Explicación del Tema 16 de Agentes de Hacienda Pública

El artículo 29.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), define las obligaciones tributarias formales como las que, sin carácter pecuniario, impone la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, sean o no deudores del tributo, y cuyo cumplimiento se relaciona con actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. Por tanto, se distinguen de las obligaciones materiales por su objeto, no por su importancia: permiten identificar a los obligados, documentar operaciones, suministrar información y hacer posible la comprobación administrativa.

El artículo 29.2 LGT contiene un catálogo abierto. Comprende la presentación de declaraciones censales; la solicitud y utilización del número de identificación fiscal; la presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones; y la llevanza y conservación de la contabilidad, los libros y registros, junto con los programas, ficheros, archivos y sistemas de codificación que permitan interpretar los datos. Si estos se encuentran encriptados o codificados, debe facilitarse su conversión a formato legible. Quienes presentan declaraciones o autoliquidaciones por medios telemáticos deben conservar además los ficheros originarios de los que derivan los estados contables y los documentos presentados.

También forman parte del catálogo la expedición, entrega y conservación de facturas y justificantes; la aportación de libros, registros, documentos, informes y datos con trascendencia tributaria, tanto propios como de terceros; la facilitación de las comprobaciones e inspecciones; la entrega de certificados de retenciones e ingresos a cuenta; y las obligaciones formales establecidas por la normativa aduanera. El deber de información puede recaer, por ello, en una persona o entidad que no sea deudora del tributo sobre el que informa.

El artículo 29.2.j) añade las exigencias aplicables a los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables, de facturación o de gestión de actividades económicas. Estos sistemas deben garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones que no queden debidamente anotadas. Las especificaciones técnicas, la certificación y los formatos pueden concretarse reglamentariamente. El apartado 3 permite igualmente que el reglamento determine las circunstancias de cumplimiento y los supuestos de aportación o llevanza periódica y telemática de libros registro.

Cuando la normativa tributaria exija libros registro fiscales, el artículo 29 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (RGAT), obliga a llevarlos y conservarlos correctamente. Deben conservarse en el domicilio fiscal, salvo que la normativa tributaria disponga otra cosa. Las operaciones se asientan, como regla general, dentro de los tres meses siguientes a su realización o a la recepción del justificante y, en todo caso, antes de que finalice el plazo de presentación de la declaración, autoliquidación o comunicación correspondiente. La normativa propia de cada tributo puede establecer una regla especial.

Los libros o registros contables, incluidos los informáticos o electrónicos, pueden servir a la vez como libros registro fiscales si cumplen los requisitos reglamentarios y los de la normativa del tributo. Esta posibilidad evita duplicidades, pero no rebaja el contenido exigible. El artículo 29 bis LGT completa el marco al calificar como tributarias las obligaciones derivadas de la normativa sobre asistencia mutua. El régimen sancionador del incumplimiento de deberes formales pertenece a la potestad sancionadora tributaria y se desarrolla en el tema correspondiente; aquí interesa su naturaleza y contenido.

El artículo 34 LGT reúne el estatuto básico de derechos de los obligados tributarios. Se trata de una enumeración abierta, porque el precepto reconoce estos derechos «entre otros». Su efectividad condiciona el ejercicio de las potestades de aplicación de los tributos y exige que cada procedimiento respete, además, sus garantías específicas.

En el plano informativo, el obligado tiene derecho a ser informado y asistido sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte; a conocer la identidad de las autoridades y del personal responsable; y a ser informado, al inicio de una comprobación o inspección, de la naturaleza y alcance de las actuaciones, de sus derechos y obligaciones y del deber de que aquellas se desarrollen dentro de los plazos legales. También tiene derecho a ser informado del valor de los inmuebles que vaya a adquirir o transmitir y al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales aplicables.

