Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 9 de Policía Nacional

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: principios de actuación, Policía Judicial y coordinación territorial

11 apartados48 min de lectura

9.1

El modelo policial de la Ley Orgánica 2/1986

El artículo 104 de la Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. La misma norma exige que una ley orgánica determine sus funciones, principios básicos de actuación y estatuto. La Ley Orgánica 2/1986 desarrolla este mandato y construye un marco común para los cuerpos estatales, autonómicos y locales.

El sistema combina dos ideas que deben interpretarse conjuntamente. Por una parte, el artículo 149.1.29.ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre seguridad pública. Por otra, la Constitución, los estatutos de autonomía y la legislación local reconocen la participación de comunidades autónomas y municipios. La competencia estatal no significa, por tanto, que solo la Administración General del Estado pueda realizar actuaciones de seguridad.

El artículo 1 de la Ley expresa esta distribución. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. Las comunidades autónomas participan conforme a sus estatutos y a la Ley Orgánica; las corporaciones locales, conforme a la legislación de régimen local y a la propia Ley. Cada Administración ejerce esa participación a través de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los cuerpos que integran el sistema

El artículo 2 distingue tres grupos: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación, los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. La expresión «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» engloba los tres niveles; la expresión «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» se refiere únicamente a Policía Nacional y Guardia Civil.

La existencia de distintos cuerpos no convierte la seguridad en una suma de organizaciones aisladas. El artículo 3 impone la cooperación recíproca y dispone que la coordinación se desarrolle mediante los órganos creados por la Ley. Cooperar significa prestarse ayuda e información en el ejercicio de las respectivas competencias; coordinar supone ordenar actuaciones y establecer criterios comunes sin borrar la dependencia de cada cuerpo.

El artículo 4 completa el sistema con el deber general de auxilio. Todas las personas deben prestar la colaboración necesaria en la investigación y persecución de delitos en los términos legales. La obligación es especialmente intensa para quienes realizan funciones privadas de vigilancia, seguridad o custodia de personas, bienes o servicios. Esa colaboración no transforma al particular en autoridad ni le permite ejercer potestades policiales.

9.2

Principios básicos de actuación

El artículo 5 contiene un auténtico código de conducta aplicable a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No son declaraciones abstractas: sirven para interpretar sus facultades, valorar la corrección de una intervención y exigir responsabilidad cuando se vulneran.

Adecuación al ordenamiento jurídico

La actuación policial debe respetar de manera absoluta la Constitución y el resto del ordenamiento. El fin legítimo de proteger la seguridad no autoriza cualquier medio. Cada intervención necesita habilitación jurídica y debe desarrollarse con las garantías correspondientes.

La neutralidad política y la imparcialidad impiden utilizar la función en beneficio de una opción ideológica o tratar de manera diferente a una persona por razones ajenas a la intervención. La integridad y la dignidad exigen abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse activamente a él.

La organización policial es jerarquizada, pero la subordinación no elimina la responsabilidad individual. La obediencia debida nunca ampara órdenes que entrañen actos manifiestamente delictivos o contrarios a la Constitución o a las leyes. No se trata de sustituir al superior en toda valoración jurídica, sino de impedir que una orden cuya ilegalidad resulta manifiesta se convierta en justificación automática.

Este primer grupo se cierra con el deber de colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos legales. La cooperación judicial no permite ignorar la distribución de competencias ni las garantías procesales; obliga a cumplir las órdenes legítimas emanadas de jueces, tribunales y fiscales.

Relaciones con la comunidad

La función policial se ejerce al servicio de la ciudadanía. Por ello debe impedirse cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Los ciudadanos deben recibir un trato correcto y esmerado, así como auxilio y protección cuando las circunstancias lo aconsejen o lo soliciten.

La Ley exige informar de forma cumplida y tan amplia como resulte posible sobre las causas y la finalidad de la intervención. El alcance concreto de la información depende de la actuación: no puede comprometer una investigación ni desconocer los límites legales, pero tampoco puede reducirse a una fórmula vacía cuando sea posible explicar la medida.

Cuando evitar un daño grave, inmediato e irreparable exige actuar, debe hacerse con decisión y sin demora. La elección y utilización de medios se rige por tres principios relacionados:

  • Congruencia: el medio debe ser adecuado a la situación y a la finalidad legítima perseguida.
  • Oportunidad: la intervención debe ser necesaria en ese momento; si existe una alternativa eficaz menos lesiva, debe valorarse.
  • Proporcionalidad: la intensidad empleada debe guardar relación con la gravedad del riesgo y la resistencia encontrada.

El uso de armas constituye una manifestación especialmente intensa de la fuerza. Solo procede cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del agente o de terceras personas, o un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y siempre conforme a congruencia, oportunidad y proporcionalidad. La mera desobediencia o huida no justifican por sí solas el empleo del arma.

Tratamiento de las personas detenidas

Al practicar una detención, los agentes deben identificarse debidamente como tales. Desde ese momento quedan obligados a proteger la vida y la integridad física de la persona detenida o bajo custodia y a respetar su honor y dignidad.

También deben cumplir con diligencia los trámites, plazos y requisitos del ordenamiento. La detención restringe un derecho fundamental y solo puede durar el tiempo estrictamente necesario. El artículo 5 no sustituye las garantías constitucionales y procesales, sino que las convierte además en deber profesional.

Dedicación, secreto y responsabilidad

La dedicación profesional obliga a intervenir en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana en cualquier tiempo y lugar, se esté o no de servicio. Esta obligación debe entenderse de acuerdo con las circunstancias y con la posibilidad real de actuación; no elimina la necesidad de comunicar el hecho y solicitar apoyo cuando sea la respuesta más segura.

El secreto profesional protege la información conocida por razón del cargo. Los agentes no deben revelar datos operativos, personales o de investigación, ni siquiera después de haber dejado el destino que permitió conocerlos. Tampoco están obligados a descubrir sus fuentes de información, salvo que la ley o las exigencias de la función impongan actuar de otro modo.

Finalmente, la responsabilidad es personal y directa cuando se infringen las normas profesionales o los principios de actuación. Puede coexistir con la responsabilidad patrimonial de la Administración frente al perjudicado. La organización jerárquica no borra la responsabilidad del agente, del mismo modo que la responsabilidad personal no excluye la de la Administración cuando legalmente corresponda.

Síntesis del apartado. El artículo 5 ordena toda intervención policial: primero exige fundamento legal; después obliga a escoger medios necesarios y proporcionados; durante la actuación protege la dignidad y la integridad de las personas; y, finalmente, permite exigir responsabilidad por los incumplimientos. Jerarquía, eficacia y protección de derechos no son objetivos opuestos, sino condiciones simultáneas del servicio.

