Bloque 4 · Derecho administrativo general

Explicación del Tema 29 de Gestión de la Administración Civil del Estado

La ley, la reserva de ley y las normas del Gobierno con rango legal

10 apartados22 min de lectura

29.1

La ley en el sistema de fuentes

Una norma aprobada por el poder legislativo

En sentido formal, la ley es la disposición aprobada por un parlamento mediante el procedimiento legislativo. En el Estado, la potestad legislativa corresponde a las Cortes Generales; en las comunidades autónomas, a sus asambleas dentro del marco de la Constitución y el estatuto. El dato decisivo no es que una regla sea general o importante, sino que proceda del órgano y del procedimiento a los que el ordenamiento atribuye fuerza de ley.

La ley ocupa una posición inmediatamente subordinada a la Constitución. Puede modificar o derogar otras leyes, pero no contradecir la norma constitucional ni invadir competencias ajenas. A su vez, los reglamentos quedan sometidos a ella: no pueden derogarla, contradecirla ni regular por sí solos lo que la Constitución reserva al legislador.

La expresión rango de ley identifica esa posición. La fuerza activa permite innovar el ordenamiento y derogar normas anteriores del mismo rango dentro del ámbito competencial de la ley, además de desplazar las disposiciones reglamentarias incompatibles. La fuerza pasiva impide que un reglamento posterior la modifique. Estas reglas no permiten que una ley estatal derogue una ley autonómica dictada válidamente en una materia propia, ni que una ley general posterior desplace siempre una regulación especial: también deben examinarse la competencia, la especialidad y la función constitucional de cada norma.

Tener rango de ley tampoco significa ser inmune al control. La ley puede ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y, cuando entra en conflicto con una norma de la Unión Europea aplicable, puede quedar desplazada en el caso concreto por el principio de primacía, sin que el órgano judicial tenga que esperar a su derogación.

Ley en sentido formal y material

Una concepción material atiende al contenido general y abstracto de la norma. Sin embargo, no todas las leyes establecen reglas destinadas a una pluralidad indeterminada de casos. Existen leyes singulares que resuelven una situación concreta, se refieren a destinatarios determinados o adoptan una decisión específica para la que el ordenamiento exige o permite una intervención legislativa. Al mismo tiempo, muchos reglamentos contienen reglas generales. Por eso, para determinar el rango y el sistema de control resulta decisiva la forma constitucional de producción, no solo el grado de generalidad del contenido.

La ley singular no queda fuera de la Constitución. Debe responder a una situación excepcional que justifique un tratamiento específico y respetar la igualdad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la tutela judicial efectiva. Su control plantea una dificultad particular: frente a una actuación administrativa cabe acudir directamente a la jurisdicción ordinaria, mientras que una ley solo puede ser expulsada del ordenamiento por el Tribunal Constitucional. El legislador no puede utilizar la forma legal para sustraer arbitrariamente una decisión al control que habría correspondido si se hubiera adoptado mediante un acto administrativo.

29.2

Ley orgánica y ley ordinaria

La ley orgánica se define por la materia

Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás expresamente previstas en la Constitución. La categoría no depende de que una materia sea políticamente importante, sino de una reserva constitucional concreta.

El desarrollo de derechos fundamentales se refiere al núcleo directo de los derechos de los artículos 15 a 29. No toda norma que incida de algún modo en un derecho exige ley orgánica. Una interpretación expansiva convertiría gran parte del ordenamiento en orgánico y alteraría el principio democrático ordinario. Por eso se distingue entre el desarrollo esencial, reservado, y regulaciones conexas que pueden aprobarse mediante ley ordinaria.

La aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La exigencia recae en el Congreso, no en ambas Cámaras, y se refiere a la votación final de conjunto. Antes de ella se siguen los trámites parlamentarios y el Senado ejerce la intervención que le corresponde.

