Bloque 1 · Ciencias Jurídicas
Explicación del Tema 16 de Policía Nacional
Derecho penal general: delito, responsabilidad criminal, penas, aplicación de la ley y circunstancias modificativas
16.1
Concepto y principios informadores del Derecho penal
1.1. Concepto y contenido
El Derecho penal es la parte del ordenamiento que determina qué conductas constituyen delito y qué consecuencias pueden imponerse a sus responsables. Su rasgo distintivo no es solo la clase de comportamientos que regula, sino la intensidad de sus consecuencias: puede privar de libertad, restringir derechos, imponer multas y someter a medidas de seguridad.
Se habla de Derecho penal objetivo para designar el conjunto de normas penales vigentes. El ius puniendi es, en cambio, la potestad del Estado para crear y aplicar esas normas. Ambas ideas se relacionan: el Estado puede castigar, pero solo dentro de los límites constitucionales y legales que él mismo debe respetar.
La parte general reúne las reglas comunes sobre el delito, la responsabilidad y las consecuencias jurídicas. La parte especial describe delitos concretos y les asigna una pena. Para aplicar un tipo de la parte especial no basta con leer su enunciado: deben comprobarse también las reglas generales sobre dolo, tentativa, autoría, error, eximentes o edad penal.
El Derecho penal protege bienes jurídicos, es decir, intereses personales o colectivos que el ordenamiento considera merecedores de tutela, como la vida, la libertad, el patrimonio o la seguridad colectiva. Al mismo tiempo cumple una función de garantía: delimita de antemano qué puede castigarse y evita que la reacción penal dependa de una valoración improvisada de la autoridad.
1.2. Fuentes y ley penal
La ley es la fuente directa de delitos y penas. La costumbre no puede crear una infracción penal ni agravar su castigo; la jurisprudencia interpreta y unifica la aplicación del Derecho, pero no sustituye a la ley; y la doctrina contribuye a explicar el sistema sin poseer fuerza normativa.
Las infracciones penales no se encuentran únicamente en el Código Penal. El artículo 9 CP dispone que sus reglas generales se aplican también a los delitos castigados por leyes especiales. Por ello, el sistema está formado por el Código y por las leyes penales especiales, no por las infracciones administrativas, que pertenecen a otro ámbito sancionador.
Una ley penal en blanco describe la consecuencia penal, pero necesita que otra norma complete algún elemento del supuesto de hecho. El artículo 563 CP, por ejemplo, castiga la tenencia de armas prohibidas, mientras que la normativa de armas permite concretar cuáles reciben esa consideración. La remisión no autoriza a una norma reglamentaria a crear por sí sola el núcleo de un delito: debe respetar la reserva de ley y permitir que el ciudadano conozca la conducta prohibida.
1.3. Principio de legalidad
El artículo 25.1 CE impide condenar o sancionar por acciones u omisiones que, cuando se realizaron, no constituían delito o infracción administrativa. Los artículos 1 a 3 CP trasladan esta garantía al delito, la pena, las medidas de seguridad y su ejecución.
El aforismo nullum crimen, nulla poena sine praevia lege expresa que no hay delito ni pena sin ley previa. De él se obtienen cuatro exigencias:
- Ley previa: la norma debe existir antes del hecho y la desfavorable no puede aplicarse retroactivamente.
- Ley escrita: la creación de delitos y penas está reservada a la ley; la costumbre no puede fundamentar el castigo.
- Ley cierta: el tipo debe describir la conducta con precisión suficiente para hacer previsible la consecuencia.
- Ley estricta: se prohíbe extender por analogía una norma penal en perjuicio del acusado.
El principio alcanza también a la ejecución. Una pena o medida solo puede ejecutarse en virtud de sentencia firme, en la forma legalmente prevista y bajo control judicial. La garantía penal no termina, por tanto, cuando se dicta la condena.
Las garantías pueden ordenarse en cuatro planos:
| Garantía | Contenido | Base principal |
|---|---|---|
| Criminal | No hay delito sin ley anterior que describa la acción u omisión | Artículo 1.1 CP |
| Penal | No hay pena ni medida sin previsión legal anterior | Artículos 1.2 y 2.1 CP |
| Jurisdiccional | La pena o medida exige sentencia firme del juez o tribunal competente | Artículo 3.1 CP |
| De ejecución | Solo puede cumplirse en la forma legal y bajo control judicial | Artículo 3.2 CP |
El artículo 4 CP completa la legalidad: las leyes penales no se aplican a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Si un tribunal conoce una conducta reprochable no castigada, debe abstenerse de todo procedimiento y exponer al Gobierno las razones para una posible reforma. Si considera que la pena legal es notablemente excesiva, puede acudir al Gobierno sin dejar de ejecutar la sentencia, salvo que proceda suspenderla para evitar la vulneración de un derecho.
1.4. Culpabilidad, proporcionalidad e intervención mínima
El principio de culpabilidad exige atribuir personalmente el hecho a quien podía actuar conforme a Derecho. No hay responsabilidad penal por el mero resultado ni por la forma de ser del sujeto. El artículo 5 CP lo expresa al declarar que no hay pena sin dolo o imprudencia.
La culpabilidad presupone imputabilidad, conocimiento posible de la ilicitud y exigibilidad de una conducta distinta. Una persona puede realizar materialmente un hecho típico y, sin embargo, no responder si una anomalía psíquica le impedía comprender su ilicitud o si actuó impulsada por un miedo insuperable.
La proporcionalidad exige relación entre la gravedad del hecho y la intensidad de la respuesta. Actúa al definir los delitos, establecer las penas y aplicarlas al caso concreto. Se conecta con la humanidad de las penas y con el artículo 15 CE, que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes.
El Derecho penal se concibe como última ratio. La intervención mínima significa que la pena debe reservarse para ataques suficientemente graves cuando otros instrumentos jurídicos no ofrecen protección adecuada. Su carácter fragmentario indica que no tutela todos los intereses frente a cualquier lesión, sino determinados bienes y modalidades de ataque seleccionados por la ley.
1.5. Prohibición de doble sanción y garantías procesales
El principio non bis in idem impide sancionar dos veces a la misma persona por los mismos hechos cuando coinciden sujeto, hecho y fundamento. No prohíbe toda relación entre procesos o responsabilidades diferentes, pero evita duplicar una reacción punitiva con idéntica finalidad.
La presunción de inocencia del artículo 24.2 CE exige prueba de cargo obtenida y practicada con garantías. Corresponde a la acusación demostrar los hechos constitutivos de la infracción y la participación. El derecho de defensa, el juez predeterminado por la ley, el proceso con todas las garantías y la prohibición de indefensión completan el marco procesal.
El artículo 117.3 CE reserva a los juzgados y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. La policía previene e investiga, pero la declaración de responsabilidad y la imposición de una pena corresponden al órgano judicial competente.
Síntesis del bloque. El Derecho penal protege bienes jurídicos mediante las consecuencias más intensas del ordenamiento, pero solo puede hacerlo con una ley previa y precisa, sobre la base de un hecho personalmente culpable, mediante un proceso con garantías y con una respuesta proporcionada. Su fuerza explica la necesidad de limitarlo.
16.2
La infracción penal y el concepto material de delito
2.1. Definición legal y estructura analítica
El artículo 10 CP establece que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. La definición reúne cuatro elementos: debe existir una conducta humana, puede consistir en actuar o no actuar, requiere dolo o imprudencia y debe estar castigada por una norma penal.
