Bloque 2 · Ciencias Sociales

Explicación del Tema 30 de Policía Nacional

Principios éticos, intolerancia y delitos de odio

17 apartados49 min de lectura

30.0

Introducción

Los principios éticos no son únicamente declaraciones abstractas. Proporcionan criterios para juzgar las conductas, orientan las normas jurídicas y permiten resolver conflictos entre personas que mantienen creencias y proyectos de vida diferentes. En una sociedad plural, la convivencia depende de que la libertad de cada persona pueda ejercerse dentro de un marco de igual dignidad, responsabilidad y respeto a los derechos ajenos.

Estos principios se aprenden mediante la socialización. La familia, la escuela, los grupos de iguales, los medios de comunicación, el trabajo y las instituciones transmiten formas de interpretar el mundo y de relacionarse con los demás. El mismo proceso que permite interiorizar valores democráticos también puede reproducir estereotipos, prejuicios y pautas de exclusión. Por eso la transmisión social nunca elimina la reflexión personal ni la responsabilidad por la propia conducta.

Desde esta perspectiva se comprende la unidad del tema. Libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia establecen las condiciones de una convivencia democrática; racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y hooliganismo muestran distintas maneras de negar o deteriorar esas condiciones. Se trata de fenómenos sociales que deben estudiarse por sus características propias, sin convertir automáticamente una ideología, una pertenencia o una expresión rechazable en un delito.

La última parte traslada ese análisis al ámbito jurídico y policial. El ordenamiento distingue entre discriminación, incidente de odio, discurso de odio y conducta penalmente tipificada. Cuando existe delito, la motivación discriminatoria puede actuar como agravante o formar parte de tipos específicos. La respuesta exige, por tanto, identificar con precisión la conducta, acreditar el móvil cuando sea relevante, proteger a la víctima y preservar al mismo tiempo las garantías propias de un Estado de Derecho.

30.1

Ética, moral, principios, valores y normas

1.1. La reflexión ética

La ética es la reflexión racional sobre la conducta humana, los fines que merecen ser perseguidos y las razones por las que una acción puede considerarse correcta o incorrecta. No se limita a describir lo que hacen las personas: pregunta qué deberían hacer y qué criterios permiten justificar esa respuesta.

La moral designa el conjunto de valores, deberes, prohibiciones y modelos de conducta aceptados por una persona o comunidad. Una sociedad puede poseer varias tradiciones morales, mientras la ética examina críticamente sus fundamentos y consecuencias.

Esta distinción no separa dos mundos. La moral proporciona prácticas y convicciones sobre las que reflexiona la ética; la reflexión ética puede confirmar, corregir o rechazar costumbres. Que una conducta haya sido habitual no demuestra que sea justa, del mismo modo que una innovación no es correcta únicamente por ser nueva.

1.2. Principios, valores y normas

Un principio es un criterio general que orienta decisiones. La dignidad o la igualdad sirven para interpretar situaciones diversas y para justificar normas más concretas. Un valor expresa una cualidad o ideal considerado deseable, como libertad, solidaridad, honestidad o seguridad.

La norma formula una pauta de conducta: ordena, prohíbe o permite. Puede ser jurídica, moral, social o profesional. El principio de igualdad inspira normas que prohíben discriminación; el valor de la seguridad justifica procedimientos de prevención; y la responsabilidad se concreta en deberes de actuación y rendición de cuentas.

Los tres niveles no coinciden siempre. Una norma vigente puede ser criticada por vulnerar un principio, y un valor puede admitir concreciones diferentes. La deliberación ética aparece precisamente cuando varios bienes entran en tensión y no basta con repetir una regla de forma automática.

1.3. Una ética para una sociedad plural

Las sociedades contemporáneas reúnen creencias religiosas, ideologías, culturas y proyectos personales distintos. La convivencia no exige una concepción única de la vida buena, pero sí un marco común que reconozca a todas las personas como sujetos de derechos.

La Constitución proclama como valores superiores libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. El artículo 10.1 sitúa la dignidad, los derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. Estos principios ofrecen un mínimo común compatible con amplias diferencias.

El pluralismo no convierte todas las conductas en igualmente aceptables. Las creencias pueden defenderse y criticarse; las personas conservan igual dignidad. Cuando una práctica somete, excluye o agrede, entra en conflicto con el marco que permite la convivencia entre posiciones diferentes.

30.2

La transmisión de valores: el proceso de socialización

2.1. Concepto y funciones

La socialización es el proceso mediante el que una persona aprende e interioriza lenguaje, normas, valores, conocimientos, identidades y roles necesarios para participar en la sociedad. Hace posible interpretar las situaciones, anticipar expectativas y coordinar la conducta con otras personas.

No consiste en copiar pasivamente un modelo. La persona recibe mensajes de distintas fuentes, detecta contradicciones, negocia pertenencias y modifica sus criterios a partir de la experiencia. La socialización reproduce cultura y, al mismo tiempo, permite transformarla.

El proceso dura toda la vida. Nuevos trabajos, relaciones, tecnologías o instituciones requieren aprendizajes adicionales. También puede producirse una resocialización cuando se abandonan pautas anteriores y se incorporan otras ligadas a un cambio profundo de entorno o función.

2.2. Socialización primaria y secundaria

La socialización primaria se desarrolla durante los primeros años en relaciones de fuerte implicación afectiva. La familia y las personas cuidadoras transmiten lenguaje, hábitos, confianza, límites y primeras categorías sobre uno mismo y los demás. Su influencia es profunda, aunque no irreversible.

La socialización secundaria incorpora conocimientos y comportamientos propios de ámbitos específicos. Escuela, trabajo, asociaciones e instituciones enseñan papeles, procedimientos y normas que no dependen únicamente de la familia.

La formación profesional policial constituye un ejemplo: la persona aprende conocimientos jurídicos y técnicos, pero también expectativas sobre autoridad, servicio, autocontrol y trato a la ciudadanía. Las normas informales del grupo pueden reforzar o contradecir los valores formalmente proclamados, de ahí la importancia de supervisión y responsabilidad.

2.3. Agentes de socialización

La familia transmite modelos mediante cuidado, conversación, ejemplo, recompensa y sanción. La escuela introduce conocimientos y una experiencia de convivencia con reglas impersonales, diversidad y autoridad institucional. El grupo de iguales ofrece pertenencia y autonomía respecto de los adultos.

Los medios de comunicación seleccionan acontecimientos, modelos y lenguajes. Las redes sociales añaden participación, personalización y velocidad. Los algoritmos pueden ampliar el acceso a perspectivas distintas o concentrar la atención en contenidos afines y emocionalmente intensos.

El trabajo, las organizaciones, las comunidades religiosas, el deporte y las instituciones públicas transmiten códigos propios. Una misma persona participa en varios espacios y puede recibir mensajes incompatibles. La capacidad crítica permite comparar la norma grupal con derechos y principios generales.

2.4. Socialización formal e informal

La socialización formal se produce mediante programas, reglas y enseñanzas deliberadamente organizadas. La informal aparece en conversaciones, imitaciones, bromas, silencios y reacciones cotidianas. Ambas pueden reforzarse o contradecirse.

