Explicación del Tema 6 de Auxilio Judicial

Cómo se relacionan las piezas del tema

Este tema estudia varias instituciones próximas entre sí, pero con funciones diferentes. Para comprenderlo conviene partir de una pregunta: ¿quién juzga, quién gobierna a quienes juzgan y quién promueve la actuación de la justicia?

Los Jueces y Magistrados son quienes ejercen la potestad jurisdiccional: juzgan y hacen ejecutar lo juzgado. El Consejo General del Poder Judicial gobierna la Carrera Judicial y adopta decisiones sobre nombramientos, ascensos, inspección y disciplina, pero no puede ordenar a un Juez cómo debe resolver un asunto. La independencia judicial protege precisamente esa libertad de decisión dentro del ordenamiento jurídico. El Ministerio Fiscal, por su parte, promueve la acción de la justicia, defiende la legalidad y el interés público e interviene en los procesos que determina la ley, pero no juzga ni dicta sentencias.

Puede verse mediante un proceso penal sencillo. La Policía Judicial averigua los hechos; el Fiscal puede impulsar la investigación, ordenar diligencias dentro de sus facultades y solicitar medidas al órgano judicial; el Juez adopta las decisiones jurisdiccionales y finalmente resuelve. Si una parte considera incorrecta la resolución, debe utilizar los recursos legales. Ni el Fiscal, ni el CGPJ, ni un órgano judicial superior fuera de un recurso pueden decir al Juez qué decisión debe adoptar.

Esta distribución explica el orden del tema: primero se estudia la potestad jurisdiccional; después, el órgano de gobierno de quienes la ejercen; a continuación, la Carrera Judicial y sus garantías de independencia; y, por último, el Ministerio Fiscal como institución que actúa ante los Tribunales en defensa de la legalidad y del interés público.

Posición constitucional y potestad jurisdiccional

El Poder Judicial es el poder del Estado al que corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El artículo 117.3 CE concreta esta potestad en dos funciones inseparables: juzgar, mediante la aplicación del Derecho al caso concreto, y hacer ejecutar lo juzgado, garantizando el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

El artículo 117.1 de la Constitución declara que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial. La referencia al Rey expresa la forma constitucional en la que se administra justicia, pero no le atribuye funciones jurisdiccionales. Son los Jueces y Magistrados quienes resuelven los procesos con independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley.

El Poder Judicial y la Administración de Justicia son conceptos relacionados, pero no equivalentes. El primero está constituido por los Jueces y Magistrados que ejercen jurisdicción. La Administración de Justicia comprende, en un sentido más amplio, los medios personales, materiales y organizativos que hacen posible esa función: órganos judiciales, oficinas judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia y medios proporcionados por las Administraciones competentes.

La diferencia tiene consecuencias prácticas. Cuando un Juez dicta una sentencia actúa como titular del Poder Judicial. Cuando se organiza la oficina que tramita el procedimiento, se dota al órgano de personal o se proporcionan edificios y sistemas informáticos, se está atendiendo al funcionamiento de la Administración de Justicia. La función jurisdiccional pertenece exclusivamente a Jueces y Tribunales; los medios que la sostienen pueden depender de distintas Administraciones competentes.

Exclusividad jurisdiccional

El artículo 117.3 CE reserva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, con arreglo a las normas de competencia y procedimiento. Esta exclusividad presenta dos vertientes:

• Exclusividad positiva: solo los órganos jurisdiccionales pueden juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
• Exclusividad negativa: los Juzgados y Tribunales no pueden ejercer funciones distintas de la jurisdiccional, salvo las que la ley les atribuya expresamente en garantía de cualquier derecho.

El artículo 2 LOPJ reproduce ambas reglas y precisa que los órganos que ejercen jurisdicción pueden estar determinados también por los tratados internacionales. La jurisdicción se ejerce conforme a la competencia atribuida a cada órgano y mediante el procedimiento legalmente establecido. Por ello, jurisdicción, competencia y procedimiento son conceptos relacionados, pero diferentes: la jurisdicción es la potestad estatal; la competencia distribuye su ejercicio entre los órganos judiciales; y el procedimiento establece la forma en que debe tramitarse y resolverse cada proceso.

La distinción evita un error frecuente: todos los órganos judiciales ejercen jurisdicción, pero cada uno solo puede hacerlo dentro de su competencia y siguiendo el procedimiento previsto por la ley.

Unidad jurisdiccional y jurisdicción militar

El artículo 117.5 CE y el artículo 3.1 LOPJ establecen que la unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Existe un único Poder Judicial para todo el Estado, aunque la jurisdicción se distribuya entre diferentes órdenes y órganos y estos tengan ámbitos territoriales distintos.

El mismo artículo 117.5 CE y el artículo 3.2 LOPJ limitan la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense y, en su caso, a las materias que establezca la declaración del estado de sitio. Su organización y funcionamiento deben respetar los principios constitucionales. La unidad jurisdiccional no significa, por tanto, que exista un solo tipo de órgano, sino que todos los órganos jurisdiccionales quedan integrados en un sistema común sometido a la Constitución y a la LOPJ.

El artículo 117.6 CE prohíbe expresamente los Tribunales de excepción. No pueden crearse órganos jurisdiccionales para juzgar casos o personas concretas al margen de las reglas generales de organización, competencia y procedimiento. Esta prohibición se relaciona con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley reconocido en el artículo 24.2 CE.

No deben confundirse los Tribunales de excepción con los Tribunales de Honor. Los primeros están prohibidos por el artículo 117.6 CE porque se crearían al margen del sistema ordinario para un caso o unas personas determinadas. Los segundos, prohibidos en la Administración de Justicia por el artículo 16.2 LOPJ, eran órganos corporativos destinados a valorar el honor o la conducta de sus integrantes. Las dos prohibiciones protegen una justicia sometida a reglas legales previas, aunque se refieren a figuras distintas.

Sometimiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico

Los Jueces y Tribunales están sometidos a la Constitución y al imperio de la ley. La Constitución es la norma suprema y vincula a todos los órganos judiciales. Conforme al artículo 5 LOPJ, las leyes y los reglamentos deben interpretarse y aplicarse de acuerdo con los preceptos y principios constitucionales y con la interpretación resultante de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Si un órgano judicial considera que una ley aplicable al proceso y determinante para el fallo puede ser contraria a la Constitución, debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando no sea posible acomodarla al orden constitucional mediante la interpretación. En cambio, los reglamentos y demás disposiciones contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa no serán aplicados por los Jueces y Tribunales, de acuerdo con el artículo 6 LOPJ.

