Bloque 1 · Ciencias Jurídicas

Explicación del Tema 5 de Policía Nacional

La Administración General del Estado y el Gobierno: organización, funciones y Gobierno en funciones

8 apartados53 min de lectura

5.1

El Gobierno y la Administración General del Estado

El Gobierno y la Administración se encuentran estrechamente relacionados porque la Administración General del Estado actúa bajo la dirección del Gobierno. Sin embargo, la Constitución les atribuye posiciones diferentes. Comprender esta distinción permite ordenar todo el tema: el Gobierno adopta decisiones de dirección política y la Administración proporciona la organización estable que las prepara y ejecuta dentro de la ley.

La posición constitucional del Gobierno

El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, de la Administración civil y militar y de la defensa del Estado. También le reconoce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, que debe ejercer de acuerdo con la Constitución y las leyes.

La dirección política consiste en fijar prioridades, elegir entre distintas opciones legítimas y orientar la acción del Estado. La función ejecutiva permite aplicar las leyes y adoptar las decisiones necesarias para cumplirlas. La potestad reglamentaria habilita para aprobar normas subordinadas a la ley que desarrollan o completan su regulación dentro de los límites constitucionales.

El Gobierno no puede actuar al margen del ordenamiento por el carácter político de algunas de sus decisiones. Está sujeto a la Constitución y al resto del Derecho y responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Sus actos administrativos y disposiciones reglamentarias quedan sometidos al control judicial, y sus normas con fuerza de ley y demás actuaciones constitucionalmente relevantes pueden ser controladas por el Tribunal Constitucional en los términos previstos por el ordenamiento.

La posición constitucional de la Administración

El artículo 103.1 de la Constitución dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Servir con objetividad significa que la Administración no actúa para satisfacer el interés partidista del Gobierno, de un órgano o de sus empleados. Debe perseguir la finalidad pública definida por el ordenamiento y tratar las situaciones conforme a criterios jurídicos y técnicos. La dirección gubernamental fija prioridades legítimas, pero su ejecución administrativa continúa sujeta a competencia, procedimiento, motivación, igualdad y control.

La Administración posee vocación de continuidad. Los Gobiernos cambian tras los procesos políticos, mientras los servicios públicos, los expedientes y la atención a la ciudadanía deben mantenerse. Esta estabilidad explica la existencia de una organización profesional, jerarquizada y dotada de medios personales y materiales permanentes.

Diferencias entre Gobierno y Administración

ElementoGobiernoAdministración General del Estado
Naturaleza principalÓrgano constitucional de dirección políticaOrganización administrativa estatal
Norma constitucional centralArtículo 97 CEArtículo 103 CE
FinalidadDirigir la política y ejercer la función ejecutivaServir con objetividad los intereses generales
ComponentesPresidente, vicepresidentes en su caso y ministrosÓrganos superiores, órganos directivos, unidades y servicios
ContinuidadPuede cesar y permanecer temporalmente en funcionesMantiene de forma continuada la actividad administrativa
Responsabilidad característicaResponsabilidad política ante el CongresoResponsabilidad jurídica y de gestión de autoridades y empleados públicos

La diferencia no supone separación absoluta. Los ministros son miembros del Gobierno y, al mismo tiempo, jefes superiores de sus departamentos. En ellos se unen la dirección política de un sector y la dirección administrativa del ministerio. Los secretarios de Estado y órganos directivos transforman esas orientaciones en objetivos, programas y decisiones de gestión.

Puede apreciarse esta relación en una política de seguridad. El Gobierno determina sus prioridades generales; el ministro competente dirige el departamento; los órganos superiores y directivos distribuyen objetivos y recursos; y las unidades administrativas tramitan expedientes y ejecutan tareas concretas. Cada nivel interviene con funciones diferentes y dentro de su competencia.

Síntesis del apartado

El Gobierno proporciona dirección política y la Administración aporta continuidad, especialización y ejecución. Ambos se integran en el poder ejecutivo, pero responden a reglas y funciones distintas. Esta relación se concreta mediante principios organizativos que ordenan cómo debe actuar la Administración y cómo se distribuye la responsabilidad entre sus órganos.

5.2

Principios de organización y funcionamiento

La Ley 40/2015 desarrolla los principios constitucionales y establece reglas comunes para todas las Administraciones Públicas. No son declaraciones puramente programáticas: orientan la interpretación de las competencias, la organización de los servicios, las relaciones con la ciudadanía y el control de la gestión pública.

Servicio, objetividad y sometimiento al Derecho

La Administración debe servir con objetividad los intereses generales. Su actuación no se justifica por la mera existencia de una estructura o por la voluntad de su titular, sino por el cumplimiento de una finalidad pública. Toda potestad se atribuye para un fin y debe ejercerse dentro de los límites que fija el ordenamiento.

El principio de legalidad exige que los órganos actúen con competencia y respeten el procedimiento y las garantías aplicables. La competencia no es una propiedad personal del titular, sino una atribución jurídica del órgano. Por ello, un órgano no puede apropiarse de funciones ajenas ni renunciar libremente a las propias, aunque la ley permita modificar su ejercicio mediante técnicas como la delegación, la encomienda o la avocación.

La buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional exigen una conducta coherente y respetuosa con las expectativas razonables creadas por la propia actuación pública. No impiden modificar una política o corregir una decisión, pero obligan a hacerlo con fundamento jurídico y respetando los derechos y garantías afectados.

Eficacia, eficiencia y planificación

La eficacia atiende al cumplimiento de los objetivos públicos. Una Administración eficaz consigue el resultado que la norma o el programa persiguen. La eficiencia relaciona ese resultado con el uso de los recursos: exige evitar costes innecesarios, duplicidades y estructuras que no aportan valor.

Estos principios no autorizan a prescindir del procedimiento. La rapidez deja de ser eficacia cuando sacrifica una garantía exigida por la ley. Al mismo tiempo, una tramitación formalmente correcta puede ser ineficiente si repite comprobaciones, mantiene órganos duplicados o obliga a aportar información que ya posee la Administración.

La actuación debe desarrollarse mediante objetivos claros, planificación y evaluación de resultados. Los órganos superiores fijan los planes de actuación y los directivos los desarrollan, distribuyen tareas y responden por su gestión. Así, la evaluación no solo controla cuánto se ha gastado, sino si los medios utilizados han permitido prestar adecuadamente el servicio.

Jerarquía, descentralización y desconcentración

La jerarquía ordena los órganos de una misma Administración en distintos niveles. Permite dirigir, coordinar y supervisar la actividad de los órganos dependientes, resolver determinados conflictos y exigir responsabilidad. No autoriza al superior a ejercer indistintamente cualquier competencia del inferior: cada órgano conserva las funciones que el ordenamiento le atribuye.

