Bloque 5 · Administración de recursos humanos

Explicación del Tema 43 de Gestión de la Administración Civil del Estado

Planificación, oferta de empleo y selección del personal público

9 apartados28 min de lectura

43.1

Planificación de recursos humanos

La planificación de recursos humanos es el proceso mediante el cual una Administración determina qué personal necesita para prestar correctamente sus servicios y qué medidas debe adoptar para disponer de él. Su finalidad no es aumentar o reducir plantillas de manera aislada, sino adecuar el número, la distribución y la cualificación de los empleados públicos a los objetivos de la organización.

El artículo 69 del TREBEP vincula la planificación con dos exigencias complementarias. La primera es la eficacia, es decir, que los servicios puedan cumplir los fines que tienen encomendados. La segunda es la eficiencia, que obliga a utilizar de manera adecuada los recursos económicos disponibles. Una unidad puede necesitar más personal porque asume nuevas competencias, pero también puede necesitar perfiles distintos, una redistribución territorial o formación para aprovechar una nueva herramienta tecnológica.

Por eso la planificación comienza con un diagnóstico. Deben examinarse, entre otros elementos, el volumen y la evolución del trabajo, la edad de los efectivos, las jubilaciones previsibles, las vacantes, las competencias profesionales disponibles, la distribución territorial, el grado de temporalidad y los cambios normativos o tecnológicos. Solo después puede decidirse si la necesidad se atiende mediante incorporación de nuevo personal, promoción interna, movilidad, formación, modificación de puestos o reorganización del trabajo.

Los planes de ordenación pueden contener análisis cuantitativos y cualitativos de las necesidades, cambios en la estructura de puestos, medidas de movilidad, programas de formación y promoción, o previsiones de incorporación mediante oferta de empleo público. También pueden limitar temporalmente la entrada de personal externo en un ámbito que ya dispone de suficientes efectivos o reservar determinados concursos de provisión para corregir desequilibrios internos, siempre dentro de los requisitos legales.

La planificación estratégica en la Administración del Estado

El Real Decreto-ley 6/2023 refuerza este enfoque en la Administración del Estado. La planificación estratégica establece un escenario plurianual de empleo público dentro de las previsiones presupuestarias. No se limita, por tanto, a decidir las plazas de un solo año: trata de anticipar qué capacidades serán necesarias y cómo pueden atraerse, desarrollarse y conservarse.

Esta planificación se articula mediante planes de ámbito general y planes específicos de los departamentos ministeriales u organismos públicos, sin perjuicio de los planes de reestructuración de sectores concretos. Debe orientar la oferta de empleo público, la movilidad, la provisión de puestos, la promoción interna, los itinerarios formativos y los objetivos de desempeño. El departamento competente en función pública establece las directrices comunes para elaborarla.

Los instrumentos de planificación están sometidos a negociación colectiva previa cuando afectan a las materias negociables y deben evaluarse posteriormente. La evaluación permite comprobar si se han cubierto las necesidades detectadas y, si no ha sido así, introducir medidas correctoras. De esta manera, el plan no es una declaración estática, sino un instrumento revisable.

43.2

Relaciones de puestos y registros

Las relaciones de puestos de trabajo, conocidas como RPT, son instrumentos técnicos de planificación y ordenación. Su objeto no es identificar a las personas empleadas, sino describir los puestos que integran la organización: su denominación, adscripción orgánica, nivel, complementos, forma de provisión, requisitos y demás características relevantes.

En la Administración del Estado, las RPT deben incluir, de forma conjunta o separada, los puestos de naturaleza funcionarial, laboral y eventual. Son públicas y ordenan los puestos atendiendo a denominaciones tipo y características análogas. Para crear, modificar o suprimir un puesto debe analizarse el perfil de competencias necesario para desempeñarlo; no basta con cambiar su nombre o asignarlo de manera informal a una unidad.

La RPT no debe confundirse con la plantilla presupuestaria. La RPT refleja la estructura organizativa de puestos, mientras que la plantilla presupuestaria expresa las dotaciones económicas autorizadas. Tampoco equivale a la oferta de empleo público: un puesto puede existir y estar vacante, pero su cobertura puede realizarse mediante movilidad o provisión con personal que ya es funcionario; solo las necesidades que deban atenderse con personal de nuevo ingreso se incluyen en la oferta.

