manifestar la oposición a la recepción de comunicaciones comerciales; quien pretende realizar mercadotecnia directa debe consultarlos cuando resulte exigible.
La presunción de licitud de los datos de contacto profesional se limita a la información necesaria para localizar a una persona en su actividad y a mantener relaciones con la entidad para la que presta servicios. No permite convertir una dirección profesional en una base general para elaborar perfiles privados. Algo semejante ocurre con los empresarios individuales: el dato debe tratarse en su condición profesional y no para relacionarlo con su esfera personal.
En los sistemas de información crediticia, la deuda debe haber sido reclamada previamente y su cuantía y existencia no pueden encontrarse sometidas a una controversia administrativa, judicial o arbitral vinculante. La finalidad es valorar solvencia, no presionar mediante la difusión de obligaciones dudosas. El acreedor responde de la exactitud y de que concurran los requisitos de inclusión, mientras que la entidad que mantiene el sistema debe facilitar los derechos y cumplir sus propias obligaciones.
El tratamiento destinado a proteger a quienes informan sobre infracciones se rige también por su legislación específica. La confidencialidad de la identidad, el acceso limitado y la conservación proporcionada son esenciales para que el canal no se convierta en una fuente de exposición para el informante o para las personas afectadas por la comunicación.
La función estadística y el archivo de interés público presentan otra lógica. Permiten conservar y reutilizar información por su valor colectivo, pero exigen secreto, limitación de finalidad y garantías frente a decisiones individuales basadas en los datos. No debe confundirse el archivo de interés público con conservar indefinidamente cualquier expediente por si pudiera resultar útil.
En las notificaciones administrativas que deban publicarse, la ley establece criterios para evitar una exposición innecesaria de documentos identificativos. También permite a las Administraciones verificar la exactitud de los datos declarados cuando una ley reconoce esa potestad. En ambos casos, la actuación pública sigue sometida a finalidad y minimización: disponer legalmente de información no autoriza a publicar o reutilizar más datos de los necesarios.
6.3. Responsabilidad activa
El modelo europeo no se limita a cumplir formularios. El responsable debe analizar la naturaleza, el contexto, los fines y los riesgos y adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas. Además, debe estar en condiciones de demostrar que lo ha hecho.
La protección desde el diseño exige considerar la privacidad cuando se concibe el sistema, no después de ponerlo en funcionamiento. La protección por defecto obliga a que, sin intervención adicional del usuario, solo se traten los datos necesarios para cada finalidad, durante el tiempo y con la accesibilidad indispensables.
Los responsables y encargados mantienen un registro de actividades en los supuestos establecidos. Cuando un tratamiento puede entrañar alto riesgo se realiza una evaluación de impacto; si el riesgo elevado no puede mitigarse, procede la consulta previa a la autoridad de control.
Las medidas de seguridad no se eligen mediante una lista idéntica para todas las organizaciones. Deben responder al estado de la técnica, el coste, la naturaleza de los datos y la probabilidad y gravedad de los riesgos. Pueden comprender control de accesos, cifrado, copias de seguridad, recuperación, trazabilidad, formación y comprobaciones periódicas, pero su suficiencia depende del contexto.
Cuando se produce una violación, el responsable debe documentarla y valorar sus consecuencias. Si existe riesgo para los derechos y libertades, la notifica a la autoridad sin dilación y, cuando sea posible, dentro de las setenta y dos horas. Si el riesgo es alto, también informa a los afectados, salvo que los datos estuvieran protegidos mediante medidas eficaces, se haya eliminado posteriormente el alto riesgo o la comunicación individual resulte desproporcionada y se sustituya por una información pública equivalente.
6.4. Delegado de protección de datos
El delegado informa y asesora, supervisa el cumplimiento, participa en evaluaciones de impacto, coopera con la autoridad y actúa como punto de contacto. Debe intervenir con independencia, disponer de recursos y acceder a la información necesaria.
Su designación es obligatoria, entre otros casos, para autoridades y organismos públicos —salvo los tribunales cuando actúan judicialmente—, para quienes realizan observación habitual y sistemática a gran escala o tratan a gran escala categorías especiales o datos penales. La Ley Orgánica añade entidades que deben contar con delegado, como centros docentes, colegios profesionales y determinados prestadores de servicios.
Su existencia no desplaza la responsabilidad. Quien determina la finalidad y los medios sigue siendo responsable de la licitud y seguridad. El delegado ayuda a identificar y corregir riesgos, pero no autoriza por sí solo cualquier tratamiento.
6.5. Transferencias internacionales
Una transferencia internacional se produce cuando los datos se envían o quedan accesibles para un destinatario situado fuera del Espacio Económico Europeo. La circulación no puede rebajar el nivel de protección reconocido en la Unión. Por ello, el RGPD permite transferir cuando la Comisión Europea ha declarado adecuado el nivel del país u organización de destino, cuando existen garantías apropiadas o cuando concurre alguna excepción prevista para situaciones específicas.