La descentralización traslada competencias a otra persona jurídica, dotada de autonomía para gestionarlas. Puede tener carácter territorial o funcional. En cambio, la desconcentración distribuye competencias entre órganos de una misma persona jurídica, normalmente acercando la decisión al nivel mejor situado para adoptarla.

La Administración General del Estado actúa con personalidad jurídica única, aunque contenga numerosos ministerios y órganos. Por tanto, la distribución de competencias entre un ministerio, una secretaría de Estado y una dirección general es normalmente desconcentración interna, no descentralización. Un organismo público con personalidad propia plantea una relación diferente, aunque esté vinculado o adscrito a la Administración estatal.

PrincipioPregunta que permite resolver
Jerarquía¿Qué órgano dirige y supervisa a otro dentro de la misma estructura?
Desconcentración¿Cómo se distribuye una competencia entre órganos de la misma Administración?
Descentralización¿Se atribuye la gestión a otra persona jurídica con autonomía?
Coordinación¿Cómo se evita que actuaciones diferentes resulten contradictorias?
Cooperación¿Cómo colaboran sujetos públicos que mantienen sus respectivas competencias?

Coordinación, cooperación y responsabilidad

La coordinación busca que órganos y Administraciones orienten sus actuaciones hacia resultados coherentes. No equivale a jerarquía: puede existir coordinación entre órganos que no mantienen una relación de superioridad. Cooperar supone asumir compromisos y prestar ayuda dentro de las competencias respectivas; colaborar implica facilitar información y asistencia cuando el ordenamiento lo exige.

La responsabilidad acompaña al ejercicio de la competencia. Los titulares de los órganos superiores y directivos responden profesional, personal y directamente de la gestión desarrollada y están sujetos al control y evaluación del órgano competente. Esta responsabilidad organizativa se suma, cuando proceda, a la responsabilidad disciplinaria, patrimonial, contable, penal o política.

Relaciones con la ciudadanía

La Administración debe actuar con simplicidad, claridad, proximidad y servicio efectivo. Las personas tienen que poder conocer qué órgano tramita su asunto, qué requisitos deben cumplir y qué vías de impugnación existen. La transparencia y la participación permiten comprender y controlar la actividad pública, mientras la racionalización de los procedimientos evita cargas innecesarias.

Las Administraciones deben relacionarse entre sí y con sus órganos y entidades a través de medios electrónicos que aseguren interoperabilidad, seguridad y protección de datos. La tecnología no altera por sí sola la competencia ni reduce las garantías: cambia el medio de actuación, pero la decisión sigue necesitando autor identificado, procedimiento y fundamento jurídico.

El servicio efectivo exige organizar la actividad desde la perspectiva de quien necesita ejercer un derecho, cumplir una obligación o solicitar una prestación. No basta con que cada unidad realice correctamente su parte si la distribución interna obliga a la persona a identificar por sí sola todas las competencias administrativas. La Administración debe ofrecer información comprensible, orientar hacia el órgano adecuado y coordinar internamente la tramitación.

La simplicidad pretende eliminar trámites que no aportan una garantía o información necesaria. La claridad exige formular comunicaciones y decisiones de manera que puedan comprenderse, especialmente cuando contienen un requerimiento, un plazo o una consecuencia desfavorable. La proximidad procura acercar los servicios y canales de atención a sus destinatarios, mientras la accesibilidad obliga a evitar barreras que impidan utilizar esos servicios en condiciones de igualdad.

La participación permite que ciudadanos, organizaciones y sectores afectados intervengan en los procedimientos y procesos normativos cuando la ley lo prevé. La transparencia facilita conocer la organización, las decisiones y la utilización de los recursos públicos, sin perjuicio de los límites necesarios para proteger datos personales, investigaciones, seguridad u otros bienes jurídicos. Ninguno de estos principios sustituye las reglas específicas de cada procedimiento, pero todos orientan la forma en que debe organizarse y prestarse la actividad administrativa.

Puede apreciarse su relación en una solicitud presentada electrónicamente ante un órgano que no es competente. El uso de un canal digital no justifica desatenderla ni trasladar al interesado la complejidad de la estructura. Deben aplicarse las reglas de registro y remisión que correspondan, informar de manera clara y evitar que la persona aporte de nuevo documentos que la Administración ya pueda consultar legítimamente. La tecnología presta un mejor servicio cuando reduce cargas sin debilitar la identificación, la seguridad o la protección de los datos.

La Ley 40/2015 establece que cada Administración actúa para cumplir sus fines con personalidad jurídica única. Esto significa que los distintos ministerios no son Administraciones independientes entre sí. Todos forman parte de la Administración General del Estado, aunque cada órgano ejerza sus competencias y responda de sus decisiones.

Síntesis del apartado

Los principios administrativos permiten combinar legalidad, resultados y buen servicio. La jerarquía ordena; la desconcentración distribuye competencias internamente; la descentralización atribuye funciones a otra persona jurídica; y la coordinación evita respuestas contradictorias. Sobre todos ellos operan la objetividad, la responsabilidad y el sometimiento pleno al Derecho.

5.3

Estructura de la Administración General del Estado

La Administración General del Estado es una organización compleja porque debe actuar en múltiples sectores y en todo el territorio. La Ley 40/2015 utiliza dos criterios principales: la división funcional en departamentos ministeriales y la gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno.

Organización central, territorial y exterior

La Administración General del Estado comprende:

  • La organización central, integrada por los ministerios y los servicios comunes.
  • La organización territorial, formada por las Delegaciones del Gobierno, las Subdelegaciones y, cuando proceda, las Direcciones Insulares y los servicios territoriales.
  • La Administración General del Estado en el exterior, que actúa fuera de España conforme a su normativa específica.

La organización central distribuye las políticas por materias. La territorial permite que las competencias estatales se ejerzan coordinadamente en comunidades autónomas, provincias e islas. La exterior representa y ejecuta la acción administrativa estatal fuera del territorio nacional. Son dimensiones de una misma Administración y no personas jurídicas separadas.

Órganos y unidades administrativas

Un órgano administrativo es una unidad a la que se atribuyen funciones que producen efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Para crear un órgano deben determinarse su integración y dependencia jerárquica, sus funciones y competencias y los créditos necesarios para ponerlo en funcionamiento.

No pueden crearse órganos que dupliquen otros existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. La regla pretende evitar estructuras paralelas que realicen la misma función sobre el mismo territorio y población.

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos. Reúnen puestos de trabajo vinculados por sus cometidos y sometidos a una jefatura común. Se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo y se integran en un órgano. Todo órgano necesita unidades y personal para funcionar, pero no toda unidad posee competencias capaces de producir efectos jurídicos externos.