En materia documental, puede solicitar certificación y copia de sus declaraciones, obtener copia sellada de los documentos que aporte con los originales y recuperar estos cuando no deban quedar en el expediente. No está obligado a aportar de nuevo documentos ya presentados y que obren en poder de la Administración actuante, siempre que indique el día y el procedimiento en que los presentó. Puede formular alegaciones, aportar documentos relevantes, ser oído en el trámite de audiencia y obtener, a su costa, copia de los documentos del expediente durante su puesta de manifiesto. En el procedimiento de apremio, este último derecho puede ejercerse en cualquier momento. Las manifestaciones con relevancia tributaria deben recogerse en las diligencias.

Entre los derechos económicos figuran obtener las devoluciones derivadas de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos, con el interés de demora legal sin necesidad de requerimiento; y recuperar el coste de los avales y demás garantías aportadas para suspender un acto o aplazar o fraccionar una deuda cuando el acto o la deuda se declaren total o parcialmente improcedentes por resolución firme. En caso de estimación parcial, existe derecho a la reducción proporcional de la garantía.

Como garantías de trato y posición jurídica, se reconocen el uso de las lenguas oficiales en el territorio de la comunidad autónoma, el carácter reservado de los datos tributarios en los términos legales, el respeto y consideración del personal y la realización de las actuaciones que requieran intervención del obligado de la forma menos gravosa posible, siempre que no se perjudique el cumplimiento de sus obligaciones. También pueden formularse quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Administración tributaria.

El artículo 34.2 LGT integra en el Ministerio de Hacienda al Consejo para la Defensa del Contribuyente. Este órgano vela por la efectividad de los derechos, atiende las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario por órganos estatales y formula sugerencias y propuestas. La queja no sustituye a los recursos o reclamaciones previstos para impugnar actos, cuyas reglas se estudian en el tema de revisión tributaria.

Conforme al artículo 35.1 LGT, son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone obligaciones tributarias. La categoría no se limita a quien realiza el hecho imponible ni a quien debe ingresar una cuota: comprende sujetos de obligaciones materiales, formales, entre particulares, de sucesión y de responsabilidad.

El catálogo del artículo 35.2 incluye contribuyentes, sustitutos, obligados a realizar pagos fraccionados, retenedores, obligados a practicar ingresos a cuenta, obligados a repercutir y a soportar la repercusión, obligados a soportar retenciones e ingresos a cuenta, sucesores y beneficiarios de exenciones, devoluciones o bonificaciones que no sean sujetos pasivos. También son obligados quienes deben cumplir obligaciones formales, los responsables del artículo 41 y las personas a las que puedan imponerse obligaciones en el marco de la asistencia mutua.

Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición tendrán la condición de obligados cuando lo establezca una ley. Si varias personas concurren en el mismo presupuesto de una obligación, quedan solidariamente obligadas frente a la Administración por todas las prestaciones, salvo disposición legal expresa en contrario. Cuando la Administración solo conozca a uno de los titulares, liquidará y notificará a su nombre; este deberá pagar si no solicita la división e identifica a los demás obligados, sus domicilios y la proporción de participación de cada uno.

El artículo 36 distingue las figuras de sujeto pasivo, contribuyente y sustituto. Sujeto pasivo es quien, según la ley, debe cumplir la obligación principal y las formales inherentes, como contribuyente o sustituto. No deja de serlo por tener que repercutir la cuota, salvo previsión legal distinta. El contribuyente es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. El sustituto, en cambio, ocupa por mandato legal la posición del contribuyente ante la Administración para cumplir la obligación principal y las formales inherentes; puede exigir al contribuyente lo satisfecho, salvo que la ley disponga otra cosa.

Los pagos a cuenta originan tres categorías definidas en el artículo 37. El obligado a realizar pagos fraccionados es el propio contribuyente que anticipa cantidades antes de que sea exigible su obligación principal. El retenedor detrae e ingresa una parte de los pagos que realiza a otro obligado, a cuenta del tributo de este. El obligado a practicar ingresos a cuenta satisface rentas en especie o dinerarias y debe ingresar la cantidad que la ley establezca. Estas posiciones se concretan en la regulación de cada impuesto.