La definición legal no agota el análisis. El concepto material permite comprobar ordenadamente si el hecho reúne las condiciones necesarias:
- Conducta: comportamiento humano voluntario, activo u omisivo.
- Tipicidad: coincidencia con la descripción de un delito.
- Antijuridicidad: contradicción con el Derecho sin una causa de justificación.
- Culpabilidad: posibilidad de reprochar personalmente el hecho.
- Punibilidad: concurrencia de las condiciones que permiten imponer la pena.
La secuencia evita confusiones. La legítima defensa no borra la conducta ni la tipicidad, sino que justifica el hecho; una anomalía psíquica plena no hace lícita la agresión, pero puede excluir la culpabilidad; y una excusa absolutoria puede impedir la pena aunque subsistan tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
2.2. Acción, ausencia de acción y omisión
La acción penalmente relevante exige un comportamiento humano dominado o dominable por la voluntad. El mero pensamiento no constituye conducta típica. Tampoco existe acción en sentido penal cuando el movimiento corporal es puramente reflejo, se produce durante una inconsciencia plena o deriva de una fuerza física irresistible.
Esta ausencia debe diferenciarse de la inimputabilidad. En el movimiento reflejo falta una conducta voluntaria; en una alteración psíquica puede existir conducta, pero faltar la capacidad necesaria para comprender la ilicitud o actuar conforme a esa comprensión.
La omisión puede aparecer de dos formas. En los delitos de omisión propia, la norma ordena una actuación y castiga su incumplimiento. En la comisión por omisión, regulada en el artículo 11 CP, se atribuye un resultado a quien no lo evitó pese a tener un especial deber jurídico de actuar.
La omisión se equipara a la acción cuando exista una obligación legal o contractual de intervenir o cuando el omitente haya creado previamente una situación de riesgo para el bien protegido. No basta con que hubiera sido posible ayudar: debe existir una posición de garante y la no evitación ha de equivaler, según el sentido de la ley, a causar el resultado.
2.3. Tipicidad, sujetos, objeto y bien jurídico
El tipo penal es la descripción legal de la conducta prohibida. Incluye elementos objetivos —sujetos, comportamiento, objeto, resultado o circunstancias— y elementos subjetivos, principalmente el dolo y, cuando se castiga expresamente, la imprudencia.
En los delitos de resultado debe existir una relación causal entre la conducta y el resultado, pero la causalidad física no basta por sí sola. La imputación objetiva exige que el sujeto haya creado o incrementado un riesgo no permitido y que ese riesgo se realice precisamente en el resultado que la norma trataba de evitar. Si el resultado procede de un curso completamente extraño al riesgo creado, no se atribuye del mismo modo aunque la conducta aparezca en la cadena causal.
Los tipos pueden clasificarse desde distintas perspectivas. Los delitos de mera actividad se consuman con la conducta descrita, mientras que los de resultado exigen una modificación separable de ella. Los delitos de lesión requieren menoscabar el bien jurídico y los de peligro adelantan la protección a su puesta en riesgo. En los delitos comunes puede ser autor cualquier persona; los especiales exigen una cualidad determinada, como la condición de autoridad o funcionario.
El sujeto activo es quien realiza la conducta descrita. No debe confundirse con el autor en sentido jurídico: una persona puede ser considerada autora mediata sin ejecutar materialmente el acto, mientras que quien realiza un movimiento bajo error o como instrumento puede carecer de responsabilidad.
El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. El objeto material es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la conducta. En un delito de lesiones, la persona es objeto material y titular del bien jurídico integridad corporal; en un hurto, la cosa sustraída es el objeto material y el patrimonio constituye el bien protegido.
2.4. Antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad
La tipicidad indica que la conducta coincide con la descripción legal, pero todavía debe comprobarse si está jurídicamente prohibida. La antijuridicidad expresa la contradicción del hecho con el ordenamiento. Una conducta típica deja de ser antijurídica cuando concurre una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad justificante o el ejercicio legítimo de un derecho.
Puede apreciarse con un ejemplo. Causar una lesión encaja inicialmente en un tipo penal. Si se produce al repeler de manera necesaria una agresión ilegítima, el hecho continúa siendo materialmente lesivo, pero queda justificado. La causa de justificación no se limita a perdonar al autor: convierte en lícita su actuación dentro de los requisitos legales.
La culpabilidad permite reprochar personalmente el hecho antijurídico. Requiere que el sujeto posea capacidad para comprender y actuar, que pueda conocer la prohibición y que, en las circunstancias concretas, pudiera exigírsele una conducta distinta. La anomalía psíquica plena afecta a la imputabilidad; el error invencible de prohibición, al conocimiento posible de la ilicitud, y el miedo insuperable, a la exigibilidad.
La punibilidad reúne las condiciones adicionales que permiten imponer efectivamente una pena. En determinados delitos la ley exige una condición objetiva o establece una excusa absolutoria que impide castigar a ciertas personas por razones de política criminal. La ausencia de punibilidad no convierte el hecho en lícito ni elimina necesariamente la responsabilidad civil.
Esta construcción muestra por qué no todas las absoluciones significan lo mismo. Puede faltar la conducta, no probarse el tipo, concurrir una justificación, excluirse la culpabilidad o existir un obstáculo legal para la pena. Identificar el nivel correcto permite determinar también los efectos que permanecen.
2.5. Dolo e imprudencia
Actúa dolosamente quien conoce los elementos del hecho y quiere realizarlo o, al menos, acepta su producción. El dolo directo de primer grado persigue el resultado; en el de segundo grado, el autor sabe que el resultado será consecuencia necesaria de su actuación; en el dolo eventual no lo busca como fin, pero representa seriamente su producción y continúa aceptando ese riesgo.
La imprudencia consiste en infringir el deber de cuidado y producir un resultado evitable que debía preverse. El artículo 12 CP establece un sistema cerrado: las acciones u omisiones imprudentes solo se castigan cuando la ley lo dispone expresamente. No existe una cláusula general que convierta en delito imprudente cualquier tipo doloso.
La frontera entre dolo eventual e imprudencia consciente se encuentra en la actitud ante el riesgo. En ambos casos el sujeto advierte la posibilidad del resultado; en el dolo eventual lo acepta y en la imprudencia confía, aunque de forma injustificada, en que no se producirá.
2.6. Error de tipo y error de prohibición
El artículo 14 CP distingue dos errores. El error de tipo recae sobre un hecho constitutivo de la infracción. Si es invencible, excluye la responsabilidad; si es vencible, el hecho se castiga, en su caso, como imprudente. El error sobre una circunstancia cualificadora o agravante impide apreciarla.
El error de prohibición recae sobre la ilicitud: el sujeto conoce lo que hace, pero cree que está permitido. Si el error es invencible, excluye la responsabilidad criminal; si es vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados.
La diferencia reside en el objeto del desconocimiento. Quien dispara creyendo que apunta a un animal yerra sobre un elemento del hecho; quien sabe que dispara contra una persona, pero cree erróneamente que la ley autoriza su actuación, yerra sobre la prohibición.
2.7. Delitos graves, menos graves y leves
El artículo 13 CP clasifica los delitos según la naturaleza de la pena que la ley les asigna. Son graves los castigados con pena grave, menos graves los castigados con pena menos grave y leves los castigados con pena leve.