El artículo 4 bis LOPJ dispone que los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El sometimiento a la ley no equivale, por ello, a una aplicación aislada de una norma, sino a la sujeción al conjunto del ordenamiento jurídico y a su sistema de fuentes.

Garantías constitucionales de la Justicia

Los artículos 118 a 121 CE completan el marco constitucional del Poder Judicial:

• Las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes deben cumplirse, y existe el deber de prestar la colaboración requerida por Jueces y Tribunales durante el proceso y la ejecución.
• La justicia es gratuita cuando lo dispone la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
• Las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones previstas en las leyes procesales.
• El procedimiento es predominantemente oral, especialmente en materia criminal.
• Las sentencias deben estar siempre motivadas y pronunciarse en audiencia pública.
• Los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia generan el derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley.

La publicidad permite el control social de la actividad jurisdiccional, mientras que la motivación obliga a expresar las razones jurídicas de la decisión. Ambas garantías se someten a las excepciones y condiciones establecidas legalmente, especialmente cuando deben protegerse la intimidad, los derechos de menores u otros intereses constitucionalmente relevantes.

Tribunal Supremo, participación ciudadana y Policía Judicial

El artículo 123 CE sitúa al Tribunal Supremo en la cúspide de la jurisdicción ordinaria: tiene jurisdicción en toda España y es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Esta salvedad corresponde al Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial.

El artículo 125 CE reconoce tres formas de participación ciudadana en la Administración de Justicia: la acción popular, la institución del Jurado en los procesos penales que determine la ley y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. La LOPJ reconoce este carácter al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

Conforme al artículo 126 CE, la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Esta dependencia es funcional y se limita a las actuaciones realizadas al servicio de la investigación penal.

Síntesis del apartado

• El Poder Judicial ejerce la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado mediante Jueces y Magistrados.
• La exclusividad impide que otros poderes ejerzan jurisdicción y limita las funciones ajenas que pueden atribuirse a los órganos judiciales.
• La unidad jurisdiccional integra los diferentes órdenes y órganos en un único Poder Judicial.
• La Constitución garantiza el cumplimiento de las resoluciones, la gratuidad en los casos previstos, la publicidad, la oralidad, la motivación y la responsabilidad del Estado.
• La participación ciudadana se articula mediante la acción popular, el Jurado y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Una vez delimitado quién puede juzgar y bajo qué principios, surge la siguiente cuestión: ¿quién adopta las decisiones de gobierno relativas a la Carrera Judicial sin interferir en la función de juzgar? Esa es la posición que ocupa el Consejo General del Poder Judicial.

Naturaleza y posición institucional

El artículo 122.2 CE configura el Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno del Poder Judicial. El artículo 558 LOPJ establece que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y tiene su sede en Madrid. Sus competencias de gobierno se proyectan sobre la Carrera Judicial y sobre determinados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales con el fin de preservar la independencia de Jueces y Magistrados.

El CGPJ no es un Tribunal ni ejerce la potestad jurisdiccional que los artículos 117.3 CE y 2 LOPJ reservan a los Juzgados y Tribunales. No resuelve litigios, no modifica sentencias y, conforme al artículo 12.3 LOPJ, no puede indicar a un Juez cómo debe interpretar o aplicar el Derecho. La subordinación de los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales al CGPJ se limita a sus funciones gubernativas, según el artículo 559 LOPJ, y nunca puede entrar en la decisión jurisdiccional de un asunto.

La diferencia puede resumirse así: el CGPJ puede decidir sobre el destino, el ascenso o la responsabilidad disciplinaria de un miembro de la Carrera Judicial, pero no puede ordenarle que condene, absuelva o interprete una norma de una determinada manera. Gobernar a quienes juzgan no significa gobernar sus decisiones.

Composición y elección de los vocales

Conforme a los artículos 122.3 CE y 566 LOPJ, el Consejo está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que también lo preside, y por veinte vocales:

Por tanto, cuando se pregunta por los vocales, la respuesta es veinte; cuando se describe la composición completa del Consejo, deben añadirse esos veinte vocales a la Presidencia. El Presidente no constituye un vigesimoprimer vocal: ocupa un cargo propio y preside tanto el Tribunal Supremo como el CGPJ.

También conviene diferenciar los dos niveles normativos. La Constitución fija la estructura básica —Presidencia del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por cinco años— y reserva doce puestos para integrantes de la Carrera Judicial y ocho para juristas. La LOPJ desarrolla el procedimiento actual de designación y atribuye a Congreso y Senado la elección de los veinte vocales.

El artículo 567 LOPJ atribuye a las Cortes Generales la designación de los veinte vocales. El Congreso de los Diputados y el Senado eligen cada uno diez por mayoría de tres quintos: seis del turno judicial y cuatro del turno de juristas. La elección debe atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que entre los diez vocales elegidos por cada Cámara cada sexo represente, como mínimo, el cuarenta por ciento.

El mismo artículo 567 LOPJ exige que, antes de la elección, las candidaturas comparezcan en audiencia pública ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara correspondiente para valorar sus méritos, prestigio e idoneidad. Las Cámaras designan también un suplente por cada vocal titular y no puede ser elegido vocal quien forme parte del Consejo saliente.

Para el turno de juristas no pueden ser elegidos miembros de la Carrera Judicial en servicio activo; quienes pertenezcan a ella deben encontrarse en una situación administrativa distinta durante, al menos, el año anterior. Tampoco pueden ser elegidas por este turno las personas que, durante los cinco años anteriores, hayan ocupado determinados cargos políticos o representativos enumerados en el artículo 567.3 LOPJ.

Los artículos 573 y 574 LOPJ permiten presentar candidatura por el turno judicial a cualquier Juez o Magistrado en servicio activo que cuente con el aval de veinticinco miembros de la Carrera Judicial en servicio activo o de una asociación judicial legalmente constituida. Cada Juez o asociación puede avalar hasta doce candidaturas. El artículo 578.3 LOPJ exige que entre los doce vocales judiciales haya, al menos, tres Magistrados del Tribunal Supremo, tres Magistrados con más de veinticinco años de antigüedad y seis Jueces o Magistrados sin sujeción a antigüedad.

Mandato, renovación y estatuto de los vocales

El artículo 568 LOPJ dispone que el Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Cuatro meses antes de que finalice el mandato, la Presidencia debe remitir a las Cámaras los datos necesarios y abrir el plazo de presentación de candidaturas del turno judicial.