Una institución puede impartir formación sobre igualdad y tolerar al mismo tiempo comentarios discriminatorios. El mensaje informal indicará entonces qué conducta obtiene realmente aceptación. La transmisión de valores depende de la coherencia entre discurso, ejemplo, incentivos y respuesta ante el incumplimiento.

La educación ética no se reduce a memorizar valores. Exige comprender su significado, aplicarlos a conflictos y desarrollar capacidad para justificar una decisión. La obediencia sin razonamiento puede desaparecer cuando cambia la autoridad o el grupo de referencia.

2.5. Cómo se interiorizan las normas y los valores

La transmisión se produce por varios mecanismos que suelen actuar conjuntamente. La imitación permite reproducir conductas observadas en personas significativas; el refuerzo aumenta o reduce la probabilidad de una conducta mediante recompensas y sanciones; y la identificación lleva a adoptar pautas de un grupo porque formar parte de él resulta importante para la propia identidad.

La interiorización representa un paso adicional. Una regla se encuentra interiorizada cuando se cumple por considerarla válida, incluso sin vigilancia inmediata. El control externo puede lograr obediencia puntual; la convicción y el sentido de pertenencia proporcionan mayor estabilidad. Sin embargo, también puede interiorizarse una pauta injusta. La fuerza con la que se ha aprendido una norma no demuestra su legitimidad.

Los distintos agentes pueden transmitir mensajes incompatibles. Una familia puede enseñar respeto, mientras un grupo premia la burla; una institución puede proclamar igualdad y mantener prácticas que perjudican de forma constante a determinadas personas. El individuo interpreta esas contradicciones a partir de su experiencia, de las consecuencias observadas y de la importancia que concede a cada grupo de referencia.

La socialización explica así la continuidad de una cultura, pero también su cambio. Cuando una persona contrasta una práctica aprendida con principios de dignidad e igualdad, puede rechazarla y contribuir a modificar las expectativas de su entorno. La educación, el contacto entre grupos y la actuación coherente de las instituciones amplían esa capacidad de revisión.

2.6. Socialización, identidad y actuación policial

La identidad personal se construye mediante pertenencias diversas: familia, territorio, profesión, religión, orientación ideológica, grupos culturales o espacios de ocio. Estas pertenencias proporcionan apoyo y significado, pero pueden convertirse en fuente de exclusión cuando una de ellas se presenta como superior o incompatible con las demás.

En el ámbito policial, la socialización profesional debe integrar legalidad, servicio a la ciudadanía, proporcionalidad, neutralidad y respeto a la dignidad. La cohesión interna resulta necesaria para trabajar en situaciones de riesgo, aunque esa cohesión debe ser compatible con la revisión de errores y con la responsabilidad individual. Una norma informal nunca puede desplazar los deberes jurídicos y profesionales.

Esta conexión resulta relevante para el resto del tema: los prejuicios no aparecen aislados de la vida social, sino que se aprenden, circulan y pueden verse reforzados o corregidos por los grupos y las instituciones. Comprender ese proceso facilita la prevención sin presentar a ninguna persona como determinada de manera inevitable por su entorno.

30.3

Libertad y responsabilidad

3.1. La libertad como autonomía

La libertad permite formar planes, expresar ideas, elegir relaciones y participar en la vida pública. Incluye una dimensión negativa —ausencia de coacción injustificada— y otra positiva: disponer de capacidades y condiciones para tomar decisiones reales.

Ninguna libertad se ejerce en el vacío. Las acciones afectan a otras personas y se desarrollan dentro de normas comunes. Los límites legítimos deben estar previstos por el ordenamiento, perseguir fines compatibles con los derechos y guardar proporcionalidad.

La pluralidad depende de libertades de conciencia, expresión, reunión y asociación. Estas permiten defender ideas impopulares y criticar a las instituciones. Su protección resultaría vacía si solo alcanzara a opiniones mayoritarias o inofensivas.

3.2. La responsabilidad

La responsabilidad es la capacidad y el deber de responder por decisiones y consecuencias. Presupone comprender, elegir y reconocer que la propia conducta se inserta en relaciones donde existen derechos ajenos.

Puede ser moral, social, profesional, administrativa, civil o penal. Cada forma posee presupuestos y consecuencias diferentes. Una conducta moralmente censurable no es necesariamente delito, y la ausencia de sanción penal no la convierte en responsable.

Libertad y responsabilidad son inseparables. La autonomía justifica que la persona pueda decidir y también que deba rendir cuentas. Atribuir toda conducta al grupo, la ideología o la obediencia elimina indebidamente la participación individual.

3.3. Responsabilidad en la comunicación

La libertad de expresión protege el intercambio de ideas, la crítica y la creación. La responsabilidad exige valorar la veracidad de afirmaciones fácticas, los derechos de las personas y el alcance que proporcionan los medios digitales.

Compartir un mensaje puede multiplicar su difusión aunque no se haya creado. La velocidad favorece respuestas emocionales y reduce el tiempo de comprobación. La responsabilidad digital incluye identificar fuentes, no convertir rumores en acusaciones y comprender que la aparente distancia no elimina el daño.

Esto no significa que toda expresión desagradable deba prohibirse. Una sociedad abierta necesita soportar crítica intensa. La intervención jurídica aumenta conforme aparecen amenaza, acoso, incitación, humillación grave o riesgo para derechos y seguridad.

30.4

Igualdad y solidaridad

4.1. Igual dignidad e igualdad jurídica

La igualdad parte de que todas las personas poseen la misma dignidad y deben recibir reconocimiento como sujetos de derechos. El artículo 14 de la Constitución proclama igualdad ante la ley y prohíbe discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La igualdad formal exige que casos comparables reciban el mismo trato. También obliga a justificar las diferencias. Aplicar una regla distinta puede ser legítimo si responde a una finalidad objetiva y proporcionada; utilizar una característica irrelevante para excluir constituye discriminación.

Igualdad no significa uniformidad. Las personas tienen necesidades y situaciones diferentes. Una norma idéntica puede producir desventaja cuando ignora barreras materiales, por lo que el análisis debe atender tanto al contenido como al resultado.

4.2. Igualdad material y acción positiva

El artículo 9.2 encarga a los poderes públicos promover condiciones para que libertad e igualdad sean reales y efectivas y remover obstáculos que impidan su plenitud. La igualdad material permite adoptar medidas dirigidas a corregir desventajas persistentes.

La acción positiva concede una ventaja específica a un grupo en situación de desigualdad para acercar el ejercicio efectivo de derechos. No constituye un privilegio arbitrario si posee base legal, finalidad legítima, proporcionalidad y carácter adecuado.

La Ley 15/2022 amplía la protección frente a discriminación directa, indirecta, por asociación o error, múltiple e interseccional. También contempla acoso, represalias y denegación de ajustes razonables. No todas estas conductas son delitos, pero todas pueden requerir una respuesta jurídica.

