Explicación del Tema 26 de Tramitación Procesal

Las resoluciones de los órganos judiciales son los actos mediante los cuales jueces, magistrados y tribunales expresan una decisión dentro de un proceso o en relación con una actuación judicial. A través de ellas se ordena la tramitación, se resuelven cuestiones procesales, se deciden incidentes, se pone fin a fases del procedimiento, se resuelven recursos o se decide definitivamente el fondo del asunto.

La idea básica es que el proceso judicial no avanza solo por escritos de las partes o por actuaciones materiales de la oficina judicial. Avanza también mediante decisiones del órgano competente. Cuando el tribunal admite una demanda, rechaza una prueba, resuelve una medida cautelar, decide un recurso, declara la nulidad de actuaciones o dicta sentencia, lo hace mediante una resolución procesal adecuada al tipo de decisión que debe adoptar.

La base constitucional se encuentra en el artículo 117 de la Constitución, que atribuye a juzgados y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Las resoluciones judiciales son la forma ordinaria en que esa potestad se manifiesta dentro del proceso. Por eso no son simples comunicaciones: son decisiones dotadas de autoridad procesal y sometidas a las garantías previstas por la ley.

El artículo 118 de la Constitución establece la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales, así como de prestar la colaboración requerida en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Esta previsión explica la importancia de la firmeza: una resolución firme no es solo una decisión adoptada por el órgano judicial, sino una decisión que debe ser respetada y cumplida en los términos establecidos por el ordenamiento.

La Ley Orgánica del Poder Judicial distingue entre resoluciones de carácter jurisdiccional y otras resoluciones o acuerdos de naturaleza gubernativa. El artículo 244 LOPJ denomina acuerdos a las resoluciones de los tribunales cuando no están constituidos en Sala de Justicia, a las de las Salas de Gobierno y a las de jueces y presidentes cuando tienen carácter gubernativo. En cambio, cuando jueces y tribunales actúan en el ejercicio de la función jurisdiccional, sus resoluciones se encuadran en las categorías propias del proceso.

La diferencia es importante. Una resolución jurisdiccional se dicta dentro de un proceso o en relación directa con él, y afecta a la tramitación, a las garantías procesales, a los derechos de las partes o a la decisión del asunto. Un acuerdo gubernativo, en cambio, pertenece al ámbito de organización, gobierno interno o disciplina, aunque pueda estar relacionado con el funcionamiento de órganos judiciales. El tema se centra en las resoluciones procesales y jurisdiccionales, no en los acuerdos gubernativos como categoría autónoma.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 206, ofrece una clasificación clara: son resoluciones judiciales las providencias, los autos y las sentencias dictadas por jueces y tribunales. Cada una de estas formas responde a una función distinta. La providencia se utiliza para decisiones de ordenación procesal que requieren decisión judicial; el auto se reserva para decisiones de mayor entidad procesal; y la sentencia se utiliza para decidir definitivamente el proceso o determinados recursos y procedimientos en los términos previstos por la ley.

La propia LEC diferencia estas resoluciones judiciales de las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, que se denominan diligencias y decretos. Esta distinción responde al reparto de funciones dentro del proceso. El juez o tribunal ejerce potestad jurisdiccional; el Letrado de la Administración de Justicia dirige la oficina judicial en el ámbito procesal que le corresponde, impulsa y ordena determinados trámites, documenta actuaciones y dicta resoluciones procesales en materias de su competencia.

Las resoluciones judiciales cumplen varias funciones. En primer lugar, una función de dirección procesal, porque permiten ordenar el procedimiento y resolver las incidencias que surgen durante su tramitación. En segundo lugar, una función de garantía, porque deben respetar el derecho de defensa, la contradicción, la igualdad de partes y la tutela judicial efectiva. En tercer lugar, una función de decisión, porque resuelven cuestiones controvertidas y, en su caso, ponen fin al proceso. Y, finalmente, una función de ejecución, porque lo decidido puede hacerse efectivo mediante los cauces legalmente establecidos.

La resolución judicial debe ajustarse a la forma legal que corresponda. No es indiferente que una decisión se adopte mediante providencia, auto o sentencia. La clase de resolución condiciona su contenido, su motivación, su régimen de recursos, su forma de documentación y sus efectos. Por ejemplo, las sentencias deben ser siempre motivadas y pronunciarse en audiencia pública, conforme al artículo 120.3 de la Constitución, mientras que las providencias tienen una estructura más simple y solo requieren motivación sucinta cuando la ley lo disponga o quien las dicta lo estime conveniente.

Las resoluciones también se relacionan con la idea de firmeza. Una resolución puede ser recurrible mientras la ley permita impugnarla dentro del plazo correspondiente. En cambio, se considera firme cuando no cabe recurso contra ella, bien porque la ley no lo prevé, bien porque el recurso posible no se ha interpuesto dentro de plazo. La firmeza produce estabilidad procesal y permite que el procedimiento avance o que lo resuelto pueda ejecutarse.