Cuando la pena, por su extensión, puede incluirse simultáneamente entre las graves y las menos graves, el delito se considera grave. Si puede incluirse entre las leves y las menos graves, se considera leve. La clasificación depende de la pena abstractamente prevista, no de la que finalmente se imponga.
La antijuridicidad y la culpabilidad no deben deducirse automáticamente de la tipicidad. La conducta típica constituye normalmente un indicio de contradicción con el Derecho, pero puede quedar justificada. Afirmada la antijuridicidad, todavía debe comprobarse que el autor era imputable, podía conocer la prohibición y podía exigírsele que actuara de otro modo. Solo después se examinan las condiciones de punibilidad y la consecuencia correspondiente.
Síntesis del bloque. El análisis comienza preguntando si existe una conducta voluntaria; después se comprueba si encaja en el tipo, si está injustificada y si puede reprocharse al sujeto. Dolo, imprudencia y error determinan cómo se atribuye el hecho, mientras que la pena prevista permite clasificarlo por su gravedad.
16.3
Grados de ejecución del delito
3.1. Del pensamiento a la ejecución
El delito suele describirse como un proceso o iter criminis. La fase interna comprende la idea, la deliberación y la decisión de delinquir. Mientras la voluntad no se exterioriza, no existe una conducta penalmente castigable: el Derecho penal no sanciona pensamientos.
La fase externa comienza cuando la decisión se manifiesta. Puede incluir actos preparatorios, actos de ejecución y consumación. No toda exteriorización se castiga. La regla general es que el Código sanciona el delito consumado y la tentativa; los actos preparatorios únicamente son punibles cuando una disposición lo establece expresamente.
El artículo 15 CP declara punibles el delito consumado y la tentativa, mientras que la conspiración, la proposición y la provocación solo se castigan en los casos especialmente previstos.
3.2. Conspiración, proposición y provocación
Existe conspiración cuando dos o más personas se conciertan para ejecutar un delito y resuelven llevarlo a cabo (art. 17.1 CP). No basta comentar una posibilidad: debe existir acuerdo y decisión de ejecución.
La proposición aparece cuando quien ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él (art. 17.2). Si la invitación es aceptada y la ejecución comienza, la responsabilidad se examina conforme a las reglas de autoría, participación y tentativa o consumación; la proposición describe una fase anterior.
La provocación consiste en incitar directamente a cometer un delito mediante imprenta, radiodifusión u otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas (art. 18). La incitación debe ser directa y referirse a un delito concreto.
La apología es la exposición de ideas o doctrinas que ensalzan el crimen o a su autor. Solo constituye una forma de provocación cuando, por su naturaleza y circunstancias, supone una incitación directa a delinquir. La mera expresión de una opinión, por rechazable que resulte, no satisface automáticamente ese requisito.
3.3. Tentativa y consumación
Hay tentativa cuando el sujeto comienza directamente la ejecución mediante actos exteriores, realiza todos o parte de los que objetivamente deberían producir el resultado y este no se produce por causas independientes de su voluntad (art. 16.1 CP).
La tentativa requiere, por tanto:
- Decisión de cometer el delito.
- Inicio directo de la ejecución.
- Actos objetivamente dirigidos a la consumación.
- Falta de consumación por causas ajenas a la voluntad del autor.
Se habla de tentativa inacabada cuando el autor no llega a realizar todos los actos que consideraba necesarios y de tentativa acabada cuando los realiza, pero el resultado no se produce. La distinción puede influir en la individualización de la pena, aunque ambas se incluyen en el artículo 16.
El delito se consuma cuando se realizan todos los elementos del tipo. La consumación no siempre coincide con el agotamiento: una estafa se consuma al producirse el perjuicio y el desplazamiento patrimonial, aunque el autor todavía no haya disfrutado del beneficio obtenido.
3.4. Desistimiento voluntario
Queda exento de responsabilidad por el delito intentado quien evita voluntariamente su consumación, bien abandonando la ejecución ya iniciada, bien impidiendo el resultado (art. 16.2 CP). La conducta posterior debe revelar una decisión voluntaria eficaz, no una interrupción causada por la llegada de la policía, la resistencia de la víctima o la imposibilidad material de continuar.
El desistimiento no borra los delitos ya consumados durante la ejecución. Quien entra violentamente en una vivienda para matar y después desiste puede quedar exento de la tentativa de homicidio, pero responder por el allanamiento, las lesiones o los daños que ya hubiera cometido.
Cuando intervienen varias personas, queda exento quien desiste e impide o intenta impedir seria, firme y decididamente la consumación, sin perjuicio de su responsabilidad por los actos ya realizados (art. 16.3).
Síntesis del bloque. El pensamiento no se castiga y los actos preparatorios solo excepcionalmente. La tentativa exige comienzo de ejecución y fracaso por causas ajenas al autor; el desistimiento, en cambio, presupone una evitación voluntaria. La consumación marca la realización completa del tipo, aunque la finalidad última del responsable todavía no se haya alcanzado.
16.4
Personas físicas y jurídicas criminalmente responsables
4.1. Autores y cómplices
El artículo 27 CP declara responsables criminalmente a los autores y a los cómplices. No todas las personas que intervienen realizan la misma aportación, por lo que los artículos 28 y 29 diferencian autoría, formas equiparadas a la autoría y complicidad.
Son autores quienes realizan el hecho:
- Por sí solos: autoría inmediata.
- Conjuntamente: coautoría basada en una ejecución común y reparto funcional.
- Por medio de otro del que se sirven como instrumento: autoría mediata.
El autor mediato domina el hecho utilizando a otra persona que actúa sin libertad o sin conocimiento suficiente. Si alguien sustituye un medicamento por veneno para que una enfermera, ignorando la manipulación, lo administre, quien preparó el mecanismo puede responder como autor mediato; la actuación de la enfermera debe examinarse conforme a las reglas sobre dolo, imprudencia y error.
4.2. Inducción, cooperación necesaria y complicidad
El artículo 28 CP considera también autores, a efectos de responsabilidad, a quienes inducen directamente a otro a ejecutar el delito y a quienes cooperan con un acto sin el cual no se habría realizado.
La inducción debe ser directa, eficaz y dirigirse a una persona concreta para que adopte la decisión de delinquir. Se diferencia de la proposición porque esta es una invitación realizada por quien ha resuelto cometer el delito; la inducción determina en otra persona la decisión criminal y requiere que el inducido comience la ejecución para que exista participación punible como tal.
La cooperación necesaria consiste en una aportación esencial para el plan. El cooperador no domina necesariamente la ejecución, pero proporciona algo sin lo cual el hecho no se habría efectuado en las condiciones previstas.
El cómplice, conforme al artículo 29, coopera mediante actos anteriores o simultáneos que facilitan la ejecución, pero su aportación no posee el carácter necesario exigido al cooperador. La diferencia depende de la relevancia concreta de la contribución, no de su proximidad física al lugar del delito.
4.3. Reglas especiales de responsabilidad
En los delitos cometidos mediante medios o soportes de difusión mecánicos, el artículo 30 CP establece una responsabilidad escalonada, excluyente y subsidiaria. Responden, por este orden, quienes redactaron el texto o produjeron el signo y quienes los indujeron; los directores de la publicación o programa; los directores de la empresa editora, emisora o difusora, y los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
El artículo 31 regula la actuación en nombre de otro. El administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o quien actúa en representación legal o voluntaria de otra persona, puede responder personalmente aunque no reúna una cualidad exigida por el delito, si esa cualidad concurre en la entidad o persona representada.