9.3

Disposiciones estatutarias comunes

Los artículos 6 a 8 fijan un núcleo estatutario común para todos los cuerpos. No regulan por completo la carrera de cada colectivo —que se desarrolla en su legislación propia—, sino que establecen las garantías y obligaciones mínimas que deben respetarse cualquiera que sea la Administración de pertenencia.

Promoción profesional y provisión de puestos

Los poderes públicos deben favorecer la promoción profesional, social y humana conforme a objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Estos principios gobiernan las posibilidades de progreso y evitan que la carrera dependa de decisiones arbitrarias.

La promoción no debe confundirse con la provisión. Promocionar significa acceder a una categoría, escala o responsabilidad profesional superior. Proveer un puesto significa cubrir un destino concreto dentro de la estructura. El artículo 6.6 incorpora mérito, capacidad y antigüedad a la provisión de puestos, en los términos reglamentarios; la antigüedad puede ser relevante para un destino sin convertirse por ello en el único criterio de toda la carrera.

MateriaFinalidadPrincipios destacados por la Ley
Promoción profesional, social y humanaProgreso dentro de la carreraObjetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad
Provisión de puestosAdjudicación de destinos concretosMérito, capacidad y antigüedad

Formación permanente

La formación tiene carácter profesional y permanente y debe adecuarse a los principios del artículo 5. La colaboración de universidades, Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Fuerzas Armadas y otras instituciones permite conectar la preparación policial con los conocimientos jurídicos, técnicos y sociales necesarios. Los estudios pueden ser objeto de convalidación atendiendo a la titulación de acceso, su naturaleza y duración.

El carácter permanente significa que la formación no concluye con el ingreso. La evolución de la delincuencia, la tecnología, la legislación y las técnicas de intervención exige actualización durante toda la carrera. La formación inicial proporciona las capacidades generales; la especialización prepara para ámbitos concretos y el perfeccionamiento mantiene actualizados los conocimientos adquiridos.

La adecuación al artículo 5 vincula formación y conducta profesional. No basta con aprender técnicas operativas: la enseñanza debe incorporar legalidad, proporcionalidad, protección de derechos, atención a detenidos, integridad y responsabilidad. La eficacia policial solo es legítima cuando se obtiene dentro de esos límites.

Derechos, obligaciones e incompatibilidades

Los miembros de los cuerpos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución. Tienen derecho a una remuneración que atienda a la formación, incompatibilidades, movilidad, dedicación, riesgo y singularidad de horarios. Su horario se adapta a la continuidad propia de la función policial.

El juramento o promesa expresa la sujeción directa a la norma fundamental y no una adhesión a un Gobierno concreto. La remuneración debe valorar las condiciones singulares del trabajo policial: disponibilidad, turnos, movilidad, peligrosidad y responsabilidad. La Ley establece el criterio general; las cuantías y conceptos se concretan en la normativa aplicable a cada cuerpo.

La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad para otras actividades públicas o privadas, salvo las exceptuadas legalmente. La incompatibilidad protege la imparcialidad, evita conflictos de intereses y garantiza la disponibilidad necesaria. No equivale a una prohibición absoluta de cualquier actividad, pero exige someter su compatibilidad a las reglas generales y específicas.

Sus integrantes no pueden ejercer el derecho de huelga ni realizar acciones sustitutivas o concertadas destinadas a alterar el funcionamiento normal del servicio. La prohibición responde a la continuidad de una función esencial y alcanza también las medidas que, con otra denominación, persigan el mismo resultado. No elimina los cauces de representación sindical, participación institucional, petición o resolución de conflictos previstos por el ordenamiento.

El régimen disciplinario debe conciliar la misión constitucional y la estructura jerarquizada con las garantías del procedimiento sancionador. La disciplina no permite sancionar sin tipificación, prueba y audiencia; asegura que el servicio se preste conforme a la ley y a los principios profesionales.

Agente de la autoridad y consideración de autoridad

El artículo 7 diferencia dos conceptos. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen a todos los efectos legales la condición de agentes de la autoridad. A efectos de protección penal reciben la consideración de autoridad cuando se comete contra ellos un delito de atentado utilizando armas de fuego, explosivos u otros medios de peligrosidad análoga capaces de poner gravemente en peligro su integridad.

La consideración de autoridad no acompaña, por tanto, a toda intervención. Es una regla especial de protección penal vinculada a la forma especialmente peligrosa del atentado. La Guardia Civil solo tiene consideración de fuerza armada cuando cumple las misiones militares que se le encomienden.

La jurisdicción ordinaria conoce de los delitos cometidos contra los agentes y de los que estos cometan en el ejercicio de sus funciones, salvo los supuestos atribuidos a la jurisdicción militar. Debe tenerse presente que el párrafo del artículo 8.1 que atribuía determinadas funciones instructoras a la Audiencia Provincial fue declarado inconstitucional y nulo, por lo que no puede estudiarse como regla vigente.

El cumplimiento de prisión preventiva y de penas privativas de libertad se realiza en establecimientos penitenciarios ordinarios, pero con separación del resto de detenidos o presos. La separación protege la seguridad de quien ha ejercido funciones policiales y no constituye un establecimiento penitenciario distinto ni una modificación de la condena.

El proceso penal no impide incoar y tramitar un expediente disciplinario por los mismos hechos. Sin embargo, la resolución disciplinaria definitiva debe esperar a la sentencia penal firme cuando opera la conexión legal, y los hechos declarados probados vinculan a la Administración. Pueden mantenerse medidas cautelares hasta la resolución judicial en los términos previstos, sin convertirlas anticipadamente en una sanción.

Síntesis del apartado. El estatuto común combina carrera y formación con exigencias derivadas del carácter esencial del servicio. Los agentes reciben protección jurídica, pero responden personalmente por su actuación; se integran en una organización jerarquizada, pero conservan las garantías propias del procedimiento penal y disciplinario.

9.4

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones en todo el territorio nacional y están integradas por Policía Nacional y Guardia Civil. Ambos protegen derechos y seguridad, pero poseen distinta naturaleza y reciben atribuciones específicas diferentes.

La Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil dependiente del Ministerio del Interior. La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar: depende del Ministerio del Interior en las funciones policiales que le atribuye la Ley y del Ministerio de Defensa cuando cumple las misiones militares encomendadas por este departamento o por el Gobierno. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio pasa a depender exclusivamente del Ministerio de Defensa.