En el contexto actual, las resoluciones judiciales deben entenderse también dentro del marco del expediente judicial electrónico. El Real Decreto-ley 6/2023 regula el documento judicial electrónico, la firma electrónica y la incorporación de documentos y resoluciones al expediente judicial electrónico. Esto no cambia la naturaleza jurídica de la providencia, el auto o la sentencia, pero sí afecta a su soporte, firma, autenticidad, conservación y acceso.

En síntesis, las resoluciones de los órganos judiciales son decisiones procesales dictadas por jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Su régimen exige distinguirlas de los acuerdos gubernativos, separarlas de las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, identificar su clase formal y comprender sus efectos: ordenar el procedimiento, resolver incidencias, decidir el fondo, permitir recursos, alcanzar firmeza y, cuando proceda, servir de base para la ejecución.

Las resoluciones judiciales se clasifican, con carácter general, en providencias, autos y sentencias. Esta clasificación aparece tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La LOPJ la recoge en el artículo 245, al referirse a las resoluciones de jueces y tribunales que tienen carácter jurisdiccional. La LEC la desarrolla en el artículo 206, dentro de la regulación de las resoluciones procesales.

La clasificación no es meramente nominal. Cada tipo de resolución cumple una función distinta dentro del proceso. La providencia se utiliza para decisiones de menor complejidad jurídica vinculadas a la ordenación material del procedimiento; el auto se reserva para decisiones procesales de mayor entidad o para cuestiones que requieren motivación más intensa; y la sentencia decide definitivamente el proceso, una instancia, un recurso o aquellos supuestos en que la ley exige expresamente esta forma.

Las providencias son resoluciones judiciales que tienen por objeto la ordenación material del proceso. Se emplean cuando la ley exige una decisión judicial sobre una cuestión procesal, pero no exige expresamente la forma de auto. Su función es permitir que el procedimiento avance mediante decisiones sencillas del órgano judicial. Por ejemplo, pueden utilizarse para acordar determinados trámites o para adoptar decisiones procesales que no tienen la entidad propia de un auto o de una sentencia.

La providencia no debe confundirse con la diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia. Ambas pueden servir para ordenar la tramitación, pero proceden de sujetos distintos y responden a competencias diferentes. La providencia la dicta el juez o tribunal cuando la ley exige decisión judicial; la diligencia de ordenación la dicta el Letrado de la Administración de Justicia cuando se trata de dar a los autos el curso que la ley establezca dentro de sus competencias.

Los autos son resoluciones judiciales que deciden cuestiones procesales de mayor relevancia. Según la LOPJ, se dictan autos cuando se resuelven recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento o cuando las leyes de enjuiciamiento exigen esta forma. La LEC concreta varios supuestos: admisión o inadmisión de demanda, reconvención, acumulación de acciones, admisión o inadmisión de prueba, aprobación judicial de transacciones, acuerdos de mediación y convenios, medidas cautelares, nulidad o validez de actuaciones, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales.

También se dictan autos cuando una resolución pone fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria, salvo que la ley disponga que deba finalizar por decreto. Esta regla es útil porque permite distinguir la sentencia del auto: si el proceso termina tras su tramitación ordinaria, normalmente la forma será sentencia; si acaba anticipadamente por una cuestión procesal o por un supuesto legal específico, puede corresponder la forma de auto.

Los autos deben diferenciarse de las providencias por su mayor carga decisoria y por la necesidad de motivación. Mientras la providencia suele limitarse a ordenar o impulsar el procedimiento, el auto decide cuestiones con relevancia jurídica más intensa: admisibilidad, presupuestos procesales, recursos, nulidad, medidas cautelares o terminación anticipada. Por eso su estructura y fundamentación son más exigentes.

Las sentencias son las resoluciones judiciales que deciden definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o aquellas que, conforme a las leyes procesales, deben revestir esta forma. En el proceso civil, la LEC establece que se dictará sentencia para poner fin al proceso en primera o segunda instancia una vez concluida su tramitación ordinaria. También se resolverán mediante sentencia los recursos de casación y los procedimientos de revisión de sentencias firmes, salvo las excepciones legalmente previstas.

La sentencia es la resolución jurisdiccional típica de decisión final. En ella el órgano judicial se pronuncia sobre las pretensiones deducidas en el proceso, resuelve el conflicto jurídico planteado y fija las consecuencias correspondientes. Por eso la Constitución exige que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública. La motivación permite conocer las razones de la decisión y posibilita, en su caso, su impugnación.

Junto a la clasificación por su forma, las resoluciones pueden clasificarse por sus efectos procesales. La LEC distingue entre resoluciones definitivas y resoluciones firmes. Son resoluciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que deciden los recursos interpuestos frente a ellas. En cambio, son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, bien porque la ley no lo prevé, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo para recurrir sin que ninguna parte lo haya presentado.

La diferencia entre resolución definitiva y resolución firme es importante. Una resolución definitiva pone fin a una instancia o decide un recurso, pero puede no ser firme si todavía cabe recurso contra ella. Una resolución firme, en cambio, ya no puede ser impugnada por los recursos ordinarios o extraordinarios legalmente procedentes, salvo supuestos excepcionales previstos por el ordenamiento. La firmeza aporta estabilidad a lo decidido y permite que el tribunal del proceso deba estar a lo resuelto.