No existe una jerarquía general entre ambas

Ley orgánica y ordinaria tienen rango de ley. La primera no prevalece sobre la segunda por una superioridad jerárquica universal. Se relacionan mediante el principio de competencia material: una ley ordinaria no puede ocupar una materia reservada a orgánica, y una ley orgánica no convierte en orgánico todo lo que incluya.

Una ley orgánica puede contener preceptos conexos no orgánicos para dar coherencia a la regulación. El legislador debe identificar su carácter cuando resulte necesario. Esos preceptos pueden ser modificados después por ley ordinaria si han quedado correctamente deslindados y no pertenecen al ámbito reservado.

Leyes ordinarias y leyes con una función constitucional específica

La ley ordinaria es la categoría común para las materias no reservadas. Dentro de ella existen leyes a las que la Constitución atribuye una función particular. No forman necesariamente rangos nuevos, pero su procedimiento, contenido o relación con otras normas puede estar condicionado.

Las leyes marco permiten a las Cortes atribuir a una o varias comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas en materias estatales, dentro de los principios, bases y directrices fijados por la propia ley. No transfieren la titularidad de la competencia: delimitan el espacio en el que puede actuar el legislador autonómico y permiten que las Cortes establezcan formas de control.

Las leyes orgánicas de transferencia o delegación permiten transferir o delegar a las comunidades facultades correspondientes a materias estatales que, por su naturaleza, sean susceptibles de ello. La ley debe prever la transferencia de medios financieros y las formas de control que el Estado se reserve. Su carácter orgánico deriva expresamente del artículo 150.2 CE.

Las leyes de armonización establecen los principios necesarios para armonizar disposiciones normativas autonómicas, incluso en materias de competencia de las comunidades, cuando lo exija el interés general. Su excepcionalidad se refleja en que la necesidad de armonización debe ser apreciada por mayoría absoluta de cada Cámara antes de aprobar la ley.

Las leyes de bases pueden cumplir la función de delegar en el Gobierno la elaboración de un texto articulado. No deben confundirse con las bases estatales dictadas al amparo de un título competencial: la primera figura organiza una delegación legislativa y la segunda fija un mínimo común que puede ser desarrollado por las comunidades autónomas.

La intervención parlamentaria en materia de tratados tampoco responde a una única modalidad. El artículo 93 CE exige una ley orgánica para autorizar la celebración de tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. En los supuestos del artículo 94 CE se requiere la autorización previa de las Cortes Generales, pero esa autorización no convierte el tratado en una ley ni se articula necesariamente mediante una ley parlamentaria.

Junto a estas categorías existen leyes de creación de organismos, leyes de medidas y leyes singulares. Su denominación describe su contenido o finalidad, pero no les atribuye por sí sola una posición jerárquica distinta.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado constituye un ejemplo claro de ley con una función constitucionalmente delimitada. Corresponde al Gobierno elaborar el proyecto y a las Cortes examinarlo, enmendarlo y aprobarlo. Los presupuestos tienen carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y consignan el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado. La ley presupuestaria no puede crear tributos, aunque puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo permita. Si no se aprueba antes de comenzar el nuevo ejercicio, los presupuestos anteriores se prorrogan automáticamente hasta que entren en vigor los nuevos.

29.3

Leyes estatales y autonómicas

Las leyes autonómicas no son reglamentos ni leyes inferiores a las estatales. Ambas poseen rango legal en su respectivo ámbito. Su relación se ordena principalmente por la distribución de competencias: una ley estatal válida en materia exclusiva no puede ser desplazada por una autonómica, pero una ley estatal tampoco puede invadir sin título un ámbito autonómico.

Cuando el Estado aprueba legislación básica y la comunidad tiene competencia de desarrollo, cada norma cumple una función distinta. La ley autonómica debe respetar las bases, pero no porque toda ley estatal sea superior, sino porque la Constitución atribuye al Estado esa concreta competencia normativa.

