Bloque 1 · Organización del Estado y de la Administración Pública

Explicación del Tema 7 de Gestión de la Administración Civil del Estado

El Poder Judicial: independencia, gobierno y organización de los tribunales

14 apartados46 min de lectura

7.1

El Poder Judicial en el Estado constitucional

La separación de poderes no consiste simplemente en repartir instituciones entre tres bloques aislados. Pretende impedir la concentración del poder y asegurar que cada función pública se ejerza con límites y controles. Dentro de ese sistema, el Poder Judicial tiene la misión de resolver jurídicamente los conflictos y garantizar que el Derecho vincule tanto a los particulares como a los poderes públicos.

El artículo 117.1 de la Constitución reúne los elementos esenciales de su posición: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La referencia al pueblo expresa el fundamento democrático de la justicia. La administración en nombre del Rey responde a la forma constitucional del Estado y no atribuye al monarca capacidad para decidir los procesos. La resolución corresponde al juez o al tribunal competente, que debe formarla de acuerdo con el ordenamiento jurídico y motivarla en los casos exigidos por la Constitución y las leyes.

El Poder Judicial tampoco se identifica con un único órgano situado en Madrid. Lo integran los jueces y magistrados que ejercen jurisdicción en los diferentes tribunales del territorio. Cada uno es independiente al resolver los asuntos que tiene atribuidos. El Tribunal Supremo puede corregir una resolución mediante los recursos previstos legalmente, pero ni este, ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Gobierno pueden ordenar a un juez qué interpretación debe adoptar en un proceso pendiente.

Esta función debe distinguirse de la Administración de Justicia entendida como organización y servicio público. Juzgar corresponde a jueces y magistrados. Proporcionar edificios, medios materiales, aplicaciones, personal y recursos presupuestarios implica también al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias. El CGPJ gobierna la carrera judicial, mientras que otras administraciones sostienen los medios del servicio. La colaboración institucional no permite interferir en la decisión jurisdiccional.

7.2

La potestad jurisdiccional: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado

La potestad jurisdiccional consiste en aplicar el Derecho a un conflicto mediante una decisión vinculante. El artículo 117.3 de la Constitución la define mediante dos actuaciones inseparables: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Juzgar supone conocer el asunto, valorar los hechos y las pruebas, interpretar las normas aplicables y dictar una resolución. Sin embargo, una sentencia que no pudiera hacerse efectiva dejaría incompleta la tutela judicial. Por eso la jurisdicción comprende también la ejecución: adoptar las medidas necesarias para que lo decidido se cumpla, incluso frente a la resistencia de la persona obligada.

El ejercicio de esta potestad corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento. La exclusividad actúa en dos sentidos. Ningún otro poder público puede sustituir a los tribunales en el ejercicio de la jurisdicción y, a su vez, los órganos judiciales no deben asumir funciones ajenas a ella, salvo las que la ley les atribuya expresamente para garantizar algún derecho.

La Constitución exige además que todas las personas y entidades cumplan las sentencias y demás resoluciones firmes y presten la colaboración requerida por jueces y tribunales durante el proceso y la ejecución. La independencia judicial no serviría de garantía si las decisiones pudieran ignorarse o si los órganos públicos se negaran a facilitar los medios necesarios para ejecutarlas.

La jurisdicción es también plena. Los tribunales españoles conocen de los asuntos que les atribuyen la Constitución, la LOPJ y las demás leyes, dentro de los límites territoriales y materiales establecidos. La existencia de competencias distribuidas no fragmenta el poder de juzgar: determina qué órgano debe ejercerlo en cada caso.

Cuando un tribunal considera que una norma reglamentaria contradice la Constitución, la ley o el principio de jerarquía normativa, no debe aplicarla. Si la duda recae sobre una ley aplicable al caso y puede ser contraria a la Constitución, el órgano judicial puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Si el asunto está relacionado con el Derecho de la Unión Europea, puede resultar procedente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas vías muestran que la independencia se ejerce dentro de un ordenamiento articulado, no al margen de él.

7.3

Independencia, inamovilidad, responsabilidad y legalidad

La independencia judicial protege el derecho de todas las personas a recibir una decisión imparcial. No constituye un privilegio personal del juez, sino una garantía del proceso. Opera frente a los demás poderes del Estado, los intereses económicos o sociales, las partes y también frente a otros órganos judiciales.

La LOPJ prohíbe que los jueces o tribunales, sus órganos de gobierno o el CGPJ dicten instrucciones generales o particulares sobre la interpretación o aplicación del ordenamiento en un asunto concreto. La relación entre órganos de diferente nivel se canaliza mediante los recursos establecidos por la ley. Un tribunal superior puede confirmar, revocar o anular una resolución al resolver un recurso, pero no anticipar al órgano inferior cómo debe decidir un procedimiento pendiente.

La inamovilidad impide separar, suspender, trasladar o jubilar a jueces y magistrados fuera de las causas y con las garantías previstas legalmente. Si su destino dependiera de la conveniencia del Gobierno o de la reacción provocada por sus decisiones, la independencia quedaría debilitada. La inamovilidad no significa permanencia absoluta en un puesto: permite los cambios derivados de concursos, ascensos, sanciones o demás causas legales, pero excluye la remoción arbitraria.