Entre las garantías pueden encontrarse instrumentos jurídicamente vinculantes, normas corporativas vinculantes o cláusulas tipo, según el supuesto. Si no existe una decisión de adecuación, el responsable debe valorar si las garantías funcionan realmente en el contexto del destino y adoptar medidas adicionales cuando sean necesarias. El simple interés organizativo en utilizar un proveedor extranjero no elimina estas exigencias.
La Ley Orgánica 3/2018 atribuye a la AEPD y a las autoridades autonómicas las actuaciones de autorización o información previa que correspondan. Debe distinguirse este régimen general del sistema de transferencias de la Ley Orgánica 7/2021, diseñado específicamente para la cooperación policial y judicial penal.
26.7
Autoridades de control y régimen de responsabilidad
7.1. Agencia Española de Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal. Supervisa el cumplimiento, investiga, resuelve reclamaciones, ejerce potestades correctivas, promueve la sensibilización y coopera con otras autoridades nacionales y europeas.
Las autoridades autonómicas actúan en sus ámbitos competenciales respecto de determinados tratamientos del sector público. La distribución territorial no altera la exigencia de independencia ni las garantías reconocidas a los afectados.
La Presidencia dirige la Agencia y ejerce sus funciones con independencia. El Consejo Consultivo la asesora mediante una composición plural en la que participan instituciones y sectores relacionados con la protección de datos. No debe confundirse este órgano asesor con la autoridad que investiga y adopta resoluciones.
Las potestades de investigación permiten obtener información, inspeccionar sistemas y requerir la colaboración necesaria. Las potestades correctivas permiten advertir, apercibir, ordenar la atención de derechos, exigir la adaptación de operaciones y, cuando corresponda, imponer sanciones. La Agencia también puede aprobar circulares en los términos legales y desarrollar planes de auditoría preventiva para promover el cumplimiento antes de que se produzca una infracción.
7.2. Reclamaciones, infracciones y Administraciones
La persona puede reclamar ante la autoridad competente cuando considere vulnerados sus derechos. La autoridad puede investigar, ordenar que se atienda una solicitud, limitar o prohibir un tratamiento y adoptar otras medidas correctivas.
La Ley Orgánica clasifica infracciones muy graves, graves y leves mediante remisiones y concreciones del RGPD. En el caso de determinadas Administraciones y entidades públicas, la autoridad dicta una resolución declarando la infracción y estableciendo las medidas que proceda, y puede proponer actuaciones disciplinarias. El régimen público no significa ausencia de control; adapta la reacción a la naturaleza del responsable.
El procedimiento puede iniciarse a partir de una reclamación o por iniciativa de la autoridad. Antes de admitirla, cabe remitirla al delegado de protección de datos o al responsable para que responda y procure solucionar el conflicto. Esta posibilidad no priva al afectado de tutela ni impide investigar cuando existen indicios suficientes.
Las infracciones y sanciones cuentan con plazos de prescripción. Las medidas provisionales pueden utilizarse para evitar que la continuación del tratamiento agrave el daño, especialmente cuando se obstaculiza el ejercicio de derechos. La respuesta jurídica combina así declaración de la infracción, corrección material y, cuando procede, sanción.
La gravedad se relaciona con la relevancia de la obligación vulnerada. Tratar sin base, ignorar los principios esenciales o realizar una transferencia internacional ilícita afecta al fundamento mismo del sistema y puede constituir infracción muy grave. Incumplimientos sobre derechos, seguridad, encargado o delegado suelen integrar categorías graves según el supuesto. Las infracciones leves se reservan a incumplimientos de menor entidad, normalmente formales o relacionados con información incompleta, siempre que no alcancen otra calificación.
La sanción no se fija automáticamente por el nombre de la infracción. Se valoran naturaleza, duración, intencionalidad, medidas adoptadas, reincidencia, categorías de datos y cooperación, entre otros factores. Dos vulneraciones encuadradas en una misma categoría pueden producir respuestas diferentes por su alcance y por la conducta mantenida después de detectarse.
26.8
Garantía de los derechos digitales
8.1. Acceso y seguridad en Internet
El título X reconoce derechos y principios destinados a trasladar las garantías constitucionales al entorno digital. Incluye la neutralidad de Internet, el acceso universal y asequible y la seguridad de las comunicaciones transmitidas y recibidas.
La educación digital debe proporcionar competencias para utilizar los medios de forma segura y respetuosa con los derechos. Los centros y las Administraciones han de atender especialmente a la protección de menores, su dignidad y sus datos.
La protección del menor no recae únicamente en su familia. Los centros educativos, los prestadores de servicios y las Administraciones deben promover un uso equilibrado y adoptar medidas cuando la difusión de imágenes o información pueda afectar a sus derechos. Si esa utilización puede constituir una intromisión ilegítima, el Ministerio Fiscal puede intervenir para solicitar las medidas cautelares y de protección correspondientes.
8.2. Información publicada en Internet
El derecho de rectificación permite corregir informaciones inexactas difundidas en medios digitales. El derecho a la actualización permite acompañar una noticia original de un aviso visible cuando hechos posteriores cambian sustancialmente la situación reflejada y la falta de actualización causa perjuicio.