Los artículos 569 y 570 LOPJ regulan el nombramiento de los vocales por el Rey mediante real decreto, su juramento o promesa y la sesión constitutiva. Si ninguna Cámara hubiera efectuado en plazo su designación, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Si solo una Cámara hubiera cumplido, el nuevo Consejo se constituirá con los vocales elegidos por esta y con los vocales del Consejo saliente que correspondían a la Cámara incumplidora; desde ese momento podrá ejercer todas sus atribuciones.

Cuando el Consejo saliente continúe en funciones porque ninguna Cámara haya realizado la designación, su actividad queda limitada por el artículo 570 bis LOPJ. Conserva, entre otras, las competencias necesarias para el funcionamiento ordinario, la propuesta de dos Magistrados del Tribunal Constitucional, la audiencia previa al nombramiento del Fiscal General del Estado, la selección y formación judicial, los ascensos reglados, las situaciones administrativas, la disciplina, la inspección, determinadas materias reglamentarias, el presupuesto, las quejas ciudadanas y los informes normativos. Quedan fuera de esta relación los nombramientos judiciales discrecionales.

Los vocales no están ligados por mandato imperativo, conforme al artículo 581 LOPJ. El artículo 579 LOPJ declara el cargo incompatible con cualquier otro puesto, profesión o actividad pública o privada, salvo la mera administración del patrimonio personal o familiar. El artículo 584 LOPJ impide además su promoción durante el mandato a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional y determinados nombramientos discrecionales en la Carrera Judicial.

Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ

La Presidencia del Tribunal Supremo y la del CGPJ corresponden a una misma persona, como establece el artículo 597 LOPJ. El artículo 585 LOPJ la configura como la primera autoridad judicial de la Nación y le atribuye la representación tanto del Poder Judicial como de su órgano de gobierno.

El artículo 586 LOPJ regula los requisitos, la elección y el nombramiento. Puede ser elegido un miembro de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y condiciones para presidir una Sala de este Tribunal, o un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio profesional. Las candidaturas se presentan y hacen públicas en la sesión constitutiva, presidida por el vocal de mayor edad. La elección se celebra en otra sesión entre tres y siete días después y requiere el apoyo de tres quintos de los miembros del Pleno. El nombramiento se realiza por el Rey mediante real decreto refrendado por el presidente del Gobierno.

Su mandato coincide con el del Consejo que lo eligió y puede ser reelegido una sola vez para un nuevo mandato, según el artículo 587 LOPJ. El artículo 598 LOPJ incluye entre sus funciones representar al Consejo, convocar y presidir el Pleno y la Comisión Permanente, fijar su orden del día, decidir los empates con voto de calidad y ejercer la dirección superior de los órganos técnicos.

Atribuciones del Consejo

El artículo 560 LOPJ reúne las atribuciones generales del CGPJ. Pueden ordenarse en los siguientes grupos:

La potestad reglamentaria prevista en el artículo 560.1.16.ª LOPJ comprende, entre otras materias, la organización del propio Consejo, los órganos de gobierno judicial, la publicidad de las actuaciones, el reparto de asuntos, el régimen de guardias, la especialización de órganos y determinadas condiciones accesorias del estatuto judicial. No puede utilizarse para innovar o alterar la regulación legal.

El artículo 561 LOPJ determina los anteproyectos y disposiciones generales sobre los que el informe del CGPJ es preceptivo: LOPJ, demarcación y planta judicial, estatuto de Jueces y Magistrados, estatuto del personal de Justicia, normas procesales vinculadas a derechos fundamentales, organización y funcionamiento de los Tribunales, leyes penales y régimen penitenciario, además de otras materias sometidas por el Gobierno o las Cámaras. El plazo ordinario para emitirlo es de treinta días y se reduce a quince cuando se declara la urgencia. Excepcionalmente puede concederse una prórroga de quince días, o de diez si el informe era urgente.

Órganos del CGPJ

Conforme a los artículos 595 y 597 LOPJ, el Consejo ejerce sus atribuciones mediante la Presidencia, el Pleno y las Comisiones Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Supervisión y Control de Protección de Datos.

Esta estructura responde a una distribución funcional sencilla:

El artículo 599 LOPJ enumera las competencias del Pleno, entre ellas las propuestas y nombramientos institucionales más relevantes, la elección de los integrantes de las Comisiones, la potestad reglamentaria, el presupuesto, la memoria anual, los expedientes disciplinarios cuya propuesta sea la separación de la Carrera Judicial y los informes sobre anteproyectos y disposiciones generales. El artículo 600 LOPJ establece que se reúna ordinariamente una vez al mes y regula la convocatoria de sesiones extraordinarias por la Presidencia o a solicitud de cinco vocales.

El propio artículo 600 LOPJ diferencia dos reglas de constitución válida. Cuando el Pleno deba elegir a la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ, se requiere la presencia de al menos doce miembros. En los demás casos deben estar presentes, como mínimo, diez vocales y la Presidencia. La diferencia es importante: en el segundo supuesto la ley no habla simplemente de once miembros, sino que exige específicamente diez vocales más quien presida.

Principales comisiones

Los artículos 601 a 610 ter LOPJ regulan la composición y las funciones de las Comisiones y de los órganos vinculados al ejercicio de la potestad disciplinaria:

Las decisiones de las comisiones tampoco quedan aisladas del Pleno. Conforme al artículo 602.2 LOPJ, los acuerdos de la Comisión Permanente pueden recurrirse en alzada ante el Pleno. Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria por infracciones graves o muy graves también son recurribles en alzada ante el Pleno, en este caso en el plazo de un mes, según el artículo 604.2 LOPJ. Si la sanción propuesta consiste en la separación de la Carrera Judicial, la decisión corresponde directamente al Pleno.

Los artículos 605 a 607 LOPJ atribuyen la instrucción de los expedientes disciplinarios al Promotor de la Acción Disciplinaria. La Comisión Disciplinaria resuelve conforme al artículo 604 LOPJ, mientras que el Pleno conserva la decisión cuando la sanción propuesta sea la separación de la Carrera Judicial, según el artículo 599 LOPJ. Esta distribución separa la investigación de la resolución.