ElementoRasgo determinanteEjemplo funcional
Órgano administrativoTiene competencias con efectos frente a terceros o intervención preceptivaUna dirección general que resuelve en una materia atribuida
Unidad administrativaAgrupa puestos y tareas bajo una jefaturaUn servicio que tramita expedientes dentro de una dirección general
Puesto de trabajoConjunto de funciones asignadas a una persona empleadaPuesto técnico encargado de instruir actuaciones

Ministerios y servicios comunes

La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y ministerios. Cada ministerio comprende uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. La estructura ministerial permite atribuir responsabilidades políticas y administrativas reconocibles en materias como interior, defensa, hacienda, sanidad o educación.

El número, denominación y ámbito competencial de los ministerios y de las secretarías de Estado se determinan mediante real decreto del Presidente del Gobierno. La distribución concreta puede cambiar de una legislatura a otra: una misma materia puede trasladarse, agruparse o dividirse entre departamentos. Por ello, debe diferenciarse la regla organizativa permanente de la estructura vigente en una convocatoria determinada.

Todo ministerio cuenta con una subsecretaría y, dependiendo de ella, una secretaría general técnica para gestionar los servicios comunes. Las direcciones generales se encargan de una o varias áreas funcionalmente homogéneas, y las subdirecciones generales distribuyen y desarrollan sus competencias o se adscriben directamente a otros órganos superiores o directivos cuando así se establece.

Los servicios comunes prestan asistencia a los órganos del departamento y gestionan funciones compartidas: asesoramiento, apoyo técnico, planificación, presupuestos, recursos humanos, tecnologías, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera y medios materiales. Su carácter transversal evita que cada órgano especializado tenga que reproducir una estructura completa de apoyo.

Creación y ordenación de la estructura

La norma necesaria para crear o modificar cada elemento depende de su posición:

EstructuraInstrumento de creación, modificación o supresión
Ministerios y secretarías de EstadoReal decreto del Presidente del Gobierno
Subsecretarías, secretarías generales, secretarías generales técnicas, direcciones generales, subdirecciones generales y órganos similaresReal decreto del Consejo de Ministros
Órganos inferiores a subdirección generalOrden ministerial
Unidades que no tienen consideración de órganoRelaciones de puestos de trabajo

La jerarquía ministerial sitúa a los ministros como jefes superiores del departamento y superiores directos de secretarios de Estado y subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de ellos y se ordenan con arreglo al rango establecido legalmente. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario; los secretarios generales técnicos, categoría de director general.

Este sistema permite distinguir rango, dependencia y competencia. Que dos titulares tengan la misma categoría administrativa no significa que ejerzan idénticas funciones. La categoría permite ordenar la estructura; las competencias proceden de la ley y de las normas organizativas aplicables.

Un ejemplo de creación organizativa

Si se pretende crear un nuevo ministerio, la decisión corresponde a un real decreto del Presidente del Gobierno. Una vez definido el departamento, el Consejo de Ministros puede aprobar su estructura básica hasta el nivel de subdirección general. Los órganos inferiores se desarrollan mediante orden ministerial y los puestos concretos se incorporan a las relaciones de puestos de trabajo.

La secuencia evita confundir decisiones de diferente importancia. No se crea una dirección general mediante una simple relación de puestos ni es necesario un real decreto presidencial para establecer una unidad interna sin condición de órgano.

Síntesis del apartado

La Administración estatal combina especialización funcional y presencia territorial. Los ministerios ordenan las políticas por materias, mientras órganos y unidades convierten esa división general en competencias y tareas concretas. El rango de la norma utilizada para crear cada estructura refleja su posición dentro de la organización. Sobre esta base puede estudiarse quiénes son los órganos superiores y directivos y qué función corresponde a cada uno.

5.4

Órganos superiores y órganos directivos de la organización central

La Ley 40/2015 distingue los órganos superiores, encargados de establecer los planes de actuación, y los órganos directivos, responsables de desarrollarlos y ejecutarlos. Esta división refleja dos niveles de una misma actividad: determinar la orientación de un sector y convertirla en decisiones administrativas, programas y resultados.

En la organización central son órganos superiores los ministros y los secretarios de Estado. Son órganos directivos los subsecretarios y secretarios generales, los secretarios generales técnicos y directores generales y los subdirectores generales.

Los órganos superiores y directivos tienen la condición de alto cargo, excepto los subdirectores generales y asimilados. Sus titulares se nombran atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia y responden directamente de la gestión realizada. Además, las secretarías de Estado y los órganos directivos deben respetar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de cada departamento: las personas de cada sexo no pueden superar el sesenta por ciento ni representar menos del cuarenta por ciento.

Ministros

Los ministros son miembros del Gobierno y jefes superiores de sus departamentos. Esta doble condición explica la amplitud de sus funciones: participan en la dirección política general mediante el Consejo de Ministros y dirigen administrativamente el sector confiado a su ministerio.

Como titulares del departamento, fijan objetivos, aprueban planes de actuación y asignan recursos dentro de los límites presupuestarios. Determinan y proponen la organización interna, evalúan la ejecución de los planes, ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias del departamento y resuelven los asuntos que les atribuye el ordenamiento. También mantienen las relaciones institucionales necesarias con comunidades autónomas y entidades locales y ejercen la dirección sobre los órganos superiores y directivos dependientes.

El ministro no tramita personalmente cada expediente ni sustituye a todos los órganos inferiores. Su función consiste en dirigir el conjunto, adoptar las decisiones reservadas a su competencia y exigir resultados a la estructura. La jerarquía permite impartir instrucciones y supervisar, pero las resoluciones deben proceder del órgano competente.

Secretarios de Estado

Los secretarios de Estado son órganos superiores responsables de ejecutar la acción del Gobierno en un sector específico de un departamento o de la Presidencia. Actúan bajo la dirección del ministro correspondiente o del Presidente cuando dependen directamente de él.

Dirigen y coordinan las secretarías y direcciones generales situadas bajo su dependencia, fijan objetivos, controlan su cumplimiento y administran los créditos atribuidos. También pueden representar al ministro por delegación, mantener relaciones con órganos autonómicos competentes y ejercer las restantes funciones conferidas por la ley o la norma organizativa.

Son nombrados y separados mediante real decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo departamento pertenezcan. Aunque no forman parte del Gobierno, ocupan el nivel superior de la organización administrativa junto con los ministros.

Subsecretarios

El subsecretario es el órgano directivo encargado de la representación ordinaria del ministerio y de la dirección de sus servicios comunes. Traduce las decisiones generales del departamento en organización interna, medios, personal y control de funcionamiento.