La naturaleza militar de la Guardia Civil no significa que toda su actividad sea militar. Su trabajo ordinario de seguridad ciudadana, investigación, tráfico o protección de la naturaleza tiene carácter policial. Solo recibe la consideración de fuerza armada cuando cumple las misiones militares que se le hayan encomendado conforme al ordenamiento.

Mando y dependencia territorial

El artículo 10 atribuye al ministro del Interior la administración general de la seguridad ciudadana, el mando superior de los cuerpos estatales y la responsabilidad de las relaciones de colaboración y auxilio con policías extranjeras. La estructura administrativa actual debe completarse con la legislación orgánica posterior, pero esa atribución superior continúa siendo el punto de partida.

La Ley conserva denominaciones históricas como «Director de la Seguridad del Estado» y «Gobernador Civil». No deben trasladarse sin explicación al organigrama actual. Las competencias de dirección y coordinación se interpretan junto con la estructura vigente del Ministerio del Interior y con las funciones de delegados y subdelegados del Gobierno. La literalidad puede ser objeto de examen, pero no debe presentarse como si toda la organización de 1986 permaneciera inalterada.

En el nivel territorial, la autoridad gubernativa dirige los servicios estatales conforme a las instrucciones superiores. Esta dependencia orgánica no afecta a la dependencia funcional de las unidades de Policía Judicial respecto de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en una investigación concreta.

Funciones comunes

El artículo 11 reúne las funciones que corresponden a ambos cuerpos. Su lectura permite distinguir diferentes momentos de la actividad policial:

  • Protección y vigilancia: hacer cumplir las leyes, auxiliar a las personas, custodiar edificios y proteger altas personalidades.
  • Seguridad ciudadana: mantener y restablecer el orden y la seguridad cuando hayan sido alterados.
  • Prevención: adoptar actuaciones dirigidas a evitar la comisión de delitos.
  • Investigación: averiguar los hechos delictivos, descubrir y asegurar a sus responsables y poner a disposición judicial los instrumentos, efectos y pruebas.
  • Información: captar, recibir y analizar datos relevantes para el orden y la seguridad pública.
  • Protección civil: colaborar en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad.

La prevención y la investigación no son equivalentes. La primera actúa antes de la infracción o frente a un riesgo; la segunda parte de un hecho presuntamente delictivo y busca esclarecerlo. El mantenimiento del orden tampoco se confunde con la investigación: puede exigir una respuesta inmediata para proteger personas y bienes aunque posteriormente se abran diligencias penales.

Distribución territorial ordinaria

La Policía Nacional ejerce ordinariamente las funciones comunes en capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que determine el Gobierno. La Guardia Civil las desarrolla en el resto del territorio y en el mar territorial. El reparto organiza la responsabilidad cotidiana, pero no impide que ambos cuerpos actúen en todo el territorio nacional cuando concurra un título legal.

Pueden actuar fuera de su ámbito ordinario por mandato judicial o del Ministerio Fiscal y, excepcionalmente, cuando lo requiera la eficacia del servicio. En este último caso deben comunicarlo al otro cuerpo. La delimitación territorial evita duplicidades; no puede convertirse en un obstáculo para una actuación urgente o una investigación legalmente encomendada.

Funciones específicas

El artículo 12 distribuye materias específicas. A Policía Nacional le corresponden DNI y pasaportes; control de entrada y salida; extranjería, refugio, asilo, extradición y expulsión; vigilancia de la normativa sobre juego; investigación de delitos relacionados con drogas; cooperación con policías extranjeras; y control de entidades y servicios privados de seguridad.

Guardia Civil asume armas y explosivos; resguardo fiscal y actuaciones frente al contrabando; vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en vías interurbanas; custodia de vías terrestres, costas, fronteras, puertos y aeropuertos; cumplimiento de normas de conservación de la naturaleza y recursos; conducción interurbana de presos y detenidos; y otras funciones atribuidas legalmente.

Materia característicaPolicía NacionalGuardia Civil
DNI y pasaportesSíNo
Entrada, salida y extranjeríaSíNo
Armas y explosivosNoSí
Resguardo fiscal y contrabandoNoSí
Tráfico en vías interurbanasNoSí
Delitos relacionados con drogasSíCooperación cuando proceda
Seguridad privadaSíCooperación cuando proceda

La atribución específica identifica al cuerpo responsable, pero no excluye el deber de auxilio. Si un agente conoce un delito o una situación de riesgo fuera de la materia ordinariamente atribuida a su cuerpo, debe adoptar las medidas urgentes que correspondan y comunicar la actuación al competente.

Cooperación entre Policía Nacional y Guardia Civil

Los cuerpos deben cooperar recíprocamente y prestarse el auxilio necesario. Cuando en una actuación concurren unidades de ambos, asume la dirección el cuerpo competente por razón del territorio o de la materia, salvo que se haya dispuesto otra cosa por la autoridad competente. La dirección operativa resuelve quién coordina el servicio concreto; no altera la dependencia orgánica de las unidades participantes.

El Ministerio del Interior puede ordenar que cualquiera de los dos cuerpos asuma en una zona o núcleo todas o algunas de las funciones exclusivas del otro cuando lo aconsejen la racional distribución de efectivos y la eficacia. Se trata de una decisión organizativa excepcional, no de una modificación informal de competencias adoptada por cada unidad.

Síntesis del apartado. Policía Nacional y Guardia Civil comparten una misión y unas funciones generales, pero se diferencian por naturaleza, despliegue ordinario y atribuciones específicas. La distribución organiza el servicio; la cooperación permite responder cuando el territorio, la materia o la urgencia exigen una actuación conjunta.

9.5

Representación colectiva en la Policía Nacional

La regulación vigente se encuentra en los artículos 88 a 93 de la Ley Orgánica 9/2015. Para constituir una organización sindical debe depositarse el acta fundacional y los estatutos en el registro especial de la Dirección General de la Policía. Los estatutos deben identificar denominación, fines, domicilio, órganos democráticos, reglas de afiliación y régimen económico.

Es representativa la organización que en las últimas elecciones haya obtenido al menos un representante en el Consejo de Policía o, en dos escalas, al menos el diez por ciento de los votos emitidos en cada una. La representatividad permite participar como interlocutor en la determinación de condiciones de servicio, integrarse en mesas y comisiones e impugnar resoluciones de órganos de selección.

Los dos criterios son alternativos. Basta con obtener representación en el Consejo o alcanzar el porcentaje exigido en dos escalas. Una organización puede, además, obtener al menos el diez por ciento de votos en una sola escala sin adquirir la condición general de representativa; en ese caso se le reconoce un representante a los efectos específicamente previstos por la Ley.