La diferencia puede resumirse así:

InstrumentoQué representaQué no representa por sí solo
RPTLos puestos de la organización y sus características.Una convocatoria de acceso.
Plantilla presupuestariaLas dotaciones económicas destinadas al personal.La autorización automática para incorporar nuevo personal.
Oferta de empleo públicoLas necesidades dotadas que deben cubrirse mediante nuevo ingreso.Las bases concretas del proceso selectivo.
Registro de personalLos datos y actos administrativos relativos a los empleados públicos.La estructura de puestos de la organización.

Cada Administración debe disponer de un registro en el que se inscriban los datos relativos a su personal. En él constan nombramientos, tomas de posesión, situaciones administrativas, reconocimientos de antigüedad y otros actos con relevancia para la relación de servicio. El TREBEP prevé contenidos mínimos comunes e intercambio homogéneo de información entre Administraciones, con respeto a la normativa de protección de datos. La finalidad es permitir una gestión integrada y disponer de información fiable para planificar.

43.3

Oferta de empleo público

La oferta de empleo público contiene las necesidades de recursos humanos que cuentan con asignación presupuestaria y deben cubrirse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Es, por tanto, el puente entre la planificación y la selección: transforma una necesidad organizativa y presupuestaria en el compromiso de convocar las plazas correspondientes.

Conforme al artículo 70 del TREBEP, la inclusión de una plaza en la oferta comporta la obligación de convocar el proceso selectivo para cubrirla. La convocatoria puede comprender las plazas comprometidas y hasta un 10 % adicional, dentro de los términos permitidos por la norma. La oferta se aprueba anualmente por el órgano de gobierno de cada Administración y debe publicarse en el diario oficial correspondiente.

En la Administración del Estado la oferta se aprueba por el Gobierno mediante real decreto, a propuesta del departamento competente en función pública y con la intervención presupuestaria exigida. La tasa de reposición y las reglas presupuestarias delimitan cuántas plazas pueden incorporarse, pero no sustituyen el análisis de necesidades: la oferta debe responder a prioridades reales de los servicios.

La oferta, la convocatoria y la provisión son decisiones distintas. La oferta cuantifica y autoriza necesidades de nuevo ingreso; la convocatoria establece las bases con las que se seleccionará a las personas aspirantes; la provisión permite cubrir puestos concretos con quienes ya pertenecen a la función pública. Aprobar una oferta no abre todavía el plazo de solicitudes ni atribuye a una persona un derecho individual al nombramiento.

Plazos de ejecución

El artículo 70 del TREBEP establece con carácter básico que la ejecución de la oferta o instrumento similar debe desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. Esta es la cifra aplicable cuando la pregunta reproduce la regla general del Estatuto.

Para la Administración del Estado, el artículo 108 del Real Decreto-ley 6/2023 introduce reglas más concretas. Las convocatorias deben publicarse en el mismo año natural en que se publica la oferta de la que proceden; deben ejecutarse en un máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición deben desarrollarse en un año, salvo causa justificada.

Las plazas que queden sin cubrir pueden volver a convocarse si no han transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta. Para ello se requiere el informe del departamento competente en función pública, y la nueva convocatoria debe identificar tanto las plazas procedentes de procesos anteriores como su oferta de origen. Incluso pueden reasignarse a otros cuerpos, escalas o categorías, preferentemente del mismo grupo o subgrupo, si así lo justifican las necesidades.

No existe una contradicción entre las cifras. El plazo de tres años es la regla básica sobre ejecución de la oferta; los plazos de dos años y un año son especialidades de las convocatorias estatales. En un examen debe atenderse siempre a la norma y al ámbito que mencione el enunciado.

Reservas

El TREBEP exige reservar en las ofertas un cupo no inferior al 7 % de las vacantes para personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar progresivamente el 2 % de los efectivos totales. Al menos el 2 % de las plazas ofertadas debe destinarse a personas con discapacidad intelectual.

En la Administración del Estado la regla especial eleva la reserva total al 10 %. Al menos un 2 % de las plazas ofertadas se destina a personas con discapacidad intelectual y el resto a personas con cualquier otro tipo de discapacidad. La reserva se calcula sobre el total de plazas de la oferta y puede concentrarse en las convocatorias de cuerpos, escalas o categorías cuyas funciones se adapten mejor a las distintas capacidades.