Los estatutos de autonomía se aprueban como leyes orgánicas del Estado y son la norma institucional básica de cada comunidad. Su posición no se explica de forma adecuada afirmando que cualquier ley estatal posterior puede modificarlos: la reforma debe seguir el procedimiento estatutario y constitucional.

El artículo 150 prevé técnicas específicas. Una ley marco permite a las comunidades dictar normas legislativas en materias estatales dentro de principios, bases y directrices. Una ley orgánica puede transferir o delegar facultades susceptibles de ello. Y una ley de armonización puede establecer principios para armonizar disposiciones autonómicas cuando lo exija el interés general, apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara.

29.4

La reserva de ley

Fundamento democrático y garantía jurídica

La reserva de ley obliga a que ciertas decisiones sean adoptadas por el legislador. Garantiza debate público, pluralismo, participación de mayorías y minorías y una forma normativa sujeta a control constitucional. En materias que afectan intensamente a libertad, patrimonio o posición jurídica de las personas, la Administración no puede decidir por una habilitación genérica.

Existen reservas expresas, como las relativas al ejercicio de los derechos, las sanciones, los tributos o el estatuto de los funcionarios, y otras que se deducen de la estructura constitucional. Algunas exigen una ley orgánica; la mayoría, una ley ordinaria. La reserva de ley no debe confundirse con el principio de legalidad: la primera atribuye una materia al legislador; el segundo exige que toda actuación pública se someta al ordenamiento.

Reserva absoluta y reserva relativa

Una reserva absoluta deja un espacio muy reducido al reglamento. Una reserva relativa permite desarrollo administrativo, pero exige que la ley fije los elementos esenciales y criterios suficientes. La distinción no se aplica mecánicamente: depende de la formulación constitucional, la materia y la doctrina constitucional.

La colaboración reglamentaria es legítima cuando completa aspectos técnicos, organizativos o de detalle dentro de un marco legal reconocible. Se vuelve inconstitucional si la ley se limita a autorizar al Gobierno para decidir libremente aquello que debía decidir el parlamento. Cuanto más intensa sea la afectación de un derecho o la imposición de una carga, mayor precisión debe ofrecer la ley.

En el ámbito sancionador, la ley debe prever infracciones y sanciones con certeza suficiente, aunque el reglamento pueda introducir especificaciones sin crear tipos nuevos. En materia tributaria, la ley debe establecer los elementos esenciales de la prestación. En empleo público, la ley regula las bases del estatuto funcionarial, mientras el reglamento puede desarrollar organización y ejecución dentro de ese marco.

La congelación de rango

Cuando una materia ha quedado regulada por ley sin estar constitucionalmente reservada, se habla en ocasiones de congelación de rango: mientras la ley siga vigente, un reglamento no puede modificarla. El legislador puede, si la Constitución no exige ley, deslegalizar determinados aspectos y devolverlos al ámbito reglamentario mediante una habilitación suficiente. No puede hacerlo en materias constitucionalmente reservadas.

Puede verse con un ejemplo. Si una ley fija directamente la composición detallada de un órgano administrativo, un reglamento posterior no puede cambiarla aunque esa organización no estuviera constitucionalmente reservada al legislador. Para permitir su modificación reglamentaria, una ley posterior tendría que derogar o reformar esa regulación y habilitar al Gobierno para concretarla. En cambio, si se trata del núcleo de una materia sometida a reserva de ley —como los elementos esenciales de un tributo o la tipificación de infracciones—, el legislador no puede retirarse por completo y entregar la decisión al reglamento.

29.5

Formación de la ley

Iniciativa legislativa

El Gobierno ejerce la iniciativa mediante proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros. Congreso y Senado pueden presentar proposiciones conforme a sus reglamentos. Las asambleas autonómicas pueden solicitar al Gobierno un proyecto o remitir al Congreso una proposición, y la iniciativa popular requiere al menos 500.000 firmas acreditadas y no procede en materias de ley orgánica, tributarias, internacionales ni relativas a prerrogativa de gracia.

