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¿Qué hace un letrado de la Administración de Justicia y en qué se diferencia de un juez?

El LAJ ejerce la fe pública judicial, impulsa el procedimiento y dirige técnicamente la oficina judicial. El juez ejerce la potestad jurisdiccional y resuelve el litigio.

Publicado el 9 min de lectura

Puestos del juez y del letrado de la Administración de Justicia en una sala judicial

En un procedimiento judicial no todas las decisiones ni todas las actuaciones corresponden al juez. Junto a él interviene el letrado de la Administración de Justicia, conocido habitualmente por las siglas LAJ y denominado secretario judicial hasta 2015. Su trabajo permite que el proceso avance, quede documentado y se ejecute con arreglo a la ley.

La diferencia fundamental puede formularse de manera sencilla: el juez ejerce la potestad jurisdiccional y resuelve las cuestiones que la ley reserva al tribunal; el LAJ ejerce la fe pública judicial, impulsa y ordena el procedimiento dentro de sus competencias y dirige técnicamente la oficina judicial. Ambos desempeñan funciones jurídicas propias, pero ninguno sustituye al otro.

CuestiónJuez o tribunalLetrado de la Administración de Justicia
PosiciónForma parte del Poder JudicialIntegra un cuerpo superior jurídico dependiente del Ministerio de Justicia
Función característicaJuzgar y hacer ejecutar lo juzgadoDar fe, documentar, impulsar y ordenar el procedimiento
ResolucionesProvidencias, autos y sentenciasDiligencias y decretos
Oficina judicialDecide las cuestiones jurisdiccionalesEjerce su dirección técnico-procesal
Principios de actuaciónIndependencia judicialLegalidad e imparcialidad; autonomía e independencia en la fe pública judicial

El LAJ no es un juez ni el abogado de la Administración

Los LAJ son funcionarios públicos que forman un Cuerpo Superior Jurídico único y nacional. Ejercen sus funciones con carácter de autoridad y dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia. No pertenecen a la Carrera Judicial y, por tanto, no juzgan ni deciden sobre la culpabilidad de una persona, la estimación de una demanda o la pena que debe imponerse.

Su denominación también puede inducir a error. La palabra «letrado» no significa que actúen como abogados de la Administración de Justicia. No defienden a ninguna de las partes ni formulan pretensiones en nombre del Estado. Ocupan una posición imparcial dentro del procedimiento y desempeñan las competencias que les atribuyen la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes procesales.

Hasta 2015 se utilizó la denominación secretario judicial. El cambio de nombre no creó una profesión distinta, sino que reflejó mejor la dimensión jurídica y la autoridad de sus funciones. Por eso todavía aparecen referencias a los secretarios judiciales en reglamentos, manuales y resoluciones anteriores.

La fe pública judicial permite acreditar lo sucedido en el proceso

Una de las funciones que mejor define al LAJ es la fe pública judicial. Mediante ella deja constancia auténtica de los actos procesales celebrados ante el tribunal y de los hechos con trascendencia procesal. Esa constancia permite acreditar qué ocurrió, quién intervino, qué documentos se presentaron y cuál fue el resultado de una actuación.

Esta función comprende la autorización de actas y diligencias, la expedición de certificaciones y testimonios y la garantía de autenticidad e integridad de las grabaciones de vistas. Cuando una comparecencia queda registrada mediante medios audiovisuales, la tecnología documenta la imagen y el sonido, pero la autenticidad procesal de lo grabado se integra en el sistema de fe pública judicial.

El LAJ también responde de la correcta formación del expediente. Deben incorporarse las resoluciones, escritos, documentos y actuaciones en el orden que corresponda, de modo que el procedimiento pueda consultarse, tramitarse y revisarse sin perder su continuidad.

Impulsa el procedimiento y controla que cada actuación llegue a su momento

Un proceso está formado por una sucesión de actuaciones. Presentada una demanda o un escrito, debe comprobarse su incorporación, darse traslado cuando proceda, abrirse los plazos correspondientes y poner el asunto en conocimiento del juez si requiere una decisión jurisdiccional. La responsabilidad de organizar buena parte de ese recorrido corresponde al LAJ.

El impulso procesal evita que el expediente quede detenido a la espera de que las partes soliciten cada paso. El LAJ dicta las resoluciones necesarias para ordenar la tramitación, controla el transcurso de los plazos y deja constancia de su vencimiento. También organiza la dación de cuenta: pone ante el juez o tribunal las actuaciones que requieren una decisión reservada a la potestad jurisdiccional.

Esto no significa que el LAJ pueda resolver cualquier cuestión. Si una petición afecta al fondo del litigio, a derechos fundamentales, a una medida jurisdiccional o a cualquier materia que la ley atribuya al juez, deberá dar cuenta para que sea el órgano judicial quien decida.

Diligencias y decretos no cumplen la misma función

Los LAJ dictan diligencias y decretos. Las diligencias pueden ser de ordenación, constancia, comunicación o ejecución. Sirven, según su clase, para hacer avanzar el procedimiento, documentar una actuación, practicar una comunicación o ejecutar lo acordado.

