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Providencia, auto, sentencia, diligencia y decreto: diferencias
Providencias, autos, sentencias, diligencias y decretos no son resoluciones equivalentes. Se distinguen por el órgano que las dicta, la cuestión que resuelven y la motivación exigida.

Durante un procedimiento se adoptan decisiones de distinta naturaleza. Algunas ordenan la tramitación, otras resuelven una cuestión procesal que exige motivación y la sentencia decide el asunto sometido a enjuiciamiento. Para distinguirlas hay que responder primero a dos preguntas: quién dicta la resolución y qué función cumple.
Los jueces y tribunales dictan providencias, autos y sentencias. Los letrados de la Administración de Justicia dictan diligencias y decretos. Esta separación refleja el reparto de competencias entre el órgano jurisdiccional y la oficina judicial; no establece una escala en la que cada resolución sea simplemente más importante que la anterior.
| Resolución | Quién la dicta | Función característica | Motivación |
|---|---|---|---|
| Providencia | Juez o tribunal | Resolver una cuestión de ordenación que requiere decisión judicial | Sucinta cuando la ley lo exige o se considera conveniente |
| Auto | Juez o tribunal | Resolver motivadamente cuestiones procesales relevantes | Siempre motivado |
| Sentencia | Juez o tribunal | Decidir definitivamente el asunto, la instancia o determinados recursos | Siempre motivada |
| Diligencia | LAJ | Impulsar, documentar, comunicar o ejecutar actuaciones | Expresa lo dispuesto o deja constancia de la actuación |
| Decreto | LAJ | Resolver motivadamente una materia atribuida a su competencia | Siempre motivado |
Providencias, autos y sentencias son resoluciones judiciales
Estas tres resoluciones proceden de jueces o tribunales porque contienen decisiones propias de la potestad jurisdiccional. La forma elegida no depende de la extensión del texto, sino de la cuestión que la ley obliga a resolver.
La providencia adopta una decisión judicial de ordenación
La providencia se utiliza cuando una cuestión procesal necesita una decisión judicial y la ley no exige que adopte la forma de auto. Su contenido suele estar relacionado con la ordenación material del procedimiento.
Es una resolución más sencilla que el auto, pero no una mera anotación administrativa. Expresa lo que el juez o tribunal decide y puede producir efectos relevantes en la tramitación. Solo necesita una motivación sucinta cuando así lo dispone la ley o quien la dicta lo considera conveniente.
La providencia tampoco debe confundirse con la diligencia de ordenación. Ambas pueden hacer avanzar el proceso, pero la primera contiene una decisión judicial; la segunda procede del LAJ y aplica el curso procesal establecido legalmente dentro de sus competencias.
El auto resuelve una cuestión que exige motivación
El auto se reserva para decisiones judiciales que deben razonarse. Mediante auto se resuelven, entre otras materias, recursos contra providencias o decretos, cuestiones relativas a la admisión o inadmisión de la demanda, la admisión o denegación de prueba, medidas cautelares, nulidad de actuaciones y determinadas cuestiones incidentales.
También adopta forma de auto la resolución que pone fin a una instancia o a un recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, siempre que la ley no exija sentencia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el procedimiento termina por una razón procesal sin llegar a resolverse el fondo del conflicto.
El auto debe estar motivado. En él se separan los antecedentes de hecho, los fundamentos jurídicos y la parte dispositiva que contiene la decisión. No es, por tanto, una sentencia más breve: responde a otra clase de cuestiones.
La sentencia decide el asunto sometido a enjuiciamiento
La sentencia es la resolución con la que el juez o tribunal decide definitivamente el pleito o la causa en una instancia o recurso, además de los demás casos en los que la ley exige esta forma.
En ella se exponen los antecedentes del procedimiento, los hechos que se consideran probados cuando corresponda, los fundamentos jurídicos y el fallo. En un proceso civil, el fallo puede estimar total o parcialmente la demanda o desestimarla; en un proceso penal, puede absolver o condenar.
La función de la sentencia es resolver el objeto sometido a enjuiciamiento. Por eso no debe identificarse simplemente con la resolución más extensa del expediente. Un auto puede contener una fundamentación compleja y seguir siendo un auto porque la cuestión resuelta tiene naturaleza procesal o porque así lo exige la ley.
Diligencias y decretos son resoluciones del LAJ
El letrado o letrada de la Administración de Justicia dirige la oficina judicial en los términos legales, impulsa la tramitación y adopta las resoluciones atribuidas a su competencia. Estas resoluciones procesales se denominan diligencias y decretos, pero no son resoluciones judiciales en sentido estricto porque no las dicta un juez o tribunal.