La responsabilidad evita que la independencia se convierta en ausencia de límites. Jueces y magistrados pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria, civil o penal en los términos legalmente establecidos. Las resoluciones judiciales se revisan, cuando procede, a través de los recursos; la responsabilidad personal no puede utilizarse como una vía indirecta para castigar una interpretación jurídica discrepante fuera de los supuestos previstos por la ley.

El sometimiento al imperio de la ley completa estas garantías. El juez no recibe órdenes políticas, pero tampoco decide por mera voluntad. Debe aplicar la Constitución, el Derecho de la Unión Europea, las leyes y las demás fuentes del ordenamiento, motivar su decisión y respetar el procedimiento. Independencia y legalidad no son principios opuestos: la primera permite aplicar el Derecho sin presiones; la segunda determina el marco dentro del que debe resolverse.

El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, exige que el órgano competente exista y esté definido por reglas anteriores al caso. Las normas de reparto concretan qué plaza judicial conocerá el asunto dentro del tribunal competente. De este modo se impide crear un órgano o elegir un juzgador específicamente para resolver un conflicto determinado.

La Constitución completa este estatuto con un régimen de incompatibilidades destinado a preservar la apariencia y la realidad de la imparcialidad. Mientras se encuentren en activo, jueces, magistrados y fiscales no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establece además sus incompatibilidades y debe asegurar su total independencia. Esta prohibición no impide que jueces y magistrados constituyan asociaciones profesionales, una forma de organización distinta de los sindicatos y sometida al régimen particular previsto por la LOPJ.

Preguntado en convocatorias oficiales

La jerarquía judicial no equivale a subordinación interpretativa. Los órganos superiores revisan resoluciones mediante los recursos previstos por la ley, pero no pueden impartir instrucciones sobre cómo resolver un asunto concreto.

7.4

Garantías constitucionales de la justicia

La Constitución no se limita a identificar quién juzga. También establece reglas que hacen reconocible una justicia sometida al Estado de Derecho.

Las actuaciones judiciales son públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. La publicidad permite el control social de la actividad jurisdiccional, aunque puede limitarse para proteger bienes como la intimidad, los derechos de menores, la seguridad o la correcta investigación de determinados hechos.

El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. La oralidad favorece la inmediación del tribunal respecto de las partes y de la prueba, pero no elimina la documentación escrita ni impone un modelo idéntico en todos los órdenes jurisdiccionales.

Las sentencias deben ser motivadas y se pronuncian en audiencia pública. Motivar significa exponer las razones de hecho y de Derecho que conducen a la decisión. Esta exigencia permite a las partes comprender el fallo, impugnarlo cuando proceda y controlar que la resolución no sea arbitraria.

La justicia será gratuita cuando lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. No se trata de que cualquier actuación judicial carezca siempre de coste, sino de asegurar que la falta de medios económicos no impida obtener tutela judicial en los términos legalmente establecidos.

Los daños causados por error judicial y los derivados del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia pueden dar derecho a una indemnización a cargo del Estado. Esta responsabilidad patrimonial no convierte cualquier resolución revocada en un error indemnizable: deben concurrir los requisitos y seguirse los procedimientos fijados por la ley.

La ciudadanía puede participar en la Administración de Justicia mediante la acción popular y la institución del jurado, en la forma y respecto de los procesos penales que determine la ley. La Constitución reconoce también los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Estas formas de participación no sustituyen la estructura ordinaria de juzgados y tribunales, sino que operan dentro del marco constitucional y legal.

La policía judicial auxilia a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y el descubrimiento y aseguramiento de los responsables. En el ejercicio de estas funciones depende de las autoridades judiciales y fiscales en los términos establecidos por la ley, aunque sus integrantes pertenezcan orgánicamente a cuerpos administrativos de seguridad.

7.5

El principio de unidad jurisdiccional

El artículo 117.5 declara que la unidad jurisdiccional es la base de la organización y el funcionamiento de los tribunales. El principio significa que la potestad de juzgar se integra en un sistema judicial común regido por la Constitución y la LOPJ. No existen poderes judiciales independientes para cada comunidad autónoma ni jurisdicciones creadas para grupos concretos al margen de ese marco general.

La unidad no debe confundirse con uniformidad. Los conflictos privados, los delitos, la actuación administrativa y las relaciones laborales presentan problemas distintos. El ordenamiento puede distribuirlos entre órdenes jurisdiccionales y especializar secciones o plazas judiciales sin quebrar la unidad, siempre que formen parte de la organización común y respeten las garantías constitucionales.

Los cuatro órdenes de la jurisdicción ordinaria son los siguientes:

OrdenMaterias característicasEjemplo orientativo
CivilRelaciones privadas y materias no atribuidas a otro orden.Incumplimiento de un contrato, reclamación de una deuda o conflicto familiar.
PenalInvestigación y enjuiciamiento de delitos y ejecución de las penas.Enjuiciamiento de un robo o de un delito contra la Administración pública.
Contencioso-administrativoControl jurídico de la actuación de las Administraciones y de disposiciones generales inferiores a la ley.Recurso contra una sanción administrativa o contra un reglamento.
SocialConflictos laborales y materias de Seguridad Social atribuidas por la ley.Despido, reclamación salarial o controversia sobre una prestación.

Esta división es material. No representa cuatro poderes judiciales distintos, sino cuatro ámbitos especializados dentro de la misma jurisdicción. Tampoco todos los órganos intervienen en todos ellos: las Audiencias Provinciales actúan en civil y penal; los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo disponen de salas correspondientes a varios órdenes; los Tribunales de Instancia se organizan mediante secciones según las necesidades de su territorio.