El derecho al olvido no borra la historia ni elimina automáticamente una publicación lícita. Permite, bajo determinadas condiciones, evitar que una búsqueda por el nombre de una persona mantenga accesible de manera desproporcionada información inadecuada, inexacta, no pertinente o desactualizada. La ponderación debe considerar libertad de información, interés público, tiempo transcurrido y posición del afectado.
En redes sociales y servicios equivalentes se reconocen facultades para suprimir datos proporcionados por el propio usuario o por terceros, con límites derivados de la libertad de expresión y otras bases legítimas. También existe un derecho de portabilidad sobre los contenidos facilitados al prestador.
La portabilidad en estos servicios busca que el usuario pueda recibir y transmitir los contenidos que aportó sin quedar cautivo de una plataforma. No atribuye derechos sobre información perteneciente a terceros ni obliga a trasladar elementos cuya comunicación vulneraría sus derechos.
8.3. Derechos digitales en el trabajo
Los trabajadores y empleados públicos conservan su intimidad al utilizar dispositivos digitales facilitados por la organización. Esta puede establecer criterios de uso y acceder a los contenidos para controlar el cumplimiento de obligaciones o garantizar la integridad del dispositivo, pero debe informar y respetar proporcionalidad, dignidad y derechos fundamentales.
La videovigilancia y la grabación de sonidos en el entorno laboral requieren información previa y solo pueden utilizarse dentro de los límites legales. La grabación de sonido presenta un carácter especialmente restrictivo y debe responder a riesgos relevantes para la seguridad.
La geolocalización también exige información clara sobre la existencia y características del sistema y sobre el ejercicio de derechos. La facultad organizativa no permite un seguimiento ilimitado o ajeno a la finalidad laboral.
El derecho a la desconexión digital protege el tiempo de descanso, permisos y vacaciones y busca evitar la prolongación permanente de la jornada mediante dispositivos o mensajes. Su aplicación se concreta mediante políticas internas y negociación, atendiendo a la naturaleza de la relación y favoreciendo un uso razonable de las herramientas.
Los convenios colectivos pueden establecer garantías adicionales sobre el tratamiento de datos y el ejercicio de los derechos digitales. La negociación permite adaptar reglas generales a turnos, trabajo a distancia, sistemas de control o disponibilidad propios de cada actividad, sin rebajar la protección legal.
8.4. Testamento digital e impulso público
Los familiares, herederos y personas designadas pueden dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información para acceder a contenidos del fallecido e impartir instrucciones sobre su utilización, destino o supresión, salvo prohibición expresa o disposición legal. Quien ejerce la albacea testamentaria y las personas o instituciones designadas cuentan también con las facultades reconocidas por la ley.
Cuando el fallecido es menor o una persona con discapacidad, intervienen sus representantes y, dentro de sus competencias, el Ministerio Fiscal. El testamento digital no convierte todos los contenidos en bienes hereditarios ni elimina las condiciones del servicio: establece quién puede ordenar su gestión después del fallecimiento y con qué límites.
El título concluye encomendando a los poderes públicos políticas de impulso de los derechos digitales. La garantía no depende solo de reaccionar frente a una vulneración individual; exige accesibilidad, formación, investigación y medidas que reduzcan las brechas territoriales, económicas, generacionales o derivadas de la discapacidad.
26.9
La Ley Orgánica 7/2021: finalidad y ámbito
9.1. Cuándo se aplica
La Ley Orgánica 7/2021 regula el tratamiento efectuado por autoridades competentes para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar infracciones penales, ejecutar sanciones penales y proteger o prevenir frente a amenazas contra la seguridad pública.
Se aplica al tratamiento automatizado y al manual incorporado o destinado a incorporarse a un fichero. La concurrencia debe ser doble: quien actúa ha de ser una autoridad competente y la operación debe perseguir alguna de las finalidades legales.
Quedan fuera los tratamientos realizados por esas autoridades para finalidades distintas, los relativos a materias clasificadas y Defensa Nacional, ciertas actividades fuera del Derecho de la Unión y las acciones civiles o procedimientos administrativos vinculados con un proceso penal que no persigan directamente las finalidades de la ley.
| Actuación | Régimen aplicable |
|---|---|
| Datos de un sospechoso en una investigación penal | LO 7/2021 |
| Imágenes para prevenir una amenaza grave a la seguridad | LO 7/2021 |
| Expediente de vacaciones de un agente | RGPD y LO 3/2018 |
| Datos de proveedores de una dependencia policial | RGPD y LO 3/2018 |
| Actuación sometida a normativa de materias clasificadas | Régimen específico |
9.2. Autoridades competentes
Son autoridades competentes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Administraciones penitenciarias, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. También lo son las autoridades judiciales del orden penal y el Ministerio Fiscal.