4.3. Solidaridad

La solidaridad reconoce que las personas dependen unas de otras y que determinados riesgos no pueden afrontarse únicamente mediante recursos individuales. Se expresa en ayuda espontánea, cooperación organizada, servicios públicos y distribución de cargas.

No elimina responsabilidad personal ni obliga a compartir todas las elecciones. Exige considerar cómo las decisiones propias e institucionales afectan a quienes poseen menor capacidad para protegerse. Una sociedad solidaria no trata la vulnerabilidad como defecto moral.

Igualdad y solidaridad se refuerzan. La igualdad determina que nadie merece menos derechos; la solidaridad aporta medios para que ese reconocimiento resulte efectivo. Sin igualdad, la ayuda puede convertirse en paternalismo; sin solidaridad, la igualdad queda reducida a una proclamación formal.

30.5

Tolerancia y convivencia plural

5.1. Qué significa tolerar

La tolerancia es la disposición a respetar que otras personas mantengan creencias, identidades o formas de vida con las que se discrepa. Presupone una diferencia real: aquello que se comparte no necesita ser tolerado.

Tolerar no significa considerar verdaderas todas las ideas ni renunciar a criticarlas. Se respeta a la persona y su libertad, mientras sus argumentos pueden discutirse. La convivencia democrática convierte el desacuerdo en deliberación, participación y aplicación de reglas comunes.

La tolerancia tampoco equivale a indiferencia. Puede exigir intervenir cuando alguien sufre discriminación. Permitir que el más fuerte silencie al vulnerable no protege pluralismo, sino que deja desaparecer las condiciones que lo hacen posible.

5.2. Límites

La libertad de una persona encuentra límites en los derechos de otras y en bienes constitucionalmente protegidos. La respuesta debe dirigirse a conductas concretas y respetar legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Las ideas intolerantes pueden ser objeto de crítica social sin convertirse automáticamente en delito. La sanción penal representa la intervención más intensa y se reserva para conductas tipificadas. Entre aprobación y castigo penal existen educación, contradiscurso, moderación de plataformas, respuesta administrativa y protección civil.

Este enfoque evita dos errores: invocar tolerancia para aceptar violencia y utilizar la lucha contra la intolerancia para suprimir cualquier opinión molesta. La defensa democrática necesita firmeza frente al daño y garantías frente al poder.

5.3. Relación entre libertad, responsabilidad, igualdad, solidaridad y tolerancia

Estos valores cumplen funciones diferentes y deben interpretarse conjuntamente. La libertad reconoce un ámbito de decisión personal; la responsabilidad recuerda que las decisiones producen consecuencias; la igualdad impide asignar menor dignidad o derechos por una característica personal; la solidaridad atiende a las condiciones que dificultan el ejercicio real de esos derechos; y la tolerancia permite que personas distintas convivan sin necesidad de compartir sus convicciones.

Considerados por separado pueden deformarse. Una libertad desligada de responsabilidad puede utilizarse para justificar el daño; una igualdad entendida como uniformidad puede borrar diferencias legítimas; una solidaridad sin autonomía puede volverse paternalista; y una tolerancia sin límites puede abandonar a quien sufre violencia. La función de los principios consiste precisamente en orientar la decisión cuando varios bienes concurren.

En la actuación pública, esa relación se traduce en un doble deber. Los poderes públicos deben proteger a las personas frente a violencia y discriminación, pero la intervención ha de respetar legalidad, necesidad y proporcionalidad. La defensa de la convivencia democrática incluye tanto la eficacia frente al daño como las garantías que limitan el ejercicio del poder.

30.6

Contravalores y reacciones frente a los valores mayoritarios

Un contravalor es una orientación opuesta a un valor considerado deseable. Frente a igualdad aparecen supremacía y discriminación; frente a libertad, dominación; frente a responsabilidad, indiferencia ante las consecuencias; frente a tolerancia, persecución del diferente.

La expresión debe emplearse con cuidado. Un valor mayoritario no es correcto únicamente por ser mayoritario. La historia muestra prácticas ampliamente aceptadas que vulneraban dignidad e igualdad. Quienes las cuestionaron actuaron contra la norma social y contribuyeron a transformarla.

El criterio relevante es la relación con los derechos y la convivencia, no el número de personas que sostienen una posición. Racismo, fanatismo violento o sectarismo coercitivo se consideran contrarios al marco democrático porque subordinan personas, no simplemente porque discrepan de la mayoría.

Las reacciones a los valores dominantes pueden buscar reforma, separación, protesta o imposición. Solo el análisis del contenido, los medios y los efectos permite distinguir disidencia legítima de intolerancia o violencia.

30.7

Racismo

7.1. Concepto

El racismo atribuye a grupos definidos racial o étnicamente características esenciales y utiliza esa clasificación para establecer superioridad, inferioridad, separación o exclusión. Puede presentarse como doctrina explícita, prejuicio, práctica cotidiana o funcionamiento institucional.

La idea de «raza» aplicada a seres humanos carece de fundamento para dividir a la humanidad en grupos biológicos cerrados y jerárquicos. Sin embargo, la clasificación produce efectos sociales reales cuando apariencia, ascendencia, origen o cultura se utilizan para asignar posiciones.

La racialización describe ese proceso: determinadas personas son tratadas como miembros de una categoría racial y se les atribuyen rasgos colectivos. Permite analizar racismo sin aceptar que las supuestas razas constituyan realidades biológicas naturales.

7.2. Formas de racismo

El racismo biológico afirma desigualdades naturales y hereditarias. El cultural o diferencialista evita una jerarquía biológica abierta, pero presenta culturas como incompatibles y utiliza esa supuesta incompatibilidad para justificar separación.

El racismo manifiesto expresa directamente hostilidad o inferioridad. El sutil o aversivo convive con una adhesión formal a la igualdad: el rechazo se racionaliza mediante argumentos aparentemente neutrales y aparece con mayor facilidad cuando la discriminación puede atribuirse a otra causa.

Se habla de racismo institucional o estructural cuando reglas, prácticas o distribuciones producen desventajas persistentes, aunque no exista una orden individual explícitamente racista. La identificación exige analizar procedimientos y resultados, no atribuir automáticamente intención a cada integrante.

7.3. Racismo simbólico y mesofobia

En una clasificación divulgativa difundida por el Comité español de ACNUR, el racismo simbólico consiste en aceptar de manera formal el derecho a la igualdad y restringir después sus consecuencias a determinados ámbitos o situaciones. El rechazo ya no se formula necesariamente como una afirmación abierta de inferioridad; puede expresarse mediante la oposición selectiva a medidas concretas de integración o mediante la idea de que la desigualdad existente carece de causas sociales.

La terminología no es uniforme en todas las fuentes. La psicología social también habla de racismo sutil, aversivo o moderno, con definiciones que se aproximan en algunos puntos, pero que no son intercambiables. El racismo aversivo suele describir la convivencia entre una adhesión consciente a la igualdad y sesgos que aparecen en situaciones ambiguas; el simbólico se ha relacionado con la resistencia a determinadas políticas o demandas de igualdad. La pregunta oficial utiliza una definición concreta y debe interpretarse dentro de esa fuente.