El artículo 38 regula los sujetos de obligaciones entre particulares. El obligado a repercutir debe trasladar legalmente la cuota y suele coincidir con quien realiza la operación gravada. El obligado a soportarla suele ser su destinatario: paga la cuota al sujeto pasivo, pero no es por ello deudor frente a la Administración. El perceptor de cantidades sujetas a retención está obligado a soportarla. La ley puede imponer igualmente que se soporte el ingreso a cuenta correspondiente a rentas en especie o dinerarias y, en su caso, su repercusión por el pagador.

La sucesión tributaria sustituye al obligado fallecido o extinguido en las obligaciones transmisibles; no equivale a la responsabilidad, que añade a un tercero junto al deudor principal. El artículo 39 LGT dispone que, al morir una persona física, sus obligaciones tributarias pendientes se transmiten a los herederos conforme a las reglas civiles de adquisición de la herencia. También pasan a los legatarios cuando la herencia se distribuya mediante legados o existan legados de parte alícuota.

Las sanciones nunca se transmiten por causa de muerte. Tampoco se transmite la obligación del responsable si el acuerdo de derivación no había sido notificado antes del fallecimiento. En cambio, la falta de liquidación de una deuda ya devengada no impide su transmisión: las actuaciones pueden entenderse con cualquiera de los sucesores y la liquidación resultante debe notificarse a todos los interesados que consten en el expediente.

Mientras la herencia permanece yacente, el representante de esta cumple las obligaciones del causante. Las actuaciones de cuantificación, determinación y liquidación se realizan o continúan con dicho representante; si al finalizar no se conocen los herederos, la liquidación se practica a nombre de la herencia yacente. Las deudas y obligaciones transmisibles pueden satisfacerse con cargo a sus bienes.

El artículo 40 establece reglas diferentes para la extinción de personas jurídicas y entidades. Si una sociedad disuelta y liquidada limita legalmente la responsabilidad patrimonial de socios, partícipes o cotitulares, estos responden solidariamente hasta el valor de su cuota de liquidación y de las percepciones patrimoniales recibidas durante los dos años anteriores a la disolución que hubieran reducido el patrimonio llamado a responder. Si la ley no limita su responsabilidad, las obligaciones se transmiten íntegramente y de forma solidaria.

Tampoco aquí impide la sucesión que la deuda no estuviera liquidada al extinguirse la personalidad. En las extinciones o disoluciones sin liquidación, y en las cesiones globales de activo y pasivo, las obligaciones pasan a las personas o entidades sucesoras o beneficiarias. Si se disuelve una fundación o una entidad sin personalidad del artículo 35.4, se transmiten a los destinatarios de sus bienes y derechos o a sus partícipes o cotitulares. A diferencia de la sucesión de personas físicas, las sanciones de las entidades extinguidas pueden exigirse a sus sucesores dentro de los límites legales aplicables.

Las actuaciones recaudatorias concretas frente a sucesores se desarrollan en las normas del procedimiento de recaudación estudiadas posteriormente. La regulación sustantiva aquí expuesta determina qué se transmite, a quién y con qué límites.

La ley puede situar, junto a los deudores principales, a responsables solidarios o subsidiarios. El artículo 41 LGT establece que, salvo previsión legal expresa, la responsabilidad es subsidiaria. Como regla general alcanza toda la deuda exigida al deudor principal en periodo voluntario; si el responsable no paga dentro del plazo voluntario que se le conceda, se inicia para él el periodo ejecutivo y se exigen los recargos e intereses correspondientes.

La responsabilidad no comprende sanciones, salvo excepción legal. Su exigencia requiere un acto administrativo que, tras audiencia, declare la responsabilidad y determine su alcance. Para derivar la acción contra un responsable subsidiario deben declararse previamente fallidos el deudor principal y los responsables solidarios. Antes del acuerdo pueden adoptarse medidas cautelares y realizarse actuaciones de investigación en los términos legales. El responsable conserva frente al deudor principal el derecho civil de reembolso. El procedimiento de derivación se desarrolla en las normas de recaudación frente a responsables estudiadas posteriormente.