Síntesis del apartado

• El CGPJ gobierna el Poder Judicial, pero no juzga ni revisa decisiones jurisdiccionales.
• Lo integran la Presidencia y veinte vocales elegidos por Congreso y Senado por mayoría de tres quintos.
• El mandato es de cinco años desde la constitución y la renovación afecta al Consejo en su totalidad.
• Sus atribuciones se concentran en la Carrera Judicial, los nombramientos, la inspección, la disciplina, los reglamentos, los informes y la autonomía organizativa.
• La Presidencia, el Pleno y seis comisiones distribuyen el ejercicio de sus competencias.

El CGPJ gobierna la Carrera Judicial, pero para entender sobre quién se proyectan muchas de sus decisiones es necesario estudiar ahora quiénes ejercen jurisdicción, cómo se estructura esa Carrera y cómo se accede a sus categorías.

Concepto y extensión de la jurisdicción

La jurisdicción es la potestad pública de resolver conforme a Derecho los litigios sometidos a los órganos judiciales y de hacer cumplir lo resuelto. El artículo 4 LOPJ establece que se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español en la forma prevista por la Constitución y las leyes. Sus límites internacionales se determinan por los artículos 21 a 25 LOPJ, los tratados y convenios internacionales y las normas de la Unión Europea.

El artículo 9.6 LOPJ establece que la jurisdicción es improrrogable: las partes no pueden atribuirla por acuerdo a un orden jurisdiccional que carezca de ella. El órgano judicial debe apreciar de oficio su falta de jurisdicción, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, mediante resolución motivada que indique el orden que se considere competente.

Los apartados 2 a 5 del artículo 9 LOPJ distribuyen la jurisdicción ordinaria en cuatro órdenes:

La distribución entre órdenes no rompe la unidad de la jurisdicción. Cada orden ejerce la misma potestad jurisdiccional en el ámbito material que la ley le atribuye.

Titulares de la función jurisdiccional

El artículo 298 LOPJ dispone que las funciones jurisdiccionales se ejercen ordinariamente por Jueces y Magistrados profesionales que forman la Carrera Judicial. También pueden ejercerlas, sin pertenecer a esta y con inamovilidad temporal, los Magistrados suplentes, quienes sirven plazas como Jueces sustitutos y los Jueces de Paz y sus sustitutos.

El artículo 299 LOPJ configura la Carrera Judicial como un cuerpo único y la estructura en tres categorías:

La diferencia entre Juez y Magistrado se refiere a la categoría dentro de la Carrera Judicial, no a la existencia de potestades jurisdiccionales de distinta naturaleza. Ambos juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, están sujetos al mismo estatuto constitucional y ejercen las competencias atribuidas al órgano en el que sirven.

Por ello, no debe identificarse automáticamente la palabra «Juez» con un órgano inferior ni «Magistrado» con una potestad jurisdiccional más intensa. La categoría expresa la posición profesional dentro de la Carrera Judicial; la competencia para conocer de un asunto depende del órgano y de las reglas procesales aplicables.

Escalafón, ingreso y ascenso

El artículo 300 LOPJ dispone que el CGPJ aprueba el escalafón de la Carrera Judicial cada tres años como máximo, y por periodos menores cuando resulte necesario. El escalafón se publica en el Boletín Oficial del Estado e incluye los datos personales y profesionales establecidos reglamentariamente.

El artículo 301 LOPJ establece que el ingreso en la Carrera Judicial se basa en los principios de mérito y capacidad y que el procedimiento debe garantizar objetividad, transparencia, igualdad de acceso e idoneidad profesional. El ingreso ordinario por la categoría de Juez exige superar una oposición libre y un curso teórico y práctico de selección en la Escuela Judicial.

El artículo 302 LOPJ exige, para concurrir a la oposición libre de acceso a la Escuela Judicial, ser español, mayor de edad, licenciado en Derecho y no estar incurso en ninguna de las causas legales de incapacidad. Esta es la formulación literal que conserva la ley. El artículo 303 LOPJ incluye entre las causas de incapacidad la falta de aptitud física o psíquica para la función judicial, determinadas situaciones derivadas de delitos dolosos y la falta de pleno ejercicio de los derechos civiles.

El mismo artículo 301 LOPJ dispone que la convocatoria de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal se realice conjuntamente y que las personas aprobadas elijan una u otra carrera conforme al orden de puntuación. También reserva un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para personas con discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento que superen las pruebas y acrediten la compatibilidad funcional.

El artículo 306 LOPJ dispone que la oposición para ingresar en las Carreras Judicial y Fiscal por las categorías de Juez y Abogado-Fiscal se convoque al menos cada dos años. Quienes superan la oposición como aspirantes a la Carrera Judicial tienen la consideración de funcionarios en prácticas.

El curso de la Escuela Judicial comprende formación teórica multidisciplinar, prácticas tuteladas y un periodo de sustitución o refuerzo. El artículo 307 LOPJ establece estas duraciones mínimas:

Cada fase debe superarse para acceder a la siguiente. Durante las prácticas tuteladas, los aspirantes actúan como Jueces adjuntos y realizan funciones de auxilio y colaboración bajo supervisión. En la fase de sustitución o refuerzo ejercen jurisdicción con la misma amplitud que los titulares. Quienes superan todo el curso son nombrados Jueces siguiendo el orden de la propuesta de la Escuela Judicial.

También pueden ingresar directamente en la categoría de Magistrado o de Magistrado del Tribunal Supremo juristas de reconocida competencia en los casos previstos por la ley. En la categoría de Magistrado, el artículo 311 LOPJ distribuye cada cuatro vacantes del siguiente modo:

• Dos se cubren mediante el ascenso de los Jueces que ocupen los primeros puestos del escalafón y hayan prestado tres años de servicios efectivos como Jueces.
• La tercera se cubre entre Jueces mediante pruebas selectivas en los órdenes civil y penal o pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer.
• La cuarta se cubre por concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional que superen el correspondiente curso de formación; una tercera parte de estas vacantes se reserva a miembros del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de primera o segunda categoría.

Para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización se requieren dos años de servicios efectivos. Las vacantes que no se cubran por el turno de juristas acrecen al de pruebas selectivas y de especialización, si estuvieran convocadas, o al de antigüedad.

Nombramiento, juramento y toma de posesión

El artículo 316 LOPJ establece que los Jueces son nombrados mediante orden del Consejo General del Poder Judicial y que los Magistrados y Presidentes son nombrados por real decreto, a propuesta del CGPJ; el real decreto es presentado y refrendado por el ministro de Justicia.

