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Congreso y Senado: diferencias, funciones y composición
Congreso y Senado integran las Cortes Generales, pero difieren en su elección, su composición y el peso que tienen al aprobar leyes y controlar al Gobierno.

El Congreso de los Diputados y el Senado forman conjuntamente las Cortes Generales, pero no ocupan la misma posición dentro del sistema constitucional. Las dos Cámaras participan en la elaboración de las leyes, aprueban los Presupuestos y controlan al Gobierno. Sin embargo, el Congreso decide la investidura del presidente del Gobierno, puede exigir su responsabilidad política y tiene la última palabra en la tramitación ordinaria de las leyes.
La diferencia tampoco consiste simplemente en que el Congreso represente a los ciudadanos y el Senado a los territorios. Todos los diputados y senadores forman parte de las Cortes Generales, que representan al pueblo español. Lo específico del Senado es que la Constitución lo define como Cámara de representación territorial y organiza su composición mediante senadores elegidos en provincias e islas y senadores designados por las comunidades autónomas.
| Cuestión | Congreso de los Diputados | Senado |
|---|---|---|
| Posición | Cámara con primacía política y legislativa | Cámara de representación territorial y segunda lectura |
| Composición | 350 diputados | Número variable de senadores |
| Elección | Sistema proporcional en circunscripciones provinciales | Elección directa territorial y designación autonómica |
| Relación con el Gobierno | Investidura, moción de censura y cuestión de confianza | Control parlamentario, pero sin relación de confianza |
| Procedimiento legislativo ordinario | Examina primero el texto y decide finalmente sobre veto y enmiendas | Revisa el texto, puede enmendarlo o vetarlo |
| Presupuestos Generales | Los examina primero y resuelve finalmente las diferencias | Participa en su tramitación y puede vetarlos o enmendarlos |
| Artículo 155 CE | No concede la autorización prevista en este artículo | Autoriza las medidas por mayoría absoluta |
Las dos Cámaras forman las Cortes Generales
La Constitución no utiliza como sinónimos Congreso, Senado y Cortes Generales. Las Cortes Generales son el Parlamento estatal formado por las dos Cámaras. Esta organización recibe el nombre de bicameralismo: algunas funciones se ejercen con la intervención sucesiva del Congreso y del Senado, otras requieren el acuerdo de ambos y determinadas decisiones corresponden exclusivamente a una Cámara.
El bicameralismo español es asimétrico porque las Cámaras no tienen el mismo peso en todos los procedimientos. El Congreso ocupa una posición predominante en la formación y el control político del Gobierno y puede superar el veto del Senado o rechazar sus enmiendas durante la tramitación ordinaria de una ley. Esto no convierte al Senado en un órgano consultivo: sus decisiones producen efectos jurídicos y la Constitución le reserva algunas competencias propias.
Cómo se elige el Congreso de los Diputados
La Constitución establece que el Congreso debe tener entre 300 y 400 miembros. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General concreta esa previsión y fija su composición en 350 diputados.
La provincia es la circunscripción electoral. A cada provincia le corresponde una representación mínima inicial y los restantes escaños se distribuyen en función de la población; Ceuta y Melilla eligen un diputado cada una. Dentro de cada circunscripción, los escaños se atribuyen mediante un sistema de representación proporcional.
El elector vota una candidatura mediante una lista cerrada y bloqueada: elige la lista presentada por una formación y no modifica el orden de sus candidatos. Después, los escaños de la circunscripción se reparten entre las candidaturas conforme a las reglas electorales.
El mandato dura cuatro años, aunque puede terminar antes si se disuelve la Cámara. Los diputados no representan jurídicamente solo a la provincia en la que resultaron elegidos ni están sujetos a instrucciones obligatorias de sus electores o de su partido. La Constitución prohíbe el mandato imperativo.
Cómo se forma el Senado
El número total de senadores no está fijado de manera permanente. Una parte se elige directamente y otra es designada por las comunidades autónomas. El total puede variar porque cada comunidad designa un senador inicial y otro más por cada millón de habitantes de su territorio.
En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores. Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres cada una; las demás islas mencionadas por la Constitución eligen uno; Ceuta y Melilla eligen dos cada una. En la elección directa al Senado, el votante marca candidatos concretos y puede escoger candidatos de listas diferentes, dentro del número máximo de votos permitido en su circunscripción. Por ello, su sistema no funciona igual que las listas cerradas del Congreso.