El término mesofobia se ha empleado para designar el rechazo a la mezcla y a la convivencia intercultural, unido a la aspiración de mantener sociedades consideradas «limpias». Su uso es limitado y no constituye una categoría central y universal de la psicología social. Describe, en este contexto, una lógica de separación cultural que presenta la convivencia como pérdida o contaminación.

Estas categorías ayudan a reconocer formas de exclusión que ya no recurren a una jerarquía biológica explícita. Su utilización exige precisar la fuente y observar la conducta concreta: una etiqueta académica o divulgativa sirve para analizar un fenómeno, pero no determina por sí sola su calificación jurídica.

30.8

Fanatismo, fundamentalismo y sectarismo

8.1. Fanatismo

El fanatismo es una adhesión extrema a una causa que se considera absoluta y queda protegida frente al examen crítico. La identidad se fusiona con la creencia, de modo que la discrepancia se vive como amenaza o traición.

No toda convicción firme es fanática. Una persona comprometida puede escuchar argumentos, respetar derechos y revisar medios. El fanatismo aparece cuando la certeza propia elimina la legitimidad del otro y permite sacrificar personas o reglas a la causa.

Puede incorporar pensamiento dicotómico, idealización del grupo, obediencia, deshumanización del adversario y subordinación de medios a fines. Estas características aumentan riesgo de violencia, aunque el fanatismo no produce inevitablemente un delito.

8.2. Fundamentalismo

El fundamentalismo busca recuperar fundamentos considerados originarios, puros e inalterables. Suele reaccionar frente a pluralismo, secularización o cambio social y ofrece un sistema cerrado que ordena identidad, autoridad y conducta.

Puede existir fundamentalismo religioso, político o cultural. No debe identificarse con una religión concreta ni con la práctica religiosa intensa. Tampoco es sinónimo de terrorismo: un movimiento fundamentalista puede actuar sin violencia y una organización terrorista puede apoyarse en ideologías no religiosas.

Sus rasgos frecuentes son literalismo, idealización del pasado, autoridad incuestionable, separación entre fieles y desviados y pretensión de extender la norma propia al conjunto. El problema democrático aparece cuando se niega a otras personas igual libertad o se utiliza coacción.

8.3. Sectarismo

El sectarismo es una actitud de lealtad excluyente hacia el propio grupo, acompañada de hostilidad o desprecio hacia quienes quedan fuera o discrepan. Puede aparecer en ámbitos religiosos, políticos, ideológicos o deportivos.

La palabra secta posee usos diferentes. En sociología puede describir una organización separada de una tradición religiosa más amplia; en lenguaje cotidiano suele asociarse con grupos coercitivos. Una minoría religiosa no debe calificarse como peligrosa por su tamaño o extrañeza.

Un grupo coercitivo ejerce control intenso sobre información, relaciones, recursos y decisiones, crea dependencia y dificulta la salida. Lo relevante son esas prácticas, no la doctrina minoritaria. El sectarismo, por su parte, puede existir también dentro de organizaciones grandes y socialmente reconocidas.

8.4. Diferencias

ConceptoNúcleo diferenciador
FanatismoAdhesión absoluta que deslegitima crítica y límites
FundamentalismoRetorno a fundamentos considerados puros e inalterables
SectarismoLealtad excluyente y hostilidad hacia quienes quedan fuera
Grupo coercitivoControl, dependencia y restricción efectiva de autonomía

Los conceptos pueden coincidir, pero no deben utilizarse como etiquetas intercambiables. Una organización puede ser fundamentalista sin controlar coercitivamente a sus integrantes, y una actitud sectaria puede aparecer sin doctrina fundamentalista.

La relación entre ellos puede entenderse como una progresión posible, pero no necesaria. Una convicción se vuelve dogmática cuando se cierra al contraste; puede adquirir carácter fanático cuando la causa se sitúa por encima de cualquier límite, adoptar una lectura fundamentalista si busca imponer unos fundamentos considerados puros y expresarse de forma sectaria cuando divide el mundo entre el propio grupo y sus enemigos. La violencia aparece únicamente cuando se añade una decisión de emplear coacción o agresión.

Esta distinción impide atribuir peligrosidad por la mera pertenencia a una corriente religiosa, política o cultural. La actuación pública debe apoyarse en hechos, indicadores de riesgo y conductas previstas por el ordenamiento. Las creencias se encuentran protegidas; las amenazas, la coacción y la violencia reciben la respuesta correspondiente a su naturaleza.

30.9

Hooliganismo y violencia en el deporte

9.1. Concepto y dinámica

El hooliganismo designa formas de violencia, intimidación y vandalismo vinculadas a determinados grupos de aficionados, históricamente asociadas al fútbol. Puede incluir enfrentamientos planificados, ataques a rivales, daños y búsqueda de confrontación con fuerzas de seguridad.

No todo aficionado intenso, miembro de una grada o integrante de un grupo ultra participa en hooliganismo. «Ultra» alude a una forma de apoyo organizado y radical; «hooligan» se relaciona específicamente con la violencia. Las categorías pueden solaparse, pero la responsabilidad debe basarse en conductas.

La identidad grupal, la rivalidad, las normas internas y la búsqueda de prestigio pueden favorecer violencia. También influyen oportunidad, desplazamientos, alcohol, anonimato percibido y organización previa. Explicar estos factores no exime a quien actúa.

9.2. Prevención y respuesta jurídica

La Ley 19/2007 construye una respuesta que comienza antes de que se produzca una agresión. Su finalidad comprende prevenir, controlar y sancionar la violencia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia vinculadas con competiciones deportivas. Para ello distribuye obligaciones entre organizadores, espectadores, entidades deportivas, autoridades y fuerzas de seguridad.

El artículo 2 diferencia los actos violentos o que incitan a la violencia de los actos racistas, xenófobos o intolerantes. En el primer grupo se encuentran, entre otros, la participación en riñas o desórdenes relacionados con el acontecimiento, determinados símbolos o cánticos que inciten a la violencia, la irrupción no autorizada en el terreno de juego y la facilitación de medios a grupos violentos. El segundo comprende declaraciones, informaciones, cánticos, gestos, símbolos y conductas que amenacen, insulten, vejen, acosen o inciten por las características protegidas en la ley.

El ámbito no queda encerrado en el interior del estadio. Puede alcanzar recintos, aledaños, transportes organizados y declaraciones relacionadas con una competición próxima, en curso o ya celebrada, siempre dentro de los presupuestos establecidos por la ley. Esta extensión responde a que muchos enfrentamientos se preparan o desarrollan durante los desplazamientos y en espacios cercanos.

9.3. Obligaciones de organizadores y espectadores

Quien organiza una competición debe adoptar las medidas de prevención exigibles. La ley establece responsabilidad patrimonial y administrativa por daños y desórdenes derivados de falta de diligencia o prevención, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder. Entre las medidas se encuentran el control de accesos, la información incorporada a las entradas, los sistemas de vigilancia y la colaboración con las autoridades.

