Bloque 4 · Derecho administrativo general
Explicación del Tema 38 de Gestión de la Administración Civil del Estado
Procedimiento administrativo común, resolución y silencio
38.1
Dos leyes complementarias
La Ley 39/2015 regula la validez y la eficacia de los actos, los derechos de los interesados, la identificación y el registro, las fases del procedimiento, la revisión y la elaboración normativa. La Ley 40/2015 se ocupa de los principios de actuación, los órganos, la competencia, los convenios, la responsabilidad, la potestad sancionadora, el sector público institucional y las relaciones interadministrativas.
La separación no implica independencia. La Ley 39/2015 mira principalmente hacia la relación exterior entre la Administración y las personas; la Ley 40/2015 ordena la organización que actúa y aporta reglas sustantivas que después se aplican dentro del procedimiento. Así, una reclamación de responsabilidad se tramita conforme a la primera, pero se decide aplicando los requisitos materiales de la segunda; un expediente sancionador combina las garantías procedimentales comunes con los principios de la potestad sancionadora.
El procedimiento común se aplica al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al sector público institucional en los términos legales. Las universidades públicas se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por estas leyes. Las corporaciones de Derecho público se rigen por su normativa propia en el ejercicio de funciones públicas y, supletoriamente, por la legislación administrativa.
Que el procedimiento sea «común» no significa que todos los expedientes sean idénticos. Una ley puede establecer trámites adicionales o distintos cuando la materia lo justifique. Reglamentariamente pueden introducirse especialidades referidas a los órganos competentes, los plazos propios del procedimiento, las formas de iniciación y terminación, la publicación y los informes que deban recabarse. Estas especialidades completan la regulación común, pero no permiten eliminar por simple reglamento sus garantías esenciales.
Algunos ámbitos se rigen prioritariamente por su normativa específica. Es el caso, entre otros, de las actuaciones y procedimientos tributarios y aduaneros, los de Seguridad Social y desempleo, las actuaciones sancionadoras en esas materias y determinados procedimientos de extranjería y asilo. La Ley 39/2015 actúa en ellos de manera supletoria. Identificar la norma sectorial y la función que conserva la ley común es, por tanto, el primer paso antes de tramitar un expediente.
38.2
Expediente, interesados y representación
El expediente electrónico reúne documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y diligencias ordenados. Debe incluir índice autentificado y copia electrónica certificada al remitirse. Quedan fuera información auxiliar, borradores, notas y comunicaciones internas, salvo informes preceptivos o solicitados antes de resolver.
Son interesados quienes promueven el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos; quienes, sin haberlo iniciado, poseen derechos que pueden resultar afectados; y quienes, teniendo un interés legítimo, comparecen antes de que se dicte resolución. Las asociaciones pueden representar los intereses colectivos que la ley les reconozca. Si durante la instrucción aparecen titulares de derechos directos que puedan ser identificados, debe comunicárseles la tramitación.
Puede actuarse por representante. Para trámites ordinarios se presume representación; para solicitudes, recursos, desistimientos, renuncias y actos que la exijan debe acreditarse. El defecto se subsana. Los registros electrónicos de apoderamientos facilitan acreditación.
38.3
Iniciación de oficio
El procedimiento se inicia siempre mediante acuerdo del órgano competente. La propia iniciativa, la orden superior, la petición razonada de otro órgano y la denuncia son vías por las que llegan al órgano competente los hechos que pueden justificar la apertura, pero ninguna sustituye al acuerdo formal de iniciación. Esta distinción permite fijar con precisión cuándo comienza el procedimiento y, con él, el cómputo del plazo máximo para resolver.
La propia iniciativa parte del conocimiento directo o indirecto del órgano competente. La orden superior procede de un órgano jerárquicamente superior. La petición razonada la formula otro órgano que carece de competencia para iniciar; no vincula al competente, aunque este debe comunicarle los motivos por los que decida no actuar. La denuncia pone en conocimiento de la Administración unos hechos que podrían justificar la iniciación.