Las organizaciones no representativas conservan facultades: pueden formular propuestas, emitir informes, dirigir peticiones y representar a sus afiliados. La diferencia no está entre sindicatos reconocidos y sindicatos sin derechos, sino en la intensidad de su participación institucional.

OrganizaciónCriterioFacultades características
RepresentativaUn representante en el Consejo o 10 % de votos en cada una de dos escalasInterlocución sobre condiciones de servicio, mesas y comisiones, recursos contra resoluciones selectivas y derechos de representación
No representativaConstitución legal sin alcanzar los umbrales anterioresPropuestas, informes, peticiones y representación de afiliados
Con 10 % en una escalaUmbral parcial sin representatividad generalUn representante a los efectos del artículo 89

La acción sindical está limitada por los derechos fundamentales, el honor, la intimidad, la propia imagen, el crédito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la seguridad ciudadana, la seguridad de los funcionarios, el secreto profesional y los principios del artículo 5. Estos límites deben aplicarse de manera proporcionada y no convierten toda crítica sindical en una infracción.

La Ley también delimita quién actúa en nombre de una organización. Tienen la condición de representantes quienes, siendo miembros de ella, han sido formalmente designados por su órgano de gobierno conforme a los estatutos. El número de representantes reconocido por la Administración guarda relación con los puestos obtenidos en las elecciones al Consejo. Incluso una organización que no alcance la representatividad general, pero obtenga al menos el diez por ciento de los votos en una escala, tiene derecho a un representante a los efectos previstos legalmente.

Las organizaciones responden por los actos y acuerdos adoptados por sus órganos dentro de sus competencias. También pueden responder por la actuación de sus afiliados cuando estos ejercen regularmente funciones representativas o se demuestra que actuaban por cuenta de la organización. La mera afiliación no permite atribuir al sindicato cualquier conducta individual.

En dependencias con más de doscientos cincuenta funcionarios, las organizaciones representativas tienen derecho a un local adecuado. En todas las dependencias tienen derecho a instalar un tablón de anuncios. Las reuniones sindicales pueden celebrarse en locales oficiales fuera del horario de trabajo y sin perturbar el servicio, previa autorización solicitada con al menos setenta y dos horas; la decisión debe notificarse al menos veinticuatro horas antes.

La autorización de una reunión solo puede denegarse cuando pueda verse afectado el servicio. Por tanto, no existe una potestad discrecional para impedir la actividad sindical por razones ajenas a su normal funcionamiento. La solicitud previa permite organizar los medios y garantizar que la reunión sea compatible con la continuidad policial.

Síntesis del apartado. La Policía Nacional reconoce organizaciones representativas y no representativas, con facultades distintas pero con capacidad de defender a sus afiliados. La acción sindical se integra en una institución esencial para la seguridad, por lo que su ejercicio combina participación efectiva con límites relacionados con el servicio, el secreto y los derechos de terceros.

9.6

El Consejo de Policía

El Consejo de Policía es un órgano colegiado de participación, presidido por el ministro del Interior o la persona en quien delegue. Su composición es paritaria: existe igual representación de la Administración y de los miembros de la Policía Nacional.

No es un órgano de mando operativo ni una junta de coordinación territorial. Tampoco representa únicamente a los sindicatos: la Administración y el personal policial participan de forma paritaria. Sus competencias pueden agruparse para comprenderlas mejor:

  • Conflictos y derechos colectivos: mediación y conciliación en conflictos colectivos y estudio de propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
  • Condiciones de servicio: participación en criterios generales sobre evaluación del desempeño, calendario, horarios, jornada, vacaciones, permisos y licencias.
  • Carrera y recursos humanos: consultas y mociones sobre acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos y planificación de personal.
  • Formación y acción social: estudio de planes y fondos de formación, promoción, perfeccionamiento y criterios generales de acción social.
  • Informes: intervención en los expedientes disciplinarios y proyectos normativos expresamente previstos.

También estudia los datos del personal que pasa a segunda actividad o se jubila por lesiones en acto de servicio y de quienes reingresan desde segunda actividad. Emite informe en expedientes por faltas muy graves y en los seguidos contra representantes sindicales, e informa previamente las disposiciones generales sobre materias de su competencia. La Ley no le atribuye un informe general sobre toda falta grave.

La elección verbal es relevante. El Consejo participa, estudia, informa, media y formula propuestas, pero no sustituye al órgano administrativo que adopta la resolución. Su intervención introduce representación y consulta en decisiones profesionales sin trasladarle la potestad de mando o la competencia sancionadora.

La representación policial se estructura por escalas, a razón de un representante por cada seis mil funcionarios o fracción. Facultativos y técnicos computan con las escalas Ejecutiva y de Subinspección, respectivamente. Las elecciones se celebran mediante sufragio personal, libre, directo y secreto; el mandato dura cuatro años y permite reelección. El Real Decreto 555/2011 desarrolla el procedimiento electoral.

Pueden presentar candidaturas los sindicatos y las agrupaciones de electores legalmente constituidas. Se utilizan listas nacionales separadas para cada escala, con tantos titulares como puestos deban cubrirse y el mismo número de suplentes. La atribución de representantes es proporcional: se calcula un cociente a partir de votantes y puestos, y los puestos sobrantes se asignan según los restos de votos.

Son electores y elegibles quienes se encuentren en servicio activo, segunda actividad o suspensión de funciones que todavía no sea firme, con las reglas específicas aplicables a facultativos y técnicos. Una vacante producida durante el mandato se cubre por la siguiente persona de la lista. Este mecanismo mantiene el resultado electoral sin necesidad de repetir todo el proceso.

El voto se estructura por escalas. Cada elector vota la lista correspondiente a la suya, mientras facultativos y técnicos concurren con las escalas Ejecutiva y de Subinspección. La condición de representativo se obtiene a partir de estos resultados, de modo que la elección cumple dos funciones: designa consejeros y determina qué organizaciones alcanzan la posición institucional reforzada.

Síntesis del apartado. El Consejo de Policía es el cauce institucional de participación profesional de la Policía Nacional. Su paridad equilibra representación administrativa y policial; sus elecciones ordenan la representación por escalas; y sus funciones se concentran en consulta, participación, mediación e informe, no en dirección operativa.

9.7

Organización de la Policía Judicial

El artículo 126 de la Constitución dispone que la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Esta dependencia es funcional: los agentes siguen perteneciendo orgánicamente a su cuerpo, pero en la investigación concreta reciben órdenes e instrucciones de la autoridad judicial o fiscal competente.