Las condiciones de acceso prohíben introducir armas, bengalas, explosivos y otros objetos o productos peligrosos, acceder bajo los efectos de alcohol o drogas, entrar sin título válido o realizar conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes. Los asistentes deben someterse a los controles legalmente previstos, incluidas grabaciones y registros dirigidos a verificar esas condiciones con respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales.

La permanencia exige mantener el orden, abstenerse de agresiones y conductas intolerantes, cumplir las condiciones de seguridad y atender los requerimientos legítimos. El incumplimiento puede dar lugar a la expulsión inmediata, sin perjuicio del procedimiento sancionador posterior. Impedir la entrada o expulsar del recinto son medidas de seguridad; imponer una sanción administrativa exige el procedimiento y las garantías correspondientes.

9.4. Coordinación de seguridad

El coordinador de seguridad es el miembro de la organización policial que dirige, coordina y organiza los servicios de seguridad en el acontecimiento deportivo. En los encuentros determinados legalmente, los organizadores designan un representante de seguridad que actúa conforme a sus instrucciones. Son funciones distintas: el primero pertenece a la organización policial; el segundo representa al organizador.

El coordinador dirige la unidad de control organizativo, obligatoria en las instalaciones de la máxima categoría profesional de fútbol y baloncesto y en aquellas otras que determine la Comisión Estatal. Desde ella se integran los medios de vigilancia, comunicaciones y control necesarios para responder a incidencias.

El Real Decreto 203/2010 desarrolla esta organización y las medidas aplicables antes, durante y después del espectáculo. La planificación comprende la calificación del riesgo, los desplazamientos, la separación de aficiones cuando proceda, los accesos, la venta de entradas, el control de objetos prohibidos, la identificación de responsables y la salida del público. La actuación eficaz depende de la coordinación entre policía, organizadores, seguridad privada, servicios de emergencia y autoridades deportivas.

9.5. Infracciones, sanciones y Comisión Estatal

La ley diferencia infracciones leves, graves y muy graves atendiendo a la conducta, el daño, el riesgo, la trascendencia y otras circunstancias. Las multas oscilan entre 150 y 3.000 euros para infracciones leves, entre 3.000,01 y 60.000 euros para las graves y entre 60.000,01 y 650.000 euros para las muy graves.

A las personas físicas también se les puede imponer trabajo social en el ámbito deportivo y prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo: de uno a seis meses por infracción leve, de seis meses a dos años por infracción grave y de dos a cinco años por infracción muy grave. Para los organizadores se contemplan, además, la inhabilitación para organizar espectáculos y la clausura temporal del recinto en los supuestos previstos.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte es un órgano colegiado que formula y desarrolla políticas activas en este ámbito. Promueve prevención y sensibilización, elabora recomendaciones, informa disposiciones y ejerce funciones de vigilancia y control. Su intervención no sustituye la competencia sancionadora ni la actuación policial: las articula dentro de una política común.

Una misma conducta puede generar consecuencias en planos distintos. La agresión durante un partido puede constituir delito, infracción administrativa y quebrantamiento de la disciplina deportiva. Cada respuesta conserva sus propios requisitos y autoridades, por lo que la calificación debe hacerse a partir de los hechos y no de una etiqueta general como «violencia deportiva».

30.10

Delitos e incidentes de odio

10.1. Dos elementos: delito base y motivación discriminatoria

Un delito de odio combina un hecho que ya constituye infracción penal y una motivación de prejuicio. El delito base puede ser una lesión, amenaza, daño, coacción u otra conducta. El segundo elemento aparece cuando la víctima o el bien se seleccionan por su relación real o percibida con un grupo caracterizado por identidad, origen, religión, orientación sexual, discapacidad u otra condición protegida.

El autor no necesita experimentar odio como emoción. Puede actuar para obtener reconocimiento grupal, afirmar dominación o aprovechar una oportunidad. Lo decisivo es que el motivo discriminatorio influya en la elección del objetivo o en la ejecución.

La víctima tampoco necesita poseer realmente la característica atribuida. Puede ser atacada por error, por asociación con otra persona o por defender a un grupo. El artículo 22.4 del Código Penal afirma expresamente la irrelevancia de que la condición concurra efectivamente en la persona sobre la que recae la conducta.

10.2. Delito, incidente y ámbito estadístico

Un incidente de odio es un hecho percibido o registrado con posible componente discriminatorio que puede no reunir los elementos de un delito. Su registro permite valorar riesgo, prestar atención y detectar patrones sin anticipar la calificación judicial.

El Ministerio del Interior utiliza ámbitos estadísticos como racismo y xenofobia, orientación sexual e identidad de género, ideología, sexo y género, creencias religiosas, antisemitismo, antigitanismo, aporofobia, disfobia, enfermedad o discriminación generacional. Estas categorías sirven para ordenar datos, pero no sustituyen los tipos penales.

Un mismo hecho puede pertenecer a varias categorías sociales y encajar jurídicamente en una lesión con agravante, una amenaza a colectivo o una conducta del artículo 510. La investigación debe recoger los hechos y los indicios antes de fijar una etiqueta.

10.3. Impacto ampliado

El delito afecta a la víctima directa y transmite un mensaje a otras personas que comparten o parecen compartir la característica. El lugar de culto dañado, la pareja insultada o la persona agredida funcionan como símbolos de un grupo más amplio.

Ese impacto puede generar miedo, ocultación de identidad y pérdida de confianza institucional. La víctima puede temer no ser creída o recibir un trato estereotipado. La atención debe evitar preguntas culpabilizadoras y explicar derechos y recursos.

La infradenuncia dificulta conocer la magnitud real. Los datos policiales reflejan hechos conocidos; su aumento puede deberse a más conductas, mejor registro, mayor confianza o una combinación. Las cifras exigen contexto.

30.11

Discriminación, discurso de odio y libertad de expresión

11.1. Conceptos diferentes

La discriminación es un trato desigual no justificado por una característica protegida. Puede recibir respuesta laboral, civil, administrativa o penal. La gravedad y el ámbito determinan la vía.

El discurso de odio es una categoría más amplia que comprende expresiones que atacan, denigran o promueven odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas o grupos. El Consejo de Europa distingue niveles y exige respuestas proporcionadas: no todo discurso de odio debe castigarse penalmente.

El discurso de odio delictivo reúne los elementos de un tipo penal, principalmente los del artículo 510. La clasificación no depende únicamente de que una expresión resulte ofensiva. Importan contenido, contexto, publicidad, destinatarios, intención, capacidad de difusión y riesgo creado.

11.2. El concepto de hate speech

Una definición utilizada en documentos europeos describe hate speech como toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique odio racial, xenofobia, antisemitismo u otras formas de odio basadas en intolerancia.

La expresión «toda forma» incluye comunicación verbal, escrita, visual, audiovisual o simbólica. Esta amplitud explica la respuesta de una pregunta oficial, pero no significa que todas esas expresiones sean delito. La definición político-institucional y la tipificación penal operan en niveles diferentes.