La denuncia debe identificar a quien la presenta y relatar los hechos conocidos. Cuando invoque un perjuicio para el patrimonio público, la decisión de no iniciar debe motivarse y comunicarse al denunciante. Presentar la denuncia no convierte por sí solo a quien la formula en interesado: para adquirir esa condición debe encajar en alguno de los supuestos generales del artículo 4 de la Ley 39/2015.
En procedimientos sancionadores se separan instrucción y sanción y el acuerdo identifica responsable, hechos, calificación, sanciones posibles, instructor, competencia y derechos. No se impone sanción sin procedimiento.
En responsabilidad patrimonial, la iniciación de oficio requiere que derecho no haya prescrito y se comunica a lesionado para alegaciones y prueba.
38.4
Iniciación a solicitud
La solicitud contiene la identificación del interesado, el medio de notificación, los hechos, las razones, la petición, el lugar, la fecha, la firma y el órgano destinatario. Puede presentarse en los registros electrónicos, las oficinas de asistencia, Correos, las representaciones diplomáticas y los demás lugares previstos legalmente. La fecha de entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para tramitarla determina el inicio del cómputo, sin perjuicio del recibo que acredita cuándo y qué se presentó.
Si faltan requisitos o documentos exigidos, se requiere la subsanación en diez días. Salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, ese plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días cuando existan dificultades especiales. Si el requerimiento no se atiende, la Administración debe dictar una resolución que tenga al solicitante por desistido. No existe un archivo automático ni puede confundirse esta consecuencia con una desestimación sobre el fondo.
La Administración puede proponer al solicitante que modifique o mejore voluntariamente los términos de su petición, dejando constancia en el expediente. También puede establecer modelos específicos y, cuando una norma imponga su uso, debe mantenerlos accesibles. Si una persona obligada a relacionarse electrónicamente presenta la solicitud en papel, ha de subsanarla por vía electrónica y la fecha válida de presentación será la de esa subsanación.
Las solicitudes de varias personas con pretensiones de contenido y fundamento idénticos o sustancialmente similares pueden formularse conjuntamente, salvo que las normas del procedimiento dispongan otra cosa. Si esa presentación dificulta la tramitación, el órgano puede exigir escritos separados mediante decisión motivada.
Declaración responsable y comunicación
La declaración responsable es el documento mediante el cual la persona manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos para obtener un derecho o ejercer una actividad, que dispone de la documentación acreditativa y que mantendrá su cumplimiento durante el tiempo necesario. La comunicación se limita a poner determinados datos en conocimiento de la Administración para iniciar una actividad o ejercer un derecho.
Ambas permiten, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades administrativas de comprobación, control e inspección. Una inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la falta de presentación del documento exigido, impide continuar con el derecho o actividad desde que se conozcan los hechos y puede generar restitución, responsabilidades y, cuando lo prevea la ley sectorial, la imposibilidad temporal de iniciar otro procedimiento con el mismo objeto. No cabe exigir simultáneamente declaración responsable y comunicación para una misma actividad.
38.5
Actuaciones previas y medidas provisionales
Antes de iniciar pueden practicarse actuaciones para conocer las circunstancias del caso y decidir si existen razones suficientes para abrir el procedimiento. En materia sancionadora sirven para precisar los hechos, las posibles personas responsables y las circunstancias relevantes. Todavía no constituyen el procedimiento ni pueden convertirse en una investigación indefinida que eluda sus plazos y garantías.
Una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales necesarias para asegurar que la futura resolución conserve su utilidad. Pueden consistir, según la naturaleza del asunto, en la suspensión temporal de actividades, prestación de fianzas, retirada o intervención de bienes, cierre temporal de establecimientos, embargo preventivo u otras medidas previstas procesalmente.
Antes de la iniciación solo pueden adoptarse cuando exista una urgencia inaplazable y resulte necesario proteger provisionalmente los intereses implicados. El acuerdo de iniciación, que debe dictarse dentro de los quince días siguientes, ha de confirmarlas, modificarlas o levantarlas. Si el procedimiento no se inicia en ese plazo o el acuerdo no contiene un pronunciamiento expreso, las medidas quedan sin efecto.
La elección debe respetar los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. No puede adoptarse una medida que cause perjuicios de difícil o imposible reparación ni que vulnere derechos protegidos por las leyes. Si cambian las circunstancias puede modificarse o levantarse durante la tramitación; en todo caso, se extingue cuando surte efectos la resolución que pone fin al procedimiento.