La Constitución prohíbe los tribunales de excepción, es decir, órganos creados fuera del sistema ordinario para juzgar determinados hechos o personas sin las garantías comunes. Esta prohibición debe relacionarse con el juez ordinario predeterminado por la ley. La especialización establecida con carácter general antes de que surja el asunto es legítima; la creación de un tribunal singular para un caso concreto no lo sería.

La jurisdicción militar constituye una previsión específica. Su ámbito se limita a lo estrictamente castrense y, en su caso, a las materias que establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. La Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo contribuye a integrar su cúspide en el sistema jurisdiccional común.

Debe diferenciarse, por último, la prohibición de tribunales de excepción del artículo 117.6 y la prohibición de tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales del artículo 26. Ambas rechazan formas incompatibles con el Estado de Derecho, pero proceden de preceptos distintos y no convierten en ilícita la especialización judicial.

El marco constitucional puede resumirse mediante una relación sencilla: jueces y magistrados ejercen la jurisdicción; la independencia protege su decisión; la unidad integra los distintos órdenes en un sistema común; y las reglas de competencia determinan qué órgano debe resolver cada asunto. A partir de esta base puede entenderse el CGPJ sin confundir el gobierno de la carrera judicial con la función de juzgar.

7.6

El Consejo General del Poder Judicial

Naturaleza y finalidad

El artículo 122 de la Constitución atribuye el gobierno del Poder Judicial al Consejo General del Poder Judicial. Su finalidad es separar las decisiones esenciales sobre el estatuto profesional de jueces y magistrados de la dirección ordinaria del Gobierno. De este modo, nombramientos, ascensos, inspección y disciplina judicial quedan en manos de un órgano constitucional específico.

Gobernar el Poder Judicial no significa ejercer jurisdicción. El CGPJ no dicta sentencias, no resuelve recursos procesales y no puede corregir la interpretación realizada por un juez en un asunto. Tampoco dirige al Ministerio Fiscal, que dispone de su propia organización. Sus decisiones son administrativas o gubernativas y pueden ser controladas judicialmente en los términos establecidos por el ordenamiento.

El Consejo ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y tiene su sede en Madrid. Los presidentes y demás órganos de gobierno de los tribunales están subordinados a él en el ejercicio de sus funciones gubernativas. Esta subordinación no alcanza al contenido de las resoluciones jurisdiccionales.

Composición y elección

El CGPJ está integrado por la persona que preside el Tribunal Supremo, que también preside el Consejo, y veinte vocales. Doce pertenecen al turno judicial y son jueces o magistrados en servicio activo; ocho son juristas de reconocida competencia.

La Constitución fija la estructura general y exige una mayoría de tres quintos para los ocho vocales juristas: cuatro son propuestos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. La LOPJ completa el sistema de designación de los doce vocales judiciales.

Conforme a la regulación vigente, cada Cámara elige diez vocales por mayoría de tres quintos: seis del turno judicial y cuatro del turno de juristas. Antes de la elección, las candidaturas comparecen públicamente ante la comisión correspondiente para que se valoren sus méritos e idoneidad. La designación debe respetar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de manera que entre los diez vocales elegidos por cada Cámara haya al menos un cuarenta por ciento de cada sexo.

Las candidaturas del turno judicial pueden presentarse con el aval de una asociación judicial o de veinticinco miembros de la carrera en servicio activo. La selección final debe reflejar distintas categorías y antigüedades de la carrera judicial. Los vocales son nombrados por el Rey mediante real decreto y no pueden ser elegidos de nuevo para el Consejo inmediatamente siguiente.

CámaraTurno judicialJuristas de reconocida competenciaTotalMayoría
Congreso de los Diputados6410Tres quintos de sus miembros.
Senado6410Tres quintos de sus miembros.
Consejo12820 vocales—

El Consejo se renueva en su totalidad cada cinco años, contados desde su constitución. La renovación íntegra evita que cada vocal tenga un ciclo independiente, aunque las vacantes producidas durante el mandato se cubran con arreglo a las reglas legales.

Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ

La misma persona preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. El Pleno del Consejo la elige por mayoría de tres quintos entre miembros de la carrera judicial con la categoría y los requisitos exigidos para presidir una Sala del Tribunal Supremo, o entre juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en su profesión.

El nombramiento corresponde al Rey mediante real decreto refrendado por el presidente del Gobierno. Su mandato coincide con el del Consejo que la eligió y puede ser reelegida una sola vez. Es la primera autoridad judicial de la nación, representa al Poder Judicial y al órgano de gobierno y convoca y preside las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. Esta posición institucional no le permite intervenir en la decisión de procesos atribuidos a otros jueces o tribunales.

Preguntado en convocatorias oficiales

El Consejo cuenta con veintiún integrantes, pero solo veinte son vocales. A ellos se suma la persona que preside conjuntamente el Tribunal Supremo y el CGPJ.

7.7

Atribuciones y organización del CGPJ

Las competencias del Consejo pueden comprenderse mejor si se agrupan por su finalidad, en lugar de memorizar una enumeración inconexa.

En materia de nombramientos, propone la designación de la Presidencia del Tribunal Supremo y del propio Consejo, de jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo en los casos previstos por la LOPJ, y de dos magistrados del Tribunal Constitucional. También debe ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del fiscal general del Estado.