El artículo 42.1 identifica tres grupos principales de responsables solidarios. Responden quienes causen o colaboren activamente en una infracción tributaria, extendiéndose aquí la responsabilidad a la sanción; los partícipes o cotitulares de entidades del artículo 35.4, proporcionalmente a su participación en las obligaciones materiales de la entidad; y quienes sucedan en una explotación o actividad económica, por las obligaciones del anterior titular derivadas de su ejercicio, incluidas retenciones e ingresos a cuenta. Esta última regla no se aplica a la adquisición aislada de bienes que no permita continuar la actividad, a la sucesión mortis causa ni, bajo las condiciones legales, a adquisiciones realizadas en un procedimiento concursal.

El artículo 42.2 protege la actuación recaudatoria frente a conductas sobre bienes embargables. Hasta el valor de los bienes o derechos que hubieran podido embargarse o enajenarse, responden solidariamente quienes oculten o transmitan bienes con la finalidad de impedir la actuación administrativa; quienes incumplan por culpa o negligencia órdenes de embargo; quienes, conociendo el embargo, la medida cautelar o la garantía, colaboren o consientan el levantamiento de los bienes; y los depositarios que, tras recibir la notificación de embargo, colaboren o consientan su levantamiento. Este alcance puede comprender deuda pendiente, sanciones, recargo e interés del periodo ejecutivo.

Los responsables subsidiarios del artículo 43 incluyen, en primer lugar, administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que hayan cometido infracciones cuando aquellos omitan los actos que les incumbían, consientan el incumplimiento o adopten acuerdos que lo posibiliten; su responsabilidad alcanza a las sanciones. También comprende a administradores de entidades que hayan cesado en su actividad y no hayan hecho lo necesario para pagar las obligaciones pendientes, así como a integrantes de la administración concursal y liquidadores que incumplan sus deberes.

Son asimismo responsables subsidiarios los adquirentes de bienes legalmente afectos al pago; los representantes aduaneros cuando actúan en nombre y por cuenta de sus comitentes, sin que esta responsabilidad alcance a la deuda aduanera; y los contratistas o subcontratistas de obras o servicios correspondientes a la actividad económica principal, respecto de tributos repercutibles y retenciones vinculados a tales obras o servicios. Esta última responsabilidad no se exige por los pagos cubiertos por un certificado específico de estar al corriente emitido durante los doce meses anteriores; si falta certificado o ha perdido esa vigencia, el alcance se limita a los pagos realizados en esas condiciones.

Las letras g) y h) del artículo 43.1 contemplan estructuras de control creadas o utilizadas abusiva o fraudulentamente para eludir la responsabilidad patrimonial frente a la Hacienda Pública, cuando existe unidad de personas o esferas económicas, confusión o desviación patrimonial. La responsabilidad puede proyectarse tanto desde quien controla a la persona jurídica como sobre entidades controladas por el obligado, y alcanza también a las sanciones en los términos del precepto.

El artículo 43.2 regula las autoliquidaciones reiteradas sin ingreso de tributos repercutibles o cantidades retenidas. Responden subsidiariamente los administradores de la persona jurídica cuando continúa la actividad, la falta de ingreso es reiterada y se acredita que no responde a una intención real de cumplimiento. Hay reiteración si, en un año natural y de forma sucesiva o discontinua, se presenta sin ingreso la mitad o más de las autoliquidaciones correspondientes, aunque se hayan presentado en plazo o extemporáneamente y aunque exista solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. No se computan las autoliquidaciones cuyo aplazamiento o fraccionamiento haya sido concedido, salvo incumplimiento posterior; nunca se computan las concesiones con garantía debidamente formalizada.

Aunque existan ingresos parciales, se considera que las autoliquidaciones se han presentado sin ingreso si lo pagado durante el año natural no supera el 25 % de la suma de las cuotas autoliquidadas. Se presume que no existe intención real de cumplimiento cuando se han satisfecho créditos de terceros con vencimiento posterior a las obligaciones tributarias y no preferentes respecto de estas.