Función genérica y Unidades Orgánicas

En sentido genérico, todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben auxiliar a la Justicia. Sin embargo, el artículo 29.1 de la Ley Orgánica 2/1986 encomienda las funciones constitucionales de Policía Judicial a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las Unidades Orgánicas creadas dentro de Policía Nacional y Guardia Civil. Las policías autonómicas y locales participan como colaboradoras en los términos legales.

El Ministerio del Interior organiza estas unidades con criterios territoriales y de especialización. Sus miembros requieren formación específica y deben contar con medios adecuados. Las unidades pueden adscribirse total o parcialmente a determinados juzgados, tribunales o fiscalías cuando el volumen o la especialización del trabajo lo aconsejen.

Los funcionarios encargados de una investigación no pueden ser apartados de ella hasta que finalice, salvo decisión o autorización judicial o fiscal en los términos legales. La garantía evita que la dependencia orgánica interfiera injustificadamente en una investigación dirigida funcionalmente por la autoridad competente.

Jueces, tribunales y fiscales pueden impartir órdenes, concretar las actuaciones, controlar su ejecución e instar la potestad disciplinaria. No asumen por ello la gestión administrativa del cuerpo ni deciden destinos, retribuciones o carrera profesional.

La doble dependencia puede representarse así:

DimensiónAutoridad principalMaterias
OrgánicaMinisterio del Interior y cuerpo de pertenenciaPersonal, medios, destinos, organización y régimen profesional
FuncionalJuez, tribunal o Ministerio Fiscal competenteDirección y control de la investigación criminal concreta

Esta distinción explica por qué una autoridad judicial puede ordenar diligencias y controlar sus resultados, pero no nombrar por sí misma a los mandos policiales ni modificar la plantilla de una unidad. También explica la garantía de permanencia: un superior orgánico no puede utilizar sus competencias administrativas para desactivar una investigación dirigida judicialmente.

Desarrollo del Real Decreto 769/1987

El Reglamento distingue las Unidades Orgánicas territoriales de las unidades especialmente adscritas. Las primeras asumen investigaciones criminales en su ámbito y cuentan con equipos especializados cuando la delincuencia lo requiere. Antes de abrirse un procedimiento judicial, actúan bajo dependencia del Ministerio Fiscal, al que deben dar cuenta de sus investigaciones.

Las Unidades Orgánicas se estructuran con criterios territoriales sobre una base provincial, sin perjuicio de las unidades de ámbito superior necesarias para delitos que desbordan una provincia. Deben respetar los criterios de especialización delictiva. La investigación de criminalidad económica, tecnológica, organizada o violenta puede requerir equipos especializados, pero todos ellos siguen integrados en la estructura de Policía Judicial correspondiente.

Una vez iniciado el procedimiento penal, el juez o tribunal competente y el fiscal encargado se relacionan directamente con la jefatura de la unidad. Esta designa a los funcionarios que ejecutarán la investigación y comunica su identidad a la autoridad requirente. La relación directa evita que cada diligencia deba recorrer toda la cadena administrativa, sin privar a la jefatura policial de su responsabilidad sobre la organización del servicio.

Las unidades especialmente adscritas prestan asistencia directa y estable a juzgados, tribunales o fiscalías. Forman parte de la Unidad Orgánica provincial y conservan esa conexión para personal y medios. Atienden con preferencia al juzgado y fiscal de guardia y pueden practicar inspecciones oculares, recogida de pruebas, averiguaciones, informes urgentes, intervención en levantamientos de cadáveres y otras actuaciones inmediatas.

Si una investigación iniciada por la unidad adscrita exige mayores medios o una actuación extensa, las diligencias se trasladan a la Unidad Orgánica, que continúa bajo las instrucciones de la autoridad judicial. No son estructuras rivales: la unidad adscrita ofrece respuesta inmediata y la orgánica aporta capacidad investigadora más amplia.

Las unidades adscritas se integran en la Unidad Orgánica provincial y obtienen de ella personal y medios. Sus miembros se mantienen asignados de forma estable; su remoción exige el informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial de Coordinación, además de las demás causas legales de cese o traslado. Siempre que sea posible, tienen su sede en dependencias judiciales o fiscales.

La formación especializada se desarrolla en dos fases: una en los centros docentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otra en el centro de estudios judiciales competente. La formación de ingreso proporciona conocimientos generales de Policía Judicial a todo el personal; la titulación especializada habilita para ocupar destinos en las Unidades Orgánicas.

Las Comisiones Nacional y Provinciales de Coordinación armonizan la actuación de las fuerzas dedicadas a investigación criminal. La Comisión Nacional estudia la evolución delictiva, propone planes, unifica criterios y resuelve incidencias institucionales. Las provinciales desempeñan funciones equivalentes en su ámbito e informan determinadas adscripciones, remociones y cuestiones disciplinarias.

La Comisión Nacional reúne representación de los ámbitos judicial, fiscal, gubernativo y, cuando corresponde, autonómico. Las comisiones provinciales están presididas por la presidencia de la Audiencia Provincial e integran, entre otros, al fiscal jefe, al juez decano y a los responsables provinciales de las Unidades Orgánicas de Policía Nacional y Guardia Civil. La Comisión Nacional se reúne al menos trimestralmente; las provinciales, mensualmente. Su función coordinadora debe respetar siempre la independencia judicial en cada procedimiento.

Síntesis del apartado. Todo agente debe auxiliar a la Justicia, pero la investigación especializada se articula mediante Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Policía Nacional y Guardia Civil. La dependencia orgánica conserva personal y medios; la funcional atribuye la dirección de la investigación a jueces, tribunales y fiscales. Las unidades adscritas ofrecen asistencia estable y las comisiones de coordinación ordenan las relaciones institucionales sin intervenir en la independencia de cada causa.

9.8

Policías de las comunidades autónomas

Las comunidades cuyos estatutos lo prevean pueden crear cuerpos propios. Las que no los creen pueden ejercer determinadas funciones mediante unidades de Policía Nacional adscritas; y aquellas cuyos estatutos no prevean un cuerpo pueden acudir a acuerdos de cooperación específica con el Estado para las funciones constitucionales de vigilancia y protección.

Esta regulación permite distinguir tres situaciones:

  1. La comunidad cuyo estatuto prevé un cuerpo y decide crearlo dispone de una policía autonómica propia.
  2. La comunidad habilitada que no crea cuerpo puede solicitar unidades de Policía Nacional adscritas para determinadas funciones.
  3. La comunidad cuyo estatuto no prevé la creación puede celebrar acuerdos de cooperación específica con el Estado para ejercer las funciones admitidas legalmente.