En relación con la carrera judicial, participa en la selección de jueces y magistrados y resuelve sobre formación, perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario. La Escuela Judicial desarrolla las funciones de selección y formación que le corresponden bajo la organización del Consejo.

En el ámbito de la inspección, ejerce la alta inspección de los tribunales y supervisa y coordina la actividad inspectora ordinaria de sus presidentes y salas de gobierno. La inspección controla el funcionamiento del servicio, la carga de trabajo y el cumplimiento de los deberes profesionales, pero no puede convertirse en una revisión del criterio jurídico seguido en una resolución.

El Consejo dispone de una potestad reglamentaria limitada al desarrollo estricto de la LOPJ en materias como su propia organización, los órganos de gobierno de los tribunales, la publicidad de actuaciones, la publicación de resoluciones, el reparto de asuntos, la especialización o el régimen de guardias. No puede regular mediante reglamento los derechos y deberes de personas ajenas al propio Consejo ni sustituir al legislador.

También informa anteproyectos de ley y disposiciones generales relacionados, entre otras materias, con la LOPJ, la demarcación y planta, el estatuto judicial, el personal al servicio de la Administración de Justicia, las normas procesales y la organización de los tribunales. Recibe quejas ciudadanas sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, propone medidas de refuerzo, informa los expedientes de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal y elabora y ejecuta su presupuesto.

Estas atribuciones muestran el límite esencial de su función. El Consejo puede organizar, inspeccionar y exigir responsabilidad disciplinaria, pero no sustituye a los órganos jurisdiccionales. Si una parte considera incorrecta una sentencia, debe emplear los recursos procesales procedentes, no presentar una queja al CGPJ para que cambie el fallo.

Órganos internos

El Pleno reúne a la Presidencia y a todos los vocales. Se reserva las decisiones de mayor relevancia institucional, como la propuesta de nombramiento de la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ, determinados nombramientos discrecionales, la aprobación del presupuesto y la potestad reglamentaria en los casos previstos. Junto a él funcionan varias comisiones que permiten preparar los asuntos y distribuir las decisiones especializadas.

ComisiónComposiciónFunción principal
PermanentePresidencia y siete vocales: cuatro del turno judicial y tres juristas.Prepara las sesiones del Pleno y ejerce las competencias no reservadas expresamente al Pleno o a otra comisión. Sus vocales se renuevan anualmente para favorecer la rotación.
DisciplinariaSiete vocales: cuatro del turno judicial y tres juristas.Resuelve expedientes por infracciones graves y muy graves y determinados recursos disciplinarios. Sus integrantes son elegidos para todo el mandato del Consejo.
Asuntos EconómicosTres vocales.Elabora estudios y proyectos económicos y financieros y controla la actividad financiera y contable.
IgualdadTres vocales, respetando la presencia equilibrada.Asesora sobre la integración efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres y estudia la respuesta judicial ante la violencia doméstica y de género.
CalificaciónCinco vocales: tres del turno judicial y dos juristas.Informa los nombramientos que corresponden al Pleno mediante una valoración objetiva de los méritos y la trayectoria profesional.
Supervisión y Control de Protección de DatosTres vocales: dos del turno judicial y un jurista.Controla los tratamientos de datos personales con fines jurisdiccionales realizados por los tribunales.

La actuación disciplinaria permite apreciar la diferencia entre instruir y resolver. La recepción de denuncias, la apertura e instrucción de los expedientes y la formulación de cargos corresponden al promotor de la acción disciplinaria. La Comisión Disciplinaria decide después sobre las infracciones graves y muy graves. Esta separación evita que la misma autoridad investigue y resuelva sin diferenciación funcional.

El Consejo cuenta asimismo con órganos técnicos como la Secretaría General, el Servicio de Inspección, el Gabinete Técnico, la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y la Oficina de Comunicación. Estos preparan y ejecutan su actividad, pero no sustituyen a los órganos que adoptan las decisiones.

En definitiva, el CGPJ protege la autonomía institucional de la carrera judicial mediante decisiones de gobierno, inspección y disciplina. Su posición termina donde comienza el contenido jurisdiccional del proceso: puede controlar retrasos o incumplimientos profesionales, pero no indicar qué hechos deben considerarse probados ni qué interpretación jurídica debe sostener una sentencia.

7.8

Criterios de la organización judicial española

La organización judicial combina varios criterios. El primero es el material, que distribuye los asuntos entre órdenes jurisdiccionales. El segundo es el territorial, que determina el espacio en el que puede actuar cada órgano. El tercero atiende a la función procesal: conocimiento inicial, enjuiciamiento, resolución de recursos o ejecución. También pueden existir reglas especiales por la condición institucional de determinadas personas o por la trascendencia nacional del asunto.

Por ello, el mapa judicial no debe imaginarse como una escalera única en la que todos los procesos ascienden por los mismos peldaños. Un asunto civil puede comenzar en una sección civil de un Tribunal de Instancia, pasar en apelación a una Audiencia Provincial y, si concurren los requisitos legales, llegar al Tribunal Supremo. Un litigio contencioso-administrativo puede comenzar en una sección especializada de un Tribunal de Instancia, en el Tribunal Central de Instancia, en un Tribunal Superior de Justicia, en la Audiencia Nacional o incluso en el Tribunal Supremo, según la actuación impugnada.

Demarcación y planta

A efectos judiciales, el Estado se divide territorialmente en municipios, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. El partido judicial está integrado por uno o varios municipios limítrofes de la misma provincia y puede coincidir con la demarcación provincial. La comunidad autónoma constituye el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia.