11.3. Libertad de expresión y límites penales

La libertad de expresión protege ideas que molestan, inquietan u ofenden, porque la democracia necesita crítica y debate. La intervención penal debe interpretarse de forma compatible con ese espacio y reservarse para conductas legalmente descritas.

La Circular 7/2019 de la Fiscalía ofrece pautas para valorar artículo 510, bien jurídico, contexto, móvil, sujeto pasivo y relación con libertad de expresión. La palabra «odio» no permite sancionar una opinión sin analizar el conjunto.

Internet aumenta difusión, permanencia y capacidad de repetición. El artículo 510.3 ordena imponer las penas de los apartados anteriores en su mitad superior cuando los hechos se realizan mediante comunicación social, Internet o tecnologías y resultan accesibles a un elevado número de personas.

30.12

El Código Penal

12.1. La agravante del artículo 22.4

La agravante se aplica cuando un delito se comete por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra discriminación referente a ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, enfermedad o discapacidad.

Su función es modificar la responsabilidad por un delito ya existente. Primero debe acreditarse el delito base y, después, que uno de esos motivos influyó en su comisión. Una lesión motivada por el origen racial de la víctima continúa siendo un delito de lesiones, pero la pena se determina teniendo en cuenta la agravante.

La motivación pertenece al ámbito interno, pero se acredita mediante hechos externos: palabras, selección de víctima, símbolos, planificación, antecedentes y contexto. No basta con que víctima y autor pertenezcan a grupos diferentes.

La condición puede ser real, percibida o asociada. El precepto declara irrelevante que concurra efectivamente en la persona sobre la que recae la conducta. La agravación puede operar, por ejemplo, cuando el autor se equivoca sobre la identidad de la víctima o la ataca por su relación con otra persona o colectivo.

El artículo 22.4 incluye edad y exclusión social, además de aporofobia. La enumeración no coincide por completo con la del artículo 510. Esta diferencia impide trasladar mecánicamente la lista de un precepto a otro.

12.2. El artículo 510

El artículo 510 contiene varios tipos penales y exige distinguir su conducta, su objeto y sus requisitos. No sanciona cualquier expresión ofensiva ni convierte en delito toda manifestación socialmente calificada como discurso de odio. La conducta debe encajar en alguno de sus apartados y reunir los elementos exigidos.

El apartado 1.a castiga a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten, directa o indirectamente, al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo, una parte de él o una persona determinada por su pertenencia al grupo. La publicidad y la dirección de la conducta hacia los sujetos protegidos forman parte de la descripción típica.

El apartado 1.b se ocupa de los materiales idóneos para producir ese efecto. Comprende producirlos o elaborarlos, poseerlos con finalidad de distribuirlos, facilitar el acceso a terceras personas, distribuirlos, difundirlos o venderlos. La simple posesión privada queda fuera de esta formulación cuando falta la finalidad de distribución.

El apartado 1.c se refiere a la negación pública, trivialización grave o enaltecimiento de delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, así como al enaltecimiento de sus autores. La referencia histórica no basta por sí sola: la conducta debe promover o favorecer un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra el grupo protegido.

El apartado 2.a protege la dignidad frente a acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito grave de los grupos, de una parte de ellos o de una persona por su pertenencia. También alcanza la producción, posesión con finalidad de distribución y difusión de materiales que, por su contenido, sean idóneos para representar esa grave humillación, menosprecio o descrédito.

El apartado 2.b sanciona el enaltecimiento o justificación pública de delitos cometidos contra esos grupos o de quienes participaron en su ejecución. Cuando con ello se promueve o favorece un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación, la pena pasa a la prevista para las conductas más graves del apartado 1.

ConductaElemento que la diferencia
Fomento, promoción o incitaciónImpulsa públicamente odio, hostilidad, discriminación o violencia
Difusión de materialesEl soporte debe ser idóneo y la posesión requiere finalidad de distribución
Negación o trivialización graveSe refiere a crímenes determinados y debe favorecer el clima exigido por la ley
Humillación, menosprecio o descréditoDebe producir una lesión grave de la dignidad en los términos del apartado 2.a
Enaltecimiento o justificación de delitosRecae sobre delitos cometidos contra los grupos o sobre sus autores

12.3. Penas, agravaciones y consecuencias del artículo 510

Las conductas del apartado 1 se castigan con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. Para las del apartado 2 se establece, como regla, prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la elevación prevista cuando la justificación o el enaltecimiento favorecen el clima discriminatorio descrito por el propio artículo.

Las penas se imponen en su mitad superior cuando los hechos se realizan mediante un medio de comunicación social, Internet o tecnologías de la información y se hacen accesibles a un elevado número de personas. También se agravan cuando resultan idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo; en este último supuesto pueden llegar hasta la pena superior en grado.

En todos los casos se añade inhabilitación especial para profesiones u oficios educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre. Su duración será superior entre tres y diez años a la pena de prisión impuesta, atendiendo a la gravedad, al número de delitos y a las circunstancias del autor. El juez o tribunal debe ordenar la destrucción, el borrado o la inutilización de los soportes del delito y, si se utilizó tecnología de la información, la retirada de los contenidos. Cuando un portal difunde exclusiva o preponderantemente esos contenidos, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción del servicio.

El artículo 510 bis contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme al artículo 31 bis. Prevé multa de dos a cinco años y permite imponer otras penas previstas para estas entidades. La existencia de una cuenta, asociación o empresa detrás de la difusión obliga, por tanto, a investigar la intervención de personas físicas y, cuando proceda, los presupuestos de responsabilidad de la organización.

12.4. Denegación discriminatoria de prestaciones

El artículo 511 se refiere a la denegación de una prestación a la que se tiene derecho dentro de un servicio público. El sujeto del apartado 1 es el particular encargado de ese servicio, al que se imponen prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años. Las mismas penas se aplican cuando la conducta recae sobre una asociación, fundación, sociedad o corporación, o sobre sus miembros, por los motivos enumerados.

Cuando actúa un funcionario público, las penas se imponen en su mitad superior y la inhabilitación especial para empleo o cargo público es de dos a cuatro años. Además, el artículo establece inhabilitación para profesiones u oficios educativos, deportivos y de tiempo libre. La condición pública del servicio y la cualidad del autor permiten diferenciar este artículo del siguiente.

El artículo 512 sanciona a quienes, en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales, deniegan una prestación a la que la persona tiene derecho por los motivos protegidos. La consecuencia es la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio y para profesiones u oficios educativos en los ámbitos señalados, por un periodo de uno a cuatro años.

PreceptoSituación reguladaAutor característico
Artículo 511Prestación debida en un servicio públicoParticular encargado del servicio o funcionario público
Artículo 512Prestación debida en una actividad profesional o empresarialProfesional o empresario

La denegación debe recaer sobre una prestación a la que existe derecho. Un conflicto comercial o administrativo no se transforma en delito únicamente porque las personas posean características diferentes: deben acreditarse la denegación, el derecho a la prestación y el motivo discriminatorio.