Las diligencias impulsan o documentan el procedimiento
La diligencia de ordenación se dicta para dar a las actuaciones el curso previsto por la ley. Permite abrir el trámite siguiente sin necesidad de una decisión jurisdiccional.
No todas las diligencias son de ordenación. También existen diligencias de constancia, comunicación y ejecución. Su función es reflejar en el expediente hechos o actos con trascendencia procesal: la presentación de un escrito, el resultado de una notificación o la práctica de una actuación ejecutiva, por ejemplo.
Esta variedad explica por qué «diligencia» no equivale siempre a decisión. En unos casos dispone el siguiente trámite y, en otros, documenta algo que ha sucedido. Lo común es la competencia del LAJ y su vinculación con el impulso o la constancia procesal.
El decreto contiene una decisión motivada del LAJ
El decreto se utiliza cuando el LAJ debe adoptar una decisión razonada, cuando admite a trámite una demanda en los casos legalmente previstos o cuando pone fin a un procedimiento cuya tramitación pertenece a su competencia exclusiva.
Al igual que el auto, debe estar motivado. La diferencia principal no es la extensión de su fundamentación, sino la autoridad que lo dicta y la competencia ejercida: el auto procede del juez o tribunal; el decreto, del LAJ.
Este decreto procesal no debe confundirse con los reales decretos o decretos aprobados por órganos del poder ejecutivo. Comparten una palabra, pero no su naturaleza, el órgano que los dicta ni su función.
Cómo aparecen dentro de un mismo procedimiento
Presentada una demanda, el LAJ puede admitirla mediante decreto cuando concurren los requisitos legales. Si aprecia un posible motivo de inadmisión, debe dar cuenta al juez para que adopte la decisión que corresponda mediante auto. Durante la tramitación, distintas diligencias ordenan los trámites o dejan constancia de comunicaciones y actuaciones.
Si surge una cuestión que requiere una decisión judicial motivada, como la adopción de una medida cautelar, el juez resolverá mediante auto. Otras cuestiones de ordenación judicial pueden adoptar la forma de providencia. Cuando el asunto queda preparado para su decisión, el proceso termina normalmente mediante sentencia.
No existe una cadena en la que toda diligencia deba convertirse en decreto, todo decreto en auto y todo auto en sentencia. Cada resolución aparece cuando lo exige la competencia ejercida y la cuestión que debe resolverse.
Resolución definitiva y resolución firme no significan lo mismo
Una resolución es definitiva cuando pone fin a la primera instancia o decide un recurso interpuesto contra otra resolución definitiva. No todas las resoluciones definitivas son sentencias: también puede existir un auto definitivo y, en el ámbito de las competencias del LAJ, un decreto que termine el procedimiento.
Una resolución es firme cuando ya no cabe recurso contra ella, bien porque la ley no lo prevé, bien porque ha transcurrido el plazo sin que se haya interpuesto. Por eso una sentencia puede ser definitiva y todavía no ser firme; alcanzará la firmeza cuando se agoten o dejen pasar las posibilidades de recurso.
La ejecutoria no es una nueva clase de resolución. La Ley Orgánica del Poder Judicial utiliza este nombre para el documento público y solemne en el que se consigna una sentencia firme.
La resolución debe indicar si puede recurrirse
La forma de la resolución condiciona su régimen de impugnación, pero no existe una correspondencia única que permita afirmar que todas las providencias o todos los autos admiten siempre el mismo recurso. Deben consultarse la jurisdicción, el procedimiento y la decisión concreta.
La propia resolución ha de indicar si es firme o si cabe recurso. Cuando pueda impugnarse, debe expresar qué recurso procede, ante qué órgano se presenta y dentro de qué plazo. Esta información permite diferenciar la decisión adoptada del cauce disponible para discutirla.
Esta diferencia en las oposiciones de Justicia
En los exámenes es frecuente que las opciones mezclen el autor de la resolución con una función que no le corresponde: atribuir una providencia al LAJ, presentar un decreto como resolución judicial o reservar todas las decisiones motivadas al auto.
Las resoluciones procesales se estudian en la explicación del tema 26 de Tramitación Procesal y en el tema 22 de Auxilio Judicial. Las funciones del LAJ se desarrollan además en el tema 11 de Tramitación Procesal.
El test de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite practicar estas diferencias. Las fichas de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial sitúan la materia dentro de sus respectivos programas.
Fuentes normativas
La clasificación se ha contrastado con los artículos 206 a 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con los artículos 245 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus textos consolidados publicados por el BOE.
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