Entre sus funciones se encuentran apoyar a los órganos superiores en la planificación, asistir al ministro en el control de eficacia, establecer programas de inspección, proponer medidas de organización y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes. Ejerce la jefatura superior del personal del departamento, salvo las excepciones legales, y se ocupa del asesoramiento jurídico, la producción normativa, la gestión de recursos y otras materias transversales.

Los subsecretarios son nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio, entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1. Deben reunir los requisitos de idoneidad exigidos a los altos cargos.

Secretarios generales

Los secretarios generales se crean cuando las normas organizativas consideran necesario encomendar a un órgano directivo la gestión de un sector de actividad administrativa. Tienen categoría de subsecretario, pero sus funciones no son las propias de los servicios comunes: dirigen el ámbito material concreto que determine el real decreto de estructura.

Su nombramiento se realiza por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del ministerio o del Presidente del Gobierno. A diferencia de otros órganos directivos, no se exige necesariamente que sean funcionarios de carrera, aunque deben ser personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad pública o privada y cumplir los requisitos de idoneidad.

Secretarios generales técnicos

El secretario general técnico, bajo la dependencia inmediata del subsecretario, ejerce las competencias relativas a servicios comunes que le atribuya la norma de estructura y, en todo caso, las relacionadas con producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones.

Tiene categoría de director general. Su posición explica que participe en la preparación técnica de disposiciones, informes y documentación jurídica del departamento. Se nombra entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 que reúnan los requisitos legalmente previstos.

Directores generales

Los directores generales son titulares de órganos encargados de gestionar una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Proponen proyectos para alcanzar los objetivos fijados por el ministro o el órgano superior del que dependan, dirigen su ejecución, controlan resultados y ejercen las competencias atribuidas a la dirección general.

Se nombran y separan por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento o del Presidente del Gobierno. Como regla, el nombramiento debe recaer en funcionarios de carrera del subgrupo A1. El real decreto de estructura puede permitir motivadamente que el titular no reúna esa condición cuando las características específicas de las funciones lo justifiquen.

Subdirectores generales

Los subdirectores generales son responsables inmediatos, bajo la supervisión del director general o del órgano del que dependan, de ejecutar proyectos, objetivos o actividades y de gestionar ordinariamente los asuntos de su competencia. Constituyen el nivel directivo más próximo a las unidades que realizan la tramitación cotidiana.

Son nombrados por el ministro, secretario de Estado o subsecretario del que dependan, entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, mediante un procedimiento basado en igualdad, mérito y capacidad. Aunque la Ley los clasifica como órganos directivos, no tienen la condición de alto cargo.

Comparación de los órganos centrales

ÓrganoClaseFunción característicaCategoría o posición
MinistroSuperior y miembro del GobiernoDirección política y jefatura del departamentoJefe superior
Secretario de EstadoSuperiorDirección de un sector específicoDependencia del ministro o Presidente
SubsecretarioDirectivoServicios comunes y funcionamiento internoRango de subsecretario
Secretario generalDirectivoDirección de un sector material determinadoCategoría de subsecretario
Secretario general técnicoDirectivoProducción normativa, asistencia jurídica y publicacionesCategoría de director general
Director generalDirectivoGestión de áreas funcionalmente homogéneasRango de director general
Subdirector generalDirectivoEjecución y gestión ordinaria inmediataNo es alto cargo

Dos distinciones concentran buena parte de las preguntas. La primera separa órganos superiores —solo ministros y secretarios de Estado— de órganos directivos. La segunda diferencia categoría y función: el secretario general tiene categoría de subsecretario y el secretario general técnico la de director general, pero cada uno conserva las competencias propias de su órgano.

Cómo se relacionan los órganos dentro de un ministerio

La estructura se comprende mejor si se observa como una cadena de dirección y ejecución. Supóngase que un ministerio debe implantar un nuevo programa estatal dentro de uno de sus sectores. El ministro fija el objetivo político y administrativo y aprueba las líneas generales. Si la materia pertenece a una secretaría de Estado, su titular dirige el sector, concreta prioridades y coordina los órganos dependientes.

La dirección general especializada diseña las actuaciones, propone los proyectos necesarios y controla sus resultados. Las subdirecciones generales distribuyen el trabajo, tramitan los asuntos y ejecutan las tareas ordinarias. Al mismo tiempo, la subsecretaría proporciona los recursos comunes: personal, presupuesto, contratación, tecnologías, inspección y organización interna. La secretaría general técnica interviene cuando son necesarios informes jurídicos, preparación normativa o publicaciones oficiales.

NecesidadÓrgano que desempeña la función principal
Fijar los objetivos generales del departamentoMinistro
Dirigir un sector de actividad política y administrativaSecretario de Estado o, cuando exista, secretario general
Gestionar un área funcional homogéneaDirector general
Ejecutar proyectos y tramitar ordinariamente los asuntosSubdirector general y unidades dependientes
Aportar personal, medios y servicios comunesSubsecretaría
Preparar normas y prestar asistencia jurídica y técnicaSecretaría General Técnica

La relación no siempre reproduce exactamente este esquema porque cada real decreto de estructura distribuye las dependencias del departamento. Sin embargo, permite comprender la lógica general: los órganos superiores orientan, los directivos convierten los objetivos en gestión y las unidades administrativas realizan las tareas necesarias. La subsecretaría y la secretaría general técnica no compiten con las direcciones generales sectoriales, sino que les proporcionan apoyo transversal.

Preguntado en convocatorias oficiales

La clasificación no depende del nombre cotidiano del cargo. Un subsecretario ocupa una posición elevada, pero es órgano directivo, no superior. Un subdirector general también es órgano directivo, aunque sea el único de esta relación que no tiene la condición de alto cargo.

Referencia necesaria a la organización territorial

El epígrafe se centra en la organización central, pero la Administración estatal también actúa territorialmente. En cada comunidad autónoma existe una Delegación del Gobierno; en las provincias, un Subdelegado bajo la inmediata dependencia del Delegado; y en determinadas islas, una Dirección Insular.

El Delegado del Gobierno representa al Gobierno de la Nación en la comunidad autónoma y dirige y supervisa la Administración estatal en su territorio. Es órgano directivo con rango de subsecretario y tiene la condición de alto cargo. Lo nombra el Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

En materia de seguridad, protege el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantiza la seguridad ciudadana a través de los subdelegados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura le corresponde en la comunidad autónoma. Esta atribución explica su relevancia para el temario de Policía Nacional.

El Subdelegado del Gobierno ejerce sus funciones en la provincia bajo la inmediata dependencia del Delegado. Tiene nivel de subdirector general, pero no la condición de alto cargo. Es nombrado por el Delegado mediante libre designación entre funcionarios de carrera del subgrupo A1.