La LOPJ añade dos conceptos relacionados con la sentencia firme. Por un lado, considera sentencias firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, salvo revisión u otros extraordinarios que establezca la ley. Por otro, denomina ejecutoria al documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme, que se encabezará en nombre del Rey. Esta distinción permite separar la resolución judicial firme de su documentación formal como ejecutoria.

La ordenación de estos conceptos evita confusiones. Una resolución definitiva atiende al momento procesal en que se dicta: pone fin a la primera instancia o decide un recurso. Una resolución firme atiende a la posibilidad de impugnación: ya no cabe recurso ordinario o extraordinario previsto en la ley, o ha transcurrido el plazo sin interponerse. La ejecutoria, en cambio, no es una tercera clase de resolución equivalente a providencia, auto o sentencia, sino la documentación solemne de una sentencia firme. Por tanto, una sentencia puede ser definitiva sin ser firme, será firme cuando ya no pueda recurrirse y podrá documentarse como ejecutoria en los términos previstos por la ley.

Esta clasificación se refiere a las resoluciones dictadas por jueces y tribunales. Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia tienen su propio régimen y se denominan diligencias y decretos, materia que se explica de forma separada. La distinción responde a que no toda resolución procesal procede del órgano judicial, aunque todas formen parte de la tramitación del proceso.

Desde un punto de vista sistemático, la diferencia entre providencia, auto y sentencia puede resumirse así: la providencia ordena la tramitación cuando se requiere decisión judicial y no se exige otra forma; el auto decide cuestiones procesales relevantes, incidentes, recursos o presupuestos del proceso; y la sentencia resuelve definitivamente el proceso, una instancia, un recurso o los supuestos en que la ley exige esta forma. La providencia suele tener una estructura más simple, el auto exige motivación y la sentencia contiene la estructura completa de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo.

En síntesis, las clases básicas de resoluciones judiciales son tres: providencias, para la ordenación material del proceso cuando corresponde decisión judicial; autos, para resolver cuestiones procesales relevantes, incidentes, recursos y otros supuestos legalmente previstos; y sentencias, para decidir definitivamente el proceso, una instancia, un recurso o los supuestos en que la ley exige esta forma. A esta clasificación formal debe añadirse la distinción entre resoluciones definitivas y firmes, que atiende a sus efectos dentro del procedimiento.

El contenido y las características de las resoluciones judiciales dependen de la clase de resolución de que se trate. No tiene la misma estructura una providencia que un auto o una sentencia. Sin embargo, todas las resoluciones deben permitir identificar quién las dicta, cuándo se adoptan, qué se decide, si son firmes o recurribles y, cuando proceda, cuáles son los recursos posibles.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 248, establece una regla general: en todas las resoluciones judiciales debe indicarse el tribunal que las dicta, con expresión de los jueces, juezas, magistrados o magistradas que lo integran y, cuando el tribunal sea colegiado, el nombre del ponente si procede. Esta identificación permite saber qué órgano ha adoptado la decisión y quiénes han intervenido en ella.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 208, regula la forma de las resoluciones escritas. Las providencias se limitan a expresar lo que por ellas se mande. Solo incluirán una motivación sucinta cuando así lo disponga la ley o cuando quien deba dictarlas lo estime conveniente. Esto se explica por su función: normalmente no resuelven el fondo ni una cuestión compleja, sino que ordenan o impulsan una actuación procesal que requiere decisión judicial.

Los autos, en cambio, deben estar siempre motivados. Deben contener, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se base la parte dispositiva o fallo. Esta exigencia se justifica porque el auto decide cuestiones procesales relevantes: recursos, admisión o inadmisión, presupuestos procesales, medidas cautelares, nulidad, incidentes u otros extremos de entidad suficiente.

Las sentencias tienen una estructura más completa. Conforme al artículo 209 LEC, las sentencias escritas deben contener encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo. Esta estructura permite ordenar la decisión: primero se identifica el proceso y a las partes; después se recogen los hechos, pretensiones y prueba relevante; a continuación se razona jurídicamente; y finalmente se expresa la decisión concreta del tribunal.

El encabezamiento de la sentencia debe recoger los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación con que actúan. También deben constar los nombres de abogados y procuradores y el objeto del juicio. Esta parte permite identificar el proceso, los sujetos intervinientes y la materia sobre la que se va a decidir.

En los antecedentes de hecho se consignan, con claridad y concisión, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que se fundan, los hechos alegados oportunamente que tengan relación con las cuestiones que deban resolverse, las pruebas propuestas y practicadas y, en su caso, los hechos probados. Su función es fijar el marco fáctico y procesal sobre el que se construye la decisión.

En los fundamentos de derecho se expresan los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que planteen las cuestiones controvertidas. También deben exponerse las razones y fundamentos legales del fallo, con indicación concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. Esta parte es esencial porque permite conocer por qué el tribunal decide de una determinada manera.

El fallo contiene los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos. También debe incluir el pronunciamiento sobre costas y, cuando proceda, la cantidad objeto de condena. La regla general es que la sentencia no debe reservar para la ejecución la determinación de la cantidad debida, salvo los supuestos legalmente previstos.