La demarcación judicial establece la circunscripción territorial de los órganos. La planta judicial determina su estructura y dotación: qué tribunales, secciones y plazas judiciales existen. La planta se establece por ley y debe revisarse, atendiendo a la carga de trabajo, la población y otros parámetros relevantes, al menos cada cinco años.

Las comunidades autónomas participan en la organización de la demarcación de sus territorios. Cuando la creación de secciones o plazas judiciales no altera la demarcación, corresponde al Gobierno, después de oír preceptivamente a la comunidad autónoma afectada y al CGPJ.

La LOPJ enumera actualmente los órganos a los que atribuye potestad jurisdiccional:

  1. Jueces y juezas de paz.
  2. Tribunales de Instancia.
  3. Audiencias Provinciales.
  4. Tribunales Superiores de Justicia.
  5. Tribunal Central de Instancia.
  6. Audiencia Nacional.
  7. Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional no aparece en esta relación porque es un órgano constitucional independiente y no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal de Cuentas ejerce jurisdicción contable en los términos constitucionales y legales, pero tampoco integra la organización de tribunales enumerada por el artículo 26 de la LOPJ.

7.9

Jueces de paz y Tribunales de Instancia

Jueces y juezas de paz

En los municipios donde no exista una sede de Tribunal de Instancia hay jueces de paz, con jurisdicción en el término municipal. Desempeñan las competencias civiles y penales de menor alcance que les atribuyen las leyes y permiten mantener una presencia judicial próxima en el territorio.

No pertenecen necesariamente a la carrera judicial. Son elegidos por el ayuntamiento y nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia por un periodo de cuatro años, conforme al procedimiento legal. Aunque su estatuto presenta particularidades, cuando ejercen jurisdicción están sometidos a las mismas exigencias de independencia, imparcialidad y legalidad.

Tribunales de Instancia

La Ley Orgánica 1/2025 transformó la organización de la primera instancia. Desde la culminación de su implantación en 2025 existe un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con sede en su capital. Los anteriores juzgados se integraron en una estructura organizativa común basada en secciones y plazas judiciales.

Como regla general, el Tribunal de Instancia dispone de una Sección Única, de Civil y de Instrucción. Cuando lo establece la legislación de demarcación y planta, puede dividirse en una Sección Civil y otra de Instrucción. La primera atiende los litigios privados atribuidos al orden civil; la segunda dirige la investigación judicial de delitos y cumple las demás funciones penales que le asignan las leyes.

Según las necesidades del territorio, el Tribunal puede incorporar otras secciones especializadas. Su denominación no es meramente organizativa: identifica la materia que justifica la especialización.

SecciónFunción característica
Familia, Infancia y CapacidadConoce de los procesos civiles relativos a familia, menores y medidas de apoyo a personas con discapacidad que le atribuya la ley.
MercantilResuelve litigios mercantiles especializados, como los relacionados con sociedades, competencia, propiedad industrial o concursos, dentro de sus competencias legales.
Violencia sobre la MujerReúne funciones penales y civiles vinculadas a la violencia de género en los supuestos legalmente determinados.
Violencia contra la Infancia y la AdolescenciaAsume la instrucción de los delitos contra menores que la ley concentre en esta sección especializada.
PenalEnjuicia los delitos que la legislación procesal sitúa dentro de su competencia.
MenoresAplica la legislación sobre responsabilidad penal de los menores.
Vigilancia PenitenciariaControla jurisdiccionalmente la ejecución de las penas privativas de libertad y protege los derechos de las personas internas.
Contencioso-AdministrativoRevisa actos y actuaciones de las Administraciones públicas que la ley atribuye a la primera instancia de este orden.
SocialResuelve litigios laborales y de Seguridad Social no reservados a otros órganos.

La denominación «tribunal» no significa que todos los asuntos de primera instancia se resuelvan colegiadamente. La función jurisdiccional corresponde a los jueces y magistrados destinados en las distintas secciones y cada asunto se atribuye con arreglo a las normas de competencia y reparto. La estructura común permite racionalizar medios, coordinar criterios organizativos y distribuir mejor las cargas de trabajo sin eliminar la independencia de quien resuelve.

Cada Tribunal de Instancia cuenta con una Presidencia y, cuando concurren los requisitos legales de dimensión, también con presidencias de sección. Las secciones pueden extender en determinados supuestos su jurisdicción a varios partidos judiciales, incluso de provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia.

La reforma no modificó por sí sola la competencia material de cada orden. Reorganizó los antiguos órganos unipersonales dentro de los Tribunales de Instancia. Por eso, una referencia histórica a un «Juzgado de lo Social» o a un «Juzgado de lo Contencioso-Administrativo» debe trasladarse hoy, con carácter general, a la correspondiente sección especializada del Tribunal de Instancia.

Preguntado en convocatorias oficiales

Tribunal de Instancia no equivale siempre a órgano colegiado. Es una organización común integrada por secciones y plazas judiciales; el conocimiento de cada asunto corresponde al juez o magistrado al que se asigne conforme a la ley y a las normas de reparto.

7.10

Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia

Audiencias Provinciales

Las Audiencias Provinciales tienen su sede ordinaria en la capital de la provincia y extienden su jurisdicción a toda ella, aunque pueden existir secciones fuera de la capital. Se componen de una Presidencia y de dos o más magistrados y pueden organizarse en varias secciones.