La reserva no elimina la necesidad de superar el proceso selectivo ni de acreditar la compatibilidad con las funciones. Su finalidad es garantizar una oportunidad real de acceso. En el caso de discapacidad intelectual, el proceso estatal se realiza mediante pruebas específicas e independientes; además, deben proporcionarse los ajustes razonables de tiempo y medios que resulten necesarios.

La oferta estatal debe incluir también para promoción interna un número de plazas no inferior al 30 % de las plazas de acceso libre. La promoción interna sigue siendo un proceso selectivo diferenciado: se dirige a quienes ya pertenecen a la Administración y reúnen los requisitos exigidos, aunque utilice como referencia cuantitativa las plazas de acceso libre.

43.4

Principios y requisitos de acceso

El artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. El artículo 103.3 añade los principios de mérito y capacidad. Estos principios impiden tanto excluir sin una justificación objetiva como favorecer a una persona al margen de las reglas publicadas.

El TREBEP completa ese marco con la publicidad de las convocatorias y sus bases, la transparencia, la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, su independencia y discrecionalidad técnica, la adecuación entre las pruebas y las funciones, y la agilidad sin perjuicio de la objetividad. En la Administración del Estado se añade un modelo adaptable, mixto —conocimientos, competencias y habilidades— y atento a la diversidad social y territorial.

La igualdad no obliga a utilizar las mismas pruebas para todos los cuerpos, sino a aplicar las mismas reglas a quienes concurren a un mismo proceso. El mérito permite valorar la trayectoria o los conocimientos acreditados cuando el sistema lo admite. La capacidad mide la aptitud para desarrollar las funciones. La publicidad y la transparencia hacen posible conocer y controlar cómo se aplican ambos principios.

Requisitos generales

Para participar en un proceso selectivo deben cumplirse los requisitos generales del artículo 56 del TREBEP:

  • Poseer la nacionalidad exigida.
  • Tener la capacidad funcional necesaria para desempeñar las tareas.
  • Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que una ley establezca otra edad máxima por razones justificadas.
  • No haber sido separado mediante expediente disciplinario ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el empleo público correspondiente.
  • Poseer la titulación requerida o estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo establecido.

Las bases pueden añadir otros requisitos específicos, pero deben guardar relación objetiva y proporcionada con las funciones. No sería admisible exigir una condición sin conexión real con el puesto o utilizarla para restringir artificialmente la concurrencia.

Nacionalidad y acceso de extranjeros

La nacionalidad española es la regla general, pero no la única vía de acceso. Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como funcionarios en igualdad de condiciones, salvo a los empleos que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia de los intereses del Estado y de las Administraciones. La posibilidad se extiende, en los términos legales, a determinados cónyuges y descendientes y a quienes estén amparados por tratados de libre circulación.

Los extranjeros con residencia legal en España pueden acceder como personal laboral en igualdad de condiciones. Cuando una persona haya sido sancionada o condenada en otro Estado, tampoco debe encontrarse en una situación equivalente que impida el acceso en España.

Discapacidad y ajustes razonables

Las personas con discapacidad participan en igualdad de condiciones y deben acreditar el grado de discapacidad y la compatibilidad con las funciones esenciales. Los ajustes de tiempo, medios, accesibilidad, tecnología o asistencia no rebajan el nivel exigido: eliminan barreras para que pueda demostrarse la capacidad en condiciones equivalentes. Una vez superado el proceso, deben efectuarse también las adaptaciones razonables del puesto.

En el ámbito estatal, las pruebas deben celebrarse de forma territorializada salvo que existan razones que lo impidan, con especial atención a los territorios no peninsulares. El empleo de medios electrónicos debe contribuir a la agilidad, pero ha de respetar la accesibilidad y no puede convertirse en una barrera de acceso.

43.5

Órganos de selección

Los órganos de selección desarrollan y califican las pruebas. Su composición es decisiva porque son quienes convierten los principios de mérito y capacidad en puntuaciones y propuestas de nombramiento. Por ello deben ser colegiados, actuar con imparcialidad y profesionalidad y tender a la composición equilibrada entre mujeres y hombres.

No pueden formar parte de ellos el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos ni el personal eventual. La pertenencia es siempre a título individual: ninguna persona actúa como representante de un sindicato, asociación, academia u órgano que la haya propuesto.