La creación, modificación y supresión del cuerpo corresponde a los órganos autonómicos competentes, previo informe del Consejo de Política de Seguridad, cuando así lo permita el estatuto. El informe inserta la decisión autonómica en la planificación general, pero el cuerpo creado depende de la comunidad y no del Consejo.

Los cuerpos autonómicos son institutos armados de naturaleza civil, con estructura jerarquizada. Actúan ordinariamente dentro del territorio de su comunidad. Fuera de él solo pueden hacerlo en emergencias, previo requerimiento de las autoridades estatales, o para proteger autoridades autonómicas con la autorización y comunicación previstas legalmente.

Su régimen estatutario se forma a partir de las bases comunes de la Ley Orgánica 2/1986, el estatuto de autonomía, la legislación autonómica y el reglamento propio del cuerpo. La selección, el ingreso, la promoción y la formación corresponden a la comunidad autónoma. Sus integrantes visten normalmente uniforme y pueden portar armas; la licencia de armas continúa siendo competencia del Gobierno de la Nación.

La excepción al uniforme debe ser autorizada por la Junta de Seguridad. Los mandos son designados por las autoridades autonómicas en los términos del artículo 43. La Ley contempla su procedencia de mandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la posibilidad de cubrir mediante promoción interna un porcentaje de vacantes y la realización del curso de especialización correspondiente.

Esta regulación debe leerse junto con la normativa autonómica posterior y con el estatuto de cada cuerpo. La LO 2/1986 fija bases y mecanismos de coordinación; no contiene por sí sola el régimen completo de todas las policías autonómicas.

La limitación territorial responde a la Administración de la que depende el cuerpo, no a una incapacidad material del agente. Por eso la Ley admite excepciones tasadas. Una emergencia puede justificar la actuación fuera de la comunidad si existe requerimiento estatal; la protección de una autoridad autonómica puede prolongarse fuera del territorio cuando se cumplen la autorización y las comunicaciones exigidas.

El artículo 38 agrupa sus funciones en tres categorías:

CategoríaSentidoEjemplos
PropiasProtegen el ordenamiento y los intereses autonómicosCumplimiento de disposiciones autonómicas, protección de edificios e inspección de actividades reguladas por la comunidad
En colaboración con el EstadoSe ejercen dentro de un marco compartidoCumplimiento de leyes estatales, Policía Judicial y orden en grandes concentraciones
Simultáneas e indiferenciadasPueden prestarlas indistintamente ambos nivelesConflictos privados, protección civil y protección de la naturaleza

En vigilancia de espacios públicos, manifestaciones y grandes concentraciones, la policía autonómica actúa prioritariamente, sin perjuicio de la intervención estatal a requerimiento autonómico o por decisión de las autoridades estatales competentes.

Las comunidades coordinan las policías locales de su territorio mediante normas marco, homogeneización de medios y uniformes, criterios de selección, formación, promoción y movilidad y escuelas de formación. Esta competencia pertenece a los órganos autonómicos, no al cuerpo de policía autonómica como tal.

Debe distinguirse la coordinación de las policías locales de la dirección de cada cuerpo. La comunidad establece marcos comunes para favorecer homogeneidad y colaboración, mientras el municipio conserva la dependencia y organización de su Policía Local. Coordinar no permite convertir los cuerpos municipales en unidades del cuerpo autonómico.

Regímenes territoriales específicos

Las disposiciones finales de la Ley reconocen particularidades para País Vasco, Cataluña y Navarra derivadas de sus estatutos. Sus cuerpos se rigen prioritariamente por el respectivo marco estatutario y sus normas de desarrollo, con la aplicación directa o supletoria de los preceptos estatales que corresponda.

Los principios básicos de actuación y las disposiciones estatutarias comunes mantienen una función de garantía general. La coordinación con los cuerpos estatales se articula mediante las respectivas Juntas de Seguridad. Estas especialidades no deben interpretarse como exclusión del sistema común, sino como adaptación de este a competencias estatutarias históricas.

Síntesis del apartado. Una policía autonómica es un cuerpo propio, civil y jerarquizado, creado y regulado por la comunidad dentro de las bases estatales. Sus competencias se ordenan en propias, colaboradoras y simultáneas; su actuación es territorial; y su existencia no elimina la coordinación con el Estado ni la competencia autonómica sobre las policías locales.

9.9

Colaboración y coordinación entre Estado y comunidades autónomas

La regla general es el mutuo auxilio y la información recíproca. Cuando una comunidad habilitada para crear policía propia carece de medios suficientes, puede pedir auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las autoridades estatales determinan el modo de prestarlo y las unidades estatales actúan bajo sus mandos naturales.

Cuando coinciden en una actuación concreta unidades estatales y autonómicas, la Ley atribuye la dirección a los mandos estatales en los términos de su artículo 46. Esta regla de dirección operativa no convierte a la policía autonómica en dependiente orgánicamente del Estado.

El auxilio por insuficiencia de medios y la concurrencia simultánea son supuestos distintos. En el primero, la comunidad solicita apoyo para funciones que le corresponden y las autoridades estatales deciden la forma de prestarlo. En el segundo, cuerpos de ambos niveles coinciden en un servicio determinado. Identificar el supuesto permite aplicar correctamente la regla de mando sin confundir cooperación permanente con una intervención ocasional.

Unidades adscritas de Policía Nacional

La adscripción constituye una alternativa para comunidades que, pudiendo crear cuerpo propio, no lo han hecho. Debe afectar a unidades operativas completas, no a agentes individuales. Las unidades dependen funcionalmente de la autoridad autonómica, orgánicamente del Ministerio del Interior y permanecen bajo el mando de sus jefes naturales. El Estado puede sustituirlas, oídas las autoridades autonómicas.

Una unidad adscrita no es una policía autonómica. Sus integrantes continúan perteneciendo a la Policía Nacional, aunque desarrollen determinadas funciones autonómicas bajo dependencia funcional de la comunidad.

Órganos de coordinación

El Consejo de Política de Seguridad coordina las políticas de seguridad del Estado y de las comunidades autónomas. Lo preside el ministro del Interior y lo integran los responsables autonómicos de Interior o Gobernación y un número igual de representantes estatales. Aprueba planes, informa plantillas y disposiciones, formula directivas e informa convenios.

Sus competencias se proyectan sobre la planificación general: aprueba planes de coordinación y de infraestructura policial; informa las plantillas autonómicas y puede establecer su número máximo; aprueba directivas y recomendaciones; informa la creación de cuerpos y las disposiciones autonómicas sobre ellos; e informa los convenios de cooperación en seguridad.