4.4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
La persona jurídica no responde por cualquier delito cometido en su entorno. El artículo 31 bis CP exige que el Código haya previsto expresamente esa responsabilidad para la figura concreta y establece dos vías de atribución.
La primera comprende los delitos cometidos, en nombre o por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la entidad, por representantes legales, personas autorizadas para decidir o quienes ostentan facultades de organización y control. La segunda alcanza los delitos cometidos por subordinados cuando pudieron realizarlos por un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.
La responsabilidad de la entidad no equivale a una responsabilidad objetiva por todo lo que haga su personal. Debe existir beneficio directo o indirecto, conexión con la actividad y alguno de los defectos de organización descritos por la ley.
Los modelos de organización y gestión pueden eximir o atenuar la responsabilidad cuando se adoptan y ejecutan eficazmente, identifican las actividades de riesgo, establecen protocolos de decisión, gestionan recursos financieros, imponen el deber de informar, crean un sistema disciplinario y se revisan periódicamente. No basta disponer de un documento formal: el modelo debe ser idóneo y funcionar realmente.
Cuando el delito lo comete una persona con facultades de dirección, la exención exige además que un órgano con poderes autónomos haya supervisado el modelo, que el autor individual haya eludido fraudulentamente los controles y que no haya existido omisión o ejercicio insuficiente de la supervisión. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, la función supervisora puede asumirla directamente el órgano de administración en las condiciones del artículo 31 bis.
El artículo 31 ter mantiene la autonomía entre la responsabilidad de la persona física y la jurídica. La entidad puede responder aunque no haya sido posible identificar o condenar al individuo concreto, siempre que se acredite que el delito fue cometido por alguien integrado en las categorías legales.
El artículo 31 quater recoge como atenuantes de la persona jurídica la confesión antes de conocer que el procedimiento se dirige contra ella, la colaboración aportando pruebas nuevas y decisivas, la reparación del daño antes del juicio oral y el establecimiento posterior de medidas eficaces de prevención.
El artículo 31 quinquies excluye, con los matices legales, al Estado, las administraciones territoriales e institucionales, organismos reguladores, agencias y entidades públicas empresariales, organizaciones internacionales de Derecho público y otras entidades que ejercen potestades públicas o prestan servicios de interés económico general. Las sociedades mercantiles públicas que ejecutan políticas públicas o prestan servicios de interés económico general quedan sometidas al régimen limitado previsto por el propio precepto.
La transformación, fusión, absorción o escisión no extingue la responsabilidad penal de la persona jurídica; se traslada a las entidades resultantes en los términos del artículo 130.2 CP. Tampoco la extingue una disolución encubierta o aparente si continúa sustancialmente la actividad.
Síntesis del bloque. La ejecución material no agota la responsabilidad. Puede responder quien domina el hecho a través de otro, quien determina la decisión, quien aporta una cooperación imprescindible o quien facilita de forma secundaria. La persona jurídica responde por un defecto de organización conectado con un delito cometido en su beneficio, no por una simple transferencia automática de la culpa individual.
16.5
Consecuencias jurídicas de la infracción penal
5.1. Penas y medidas de seguridad
La pena es la consecuencia jurídica impuesta por sentencia a quien ha cometido culpablemente un delito. Cumple funciones de prevención general y especial dentro de los límites de culpabilidad y proporcionalidad. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad se orientan, además, a la reeducación y reinserción social conforme al artículo 25.2 CE.
El artículo 32 CP clasifica las penas, por su naturaleza, en privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. También pueden distinguirse penas principales, previstas directamente para el delito, y accesorias, que acompañan a otras en los casos establecidos.
Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa (art. 35 CP). Esta última no es una multa adicional ni una pena privativa de derechos: transforma el impago en una responsabilidad que limita la libertad conforme a las reglas del artículo 53.
La responsabilidad subsidiaria nace cuando la multa no se satisface voluntariamente ni por vía de apremio. En la multa por cuotas, el artículo 53 establece con carácter general un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; en los delitos leves puede cumplirse mediante localización permanente y, con conformidad del penado, mediante trabajos en beneficio de la comunidad. No se impone a quien haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a cinco años.
Las penas privativas de derechos comprenden, entre otras, las inhabilitaciones, la suspensión de empleo o cargo público, la privación de los derechos a conducir o a tener y portar armas, determinadas prohibiciones de aproximación o comunicación y los trabajos en beneficio de la comunidad. La multa puede establecerse mediante cuotas o, en los casos previstos, de forma proporcional al daño, al valor del objeto o al beneficio obtenido.
La inhabilitación absoluta priva de todos los honores, empleos y cargos públicos y produce la incapacidad para obtenerlos durante la condena. La inhabilitación especial se proyecta sobre el empleo, cargo, profesión, oficio, derecho o actividad expresamente determinados. La suspensión priva temporalmente del ejercicio del empleo o cargo, pero no produce por sí sola la pérdida definitiva de su titularidad. Estas figuras no son intercambiables y la sentencia debe concretar su alcance.
Los trabajos en beneficio de la comunidad requieren el consentimiento del penado y no pueden atentar contra su dignidad. Las prohibiciones de aproximación, residencia o comunicación protegen a la víctima y pueden imponerse como pena principal o accesoria en los supuestos legales.
En el sistema de días-multa, el tribunal fija primero el número de cuotas conforme a la gravedad del hecho y después su importe atendiendo a la situación económica del responsable. En la multa proporcional, la cuantía se relaciona con el daño, el valor del objeto o el beneficio obtenido. La distinción permite individualizar separadamente duración y capacidad económica en el primer sistema.
Por su gravedad, el artículo 33 distingue penas graves, menos graves y leves. La clasificación atiende a la clase y duración legal de la pena. La prisión superior a cinco años es grave; la prisión de tres meses hasta cinco años es menos grave. Las inhabilitaciones, suspensiones, prohibiciones, multas y trabajos en beneficio de la comunidad cambian de categoría conforme a los umbrales fijados por el propio artículo. Esta clasificación determina a su vez la gravedad del delito conforme al artículo 13.
| Criterio | Categorías | Idea esencial |
|---|---|---|
| Naturaleza | Privativas de libertad, privativas de derechos y multa | Atiende al contenido de la restricción |
| Gravedad | Graves, menos graves y leves | Atiende a la clase y duración del artículo 33 |
| Relación con el delito | Principales y accesorias | Distingue la pena prevista directamente de la que acompaña a otra |
| Destinatario | Personas físicas y personas jurídicas | Las personas jurídicas reciben exclusivamente las penas previstas para ellas |
No toda privación de libertad o restricción de derechos constituye una pena. El artículo 34 CP excluye la detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares; las multas y correcciones impuestas en el ejercicio de atribuciones gubernativas o disciplinarias, y las privaciones de derechos y sanciones reparadoras establecidas por las leyes civiles o administrativas. La finalidad y el fundamento jurídico permiten distinguirlas de las penas criminales.