La motivación es una característica central de las resoluciones judiciales. En las providencias puede ser limitada o incluso no exigida salvo previsión legal o decisión de quien las dicta; en los autos es siempre necesaria; y en las sentencias tiene relevancia constitucional, porque el artículo 120.3 de la Constitución establece que las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. La motivación permite controlar la racionalidad de la decisión y facilita el ejercicio de los recursos.

Todas las resoluciones deben incluir la mención del lugar y fecha en que se adoptan. También deben indicar si son firmes o si cabe recurso contra ellas. Si procede recurso, debe expresarse qué recurso cabe, ante qué órgano debe interponerse y cuál es el plazo para recurrir. La LOPJ añade, cuando proceda, la indicación sobre la necesidad de constituir depósito para recurrir. Estas menciones son importantes porque conectan la resolución con el derecho de defensa y con el correcto cómputo de los plazos de impugnación.

Las resoluciones judiciales deben ser firmadas por el juez, jueza, magistrado o magistrada que las dicte. En el caso de sentencias y autos debe constar el tribunal que los dicta, los miembros que lo integran y, cuando se trate de órgano colegiado, el ponente. En las providencias dictadas por Salas de Justicia basta con la firma del ponente. La firma acredita la autoría de la resolución y su incorporación válida al proceso.

La ley también regula las resoluciones orales. El artículo 210 LEC permite que determinadas resoluciones se dicten oralmente en una vista, audiencia o comparecencia, salvo que la ley permita diferir el pronunciamiento. En estos casos, la resolución debe documentarse con expresión del fallo y motivación sucinta, indicando si es firme o si cabe recurso, así como el recurso procedente, el órgano ante el que debe interponerse y el plazo. Esto permite compatibilizar oralidad e inmediación con constancia documental y garantías de impugnación.

Tras las reformas recientes, la LEC también admite en determinados casos el dictado oral de sentencias en el juicio verbal, con posterior redacción escrita. La sentencia oral debe expresar las pretensiones de las partes, las pruebas propuestas y practicadas, los hechos probados cuando proceda, las razones y fundamentos legales del fallo y las normas aplicables. Si todas las partes presentes manifiestan que no recurren, puede declararse la firmeza en el mismo acto; fuera de ese caso, los plazos de recurso se conectan con la notificación de la sentencia redactada.

Otra característica relevante es el plazo para dictar resoluciones. El artículo 211 LEC establece que las resoluciones de tribunales y Letrados de la Administración de Justicia deben dictarse dentro del plazo que la ley establezca. La inobservancia del plazo puede dar lugar a corrección disciplinaria, salvo que exista justa causa, que deberá hacerse constar en la resolución. Esta regla conecta la actividad decisoria con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Las sentencias y demás resoluciones definitivas, una vez extendidas y firmadas, deben ser publicadas y depositadas en la oficina judicial, ordenándose por el Letrado de la Administración de Justicia su notificación y archivo. Así lo dispone el artículo 212 LEC. La publicidad debe realizarse en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, respetando las limitaciones derivadas de datos personales, intimidad, protección de personas especialmente vulnerables y demás límites legalmente previstos.

La LEC prevé también el libro de sentencias, bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia. En él se incluyen las sentencias definitivas, autos de igual carácter y votos particulares que se hubieran formulado, ordenados correlativamente por fecha. Cuando los sistemas informáticos permitan libros electrónicos, el Letrado de la Administración de Justicia debe velar por el uso adecuado de esos sistemas.

Las resoluciones judiciales están sometidas al principio de invariabilidad. Según el artículo 214 LEC, los tribunales no pueden variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas. Esta regla protege la seguridad jurídica y evita que el órgano modifique lo decidido fuera de los cauces legalmente previstos. Ahora bien, la propia ley permite aclarar conceptos oscuros y rectificar errores materiales.

La aclaración puede hacerse de oficio por el tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo. En este último caso, quien dictó la resolución debe resolver dentro de los tres días siguientes a la presentación del escrito. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos pueden rectificarse en cualquier momento.

El artículo 215 LEC regula la subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos. Si existen omisiones o defectos que deben remediarse para llevar plenamente a efecto la resolución, pueden subsanarse mediante auto. Si la sentencia o auto omitió manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas, puede solicitarse el complemento en el plazo legal, con traslado a las demás partes antes de resolver.

Por último, las resoluciones judiciales deben entenderse hoy también en soporte electrónico. El expediente judicial electrónico, la firma electrónica y la incorporación digital de resoluciones no alteran la exigencia de motivación, firma, fecha, indicación de recursos o publicación, pero sí afectan al soporte, conservación, acceso y autenticidad documental. La resolución puede ser electrónica, pero debe seguir cumpliendo los requisitos procesales que determinan su validez.

En síntesis, el contenido y las características de las resoluciones judiciales se apoyan en varias ideas: identificación del órgano que decide, forma adecuada a la clase de resolución, motivación cuando proceda, estructura ordenada, firma, lugar y fecha, indicación de firmeza o recursos, publicación, archivo, posibilidad limitada de aclaración o corrección y respeto al principio de invariabilidad.