Actúan en los órdenes civil y penal. En materia civil resuelven, principalmente, los recursos establecidos contra resoluciones de las secciones civiles y mercantiles de los Tribunales de Instancia. En materia penal enjuician los delitos que la ley les atribuye y conocen de recursos contra resoluciones dictadas por las secciones de instrucción, penal, menores o violencia sobre la mujer, entre otras competencias.

La diferencia entre ambas funciones resulta importante. Cuando conoce de una apelación civil, la Audiencia Provincial revisa una resolución previamente dictada en el Tribunal de Instancia. Cuando enjuicia un delito atribuido directamente a su competencia, actúa como tribunal de primera instancia. En este último caso, la legislación vigente puede atribuir la apelación a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Su función no puede resumirse diciendo que son siempre el «segundo escalón». En determinados procesos penales actúan como órgano de enjuiciamiento inicial; en otros asuntos resuelven recursos. Lo constante es su ámbito provincial y su especialización civil y penal.

Tribunales Superiores de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el territorio de cada comunidad autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. No es un poder judicial autonómico ni depende del Gobierno de la comunidad: forma parte del Poder Judicial único del Estado.

Cada Tribunal Superior de Justicia está integrado por una Sala de lo Civil y Penal, una Sala de lo Contencioso-Administrativo y una Sala de lo Social.

La Sala de lo Civil y Penal actúa como sala civil en materias como determinados recursos relacionados con el derecho civil propio de la comunidad autónoma y como sala penal en las causas y recursos que le atribuye la ley. Entre estos últimos se encuentran las apelaciones contra resoluciones penales dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo controla, entre otras actuaciones, disposiciones y actos de las comunidades autónomas y entidades locales que no estén atribuidos a las secciones de los Tribunales de Instancia. También conoce de apelaciones contra resoluciones de las secciones de lo contencioso-administrativo situadas en la comunidad autónoma.

La Sala de lo Social resuelve en única instancia determinados conflictos cuyo ámbito supera el de una sección de lo social sin exceder el territorio autonómico. También conoce de los recursos establecidos contra las resoluciones de esas secciones.

El Tribunal Superior no sustituye al Tribunal Supremo. Culmina la organización territorial de la comunidad y resuelve los asuntos que le atribuyen las leyes, mientras que el Tribunal Supremo mantiene su posición superior en todos los órdenes y cumple una función esencial de unificación jurisprudencial.

ÓrganoÁmbito ordinarioÓrdenes principalesFunción característica
Audiencia ProvincialProvinciaCivil y penalRecursos civiles y penales y enjuiciamiento de determinados delitos.
Tribunal Superior de JusticiaComunidad autónomaCivil y penal, contencioso-administrativo y socialCulmina la organización judicial territorial y conoce de asuntos y recursos atribuidos por la ley.

7.11

Tribunal Central de Instancia y Audiencia Nacional

Tribunal Central de Instancia

El Tribunal Central de Instancia tiene su sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio nacional. La reforma de 2025 agrupó en él las funciones de los anteriores juzgados centrales. Está integrado por las siguientes secciones:

  • Sección de Instrucción.
  • Sección de lo Penal.
  • Sección de Menores.
  • Sección de Vigilancia Penitenciaria.
  • Sección de lo Contencioso-Administrativo.

La Sección de Instrucción investiga, entre otros asuntos, causas cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o a la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central. Esta última enjuicia los delitos que le atribuyen las leyes procesales. Las secciones de Menores y Vigilancia Penitenciaria desempeñan esas funciones respecto de materias vinculadas al ámbito competencial nacional. La Sección de lo Contencioso-Administrativo controla determinados actos de autoridades y organismos estatales cuando la ley le atribuye su conocimiento.

El reparto de funciones evita identificar instrucción y enjuiciamiento. La Sección de Instrucción investiga y adopta las decisiones judiciales propias de esa fase, pero el juicio corresponde al órgano penal competente. Según la gravedad y la atribución legal, puede ser la Sección de lo Penal del propio Tribunal Central o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Su carácter nacional no lo convierte en un órgano superior a todos los Tribunales de Instancia. Se trata de un órgano de primera instancia o instrucción especializado en materias de competencia estatal, integrado en los recorridos procesales relacionados con la Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional tiene sede en Madrid y jurisdicción en toda España. Está compuesta por cuatro salas:

  1. Sala de Apelación.
  2. Sala de lo Penal.
  3. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
  4. Sala de lo Social.

La Sala de Apelación conoce de los recursos que la ley establece contra resoluciones de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal enjuicia delitos de especial trascendencia atribuidos legalmente a la Audiencia Nacional, como determinados delitos contra la Corona o las altas instituciones del Estado, falsificación de moneda, algunas formas de criminalidad organizada, terrorismo o delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. También resuelve los recursos previstos contra determinadas resoluciones penales del Tribunal Central de Instancia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo conoce de recursos contra determinados actos y disposiciones de ministros, secretarios de Estado y otros órganos de ámbito nacional, además de los recursos que le atribuyen las leyes. La Sala de lo Social resuelve procesos de alcance superior al territorio de una comunidad autónoma en las materias que le corresponden.

La Audiencia Nacional no dispone de una sala civil ni es un tribunal de casación general. Su jurisdicción nacional responde a la naturaleza de los asuntos que la ley concentra en ella, no a una superioridad jerárquica sobre las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia.

7.12

El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Ningún otro órgano puede utilizar el título de «Supremo».