Conforme al artículo 318 LOPJ, antes de tomar posesión del primer destino los miembros de la Carrera Judicial prestan juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución y el ordenamiento jurídico, mantener la lealtad a la Corona, administrar una justicia recta e imparcial y cumplir sus deberes judiciales. El juramento o promesa se repite cuando se asciende de categoría.

Los artículos 319 a 321 LOPJ regulan los plazos y la forma de la toma de posesión, que se realiza en audiencia pública. Como regla general, el nombrado debe presentarse en los veinte días naturales siguientes a la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado; si ya servía un destino en la misma población, el plazo es de ocho días. Quien deba prestar juramento o promesa toma posesión dentro de los tres días siguientes. El artículo 322 LOPJ considera renuncia al cargo y a la Carrera Judicial la negativa a prestar juramento o promesa o la falta de toma de posesión sin causa justificada.

Síntesis del apartado

• La jurisdicción se extiende a todas las personas, materias y territorio español dentro de los límites establecidos por el ordenamiento.
• Los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social distribuyen materialmente la jurisdicción ordinaria.
• Los Jueces y Magistrados profesionales forman la Carrera Judicial; los suplentes, sustitutos y Jueces de Paz pueden ejercer jurisdicción sin pertenecer a ella.
• La Carrera Judicial comprende las categorías de Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez.
• El ingreso ordinario por la categoría de Juez exige oposición libre y un curso de selección en la Escuela Judicial.
• Los Jueces son nombrados mediante orden del CGPJ; los Magistrados y Presidentes, por real decreto a propuesta del Consejo.

La pertenencia a una Carrera y la existencia de órganos de gobierno no bastan para asegurar una verdadera función jurisdiccional. El elemento decisivo es que cada Juez o Magistrado pueda resolver sin órdenes ni presiones. De ahí que la independencia sea una garantía estructural del Poder Judicial y no un privilegio de sus integrantes.

Alcance de la independencia

Los artículos 117.1 CE y 1 LOPJ reconocen la independencia de los Jueces y Magistrados. Esta garantiza que cada titular judicial pueda resolver conforme al ordenamiento jurídico, sin recibir órdenes, presiones o instrucciones sobre el contenido de sus decisiones. No constituye un privilegio personal, sino una garantía del derecho de todas las personas a obtener una resolución fundada en Derecho de un órgano imparcial.

La independencia presenta una dimensión externa, frente a los poderes públicos, las partes, los medios de comunicación, los grupos sociales o económicos y cualquier otra persona o entidad, y una dimensión interna, frente a los órganos judiciales superiores y los órganos de gobierno del Poder Judicial.

El artículo 12 LOPJ concreta la independencia interna mediante dos reglas:

• Un órgano judicial superior no puede corregir la interpretación o aplicación del Derecho realizada por otro inferior salvo cuando resuelva un recurso previsto por la ley.
• Ningún Juez, Tribunal, órgano de gobierno judicial o el propio CGPJ puede impartir instrucciones generales o particulares sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento en el ejercicio jurisdiccional.

La organización judicial no establece una jerarquía de mando sobre el contenido de las resoluciones. La superioridad de un órgano determina competencias y recursos, pero no permite ordenar a otro qué decisión debe adoptar.

Independencia e imparcialidad tampoco son exactamente lo mismo. La independencia protege al órgano frente a injerencias externas e internas; la imparcialidad exige que quien juzga no tenga interés ni prejuicio respecto del asunto o de las partes. Por eso la independencia se completa con las causas de abstención y recusación: un Juez puede no haber recibido presión alguna y, aun así, tener que apartarse por una relación personal o un interés que comprometa su imparcialidad.

Protección frente a perturbaciones

El artículo 13 LOPJ obliga a todas las personas y poderes públicos a respetar la independencia judicial. Conforme al artículo 14.1 LOPJ, el Juez o Magistrado que se considere inquietado o perturbado debe comunicarlo al CGPJ y dar cuenta de los hechos al órgano competente para seguir el procedimiento correspondiente. Mientras tanto, puede practicar las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.

El artículo 14.2 LOPJ permite al Ministerio Fiscal promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial por iniciativa propia o a petición del Juez o Magistrado afectado. La intervención del CGPJ y del Ministerio Fiscal protege la función jurisdiccional, pero no sustituye la decisión del titular del órgano ni permite interferir en el proceso.

Inamovilidad

El artículo 117.2 CE y los artículos 15 y 378 LOPJ impiden que un Juez o Magistrado sea separado, suspendido, trasladado o jubilado arbitrariamente. Estas medidas solo pueden acordarse por las causas y con las garantías previstas en la ley. Quienes hayan sido nombrados por un plazo determinado disfrutan de inamovilidad durante ese periodo.

Los artículos 379 a 382 LOPJ regulan la pérdida de la condición judicial por renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación, determinadas condenas por delito doloso, incapacidad o jubilación, así como los procedimientos de rehabilitación y los expedientes legalmente previstos.

La suspensión solo procede en los casos tasados por el artículo 383 LOPJ, entre ellos determinadas resoluciones dictadas en un proceso penal, la adopción de una medida en un expediente disciplinario o de incapacidad y la imposición de una pena de suspensión por sentencia firme.

Los artículos 385 a 388 LOPJ regulan la jubilación por edad o por incapacidad permanente. Es forzosa a los setenta años, aunque puede solicitarse la prolongación del servicio activo hasta un máximo de setenta y dos. También puede solicitarse la jubilación desde los sesenta y cinco años en los términos legalmente establecidos.

Responsabilidad judicial

El artículo 16 LOPJ establece que la independencia no excluye la responsabilidad: los Jueces y Magistrados responden penal y civilmente en los casos previstos por las leyes y disciplinariamente conforme a la LOPJ. La responsabilidad deriva de actuaciones ilícitas o incumplimientos del estatuto judicial, no de la mera discrepancia con el criterio jurídico de una resolución.

Las resoluciones judiciales se revisan mediante los recursos previstos en las leyes. El régimen disciplinario no puede convertirse en una vía indirecta para corregir una interpretación jurídica ni para condicionar el contenido de decisiones futuras.

Conviene separar tres planos que pueden confundirse:

Por tanto, que una resolución sea revocada no significa por sí solo que exista responsabilidad personal del Juez. Del mismo modo, la reclamación de una indemnización por error judicial o funcionamiento anormal se dirige a obtener la reparación estatal y no funciona como un recurso destinado a cambiar la resolución.