12.5. Otros preceptos y relación entre las figuras

El artículo 170.1 contempla amenazas dirigidas a atemorizar habitantes, grupos o colectivos; el 314 protege frente a grave discriminación laboral en determinadas condiciones. El sistema se completa con delitos base y con normas de igualdad y sanción administrativa.

La calificación depende de la estructura del hecho. Una agresión motivada por prejuicio puede ser un delito de lesiones con la agravante del artículo 22.4; una publicación puede encajar en el artículo 510 si reúne sus requisitos; y la negativa discriminatoria a prestar un servicio puede conducir a los artículos 511 o 512 según su ámbito. El término general «delito de odio» no sustituye esta selección del precepto aplicable.

Tampoco son idénticos los motivos protegidos en todos los artículos. El 22.4, el 511 y el 512 incluyen edad y exclusión social, mientras que el artículo 510 contiene su propia enumeración, que incorpora situación familiar y origen nacional. El análisis debe utilizar la lista del precepto concreto, no una relación genérica aprendida de memoria.

30.13

Investigación policial y atención a las víctimas

13.1. Recepción de la denuncia y primera valoración

La investigación comienza con la atención a la persona y la reconstrucción del hecho, no con una calificación cerrada. Deben recogerse la conducta denunciada, el lugar, el momento, las personas presentes, las expresiones utilizadas, los daños y cualquier elemento que permita valorar riesgo y preservar pruebas. Cuando existe peligro inmediato, la protección y la asistencia preceden a las demás diligencias.

La posible motivación discriminatoria debe explorarse desde el inicio porque algunos indicios desaparecen con rapidez. Una pintada puede borrarse, una publicación eliminarse y una conversación digital modificarse. Documentar exactamente palabras, símbolos, perfiles, enlaces y circunstancias evita que el componente de prejuicio quede reducido posteriormente a una referencia genérica.

La percepción de la víctima o de un testigo constituye información relevante y debe quedar reflejada. Esa percepción activa una línea de investigación, pero la calificación jurídica exige contrastarla con otros datos. Del mismo modo, que la víctima no identifique el móvil no permite descartarlo: puede desconocer la simbología utilizada, los antecedentes del autor o la existencia de hechos semejantes.

13.2. Indicadores de prejuicio

Los indicadores de prejuicio son hechos que sugieren una motivación discriminatoria y aconsejan investigarla. No constituyen por sí solos prueba definitiva. Entre ellos se encuentran:

  • Expresiones, insultos o amenazas pronunciados durante el hecho.
  • Símbolos, pintadas, música, publicaciones o materiales utilizados.
  • Selección de una víctima sin relación previa aparente.
  • Ataque a lugares de culto, sedes o bienes simbólicos.
  • Coincidencia con fechas o acontecimientos relevantes.
  • Diferencia entre víctima y autor utilizada expresamente durante la acción.
  • Pertenencia o relación del autor con grupos intolerantes.
  • Reiteración de hechos semejantes.
  • Percepción de la víctima o de testigos.

Los indicadores adquieren valor por su relación con el conjunto. Un insulto discriminatorio pronunciado durante una agresión, la selección deliberada de un lugar de culto y mensajes previos sobre ese objetivo pueden reforzarse mutuamente. Una diferencia de identidad entre autor y víctima, considerada de forma aislada, solo describe a las personas y no demuestra el motivo.

13.3. Comprobación del móvil y conservación de la prueba

El móvil puede acreditarse mediante comunicaciones anteriores, búsqueda de objetivos, distribución de tareas, contenido digital y conducta posterior. Las palabras pronunciadas en el momento poseen especial relevancia, aunque deben valorarse con el resto.

La investigación debe preservar prueba digital y documentar exactamente signos y expresiones, evitando resúmenes que eliminen su contenido discriminatorio. Fotografías, capturas y declaraciones necesitan garantías de autenticidad y cadena de custodia. Cuando proceda, deben identificarse cuentas, dispositivos, administradores, alcance de la difusión y relaciones entre los participantes.

El motivo discriminatorio puede coexistir con robo, conflicto previo, rivalidad o búsqueda de notoriedad. La investigación debe determinar si influyó de forma relevante en la elección del objetivo o en la ejecución. Esta tarea requiere comparar hipótesis y evitar tanto la omisión del prejuicio como su atribución automática.

13.4. Secuencia de actuación

La lógica de la intervención puede ordenarse del siguiente modo:

  1. Proteger y asistir: atender lesiones, evitar nuevas agresiones y valorar riesgos para la víctima y su entorno.
  2. Escuchar y documentar: recoger el relato sin interrumpir innecesariamente y conservar las expresiones, símbolos y circunstancias relevantes.
  3. Identificar indicadores: comprobar selección de objetivo, contexto, fechas, antecedentes, vínculos y percepción de las personas afectadas.
  4. Preservar pruebas: asegurar vestigios físicos, grabaciones, publicaciones, dispositivos y datos digitales conforme a las garantías aplicables.
  5. Contrastar el móvil: relacionar los indicadores con comunicaciones, planificación, conducta anterior y posterior y hechos semejantes.
  6. Calificar provisionalmente: distinguir delito base, posible agravante, tipo específico, infracción administrativa o incidente no delictivo, sin anticipar la decisión judicial.
  7. Coordinar y derivar: comunicar con unidades especializadas y facilitar información sobre derechos, asistencia y recursos disponibles.
  8. Realizar seguimiento: valorar nuevos riesgos, evitar pérdida de información y mantener una comunicación adecuada con la víctima.

La secuencia no convierte la actuación en un trámite rígido. Varias fases pueden desarrollarse simultáneamente y adaptarse a la urgencia, pero ofrece una guía para que la motivación discriminatoria, la prueba y la atención personal reciban un tratamiento integrado.

13.5. Atención y victimización secundaria

La primera atención condiciona confianza y colaboración. Debe facilitar seguridad, escucha, información accesible y derivación a recursos. La identidad o situación administrativa no puede convertirse en obstáculo para denunciar y recibir protección.

La victimización secundaria aparece cuando la respuesta institucional añade daño mediante incredulidad, culpabilización, repetición innecesaria del relato o exposición de datos. Evitarla exige formación y coordinación.

La comunicación debe explicar qué actuaciones se realizan, qué puede esperarse del procedimiento y qué recursos existen. También debe tener en cuenta idioma, discapacidad, edad, temor a revelar la identidad o desconfianza derivada de experiencias anteriores. Adaptar la atención no altera la imparcialidad; permite que el derecho a denunciar y comprender el procedimiento sea efectivo.

El impacto comunitario aconseja colaborar con organizaciones conocedoras del grupo afectado, manteniendo la responsabilidad de la función pública. La relación estable con esas entidades facilita canales de denuncia, detección temprana y seguimiento, y puede reducir la distancia entre las instituciones y colectivos que padecen infradenuncia.

30.14

Organización institucional

14.1. Oficina Nacional y III Plan de Acción

La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) depende de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Impulsa, coordina y supervisa el Plan de Acción y elabora informes con la información recibida.

El III Plan de Acción 2025-2028 organiza seis líneas: apoyo a víctimas; prevención de delitos y discursos; formación; colaboración con tercer sector; seguimiento y coordinación de investigaciones; y refuerzo de equipos especializados.