La excepción relativa a las garantías constitucionales remite al Tribunal Constitucional. Este puede anular una resolución judicial que vulnere un derecho fundamental mediante el recurso de amparo, pero no actúa como una sala más del Tribunal Supremo ni revisa con carácter general la interpretación de la legalidad ordinaria.

El Tribunal Supremo está integrado por su Presidencia, las presidencias de sala y los magistrados que determina la ley. Se organiza en cinco salas:

SalaOrden o materia principalFunción característica
PrimeraCivilConoce de los recursos de casación, revisión y demás recursos extraordinarios civiles, además de determinados asuntos reservados por la condición de las personas afectadas.
SegundaPenalResuelve los recursos extraordinarios penales e instruye y enjuicia las causas contra las altas autoridades expresamente aforadas ante el Tribunal Supremo.
TerceraContencioso-administrativoResuelve la casación de este orden y controla en única instancia determinados actos y disposiciones de los órganos superiores del Estado, incluido el CGPJ en los términos legales.
CuartaSocialConoce de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en las materias propias del orden social.
QuintaMilitarCulmina la jurisdicción militar y se rige por su legislación específica y, supletoriamente, por la LOPJ y el ordenamiento común.

Las cuatro primeras se corresponden con los grandes órdenes de la jurisdicción ordinaria. La Sala Quinta, sometida a su legislación específica y supletoriamente a la LOPJ y al ordenamiento común, integra en la cúspide judicial la jurisdicción militar.

El Tribunal Supremo conoce principalmente de los recursos extraordinarios que establecen las leyes y de determinados asuntos en única instancia por la condición de las personas o de los órganos afectados. Su función no consiste en repetir íntegramente todos los procesos. La casación se sujeta a motivos y requisitos específicos y permite asegurar una interpretación uniforme del Derecho.

Existe además una sala especial prevista en el artículo 61 de la LOPJ, formada por la Presidencia del Tribunal Supremo, las presidencias de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una. Conoce de materias singulares, como determinados incidentes de recusación, pretensiones de error judicial o procesos de declaración de ilegalidad y disolución de partidos políticos.

La Presidencia del Tribunal Supremo es nombrada por el Rey a propuesta del CGPJ, en la forma establecida por la ley. Como ya se ha explicado, la persona nombrada preside simultáneamente el Consejo, pero las funciones jurisdiccionales del Tribunal y las funciones gubernativas del Consejo permanecen diferenciadas.

7.13

Cómo se relacionan los órganos judiciales

Para identificar el órgano competente conviene formular varias preguntas sucesivas.

La primera es qué materia se discute. Un contrato entre particulares conduce normalmente al orden civil; un delito, al penal; la impugnación de una sanción administrativa, al contencioso-administrativo; y un despido, al social. Esta clasificación determina el orden jurisdiccional.

La segunda es qué ámbito territorial presenta el asunto. La ley puede atender al domicilio de las partes, al lugar de los hechos, al ámbito de actuación de una Administración o a la extensión territorial del conflicto. Así se concreta el municipio, partido judicial, provincia, comunidad autónoma o ámbito nacional relevante.

La tercera es qué función debe realizarse. Instruir un delito, enjuiciarlo, resolver una demanda inicial y conocer de un recurso son tareas diferentes. Un mismo asunto puede pasar por varios órganos, pero únicamente si la ley prevé el recurso correspondiente.

La cuarta es si existe alguna regla especial. La naturaleza del delito, el órgano administrativo autor del acto o la condición institucional de la persona afectada pueden atribuir el asunto a un órgano distinto del que resultaría de la regla general.

Los siguientes recorridos permiten apreciar cómo cambia la relación entre órganos según el orden y la materia:

Tipo de asuntoConocimiento inicialRecurso ordinario característicoPosible intervención superior
Litigio civil ordinarioSección civil del Tribunal de Instancia.Audiencia Provincial.Sala Primera del Tribunal Supremo, si procede el recurso legalmente previsto.
Litigio social ordinarioSección social del Tribunal de Instancia.Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en los casos previstos.Sala Cuarta del Tribunal Supremo, si procede.
Delito atribuido a una sección penal del Tribunal de InstanciaInstrucción en la sección competente y enjuiciamiento en la Sección de lo Penal.Audiencia Provincial.Sala Segunda del Tribunal Supremo en los supuestos y mediante los recursos previstos legalmente.
Delito enjuiciado inicialmente por una Audiencia ProvincialAudiencia Provincial.Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, actuando como sala penal.Sala Segunda del Tribunal Supremo, si procede la casación.
Delito de competencia nacionalSección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia; el enjuiciamiento corresponde a su Sección de lo Penal o a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según la ley.Sala de lo Penal o Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, según cuál haya sido el órgano inicial.Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando proceda.
Litigio contencioso-administrativo ordinarioSección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia.Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.Sala Tercera del Tribunal Supremo mediante la casación legalmente prevista.
Actuación de un órgano estatal con competencia nacionalTribunal Central de Instancia, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, según la autoridad autora y la atribución legal.El recurso depende del órgano que haya conocido inicialmente.Sala Tercera del Tribunal Supremo en los casos correspondientes.

Son ejemplos de orientación, no reglas universales. La competencia concreta depende de la legislación procesal y puede variar según la materia, la gravedad del delito, la autoridad autora del acto o el tipo de resolución. Lo importante es comprender que la estructura combina especialización y recursos, no una jerarquía administrativa idéntica para todos los órdenes.