No toda autoridad judicial entra en la enumeración por el hecho de ejercer jurisdicción. La ley se refiere a las autoridades del orden penal dentro de sus competencias. Los tratamientos judiciales y fiscales cuentan, además, con especialidades derivadas de la legislación orgánica y procesal y no son controlados en su función jurisdiccional por las autoridades administrativas de protección de datos.
9.3. Personas fallecidas y definiciones
La ley no se aplica generalmente a datos de fallecidos, pero familiares, personas vinculadas y herederos pueden solicitar acceso, rectificación o supresión. Si fallece un menor, intervienen también sus representantes legales y el Ministerio Fiscal, que puede actuar de oficio o a instancia de cualquier persona interesada.
Las definiciones de dato, tratamiento, perfil, seudonimización, responsable, encargado y violación de seguridad se adaptan al ámbito penal. El responsable es aquí la autoridad competente que determina los fines y medios; el encargado trata por su cuenta siguiendo instrucciones.
9.4. Estructura de la Ley Orgánica 7/2021
Sus ocho capítulos siguen el ciclo del tratamiento. Primero determinan ámbito, autoridades y conceptos; después regulan recogida y utilización, derechos, organización y seguridad, circulación internacional, supervisión, tutela y responsabilidad.
| Capítulo | Contenido |
|---|---|
| I | Disposiciones generales |
| II | Principios, licitud y videovigilancia |
| III | Derechos de las personas |
| IV | Responsable, encargado, seguridad y delegado |
| V | Transferencias internacionales |
| VI | Autoridades de protección de datos |
| VII | Reclamaciones, tutela e indemnización |
| VIII | Infracciones y sanciones |
La secuencia refleja una idea importante: la autoridad no queda legitimada únicamente por perseguir una finalidad penal. Debe respetar principios desde la recogida, facilitar derechos en la medida compatible con la investigación, proteger el sistema, justificar la transmisión y aceptar el control posterior.
26.10
Principios, licitud y calidad de los datos policiales
10.1. Principios del tratamiento
Los datos deben tratarse de manera lícita y leal; recogerse para fines determinados, explícitos y legítimos; ser adecuados, pertinentes y no excesivos; mantenerse exactos y actualizados; conservarse solo durante el tiempo necesario y protegerse mediante seguridad apropiada.
El responsable no solo debe cumplir, sino poder demostrar el cumplimiento. Esta responsabilidad resulta esencial en un ámbito en el que muchas operaciones no pueden ser conocidas inmediatamente por el afectado sin frustrar la investigación.
Los datos recogidos para las finalidades de la ley no pueden reutilizarse libremente. Otro uso penal es posible cuando el nuevo responsable sea competente y el tratamiento resulte necesario y proporcionado. Si se destinan a una finalidad ordinaria distinta, se aplica el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, salvo que la actividad quede fuera del Derecho de la Unión.
10.2. Deber de colaboración
Las Administraciones y las personas físicas o jurídicas deben proporcionar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la Policía Judicial los datos, informes y antecedentes necesarios para investigar y enjuiciar infracciones o ejecutar penas. La petición policial debe ajustarse a sus funciones, ser motivada, concreta y específica y ponerse en conocimiento de la autoridad judicial y fiscal.
Para otras misiones de prevención, detección e investigación o frente a un peligro real y grave para la seguridad pública, la solicitud también debe ser concreta, específica y motivada. Si una ley exige autorización judicial, el deber de colaboración no permite prescindir de ella.
El interesado no es informado de la transmisión cuando esa comunicación pudiera comprometer la actividad investigadora. La ausencia de información no convierte la recogida en arbitraria: la petición continúa sometida a competencia, necesidad, motivación y control.
10.3. Categorías de interesados
El responsable debe distinguir, en la medida de lo posible, entre personas sobre las que existen motivos fundados para presumir que han cometido, pueden cometer o colaborar en una infracción; personas condenadas o sancionadas; víctimas o posibles víctimas; y terceros relacionados, como testigos, informantes, contactos o asociados.
La clasificación no prejuzga la culpabilidad. Permite que el sistema refleje la posición real de cada persona y evita tratar del mismo modo a un condenado, una víctima y un testigo. La ley recuerda expresamente la presunción de inocencia.
También deben diferenciarse, en la medida de lo posible, los datos basados en hechos y los basados en apreciaciones personales. Una descripción comprobada, una hipótesis investigadora y la valoración de una fuente tienen distinto grado de certeza. Si se transmiten datos, debe acompañarse la información necesaria para valorar su exactitud, integridad, fiabilidad y actualización.
Cuando se descubre que se transmitieron datos incorrectos o ilícitos, debe informarse sin dilación al destinatario y proceder a rectificar, suprimir o limitar el tratamiento. La calidad no es una tarea que termine al introducir la información; debe mantenerse durante su circulación y utilización.
10.4. Licitud y categorías especiales
El tratamiento es lícito cuando resulta necesario para las finalidades legales y lo realiza una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. La ley que regule una operación concreta debe indicar al menos objetivos, datos afectados y finalidades.