El decreto contiene una decisión motivada. Se utiliza, entre otros supuestos, para admitir una demanda cuando la ley atribuye esa competencia al LAJ, poner fin a un procedimiento del que tenga competencia exclusiva o resolver una cuestión que requiera razonamiento jurídico. A diferencia de una simple actuación material de oficina, el decreto debe expresar los antecedentes y fundamentos de la decisión.

La diferencia completa entre estas resoluciones y las dictadas por los jueces se desarrolla en el artículo sobre providencia, auto, sentencia, diligencia y decreto. Lo importante aquí es comprender que el LAJ no se limita a ejecutar órdenes: la ley le reconoce capacidad resolutoria propia dentro de un ámbito delimitado.

También interviene en la ejecución, el monitorio y la conciliación

Las competencias del LAJ se extienden a materias en las que la tramitación y la ejecución tienen especial importancia. Una vez que el juez despacha una ejecución, el LAJ concreta las medidas ejecutivas, ordena la averiguación patrimonial y puede acordar embargos dentro de los límites legales. También documenta lanzamientos y otras actuaciones ejecutivas cuando su naturaleza lo requiere.

En el proceso monitorio examina la petición inicial, acuerda el requerimiento de pago cuando concurren los presupuestos y adopta la resolución que corresponda según el deudor pague, se oponga o permanezca inactivo. El recorrido completo se explica en el artículo sobre qué ocurre si el deudor paga, se opone o no contesta en un monitorio.

Las leyes procesales también pueden atribuirle funciones en jurisdicción voluntaria, conciliación y mediación. La enumeración general no significa que resuelva cualquier actuación de estas materias: en cada caso debe comprobarse qué competencia concreta le concede la ley y cuáles quedan reservadas al juez, al notario, al registrador u otra autoridad.

Dirige técnicamente la oficina judicial

El LAJ ejerce la dirección técnico-procesal del personal de la oficina judicial. Organiza la actividad necesaria para que los escritos se incorporen, las comunicaciones se practiquen, los plazos se controlen y las resoluciones se cumplan. En este ámbito imparte instrucciones y coordina el trabajo de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio dentro de las funciones propias de cada uno.

Esta dirección tampoco convierte al LAJ en superior jurisdiccional del juez. La oficina prepara, documenta y ejecuta el trabajo procesal; el juez conserva íntegramente su independencia para resolver. La organización administrativa y la decisión jurisdiccional se relacionan, pero no deben confundirse.

Entre sus restantes responsabilidades se encuentran el funcionamiento del registro y el reparto, la información a las partes en los términos legales, la custodia de expedientes, archivos y efectos, la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones y la colaboración en la estadística judicial.

Un procedimiento civil permite ver el reparto de funciones

La presentación de una demanda muestra cómo se conectan ambas posiciones. La oficina registra el escrito y el LAJ examina los aspectos procesales que entran en su competencia. Si la demanda debe admitirse, dicta el decreto correspondiente; si aprecia una causa cuya decisión corresponde al juez, le da cuenta para que resuelva mediante auto.

Admitida la demanda, se practican los emplazamientos y traslados y comienzan los plazos. El LAJ impulsa esta tramitación y deja constancia de cuándo transcurren. Si aparece una cuestión que exige decisión judicial, el juez dicta la resolución procedente. Durante una vista, el juez dirige el acto y valora las pruebas, mientras el sistema de documentación y fe pública garantiza la constancia auténtica de lo sucedido.

La sentencia pertenece al juez o tribunal. Si después se solicita su ejecución, el juez decide si procede despacharla y el LAJ concreta y dirige las medidas ejecutivas atribuidas por la ley. El procedimiento no se divide en una fase «del juez» y otra «del LAJ»: ambos intervienen en momentos distintos conforme a la naturaleza de cada actuación.

Las confusiones más frecuentes

El reparto de funciones permite evitar varias ideas incorrectas:

  • que el LAJ sea un auxiliar sin capacidad de decisión;
  • que pueda juzgar o sustituir al juez en cualquier materia;
  • que toda resolución procesal deba proceder del órgano judicial;
  • que una diligencia y un decreto sean simples nombres diferentes para la misma actuación;
  • o que la dependencia jerárquica permita impartir instrucciones sobre la fe pública judicial o sobre decisiones jurisdiccionales.

Para distinguir sus funciones no debe preguntarse quién ocupa una posición más importante, sino qué naturaleza tiene la actuación y a quién se la atribuye la ley.

Esta materia en Tramitación Procesal

La explicación del tema 11 de Tramitación Procesal desarrolla el estatuto completo del LAJ, sus funciones, la ordenación del cuerpo y los órganos que lo dirigen. El tema 26 permite estudiar con mayor detalle las resoluciones judiciales y las dictadas por el LAJ.

La materia también ayuda a comprender las funciones del Cuerpo de Tramitación. El tramitador realiza las actuaciones de apoyo y gestión procesal que le corresponden dentro de una oficina dirigida técnicamente por el LAJ, pero no asume sus competencias jurídicas ni su fe pública.

Fuentes normativas

Las funciones descritas proceden principalmente de los artículos 440 y 452 a 462 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. La información institucional del Servicio Público de Justicia ofrece una síntesis de la posición y las funciones del cuerpo.

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