El Real Decreto 364/1995 distingue entre tribunales, que normalmente se nombran para una convocatoria concreta, y comisiones permanentes de selección, utilizadas cuando el elevado número de aspirantes o las características del cuerpo aconsejan un órgano estable. Tradicionalmente se exige un número impar de integrantes, no inferior a cinco en los tribunales, con suplentes y titulación igual o superior a la requerida para el acceso. Las reglas posteriores del TREBEP y del Real Decreto-ley 6/2023 completan estas exigencias con profesionalidad, independencia y formación en técnicas de selección.

Quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores no pueden formar parte del órgano en los términos reglamentarios. Sus integrantes deben abstenerse cuando exista interés personal, parentesco, amistad íntima, enemistad manifiesta u otra causa legal; las personas aspirantes pueden promover su recusación.

El órgano puede incorporar asesores especialistas para determinadas pruebas. Estos asesores se limitan a su especialidad y no sustituyen al órgano en la calificación. También puede disponer de apoyo material o administrativo, pero la decisión técnica sigue correspondiendo a sus miembros.

La discrecionalidad técnica reconoce al órgano un margen para valorar conocimientos y aptitudes que requieren juicio especializado. No significa libertad para apartarse de las bases. Los criterios deben fijarse y aplicarse de forma igual, los actos finales deben estar motivados y pueden revisarse los errores materiales, el incumplimiento de las bases, la arbitrariedad o la vulneración de derechos.

43.6

Sistemas selectivos

La elección del sistema selectivo determina qué debe demostrar la persona aspirante y cómo se establece el orden final. Los tres sistemas no son intercambiables libremente.

La oposición consiste en una o varias pruebas dirigidas a comprobar conocimientos, habilidades y competencias. Es el sistema ordinario de acceso a la condición de funcionario de carrera. Las pruebas pueden ser teóricas o prácticas e incluir cuestionarios, desarrollo de temas, resolución de supuestos, idiomas, psicotécnicos, aptitudes físicas u otros ejercicios adecuados a las funciones.

El concurso consiste exclusivamente en valorar méritos conforme a un baremo publicado previamente. Para seleccionar funcionarios de carrera solo puede emplearse con carácter excepcional cuando una ley lo autorice. La excepcionalidad se explica porque un acceso basado únicamente en experiencia o méritos previos puede restringir la libre concurrencia.

El concurso-oposición combina sucesivamente ambas fases. Primero deben superarse las pruebas de oposición y después se valoran los méritos, salvo la ordenación concreta establecida legalmente. La puntuación del concurso debe ser proporcionada y nunca puede determinar por sí sola el resultado, pues de lo contrario los méritos previos desplazarían la comprobación objetiva de la capacidad.

Para el personal laboral fijo pueden utilizarse oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos, siempre respetando igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La normativa laboral y los convenios pueden prever formas de colaboración sindical, pero no atribuir a las organizaciones sindicales la decisión selectiva ni eliminar los principios de acceso.

Las pruebas deben estar conectadas con las funciones del cuerpo, escala o categoría. No basta con que una materia aparezca tradicionalmente en un temario: el órgano convocante debe poder justificar por qué el tipo de ejercicio permite medir los conocimientos o competencias relevantes. En la Administración del Estado se fomenta la combinación de ejercicios teóricos y prácticos y su celebración territorializada.

El proceso puede incorporar un curso selectivo o un periodo de prácticas evaluable. Durante esta fase se tiene la condición de funcionario en prácticas y todavía no se ha adquirido la condición de funcionario de carrera. El contenido debe aportar formación o evaluación diferente de lo ya comprobado y tiene que desarrollarse antes de la toma de posesión.

Como regla, el órgano no puede proponer más aprobados que plazas convocadas. La normativa estatal permite prever relaciones complementarias para cubrir renuncias producidas antes del nombramiento y elaborar listas de posibles candidatos para nombramientos interinos o contrataciones temporales. Estas previsiones no convierten a quien integra la lista en funcionario de carrera ni aumentan las plazas de la convocatoria.

La selección de funcionarios interinos y personal laboral temporal también debe respetar publicidad, igualdad, mérito y capacidad, aunque la urgencia justifique procedimientos más ágiles. El personal eventual queda fuera de estos sistemas porque su nombramiento y cese son libres y se vinculan a funciones de confianza o asesoramiento especial.