Las categorías especiales solo pueden tratarse cuando sea estrictamente necesario, existan garantías adecuadas y concurra una habilitación legal o europea, la protección de intereses vitales y derechos fundamentales o el carácter manifiestamente público de los datos.
Las autoridades pueden tratar datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca para prevenir, investigar o detectar infracciones y proteger frente a amenazas, dentro de sus competencias. Esta habilitación no elimina la exigencia de estricta necesidad y garantías.
10.5. Decisiones automatizadas y perfiles
Se prohíben las decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos negativos o afecten significativamente, salvo habilitación expresa mediante ley o Derecho de la Unión. La norma habilitante debe garantizar, entre otras medidas, intervención humana en la revisión.
No pueden basarse en categorías especiales salvo garantías adecuadas y se prohíbe el perfilado que genere discriminación a partir de esas categorías. La tecnología puede apoyar el análisis, pero no suprime la necesidad de base jurídica, supervisión y posibilidad de revisión.
26.11
Conservación y revisión de los datos
El responsable determina la conservación únicamente durante el tiempo necesario para las finalidades legales. Además, debe revisar la necesidad de conservar, limitar o suprimir los datos de cada actividad de tratamiento como máximo cada tres años, atendiendo especialmente a la edad del afectado, el carácter de la información y la conclusión de la investigación o procedimiento.
Con carácter general, el plazo máximo para la supresión es de veinte años. Pueden justificar una conservación superior las investigaciones abiertas, los delitos no prescritos, la ejecución de una pena aún no concluida, la reincidencia, la protección de víctimas u otras circunstancias motivadas necesarias para cumplir las finalidades legales.
Las dos reglas cumplen funciones diferentes:
| Regla | Significado |
|---|---|
| Revisión máxima cada tres años | Obliga a comprobar periódicamente si aún procede conservar, limitar o suprimir |
| Supresión general a los veinte años | Fija el límite ordinario, salvo circunstancias motivadas |
No existe un derecho automático a conservar durante veinte años. Si los datos dejan de ser necesarios antes, deben suprimirse o limitarse según proceda. Tampoco existe una supresión inevitable al cumplirse el plazo cuando persiste una causa legal debidamente motivada.
26.12
Videovigilancia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
12.1. Proporcionalidad y finalidades
La captación, reproducción y tratamiento de imágenes y sonidos para las finalidades de la ley no se consideran por sí mismas intromisiones ilegítimas cuando respetan el régimen legal. La instalación debe atender al principio de proporcionalidad y puede perseguir la protección de edificios e instalaciones propias, de edificios públicos y accesos bajo custodia, de instalaciones útiles para la seguridad nacional, la investigación de infracciones y la prevención de amenazas.
La proporcionalidad exige que la medida sea idónea para la finalidad, necesaria porque no exista otra igualmente eficaz y menos restrictiva, y equilibrada respecto de la afectación de derechos.
12.2. Sistemas fijos
En vías o lugares públicos, el responsable debe valorar idoneidad e intervención mínima y realizar, según el riesgo, un análisis o una evaluación de impacto. Es fija la cámara anclada a un soporte o fachada aunque pueda orientarse en distintas direcciones.
La ciudadanía debe ser informada de forma clara y permanente de la existencia del sistema y de la autoridad responsable ante la que puede ejercer sus derechos, sin necesidad de revelar el emplazamiento exacto de cada cámara.
12.3. Dispositivos móviles
Los dispositivos móviles pueden utilizarse cuando concurre un peligro o evento concreto. La toma de imagen y sonido ha de ser conjunta y su uso requiere autorización del Delegado o Subdelegado del Gobierno, o del órgano autonómico competente en los casos previstos.
La autorización no puede ser indefinida. Se concede durante el tiempo adecuado, con un máximo de un mes, prorrogable por otro. En situaciones urgentes o inaplazables, el responsable operativo puede determinar su utilización y debe comunicarlo a la autoridad competente a la mayor brevedad y, siempre, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
12.4. Destino y destrucción de las imágenes
Si la grabación capta hechos posiblemente delictivos, la cinta o soporte original se pone íntegramente a disposición judicial a la mayor brevedad y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes. Si no puede redactarse el atestado, se relatan verbalmente los hechos junto con la entrega.
Las imágenes relativas a posibles infracciones administrativas de seguridad pública se remiten inmediatamente al órgano competente. Las grabaciones se destruyen, con carácter general, dentro de los tres meses siguientes, salvo que estén relacionadas con infracciones penales, infracciones administrativas graves o muy graves, una investigación policial en curso o un procedimiento abierto.
No debe confundirse este plazo de tres meses con el mes previsto para la videovigilancia ordinaria bajo la Ley Orgánica 3/2018.
26.13
Derechos bajo la Ley Orgánica 7/2021
13.1. Información y ejercicio
El responsable facilita información concisa, inteligible, accesible y redactada con lenguaje claro. Debe poner a disposición del interesado su identidad y contacto, los datos del delegado, las finalidades, los derechos y la posibilidad de reclamar. Según el caso añade base jurídica, conservación, destinatarios y procedencia.