Proyecto y proposición no son sinónimos. El proyecto procede del Gobierno y se acompaña de antecedentes y exposición necesarios; la proposición nace de los demás sujetos legitimados. El Gobierno puede oponerse a la tramitación de iniciativas que supongan aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios en los términos constitucionales.

La diferencia afecta también a la tramitación. Los proyectos de ley son aprobados previamente por el Consejo de Ministros y gozan de la prioridad reconocida por la Constitución y los reglamentos parlamentarios. Las proposiciones siguen las reglas establecidas por las Cámaras y, con carácter general, deben superar la toma en consideración antes de continuar su recorrido. La conformidad presupuestaria del Gobierno no constituye un veto legislativo general: se circunscribe a las proposiciones y enmiendas que aumenten los créditos o disminuyan los ingresos del presupuesto vigente en los términos constitucionales.

Deliberación, aprobación y publicación

El procedimiento se desarrolla en las Cámaras mediante toma en consideración cuando proceda, enmiendas, ponencia, comisión y pleno. Las Cámaras pueden delegar en comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones, pero el pleno puede recabar el debate y quedan excluidas la reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases y presupuestos generales.

Tras la aprobación por el Congreso, su presidente remite inmediatamente el texto al Senado. Esta Cámara dispone de dos meses desde su recepción para oponer un veto o introducir enmiendas. El veto necesita mayoría absoluta. El Congreso puede levantarlo inmediatamente por mayoría absoluta o, una vez transcurridos dos meses desde su interposición, por mayoría simple. Las enmiendas del Senado son aceptadas o rechazadas por el Congreso mediante mayoría simple.

Cuando el Gobierno o el Congreso declaran urgente el proyecto, el plazo de actuación del Senado se reduce de dos meses a veinte días naturales. Debe conservarse la unidad de medida utilizada por la Constitución: «dos meses» no equivale jurídicamente a «sesenta días», aunque en ocasiones el resultado temporal pueda aproximarse.

El Rey sanciona en quince días las leyes aprobadas, las promulga y ordena su inmediata publicación. La sanción es un acto debido. La publicación íntegra en el BOE garantiza su conocimiento y determina, junto con la cláusula de vigencia, cuándo comienza a producir efectos.

29.6

El decreto-ley

Una legislación provisional de urgencia

El Gobierno puede dictar decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. No necesita una autorización parlamentaria previa: la habilitación deriva directamente del artículo 86 de la Constitución. Precisamente por ello, el presupuesto habilitante y los límites materiales deben interpretarse con rigor.

La necesidad debe ser concreta, explícita y razonada. No equivale a emergencia imprevisible ni exige demostrar que una ley era absolutamente imposible, pero debe existir una situación que requiera respuesta normativa más rápida que el procedimiento legislativo ordinario. Además, tiene que haber conexión entre esa situación y las medidas aprobadas. Una disposición ajena a la urgencia no queda justificada por compartir decreto-ley con otras que sí lo estén.

El decreto-ley entra en vigor según su disposición final y tiene rango legal desde su publicación. Su carácter provisional significa que depende de la intervención inmediata del Congreso, no que carezca de efectos durante esos días.

Límites materiales

No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. «Afectar» no significa que toda incidencia esté prohibida, pues eso haría casi imposible la figura, sino que no puede alterar el régimen general o los elementos esenciales de esos ámbitos.

La materia tributaria no está excluida en bloque, pero las medidas deben respetar el deber de contribuir y no alterar de manera sustancial la posición de los contribuyentes dentro del sistema. Tampoco puede utilizarse el decreto-ley para aprobar los presupuestos generales, cuya regulación tiene procedimiento propio.

Convalidación, derogación y tramitación como proyecto

El decreto-ley se somete inmediatamente a debate y votación de totalidad del Congreso, convocado si no estuviera reunido, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso decide convalidarlo o derogarlo. El Senado no participa en esta decisión.