43.7

Fases del proceso

El procedimiento selectivo comienza con una convocatoria pública. Las bases deben identificar las plazas y la oferta que las autoriza, el cuerpo o categoría, los requisitos, el sistema selectivo, las pruebas, el programa, los méritos y su valoración, el órgano de selección, las reservas y, cuando exista, el curso selectivo o periodo de prácticas. Las bases vinculan a la Administración, al órgano de selección y a las personas participantes; no pueden alterarse informalmente una vez iniciado el proceso.

Solicitudes y admisión

Conforme al Real Decreto 364/1995, la solicitud para los procesos de ingreso estatales se presenta, como regla reglamentaria, dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOE. En ella basta inicialmente con declarar que se reúnen los requisitos, sin perjuicio de su acreditación posterior. Los requisitos deben poseerse en la fecha que señalen las bases y mantenerse cuando así lo exija la normativa.

Finalizado el plazo, la autoridad convocante aprueba la relación de personas admitidas y excluidas. La resolución identifica las causas de exclusión y concede diez días hábiles para subsanar los defectos que puedan corregirse. La subsanación no permite adquirir fuera de plazo un requisito que no se tenía; sirve, por ejemplo, para aportar o corregir un dato omitido.

Celebración y calificación de las pruebas

Las pruebas se desarrollan en el orden y condiciones publicados. Cuando su naturaleza lo permita deben adoptarse técnicas que garanticen anonimato, igualdad y trazabilidad. Los criterios de corrección y los sistemas de calificación han de aplicarse de manera uniforme. Entre la conclusión de un ejercicio y el comienzo del siguiente rigen los límites temporales establecidos reglamentariamente, sin perjuicio de la planificación concreta de la convocatoria.

Una vez iniciadas las pruebas, los anuncios sucesivos pueden publicarse por los medios previstos en las bases sin que todos deban aparecer de nuevo en el BOE. La persona aspirante debe atender a los canales oficiales indicados; una comunicación informal no sustituye la publicación exigida.

Finalizada la calificación, el órgano publica la relación de aprobados por orden de puntuación y la eleva a la autoridad competente. Los actos finales deben motivarse. En las valoraciones técnicas, la motivación se conecta con el cumplimiento de las bases, los criterios de corrección y la puntuación obtenida.

Documentación, nombramiento y toma de posesión

Las personas propuestas deben acreditar dentro del plazo previsto los requisitos declarados en su solicitud. Quien no los acredite, salvo fuerza mayor, no puede ser nombrado y quedan sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda si existió falsedad.

Si hay curso selectivo o prácticas, se produce primero el nombramiento como funcionario en prácticas. Solo después de superar esa fase se efectúa el nombramiento como funcionario de carrera, que debe publicarse oficialmente. Conforme a la regulación estatal vigente, la toma de posesión se realiza dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación del nombramiento, ampliados a un mes cuando implica cambio de localidad de residencia.

Los actos del órgano de selección y de la autoridad convocante pueden impugnarse. Los actos de trámite que impidan continuar, produzcan indefensión o causen un perjuicio irreparable son recurribles de forma autónoma; las demás irregularidades pueden alegarse al recurrir la resolución final. La discrecionalidad técnica limita la sustitución del juicio especializado, pero no impide controlar la legalidad del proceso.

43.8

Competencias estatales en personal

Las competencias en materia de personal están distribuidas porque no todas las decisiones tienen el mismo alcance. Debe distinguirse entre aprobar las normas generales, dirigir la política de personal, autorizar plazas, convocar procesos y gestionar al personal de un departamento.

Legislador y Gobierno

Las Cortes Generales aprueban la legislación estatal y la creación, modificación o supresión de cuerpos y escalas debe realizarse mediante una norma con rango de ley. El legislador fija así los elementos esenciales del régimen estatutario y evita que la estructura de cuerpos pueda alterarse mediante una simple decisión administrativa.

El Gobierno dirige la política de personal de la Administración del Estado y ejerce la potestad reglamentaria. Entre sus atribuciones se encuentran establecer las directrices generales, aprobar la oferta de empleo público estatal y adoptar las decisiones que el ordenamiento reserva al Consejo de Ministros. La oferta no la aprueba por sí sola la persona titular del ministerio competente: este departamento formula la propuesta dentro del procedimiento, pero la decisión corresponde al Gobierno.