38.6
Ordenación
Una vez iniciado, el procedimiento avanza por impulso de oficio. No corresponde al interesado recordar a la Administración cada actuación necesaria: el órgano instructor debe ordenar los trámites y remover los obstáculos que impidan resolver. La tramitación se realiza por medios electrónicos y debe respetar los principios de transparencia y publicidad. Los expedientes de naturaleza homogénea guardan el orden riguroso de incoación, salvo que exista una orden motivada que justifique alterarlo; el incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria.
La concentración de trámites evita demoras innecesarias: deben acordarse en un solo acto todos los que admitan impulso simultáneo y no exijan cumplimiento sucesivo. Cuando se solicita una actuación a otro órgano, la comunicación debe señalar el plazo legal para realizarla. Las cuestiones incidentales no detienen el expediente, salvo la recusación, porque de otro modo cualquier discusión accesoria podría paralizar la decisión principal.
Salvo que una norma establezca otro plazo, los interesados disponen de diez días, contados desde el siguiente a la notificación, para cumplimentar los trámites. Si una actuación no reúne los requisitos necesarios, se les concede otros diez días para completarla. Vencido el plazo pueden perder el derecho al trámite; no obstante, la actuación debe admitirse si se presenta antes o dentro del día en que se notifique la resolución que declare transcurrido el plazo.
El órgano puede acumular procedimientos que guarden identidad sustancial o una conexión íntima cuando sea competente para tramitarlos y resolverlos. La acumulación permite una instrucción y una decisión coherentes, pero no debe perjudicar la defensa ni mezclar regímenes incompatibles. Contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso independiente.
38.7
Instrucción
Alegaciones y prueba
Los interesados pueden formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento anterior a la audiencia. Además de discutir el fondo, pueden advertir defectos de tramitación, como paralizaciones, incumplimientos de plazos u omisiones todavía subsanables. Estas observaciones deben tenerse en cuenta al redactar la propuesta y pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria si existe causa para ello.
La prueba permite convertir las afirmaciones de las partes y los datos obtenidos de oficio en hechos que puedan sostener la resolución. Pueden utilizarse todos los medios admisibles en Derecho. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abre un periodo de entre diez y treinta días; a petición de los interesados puede acordar además un periodo extraordinario de hasta diez días. Solo cabe rechazar una prueba cuando sea manifiestamente improcedente o innecesaria, y la decisión debe motivarse.
La valoración sigue los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil y debe reflejarse en la propuesta cuando resulte decisiva. Los documentos formalizados por funcionarios a quienes se reconoce la condición de autoridad hacen prueba de los hechos constatados directamente, salvo prueba en contrario; no convierten en indiscutibles valoraciones u opiniones. Los informes periciales han de exponer el razonamiento que conduce a sus conclusiones.
Informes
El instructor solicita los informes que una norma declare preceptivos y aquellos que considere necesarios para resolver. La petición debe indicar el precepto que los exige o justificar su conveniencia y concretar las cuestiones sobre las que debe pronunciarse el órgano informante. Salvo disposición expresa, los informes son facultativos y no vinculantes y deben emitirse electrónicamente en diez días.
Si un informe no se recibe dentro de plazo, el procedimiento puede continuar, sin perjuicio de la responsabilidad por la demora. Cuando sea preceptivo, el plazo máximo para resolver puede suspenderse desde que se solicita hasta que se recibe, con el límite general de tres meses. Si no llega dentro de ese periodo, la tramitación continúa. Un informe no vinculante no obliga a seguir su criterio, pero apartarse de una valoración técnica o jurídica relevante exige una motivación suficiente.
Audiencia e información pública
Concluida la instrucción e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pone el expediente de manifiesto a los interesados. Durante un plazo de entre diez y quince días pueden examinar lo actuado, formular alegaciones y aportar documentos. La audiencia les permite defenderse frente al conjunto de materiales que vaya a utilizarse para decidir; no es una repetición general de la fase probatoria. Solo puede omitirse cuando no figuren ni vayan a tenerse en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aportados por el propio interesado.