Las medidas de seguridad no se fundamentan en la culpabilidad, sino en la peligrosidad criminal exteriorizada mediante la comisión de un hecho previsto como delito. Solo pueden imponerse con los presupuestos legales y no pueden resultar más gravosas ni durar más que la pena abstractamente aplicable, ni exceder de lo necesario para prevenir la peligrosidad (arts. 6 y 95 CP).
El artículo 96 distingue medidas privativas de libertad —internamiento en centro psiquiátrico, de deshabituación o educativo especial— y medidas no privativas, como libertad vigilada, custodia familiar, privaciones de determinados derechos o inhabilitación profesional. Su elección y mantenimiento requieren control judicial y una valoración actualizada de la necesidad.
La medida no se mantiene por el solo hecho de haber sido impuesta. Durante la ejecución, el juez o tribunal puede conservarla, hacerla cesar, sustituirla o suspenderla atendiendo a la evolución de la peligrosidad y a los informes correspondientes. Esta revisión diferencia la medida de una pena fijada exclusivamente por la culpabilidad del hecho.
5.2. Penas de las personas jurídicas y consecuencias accesorias
Las penas aplicables a personas jurídicas tienen siempre consideración de graves. Incluyen multa, disolución, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de realizar determinadas actividades, inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público e intervención judicial (art. 33.7 CP).
El artículo 129 permite imponer consecuencias accesorias a empresas, organizaciones, grupos o entidades sin personalidad jurídica cuando el Código lo prevea. No deben confundirse con las penas de una persona jurídica penalmente responsable, aunque algunas medidas —clausura, suspensión o prohibición de actividades— puedan parecerse.
Las penas de la persona jurídica deben elegirse atendiendo a la necesidad de prevenir la continuidad delictiva, las consecuencias económicas y sociales —especialmente para los trabajadores— y la posición que ocupaba en la entidad la persona física incumplidora. Las penas temporales no pueden prolongarse arbitrariamente y la disolución reserva sus efectos más intensos para los supuestos legalmente justificados.
5.3. Responsabilidad civil y decomiso
La ejecución de un hecho descrito como delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados en los términos de los artículos 109 y siguientes CP. La responsabilidad civil comprende restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales.
La responsabilidad penal y la civil tienen finalidades diferentes. La pena expresa el reproche público por el delito; la responsabilidad civil busca restablecer, en la medida de lo posible, la situación de la víctima. Una exención penal no siempre elimina la obligación civil: el artículo 118 establece reglas específicas para determinados supuestos.
La restitución devuelve el mismo bien cuando sea posible; la reparación puede consistir en obligaciones de dar, hacer o no hacer, y la indemnización comprende perjuicios materiales y morales. Además del responsable penal, los artículos 116 a 122 contemplan supuestos de responsabilidad civil directa o subsidiaria de otras personas y entidades.
El decomiso priva de los efectos, bienes, medios, instrumentos y ganancias relacionados con el delito en los casos legalmente previstos (arts. 127 y siguientes). No se limita a retirar el objeto material utilizado; pretende evitar que se conserven beneficios delictivos y puede proyectarse, con garantías, sobre otros bienes equivalentes o de terceros en los supuestos regulados.
5.4. Extinción de la responsabilidad criminal
El artículo 130 CP enumera las causas de extinción:
- Muerte del reo.
- Cumplimiento de la condena.
- Remisión definitiva de la pena.
- Amnistía o indulto.
- Perdón de la persona ofendida cuando la ley le atribuye ese efecto.
- Prescripción del delito.
- Prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
La reparación del daño no extingue por sí sola la responsabilidad: puede actuar como atenuante y satisfacer la responsabilidad civil. Tampoco la transformación o fusión de una persona jurídica produce extinción, porque el artículo 130.2 evita que una operación societaria permita eludir la consecuencia penal.
La prescripción responde al transcurso de los plazos legales sin una actuación eficaz de persecución o ejecución. Los delitos prescriben conforme a su pena máxima y las penas conforme a su gravedad y duración (arts. 131 a 135). Determinados delitos de genocidio, lesa humanidad, conflicto armado y terrorismo con resultado de muerte no prescriben. La prescripción del delito y la de la pena son distintas: la primera actúa antes de una condena firme y la segunda sobre una pena ya impuesta.
Síntesis del bloque. La consecuencia jurídica no se reduce a la prisión. La pena responde al delito culpable; la medida de seguridad a una peligrosidad manifestada; la responsabilidad civil atiende al daño; el decomiso priva de instrumentos y ganancias, y las consecuencias accesorias permiten actuar sobre estructuras sin personalidad. Cada institución posee fundamento y requisitos propios.
16.6
Vigencia temporal y espacial de la ley penal
6.1. Momento de comisión y ley aplicable
Como regla general, el delito se juzga conforme a la ley vigente cuando se cometió. El artículo 7 CP considera cometido el delito en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Esta regla permite identificar la norma aplicable aunque el resultado aparezca después.
La seguridad jurídica exige que una ley posterior no convierta retroactivamente en delito lo que era lícito ni agrave la consecuencia de un hecho ya cometido. Los artículos 9.3 y 25.1 CE, junto con los artículos 1 y 2 CP, garantizan esa irretroactividad desfavorable.
6.2. Retroactividad de la ley favorable
El artículo 2.2 CP ordena aplicar retroactivamente la ley penal que favorezca al reo, aunque exista sentencia firme y la pena se esté cumpliendo. La comparación debe realizarse entre las regulaciones completas que podrían aplicarse al caso, sin construir una tercera norma seleccionando fragmentos favorables de cada una.
En caso de duda sobre cuál es más favorable, se oye al reo, aunque su opinión no vincula al órgano judicial. Si la nueva ley despenaliza la conducta, debe cesar la ejecución de la pena y revisarse la condena conforme al régimen transitorio aplicable.
Las leyes temporales presentan una excepción: los hechos cometidos durante su vigencia se juzgan conforme a ellas, incluso después de que dejen de estar en vigor, salvo disposición expresa en contrario. Su finalidad quedaría frustrada si bastara esperar a su vencimiento para beneficiarse de una regulación posterior.
6.3. Territorialidad y jurisdicción española
La regla espacial de partida es la territorialidad. Conforme al artículo 23.1 LOPJ, la jurisdicción española conoce de las causas por delitos cometidos en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de los tratados internacionales.
Determinar el lugar puede resultar complejo cuando la acción, el resultado o los medios utilizados se sitúan en países diferentes. Debe atenderse a la conexión relevante con el territorio y a las reglas procesales y de cooperación internacional, especialmente en delitos cometidos mediante redes de comunicaciones.
El artículo 23 LOPJ contempla además extensiones extraterritoriales:
- Personalidad activa: determinados delitos cometidos en el extranjero por españoles o por quienes adquirieron la nacionalidad después, si concurren los requisitos legales.
- Protección o defensa: delitos cometidos fuera de España que afectan a intereses esenciales del Estado expresamente enumerados.
- Justicia universal: determinados delitos de especial gravedad y proyección internacional, con las conexiones y condiciones exigidas por la ley.
Estas reglas determinan cuándo pueden actuar los tribunales españoles; no significan que cualquier delito cometido en el extranjero pueda perseguirse en España. Tampoco deben confundirse con la extradición o la orden europea de detención y entrega, que son instrumentos para poner a una persona a disposición de la autoridad competente.