Las resoluciones de los órganos judiciales colegiados presentan particularidades porque no son dictadas por una sola persona, sino por una Sala, Sección o tribunal integrado por varios magistrados. Esto exige reglas específicas sobre ponencia, deliberación, votación, mayoría, redacción, firma y votos particulares. La finalidad de estas reglas es ordenar la formación de la voluntad del órgano colegiado y garantizar que la resolución sea resultado de una decisión jurídicamente válida.

En los tribunales colegiados tiene especial importancia la figura del magistrado ponente. Conforme al artículo 180 LEC y al artículo 203 LOPJ, el Letrado de la Administración de Justicia determina para cada asunto el magistrado ponente según el turno establecido para la Sala o Sección al principio de cada año judicial y basado exclusivamente en criterios objetivos. La designación se realiza en la primera resolución procesal y se notifica a las partes, indicando también, en su caso, quién sustituirá al ponente y la causa de la sustitución.

El ponente cumple una función de preparación técnica del asunto. Los artículos 181 LEC y 205 LOPJ le atribuyen el despacho ordinario y el cuidado de la tramitación, sin perjuicio del impulso procesal que corresponda al Letrado de la Administración de Justicia. También examina la proposición de prueba e informa sobre su admisibilidad, pertinencia y utilidad; informa sobre los recursos que deba resolver el tribunal; dicta las providencias que procedan; propone autos y sentencias; los redacta definitivamente si se conforma con lo acordado y pronuncia las sentencias en audiencia pública.

Una de las funciones más relevantes del ponente es la redacción de las resoluciones que dicte el tribunal colegiado, siempre que se conforme con lo acordado. Si no comparte el criterio de la mayoría, debe declinar la redacción y formular motivadamente voto particular; el presidente encomendará entonces la redacción a otro magistrado y rectificará el turno de ponencias para restablecer la igualdad, conforme a los artículos 203 LEC y 206 LOPJ.

Antes de resolver, los magistrados deben poder conocer el contenido de los autos. Los artículos 195 LEC y 251 y 252 LOPJ disponen que el ponente tendrá los autos a su disposición para dictar sentencia o resolución decisoria de incidentes o recursos y que los demás miembros podrán examinarlos. Si un magistrado los pide para su estudio tras la vista o una vez señalado el día para deliberación y fallo, quien presida fijará el tiempo de examen de modo que la resolución pueda dictarse dentro de plazo.

La deliberación y votación constituyen el momento en que el órgano colegiado forma su decisión. Los artículos 196 LEC y 253 LOPJ establecen que las resoluciones se deliberan y votan inmediatamente después de la vista y, si no fuera posible, el presidente señalará un día dentro del plazo para resolver. La LEC permite que la deliberación y votación se celebren por medios electrónicos cuando se disponga de ellos y se respete la normativa tecnológica de la Administración de Justicia.

Las deliberaciones de los tribunales colegiados se celebran a puerta cerrada, conforme al artículo 197 LEC, y el artículo 233 LOPJ declara secretas las deliberaciones y el resultado de las votaciones, sin perjuicio de los votos particulares. Lo que se exterioriza no es el debate interno, sino la resolución aprobada y, cuando proceda, la discrepancia motivada de sus miembros.

La discusión y votación es dirigida por el presidente. El ponente somete a la deliberación de la Sala o Sección los puntos de hecho, las cuestiones jurídicas, los fundamentos de derecho y la decisión que, a su juicio, debe recaer. Tras la discusión necesaria, se procede a la votación. Esta secuencia muestra que la decisión colegiada no se limita a una suma mecánica de votos, sino que se forma mediante deliberación previa sobre los hechos, el derecho aplicable y el sentido del fallo.

La votación puede organizarse separadamente por pronunciamientos. El presidente puede acordar que se vote de forma separada sobre distintos pronunciamientos de hecho o de derecho, o sobre partes de la decisión que deba dictarse. Esta regla es útil cuando una resolución contiene varios puntos independientes o cuando los magistrados pueden coincidir en unos extremos y discrepar en otros.

El orden de votación está regulado en los artículos 198 LEC y 254 LOPJ: vota primero el ponente, después los demás magistrados por orden inverso a su antigüedad y, por último, el presidente. Una vez iniciada, la votación no puede interrumpirse salvo por impedimento insuperable o fuerza mayor.

Los autos y sentencias de tribunales colegiados se dictan por mayoría absoluta de votos, salvo que la ley exija expresamente una proporción mayor. Los artículos 201 LEC y 255 LOPJ impiden exigir un número de votos conformes que desvirtúe esta regla; no se requiere unanimidad.

Si un magistrado queda impedido después de la vista y antes de la votación, puede emitir un voto fundado y firmado y remitirlo al presidente; si no pudiera escribir ni firmar, se extenderá ante el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala. Si tampoco puede votar de este modo, decidirán los restantes magistrados que asistieron a la vista cuando sean suficientes para formar mayoría; de no serlo, se celebrará nueva vista con las sustituciones procedentes. Así lo disponen los artículos 199 LEC y 257 y 258 LOPJ.