Incompatibilidades y prohibiciones

El régimen de incompatibilidades de los artículos 389 a 394 LOPJ evita actividades o vínculos que puedan comprometer la independencia o la apariencia de imparcialidad. En particular, el artículo 389 declara incompatible el cargo judicial con las siguientes actividades:

• El ejercicio de otra jurisdicción ajena al Poder Judicial.
• Los cargos de elección popular o designación política.
• Los empleos y cargos retribuidos en las Administraciones y entidades públicas.
• El ejercicio de la Abogacía, la Procuraduría o cualquier asesoramiento jurídico.
• Cualquier profesión o actividad retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica y la producción o creación literaria, artística, científica y técnica en los términos legales.
• Las actividades mercantiles y las funciones que impliquen intervención directa, administrativa o económica en empresas o sociedades.

El artículo 127.1 CE y el artículo 395 LOPJ impiden que los Jueces y Magistrados en activo pertenezcan a partidos políticos o sindicatos o tengan empleo a su servicio. El artículo 127.1 CE y el artículo 401 LOPJ permiten constituir asociaciones profesionales para la defensa de sus intereses profesionales; estas tienen ámbito nacional, no pueden realizar actividades políticas ni vincularse a partidos o sindicatos y cada miembro de la Carrera Judicial solo puede pertenecer a una. El artículo 395 LOPJ recoge además las prohibiciones relativas a las felicitaciones o censuras a los poderes públicos, la asistencia a determinadas reuniones públicas y la participación en elecciones fuera del voto personal y de los deberes inherentes al cargo.

Los artículos 391 a 394 LOPJ regulan las incompatibilidades vinculadas al parentesco, a intereses económicos o al ejercicio profesional previo en una determinada circunscripción. La imparcialidad respecto de un proceso concreto se protege, además, mediante las causas de abstención y recusación de los artículos 217 a 228 LOPJ.

Inmunidad judicial

La inmunidad judicial de los artículos 398 a 400 LOPJ comprende garantías funcionales, no una exención general de responsabilidad. Los Jueces y Magistrados en servicio activo solo pueden ser detenidos por orden de Juez competente o en caso de flagrante delito. En este último supuesto deben adoptarse únicamente las medidas indispensables y la persona detenida será entregada de inmediato al Juez de Instrucción más próximo.

El artículo 399 LOPJ dispone que las autoridades civiles y militares se abstengan de intimar a los Jueces y Magistrados o citarlos para que comparezcan ante ellas. Cuando necesiten datos o declaraciones ajenos a su función jurisdiccional, deben solicitarlos por escrito o recibirlos en el despacho oficial del Juez o Magistrado, previo aviso.

La garantía no supone que puedan negarse a colaborar con una investigación penal. El artículo 400 LOPJ establece que, cuando en la instrucción de una causa resulte necesaria y legalmente posible la declaración de un Juez o Magistrado, este no puede excusarse de prestarla. Si la autoridad judicial que deba recibirla tiene categoría inferior, acudirá al despacho oficial del declarante, previo aviso y señalamiento de día y hora.

Síntesis del apartado

• La independencia protege la decisión jurisdiccional frente a injerencias externas e internas.
• Los órganos superiores solo pueden corregir resoluciones mediante los recursos legales y no pueden impartir instrucciones sobre la interpretación del Derecho.
• La inamovilidad limita la separación, suspensión, traslado y jubilación a las causas y procedimientos legalmente establecidos.
• La independencia se combina con responsabilidad penal, civil y disciplinaria.
• Las incompatibilidades, prohibiciones, abstención, recusación e inmunidad preservan la independencia y la imparcialidad judiciales.

La independencia caracteriza a quien decide el litigio. El Ministerio Fiscal ocupa una posición distinta: actúa ante los Tribunales, promueve acciones y defiende intereses públicos, pero se organiza conforme a la unidad de actuación y la dependencia jerárquica. Esta diferencia explica por qué un superior puede impartir instrucciones a un Fiscal dentro de los cauces legales, mientras que nadie puede indicar a un Juez cómo debe resolver.

Naturaleza y misión constitucional

El artículo segundo EOMF define al Ministerio Fiscal como un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Esta integración no lo convierte en órgano jurisdiccional: los Fiscales no juzgan, no dictan sentencias y no pertenecen a la Carrera Judicial.

Según el artículo 124 CE y el artículo primero EOMF, su misión consiste en promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados; velar por la independencia de los Tribunales; y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

El mismo artículo segundo EOMF dispone que el Ministerio Fiscal ejerce su misión mediante órganos propios. Sus miembros representan a la institución y no defienden intereses particulares: su posición procesal viene determinada por la misión constitucional y por las funciones que las leyes le atribuyen.

La diferencia con el Juez puede observarse en un proceso penal: el Fiscal puede ejercitar la acción penal, proponer pruebas, recurrir y solicitar una condena o una absolución; el Juez escucha a las partes, valora las pruebas y adopta la decisión jurisdiccional. El Fiscal interviene en el proceso para cumplir su misión legal, mientras que el Juez ocupa la posición imparcial desde la que se resuelve.

Principios de organización y actuación

El artículo 124.2 CE y el artículo segundo EOMF diferencian dos principios orgánicos —unidad de actuación y dependencia jerárquica— y dos principios de actuación —legalidad e imparcialidad—:

La legalidad y la imparcialidad se desarrollan en los artículos sexto y séptimo EOMF. La dependencia jerárquica no permite actuar al margen de la ley: el artículo veintisiete EOMF dispone que el Fiscal que considere una orden o instrucción contraria a las leyes o improcedente por otro motivo lo exponga mediante informe razonado. El superior resuelve después de oír a la Junta correspondiente y, si mantiene la instrucción, debe ratificarla por escrito y relevar expresamente al Fiscal de las responsabilidades derivadas de su cumplimiento o encomendar el asunto a otro Fiscal.

No existe contradicción entre dependencia jerárquica e imparcialidad. La primera permite mantener criterios coordinados dentro de una institución única; la segunda obliga a que esos criterios y cada actuación concreta persigan objetivamente los intereses confiados al Ministerio Fiscal y respeten la legalidad. La independencia mencionada en el artículo séptimo EOMF describe la objetividad con la que el Fiscal defiende dichos intereses, pero no convierte su estatuto en el de un Juez independiente de toda instrucción interna.