La Comisión de Seguimiento está presidida por el director general de Coordinación y Estudios, salvo asistencia de otra autoridad superior del Ministerio. Participan la Oficina, coordinadores de Policía Nacional y Guardia Civil y organizaciones representativas, con invitación a Fiscalía y policías autonómicas en los términos del Plan.

La Policía Nacional cuenta con Equipos de Extremismo Violento y Odio y la Guardia Civil con Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio. La especialización facilita asesoramiento, coordinación y tratamiento homogéneo sin sustituir la responsabilidad de las unidades que reciben denuncias o investigan.

14.2. OBERAXE

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) se integra en el ministerio competente en migraciones. Recopila información, promueve formación, impulsa proyectos y monitoriza racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia.

Sus funciones no deben confundirse con las de la ONDOD. OBERAXE posee una orientación amplia de observación, integración y prevención; la Oficina Nacional se sitúa en la estructura de seguridad y coordina la respuesta policial frente a delitos de odio.

La cooperación entre Interior, Inclusión, Fiscalía, comunidades autónomas, entidades locales, plataformas y organizaciones sociales responde a que el fenómeno posee dimensiones penal, administrativa, educativa y digital.

14.3. PROXIMITY, FIRIR y PANDORA

PROXIMITY fue un proyecto europeo de policía de proximidad contra racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia. Reforzó prevención local, relación con comunidades, identificación de incidentes y atención a víctimas.

FIRIR, Formación para la Identificación y Registro de Incidentes Racistas, se orientó a mejorar la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para detectar y registrar correctamente estos hechos.

PANDORA también fue impulsado por OBERAXE, pero se centró en concienciar a profesionales sanitarios para identificar y notificar incidentes de discriminación, odio y racismo en centros de salud y derivar a víctimas. Por eso no pertenece al eje específico de proyectos dirigidos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

14.4. Sistema FARO

El Sistema FARO, Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales, es una metodología de OBERAXE para identificar y analizar en tiempo real contenidos con motivaciones racistas, xenófobas, islamófobas, antisemitas y antigitanas en plataformas digitales.

Utiliza tecnología y criterios de monitorización para detectar tendencias y reportar contenidos. Lo detectado puede ser delito, infracción administrativa, incumplimiento de reglas de plataforma o expresión que, sin encajar en esas categorías, resulte relevante para estudiar intolerancia.

FARO no sustituye la investigación penal ni decide responsabilidad. Su función es observación y análisis. Esta diferencia evita confundir un contenido monitorizado con un delito acreditado.

30.15

Datos oficiales de 2025

El informe del Ministerio del Interior contabilizó 2.417 delitos e incidentes de odio conocidos en 2025. De ellos, 2.242 se registraron como delitos y 175 como infracciones administrativas y otros incidentes. La cifra total aumentó un 23,63 % respecto de 2024.

El ámbito con más delitos registrados fue racismo y xenofobia, con 934, seguido de orientación sexual e identidad de género, con 571, e ideología, con 241. Las amenazas y lesiones ocuparon los primeros lugares entre las tipologías.

Estos datos están fechados y deben interpretarse como actividad registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No miden directamente la prevalencia total porque existen infradenuncia, cambios de clasificación y variaciones en detección.

La estadística sirve para orientar prevención y recursos, no para atribuir peligrosidad a colectivos. La nacionalidad o características de víctima y autor describen registros y no explican causalidad.

30.16

Lectura conjunta

ConceptoElemento diferenciador
Valor democráticoIdeal que protege dignidad y convivencia plural
ContravalorOrientación opuesta a esos principios
RacismoJerarquización o exclusión mediante categorías raciales o étnicas
FanatismoAdhesión absoluta que elimina crítica y límites
FundamentalismoRetorno rígido a fundamentos considerados puros
SectarismoLealtad excluyente y hostilidad hacia el exterior
HooliganismoViolencia vinculada a determinados grupos de aficionados
DiscriminaciónTrato desigual injustificado
Incidente de odioHecho registrado con posible componente de prejuicio
Delito de odioDelito base cometido con motivación discriminatoria
Discurso de odioExpresión de ataque o promoción de hostilidad, no siempre delictiva
Artículo 510Tipos penales específicos relativos a determinadas conductas públicas

Los valores democráticos no eliminan el desacuerdo: establecen las condiciones para que pueda expresarse sin dominación. La socialización transmite esos valores y también puede reproducir prejuicios. Libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia se vuelven efectivas cuando orientan instituciones y conductas.

Síntesis final. Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y hooliganismo describen fenómenos sociales distintos. Solo determinadas conductas alcanzan relevancia penal. El concepto de delito de odio exige identificar un delito base y probar el móvil discriminatorio; el discurso de odio requiere además distinguir entre contenido socialmente dañino, infracción de plataforma, respuesta administrativa y conducta tipificada. Una actuación rigurosa protege simultáneamente igualdad, seguridad y libertades.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 5 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales. Se conservan las tres opciones y se añade la explicación necesaria para comprender la respuesta.

0 de 5 respondidas

  1. Promoción 39, pregunta 15.la expresión comprende comunicación verbal, escrita, visual, audiovisual o simbólica. Se trata de una definición amplia de discurso de odio; la calificación penal exige comprobar además los requisitos del Código Penal.

    1. Podemos definir el hate speech como:

  2. Promoción 39, pregunta 44.la tipología divulgativa de eACNUR describe el racismo simbólico como reconocimiento formal de la igualdad acompañado de restricciones prácticas. La opción C se aproxima a la descripción del racismo aversivo o sutil, pero no reproduce la categoría preguntada.

    2. El Comité español de ACNUR entiende por racismo simbólico:

  3. Promoción 41, pregunta 22.en la terminología utilizada por la pregunta, la mesofobia expresa rechazo a la mezcla y defensa de separación cultural. Es un término de uso limitado que no debe confundirse con la disfobia —rechazo relacionado con discapacidad— ni con la bifobia.

    3. ¿Qué fobia predica el rechazo a la mezcla y a la convivencia intercultural y, en consecuencia, defiende sociedades limpias?

  4. Promoción 41, pregunta 32.PROXIMITY y FIRIR se dirigieron al ámbito policial. PANDORA fue también un proyecto de OBERAXE, pero se orientó a la identificación y atención de incidentes de discriminación, odio y racismo en centros sanitarios.

    4. Los ejes de actuación del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia se encuadran en la Estrategia Integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, siendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad uno de los ejes prioritarios donde se llevan a cabo varios proyectos. ¿Cuál de los siguientes NO se encuentra en ese eje?

  5. Promoción 42, pregunta 98.FARO significa Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales. Es una metodología de monitorización de OBERAXE y no un sistema que determine por sí mismo la existencia de responsabilidad penal.

    5. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha participado en el lanzamiento, en 2025, de una metodología de monitorización para identificar y analizar en tiempo real contenidos de discurso de odio racista, xenófobo, islamófobo, antisemita y antigitano en las principales redes sociales:

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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.

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