Dentro del Consejo funciona el Comité de Expertos, compuesto por ocho representantes: cuatro del Estado y cuatro de las comunidades autónomas. Prepara los asuntos del Pleno, propone fórmulas de coordinación, acuerdos, programas formativos y planes conjuntos. Es un órgano técnico de apoyo, no el órgano político principal.

En cada comunidad con cuerpo propio puede constituirse una Junta de Seguridad, con igual representación estatal y autonómica. Su misión es coordinar la actuación de los cuerpos estatales y del cuerpo autonómico y resolver incidencias de colaboración. Su ámbito es una comunidad concreta, a diferencia del Consejo, que articula la política general del conjunto del Estado.

ÓrganoÁmbitoComposición característicaFunción principal
Consejo de Política de SeguridadConjunto del Estado y comunidades autónomasMinistro, responsables autonómicos e igual número de representantes estatalesCoordinación general de políticas de seguridad
Comité de ExpertosApoyo al ConsejoOcho miembros: cuatro estatales y cuatro autonómicosPreparación técnica, fórmulas, programas y planes
Junta de SeguridadUna comunidad con cuerpo propioRepresentación paritaria estatal y autonómicaCoordinación operativa y resolución de incidencias

Síntesis del apartado. La colaboración se manifiesta en el auxilio y el intercambio de información; la coordinación se institucionaliza en órganos paritarios. Las unidades adscritas añaden una fórmula distinta: pertenecen a Policía Nacional, pero desarrollan determinadas funciones bajo dependencia funcional autonómica.

9.10

Policías locales

Los municipios pueden crear cuerpos propios conforme a la Ley Orgánica 2/1986, la legislación de régimen local y la normativa autonómica. Son institutos armados de naturaleza civil y estructura jerarquizada. Su régimen combina las bases estatales, las normas autonómicas de coordinación y los reglamentos municipales.

Cuando no existe policía municipal, sus cometidos son ejercidos por el personal de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, denominado guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o figuras análogas. Este personal no forma por ello un cuerpo de Policía Local.

El ámbito ordinario de actuación es el término municipal. Puede superarse en emergencias previo requerimiento de la autoridad competente y, con las autorizaciones legales, cuando se protege a autoridades locales fuera del municipio dentro de la comunidad autónoma.

Funciones

El artículo 53 enumera las funciones de las policías locales. Conviene estudiarlas separadamente porque no todas producen las mismas relaciones de coordinación:

  1. Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilar o custodiar sus edificios e instalaciones.
  2. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano.
  3. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
  4. Ejercer policía administrativa respecto de ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales.
  5. Participar en las funciones de Policía Judicial como colaboradores.
  6. Prestar auxilio en accidentes, catástrofes o calamidades y participar en los planes de protección civil.
  7. Practicar diligencias de prevención y actuaciones dirigidas a evitar delitos dentro del marco de las Juntas de Seguridad.
  8. Vigilar espacios públicos y colaborar, cuando sean requeridos, en manifestaciones y grandes concentraciones.
  9. Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos.

La referencia al «casco urbano» delimita las funciones de tráfico y los atestados que la Ley enumera expresamente. No significa que cualquier actuación policial deje de ser posible al atravesar una vía: debe atenderse al término municipal, a la clase de vía, a la competencia material y a los convenios o mecanismos de colaboración aplicables.

También participan en Policía Judicial, auxilian en accidentes y catástrofes, realizan diligencias preventivas, vigilan espacios públicos, colaboran en manifestaciones y grandes concentraciones cuando son requeridas y cooperan en conflictos privados. Los atestados por accidentes urbanos y las diligencias preventivas de delitos deben comunicarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.

La participación en Policía Judicial tiene carácter colaborador. La Policía Local puede practicar primeras diligencias, proteger indicios, identificar personas y realizar las actuaciones urgentes que le correspondan, pero debe comunicar y coordinar su intervención con el cuerpo competente. La obligación de comunicación evita investigaciones paralelas y preserva la continuidad de las diligencias.

La comunicación expresa del artículo 53.2 afecta a los atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano y a las diligencias preventivas destinadas a evitar delitos. Comunicar no significa que la actuación municipal carezca de valor ni que deba esperar autorización previa; garantiza que el cuerpo estatal competente conozca las diligencias y pueda darles continuidad cuando proceda.

En municipios de gran población y en las ciudades con estatuto de autonomía puede asignarse exclusivamente la ordenación, señalización y dirección del tráfico urbano a determinados funcionarios. Estos tienen consideración de agentes de la autoridad y quedan subordinados a la Policía Local, pero no se integran en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Ley exige además que esta organización no incremente el número de efectivos ni los costes de personal.

Dos o más municipios limítrofes de una misma comunidad que carezcan por separado de recursos suficientes pueden asociarse para prestar el servicio, con las condiciones y autorizaciones previstas. La asociación no crea un nuevo nivel policial independiente ni permite actuar al margen de los municipios participantes.

Juntas Locales de Seguridad

En municipios o agrupaciones con cuerpo propio puede constituirse una Junta Local de Seguridad. Es el órgano colegiado que facilita la cooperación entre Administraciones y la coordinación operativa de los cuerpos que actúan en el municipio. Su constitución requiere acuerdo del alcalde y del delegado del Gobierno —o, por delegación, del subdelegado—.

El alcalde preside la Junta en los términos del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1087/2010. La regulación actual debe utilizarse para interpretar la referencia histórica del artículo 54 de la Ley Orgánica al «Gobernador Civil». En municipios sin Policía Local puede constituirse, de común acuerdo, una Comisión Local de Seguridad para analizar la situación y promover medidas preventivas.

La Junta analiza la situación de seguridad, establece procedimientos de colaboración, coordina planes y valora su ejecución. No ejerce el mando orgánico sobre los cuerpos representados ni sustituye las competencias de sus autoridades. Puede crear mesas o grupos de trabajo para zonas o problemas concretos, siempre bajo las funciones que le encomiende el órgano colegiado.

Entre sus funciones se encuentran analizar la situación de seguridad y convivencia, elaborar planes conjuntos, establecer procedimientos de coordinación, conocer conflictos e incidencias, promover cooperación con otros servicios públicos y valorar los resultados alcanzados. La Junta proporciona un espacio estable de decisión compartida; los cuerpos conservan su estructura y reciben las órdenes operativas por sus cauces competentes.