La información pública cumple una función diferente: abre el expediente a cualquier persona cuando la naturaleza del asunto lo requiera. Se anuncia en el diario oficial y concede un plazo no inferior a veinte días. Comparecer no otorga por sí solo la condición de interesado, aunque sí el derecho a obtener una respuesta razonada a las alegaciones. No participar tampoco impide recurrir posteriormente a quien tenga legitimación por otra causa.
38.8
Terminación
La forma normal de terminación es la resolución. Debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y las que se deriven del procedimiento. Si el órgano pretende pronunciarse sobre una cuestión conexa que nadie haya planteado, debe ponerla antes de manifiesto durante un plazo no superior a quince días para permitir alegaciones y prueba. En los procedimientos iniciados a solicitud, la decisión debe ser congruente con lo pedido y no puede agravar la situación inicial, sin perjuicio de que la Administración inicie otro procedimiento cuando exista fundamento para ello.
La resolución contiene la decisión y debe motivarse en los casos previstos por la ley. También identifica los recursos procedentes, el órgano ante el que se interponen y su plazo. Se dicta electrónicamente garantizando la identidad del órgano competente y la autenticidad e integridad del documento. La falta, oscuridad o insuficiencia de la norma aplicable no permite dejar el asunto sin resolver.
Cuando instrucción y resolución correspondan a órganos distintos, el instructor eleva una propuesta al órgano competente. Antes de resolver, este puede acordar motivadamente actuaciones complementarias indispensables, que deben practicarse en un máximo de quince días. Se concede después a los interesados siete días para alegar sobre su resultado. No tienen esa consideración los informes que preceden inmediatamente a la resolución.
La terminación convencional permite celebrar acuerdos, pactos o convenios cuando no sean contrarios al ordenamiento, versen sobre materias susceptibles de transacción y persigan el interés público. El acuerdo puede poner fin al procedimiento o integrarse en él antes de la resolución. Debe identificar a las partes, su ámbito, el plazo de vigencia y las personas que lo firman. No puede alterar las competencias atribuidas a los órganos ni las responsabilidades de autoridades y empleados públicos.
El desistimiento abandona la solicitud y permite, en principio, volver a formularla mientras el derecho no haya prescrito. La renuncia abandona el propio derecho y solo es posible cuando el ordenamiento no la prohíbe. Ambas deben constar de forma inequívoca. La Administración las acepta y declara terminado el procedimiento, salvo que terceros personados soliciten su continuación en diez días o que el interés general aconseje esclarecer la cuestión; en estos casos puede limitar sus efectos a quien desistió o renunció.
La imposibilidad material sobrevenida de continuar también debe declararse mediante resolución motivada. En los procedimientos iniciados a solicitud, la caducidad puede producirse cuando una paralización indispensable sea imputable al interesado. La Administración debe advertirle de que, si no reanuda la tramitación, transcurridos tres meses acordará el archivo. La simple inactividad en un trámite no imprescindible solo ocasiona la pérdida de ese trámite, no la caducidad de todo el procedimiento.
La caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero el procedimiento caducado no interrumpe su cómputo. Si todavía puede iniciarse otro, podrán incorporarse los actos y trámites cuyo contenido habría permanecido igual; deberán repetirse, en todo caso, las alegaciones, la proposición de prueba y la audiencia. Excepcionalmente puede no aplicarse la caducidad cuando la cuestión afecte al interés general o convenga esclarecerla.
38.9
Obligación de resolver y plazos
La Administración debe dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. Cuando el expediente termina por prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento o desaparición sobrevenida de su objeto, la resolución declara esa circunstancia e indica los hechos y las normas aplicables. Solo se exceptúan los supuestos de terminación mediante pacto o convenio y los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.
El plazo máximo es el establecido por la norma reguladora y no puede exceder de seis meses, salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea autoricen otro superior. Si la norma no fija plazo, es de tres meses. En los procedimientos iniciados de oficio se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud, desde la entrada de esta en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para tramitarla.
La Administración debe publicar la relación de sus procedimientos, sus plazos máximos y los efectos del silencio. Además, ha de informar al interesado de esos extremos en la notificación del acuerdo de iniciación o, en los procedimientos solicitados, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud. El personal responsable de la tramitación debe remover los obstáculos que impidan resolver y el incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidad disciplinaria.
La ley distingue causas en las que el plazo máximo puede suspenderse y otras en las que la suspensión es obligatoria. Entre las primeras figuran el requerimiento de subsanación, la necesidad de un pronunciamiento previo de la Unión Europea, la solicitud de informes preceptivos, la realización de pruebas técnicas o análisis contradictorios, la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo y la existencia de un procedimiento europeo no finalizado que condicione directamente la decisión. Cada causa tiene su propio momento inicial y final y, en algunos casos, una duración máxima.
La suspensión es obligatoria cuando una Administración requiere a otra para anular o revisar un acto que considera ilegal y que condiciona su decisión, cuando el órgano competente acuerda actuaciones complementarias o cuando se promueve la recusación. La necesidad de un pronunciamiento judicial indispensable figura, en cambio, entre los supuestos en los que el plazo puede suspenderse. La Administración debe documentar y comunicar las fechas relevantes, pues la mera invocación genérica de una causa no permite prolongar indefinidamente el procedimiento.
Si el número de solicitudes o de personas afectadas impide cumplir el plazo pese a haberse habilitado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente puede acordar excepcionalmente una ampliación motivada. Esta no puede superar el plazo inicialmente establecido y debe notificarse a los interesados. No debe confundirse con la ampliación de un trámite concreto, que se rige por sus propias condiciones.
La suspensión detiene temporalmente el cómputo y, al cesar la causa, continúa con el tiempo que restaba. No equivale a una interrupción, que haría comenzar de nuevo el plazo. Esta diferencia permite calcular si la Administración resolvió a tiempo y determinar los efectos jurídicos del vencimiento.
38.10
Silencio en procedimientos a solicitud
Como regla general, el vencimiento del plazo sin resolución expresa permite entender estimada la solicitud. El silencio positivo produce un verdadero acto presunto que pone fin al procedimiento y puede hacerse valer ante la Administración y frente a terceros desde que vence el plazo. No es una autorización provisional: solo puede eliminarse mediante los procedimientos de revisión previstos legalmente. Por ello, la resolución expresa dictada después únicamente puede confirmar la estimación.
El silencio es desestimatorio cuando así lo establece una norma con rango de ley o una norma del Derecho de la Unión Europea o del Derecho internacional aplicable. Si se trata del acceso a una actividad o de su ejercicio, la ley que establezca el sentido negativo debe fundarse en razones imperiosas de interés general. La Ley 39/2015 lo dispone expresamente en los procedimientos relativos al derecho de petición; en aquellos cuya estimación transfiera facultades sobre el dominio o el servicio público; en actividades que puedan dañar el medio ambiente; en responsabilidad patrimonial; y en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y de revisión de oficio iniciados a solicitud.
Existe una regla especial para el recurso de alzada interpuesto contra una desestimación producida por silencio. Si tampoco se resuelve el recurso dentro de plazo, se entiende estimado, salvo que el procedimiento verse sobre derecho de petición, transferencia de facultades relativas al dominio o servicio público, actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente o responsabilidad patrimonial. Este llamado doble silencio positivo evita que dos incumplimientos sucesivos de la obligación de resolver perjudiquen indefinidamente al interesado, pero conserva las excepciones expresamente señaladas por la ley.
La desestimación por silencio es una ficción que permite interponer el recurso administrativo o contencioso correspondiente; no crea un acto material favorable para la Administración. La resolución posterior no queda vinculada por el sentido negativo y puede estimar la solicitud. Tanto la estimación como la desestimación pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. El certificado acreditativo debe expedirse de oficio en los quince días siguientes al vencimiento, sin perjuicio de que el interesado pueda pedirlo en cualquier momento.
38.11
Falta de resolución en procedimientos de oficio
En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones favorables, quienes hayan comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones una vez vencido el plazo. El expediente no produce por silencio el beneficio que la Administración estaba valorando reconocer.
En los procedimientos sancionadores o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el vencimiento determina la caducidad. La resolución que la declara ordena el archivo, sin perjuicio de que pueda abrirse un nuevo procedimiento si la potestad o la infracción no han prescrito.
La caducidad no extingue por sí sola la infracción ni la potestad material, pero el procedimiento caducado no interrumpe la prescripción. Si todavía puede iniciarse otro, podrán incorporarse los actos y trámites cuyo contenido habría permanecido igual; en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse de nuevo las alegaciones, la proposición de prueba y la audiencia. De este modo se aprovechan actuaciones objetivamente reproducibles sin trasladar automáticamente un expediente que ya ha perdido su validez procedimental.
Si la paralización es imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar. Esta regla exige que la conducta haya impedido realmente continuar; una mera falta de colaboración en un trámite no indispensable no justifica atribuirle toda la demora.
38.12
Tramitación simplificada
Cuando lo aconsejen razones de interés público o la falta de complejidad, la Administración puede acordar la tramitación simplificada de oficio o a solicitud del interesado. Si la acuerda de oficio debe notificarlo y, como regla general, la oposición expresa de cualquiera de los interesados obliga a continuar por la vía ordinaria. Esta posibilidad de oposición no rige en el procedimiento sancionador simplificado.
El interesado también puede solicitarla. El órgano dispone de cinco días para rechazar la petición si no concurren sus presupuestos; la desestimación no es recurrible y, si no se contesta en ese plazo, la solicitud se entiende desestimada. La negativa afecta únicamente al modo de tramitación, no al fondo del procedimiento.
Salvo que reste menos para concluir la tramitación ordinaria, el procedimiento simplificado debe resolverse en treinta días contados desde el siguiente a la notificación del acuerdo. Comprende únicamente el inicio, la eventual subsanación, cinco días de alegaciones iniciales, audiencia cuando la resolución vaya a ser desfavorable, los informes del servicio jurídico o del Consejo General del Poder Judicial cuando sean preceptivos, el dictamen del órgano consultivo cuando corresponda y la resolución.
Si se necesita un trámite no incluido en esa relación, debe continuarse por la vía ordinaria. También se retorna a ella cuando el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente sea contrario al fondo de la propuesta, aunque el órgano competente decida no seguir su criterio. Las actuaciones practicadas conservan su validez, salvo ese dictamen. La simplificación acorta y concentra la tramitación, pero no autoriza a prescindir de una garantía imprescindible.
En materia sancionadora puede utilizarse cuando existan elementos suficientes para calificar la infracción como leve. En responsabilidad patrimonial procede cuando sean inequívocos la causalidad, la valoración del daño y la cuantía. Estas reglas especiales evitan aplicar el cauce abreviado cuando todavía existe una controversia sustancial que exige una instrucción completa.
38.13
Síntesis del tema
El procedimiento convierte una potestad en una decisión formada con hechos, participación y garantías. Comienza de oficio o a solicitud, avanza por impulso administrativo, incorpora prueba e informes y termina normalmente por resolución.
La Administración debe resolver dentro del plazo, con suspensión o ampliación solo en casos legales. Desistimiento, renuncia y caducidad tienen causas y efectos distintos y siempre requieren tratamiento formal.
El silencio protege frente a la inactividad: en los procedimientos solicitados es estimatorio como regla y desestimatorio en las excepciones; en los iniciados de oficio, produce la desestimación de pretensiones favorables o la caducidad de los procedimientos desfavorables. Nunca elimina el deber de resolver ni legitima el retraso.
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema
0 de 6 respondidas
- Convocatoria de 2024, primer ejercicio ordinario, pregunta 62.
1. ¿Qué consecuencia establece el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un interesado no responde al requerimiento administrativo de subsanación o mejora de su solicitud?
- Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 58.
2. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿en cuál de los siguientes casos tendrá efecto desestimatorio el silencio administrativo?
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 53.
3. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, cuando la Administración ejerza potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación de resolver, y se producirá el siguiente efecto:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 64.
4. Señale la respuesta correcta en relación con la acumulación de procedimientos del artículo 57 de la Ley 39/2015:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 66.
5. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada:
- Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 63.
6. De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/2015, en el caso del procedimiento en materia sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando:
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Para estudiar la norma completa: Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.
Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente
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