La reforma constitucional de 19 de mayo de 2026 modificó el artículo 69.3 para que Ibiza y Formentera constituyan circunscripciones separadas y elijan un senador cada una. La reforma y la posterior modificación de la ley electoral ya están en vigor, aunque la separación se aplicará a partir de las primeras elecciones al Senado convocadas después de la entrada en vigor de la reforma. Esta regla transitoria explica que la composición de la legislatura iniciada con anterioridad no cambie a mitad del mandato.
Los senadores autonómicos no son elegidos directamente en las elecciones generales. Los designan las asambleas legislativas de las comunidades autónomas conforme a sus estatutos y respetando una representación proporcional adecuada. Una vez adquirida la condición de senador, sus derechos y su voto no dependen de que proceda de elección directa o de designación autonómica.
Qué ocurre cuando se tramita una ley
El recorrido ordinario permite apreciar con claridad la diferencia entre ambas Cámaras. Los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros se remiten al Congreso. También se presentan ante él las proposiciones de ley de origen parlamentario, autonómico o popular, con la especialidad de las proposiciones nacidas en el Senado: primero deben ser tomadas en consideración allí y después se remiten al Congreso para continuar su tramitación.
Cuando el Congreso aprueba el texto, lo envía al Senado. La Cámara Alta dispone normalmente de dos meses para aprobarlo sin cambios, introducir enmiendas u oponer un veto motivado. Si el proyecto ha sido declarado urgente, el plazo se reduce a veinte días naturales. El veto exige mayoría absoluta del Senado.
Un veto no termina definitivamente la iniciativa. El Congreso puede ratificar inmediatamente su texto inicial por mayoría absoluta o hacerlo por mayoría simple cuando hayan transcurrido dos meses desde el veto. También decide, por mayoría simple, si acepta o rechaza cada enmienda del Senado. De ahí que se describa al Senado como Cámara de segunda lectura y se afirme que el Congreso tiene la decisión final en el procedimiento legislativo ordinario.
La primacía del Congreso aparece también en las leyes orgánicas. Aunque el Senado participa en su tramitación, su aprobación, modificación o derogación exige una votación final sobre el conjunto en el Congreso por mayoría absoluta.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado sigue una lógica parecida, aunque su elaboración corresponde al Gobierno. Se presenta primero ante el Congreso y después pasa al Senado, que puede vetarlo o introducir enmiendas dentro de los límites constitucionales. Si las Cámaras discrepan, la decisión final vuelve a corresponder al Congreso.
No todos los procedimientos pueden reducirse a este esquema. Las reformas constitucionales requieren mayorías específicas en ambas Cámaras y, según el procedimiento seguido, pueden dar lugar a una comisión paritaria, a nuevas elecciones o a un referéndum. En determinados tratados y decisiones territoriales también se busca el acuerdo del Congreso y del Senado mediante reglas propias. Por eso no debe trasladarse sin más la capacidad del Congreso para levantar un veto ordinario a cualquier actuación de las Cortes Generales.
El Congreso decide quién gobierna
La relación de confianza política se establece entre el Gobierno y el Congreso. Tras las elecciones, el candidato propuesto a la Presidencia del Gobierno expone su programa ante esta Cámara y solicita su confianza. La primera votación requiere mayoría absoluta; si no se alcanza, cuarenta y ocho horas después basta la mayoría simple.
Durante la legislatura, el Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante una moción de censura. También es el Congreso quien vota la cuestión de confianza planteada por el presidente del Gobierno. El Senado no participa en ninguna de estas votaciones.
Ambas Cámaras controlan, sin embargo, la actividad gubernamental. Diputados y senadores pueden formular preguntas e interpelaciones, solicitar comparecencias y participar en comisiones de investigación. La diferencia es que el control del Senado permite examinar, debatir y orientar la actuación del Gobierno, pero no decidir su continuidad.
Otro ejemplo es el decreto-ley. El Gobierno puede dictarlo en caso de extraordinaria y urgente necesidad dentro de los límites constitucionales, pero su convalidación o derogación corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados en los treinta días siguientes a su promulgación. No se somete a una convalidación conjunta del Congreso y el Senado.
Qué funciones territoriales tiene el Senado
Definir al Senado como Cámara territorial no significa que intervenga en exclusiva en todos los asuntos autonómicos. Su composición introduce una dimensión territorial y la Constitución le reserva algunas actuaciones concretas, pero muchas decisiones que afectan a las comunidades autónomas se tramitan también en el Congreso.