La Comisión Local de Seguridad responde a una situación diferente. Puede constituirse de común acuerdo en municipios sin cuerpo de Policía Local para analizar la seguridad y promover medidas de prevención. No debe confundirse con una Junta Local, cuya existencia se vincula al municipio o agrupación con cuerpo propio.

Síntesis del apartado. La Policía Local es un cuerpo municipal, civil y jerarquizado que combina funciones propias —autoridades, edificios, tráfico y ordenanzas— con otras de colaboración. Su ámbito ordinario es municipal, sus actuaciones preventivas deben coordinarse con los cuerpos estatales y la Junta Local ofrece el marco estable para organizar esa cooperación.

9.11

Síntesis y conceptos que deben diferenciarse

La Ley Orgánica 2/1986 construye un sistema plural, pero no fragmentado. La competencia estatal sobre seguridad pública convive con participación autonómica y local; los cuerpos conservan su dependencia, aunque cooperan y se coordinan mediante órganos específicos. Los principios del artículo 5 proporcionan el vínculo común y convierten el respeto a los derechos en una exigencia profesional.

ConceptosDiferencia esencial
Seguridad pública y mantenimiento de la seguridadCompetencia estatal frente a actividad en la que participan varias Administraciones
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y FCSEConjunto de cuerpos estatales, autonómicos y locales frente a Policía Nacional y Guardia Civil
Cooperación y coordinaciónAuxilio recíproco frente a ordenación conjunta mediante reglas u órganos
Agente de la autoridad y autoridadCondición ordinaria en servicio frente a protección penal especial del artículo 7.2
Función de Policía Judicial y Unidad OrgánicaDeber general de auxilio frente a estructura especializada estatal
Dependencia orgánica y funcionalPertenencia y gestión profesional frente a dirección de una función concreta
Policía autonómica y unidad adscritaCuerpo propio de la comunidad frente a unidad de Policía Nacional
Consejo de Política y Junta de SeguridadCoordinación general Estado-comunidades frente a coordinación en una comunidad concreta
Junta de Seguridad y Junta LocalCoordinación autonómica frente a coordinación municipal
Policía Local y personal auxiliarCuerpo policial municipal frente a personal de custodia donde no existe cuerpo propio

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 22 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas proceden de pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan juntas, con todas sus opciones, la respuesta correcta y la referencia normativa que permite estudiarlas. Se conserva su formulación, con correcciones exclusivamente ortográficas o tipográficas cuando resultan necesarias.

0 de 22 respondidas

  1. Promoción 38, modelo A, pregunta 23.artículo 12.1.a) de la Ley Orgánica 2/1986.

    1. De entre las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es competencia exclusiva de la Policía Nacional:

  2. Promoción 38, modelo A, pregunta 24.artículo 48 de la Ley Orgánica 2/1986.

    2. El órgano creado para coordinar las políticas de seguridad pública del Estado y de las comunidades autónomas es:

  3. Promoción 38, modelo A, pregunta 25.artículo 5.2.d) de la Ley Orgánica 2/1986.

    3. ¿En qué principio básico de actuación se contempla el uso de armas?

  4. Promoción 39, modelo A, pregunta 16.artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986.

    4. La seguridad pública es competencia exclusiva:

  5. Promoción 39, modelo A, pregunta 85.artículo 93.1 de la Ley Orgánica 9/2015.

    5. Según la Ley Orgánica 9/2015, ¿cuántos funcionarios son necesarios para que las organizaciones sindicales representativas tengan derecho a que se les facilite un local adecuado para el ejercicio de sus actividades?

  6. Promoción 40, modelo A, pregunta 22.artículo 5.2.a) de la Ley Orgánica 2/1986.

    6. «Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral» se encuentra recogido en el principio básico de:

  7. Promoción 40, modelo A, pregunta 50.artículo 50 de la Ley Orgánica 2/1986.

    7. En las comunidades autónomas que dispongan de cuerpos de policía propios, la misión de coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del cuerpo autonómico corresponde a:

  8. Promoción 40, modelo A, pregunta 64.artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986.

    8. Las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía. Dicha adscripción deberá respetar, entre otros, el siguiente principio:

  9. Promoción 41, modelo B, pregunta 1.artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/1986.

    9. ¿En qué caso tienen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la consideración de autoridad?

  10. Promoción 41, modelo B, pregunta 8.artículo 5.1.c) de la Ley Orgánica 2/1986.

    10. ¿Qué principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuadra dentro de la «adecuación al ordenamiento jurídico»?

  11. Promoción 41, modelo B, pregunta 38.artículo 94.2.g) de la Ley Orgánica 9/2015.

    11. ¿Cuál es una de las funciones del Consejo de Policía?

  12. Promoción 42, modelo A, pregunta 1.artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/1986.

    12. Los poderes públicos promoverán una adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad conforme a los principios de:

  13. Promoción 42, modelo A, pregunta 2.artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986.

    13. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde:

  14. Promoción 42, modelo A, pregunta 26.artículo 12.1.a) de la Ley Orgánica 2/1986.

    14. Es competencia exclusiva de la Policía Nacional:

  15. Promoción 42, modelo A, pregunta 27.artículo 94 de la Ley Orgánica 9/2015.

    15. El máximo órgano de representatividad sindical dentro de la Policía Nacional es:

  16. Promoción 42, modelo A, pregunta 59.artículo 49.1 de la Ley Orgánica 2/1986.

    16. Dentro del Consejo de Política de Seguridad funciona un Comité de Expertos integrado por ocho representantes:

  17. Promoción 42, modelo A, pregunta 84.artículo 5.3.b) de la Ley Orgánica 2/1986.

    17. Velar por la integridad física de las personas detenidas se recoge dentro del apartado relativo a:

  18. Promoción 43, modelo B, pregunta 13.artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/1986.

    18. La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se adecuará a los principios básicos de actuación del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 y se ajustará, según su artículo 6, a los siguientes criterios:

  19. Promoción 43, modelo B, pregunta 31.artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/1986.

    19. Conforme al artículo 10.1 de la Ley Orgánica 2/1986, el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado corresponde:

  20. Promoción 43, modelo B, pregunta 58.artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986.

    20. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, ajustarán su actuación al principio de:

  21. Promoción 43, modelo B, pregunta 92.artículo 29.1 de la Ley Orgánica 2/1986.

    21. Al amparo del artículo 29.1 de la Ley Orgánica 2/1986, las funciones de Policía Judicial mencionadas en el artículo 126 de la Constitución serán ejercidas por:

  22. Promoción 43, modelo B, pregunta 94.artículo 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986.

    22. En los municipios donde no exista Policía Municipal, sus cometidos serán ejercidos por:

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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones.

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