La convalidación mantiene la norma, pero no la transforma en ley parlamentaria ni corrige una eventual ausencia de urgencia. Durante ese mismo plazo las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Esa tramitación permite enmiendas y da lugar a una ley nueva que sustituye la regulación, sin borrar por sí sola los posibles vicios del decreto-ley durante el periodo en que produjo efectos.

El Tribunal Constitucional controla el presupuesto habilitante, los límites materiales y el resto de la Constitución. Reconoce al Gobierno un margen de apreciación política, pero exige una definición razonable de la necesidad y una conexión verificable con las medidas.

29.7

El decreto legislativo

Una norma basada en delegación previa

El decreto legislativo es una disposición del Gobierno con rango de ley dictada porque las Cortes le han delegado esa potestad para una materia concreta. A diferencia del decreto-ley, no depende de urgencia ni se somete a convalidación: depende de una ley delegante anterior y de la fidelidad a sus límites.

La delegación debe concederse de manera expresa, para materia concreta y con plazo. No puede entenderse implícita, otorgarse por tiempo indeterminado ni permitir subdelegación a autoridades distintas del Gobierno. Se agota cuando este publica la norma correspondiente.

Quedan excluidas las materias reservadas a ley orgánica. Las Cortes pueden establecer fórmulas adicionales de control, sin perjuicio de las competencias de los tribunales.

Textos articulados y textos refundidos

Para formar un texto articulado, la delegación se otorga mediante una ley de bases. Esta delimita objeto y alcance, así como principios y criterios que debe seguir el Gobierno. Las bases no pueden autorizar su propia modificación ni facultar para dictar normas retroactivas.

La ley de bases de una delegación legislativa no debe confundirse con la legislación básica estatal. La primera encarga al Gobierno la elaboración de un texto articulado y se agota con el ejercicio de la delegación. La segunda establece un mínimo normativo común en una materia en la que el Estado posee competencia para fijar bases y las comunidades pueden asumir el desarrollo. Coinciden en la palabra, pero tienen fundamento, destinatario y efectos distintos.

Para refundir varios textos legales en uno, se utiliza una ley ordinaria. La autorización debe determinar el ámbito normativo y precisar si el Gobierno se limita a formular un texto único o puede también regularizar, aclarar y armonizar los textos. Refundir no autoriza a diseñar una regulación nueva al margen de la delegación.

En ambos casos, el resultado se aprueba como real decreto legislativo. La expresión completa importa: un real decreto ordinario es reglamento; un real decreto legislativo tiene fuerza de ley dentro de la delegación.

Exceso de delegación

Si el Gobierno se aparta de las bases, incluye materias no delegadas, utiliza la habilitación después de agotarse o supera el plazo, incurre en ultra vires. Para apreciarlo debe compararse el decreto legislativo con la ley delegante: esta funciona como parámetro que delimita hasta dónde podía llegar el Gobierno.

El artículo 82.6 CE permite que las leyes de delegación establezcan fórmulas adicionales de control y deja a salvo la competencia propia de los tribunales. El Tribunal Constitucional conserva el control de las normas con rango de ley. Además, la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los decretos legislativos cuando exceden los límites de la delegación, en los términos establecidos por su legislación. Esta concurrencia de controles se explica porque el exceso no puede quedar protegido por una delegación que nunca lo autorizó.

La ley delegante puede prever controles parlamentarios adicionales. Mientras la delegación esté vigente, el Gobierno puede oponerse a proposiciones o enmiendas contrarias a ella; cabe presentar una proposición para derogar total o parcialmente la ley de delegación.