Los artículos 202 LEC y 262 y 263 LOPJ regulan las discordias. Si no se obtiene mayoría sobre un pronunciamiento de hecho o de derecho, los puntos discrepantes vuelven a discutirse y votarse. Si persiste el desacuerdo, se celebra nueva vista con los magistrados de la primera ampliados en dos cuando el número de discordantes sea impar y en tres cuando sea par. Si tampoco se obtiene mayoría, la nueva votación queda limitada a los dos pareceres con mayor número de votos.

Una vez adoptada la decisión, la resolución debe ser redactada y firmada. La redacción corresponde al ponente si se conforma con lo acordado y la firma a todos los magistrados no impedidos. Si, después de decidido el asunto, uno de quienes votaron no puede firmar, lo hará por él quien hubiera presidido, dejando constancia de que votó y no pudo firmar. Estas reglas figuran en los artículos 203 y 204 LEC y 259 y 261 LOPJ.

La firma no es un requisito accesorio. Acredita la autoría de la resolución y la participación de quienes integraron el órgano decisor. Además, la LEC establece que las resoluciones judiciales deben ser autorizadas o publicadas mediante firma por el Letrado de la Administración de Justicia, bajo pena de nulidad. Esta intervención se relaciona con la documentación y publicación procesal de la resolución.

La existencia de mayoría no impide que un magistrado discrepe. Quien haya tomado parte en la votación de una sentencia o auto definitivo debe firmar lo acordado aunque disienta, pero puede formular voto particular si lo anuncia al votar o firmar. El voto se formula motivadamente y puede aceptar por remisión los puntos de hecho y fundamentos de derecho de la resolución mayoritaria con los que exista conformidad, según los artículos 205 LEC y 260 LOPJ.

El voto particular se incorpora al libro de sentencias y se notifica a las partes junto con la sentencia aprobada por mayoría. Cuando la sentencia deba publicarse, el voto particular también debe publicarse junto a ella. La LEC permite igualmente formular voto particular respecto de autos y providencias sucintamente motivadas, en lo que resulte aplicable. El voto particular no sustituye a la resolución mayoritaria, pero documenta jurídicamente la discrepancia.

El artículo 264 LOPJ contempla además reuniones para unificación de criterios y coordinación de prácticas procesales cuando existan criterios interpretativos diversos entre magistrados de distintas secciones de una misma Sala o tribunal en asuntos sustancialmente iguales. Estas reuniones no eliminan la independencia judicial en cada proceso. Si una sección se aparta del criterio acordado, debe motivar las razones de esa separación.

La secuencia de actuación de un órgano colegiado puede ordenarse en varias fases. Primero se designa ponente conforme al turno objetivo; después el ponente estudia el asunto, cuida la tramitación que le corresponde y prepara la decisión; a continuación se produce la deliberación y votación secreta; si hay mayoría, se redacta y firma la resolución; si no hay mayoría suficiente, se aplican las reglas sobre discordias; y, si algún magistrado discrepa de lo acordado, puede formular voto particular en los términos legalmente previstos.

En síntesis, las resoluciones de los órganos judiciales colegiados se forman mediante un procedimiento interno regulado: designación de ponente, examen de los autos, deliberación secreta, votación ordenada, adopción por mayoría, resolución de discordias, redacción, firma y posibilidad de voto particular. Estas reglas permiten que la decisión colegiada sea transparente en su resultado, aunque la deliberación interna permanezca reservada.

Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia forman parte de la actividad procesal, pero no son resoluciones judiciales en sentido estricto. La diferencia es esencial: las resoluciones judiciales proceden de jueces y tribunales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional; las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia se dictan en el ámbito de sus competencias procesales, de documentación, impulso, ordenación y dirección técnico-procesal de la oficina judicial.

Los artículos 453 a 455 LOPJ atribuyen al Letrado de la Administración de Justicia funciones centrales dentro del proceso. Le corresponde, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial; es responsable de la documentación, de la formación de autos y expedientes, de dejar constancia de las resoluciones dictadas y de organizar la dación de cuenta.

Además, el artículo 456 LOPJ establece que el Letrado de la Administración de Justicia impulsa el proceso en los términos previstos por las leyes procesales. Para ello dicta las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo aquellas que las leyes reserven a jueces o tribunales. Esta regla muestra el criterio de reparto: el Letrado puede resolver dentro de su ámbito propio, pero no puede asumir decisiones jurisdiccionales reservadas al órgano judicial.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 206.2, denomina las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia diligencias y decretos. Las diligencias pueden ser de cuatro clases: de ordenación, de constancia, de comunicación y de ejecución. El decreto se reserva para decisiones de mayor entidad dentro de las competencias del Letrado.

Las diligencias de ordenación se dictan cuando la resolución tiene por objeto dar a los autos el curso que la ley establezca. Sirven para impulsar el procedimiento y ordenar trámites que no requieren una decisión jurisdiccional. Por ejemplo, pueden utilizarse para dar traslado de escritos, señalar trámites, tener por transcurrido un plazo o continuar la secuencia procesal prevista legalmente. Su función es asegurar que el proceso avance conforme a la ley.