Las solicitudes se atienden por escrito sin dilación indebida. Si transcurre un mes sin resolución expresa y notificación, se entienden desestimadas. La información es gratuita; pueden inadmitirse motivadamente las solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas. La ley considera repetitiva, en todo caso, la presentación de tres solicitudes sobre el mismo supuesto en seis meses sin causa legítima.
13.2. Acceso, rectificación, supresión y limitación
El acceso permite confirmar si existen datos, conocerlos y obtener información sobre finalidad, base, categorías, destinatarios, conservación, procedencia y reclamación. No obliga a revelar la identidad de fuentes confidenciales.
La rectificación corrige información inexacta y completa la incompleta. La supresión procede cuando el tratamiento infringe los principios o carece de licitud, afecta ilícitamente a categorías especiales o responde a una obligación legal. La limitación sustituye a la supresión cuando el interesado discute la exactitud y no puede comprobarse, o cuando los datos deben conservarse con fines probatorios.
13.3. Restricciones y ejercicio indirecto
El responsable puede restringir total o parcialmente información y derechos cuando resulte necesario y proporcionado para evitar que se obstaculicen investigaciones o procedimientos, impedir perjuicios a la prevención o investigación, proteger la seguridad pública o nacional o salvaguardar derechos de otras personas.
La restricción no equivale a una negativa inmotivada. El interesado debe ser informado de la decisión y de la posibilidad de reclamar, salvo que proporcionar esa información comprometa la finalidad protegida. Las razones deben documentarse para que puedan ser controladas.
Cuando se restringe el ejercicio directo, el interesado puede acudir a la autoridad de protección de datos para que verifique la licitud del tratamiento. La autoridad comunica que ha realizado las comprobaciones o revisión, sin revelar información que frustre la investigación. Esta vía mantiene un control independiente incluso cuando no puede facilitarse acceso completo.
26.14
Obligaciones, seguridad y delegado de protección de datos
14.1. Responsable y encargado
El responsable aplica medidas apropiadas atendiendo a naturaleza, contexto, fines y riesgos y debe revisar su eficacia. La protección desde el diseño y por defecto exige integrar garantías en la arquitectura del tratamiento y limitar inicialmente datos, extensión, conservación y acceso.
El encargado ofrece garantías suficientes y actúa mediante contrato u otro acto jurídico vinculante. Solo trata los datos conforme a instrucciones, garantiza confidencialidad, adopta seguridad y ayuda a cumplir las obligaciones. Si determina finalidades propias, responde como responsable de ese tratamiento.
14.2. Registros y evaluación de impacto
Responsables y encargados mantienen registros de actividades. Además, conservan un registro de operaciones que permite conocer recogidas, alteraciones, consultas, comunicaciones, interconexiones y supresiones. Este registro contribuye a comprobar quién accedió, qué hizo y con qué finalidad.
El registro de actividades describe el sistema: responsables, finalidades, categorías, destinatarios, transferencias, conservación y seguridad. El registro de operaciones deja trazabilidad de actuaciones concretas. No son documentos intercambiables. El primero permite conocer cómo está diseñado el tratamiento; el segundo ayuda a comprobar cómo se ha utilizado realmente la información y a detectar accesos o modificaciones indebidos.
Los registros de operaciones solo pueden utilizarse para verificar la licitud, realizar autocontrol, garantizar integridad y seguridad o intervenir en procedimientos penales. También deben ponerse a disposición de la autoridad de protección cuando esta los solicite. La trazabilidad perdería su función protectora si pudiera reutilizarse sin límites para finalidades ajenas.
Cuando una operación puede generar alto riesgo se realiza una evaluación de impacto. Si muestra un riesgo elevado que no puede reducirse mediante medidas razonables, se consulta previamente a la autoridad de protección de datos. La finalidad es prevenir el daño antes de iniciar el tratamiento.
La evaluación describe las operaciones previstas, valora su necesidad y proporcionalidad, analiza los riesgos para los derechos y determina medidas para afrontarlos. Resulta especialmente relevante ante nuevas tecnologías, perfiles, grandes volúmenes, categorías especiales o vigilancia sistemática. No es una autorización genérica: debe responder al tratamiento concreto y revisarse cuando cambien sus riesgos.
En la consulta previa, la autoridad examina el proyecto y puede formular recomendaciones o ejercer sus potestades cuando considere que vulneraría la ley. Consultar no transfiere al órgano de control la decisión ni la responsabilidad del tratamiento; obliga al responsable a exponer anticipadamente el riesgo que no ha logrado mitigar.
14.3. Violaciones de seguridad
Una violación puede consistir en destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizados. El responsable debe valorar su alcance y notificarla a la autoridad sin dilación indebida y, si es posible, dentro de las setenta y dos horas siguientes a haber tenido constancia, salvo que resulte improbable que constituya un peligro para los derechos y libertades. Si la notificación se retrasa, deben explicarse los motivos.