El artículo veintiocho EOMF obliga a los miembros del Ministerio Fiscal a abstenerse cuando concurra alguna de las causas establecidas para los Jueces y Magistrados que les resulte aplicable. Las partes pueden dirigirse al superior jerárquico para solicitar que se ordene la no intervención del Fiscal. No existe recusación del Fiscal en el mismo sentido procesal que la de un Juez, sino este cauce de abstención y decisión jerárquica.

Funciones del Ministerio Fiscal

El artículo 3 EOMF enumera sus funciones. Las principales pueden agruparse del siguiente modo:

El último párrafo del artículo tercero EOMF permite que la intervención del Fiscal se produzca por escrito, mediante comparecencia o por medios tecnológicos que aseguren las garantías del acto. Como regla general, en los procesos no penales interviene en último lugar, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante.

Facultades y diligencias de investigación

El artículo cuarto EOMF permite al Ministerio Fiscal interesar la notificación de resoluciones y obtener información sobre los procedimientos; visitar centros de detención, penitenciarios o de internamiento; requerir el auxilio de autoridades y agentes; impartir órdenes e instrucciones a la Policía Judicial; e informar a la opinión pública dentro de su competencia, respetando el secreto de las actuaciones y los derechos de las personas afectadas.

El artículo quinto EOMF permite al Fiscal recibir denuncias y enviarlas a la autoridad judicial o archivarlas cuando no encuentre fundamento para ejercitar una acción, notificando el archivo al denunciante. También puede practicar u ordenar diligencias de investigación dentro de los límites legales. Estas diligencias no pueden implicar medidas cautelares o limitativas de derechos, sin perjuicio de la detención preventiva que el Estatuto permite ordenar al Fiscal.

El mismo artículo quinto EOMF exige que las diligencias fiscales respeten los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa. Si la investigación revela hechos penalmente relevantes, el Fiscal debe judicializarla mediante denuncia o querella; si no existe fundamento, procede su archivo.

Como regla general, estas diligencias deben durar el tiempo proporcionado a la naturaleza del hecho y no pueden superar seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. Cuando la investigación se refiera a los delitos enumerados en el artículo diecinueve.4 EOMF, atribuidos a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en supuestos de especial trascendencia, la duración máxima inicial es de doce meses, también prorrogable mediante decreto motivado. La diferencia entre seis y doce meses es especialmente susceptible de convertirse en pregunta de test.

La posibilidad de que el Fiscal ordene la detención preventiva no significa que pueda adoptar cualquier medida limitativa de derechos. Es la excepción que el propio artículo quinto introduce después de prohibir, con carácter general, que sus diligencias impliquen medidas cautelares o limitativas de derechos. Las demás medidas sometidas a reserva judicial deben solicitarse al órgano jurisdiccional competente.

Relaciones con los poderes públicos

El artículo octavo EOMF permite al Gobierno interesar del Fiscal General del Estado que promueva actuaciones ante los Tribunales en defensa del interés público. La comunicación se realiza por conducto del ministro de Justicia, salvo que el presidente del Gobierno se dirija directamente al Fiscal General. Este decide motivadamente sobre la viabilidad de lo solicitado después de oír a la Junta de Fiscales de Sala.

Conforme al artículo noveno EOMF, el Fiscal General eleva al Gobierno una memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para mejorar la eficacia de la Justicia. Se remite copia a las Cortes Generales y al CGPJ y se presenta ante las Cortes en el periodo ordinario de sesiones más próximo a su presentación pública.

Los artículos diez y once EOMF regulan la colaboración del Ministerio Fiscal con las Cortes Generales y con las Comunidades Autónomas. Estas pueden interesar su actuación en defensa del interés público a través del Fiscal Superior, con conocimiento del Ministerio de Justicia y decisión final del Fiscal General del Estado.

Órganos del Ministerio Fiscal

El artículo 12 EOMF enumera los órganos de la institución:

• El Fiscal General del Estado.
• El Consejo Fiscal.
• La Junta de Fiscales de Sala.
• La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.
• La Fiscalía del Tribunal Supremo.
• La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
• La Fiscalía de la Audiencia Nacional.
• Las Fiscalías Especiales.
• La Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
• La Fiscalía Jurídico Militar.
• Las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.
• Las Fiscalías Provinciales.
• Las Fiscalías de Área.
• La Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal.

La enumeración se entiende mejor si los órganos se agrupan por su función:

El artículo trece EOMF establece que la Fiscalía General del Estado está dirigida por el Fiscal General e integrada por la Inspección Fiscal, la Secretaría Técnica, la Unidad de Apoyo y los Fiscales de Sala determinados en la plantilla. La Inspección ejerce funciones permanentes de inspección; la Secretaría Técnica realiza estudios, informes y trabajos de apoyo técnico y asume funciones de cooperación judicial internacional; y la Unidad de Apoyo presta asistencia en relaciones institucionales, comunicación, organización, estadística, informática, personal y medios materiales.

El artículo catorce EOMF regula el Consejo Fiscal, presidido por el Fiscal General del Estado e integrado también por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y nueve Fiscales elegidos por los miembros del Ministerio Fiscal en servicio activo por cuatro años. La elección debe respetar la presencia equilibrada de mujeres y hombres, de manera que cada sexo represente al menos el cuarenta por ciento de los vocales electos. No pueden ser elegidos los Fiscales que presten servicio en la Inspección Fiscal, la Unidad de Apoyo o la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El Consejo Fiscal puede funcionar en Pleno y en Comisión Permanente y adopta sus acuerdos por mayoría simple; en caso de empate decide el voto de la Presidencia. Entre sus funciones figuran asesorar al Fiscal General, informar nombramientos y ascensos, resolver determinados expedientes disciplinarios, conocer los planes de inspección, formación y selección e informar proyectos normativos que afecten al Ministerio Fiscal.

Conforme al artículo quince EOMF, la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Fiscal General, está compuesta por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de Sala. Asiste al Fiscal General en materias doctrinales y técnicas, formación de criterios unitarios, consultas, memorias, circulares, proyectos e informes.

El artículo dieciséis EOMF atribuye a la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas la unidad y coordinación de la actuación y funcionamiento de las Fiscalías en todo el Estado. Está presidida por el Fiscal General e integrada por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales Superiores y el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, que actúa como secretario.

El artículo diecinueve EOMF regula las Fiscalías Especiales: la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Ambas tienen su sede en Madrid y competencia en todo el territorio del Estado para los asuntos que el Estatuto les atribuye. Junto a ellas, el artículo veinte EOMF regula los Fiscales de Sala especializados en materias como violencia sobre la mujer, medio ambiente, delitos de odio y discriminación, derechos humanos y memoria democrática, y protección y reforma de menores.