Las diligencias de constancia, comunicación o ejecución tienen una finalidad distinta. No se dirigen tanto a decidir como a reflejar o hacer constar hechos o actos con trascendencia procesal. Una diligencia de constancia puede documentar que ha transcurrido un plazo o que se ha producido un hecho relevante para la tramitación. Una diligencia de comunicación se vincula con la práctica o documentación de actos de comunicación. Una diligencia de ejecución puede reflejar actuaciones necesarias para llevar a efecto lo acordado, dentro del ámbito que corresponda.

Los decretos son resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia de mayor entidad. Según la LEC, se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Letrado tenga atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando sea preciso o conveniente razonar lo resuelto. La LOPJ contiene una regla equivalente y subraya que el decreto será siempre motivado.

La diferencia entre diligencia y decreto se aprecia, por tanto, en la intensidad de la decisión. La diligencia de ordenación sirve para hacer avanzar el procedimiento conforme a la ley; las diligencias de constancia, comunicación o ejecución documentan o reflejan actuaciones con trascendencia procesal; el decreto decide una cuestión que exige razonamiento, puede admitir una demanda, terminar un procedimiento de competencia del Letrado o resolver una materia atribuida expresamente a él.

En cuanto a la forma, el artículo 208 LEC establece que las diligencias de ordenación se limitan a expresar lo que por ellas se mande e incluyen una motivación sucinta cuando así lo disponga la ley o quien deba dictarlas lo estime conveniente. Los decretos, en cambio, deben estar siempre motivados y contener, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se base la parte dispositiva o fallo.

Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia deben indicar siempre el nombre de quien las dicta y contener su firma. También deben incluir lugar y fecha, y expresar si son firmes o si cabe recurso contra ellas. Si procede recurso, debe indicarse qué recurso cabe, ante qué órgano debe interponerse y cuál es el plazo. Estas menciones son necesarias para que las partes conozcan la situación procesal creada por la resolución y puedan reaccionar conforme a la ley.

El Letrado de la Administración de Justicia también tiene una función relevante de dación de cuenta, cuya organización le atribuye el artículo 455 LOPJ. Conforme a las leyes procesales, da cuenta a la Sala, al ponente o al juez de los escritos y documentos que contengan peticiones o pretensiones reservadas a una resolución judicial, así como del transcurso de plazos y del estado de los autos cuando deba resolver el órgano judicial.

La ley prevé además que el Letrado dé de oficio al proceso el curso que corresponda, salvo que la ley disponga otra cosa. Esta función de impulso procesal es esencial para comprender su papel: el Letrado no se limita a documentar lo que ocurre, sino que ordena la tramitación dentro de sus competencias, dicta resoluciones de impulso y adopta determinadas decisiones procesales que la ley le atribuye.

Las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia también están sometidas a recursos. Conforme a los artículos 451 y 452 LEC, contra las diligencias de ordenación y los decretos no definitivos cabe recurso de reposición ante el propio Letrado que dictó la resolución, salvo que la ley prevea recurso directo de revisión. Se interpone en cinco días y debe expresar la infracción atribuida a la resolución; su interposición no tiene efectos suspensivos.

El recurso de revisión, regulado en el artículo 454 bis LEC, permite el control judicial de determinadas decisiones del Letrado. Cabe contra el decreto que resuelve la reposición y, directamente, contra los decretos que ponen fin al procedimiento o impiden su continuación y en los demás casos previstos expresamente. Se interpone en cinco días y el tribunal lo resuelve mediante auto, sin perjuicio de las reglas de admisión, traslado e impugnación del propio precepto.

Esta posibilidad de control judicial es importante porque las resoluciones del Letrado pueden tener efectos relevantes sobre la tramitación del proceso. La ley permite que el Letrado resuelva dentro de su ámbito propio, pero mantiene la intervención del tribunal cuando el decreto pone fin al procedimiento, impide su continuación o la ley considera necesario ese control.

La diferencia entre reposición y revisión debe quedar clara. La reposición se plantea ante el mismo Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución, para que reconsidere una diligencia o un decreto no definitivo dentro de los límites legales. La revisión, en cambio, traslada el control al tribunal y se reserva para los decretos y supuestos en que la ley permite expresamente esa intervención judicial, especialmente cuando la resolución del Letrado pone fin al procedimiento o impide su continuación. Así se mantiene la separación entre impulso y dirección técnico-procesal, por un lado, y control jurisdiccional, por otro.

Junto a las resoluciones procesales, el artículo 456.5 LOPJ denomina acuerdos a las resoluciones gubernativas de los Letrados de la Administración de Justicia. Las diligencias y los decretos pertenecen al proceso; los acuerdos se sitúan en su ámbito gubernativo u organizativo.

El Letrado de la Administración de Justicia también interviene en la documentación y custodia de resoluciones. Los artículos 454 y 458 LOPJ le atribuyen la formación de autos y expedientes y la responsabilidad sobre el archivo judicial de gestión; los artículos 212 y 213 LEC regulan su intervención en la publicación, archivo y libro de sentencias. Su función comprende así la constancia, autenticidad, conservación y publicidad procesal de las resoluciones.