En la personalidad activa se exige, con carácter general, que el hecho sea punible en el lugar de ejecución —salvo las excepciones legales o convencionales—, que la persona agraviada o el Ministerio Fiscal interpongan querella y que el responsable no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero; si cumplió parcialmente la condena, se descuenta la parte ejecutada. Los principios de protección y justicia universal poseen sus propios catálogos y requisitos, por lo que no pueden ampliarse por analogía.
Síntesis del bloque. En el tiempo se parte de la ley vigente al cometerse el hecho, con retroactividad de la regulación favorable. En el espacio se parte del territorio español, pero la jurisdicción puede extenderse a determinados hechos exteriores por la nacionalidad del responsable, la protección de intereses estatales o la naturaleza internacional del delito.
16.7
La edad penal y sus efectos
7.1. Mayoría de edad penal
El artículo 19 CP declara que los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal. Cuando cometen un hecho delictivo pueden responder conforme a la Ley Orgánica 5/2000, que establece un sistema específico de medidas y garantías.
La edad relevante es la que tenía la persona al cometer el hecho, no la que posee cuando se inicia el procedimiento o se dicta sentencia. El cumplimiento posterior de dieciocho años no transforma el hecho en un delito sometido retroactivamente al régimen de adultos.
7.2. Menores de catorce años
Si el autor tenía menos de catorce años, no se le exige responsabilidad conforme a la Ley Orgánica 5/2000 (art. 3). El Ministerio Fiscal remite, cuando procede, los datos a la entidad pública de protección de menores para que valore la situación y adopte medidas de protección adecuadas.
La ausencia de responsabilidad penal no significa que el hecho carezca de relevancia o que no pueda generar actuaciones protectoras y responsabilidad civil. Significa que el ordenamiento excluye una respuesta penal o sancionadora de menores por debajo de ese límite.
7.3. De catorce a diecisiete años
La Ley Orgánica 5/2000 se aplica a quienes tenían más de catorce y menos de dieciocho años al cometer hechos tipificados como delitos (art. 1). La responsabilidad se basa en el Código Penal, pero la consecuencia no es una pena de adultos, sino alguna de las medidas previstas por la ley de menores.
El procedimiento atribuye al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación y la defensa de los derechos del menor y de la legalidad. El juez de menores decide sobre la responsabilidad, impone la medida y controla su ejecución. El equipo técnico informa sobre la situación psicológica, educativa, familiar y social, porque la respuesta no depende únicamente de la gravedad abstracta del delito.
Entre esas medidas se encuentran internamientos de distinto régimen, tratamiento ambulatorio, asistencia a centro de día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, prohibiciones de aproximación o comunicación, convivencia con otra persona o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas. Su elección atiende al hecho, a la edad, a las circunstancias familiares y sociales y al interés del menor, dentro de los límites legales.
La edad permite distinguir dos tramos dentro del sistema. Para determinados hechos graves, el artículo 10 LO 5/2000 establece límites diferentes para quienes tenían catorce o quince años y para quienes tenían dieciséis o diecisiete. En el segundo grupo las medidas pueden alcanzar una duración superior y, ante supuestos de extrema gravedad, la ley impone un régimen más intenso. La distinción no crea dos mayorías de edad penal, sino dos niveles de respuesta dentro de la jurisdicción de menores.
Las causas de exención y extinción del Código Penal también se tienen en cuenta. Cuando concurren anomalía psíquica, intoxicación plena o alteraciones en la percepción, pueden aplicarse las medidas terapéuticas previstas por la legislación de menores (art. 5 LO 5/2000).
Cumplir dieciocho años durante la ejecución no extingue automáticamente la medida. El artículo 14 regula su continuación y permite, en determinados supuestos de internamiento, que el juez adopte decisiones sobre el centro y el régimen de cumplimiento atendiendo a los fines de la intervención.
Cuando se cumple dieciocho años durante un internamiento cerrado, el juez puede ordenar su continuación en un centro penitenciario si la conducta no responde a los objetivos de la sentencia. Al alcanzar veintiún años, el cumplimiento en centro penitenciario se convierte en la regla para esa medida, salvo decisión excepcional motivada de permanencia o modificación. El cambio de centro no transforma la medida juvenil en una pena impuesta conforme al Código Penal.
La responsabilidad civil se resuelve en el propio sistema de menores. Conforme al artículo 61, el menor responde por los daños y, cuando tenía menos de dieciocho años, responden solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores o guardadores por el orden legal, con posibilidad de moderación cuando no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave.
7.4. Mayores de dieciocho y menores de veintiuno
Desde los dieciocho años se aplica, con carácter general, el Código Penal. El artículo 69 CP conserva una previsión según la cual la legislación de menores podría aplicarse a mayores de dieciocho y menores de veintiuno en los casos establecidos por aquella ley. Sin embargo, el régimen que desarrollaba esa posibilidad fue eliminado de la LO 5/2000, por lo que actualmente no existe una aplicación general a este grupo de edad.
| Edad al cometer el hecho | Régimen aplicable |
|---|---|
| Menos de 14 años | Sin responsabilidad conforme a la LO 5/2000; posible intervención protectora |
| De 14 a 17 años | Responsabilidad conforme a la LO 5/2000 |
| Desde los 18 años | Código Penal, con carácter general |
Síntesis del bloque. La edad se determina en el momento del hecho. Por debajo de catorce años existe intervención protectora, no responsabilidad conforme a la ley penal del menor; entre catorce y diecisiete se aplica la LO 5/2000, con una respuesta diferenciada para los tramos de 14-15 y 16-17; desde los dieciocho se aplica, como regla, el Código Penal. Cumplir años durante la ejecución puede modificar el lugar o régimen de cumplimiento, pero no cambia la ley con la que se juzgó el hecho.
16.8
Circunstancias que afectan a la responsabilidad criminal
8.1. Eximentes, atenuantes y agravantes
Las circunstancias no cumplen todas la misma función. Las eximentes completas del artículo 20 excluyen la responsabilidad porque eliminan la antijuridicidad o la culpabilidad. Las atenuantes del artículo 21 reducen la pena; las agravantes del artículo 22 la incrementan, y el parentesco del artículo 23 puede atenuar o agravar según el delito y sus circunstancias.
No toda eximente actúa en el mismo nivel. La legítima defensa y el estado de necesidad justificante hacen lícito el hecho; la anomalía psíquica o el miedo insuperable excluyen el reproche personal. La distinción importa porque pueden subsistir efectos diferentes, incluida la responsabilidad civil o la posibilidad de imponer medidas de seguridad.
8.2. Anomalía psíquica, intoxicación y alteraciones en la percepción
Está exento quien, a causa de una anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (art. 20.1 CP). El diagnóstico no basta: debe acreditarse su efecto sobre las facultades intelectivas o volitivas en el momento del delito.
La intoxicación plena por alcohol, drogas u otras sustancias y el síndrome de abstinencia pueden eximir cuando impiden comprender la ilicitud o actuar conforme a ella, siempre que la situación no se haya buscado para delinquir ni se hubiera previsto o debido prever la comisión (art. 20.2). La grave adicción que no alcanza ese efecto puede actuar como atenuante del artículo 21.2.
La diferencia no depende únicamente de cuánto se haya consumido. La eximente exige un efecto psíquico que suprima las capacidades relevantes y respeta la regla de que nadie puede provocar deliberadamente su propia incapacidad para delinquir. La atenuante de grave adicción atiende, en cambio, a la dependencia que influye intensamente en la conducta sin llegar a excluir por completo la imputabilidad.