ElementoDelegado del GobiernoSubdelegado del Gobierno
ÁmbitoComunidad autónomaProvincia
PosiciónRepresenta al Gobierno y dirige la Administración estatal territorialActúa bajo la dependencia inmediata del Delegado
CategoríaRango de subsecretario y alto cargoNivel de subdirector general; no es alto cargo
NombramientoReal decreto del Consejo de MinistrosLibre designación por el Delegado entre funcionarios A1
SeguridadJefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidadDirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia

Síntesis del apartado

Los órganos superiores fijan la orientación administrativa y los directivos la convierten en gestión. Dentro de los ministerios, cada nivel posee una función propia: dirección del departamento, conducción de un sector, gestión de servicios comunes, preparación normativa o ejecución especializada. La organización territorial reproduce una lógica coordinada, con el Delegado en la comunidad autónoma y el Subdelegado en la provincia.

5.5

Composición y organización del Gobierno

La Constitución establece que el Gobierno se compone del Presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. La Ley del Gobierno concreta que lo integran el Presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, y los ministros. Los secretarios de Estado colaboran directamente con el Gobierno, pero no son miembros de este.

La composición no debe confundirse con los órganos de colaboración y apoyo. El Consejo de Ministros reúne a los miembros del Gobierno; las Comisiones Delegadas agrupan a determinados miembros y altos cargos para materias concretas; y otros órganos preparan decisiones o prestan asistencia sin incorporarse por ello al Gobierno.

Formación del Gobierno e investidura del Presidente

La formación del Gobierno comienza con la investidura de su Presidente. Después de cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales, el Rey consulta a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. A través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno.

El candidato expone ante el Congreso el programa político del Gobierno que pretende formar y solicita su confianza. En la primera votación necesita mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. Si no la obtiene, se celebra una segunda votación cuarenta y ocho horas después, en la que basta la mayoría simple: más votos favorables que contrarios.

Si el Congreso otorga la confianza, el Rey nombra al Presidente. Si la deniega, se tramitan propuestas sucesivas por el mismo procedimiento. Cuando transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Una vez nombrado, el Presidente propone al Rey el nombramiento de los vicepresidentes y ministros. La confianza parlamentaria recae directamente sobre el candidato a presidente y su programa; el Congreso no realiza una investidura individual de cada ministro. La composición concreta del Gobierno se completa posteriormente mediante los correspondientes reales decretos de nombramiento.

MomentoIntervención principalResultado posible
ConsultasRey y representantes políticosPropuesta de candidato a través del Presidente del Congreso
Primera votaciónCongreso de los DiputadosInvestidura si se alcanza mayoría absoluta
Segunda votaciónCongreso, cuarenta y ocho horas despuésInvestidura si se alcanza mayoría simple
Propuestas sucesivasRey, Presidente del Congreso y candidatosBúsqueda de un candidato que obtenga la confianza
Transcurso de dos mesesRey, con refrendo del Presidente del CongresoDisolución de ambas Cámaras y convocatoria electoral
Formación del GobiernoPresidente investido y ReyNombramiento de vicepresidentes y ministros a propuesta del Presidente

El Presidente del Gobierno

El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos. Esta posición de dirección explica que proponga al Rey el nombramiento y separación de vicepresidentes y ministros, establezca el programa político y determine las directrices de la política interior y exterior.

Le corresponde representar al Gobierno, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza, proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo con autorización del Congreso y proponer la disolución de las Cámaras en los términos constitucionales. También dirige la política de defensa, convoca y preside el Consejo de Ministros y resuelve los conflictos de atribuciones entre ministerios.

En el plano normativo y organizativo, crea, modifica y suprime por real decreto los departamentos ministeriales y secretarías de Estado, aprueba la estructura de la Presidencia y ejerce las demás funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes.

Dirigir y coordinar no significa absorber las competencias ministeriales. Cada ministro responde directamente de su gestión. El Presidente asegura la unidad de la acción gubernamental, mientras los ministros deciden dentro de los ámbitos que el ordenamiento les reserva.

Confianza y responsabilidad política

La relación de confianza entre el Gobierno y el Congreso no termina con la investidura. El Presidente, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple de los diputados. Si el Congreso la niega, el Gobierno debe presentar su dimisión al Rey.

La moción de censura parte del Congreso y permite exigir la responsabilidad política del Gobierno. Debe ser propuesta al menos por una décima parte de los diputados e incluir un candidato a la Presidencia. Es una moción constructiva: no basta con reunir una mayoría contraria al Gobierno, sino que debe existir una alternativa capaz de obtener la mayoría absoluta del Congreso.

La moción no puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación y durante los dos primeros pueden formularse mociones alternativas. Si se aprueba, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato incluido se considera investido de la confianza de la Cámara; el Rey lo nombra Presidente. Si no prospera, sus firmantes no pueden presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

MecanismoIniciativaMayoríaConsecuencia si prospera
Cuestión de confianzaPresidente, previa deliberación del Consejo de MinistrosMayoría simpleSe mantiene la confianza parlamentaria
Denegación de confianzaVotación del CongresoNo se alcanza la mayoría simple favorableEl Gobierno presenta su dimisión
Moción de censuraAl menos una décima parte de los diputadosMayoría absolutaCesa el Gobierno y queda investido el candidato propuesto

El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso. La solidaridad expresa que la acción gubernamental se presenta como una orientación común, aunque cada ministro conserve competencia y responsabilidad directa por su departamento. Las Cámaras pueden controlar individualmente la actuación de un ministro, pero la retirada formal de la confianza al Gobierno se articula mediante los mecanismos constitucionales previstos.

Vicepresidentes y ministros

Los vicepresidentes ejercen las funciones que les encomiende el Presidente. Cuando un vicepresidente asume además la titularidad de un ministerio, posee simultáneamente ambas condiciones. Su existencia y número no son obligatorios: dependen de la organización decidida por el Presidente.

Los ministros desarrollan la acción del Gobierno en su departamento, ejercen la potestad reglamentaria en las materias propias, refrendan los actos del Rey cuando les corresponde y desempeñan las competencias legales. También pueden existir ministros sin cartera, a quienes se atribuyen determinadas funciones gubernamentales sin asignarles un departamento ministerial ordinario.

Los vicepresidentes y ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno. Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado por sentencia firme para empleo o cargo público y reunir los requisitos de idoneidad previstos para los altos cargos.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente son asumidas por los vicepresidentes según su orden de prelación y, si no existen, por los ministros conforme al orden de precedencia de los departamentos. La suplencia de un ministro debe recaer en otro miembro del Gobierno y se determina mediante real decreto del Presidente.

El Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado que reúne a los miembros del Gobierno. No es un órgano distinto que se añada a ellos, sino la forma colegiada en que adoptan las decisiones que la Constitución y las leyes le atribuyen.

Entre sus funciones se encuentran aprobar proyectos de ley y remitirlos al Congreso o al Senado; aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado; aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos; acordar la negociación y firma de tratados internacionales y su aplicación provisional; remitir tratados a las Cortes en los términos constitucionales; y declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso la declaración del estado de sitio.

También dispone la emisión de deuda pública o la contracción de crédito cuando una ley lo autoriza, aprueba reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes, crea o modifica órganos directivos de los departamentos y adopta programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.

ÁmbitoEjemplos de actuación del Consejo de Ministros
LegislativoAprobar proyectos de ley, reales decretos-leyes y reales decretos legislativos
PresupuestarioAprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
InternacionalAcordar negociación y firma de tratados y su aplicación provisional
ConstitucionalDeclarar alarma y excepción; proponer al Congreso el estado de sitio
ReglamentarioAprobar reglamentos de desarrollo y ejecución de las leyes
OrganizativoCrear y modificar órganos directivos y aprobar programas y directrices

La regulación de los estados excepcionales exige precisión. El Gobierno declara el estado de alarma; declara el estado de excepción previa autorización del Congreso; y propone al Congreso la declaración del estado de sitio. Alterar estos verbos o sujetos cambia la respuesta jurídica.

Comisiones Delegadas del Gobierno

Las Comisiones Delegadas examinan cuestiones generales relacionadas con varios ministerios, estudian asuntos que requieren una propuesta conjunta antes de elevarlos al Consejo de Ministros y resuelven aquellos que les hayan sido atribuidos o delegados. Facilitan una coordinación especializada sin sustituir al Consejo en las competencias que no pueden delegarse.

Su creación, modificación y supresión se acuerdan por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente. La norma determina quién las preside, qué miembros las integran, qué funciones ejercen y quién desempeña la secretaría. Sus deliberaciones son secretas, como las del Consejo de Ministros.

Órganos de colaboración y apoyo

Los secretarios de Estado son directamente responsables de ejecutar la acción del Gobierno en un sector específico. Pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando sean convocados, pero no adquieren por ello la condición de miembros del Gobierno.

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios prepara las reuniones del Consejo de Ministros. Examina los asuntos que van a someterse a este, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a determinados empleos militares y aquellos que, por urgencia, deban presentarse directamente. No puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno y sus deliberaciones son reservadas.

El Secretariado del Gobierno presta asistencia al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas y a la Comisión General. Tramita convocatorias, archiva y custodia documentación, vela por la calidad técnica de las disposiciones y por su correcta publicación. También realiza determinados trámites relacionados con la sanción y promulgación de leyes y con los actos del Rey que deben ser refrendados.

Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado. Sus miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, pero no pueden adoptar los actos o resoluciones atribuidos a órganos administrativos, salvo los correspondientes a la jefatura de la propia unidad.

Cómo se prepara una decisión del Consejo de Ministros

Un asunto no suele llegar al Consejo como una propuesta aislada. El ministerio competente prepara el expediente, obtiene los informes necesarios y coordina su contenido con los departamentos afectados. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios examina los asuntos y ayuda a resolver discrepancias técnicas. El Presidente fija el orden del día y el Consejo delibera y adopta la decisión que le corresponde.

FaseInterviniente principalFinalidad
PreparaciónMinisterio competenteElaborar la propuesta y completar el expediente
Coordinación técnicaComisión General de Secretarios de Estado y SubsecretariosExaminar asuntos y depurar discrepancias antes del Consejo
Orden del díaPresidente del GobiernoDeterminar los asuntos que serán tratados
Deliberación y acuerdoConsejo de MinistrosAdoptar colegiadamente la decisión
Documentación y publicaciónSecretariado del GobiernoCustodiar, tramitar y asegurar la publicación cuando proceda

Este recorrido muestra la diferencia entre preparar, asesorar y decidir. La Comisión General no sustituye al Consejo, y el Secretariado no adopta la decisión política: ambos permiten que el Consejo delibere sobre propuestas jurídica y técnicamente tramitadas.

Síntesis del apartado

El Presidente recibe la confianza del Congreso mediante la investidura y asegura después la unidad de la acción gubernamental. Vicepresidentes y ministros ejercen sus responsabilidades, y el Consejo de Ministros adopta las principales decisiones colegiadas. La cuestión de confianza y la moción de censura articulan la responsabilidad política, mientras las Comisiones Delegadas, la Comisión General, el Secretariado y los gabinetes cumplen funciones de coordinación, preparación o apoyo sin confundirse con el Gobierno.

5.6

Funcionamiento y control del Gobierno

El Gobierno se rige por la Ley 50/1997, por los reales decretos del Presidente sobre composición y organización y por las disposiciones internas de funcionamiento dictadas por el Presidente o el Consejo de Ministros. Estas reglas combinan flexibilidad política y exigencias jurídicas sobre competencia, forma y control.

Reuniones del Consejo de Ministros

El Presidente convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros y fija el orden del día. Actúa como secretario el ministro de la Presidencia. Las reuniones pueden tener carácter decisorio, cuando se adoptan acuerdos, o deliberante, cuando se examina una cuestión sin resolverla en esa sesión.

De cada sesión se levanta acta. En ella figuran exclusivamente el tiempo y lugar de celebración, la relación de asistentes, los acuerdos adoptados y los informes presentados. No se reproduce el contenido de las intervenciones porque las deliberaciones son secretas.

El secreto protege la libertad del debate interno y la responsabilidad colegiada del Gobierno. No significa que las decisiones queden ocultas: los acuerdos, normas y actos se publican o notifican cuando el ordenamiento lo exige, y su actuación está sometida a los controles correspondientes.

Delegación y avocación

El Presidente puede delegar competencias propias en los vicepresidentes y ministros. Los ministros pueden hacerlo en secretarios de Estado, subsecretarios, delegados del Gobierno y otros órganos directivos del departamento. Además, las funciones administrativas del Consejo de Ministros pueden delegarse, a propuesta del Presidente, en las Comisiones Delegadas.

No son delegables las atribuciones conferidas directamente por la Constitución, el nombramiento y separación de altos cargos atribuidos al Consejo de Ministros, las competencias de los órganos colegiados del Gobierno salvo la excepción indicada y aquellas cuya delegación prohíba expresamente una ley.

El Consejo de Ministros puede avocar para sí, a propuesta del Presidente, un asunto cuya decisión corresponda a una Comisión Delegada. La avocación debe acordarse motivadamente y mencionarse en la decisión final. Delegar traslada el ejercicio ordinario de una competencia; avocar permite que el órgano superior asuma un asunto concreto.