La notificación describe la naturaleza de la violación, las categorías y número aproximado de afectados y registros, el contacto del delegado, las consecuencias probables y las medidas adoptadas o propuestas. Cuando no puede aportarse toda la información de una vez, cabe facilitarla por fases sin dilación indebida.
Si es probable que genere un alto riesgo, se comunica también al afectado con lenguaje claro. Puede omitirse cuando se aplicaron medidas que hagan ininteligibles los datos, se han adoptado actuaciones posteriores que eliminan la probabilidad del alto riesgo o el contacto individual exige un esfuerzo desproporcionado y se sustituye por una comunicación pública eficaz. En el régimen penal, además, la comunicación puede restringirse por las causas legales que protegen investigaciones y seguridad.
La respuesta no termina con la notificación. Deben contenerse los efectos, recuperar la seguridad, documentar lo ocurrido y corregir la causa para evitar que se repita.
14.4. Delegado de protección de datos
Cada autoridad competente debe designar un delegado, salvo los órganos jurisdiccionales cuando actúan en ejercicio de su función judicial. Puede nombrarse uno para varias autoridades teniendo en cuenta su estructura y tamaño.
El delegado informa y asesora, supervisa el cumplimiento, asigna responsabilidades de sensibilización y formación, orienta sobre evaluaciones de impacto, coopera con la autoridad y actúa como punto de contacto. Debe participar a tiempo, actuar con independencia y guardar secreto o confidencialidad.
26.15
Transferencias, control y responsabilidad
15.1. Transferencias internacionales
La transmisión a un tercer país u organización internacional exige que sea necesaria para las finalidades de la ley, que el destinatario sea una autoridad competente y que exista una decisión de adecuación, garantías apropiadas o alguna excepción legal. La cooperación internacional no elimina la protección durante la circulación de la información.
La decisión de adecuación permite transferir porque la Comisión Europea ha reconocido que el país, territorio, sector u organización ofrece un nivel adecuado. La autoridad transmitente debe respetar, además, las condiciones particulares que acompañen a los datos y la competencia del destinatario.
Si no existe esa decisión, puede acudirse a garantías apropiadas contenidas en un instrumento jurídicamente vinculante o valoradas por el responsable a partir de todas las circunstancias de la transferencia. En este segundo caso, la operación debe documentarse y ponerse a disposición de la autoridad de protección. No basta con confiar informalmente en que el destinatario utilizará bien la información.
En ausencia de adecuación y garantías, la transferencia solo cabe mediante las excepciones para situaciones específicas: proteger intereses vitales, salvaguardar intereses legítimos del afectado, prevenir una amenaza grave e inmediata para la seguridad pública, atender un caso individual con fines penales o formular y defender reclamaciones. Debe ponderarse la prevalencia de los derechos del interesado y documentarse la decisión.
En situaciones individuales y específicas puede haber transferencias directas a destinatarios distintos de una autoridad, pero se someten a condiciones estrictas: necesidad, valoración de derechos, inexistencia o ineficacia de la vía ordinaria e información a la autoridad competente del tercer país, entre otras garantías.
La secuencia evita convertir la excepción en regla. Primero se comprueba si existe adecuación; después, si pueden aportarse garantías; y solo ante una situación legalmente prevista se acude a la excepción. La urgencia operativa puede influir en el cauce, pero no elimina la obligación de justificar y registrar la transmisión.
15.2. Autoridades y tutela
La AEPD y, dentro de sus competencias, las autoridades autonómicas supervisan la aplicación. Pueden investigar, acceder a información, ordenar correcciones, limitar tratamientos y ejercer potestades sancionadoras. Los tratamientos efectuados por órganos judiciales en ejercicio de su función jurisdiccional cuentan con su propio sistema de control.
La persona dispone de tutela administrativa y judicial y puede obtener indemnización por los daños materiales o inmateriales sufridos. El control no se agota en la sanción: su función principal es restablecer la legalidad y evitar que continúe la afectación.
15.3. Infracciones y sanciones
La Ley Orgánica 7/2021 clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves. La categoría depende de la entidad de la vulneración: tratamiento sin habilitación, incumplimiento de principios, afectación de derechos, fallos de seguridad, transferencias ilícitas u obstrucción al control, entre otras conductas.
El régimen diferencia responsables públicos y encargados privados. Para determinadas autoridades públicas se aplican medidas declarativas y correctoras y pueden promoverse responsabilidades disciplinarias; los encargados del sector privado pueden quedar sujetos a multas. La diferencia en la consecuencia no rebaja las obligaciones materiales de las autoridades.
26.16
Lectura conjunta de las dos leyes
16.1. Cómo determinar la norma aplicable
Para resolver un supuesto conviene seguir tres preguntas:
- ¿Quién trata los datos?
- ¿Con qué finalidad concreta?
- ¿Existe un régimen especial que desplace al general?
Una autoridad policial puede actuar bajo ambas leyes en momentos diferentes. La base de datos de personal, la investigación de un robo y una cámara instalada para proteger una vía pública no se resuelven únicamente atendiendo al organismo titular. La finalidad y las circunstancias determinan el régimen.