La capacidad de obrar es la aptitud para realizar válidamente actuaciones con trascendencia tributaria. El artículo 44 LGT la reconoce, en primer lugar, a quienes la posean conforme a Derecho. Además, contiene una regla especial para menores de edad y personas a las que el texto legal denomina «incapacitados»: pueden actuar en las relaciones tributarias derivadas de actividades cuyo ejercicio les permita el ordenamiento sin asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial.

La regla especial se limita a las relaciones nacidas de esas actividades permitidas. El propio artículo exceptúa el supuesto de menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. La literalidad del precepto debe interpretarse dentro del sistema civil vigente, pero no puede sustituirse por una ampliación genérica de capacidad que la LGT no contiene.

Cuando falta capacidad de obrar actúa el representante legal, conforme al artículo 45.1. La capacidad se diferencia así de la representación: la primera determina quién puede actuar por sí; la segunda identifica a quien actúa válidamente en nombre de otra persona o entidad.

La representación legal nace directamente de la ley o de una designación efectuada conforme a ella. Por las personas sin capacidad actúan sus representantes legales. Por las personas jurídicas actúan quienes sean titulares, en el momento de las actuaciones tributarias, de los órganos a los que corresponda la representación por ley o por acuerdo válido. En las entidades sin personalidad del artículo 35.4 actúa quien acredite fehacientemente la representación; si nadie ha sido designado, se considera representante a quien aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en último término, a cualquiera de sus miembros o partícipes (artículo 45 LGT).

El artículo 110 RGAT concreta que, adquirida o recuperada la capacidad, la persona actúa por sí misma incluso respecto de la comprobación de periodos anteriores. Quien ejerció la representación legal puede ser requerido para comparecer en nombre propio, sin vincular a su antiguo representado. La condición de representante legal debe acreditarse, aunque puede presumirse respecto de quien figure inscrito como tal en un registro público. Si la representación se modifica o extingue durante el procedimiento, lo actuado conserva validez y eficacia mientras el cambio no sea comunicado al órgano actuante.

La representación voluntaria permite al obligado con capacidad actuar por medio de otra persona, incluido un asesor fiscal. Las actuaciones sucesivas se entienden con el representante salvo manifestación expresa en contrario. Para recursos y reclamaciones, desistimientos, renuncias, reconocimiento de obligaciones, solicitudes de ingresos indebidos o reembolsos y demás actos que requieran la firma del obligado, el artículo 46.2 LGT exige acreditación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o por comparecencia personal. Los documentos normalizados aprobados por la Administración son válidos. En los actos de mero trámite se presume la representación.

El artículo 111 RGAT admite que la representación voluntaria se otorgue a personas físicas con capacidad o a personas jurídicas. Puede constar en un registro público; en documento público o privado con firma legitimada notarialmente; mediante comparecencia ante el órgano competente; en un modelo normalizado; o en documento electrónico con las garantías establecidas. El documento debe identificar al representado y al representante, indicar su NIF y domicilio fiscal, recoger la firma cuando proceda, precisar contenido, amplitud y suficiencia y expresar lugar y fecha. Si la concede el representante legal, debe acreditarse también esta condición.

Para declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones o solicitudes, la representación puede resultar del propio documento o de los actos y conducta del obligado. La revocación no invalida lo practicado antes de que se comunique al órgano actuante. La renuncia del representante solo produce efectos ante dicho órgano cuando se acredita su comunicación fehaciente al representado.

La representación se acredita en la primera actuación. Su falta o insuficiencia no impide tener inicialmente por realizado el acto si se aporta o subsana dentro de los diez días siguientes a la notificación del requerimiento. Si no se subsana ni se ratifica, el acto se tiene por no realizado o el obligado por no personado. El artículo 112 RGAT considera ratificadas, entre otros supuestos, las actuaciones cuando el obligado impugna la resolución sin alegar el defecto o cuando ingresa o solicita aplazamiento, fraccionamiento o compensación, con las salvedades previstas para recursos y reclamaciones.