Forma de las decisiones

Las decisiones gubernamentales adoptan formas diferentes según su autor y contenido. Los reales decretos-leyes y legislativos contienen las normas con fuerza de ley previstas por la Constitución. Los reales decretos del Presidente recogen decisiones que le corresponden; los reales decretos acordados en Consejo de Ministros aprueban reglamentos y otras resoluciones que requieren esa forma; y los acuerdos del Consejo formalizan decisiones que no deben adoptar la forma de real decreto.

Las disposiciones y resoluciones de los ministros adoptan la forma de orden ministerial. Cuando afectan a varios departamentos, revisten la forma de orden del ministro de la Presidencia dictada a propuesta de los ministros interesados. En la jerarquía reglamentaria, los reales decretos se sitúan por encima de las órdenes ministeriales.

Control de la actuación del Gobierno

El Gobierno está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento en toda su actuación. Las Cortes Generales ejercen el control político mediante preguntas, interpelaciones, comparecencias, comisiones de investigación y los mecanismos de confianza y responsabilidad previstos constitucionalmente.

Los actos del Gobierno y de sus órganos sujetos al Derecho administrativo, así como sus disposiciones reglamentarias, son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. También lo son las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Una vía de hecho no se recurre ante el Tribunal Constitucional por ese solo carácter: corresponde a los tribunales ordinarios dentro del orden jurisdiccional competente.

La actuación gubernamental puede quedar sometida al Tribunal Constitucional cuando se utiliza una vía procesal comprendida en su jurisdicción, como el recurso de inconstitucionalidad o los conflictos constitucionales. Cada control posee objeto y procedimiento propios; no existe un único tribunal que revise indistintamente cualquier decisión política o administrativa.

Tipo de controlÓrgano principalObjeto característico
PolíticoCortes GeneralesOrientación y responsabilidad política del Gobierno
Contencioso-administrativoJuzgados y tribunales de ese ordenReglamentos, actos administrativos y vías de hecho
ConstitucionalTribunal ConstitucionalNormas con fuerza de ley y controversias de su competencia

Síntesis del apartado

El Gobierno delibera con reserva, pero decide mediante formas jurídicas sometidas a publicidad y control cuando corresponde. La delegación distribuye el ejercicio de competencias y la avocación permite asumir un asunto concreto. El carácter político del Gobierno no excluye el control parlamentario, judicial y constitucional; exige identificar cuál resulta adecuado en cada caso.

5.7

El Gobierno en funciones

El cese del Gobierno no puede provocar un vacío en la dirección del Estado. La Constitución establece que el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Se conserva así una autoridad capaz de atender los asuntos públicos, pero se limita su actuación porque ya no dispone de la misma relación de confianza política que un Gobierno plenamente investido.

Causas de cese y continuidad

El Gobierno cesa después de la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento del Presidente. Aunque el cese afecta al Gobierno, sus miembros no abandonan inmediatamente sus funciones: continúan hasta que toma posesión el nuevo Gobierno.

La pérdida de confianza puede producirse por el fracaso de una cuestión de confianza o por la aprobación de una moción de censura. En este último caso, la candidatura incluida en la moción se entiende investida de la confianza del Congreso y el Rey nombra presidente al candidato propuesto, lo que facilita la sustitución sin un periodo prolongado de incertidumbre.

El Gobierno en funciones no constituye un Gobierno distinto. Es el mismo Gobierno después de su cese, sometido transitoriamente a un régimen de continuidad y limitación. Su finalidad no es desarrollar un nuevo programa político, sino garantizar el funcionamiento de los poderes públicos mientras se forma el siguiente.

Despacho ordinario, urgencia e interés general

La Ley del Gobierno le impone tres deberes generales. Debe facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno, asegurar el traspaso de poderes y limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos.

El despacho ordinario comprende las decisiones habituales necesarias para que la Administración y los servicios públicos sigan funcionando. No puede definirse solo por la importancia económica o social de un asunto. Deben valorarse su naturaleza, sus efectos, el contexto, la existencia de compromisos previos y el grado en que la decisión condiciona la orientación política del futuro Gobierno.

Fuera de ese ámbito pueden adoptarse medidas cuando concurre una urgencia debidamente acreditada o una razón de interés general cuya justificación expresa conste. La excepción no concede libertad plena: obliga a explicar por qué no es posible esperar y qué necesidad pública exige actuar durante el periodo transitorio.

Así, un Gobierno en funciones no está paralizado. Puede dirigir la política de defensa, ejercer competencias administrativas, aprobar determinadas disposiciones e incluso interponer un recurso de inconstitucionalidad si concurren los requisitos. Lo que cambia es el marco: debe respetar las prohibiciones expresas y justificar las actuaciones que excedan del despacho ordinario.

Limitaciones del Presidente en funciones

El Presidente del Gobierno en funciones no puede:

  • Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales.
  • Plantear la cuestión de confianza.
  • Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

Son facultades vinculadas a la relación política con las Cortes o a decisiones de especial trascendencia democrática. La prohibición afecta expresamente al Presidente. No debe ampliarse por analogía a cualquier otra competencia presidencial que la ley no haya excluido, aunque su ejercicio deba respetar la limitación general al despacho ordinario.

Limitaciones del Gobierno en funciones

El Gobierno en funciones no puede:

  • Aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
  • Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Además, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes quedan suspendidas mientras el Gobierno está en funciones cuando esta situación se produce como consecuencia de elecciones generales. Esta precisión causal es importante: la ley relaciona expresamente la suspensión de la delegación con ese supuesto de cese.

LimitaciónSujeto al que afectaConsecuencia
Proponer la disolución de las CámarasPresidente en funcionesNo puede iniciar la disolución parlamentaria
Plantear la cuestión de confianzaPresidente en funcionesNo puede solicitar al Congreso la renovación de su confianza
Proponer un referéndum consultivoPresidente en funcionesNo puede promover esta consulta
Aprobar el proyecto de PresupuestosGobierno en funcionesNo puede elaborar y aprobar el proyecto para remitirlo a las Cortes
Presentar proyectos de leyGobierno en funcionesNo puede ejercer esta modalidad de iniciativa legislativa
Utilizar determinadas delegaciones legislativasGobierno en funciones tras eleccionesLa delegación queda suspendida durante el periodo transitorio

Cómo resolver las preguntas sobre sus facultades

Para analizar una actuación deben seguirse tres pasos. Primero se identifica si la competencia pertenece al Presidente, al Consejo de Ministros o a otro órgano. Después se comprueba si figura entre las prohibiciones expresas del artículo 21. Por último, si no está prohibida, debe valorarse si pertenece al despacho ordinario o si existe urgencia o interés general expresamente justificado.