Como recapitulación, las resoluciones del Letrado se ordenan en dos grandes grupos. Las diligencias sirven para ordenar, constatar, comunicar o ejecutar actuaciones dentro de la tramitación procesal. Los decretos se utilizan cuando la decisión exige mayor entidad formal o motivación, cuando se admite la demanda, cuando se termina un procedimiento atribuido al Letrado o cuando la ley lo exige. Frente a unas y otros pueden existir recursos, pero el tipo de recurso depende de la clase de resolución y del efecto que produzca en el procedimiento.

En síntesis, las resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia son diligencias y decretos. Las diligencias sirven para ordenar, hacer constar, comunicar o ejecutar actos procesales dentro de su ámbito de competencia. Los decretos se dictan cuando debe admitirse una demanda, poner fin a un procedimiento atribuido al Letrado o razonar una decisión. Todas ellas deben respetar la forma legal, pueden ser recurribles en los términos previstos por la ley y deben entenderse dentro de la función del Letrado como responsable del impulso procesal, la documentación y la coordinación técnico-procesal de la oficina judicial.

La regulación del tema se apoya en la Constitución Española de 1978, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Real Decreto-ley 6/2023. Estas normas presentan las resoluciones procesales como manifestación de la potestad jurisdiccional y como actos documentados dentro de un procedimiento judicial.

La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978. Su objeto es establecer el marco político y jurídico básico del Estado, reconocer los derechos fundamentales y organizar los poderes públicos.

Su estructura se compone de un título preliminar, diez títulos numerados y varias disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. Para este tema interesan especialmente el artículo 24, sobre tutela judicial efectiva; el artículo 117, que atribuye a juzgados y tribunales la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; el artículo 118, que impone la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes; y el artículo 120, que exige que las sentencias sean siempre motivadas y se pronuncien en audiencia pública. La Constitución no regula el detalle formal de providencias, autos, sentencias, diligencias o decretos, pero fija las garantías básicas que justifican la existencia, motivación y eficacia de las resoluciones judiciales.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de julio de 1985, desarrolla la organización del Poder Judicial. Su objeto es regular la constitución, funcionamiento y gobierno de juzgados y tribunales, el estatuto de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, la oficina judicial y el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La LOPJ se estructura en un título preliminar y varios libros. En relación con este tema resultan especialmente relevantes el Libro III, dedicado al régimen de juzgados y tribunales, y dentro de él el Título III, sobre actuaciones judiciales. En ese título se sitúan el capítulo relativo a las resoluciones judiciales y el capítulo relativo a la vista, votación y fallo. También es relevante el Libro V, por su regulación del Letrado de la Administración de Justicia y de la oficina judicial. Esta ley sirve para comprender qué son las resoluciones judiciales en sentido propio, cómo se dictan por órganos unipersonales y colegiados, cómo se forma la decisión de los tribunales colegiados y qué funciones corresponden al Letrado de la Administración de Justicia.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 8 de enero de 2000 y vigente con carácter general desde el 8 de enero de 2001, es la norma procesal civil básica. Su objeto es regular el proceso civil, los juicios declarativos, los recursos, la ejecución forzosa, las medidas cautelares y determinados procesos especiales. Aunque pertenece al orden civil, muchas de sus categorías procesales tienen utilidad general para comprender el régimen técnico de las resoluciones procesales.

La LEC se estructura en un título preliminar y cuatro libros: disposiciones generales relativas a los juicios civiles; procesos declarativos; ejecución forzosa y medidas cautelares; y procesos especiales. Para este tema interesa especialmente el Libro I, que contiene las disposiciones generales, y dentro de él el Título V, relativo a las actuaciones judiciales. En ese bloque se regulan las clases de resoluciones procesales, su forma, contenido, plazo, publicación, archivo, invariabilidad, aclaración, corrección, subsanación y complemento. También son relevantes las reglas sobre deliberación, votación y fallo en órganos colegiados, así como los recursos frente a diligencias y decretos del Letrado de la Administración de Justicia.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2023, aprueba medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. En lo que afecta a este tema, su importancia se encuentra en la modernización tecnológica de la Administración de Justicia y en la regulación del expediente judicial electrónico.

El Libro Primero de esta norma contiene las medidas de eficiencia digital y procesal del servicio público de justicia. Para este tema interesan el artículo 27, sobre los sistemas de firma de quienes prestan servicio en la Administración de Justicia; el artículo 39, sobre los documentos judiciales electrónicos; y el artículo 47, sobre el expediente judicial electrónico. Estos preceptos fundamentan el soporte, la autenticidad, la incorporación y la conservación digital de las resoluciones.

En conjunto, la Constitución ofrece el fundamento y las garantías generales; la LOPJ regula las resoluciones de jueces y tribunales, la formación de la decisión colegiada y las funciones del Letrado de la Administración de Justicia; la LEC desarrolla sus clases, forma, contenido y recursos; y el Real Decreto-ley 6/2023 regula el soporte electrónico en el que se firman e incorporan al expediente.