Las actuaciones con el representante se entienden realizadas directamente con el representado. La representación debe constar en diligencias y actas y su documento se incorpora al expediente. El obligado puede intervenir asistido por asesor fiscal u otra persona; asistencia y representación son figuras diferentes. Cuando el representante acude acompañado, debe acreditarse la conformidad del obligado para que el acompañante conozca las actuaciones.

Finalmente, el artículo 47 LGT no impone representante a todo no residente: exige designarlo únicamente cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria, y la designación debe comunicarse en sus términos. La representación aduanera cuenta con su regulación específica y se estudia en el tema de aduanas.

El domicilio fiscal es, según el artículo 48.1 LGT, el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. No se identifica necesariamente con cualquier dirección de notificación ni, para las entidades, con el domicilio social formal.

En las personas físicas coincide como regla con la residencia habitual. Si desarrollan principalmente actividades económicas, la Administración puede considerar domicilio el lugar donde se centralicen efectivamente la gestión administrativa y la dirección de las actividades. Si este lugar no puede determinarse, prevalece aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado afecto a ellas.

Para las personas jurídicas se toma el domicilio social cuando allí estén efectivamente centralizadas la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De no ser así, se atiende al lugar de gestión o dirección efectivas y, si tampoco puede fijarse, al lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. Estas mismas reglas se aplican a las entidades sin personalidad del artículo 35.4.

En el caso de no residentes, se aplica la normativa de cada tributo. A falta de regla, se utiliza el domicilio del representante del artículo 47. Si se opera mediante establecimiento permanente, se aplican al establecimiento las reglas correspondientes a personas físicas con actividad o a personas jurídicas, según proceda.

El cambio debe comunicarse a la Administración competente. Mientras no se cumpla este deber, no produce efectos frente a ella. Los procedimientos iniciados de oficio antes de la comunicación pueden continuar ante el órgano del domicilio inicial, siempre que las notificaciones se practiquen conforme a la LGT. Cada Administración puede comprobar y rectificar el domicilio declarado en relación con los tributos que gestione.

El artículo 17 RGAT distingue los plazos. Las personas físicas incluidas en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, las personas jurídicas y las demás entidades comunican el cambio dentro de un mes desde que se produce, mediante la declaración censal de modificación en el ámbito estatal. Las personas físicas no incluidas en ese censo disponen de tres meses; si antes vence el plazo de su siguiente autoliquidación o comunicación de datos de imposición personal, deben comunicarlo en ese documento salvo que ya lo hayan hecho.

El nuevo domicilio produce plenos efectos desde la presentación frente a la Administración a la que se comunica, sin perjuicio de las reglas de competencia. La comunicación a la Administración estatal solo produce efectos frente a las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía desde que estas tengan conocimiento del cambio.

El artículo 66 LGT somete a un plazo de cuatro años cuatro derechos distintos: el de la Administración a determinar la deuda mediante liquidación; el de exigir el pago de deudas liquidadas y autoliquidadas; el del obligado a solicitar devoluciones tributarias, devoluciones de ingresos indebidos y reembolso del coste de garantías; y el derecho a obtener esas devoluciones y reembolsos. La identidad de plazo no significa que todos comiencen ni se interrumpan del mismo modo.

El derecho general de la Administración a comprobar e investigar no queda afectado por la prescripción del artículo 66. Sin embargo, el artículo 66 bis fija diez años para iniciar la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación. El plazo se cuenta desde el día siguiente al fin del plazo de declaración del ejercicio en el que se generó el derecho. La comprobación y eventual regularización solo pueden realizarse dentro de un procedimiento relativo a obligaciones y periodos cuyo derecho a liquidar no esté prescrito. Subsiste, además, el deber de aportar las liquidaciones, autoliquidaciones y contabilidad necesarias cuando esas bases, cuotas o deducciones se aplican en ejercicios no prescritos.