29.8

Comparación sistemática

ElementoDecreto-leyDecreto legislativo
FundamentoArtículo 86 CEArtículos 82 a 85 CE
CausaExtraordinaria y urgente necesidadDelegación expresa de las Cortes
Norma previaNo necesita ley habilitanteLey de bases o ley ordinaria de refundición
Materias excluidasLas del artículo 86.1Las reservadas a ley orgánica y las no delegadas
Intervención posteriorConvalidación o derogación por el Congreso en 30 díasNo hay convalidación; puede haber controles fijados en la delegación
Duración de la habilitaciónRespuesta concreta a la necesidadPlazo fijado por la ley delegante
DenominaciónReal decreto-leyReal decreto legislativo

La comparación evita tres errores habituales. Primero, creer que ambos son reglamentos porque los aprueba el Gobierno: tienen rango legal. Segundo, atribuir al Senado la convalidación del decreto-ley: corresponde únicamente al Congreso. Tercero, confundir ley de bases con legislación básica autonómica: la primera es una técnica de delegación para textos articulados; la segunda delimita competencias entre Estado y comunidades.

29.9

Método para identificar cada norma

Ante una norma con rango legal conviene seguir este orden:

  1. identificar quién la aprobó y su denominación completa;
  2. comprobar si la materia tiene reserva de ley orgánica u otra reserva específica;
  3. distinguir procedimiento parlamentario, urgencia gubernamental o delegación;
  4. revisar mayoría, plazo y órgano de control;
  5. determinar si existen límites materiales;
  6. diferenciar validez de vigencia y aplicación temporal.

Las diferencias entre estas figuras suelen concentrarse en un solo elemento: «Cortes Generales» o «Congreso»; dos meses, veinte días naturales o treinta días; ley orgánica u ordinaria; texto refundido o articulado. El dato se retiene mejor cuando se comprende la lógica institucional que lo sostiene: el Senado dispone de dos meses —o veinte días si existe urgencia— para intervenir en un proyecto de ley, mientras que el Congreso dispone de treinta días para pronunciarse sobre un decreto-ley.

29.10

Síntesis del tema

La ley es la norma parlamentaria con fuerza para innovar el ordenamiento dentro de la Constitución. La ley orgánica no es superior a la ordinaria: se reserva a materias determinadas y exige mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto. Las leyes estatales y autonómicas se relacionan principalmente por competencia.

La reserva de ley protege las decisiones esenciales frente a su desplazamiento a la Administración. Puede admitir desarrollo reglamentario, pero no una remisión que deje al Gobierno libertad para decidir el núcleo reservado.

El decreto-ley nace directamente de una necesidad extraordinaria y urgente, tiene límites materiales y requiere decisión del Congreso en treinta días. El decreto legislativo nace de una delegación previa, expresa, concreta y temporal: ley de bases para textos articulados y ley ordinaria para refundir. En ambos casos el Gobierno aprueba normas con rango de ley, no reglamentos, y permanece sometido al control constitucional.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema

Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan en un único bloque con todas sus opciones, la respuesta correcta, una explicación de la solución, el fundamento normativo y la convocatoria de procedencia.

0 de 6 respondidas

  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 7.artículo 75.3 CE.

    1. Según el artículo 75 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál de las siguientes materias NO puede ser objeto de delegación en las Comisiones Legislativas Permanentes para la aprobación de proyectos o proposiciones de ley?

  2. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 7.artículo 81.2 CE.

    2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el procedimiento para la aprobación de una ley orgánica por las Cortes Generales según la Constitución Española de 1978?

  3. Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 48.artículo 82.2 CE.

    3. Según el artículo 82 de la Constitución Española de 1978, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas. Cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante:

  4. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 38.artículo 86.2 CE.

    4. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978, los Decretos-Leyes dictados por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad:

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio extraordinario, pregunta 40.artículo 81 CE.

    5. En relación con las leyes orgánicas:

  6. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 45.artículo 82.2 CE.

    6. De acuerdo con la CE, la delegación legislativa que las Cortes Generales pueden otorgar al Gobierno deberá realizarse, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, mediante:

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¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones.

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