También está exento quien, por alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia, tenga gravemente alterada la conciencia de la realidad (art. 20.3). Esta eximente no se identifica con cualquier discapacidad sensorial: exige origen temprano y una afectación grave de la comprensión de la realidad.
En estos tres supuestos pueden imponerse medidas de seguridad si concurren los requisitos de peligrosidad y necesidad. La exención de pena no equivale a una declaración de inocuidad ni permite imponer automáticamente una medida sin los presupuestos legales.
8.3. Legítima defensa
La legítima defensa protege a quien repele una agresión ilegítima propia o ajena. El artículo 20.4 CP exige:
- Agresión ilegítima: ataque actual o inminente a un bien jurídico. En la defensa de bienes, el ataque debe constituir delito y ponerlos en grave peligro; la entrada indebida en morada se considera agresión ilegítima.
- Necesidad racional del medio empleado: se valora si la respuesta era adecuada para impedir o repeler la agresión, no una igualdad matemática entre medios.
- Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
Si falta un requisito no esencial o concurre de manera incompleta, puede apreciarse la eximente incompleta como atenuante. Sin agresión ilegítima no existe la base de la defensa.
La eximente incompleta no es una apreciación discrecional desligada de la eximente completa. Deben mantenerse sus elementos esenciales y faltar o disminuir alguno de los restantes. Conforme al artículo 68 CP, la pena se impone inferior en uno o dos grados atendiendo al número y entidad de los requisitos que falten y a las circunstancias personales del autor.
8.4. Estado de necesidad
El estado de necesidad permite lesionar un bien jurídico o infringir un deber para evitar un mal propio o ajeno cuando concurren los requisitos del artículo 20.5:
- El mal causado no puede ser mayor que el que se trata de evitar.
- La situación no debe haber sido provocada intencionadamente por el sujeto.
- El necesitado no ha de tener, por oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
Se diferencia de la legítima defensa porque no exige una agresión ilegítima. El conflicto puede surgir entre bienes de personas que no han actuado ilícitamente. La ponderación entre el mal evitado y el causado ocupa por ello una posición central.
Por ejemplo, romper una puerta para rescatar a una persona de un incendio lesiona el patrimonio, pero puede quedar justificado por la necesidad de evitar un mal muy superior. Si el peligro hubiera sido provocado intencionadamente por quien después lesiona el bien ajeno, faltaría uno de los requisitos de la eximente completa.
8.5. Miedo insuperable y cumplimiento de un deber
El miedo insuperable del artículo 20.6 excluye la culpabilidad cuando la presión padecida hace inexigible una conducta conforme a Derecho. No requiere una anulación absoluta de la voluntad, pero sí una intensidad que no pueda razonablemente superarse atendiendo a las circunstancias personales y objetivas.
El artículo 20.7 exime a quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. La actuación debe mantenerse dentro de los límites que hacen legítimo el ejercicio. Una habilitación profesional o una función pública no justifican un exceso innecesario o desproporcionado.
8.6. Circunstancias atenuantes
El artículo 21 CP contiene las siguientes atenuantes:
- Las causas del artículo 20 cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir.
- Grave adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 20.2.
- Arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante provocado por estímulos poderosos.
- Confesión a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el culpable.
- Reparación del daño o disminución de sus efectos antes del juicio oral.
- Dilación extraordinaria e indebida no atribuible al acusado y desproporcionada con la complejidad de la causa.
- Cualquier otra circunstancia de análoga significación.
La atenuante de arrebato u obcecación no es una eximente. El estado emocional disminuye la responsabilidad cuando alcanza la intensidad requerida, pero no elimina necesariamente la capacidad de comprender y decidir. La reparación tampoco extingue el delito: reduce la pena por la conducta positiva posterior.
Confesión y reparación responden a momentos distintos. La primera debe producirse antes de que el culpable conozca que el procedimiento se dirige contra él; la segunda puede realizarse desde la comisión del delito hasta antes del juicio oral. La dilación exige que el retraso sea extraordinario, indebido, no atribuible al acusado y desproporcionado con la complejidad de la causa.
La atenuante analógica permite reconocer una disminución de responsabilidad con significado semejante al de las circunstancias enumeradas, pero no crear una atenuante por simple compasión. Debe identificarse la razón que la aproxima a alguna de las categorías legales.
8.7. Circunstancias agravantes
El artículo 22 CP enumera ocho agravantes genéricas:
- Alevosía: empleo, en delitos contra las personas, de medios que aseguran la ejecución sin riesgo procedente de la defensa de la víctima.
- Disfraz, abuso de superioridad o aprovechamiento de lugar, tiempo o auxilio: circunstancias que debilitan la defensa o facilitan la impunidad.
- Precio, recompensa o promesa.
- Motivos discriminatorios: racismo, antisemitismo, antigitanismo, ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia, exclusión social, enfermedad o discapacidad, aunque la condición no concurra efectivamente en la víctima.
- Ensañamiento: aumento deliberado e inhumano del sufrimiento mediante padecimientos innecesarios para ejecutar el delito.
- Abuso de confianza.
- Prevalimiento del carácter público del culpable.
- Reincidencia.
Las fórmulas deben estudiarse con precisión. El abuso de confianza no exige que debilite la defensa o facilite la impunidad; esas expresiones pertenecen a la agravante segunda. El ensañamiento requiere un aumento deliberado del sufrimiento. En los motivos discriminatorios, la ley permite apreciar la agravante aunque la característica atribuida no concurra realmente en la persona afectada.
La alevosía elimina o reduce de forma decisiva el riesgo derivado de la defensa de la víctima y solo opera en delitos contra las personas. El abuso de superioridad aprovecha un desequilibrio de fuerzas que debilita la defensa, pero no necesita suprimirla de la forma característica de la alevosía. El ensañamiento tampoco se identifica con el sufrimiento inherente al delito: exige padecimientos innecesarios añadidos deliberadamente para aumentar el dolor.
Existe reincidencia cuando, al delinquir, el culpable ha sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código y de la misma naturaleza. No se computan antecedentes cancelados o cancelables ni, con la excepción legal relativa a tipos de multirreincidencia, los delitos leves. Las condenas firmes de otros Estados de la Unión Europea producen efectos en los términos del artículo 22.8.
Las agravantes genéricas no pueden valorarse de nuevo cuando la ley ya las ha incorporado al tipo delictivo o cuando son inherentes a su ejecución. Esta prohibición evita castigar dos veces el mismo elemento. Del mismo modo, las circunstancias personales solo afectan, como regla, a quienes concurren en ellas, mientras que las relativas a la ejecución pueden comunicarse a los partícipes que las conocían.
Los artículos 65 y 67 CP ordenan estas reglas. Las circunstancias personales se aplican únicamente a la persona en quien concurren; las que afectan a la ejecución o a los medios utilizados alcanzan a quienes las conocían al intervenir. No se aplican de nuevo las agravantes que la ley ya haya tenido en cuenta al describir o sancionar el delito.
8.8. Circunstancia mixta de parentesco
El artículo 23 CP permite atenuar o agravar según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito cuando la víctima sea o haya sido cónyuge o persona unida establemente por relación análoga de afectividad, o sea ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del responsable o de su cónyuge o conviviente.