Para liquidar, el plazo de cuatro años comienza al día siguiente del fin del plazo reglamentario de declaración o autoliquidación. En tributos periódicos por recibo que no exigen declaración, comienza el día del devengo. Para exigir el pago, empieza al día siguiente de finalizar el periodo voluntario. Para responsables solidarios, se inicia como regla tras finalizar el periodo voluntario del deudor principal, salvo que el presupuesto de responsabilidad sea posterior; para responsables subsidiarios comienza desde la notificación de la última actuación recaudatoria frente al deudor principal o a un responsable solidario.

El plazo para solicitar una devolución comienza tras finalizar el periodo establecido para pedirla o, si no existe, desde que pudo solicitarse. En ingresos indebidos se cuenta desde el día siguiente al ingreso o, si se realizó dentro del plazo de autoliquidación, desde que este termine. Si una resolución firme declara improcedente el acto, comienza al día siguiente de su firmeza. Cuando dos tributos incompatibles graven la misma operación, el plazo para pedir la devolución del tributo improcedente comienza desde la resolución del órgano encargado de decidir cuál es el procedente. Para obtener una devolución ya reconocida se cuenta desde el día siguiente al fin del plazo legal para efectuarla o desde la notificación del acuerdo que reconoce el derecho.

La interrupción hace que el plazo vuelva a computarse. El derecho a liquidar se interrumpe por actuaciones administrativas conocidas formalmente y dirigidas a reconocer, regularizar, comprobar, inspeccionar, asegurar o liquidar; por recursos, reclamaciones y actuaciones judiciales o penales legalmente previstas; y por actuaciones fehacientes del obligado conducentes a liquidar o autoliquidar. El derecho a cobrar se interrumpe por actuaciones administrativas efectivas de recaudación, por recursos y acciones de cobro, concurso y paralizaciones judiciales, y por actuaciones fehacientes del obligado encaminadas al pago o extinción.

El derecho a solicitar devoluciones o reembolsos se interrumpe por actuaciones fehacientes del obligado que los pretendan o que soliciten rectificar la autoliquidación, y por reclamaciones o recursos. El derecho a obtenerlos se interrumpe por acciones administrativas dirigidas a pagar, por la reclamación fehaciente del obligado y por recursos. Las actuaciones análogas realizadas en otro Estado en el marco de la asistencia mutua también interrumpen.

Los procesos judiciales, penales y concursales determinan reglas especiales para reanudar el cómputo. La interrupción respecto de un obligado se extiende a los demás, incluidos responsables, salvo la reclamación limitada a la parte de una obligación mancomunada. Si existen varias deudas liquidadas, la interrupción solo afecta a la deuda a la que se refiere. La suspensión por litigio, concurso u otra causa legal frente al deudor principal o un responsable afecta al resto de obligados solidarios en los términos del artículo 68.8. Además, la interrupción del derecho a liquidar una obligación puede extenderse a obligaciones conexas cuando sus elementos determinen una tributación distinta por la regularización de aquella.

La prescripción ganada aprovecha a los obligados al pago con los límites del artículo 68.8, se aplica de oficio incluso si la deuda ya se pagó y extingue la deuda tributaria (artículo 69 LGT). No requiere invocación del interesado. Se diferencia de la caducidad: la prescripción afecta a los derechos sustantivos enumerados por la LGT y puede interrumpirse, mientras que la caducidad deriva del transcurso del plazo máximo de un procedimiento y produce los efectos establecidos para ese procedimiento, sin equivaler por sí sola a la prescripción del derecho material.

Las obligaciones formales vinculadas a una obligación propia solo pueden exigirse, como regla, mientras no haya prescrito el derecho a determinar esta última. Si sirven para cumplir obligaciones de terceros, la conservación y suministro de libros, facturas e información se mantienen durante el plazo mercantil o durante el plazo exigible para las propias obligaciones formales, si este es mayor. Finalmente, la justificación de datos procedentes de periodos prescritos subsiste mientras puedan afectar a deudas no prescritas y, en todo caso, durante los plazos especiales del artículo 66 bis.