La competencia propia más conocida aparece en el artículo 155 de la Constitución. Si una comunidad autónoma incumple sus obligaciones constitucionales o legales, o actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno debe requerir previamente a su presidente. Si el requerimiento no es atendido, las medidas necesarias requieren la aprobación por mayoría absoluta del Senado.
El Senado también inicia el procedimiento parlamentario en determinadas decisiones sobre acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas y sobre la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. Si las Cámaras discrepan, interviene una comisión mixta con igual número de diputados y senadores; si no se alcanza la aprobación en los términos constitucionales, decide finalmente el Congreso por mayoría absoluta.
La Comisión General de las Comunidades Autónomas proporciona, además, un espacio específico para tratar cuestiones territoriales. Estas atribuciones permiten entender la orientación del Senado, aunque no eliminan la posición predominante del Congreso en el conjunto del sistema parlamentario.
El Senado no siempre queda en segundo plano
La asimetría no significa que el Senado esté subordinado al Congreso en todas las materias. Las dos Cámaras aprueban sus propios reglamentos y presupuestos, eligen sus órganos de gobierno y pueden crear comisiones de investigación. Diputados y senadores disfrutan de las mismas garantías constitucionales básicas en el ejercicio de su mandato.
También participan en la designación de órganos constitucionales. Por ejemplo, el Congreso propone cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por mayoría de tres quintos y el Senado propone otros cuatro con la misma mayoría. En estas decisiones, la intervención de una Cámara no puede ser sustituida ordinariamente por la otra.
Las dos Cámaras intervienen asimismo en la autorización de determinados tratados internacionales. Cuando no existe acuerdo, se intenta alcanzarlo mediante una comisión mixta y, solo si esa vía fracasa, la Constitución atribuye la decisión al Congreso por mayoría absoluta.
Cómo distinguir Congreso y Senado en una pregunta de examen
La forma más segura de resolver una pregunta no consiste en atribuir al Congreso «lo político» y al Senado «lo territorial», porque esa simplificación genera errores. Conviene identificar primero el procedimiento. Si se pregunta por la investidura, la moción de censura, la cuestión de confianza o la convalidación de un decreto-ley, la respuesta es el Congreso. Si se pregunta por la autorización de las medidas del artículo 155, corresponde al Senado.
Cuando aparece la tramitación ordinaria de una ley, intervienen las dos Cámaras: el Senado puede enmendar o vetar, pero el Congreso puede superar el veto y decide si acepta las enmiendas. Esto es distinto de afirmar que el Senado se limita a emitir una opinión, pues sus acuerdos forman parte del procedimiento y obligan a que el texto vuelva al Congreso.
En las preguntas sobre composición debe recordarse otra diferencia. Los 350 diputados son elegidos directamente, mientras que el Senado combina elección directa y designación autonómica. Y cuando el enunciado habla de las Cortes Generales, no se refiere a una tercera institución: está nombrando conjuntamente al Congreso y al Senado.
Congreso y Senado en las oposiciones
La diferencia entre las Cámaras forma parte de los contenidos constitucionales de numerosas oposiciones. No basta con memorizar que el Congreso tiene 350 diputados y que el Senado representa territorialmente: las preguntas suelen exigir identificar qué Cámara inviste al presidente, cuál convalida un decreto-ley, cómo se supera un veto o quién autoriza las medidas del artículo 155.
La explicación del tema 2 de Administrativo del Estado desarrolla la composición, las atribuciones y el funcionamiento de las Cortes Generales dentro del sistema constitucional. Su base legislativa permite consultar de forma ordenada los preceptos aplicables. Desde el temario completo de Administrativo del Estado pueden estudiarse también el Gobierno, la organización territorial y las fuentes del Derecho.
Después de estudiar la explicación, el configurador de cuestionarios de QuizOpo permite seleccionar la oposición y los temas que se quieran repasar. El objetivo no es recordar dos listas aisladas de funciones, sino reconocer qué intervención corresponde a cada Cámara cuando cambia el procedimiento.
Fuente normativa
La composición y las funciones de las Cámaras se regulan principalmente en los artículos 66 a 90, 99, 112 a 115, 134, 155, 159, 167 y 168 de la Constitución Española. El sistema de elección se desarrolla en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. La separación de Ibiza y Formentera como circunscripciones al Senado procede de la reforma constitucional de 19 de mayo de 2026 y de la Ley Orgánica 2/2026, de 30 de junio.
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