El artículo veintiuno EOMF articula la organización territorial mediante las Fiscalías de las Comunidades Autónomas, las Fiscalías Provinciales y las Fiscalías de Área. Las primeras tienen su sede donde reside el Tribunal Superior de Justicia y actúan en su ámbito competencial. Las Fiscalías Provinciales tienen su sede donde la tenga la Audiencia Provincial y extienden sus funciones, con las excepciones legales, a los órganos judiciales de la provincia. Las Fiscalías de Área actúan en un ámbito inferior a la provincia que puede comprender uno o varios partidos judiciales.

El artículo veintidós EOMF dispone que el Fiscal Superior represente y dirija el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las atribuciones del Fiscal General. Los Fiscales Jefes Provinciales dependen jerárquicamente del Fiscal Superior y los Fiscales Jefes de Área, del Fiscal Jefe Provincial.

Unidad de actuación y dependencia jerárquica

Los artículos veintidós y veinticinco EOMF atribuyen al Fiscal General del Estado la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio y la facultad de impartir órdenes e instrucciones generales o relativas a asuntos concretos. Los Fiscales Superiores y los Fiscales Jefes disponen de facultades análogas respecto de quienes dependen de ellos.

El artículo veinticuatro EOMF regula las juntas de Fiscalía para mantener la unidad de criterio, estudiar asuntos complejos o fijar posiciones. Los acuerdos mayoritarios tienen carácter de informe y, tras el debate, prevalece el criterio del Fiscal Jefe. Si este se separa del parecer de la mayoría, debe elevar ambas posiciones al superior jerárquico.

El artículo veintitrés EOMF permite al superior inmediato avocar motivadamente un asunto o designar a otro Fiscal. Si existe discrepancia, decide el superior jerárquico común. La sustitución debe comunicarse al Consejo Fiscal, que puede expresar su parecer.

Fiscal General del Estado

El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído previamente el CGPJ. La persona propuesta debe ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No puede haber ocupado durante los cinco años anteriores determinados cargos gubernamentales, ejecutivos o representativos enumerados en el artículo 29 EOMF.

El artículo veintinueve EOMF dispone que, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunique su propuesta al Congreso de los Diputados, que puede acordar la comparecencia ante la Comisión correspondiente para valorar los méritos y la idoneidad. Tras el nombramiento, el Fiscal General presta juramento o promesa ante el Rey y toma posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El artículo 127.1 CE extiende también a los Fiscales en activo la prohibición de pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La misma norma constitucional remite a la ley el sistema y las modalidades de asociación profesional de Jueces, Magistrados y Fiscales. Esta regla evita asociar la prohibición únicamente con la Carrera Judicial.

El artículo treinta y uno EOMF fija un mandato de cuatro años. Antes de que finalice solo puede cesar a petición propia, por incompatibilidad o prohibición, incapacidad o enfermedad, incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o cese del Gobierno que lo propuso. El mandato no es renovable, salvo que la persona hubiera ocupado el cargo durante menos de dos años.

Carrera Fiscal

Los artículos treinta y dos y treinta y tres EOMF configuran la Carrera Fiscal como un cuerpo único organizado jerárquicamente y equiparan a sus miembros en honores, categorías y retribuciones con los de la Carrera Judicial. El artículo treinta y cuatro EOMF establece tres categorías:

El artículo treinta y cuatro EOMF atribuye al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo la consideración de Presidente de Sala. Los artículos treinta y cinco y treinta y seis EOMF regulan la categoría exigida y la provisión de los distintos destinos; el artículo treinta y seis limita a diez años la designación del Teniente Fiscal Inspector y de los Fiscales de la Inspección Fiscal.

Ejemplo completo: cómo actúan conjuntamente estas instituciones

Supongamos que se denuncia una posible apropiación de dinero público. El recorrido institucional permite aplicar las ideas centrales del tema:

1. Noticia del posible delito. La Policía puede recibir la denuncia y practicar las primeras averiguaciones dentro de sus competencias. Cuando actúa como Policía Judicial depende funcionalmente de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal en las funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de su presunto responsable.

2. Diligencias del Ministerio Fiscal. El Fiscal puede recibir la denuncia, pedir información y ordenar a la Policía Judicial las diligencias legalmente permitidas. No puede adoptar con carácter general medidas cautelares o limitativas de derechos, aunque el artículo quinto EOMF contempla expresamente la detención preventiva. Si necesita una medida reservada a la autoridad judicial, debe solicitarla al órgano competente.

3. Archivo o judicialización. Si los hechos carecen de fundamento, el Fiscal puede archivar sus diligencias y debe notificarlo al denunciante. Si aprecia relevancia penal, debe judicializar la investigación mediante denuncia o querella. Desde ese momento, las decisiones jurisdiccionales corresponden al Juez o Tribunal competente.

4. Decisión judicial y actuación del Fiscal. El Fiscal puede solicitar diligencias, formular acusación, pedir la absolución si entiende que no existe prueba suficiente y recurrir cuando la ley lo permita. El Juez valora las peticiones y adopta las resoluciones con independencia e imparcialidad; no está subordinado jerárquicamente al Fiscal.

5. Desacuerdo y control. Si una parte o el Ministerio Fiscal consideran incorrecta una resolución, deben acudir al recurso legalmente previsto. El órgano superior podrá revisarla al resolver ese recurso, pero no puede enviar instrucciones previas sobre el sentido de la decisión. El CGPJ mantiene sus competencias gubernativas sobre la Carrera Judicial, aunque tampoco puede indicar al Juez qué diligencia acordar o cómo resolver.

El ejemplo muestra que investigar, promover la acción de la justicia, juzgar, recurrir y gobernar la Carrera Judicial son funciones relacionadas, pero jurídicamente diferentes.

Síntesis del apartado

• El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia, defiende la legalidad y los derechos y vela por la independencia de los Tribunales.
• Es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, pero no ejerce jurisdicción.
• Su organización responde a la unidad de actuación y dependencia jerárquica; sus actuaciones, a la legalidad e imparcialidad.
• El Estatuto regula sus funciones procesales, facultades de investigación, relaciones con los poderes públicos y mecanismos internos para resolver discrepancias.
• El Fiscal General dirige la institución, es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y tiene un mandato de cuatro años.
• La Carrera Fiscal es un cuerpo único con tres categorías equiparadas a las correspondientes categorías judiciales.