Bloque 1 · Organización del Estado y de la Administración pública
Tema 7 de Administrativo del Estado
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Perspectiva general
Contenidos principales
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| Bloque | Pregunta que responde | Qué encontrarás en la explicación |
|---|---|---|
| Objeto y estructura | ¿Qué regula realmente la Ley 19/2013? | Transparencia, acceso, buen gobierno y órgano garante. |
| Sujetos obligados | ¿A quién se aplica cada obligación? | Artículos 2, 3 y 4 y diferencias entre sus regímenes. |
| Publicidad activa | ¿Qué debe publicarse sin solicitud? | Principios, categorías de información, control y consecuencias del incumplimiento. |
| Portal | ¿Cómo debe ofrecerse la información? | Accesibilidad, interoperabilidad, reutilización y gratuidad. |
| Derecho de acceso | ¿Quién puede pedir qué información? | Titularidad universal y concepto legal de información pública. |
| Límites y datos | ¿Cuándo puede restringirse el acceso? | Test de daño, ponderación, protección de datos y acceso parcial. |
| Procedimiento | ¿Cómo se presenta y tramita una solicitud? | Requisitos, inadmisión, terceros, resolución, silencio y formalización. |
| Impugnación | ¿Cómo se revisa una denegación? | Reclamación potestativa y recurso contencioso-administrativo. |
| Buen gobierno | ¿Qué se exige a quienes ejercen altas responsabilidades? | Principios, infracciones, sanciones, procedimiento y prescripción. |
| Consejo | ¿Quién garantiza la transparencia? | Naturaleza, composición, Presidencia, funciones y estatuto vigente. |
Lo esencial
Puntos clave
- La Ley 19/2013 articula tres materias relacionadas pero distintas: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y obligaciones de buen gobierno.
- El ámbito de transparencia comprende Administraciones y sector público, determinados órganos constitucionales, partidos y organizaciones sociales y ciertas entidades privadas subvencionadas.
- La publicidad activa obliga a difundir de oficio información institucional, jurídica, económica, presupuestaria y estadística de forma periódica, actualizada, accesible y gratuita.
- Todas las personas son titulares del derecho de acceso, sin exigencia de nacionalidad ni obligación de explicar por qué solicitan la información.
- Los límites del artículo 14 no operan automáticamente: requieren un perjuicio real, aplicación justificada y proporcionada y ponderación de los intereses concurrentes.
- Protección de datos, límites materiales, causas de inadmisión y acceso parcial son instituciones diferentes y deben aplicarse en ese orden lógico.
- La solicitud se resuelve en un mes, ampliable por otro por volumen o complejidad; el silencio es desestimatorio y el acceso concedido debe materializarse en un máximo de diez días.
- La reclamación ante el Consejo de Transparencia es potestativa y previa al proceso judicial; se presenta en un mes y debe resolverse en tres meses.
- El buen gobierno se dirige a miembros del Gobierno y altos cargos, establece principios de conducta y tipifica infracciones con sanciones y responsabilidades propias.
- El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una autoridad administrativa independiente que controla la publicidad activa y garantiza el derecho de acceso.
Normativa y fuentes de referencia
Estas son las normas y fuentes oficiales utilizadas para elaborar el contenido del tema.
- CEConstitución Española de 1978, de 27 de diciembre
- LTAIBGLey 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- LOPDGDDLey Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- Ley 37/2007Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
- RD 615/2024Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.
- LPACAPLey 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- LJCALey 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa