Bloque 5 · Administración de recursos humanos

Explicación del Tema 41 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Empleados públicos: clases, acceso y pérdida de la relación de servicio

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41.1

Régimen jurídico del empleo público

El empleo público reúne relaciones de servicio distintas bajo una finalidad común: prestar funciones retribuidas en las Administraciones públicas al servicio de los intereses generales. La definición no depende únicamente de que la retribución proceda de fondos públicos. Es necesario que la persona se integre en una Administración o entidad incluida en el ámbito correspondiente y que su vínculo sea uno de los reconocidos por el ordenamiento.

El TREBEP establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios y determina las reglas que resultan aplicables al personal laboral. Se aplica a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes y las universidades públicas. Algunos colectivos —como jueces, fiscales, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad o personal al servicio de la Administración de Justicia— cuentan con legislación específica y solo quedan sometidos directamente al Estatuto cuando esa legislación así lo disponga.

La regulación se construye por niveles. El TREBEP contiene las bases comunes; las leyes de función pública del Estado y de las comunidades autónomas desarrollan el modelo dentro de sus competencias; y los reglamentos concretan cuestiones organizativas y procedimentales. En la Administración General del Estado siguen aplicándose los preceptos vigentes de la Ley 30/1984 y sus reglamentos mientras no hayan sido sustituidos o resulten incompatibles con el Estatuto.

El régimen tampoco es idéntico para todas las clases de personal. El funcionario mantiene una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo: sus derechos y deberes no nacen de un contrato individual, sino de la ley y de las normas que desarrollan su estatuto. El personal laboral se rige por la legislación laboral, el convenio colectivo, el contrato y las normas del TREBEP que le sean aplicables. Al eventual se le aplica el régimen funcionarial en cuanto resulte compatible con la naturaleza no permanente y fiduciaria de su nombramiento.

Esta combinación de fuentes explica por qué una misma materia puede recibir soluciones distintas. La selección de todo el personal debe respetar igualdad, mérito y capacidad, pero la adquisición del vínculo se produce mediante nombramiento y toma de posesión en el caso funcionarial y mediante contrato en el laboral. Del mismo modo, la pérdida de la condición de funcionario se somete al artículo 63 del TREBEP, mientras que la extinción del contrato laboral se rige principalmente por la legislación laboral.

Los principios de servicio a la ciudadanía, objetividad, legalidad, imparcialidad, profesionalidad, transparencia, igualdad entre mujeres y hombres, evaluación y responsabilidad se proyectan sobre el conjunto del empleo público. La Administración no actúa como un empleador privado ordinario: incluso cuando contrata personal laboral, queda vinculada por las reglas de selección pública, la planificación presupuestaria, las incompatibilidades y el sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

41.2

Funcionarios de carrera

El funcionario de carrera está vinculado a una Administración mediante nombramiento legal y una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo. Presta servicios profesionales retribuidos con carácter permanente. La palabra «permanente» describe la estabilidad de la relación de servicio, no el derecho a conservar indefinidamente un puesto concreto, unas funciones determinadas o un destino inalterable.

La condición de funcionario, la pertenencia a un cuerpo o escala y la ocupación de un puesto son realidades diferentes. La condición nace conforme al artículo 62 del TREBEP; el cuerpo o escala agrupa a quienes han sido seleccionados para desempeñar funciones de características comunes; y el puesto concreto se obtiene mediante los procedimientos de provisión. Un cambio de destino, una comisión de servicios o la supresión de un puesto no extinguen por sí mismos la condición funcionarial.

La relación estatutaria implica que los elementos esenciales del vínculo proceden de las normas. La Administración no puede alterar libremente el estatuto, pero el funcionario tampoco puede pactar individualmente un régimen distinto del establecido. La inamovilidad protege la condición de funcionario de carrera frente a ceses arbitrarios, sin impedir la movilidad, la reasignación o el ejercicio de las potestades organizativas dentro de los límites legales.

El artículo 9.2 reserva a los funcionarios el ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales. La reserva no convierte toda tarea administrativa en función funcionarial: las leyes de desarrollo deben determinar su alcance. Sí exige una vinculación estatutaria especialmente garantizada cuando se ejercen facultades de autoridad, inspección, sanción, decisión coactiva o protección directa de intereses públicos esenciales.

Los cuerpos y escalas se clasifican en grupos según la titulación exigida. El grupo A se divide en A1 y A2 y requiere, con carácter general, título universitario; la adscripción a uno u otro subgrupo atiende al nivel de responsabilidad y a las características de las pruebas. El grupo B exige título de Técnico Superior. El grupo C se divide en C1, para cuyo acceso se requiere Bachiller o Técnico, y C2, que exige Educación Secundaria Obligatoria. Las Administraciones pueden crear agrupaciones profesionales para cuyo acceso no se requiera una titulación del sistema educativo.

La carrera y la provisión actúan después del ingreso. La carrera permite progresar profesionalmente según los principios de igualdad, mérito y capacidad; la provisión permite ocupar sucesivos puestos. Ninguna de ellas debe confundirse con la adquisición inicial de la condición de funcionario.

41.3

Funcionarios interinos

Los funcionarios interinos son nombrados temporalmente para ejercer funciones propias de funcionarios de carrera cuando existen razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. La interinidad no constituye una clase de contrato laboral: nace de un nombramiento administrativo y queda sometida, con las adaptaciones necesarias, al régimen funcionarial.

El nombramiento solo puede responder a uno de estos cuatro supuestos:

  1. ocupar vacantes no cubiertas por carrera, por máximo general de tres años;
  2. sustituir transitoriamente titulares durante tiempo necesario;
  3. ejecutar programas temporales hasta tres años, ampliables doce meses por leyes de función pública;
  4. atender exceso o acumulación de tareas durante máximo nueve meses dentro de dieciocho.

Cada supuesto tiene una causa y una duración propias. La interinidad por vacante atiende provisionalmente una plaza que no ha podido cubrirse por un funcionario de carrera. La sustitución dura mientras el titular conserve el derecho a reincorporarse. El programa temporal permite atender una actuación limitada en el tiempo, aunque no exista una plaza vacante. La acumulación de tareas responde a un incremento transitorio de trabajo y su límite de nueve meses se calcula dentro de un periodo de dieciocho.

El nombramiento no puede utilizarse como vía ordinaria para mantener indefinidamente necesidades estructurales. Las plazas vacantes deben incorporarse a los mecanismos de provisión o movilidad. Transcurridos tres años desde el nombramiento finaliza la interinidad y la vacante solo puede ser ocupada por personal de carrera. Si el proceso selectivo queda desierto, cabe efectuar otro nombramiento interino.

Existe una excepción distinta: el interino puede continuar en la plaza cuando la convocatoria se haya publicado dentro de los tres años y se resuelva dentro de los plazos del artículo 70. En ese caso permanece hasta la resolución, sin que el cese origine compensación. No se trata de un nuevo nombramiento ni de una conversión en funcionario de carrera.

La selección es pública y se rige por igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, con finalidad de cobertura inmediata. Celeridad no permite bolsas opacas ni designación libre.

La Administración debe formalizar de oficio el cese cuando la plaza se cubre reglamentariamente, se suprime o amortiza, termina el plazo autorizado o desaparece la causa del nombramiento. Estos ceses ordinarios no generan compensación. Tampoco la genera el cese posterior a la permanencia excepcional mientras se resolvía una convocatoria publicada en plazo.

Cuestión distinta es el incumplimiento irregular del plazo máximo de permanencia. La disposición adicional decimoséptima reconoce entonces una compensación de veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, con prorrateo mensual y máximo de doce mensualidades. Nace con el cese efectivo, se refiere al nombramiento que produjo el incumplimiento y no procede si la relación termina por causa disciplinaria o renuncia voluntaria. La compensación repara la temporalidad irregular, pero no transforma el nombramiento en una relación de carrera.

La utilización abusiva de nombramientos temporales debe prevenirse y puede generar las consecuencias legales y de responsabilidad previstas, pero no permite adquirir directamente la condición de funcionario de carrera. Esa condición exige superar un proceso selectivo respetuoso con igualdad, mérito y capacidad; la reparación del abuso y el acceso permanente responden a planos distintos.

Al interino se le aplica el régimen general del funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a su temporalidad y al carácter extraordinario y urgente del nombramiento. Quedan excluidos los derechos inherentes a la condición de carrera, especialmente la inamovilidad propia de esa condición. Esto no significa que carezca de derechos retributivos, permisos o reconocimiento de servicios, sino que deben aplicarse atendiendo a la naturaleza temporal del vínculo.

41.4

Personal laboral

Es personal laboral quien presta servicios retribuidos a una Administración en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito. El vínculo no nace de un nombramiento estatutario, sino del contrato celebrado después del correspondiente proceso de selección. Según su duración, el TREBEP distingue personal fijo, por tiempo indefinido y temporal.

El personal laboral fijo ha superado un proceso selectivo dirigido a ocupar de manera estable una plaza de naturaleza laboral. El temporal celebra una modalidad contractual de duración determinada cuando concurre una causa admitida por la legislación laboral y una necesidad pública que justifica la contratación. La expresión legal «por tiempo indefinido» no debe confundirse automáticamente con la fijeza.

La figura del indefinido no fijo ha sido construida por la jurisprudencia para responder a determinadas irregularidades en la contratación pública. Reconoce que la relación no puede continuar tratándose como temporal cuando se han incumplido sus reglas, pero no otorga la misma estabilidad que al personal laboral fijo seleccionado conforme a igualdad, mérito y capacidad. La persona permanece hasta la cobertura reglamentaria o amortización de la plaza, con los efectos que determine la normativa y la jurisprudencia aplicables.

Su régimen combina distintas fuentes: TREBEP, Estatuto de los Trabajadores, legislación laboral especial, convenio colectivo y contrato. El convenio puede concretar categorías, clasificación, jornada, retribuciones, movilidad y régimen disciplinario, pero no puede eliminar los principios constitucionales que condicionan el empleo público. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia se aplica el TREBEP en los términos establecidos por su artículo 7.

Las leyes de función pública determinan los criterios para identificar los puestos que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando la reserva funcionarial del artículo 9.2. Por ello, no basta con que una tarea haya sido tradicionalmente laboral: debe comprobarse que no comporte ejercicio de potestades públicas ni salvaguardia de intereses generales reservada a funcionarios.

La selección debe ser pública y respetar igualdad, mérito y capacidad. Para el personal fijo pueden utilizarse oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. En la contratación temporal se añade la celeridad para atender una necesidad urgente, pero esta exigencia no autoriza una selección arbitraria ni opaca.

La relación laboral se extingue conforme a las causas y procedimientos de la legislación laboral, el convenio y el contrato: finalización válida de la causa temporal, despido, dimisión, jubilación u otras causas legalmente previstas. No se le aplican sin más las causas de pérdida de la condición de funcionario del artículo 63, aunque determinados hechos —como una inhabilitación incompatible con el puesto— puedan producir consecuencias laborales conforme a su normativa propia.

41.5

Personal eventual y directivo

El personal eventual es nombrado con carácter no permanente para realizar exclusivamente funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial. No puede utilizarse para cubrir puestos estructurales, desarrollar ordinariamente tareas técnicas reservadas a profesionales ni sustituir a funcionarios o laborales en funciones permanentes.

Las leyes de función pública determinan qué órganos de gobierno pueden disponer de este personal. Cada órgano competente fija el número máximo, y tanto ese número como las condiciones retributivas deben ser públicos. Las retribuciones se abonan con cargo a créditos presupuestarios destinados específicamente a esta finalidad, lo que permite controlar su existencia y coste.

El nombramiento y el cese son libres. Además, el cese se produce necesariamente cuando cesa la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento. La libertad de nombramiento explica su vínculo fiduciario, pero no amplía las funciones que puede realizar: la confianza determina la elección de la persona, no autoriza a atribuirle cualquier competencia administrativa.

La experiencia como eventual no puede constituir mérito para acceder a la función pública ni para la promoción interna. Se le aplica el régimen general de los funcionarios en cuanto resulte compatible con su condición, pero no adquiere inamovilidad ni derecho a permanecer tras el cese de la autoridad.

El personal directivo profesional pertenece a una categoría regulada separadamente. Desarrolla funciones que las normas de cada Administración califican como directivas y su designación debe atender al mérito, la capacidad y la idoneidad mediante procedimientos con publicidad y concurrencia. Su gestión se evalúa conforme a eficacia, eficiencia, responsabilidad y cumplimiento de objetivos.

No debe confundirse con el eventual. El eventual se selecciona por una relación de confianza para asesorar; el directivo se elige por su competencia profesional para dirigir y queda sujeto a evaluación de resultados. El directivo puede tener condición funcionarial o laboral; cuando sea laboral, su vínculo se somete a la relación laboral especial de alta dirección. Sus condiciones de empleo no constituyen materia de negociación colectiva a efectos del TREBEP.

41.6

Acceso al empleo público

El acceso al empleo público concreta el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. No existe un derecho a obtener una plaza, pero sí a concurrir en condiciones de igualdad y a que la selección se resuelva conforme a mérito y capacidad. La publicidad de la convocatoria y de sus bases permite conocer las reglas; la transparencia hace controlable su aplicación; y la imparcialidad, profesionalidad e independencia técnica protegen la objetividad de la valoración.

Las pruebas deben guardar relación con las funciones que se desempeñarán. Pueden comprobar conocimientos, capacidad analítica, habilidades prácticas, idiomas, aptitudes físicas u otras competencias justificadas. La agilidad es un principio del proceso, pero nunca permite reducir las garantías de objetividad ni alterar las bases después de iniciada la selección.

Requisitos generales

Para participar se exige:

  1. poseer la nacionalidad requerida;
  2. tener capacidad funcional para las tareas;
  3. haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación forzosa;
  4. no haber sido separado disciplinariamente de una Administración u órgano constitucional o estatutario ni hallarse inhabilitado en los términos legales;
  5. poseer la titulación exigida.

Solo una ley puede establecer una edad máxima diferente de la jubilación forzosa. También pueden exigirse otros requisitos específicos, pero deben formularse de manera abstracta y general y mantener una relación objetiva y proporcionada con las funciones. No sería admisible diseñar una condición aparentemente neutra para favorecer o excluir a una persona concreta.

En territorios con dos lenguas oficiales, las Administraciones deben prever la selección de personal con la capacitación lingüística necesaria. La exigencia debe responder al puesto y aplicarse conforme a la legislación correspondiente.

Nacionalidad

Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como funcionarios en igualdad de condiciones, salvo a empleos que impliquen directa o indirectamente ejercicio del poder público o salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones. La excepción se relaciona con la naturaleza de las funciones y no permite reservar indiscriminadamente todo el empleo funcionarial a españoles.

El régimen se extiende, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge no separado de derecho de españoles y nacionales de la Unión y a sus descendientes o los del cónyuge cuando sean menores de veintiún años o mayores dependientes. También alcanza a quienes estén incluidos en tratados celebrados por la Unión y ratificados por España que reconozcan la libre circulación de trabajadores.

Para acceder como personal laboral, los extranjeros incluidos en esos supuestos y quienes tengan residencia legal en España concurren en igualdad de condiciones que los españoles. La exención del requisito de nacionalidad para adquirir la condición funcionarial por razones de interés general solo puede establecerse mediante ley de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa autonómica.

Discapacidad y adaptaciones

Las ofertas de empleo público deben reservar al menos el 7 % de las vacantes a personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar progresivamente el 2 % de los efectivos. Dentro de esa reserva, al menos un 2 % de las plazas ofertadas se destina a personas con discapacidad intelectual y el resto a personas con cualquier otra discapacidad.

La reserva no elimina la necesidad de superar el proceso ni de acreditar la compatibilidad con las tareas. Las Administraciones deben facilitar adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios durante las pruebas y, una vez superadas, las adaptaciones necesarias en el puesto.

Órganos y sistemas de selección

Los órganos de selección son colegiados y deben componerse conforme a imparcialidad y profesionalidad, procurando la paridad entre mujeres y hombres. No pueden integrarlos personal de elección o designación política, funcionarios interinos ni personal eventual. Cada miembro actúa a título individual y no como representante de un sindicato, una asociación o la Administración que lo designó.

Los procesos tienen carácter abierto y garantizan la libre concurrencia, salvo las particularidades de la promoción interna y las medidas de acción positiva. Para funcionarios de carrera, los sistemas ordinarios son oposición y concurso-oposición, ambos con una o varias pruebas de capacidad. El concurso basado exclusivamente en méritos solo puede utilizarse excepcionalmente cuando una ley lo autorice.

Para personal laboral fijo pueden emplearse oposición, concurso-oposición o concurso de méritos. En el concurso-oposición, la valoración de méritos debe ser proporcionada y no puede decidir por sí sola el resultado, porque debe existir una comprobación efectiva de la capacidad.

Como regla, el órgano de selección no puede proponer más personas aprobadas que plazas convocadas. Si se producen renuncias antes del nombramiento o de la toma de posesión, el órgano convocante puede pedir una relación complementaria de los aspirantes siguientes para cubrir las plazas, siempre dentro de las condiciones legales.

41.7

Adquisición de la condición de funcionario de carrera

La condición de funcionario de carrera se adquiere mediante una secuencia de requisitos sucesivos. No basta con aprobar ni con aparecer en una lista de personas seleccionadas. Deben cumplirse acumulativamente:

  1. superar proceso selectivo;
  2. nombramiento por el órgano competente y publicación oficial;
  3. acatamiento de la Constitución y, en su caso, del estatuto de autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento;
  4. toma de posesión dentro del plazo.

Después de superar las pruebas, la persona debe acreditar que conserva todos los requisitos exigidos por la convocatoria. Si no lo hace, no puede ser nombrada y quedan sin efecto las actuaciones referidas a ella. La superación del proceso genera una expectativa de nombramiento condicionada al cumplimiento de esos requisitos, no una condición funcionarial incompleta.

El nombramiento debe proceder del órgano competente y publicarse en el diario oficial correspondiente. El acatamiento expresa el compromiso de respeto a la Constitución, al estatuto de autonomía cuando proceda y al resto del ordenamiento. Finalmente, la toma de posesión dentro del plazo incorpora efectivamente al funcionario al cuerpo o escala y al destino adjudicado.

Si el nombrado no toma posesión en plazo sin una causa admitida, no completa la adquisición. La firma del contrato y el alta en nómina no son requisitos del artículo 62: el contrato pertenece al personal laboral y el alta administrativa es una consecuencia de la incorporación, no el acto que crea la condición de funcionario.

41.8

Pérdida de la condición

El artículo 63 enumera de forma cerrada las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: renuncia, pérdida de la nacionalidad relevante, jubilación total, separación disciplinaria firme e inhabilitación penal firme. Deben distinguirse de un cambio de puesto, un cese en un destino o el paso a una situación administrativa, porque en estos casos puede mantenerse la condición funcionarial.

Renuncia

La renuncia es voluntaria, pero no produce efectos por la sola declaración del funcionario. Debe formularse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración. La aceptación permite comprobar que no concurre una causa que impida utilizar la renuncia para eludir responsabilidades.

No puede aceptarse cuando existe un expediente disciplinario o se ha dictado contra el funcionario auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delito. La renuncia aceptada extingue la condición, pero no inhabilita para volver a ingresar mediante un nuevo procedimiento selectivo.

Pérdida de nacionalidad

La pérdida de la nacionalidad española o de la nacionalidad que permitió el acceso puede extinguir la condición. No se produce ese efecto si simultáneamente se adquiere la nacionalidad de otro Estado que permita mantener el vínculo conforme a las reglas de acceso. Lo determinante no es cualquier cambio de nacionalidad, sino dejar de poseer una que habilite para el empleo funcionarial ocupado.

Jubilación

La pérdida de la condición se produce por jubilación total. La jubilación puede ser voluntaria, forzosa o derivada de incapacidad permanente para ejercer las funciones del cuerpo o escala, así como del reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o total referida a esas funciones.

La jubilación voluntaria exige cumplir los requisitos del régimen de Seguridad Social aplicable. Como regla del TREBEP, la forzosa se declara de oficio a los 65 años, aunque el personal funcionario incluido en el Régimen General se jubila a la edad que permita acceder a la pensión contributiva sin coeficiente reductor. Además, determinados colectivos se someten a normas estatales específicas.

Las leyes de función pública pueden permitir solicitar la prolongación en el servicio activo hasta un máximo de 70 años. No existe un derecho automático a prolongar: la Administración debe aceptar o denegar motivadamente la solicitud conforme a la regulación aplicable.

Separación e inhabilitación

La separación del servicio es una sanción administrativa y solo extingue la condición cuando ha adquirido firmeza. No debe confundirse con la suspensión, que puede privar temporalmente del ejercicio de funciones sin extinguir necesariamente el vínculo.

La inhabilitación procede de una sentencia penal firme. Si es absoluta, produce la pérdida respecto de todos los empleos o cargos públicos. Si es especial, afecta únicamente a los empleos o cargos especificados en la sentencia. La pena de prisión, por sí sola, no aparece en el artículo 63 como causa autónoma, aunque la sentencia pueda incorporar una inhabilitación o provocar otros efectos incompatibles con el servicio.

Finalización de otros vínculos

Las reglas anteriores se refieren a la condición de funcionario de carrera. El interino cesa además por cobertura, supresión, vencimiento del plazo o desaparición de la causa de su nombramiento. El eventual cesa libremente y, en todo caso, con la autoridad a la que asesora. El personal laboral pierde su vínculo cuando se extingue el contrato conforme a la legislación laboral. Esta distinción evita aplicar mecánicamente a todas las clases de personal un régimen pensado para funcionarios de carrera.

41.9

Rehabilitación

La rehabilitación permite recuperar la condición perdida en determinados supuestos, pero no funciona de igual manera en todos ellos. Cuando la extinción se produjo por pérdida de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente y desaparece la causa objetiva, el interesado puede solicitarla y la Administración debe concederla si se acredita esa desaparición.

Cuando la pérdida derivó de una inhabilitación penal, la rehabilitación es excepcional. Los órganos de gobierno pueden concederla atendiendo a las circunstancias y a la entidad del delito, pero no existe un derecho automático a obtenerla. Si vence el plazo para resolver sin decisión expresa, la solicitud se entiende desestimada.

El TREBEP no establece una rehabilitación ordinaria frente a la separación disciplinaria ni frente a una renuncia voluntaria. Ello no impide revisar o anular una sanción ilegal por los cauces correspondientes ni volver a ingresar después de una renuncia mediante un nuevo proceso selectivo.

La rehabilitación recupera la condición en los términos de la resolución, pero no supone necesariamente volver al mismo puesto ni reconocer automáticamente efectos económicos retroactivos. Debe diferenciarse la recuperación de la condición de la posterior asignación de destino.

41.10

Síntesis del tema

El empleo público reúne vínculos jurídicos diferentes. El funcionario de carrera mantiene una relación estatutaria permanente; el interino atiende temporalmente una necesidad legalmente tasada; el personal laboral se vincula mediante contrato; y el eventual desempeña funciones de confianza o asesoramiento especial. El personal directivo profesional se define por las funciones de dirección y la evaluación de resultados, pero no constituye una clase adicional en la enumeración del artículo 8.

El acceso exige cumplir los requisitos de la convocatoria y superar un proceso público basado en igualdad, mérito y capacidad. Para adquirir la condición de funcionario de carrera es necesario superar la selección, acreditar los requisitos, recibir un nombramiento publicado, acatar el ordenamiento y tomar posesión dentro del plazo. Ninguna de estas fases, por separado, completa la adquisición.

La condición se pierde por renuncia aceptada, pérdida de la nacionalidad habilitante, jubilación total, separación disciplinaria firme o inhabilitación penal firme. Las situaciones administrativas y los cambios de destino no extinguen por sí mismos el vínculo. La rehabilitación permite recuperarlo en supuestos delimitados y debe distinguirse tanto del nuevo ingreso como de la asignación posterior de un puesto.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 7 preguntas oficiales de este tema

0 de 7 respondidas

  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 61.

    1. De acuerdo con el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿cuál de los siguientes NO es un requisito para la adquisición de la condición de funcionario de carrera?

  2. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 62.

    2. De acuerdo con el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿es la renuncia una forma de pérdida de la condición de funcionario?

  3. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 67.

    3. De acuerdo con el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en cuál de las siguientes circunstancias se permite el nombramiento de personal funcionario interino?

  4. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 70.

    4. Señale la afirmación INCORRECTA en relación con el personal eventual:

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 71.

    5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué régimen jurídico les será de aplicación al personal funcionario interino?

  6. Convocatoria de 2019, primer ejercicio ordinario, pregunta 69.

    6. De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), NO se encuentra dentro de la clasificación de empleado público, el:

  7. Convocatoria de 2019, primer ejercicio extraordinario, pregunta 69.

    7. De acuerdo con el TREBEP, el personal eventual es aquel que:

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