16.2. Diferencias que suelen confundirse
| Cuestión | Régimen general | LO 7/2021 |
|---|---|---|
| Consentimiento | Una de las posibles bases | No es la base ordinaria de la actuación penal |
| Menor | Consentimiento propio si es mayor de 14 años, con límites | Interés superior y garantías reforzadas |
| Derechos | Acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición | Información, acceso, rectificación, supresión y limitación, con restricciones tasadas |
| Conservación | Tiempo necesario según finalidad y base | Revisión máxima trienal y límite general de 20 años |
| Videovigilancia | Supresión ordinaria en un mes | Destrucción ordinaria en tres meses |
| Posición del afectado | No exige clasificarlo | Distingue sospechoso, condenado, víctima y tercero |
16.3. Síntesis final
La protección de datos no impide tratar información: exige que cada operación tenga finalidad, base, límites y control. En el régimen general, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 reconocen a la persona amplias facultades y obligan al responsable a prevenir y demostrar el cumplimiento. En el ámbito penal, la Ley Orgánica 7/2021 adapta esas garantías a investigaciones que no siempre pueden ser transparentes desde el primer momento.
La especialidad policial permite restringir información o derechos cuando sea necesario para proteger la investigación o la seguridad, pero no crea un espacio sin reglas. La autoridad debe justificar la necesidad, mantener la calidad de los datos, diferenciar la posición de las personas, limitar la conservación, garantizar la seguridad y quedar sometida a supervisión.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 9 preguntas oficiales de este tema
Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales y muestran los aspectos más examinados: conceptos, menores, personas fallecidas, autoridades competentes, conservación, delegado de protección de datos y régimen de infracciones. Se conservan todas las opciones y se explica la respuesta conforme a la normativa vigente.
0 de 9 respondidas
- Promoción 38, modelo A, pregunta 70.artículo 5.h) de la Ley Orgánica 7/2021. El encargado actúa por cuenta del responsable; si utiliza los datos para fines propios, deja de actuar únicamente como encargado.
1. De acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, se entiende por “encargado del tratamiento” a:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 80.artículo 8.3 de la Ley Orgánica 7/2021. El plazo general es de veinte años, sin perjuicio de las circunstancias motivadas que permiten conservar los datos durante más tiempo. La necesidad de conservar, limitar o suprimir debe revisarse como máximo cada tres años.
2. Con relación a la Ley Orgánica 7/2021 y con carácter general, ¿cuál es el plazo máximo para la supresión de los datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes?
- Promoción 39, modelo A, pregunta 82.artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018. Se exceptúan los supuestos en los que la ley exige la asistencia de quienes ejercen la patria potestad o tutela para el acto o negocio en cuyo contexto se solicita el consentimiento.
3. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad, conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, únicamente podrá fundarse en su consentimiento:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 97.artículo 4 de la Ley Orgánica 7/2021. La ley incluye al Ministerio Fiscal y a las autoridades judiciales del orden penal, no a las del orden civil por razón de su actividad jurisdiccional ordinaria.
4. El Artículo 4 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, indica quien tendrá, en particular, la consideración de autoridad competente a los efectos de dicha Ley. Cuál de las siguientes Autoridades no está incluida:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 39.artículo 3.2 de la Ley Orgánica 7/2021. Los representantes legales también pueden ejercer las facultades, pero la actuación del Ministerio Fiscal puede iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona interesada.
5. La L.O. 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, en su artículo tercero hace alusión a los datos de personas fallecidas. En caso de fallecimiento de menores, cuando sea el Ministerio Fiscal el que ejerza las facultades establecidas, podrá actuar:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 47.artículo 12.6 de la Ley Orgánica 3/2018. Esta regla se refiere al ejercicio representativo de derechos y debe diferenciarse de las bases que permiten el tratamiento. El enunciado oficial emplea «cancelación»; la terminología vigente de la Ley Orgánica y del RGPD denomina a esta facultad derecho de supresión .
6. En aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los titulares de la patria potestad podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles.
- Promoción 42, modelo A, pregunta 13.artículo 3.1 de la Ley Orgánica 3/2018. La prohibición expresa limita el acceso general, pero no afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos patrimoniales del causante.
7. Según lo dispuesto por la LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿cuál es la opción correcta en relación al acceso a los datos personales de una persona fallecida si es solicitado por sus herederos o familiares?
- Promoción 42, modelo A, pregunta 14.artículos 40 a 42 de la Ley Orgánica 7/2021. El delegado informa, asesora y supervisa, coopera con la autoridad de control y actúa como punto de contacto.
8. En la LO 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales ¿se establece alguna figura u órgano de asesoramiento y supervisión de los responsables de la protección de datos?
- Promoción 42, modelo A, pregunta 73.artículos 58, 59 y 60 de la Ley Orgánica 7/2021. Cada categoría comprende conductas determinadas y se integra en el régimen de responsabilidad de la ley.
9. Según el régimen sancionador de la LO 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, las infracciones se pueden calificar como:
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