No opera siempre en el mismo sentido. En delitos contra bienes personales suele intensificar el reproche; en determinados delitos patrimoniales puede disminuirlo o entrar en relación con reglas especiales. La ley obliga a valorar el significado del vínculo en el delito concreto.
Síntesis del bloque. Si concurre una causa de justificación, el hecho deja de ser antijurídico; si existe una eximente de culpabilidad, el hecho sigue siendo ilícito, pero no puede reprocharse penalmente al autor. La eximente incompleta y las demás atenuantes reducen la pena; las agravantes incrementan el reproche cuando no forman ya parte del delito, y el parentesco puede actuar en uno u otro sentido según el significado del vínculo en el caso concreto.
16.9
Lectura conjunta del tema
La parte general funciona como un método de decisión. Ante un hecho se comprueba primero si existe una conducta humana y si encaja en un tipo. Después se analiza si concurre una causa de justificación, si el sujeto podía comprender y respetar la norma y si existe alguna condición que impida la pena.
Una vez afirmado el delito, debe determinarse hasta dónde llegó la ejecución y qué aportó cada interviniente. No responde igual quien inicia una tentativa, quien desiste voluntariamente, quien induce, quien coopera de manera imprescindible o quien presta una ayuda secundaria. La persona jurídica requiere, además, los presupuestos específicos de atribución del artículo 31 bis.
La consecuencia se selecciona dentro de la ley aplicable en el momento y lugar del hecho, respetando la retroactividad favorable. La edad puede trasladar la respuesta al sistema de menores y las circunstancias de los artículos 20 a 23 pueden excluir, reducir o aumentar la responsabilidad.
El orden lógico puede resumirse así:
| Pregunta | Institución que permite responderla |
|---|---|
| ¿Existe una conducta penalmente relevante? | Acción u omisión, tipo, dolo o imprudencia y error |
| ¿Está permitida? | Causas de justificación |
| ¿Puede reprocharse personalmente? | Imputabilidad, conocimiento de la ilicitud y exigibilidad |
| ¿Se consumó? | Tentativa, consumación y desistimiento |
| ¿Quién intervino y cómo? | Autoría, inducción, cooperación y complicidad |
| ¿Qué régimen personal se aplica? | Edad y responsabilidad de personas jurídicas |
| ¿Qué consecuencia procede? | Pena, medida, responsabilidad civil, decomiso y circunstancias |
| ¿Qué ley y tribunal pueden aplicarla? | Vigencia temporal y espacial |
Preguntado en convocatorias oficiales
Pruébate con 15 preguntas oficiales de este tema
Las preguntas siguientes proceden de convocatorias oficiales y muestran que el examen combina definiciones, literalidad del Código Penal y aplicación a supuestos breves. Se conservan todas las opciones y se añade la referencia necesaria para comprender la respuesta.
0 de 15 respondidas
- Promoción 38, modelo A, pregunta 43.artículos 14.1 y 28 del Código Penal. La plantilla señala la opción C, pero su expresión «ambos serán autores» no debe trasladarse como una regla dogmática general. Juan controla la ejecución sirviéndose de María como instrumento y responde como autor mediato. María realiza materialmente la administración, pero desconoce la sustitución y carece de dolo; solo podría responder si concurriera una imprudencia expresamente castigada, extremo que el supuesto no establece.
1. Juan, con ánimo de acabar con la vida de Pedro, cambia, sin el conocimiento de nadie, por veneno los viales de insulina que le administra su enfermera María por ser diabético, llegando a producir la muerte de Pedro. ¿Cuál será la responsabilidad criminal de Juan y María?
- Promoción 38, modelo A, pregunta 44.artículo 22.4 del Código Penal. El abuso de confianza es una agravante autónoma y no exige la fórmula añadida en A; el ensañamiento requiere aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento.
2. Es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal:
- Promoción 38, modelo A, pregunta 45.artículo 20.6 del Código Penal. La minoría de edad determina otro régimen de responsabilidad y el estado de necesidad exige que el mal causado no sea mayor que el evitado.
3. De las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que se indican, señale la correcta:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 36.artículo 130.1.4.º y 130.2 del Código Penal. La reparación puede atenuar y satisfacer la responsabilidad civil; las modificaciones estructurales de una persona jurídica trasladan, pero no extinguen, su responsabilidad penal.
4. La responsabilidad criminal se extingue:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 45.artículo 17.1 del Código Penal, que exige el concierto de dos o más personas.
5. Según nuestro Código Penal, la conspiración existe cuando se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo:
- Promoción 39, modelo A, pregunta 66.artículos 17.2 y 17.3 del Código Penal. La proposición exige que quien ha resuelto cometer el delito invite a otra persona a participar; la provocación requiere publicidad o concurrencia de personas y la inducción presupone que la incitación determine la ejecución por el inducido. Como sucede con los demás actos preparatorios, la proposición solo se castiga cuando la ley lo establece expresamente para el delito correspondiente.
6. «A» invita a «B» a dar una paliza a un funcionario de policía que lo detuvo días atrás, aprovechando un momento en que el agente estaba fuera de servicio. «A» responderá de:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 2.artículo 35 del Código Penal.
7. Entre las penas que pueden imponerse con arreglo al vigente Código Penal español, la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa está dentro de:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 8.artículo 20.3 del Código Penal. Las opciones A y C describen, respectivamente, las atenuantes del artículo 21.3 y 21.2.
8. Está exento de responsabilidad penal:
- Promoción 40, modelo A, pregunta 31.la ley penal en blanco es una categoría doctrinal admitida dentro de los límites del principio de legalidad. El artículo 563 del Código Penal ofrece un ejemplo al referirse a las armas prohibidas, cuya concreción se completa mediante la normativa de armas.
9. ¿Qué nombre reciben aquellas normas penales cuyos supuestos de hecho se configuran por remisión a una norma de carácter no penal?
- Promoción 41, modelo B, pregunta 30.artículo 25.1 de la Constitución y artículos 1 y 2 del Código Penal.
10. El aforismo «nullum crimen, nulla poena sine praevia lege» se utiliza en Derecho Penal para expresar el principio de:
- Promoción 41, modelo B, pregunta 31.artículo 21.3 del Código Penal. Las opciones B y C describen eximentes de los apartados 6 y 2 del artículo 20.
11. Conforme dispone el Código Penal, es una de las circunstancias que atenúa la responsabilidad criminal:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 6.el objeto material es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la conducta; el bien jurídico es el interés protegido por la norma penal.
12. Cuando hablamos de la persona o cosa sobre la que recae el comportamiento penal, nos referimos a:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 7.artículo 22.6 del Código Penal. El prevalimiento se refiere al carácter público y el ensañamiento exige aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento mediante padecimientos innecesarios.
13. Es una circunstancia agravante genérica recogida en el artículo 22 del Código Penal:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 48.artículo 9 del Código Penal, que extiende las disposiciones de su título preliminar a los delitos castigados por leyes especiales. Las infracciones administrativas no son infracciones penales.
14. Las infracciones penales existentes en nuestro ordenamiento jurídico se contemplan:
- Promoción 42, modelo A, pregunta 58.el sujeto activo realiza la conducta típica. No coincide necesariamente con el autor en sentido jurídico, pues el artículo 28 también contempla la autoría mediata y equipara al inductor y al cooperador necesario.
15. La persona que realiza la acción descrita en el tipo penal se denomina:
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Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): explicación para oposiciones.
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