Una pregunta puede incluir como opciones una competencia prohibida al Gobierno y otra prohibida al Presidente. Si pregunta específicamente por el Presidente, la respuesta debe buscarse en la lista que le afecta. El proyecto de Presupuestos y los proyectos de ley son prohibiciones del Gobierno; la disolución, la cuestión de confianza y el referéndum son prohibiciones del Presidente.

Recorrido institucional desde el cese al nuevo Gobierno

MomentoSituación institucional
Concurrencia de una causa de ceseTermina el mandato político del Gobierno en los términos constitucionales
Continuidad en funcionesEl Gobierno mantiene la gestión necesaria con las limitaciones legales
Formación del nuevo GobiernoSe desarrolla el procedimiento de investidura o sustitución correspondiente
Nombramiento y toma de posesiónEl nuevo Presidente y los ministros asumen sus cargos
Traspaso de poderesFinaliza la situación en funciones y se entrega la información necesaria para asegurar continuidad

Este recorrido concilia legitimidad y continuidad. El Gobierno cesante no recibe una nueva investidura, pero tampoco desaparece antes de que exista quien pueda asumir sus responsabilidades. El régimen en funciones evita tanto el vacío de poder como la adopción de decisiones que condicionen injustificadamente al nuevo Ejecutivo.

Síntesis del apartado

El Gobierno en funciones mantiene la continuidad del Estado durante una transición política. Su regla general es el despacho ordinario, con excepciones justificadas por urgencia o interés general. A ello se añaden prohibiciones expresas diferentes para el Presidente y para el Gobierno, cuya correcta separación resulta esencial en el examen.

5.8

Síntesis general del tema

El Gobierno y la Administración General del Estado ocupan posiciones conectadas pero diferentes. El Gobierno dirige la política y ejerce la función ejecutiva; la Administración sirve con objetividad los intereses generales y proporciona la organización estable necesaria para ejecutar las decisiones y prestar servicios. La dirección política nunca elimina el sometimiento administrativo a la competencia, el procedimiento y el control.

La Administración General del Estado actúa con personalidad jurídica única y se estructura en organización central, territorial y exterior. En la central, ministros y secretarios de Estado son órganos superiores; subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales y subdirectores generales son órganos directivos. Cada nivel posee funciones, rango, forma de nombramiento y responsabilidad propios.

El Presidente es investido por el Congreso, dirige y coordina la acción del Gobierno y propone el nombramiento de sus miembros. Los ministros responden de sus departamentos y el Consejo de Ministros adopta las principales decisiones colegiadas. La cuestión de confianza y la moción de censura mantienen la relación de responsabilidad ante el Congreso. Las Comisiones Delegadas, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el Secretariado y los gabinetes cumplen funciones de coordinación, preparación o apoyo sin confundirse con el Gobierno.

El Gobierno está sometido al control político de las Cortes, al control judicial de sus actos administrativos, reglamentos y vías de hecho y al control constitucional en los procedimientos correspondientes. Tras su cese continúa en funciones para evitar un vacío institucional, pero debe limitarse al despacho ordinario y respetar las prohibiciones que la Ley establece por separado para el Presidente y para el Gobierno.

Conceptos que deben diferenciarse

ConceptosDiferencia esencial
Gobierno y AdministraciónEl Gobierno dirige políticamente; la Administración ejecuta y sirve objetivamente los intereses generales
Órgano y unidadEl órgano posee competencias externas o actuación preceptiva; la unidad agrupa puestos y tareas
Descentralización y desconcentraciónLa primera traslada a otra persona jurídica; la segunda distribuye dentro de la misma Administración
Órgano superior y directivoMinistros y secretarios de Estado son superiores; los demás órganos centrales enumerados son directivos
Secretario de Estado y secretario generalEl primero es órgano superior; el segundo, órgano directivo con categoría de subsecretario
Subsecretario y subdirector generalEl subsecretario dirige servicios comunes; el subdirector ejecuta y gestiona bajo supervisión inmediata
Consejo de Ministros y Comisión GeneralEl Consejo decide; la Comisión General prepara sus asuntos y no ejerce competencias por delegación
Cuestión de confianza y moción de censuraLa primera la plantea el Presidente; la segunda parte del Congreso e incluye un candidato alternativo
Deliberación secreta y decisión públicaEl debate interno se reserva; los acuerdos se publican o notifican cuando corresponde
Presidente en funciones y Gobierno en funcionesSoportan listas distintas de prohibiciones expresas
Control político y judicialLas Cortes controlan políticamente; los tribunales controlan la legalidad de los actos sometidos a Derecho

Preguntado en convocatorias oficiales

Pruébate con 12 preguntas oficiales de este tema

Las siguientes preguntas se han formulado en pruebas oficiales de acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional. Se presentan reunidas con sus opciones de respuesta y con la solución correspondiente a la plantilla y a la normativa aplicable.

0 de 12 respondidas

  1. Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 11.artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    1. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: Presentar proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado y:

  2. Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 13.artículo 18 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuraban los departamentos ministeriales.

    2. La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de, entre otros, familia, de protección del menor y de juventud, ¿a qué ministerio corresponde?

  3. Promoción 38, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 14.artículo 73.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

    3. Entre las competencias del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas, se encuentra:

  4. Promoción 39, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 27.artículo 5.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    4. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán:

  5. Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 21.artículo 74 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

    5. En la organización territorial de la Administración General del Estado, ¿qué nivel tendrán los subdelegados del Gobierno en las provincias?

  6. Promoción 40, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 68.artículo 21.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    6. El Presidente del Gobierno en funciones no tiene la siguiente facultad:

  7. Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 6.artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

    7. Según el artículo 55 de la Ley 40/2015, se consideran órganos superiores en la organización central de la Administración General del Estado:

  8. Promoción 41, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 35.artículo 29 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    8. Según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes opciones NO es correcta?

  9. Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 36.artículo 21.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    9. ¿Cuál de las siguientes opciones NO puede ser ejercida por el Presidente del Gobierno en funciones?

  10. Promoción 42, prueba de conocimientos, modelo A, pregunta 91.artículo 5.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    10. Según la Ley 50/1997, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes opciones NO corresponde a las funciones del Consejo de Ministros?

  11. Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 7.artículo 18.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

    11. Conforme lo estipulado en el artículo 18.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del Consejo de Ministros, actuando como Secretario:

  12. Promoción 43, prueba de conocimientos, modelo B, pregunta 57.artículo 3.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

    12. El artículo 3.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con:

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La base legislativa permite consultar los preceptos citados en la explicación. También están disponibles las preguntas correspondientes a este tema.

Para estudiar la norma completa: Constitución Española de 1978: explicación para oposiciones, Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: explicación para oposiciones.

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