Órganos centrales de función pública y presupuesto

El departamento competente en función pública prepara y coordina la política de empleo público, dicta directrices de planificación, informa las convocatorias y gestiona o impulsa los procesos de los cuerpos generales. También desarrolla funciones sobre movilidad, registros, relaciones sindicales, selección y formación conforme a la estructura orgánica vigente.

Los órganos presupuestarios intervienen porque toda decisión de personal tiene efectos sobre el gasto público. Su función no consiste en seleccionar aspirantes, sino en comprobar el encaje presupuestario de las plazas, retribuciones y masas salariales y emitir los informes que exija la normativa.

Ministerios, subsecretarías y órganos convocantes

Los ministros dirigen los servicios de su departamento y ejercen las competencias de personal que les atribuyen las leyes y las normas de organización. Los departamentos a los que estén adscritos los cuerpos o escalas especiales promueven sus convocatorias, previo informe favorable del órgano competente en función pública; la atribución concreta puede estar delegada, por lo que no debe confundirse el departamento competente con la persona que firma materialmente cada resolución.

Las personas titulares de las subsecretarías ostentan la jefatura superior de todo el personal del departamento. Bajo esa función gestionan los servicios comunes y ejercen competencias sobre puestos, situaciones, disciplina y administración de personal que no estén reservadas a otros órganos. Esta atribución explica por qué, en las preguntas de examen, la jefatura superior se vincula a las subsecretarías y no a una dirección general.

Los organismos públicos gestionan su personal conforme a su normativa y sus estatutos, dentro de las directrices generales. En el territorio, delegados y subdelegados pueden ejercer las competencias propias o delegadas que les atribuya el ordenamiento. Las delegaciones alteran quién ejerce una competencia, pero no cambian su titularidad.

DecisiónÓrgano o nivel de referencia
Crear, modificar o suprimir cuerpos y escalasNorma con rango de ley.
Dirigir la política estatal de personalGobierno.
Aprobar la oferta estatalGobierno, mediante real decreto.
Proponer y coordinar la política de función públicaDepartamento competente en función pública.
Controlar el encaje presupuestarioÓrganos competentes en presupuestos y gasto.
Ejercer la jefatura superior del personal ministerialSubsecretaría.
Convocar procesos de cuerpos adscritos a un departamentoDepartamento competente, con los informes y delegaciones aplicables.

43.9

Síntesis del tema

Planificar es determinar qué capacidades necesita el servicio y decidir cómo obtenerlas mediante organización, formación, movilidad, promoción o nuevas incorporaciones. La RPT ordena puestos; la oferta compromete necesidades de nuevo ingreso; y la convocatoria abre el proceso selectivo. Son instrumentos relacionados, pero cada uno cumple una función distinta.

La selección transforma los principios de igualdad, mérito y capacidad en garantías concretas: bases públicas, requisitos proporcionados, órganos profesionales, pruebas relacionadas con las funciones, criterios de valoración y posibilidad de impugnación. La oposición, el concurso-oposición y el concurso tienen ámbitos diferentes, y la temporalidad no permite prescindir de la publicidad.

Las competencias se reparten entre el legislador, el Gobierno, los órganos centrales de función pública y presupuesto, los departamentos y las subsecretarías. Del mismo modo, la regla básica de ejecución de la oferta en tres años y las especialidades estatales de dos años para la convocatoria y uno para la oposición deben aplicarse atendiendo a la norma citada y al ámbito del supuesto.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 6 preguntas oficiales de este tema

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  1. Convocatoria de 2025, primer ejercicio ordinario, pregunta 65.

    1. Conforme al artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:

  2. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 72.

    2. De acuerdo con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, las convocatorias para el acceso al empleo público:

  3. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 70.

    3. Los procedimientos de selección de personal serán públicos:

  4. Convocatoria de 2025, primer ejercicio extraordinario, pregunta 81.

    4. ¿Cuáles son los sistemas selectivos de personal laboral fijo?

  5. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 75.

    5. Señale la afirmación correcta en relación con los procesos de selección de acceso al empleo público:

  6. Convocatoria de 2022, primer ejercicio ordinario, pregunta 76.

    6. Señale la afirmación correcta en relación con las competencias en materia de personal:

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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.

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