Distinciones que deben quedar claras

InstitucionesDiferencia esencial
Tribunal Supremo y Tribunal ConstitucionalEl Supremo culmina la jurisdicción ordinaria; el Constitucional es un órgano constitucional independiente que controla la constitucionalidad y protege derechos fundamentales en los casos previstos.
Tribunal Supremo y CGPJEl primero juzga; el segundo gobierna la carrera judicial y la organización gubernativa.
CGPJ y Ministerio de JusticiaEl Consejo gobierna jueces y magistrados; el Ministerio ejerce competencias administrativas y proporciona medios dentro de su ámbito.
Audiencia Nacional y Audiencias ProvincialesLa primera tiene jurisdicción nacional sobre materias tasadas; las segundas actúan en el ámbito provincial y en civil y penal.
Tribunal de Instancia y Tribunal Central de InstanciaEl primero se sitúa en cada partido judicial; el segundo tiene sede en Madrid y competencia nacional en materias determinadas.
Unidad jurisdiccional y especializaciónLa unidad excluye jurisdicciones ajenas al sistema común, pero permite distribuir materias entre órdenes, salas y secciones especializadas.

7.14

Síntesis del tema

El Poder Judicial aplica el Derecho y garantiza la tutela de los derechos mediante jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley. La potestad jurisdiccional comprende tanto juzgar como ejecutar lo juzgado y corresponde exclusivamente a los órganos determinados por la ley. Publicidad, oralidad, motivación, gratuidad en los supuestos establecidos y responsabilidad por funcionamiento anormal completan las garantías constitucionales de la justicia.

La unidad jurisdiccional integra los distintos órdenes y especialidades en un sistema común. No elimina la división material entre civil, penal, contencioso-administrativo y social, pero impide jurisdicciones ajenas al marco constitucional y tribunales creados para casos singulares. La jurisdicción militar queda limitada al ámbito estrictamente castrense y a las materias que pueda establecer la declaración del estado de sitio.

El CGPJ gobierna el Poder Judicial sin ejercer jurisdicción. Está compuesto por la Presidencia del Tribunal Supremo y veinte vocales elegidos por las Cortes por mayoría de tres quintos, doce del turno judicial y ocho juristas. Sus funciones se concentran en nombramientos, carrera judicial, formación, inspección, disciplina, informes y organización gubernativa, siempre sin interferir en el contenido de las resoluciones.

La organización judicial vigente parte de jueces de paz y Tribunales de Instancia, continúa con Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia y reserva determinadas materias nacionales al Tribunal Central de Instancia y a la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo culmina la jurisdicción en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales. Para situar correctamente un asunto deben combinarse materia, territorio, función procesal y reglas especiales de competencia.

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 11 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas proceden de ejercicios oficiales del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Se presentan con todas sus opciones, la respuesta de la plantilla definitiva y una explicación vinculada al contenido del tema.

0 de 11 respondidas

  1. Artículos 117.5 de la Constitución y 3.2 de la LOPJ. Convocatoria de 2025, primer ejercicio, pregunta 10.

    1. Según el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿en qué ámbito administran Justicia los órganos de la jurisdicción militar?

  2. Artículo 122.3 de la Constitución y artículo 568 de la LOPJ. Convocatoria de 2024, primer ejercicio, pregunta 9.

    2. ¿Cuál es la duración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial según la Constitución Española de 1978?

  3. Artículos 26 y 117.5 y 117.6 de la Constitución. Convocatoria de 2022, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 8.

    3. El artículo 117 de la Constitución Española de 1978 dispone que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Dicho principio significa que:

  4. Artículos 26 y 53 de la LOPJ. Convocatoria de 2024, primer ejercicio, pregunta 10.

    4. De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ejerce la potestad jurisdiccional en nuestro Estado:

  5. Artículo 64.1 de la LOPJ. Convocatoria de 2019, primer ejercicio, pregunta 11.

    5. Según el artículo 64.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes salas:

  6. Artículo 64 bis de la LOPJ. Convocatoria de 2025, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 18.

    6. Según el artículo 64 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá:

  7. Artículo 123.2 de la Constitución y artículos 586 y 599 de la LOPJ. Convocatoria de 2019, llamamiento extraordinario, primer ejercicio, pregunta 14.

    7. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado:

  8. Artículo 82 de la LOPJ. Convocatoria de 2018, primer ejercicio, pregunta 13.

    8. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las Audiencias Provinciales conocerán:

  9. Artículo 65 de la LOPJ. Convocatoria de 2022, primer ejercicio, pregunta 8.

    9. De acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá de:

  10. Artículo 12.1 de la Ley 29/1998 y artículo 58 de la LOPJ. Convocatoria de 2022, primer ejercicio, pregunta 67.

    10. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ¿qué órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá de los recursos que se deduzcan, en única instancia, en relación con los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado?

  11. Artículo 152.1 de la Constitución. Convocatoria de 2018, primer ejercicio, pregunta 15.

    11. Según el artículo 152 de la Constitución Española, la organización judicial en cada comunidad autónoma se culminará por:

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¿Y ahora?

La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): explicación para oposiciones.

Cuestionarios de Gestión de la Administración Civil del Estado: próximamente

Estamos trabajando para incorporar preguntas organizadas por los temas del programa. Mientras tanto, puedes seguir preparando la oposición con las explicaciones y las bases legislativas del temario.